PREGUNTAS FINANZAS 2

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B 
B 
G 
A 
G 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEL ESTADO 
 
1 – DESARROLLE EL MODELO DE LINDHAL. 
Supóngase dos consumidores del bien público, A y B. Existen distintos niveles de gasto público 
a realizar que se representan a lo largo del eje horizontal. Se le pregunta a cada persona que 
porcentaje del gasto público estaría dispuesto él (voluntariamente) a financiar; este porcentaje 
lógicamente dependerá del nivel total del gasto público: si el gasto es bajo, el porcentaje que 
voluntariamente cubriría A podría ser muy alto, pero a mayor tamaño del gasto público, el porcentaje 
iría disminuyendo; ello permite trazar la curva AA, análoga a la curva de demanda de un bien privado, 
donde el impuesto t (como porcentaje del gasto que financia el contribuyente A) es el análogo al 
precio enfrentado por el consumidor de un bien privado. Las contestaciones del contribuyente B a 
análogas preguntas permiten construir la curva BB, que también muestran valores decrecientes del 
porcentaje del gasto que voluntariamente contribuye B a medida que el gasto hipotético aumentara 
de tamaño. 
 
t 
0 
 
 
t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
Combinando ambas curvas en un único diagrama, donde los porcentajes de gastos que 
voluntariamente financia A se miden verticalmente de abajo hacia arriba, y los porcentajes de B se 
miden también verticalmente pero de arriba hacia abajo. 
A 
%
 p
a
g
a
d
o
 p
o
r 
B
 
%
 p
a
g
a
d
o
 p
o
r 
A
 
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2 
 
 
A 
B 
E 
G′2 G’ G′1 
B 
M 
N 
A 
2 1 
 
100% 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
G G G 
 
100% 
 
El tamaño óptimo del gasto público está indicado por el nivel G, correspondiente al punto E en 
que se cortan las dos curvas; la proporción GE será contribuido por A y la proporción G’E por B. No 
solo puede demostrarse que E es el punto de equilibrio sino que señala un equilibrio estable; si el 
gasto pretendiera ser superior (por ejemplo, G1), las recaudaciones totales (G1N más G1M) serían 
insuficientes para financiar el total del gasto 0G1, por lo que debería reducirse el nivel del gasto para 
eliminar el déficit fiscal MN; de la misma forma si el nivel del gasto fuera menor, 0G2, las sumas 
contribuidas por A y B en conjunto excederían el 100% del gasto realizado, y sobrarían fondos que 
permitieran ampliar el mismo. 
Restricciones del Modelo de Lindhal 
 
La primera crítica que suele efectuarse al método de Lindhal es considerar que las personas 
expresan sus preferencias sinceramente. Algunas personas pueden no ser sinceras y manifestar que 
no desean, por ejemplo, la escuela con el objeto de no efectuar el aporte, sabiendo que, la escuela se 
construirá de todos modos con los aportes de los restantes miembros de la sociedad. Además, las 
decisiones unánimes son difíciles de obtener, sobre todo considerando la cantidad de personas que 
viven en una comunidad. Otro factor que conspira contra la regla de la unanimidad es la poca 
flexibilidad del gasto público. 
2 – DESARROLLE EL MODELO DE BOWEN. 
 
p S(Æ+B) 
 
E CMe = CMg 
 
B 
 
tB 
A 
 
 
tÆ 
S(Æ+B) 
B 
 
 
0 
x∗
 
A 
q 
Bien Público 
%
 p
a
g
a
d
o
 p
o
r
 B
 
%
 p
a
g
a
d
o
 p
o
r 
A
 
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A S(Æ+B) 
B CMe 
S(Æ+B) 
A 
B 
x∗ x∗B
 x∗ = x∗ + x∗ q 
p 
 
 
= CMg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
Æ Æ B 
Bien Prirado 
 
En el gráfico, la curva AA se ha trazado reflejando la respuesta de la persona A a la pregunta: 
¿cuánto dinero está dispuesto a pagar a fin de obtener una unidad adicional del bien x? De la misma 
forma, se construye la curva BB para la persona B; la analogía de ambas curvas con las de demanda 
para el caso de bienes privado es transparente, siendo el tributo el análogo al precio de los bienes 
privados. La gran diferencia con los bienes privados consiste en que la curva de demanda toda de 
estos últimos se obtiene por suma horizontal de las curvas de demanda individual (a un cierto precio 
se suman las cantidades –en principio diferentes– que están dispuestos a comprar cada una de las 
personas); en cambio, en el caso de los bienes públicos, no es posible aumentar la cantidad del bien 
público consumido por B sin aumentar al mismo tiempo en igual magnitud de bien público consumido 
por A (por definición de consumo conjunto), por lo que la curva de demanda total del bien público 
puede obtenerse por suma vertical de las curvas individuales de demanda: para cada bien, existe un 
precio que en total están dispuesto a pagar los consumidores por obtener una unidad adicional del 
bien público; este precio será igual a la suma de los precios que pagarían cada uno de los 
consumidores (que reflejan a su vez las respectivas tasas marginales de sustitución del bien público x 
por dinero, o resto de los bienes). 
Supóngase ahora que la producción de bienes públicos x se efectúa en condiciones de costos 
constantes (curva horizontal representativa de los costos medios constantes, y por lo tanto de los 
costos marginales); el equilibrio se alcanzará en el punto E, donde se iguala la valoración conjunta del 
bien público por parte de los consumidores (tÆ + tB) con el costo unitario de producción de dicho 
bien; se proveerá x∗ del bien público, financiado en las proporciones tÆ y tB por los contribuyentes A y 
B respectivamente. 
 
3 - ¿CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE ELECCIONES 
SOCIALES DICTATORIALES Y DEMOCRÁTICOS? MENCIONE 
ALGUNOS SISTEMAS POR VOTACIÓN. 
El mecanismo voluntario no es capaz de solucionar el problema de la provisión de bienes 
públicos. Ello lleva a explorar mecanismos alternativos de solución de dicho problema, que 
necesariamente implicará la utilización de la coacción y poder. 
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El problema básico consiste en construir la función de bienestar social a partir de las funciones 
individuales. Para ello en principio aparecen tres posibilidades fundamentales: la regla dictatorial; la 
regla del consenso y la regla de la votación. 
a) La regla dictatorial 
 
Bajo esta regla, la función de bienestar social se construye a partir de la función individual de 
una persona (o de un grupo), sin tener en cuenta en absoluto las preferencias de los demás miembros 
de la comunidad. Así, la persona 1 es el monarca absoluto (o el déspota ilustrado de la ilustración; los 
filósofos de la República de Platón o el secretario general del partido único), las decisiones sociales se 
explicaran como aquellas que maximizan la función de bienestar social, siendo esta última la que 
coincide con la preferencia individual de la persona o élite en el poder. 
b) La regla del consenso 
 
En una sociedad democrática moderna, se postula como principio político fundamental que las 
decisiones sociales deben tener en cuenta en alguna forma las preferencias individuales. Si todas las 
personas pensaran exactamente igual, en caso de decisiones fiscales, si todas tuvieran la misma 
preferencia entre bienes públicos y privados, el problema sería fácil de resolver: la función individual 
de cada uno de los componentes, ya que a su vez esta última coincidiría con el de todos los demás 
componentes de la comunidad. La decisión social resultante satisfaría totalmente a todos y cada uno 
de los integrantes del grupo social. 
El problema es que en la realidad las personas tienen (tanto respecto a decisiones fiscales 
como en todo lo demás) diferentes opiniones, todas en principio igualmente respetables. Por lo tanto, 
se plantea la necesidad de construir la función de bienestar social a través de un sistema de votación 
donde pesará más las preferencias para las cuales haya más coincidencias entre los integrantes de la 
comunidad. 
c) La regla de la votación 
 
En ausencia de una regla dictatorial y de coincidencia de preferencias, es necesario recurrir a la 
regla de la votación. La decisión socialbasada en las preferencias de cada uno de los miembros, que se 
revelarán a través del voto individual; la decisión a la que se arribe será obligatoria para todos, sea 
que hayan votado a favor o en contra. 
Esta regla de la votación admite distintas variantes según los requisitos necesarios para 
aprobar una decisión. 
I. Reglas alternativas de votación 
 
En el caso más simple, se comparan dos alternativas (habitualmente una propuesta y la 
situación existente). La propuesta se aprueba sí: 
 la totalidad la aprueba (unanimidad) 
 
 si una mayoría especial la aprueba 
 
 si una mayoría simple la aprueba 
 
Si la propuesta no es aprobada, queda vigente el status quo. 
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Posteriormente puede introducirse otra propuesta que se vota contra la que resultó ganadora 
en la elección primera, y así sucesivamente, se va votando entre pares de alternativas. 
Otros mecanismos más complicados establecen la selección simultánea por parte de los 
votantes entre varias alternativas. Las dos variantes más analizadas son: 
a) Ordenamiento de alternativas 
 
El votante debe indicar el orden de preferencia entre varias alternativas (si son cinco 
alternativas A; B; C; D; y E, y son preferidas en ese orden, dará 5 puntos a A, 4 puntos a B, 3 puntos a 
C, 2 puntos a D y 1 punto a E), se sumarán todos los puntos y el ordenamiento social de las 
alternativas se efectuará según el puntaje obtenido entre todos los votantes. 
b) Distribución del puntaje 
 
Cada votante tiene 100 puntos que distribuye entre las alternativas; dos votantes pueden tener 
el mismo ordenamiento pero con diferente intensidad, como: 
 
 Persona 1 Persona 2 
A 50 33 
B 14 31 
C 13 13 
D 12 12 
E 11 11 
 
La persona 1 prefiere intensamente la alternativa A mientras que las alternativa B a E 
representan poca diferencia entre sí; en cambio para la persona 2 la alternativa B es casi indiferente a 
la A y muy preferida a C, D y E. 
Hasta aquí se está tratando de elección directa, del cual el referéndum y el plebiscito sería el 
caso más puro. En casos de elección indirecta, como en las modernas democracias representativas, el 
mecanismo en mucho más complicado. 
II. El criterio de la unanimidad 
 
En el criterio de unanimidad se realizan votaciones; debido a que no existe consenso, pero sólo 
se aprueba una propuesta si reúne la totalidad de votos afirmativos; vale decir, que cada votante tiene 
el poder de veto. 
La mejor defensa del criterio de unanimidad fue formulada por Wicksell. Hoy en día se puede 
reformular dicha defensa en términos del llamado principio de compensación propuesto por Kaldor. 
La idea básica del principio de compensación es la siguiente. Supóngase que se propone pasar 
de la Situación I (status quo) a la Situación II (por ejemplo construir un camino para lo cual debe 
demolerse una casa). Si todos se beneficiaran (o al menos si algunos se beneficiaran sin perjudicar a 
nadie) por pasar a la Situación II, el óptimo social se alcanzaría pasando de la Situación I a la 
Situación II; en términos de votación, la propuesta de pasar de la Situación I a la Situación II 
resultaría aprobada por unanimidad. Sin embargo, este caso es bastante poco probable; en la realidad 
todas las medidas que benefician a algunos sin perjudicar a los demás ya se han tomado; los 
verdaderos problemas se plantean cuando un movimiento que mejora a algunas personas empeora a 
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Persona 1 
Persona 2 
 
Persona 3 
otras: ¿cómo saber en tal caso si la comunidad en su conjunto se beneficia (o perjudica) por el 
movimiento? 
Si fuera posible una comparación interpersonal de utilidades se podría resolver el problema (y 
si la utilidad fuera mensurable cardinalmente para cada persona) se podría ver el problema; si la 
suma del total de utilidades que ganan las personas beneficiadas por pasar de la Situación I a la 
Situación II es mayor que la suma total de utilidades que pierden las personas que se perjudican por 
dicho movimiento, el óptimo social se asegura si se pasa de la Situación I a la Situación II. 
En teoría económica moderna del bienestar se excluye la medición cardinal de las utilidades 
individuales y la comparación interpersonal de utilidades; por lo tanto no es posible acudir a dicha 
comparación. Es necesario imaginar un mecanismo indirecto, que consiste en principio de 
compensación. Si las personas beneficiadas por el movimiento de I a II pagaran a las personas 
perjudicadas la cantidad de dinero necesaria para compensar a estas últimas las pérdidas incurridas, y 
todavía las personas que ganaban por el movimiento están en mejor situación (incluyendo el pago de 
la compensación) entonces se puede afirmar que para la sociedad es óptimo pasar de la Situación I a 
la Situación II. 
Explicado el principio de compensación, es sencillo justificar el criterio wickselliano de la 
unanimidad; si una mayoría gana con una medida pero hay algunos que pierden, los que ganan 
deberán proponer, junto con esa medida, un esquema de compensación tal que los que pierden con la 
medida queden en situación indiferente una vez recibida la compensación y por lo tanto no veten la 
medida. El criterio de unanimidad requeriría que en la votación la medida sea acompañada con las 
compensaciones requeridas. En cambio, si los que ganan con una medida no son capaces de imaginar 
esquemas de compensación (financiado por ellos) que permitan sobornar a los que pierden como 
para que no veten la medida, es porque socialmente dicha medida no resulta conveniente. 
III. El criterio de la votación mayoritaria 
 
De acuerdo a este criterio, en la votación entre dos alternativas se elige a aquella que reúne la 
mayoría (absoluta) de votos; luego la alternativa seleccionada se confronta con una tercera 
alternativa, y así sucesivamente. 
Regresando al problema de la determinación del tamaño óptimo del sector público, las 
preferencias de cada persona pueden expresarse como lo indica el siguiente gráfico: 
 
Utilidad 
Indiridual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B M A 
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La persona 1 alcanza su máxima utilidad para un valor alto del presupuesto (no 
necesariamente A; en el gráfico, es aun más alto que A), y menores valores de utilidad para 
presupuestos más bajos; por el contrario, la persona 3 maximiza su utilidad con un presupuesto 
sumamente bajo (inferior a B); la persona 2 está es una situación intermedia, alcanzando su utilidad 
máxima para un punto cerca a M (algo mayor). 
Con este esquema es sencillo deducir el resultado de la votación. Entre M y A, vencerá M 
(votado por 2 y 3, con la oposición de 1); entre M y B, vencerá también M (ahora votado por 1 y 2, con 
la oposición de 3); finalmente entre A y B vencerá A (porque la persona 2 prefiere a A a B y se une con 
la persona 1 en contra de la persona 3. En este caso la función de bienestar social construida mediante 
votación cumple con la condición lógica de la transitividad; si M es preferida a A, y A es preferida a B, 
en una votación directa entre M y B debe cumplirse que M es preferida a B. Este resultado fue 
obtenido por Bowen para el caso de decisiones sociales entre bienes y bienes privados suponiendo 
dada la distribución de la carga tributaria. Black luego extendió el resultado para casos más generales. 
Es posible demostrar que si las preferencias individuales son de la forma demostrada en el 
gráfico, es decir, que es posible ordenar las alternativas de manera que cada una de las personas 
alcance un máximo de utilidad para una de las alternativas (lógicamente diferente entre personas) a 
partir de la cual la utilidad descienda continuadamente a ambos lados sin tener un nuevo ascenso (por 
brevedad, si son unimodales o con un pico singular), entonces el sistema de votación permite 
construirfunciones de bienestar social transitivas. 
Si no reúne esta condición es posible que se presente la llamada paradoja de la votación, 
primero formulada por Condorcet y rigurosamente probada por Arrow con su teorema de la 
imposibilidad. 
Para ello, Arrow establece 5 condiciones naturales que deben ser satisfechas por una función 
de bienestar social: 
1. Función definida: la función de bienestar social está definida para cada par admisible de 
ordenamientos individuales. 
2. Asociación positiva entre valores sociales e individuales: la función de bienestar social 
responde positivamente a un cambio positivo en las preferencias individuales. 
3. Independencia de alternativas irrelevantes: el resultado social debe ser independiente de 
la eliminación de alguna alternativa. 
4. Soberanía de los ciudadanos: la función de bienestar social no es impuesta (se define 
como función “impuesta” a aquella que expresa que, por ejemplo, la alternativa x es 
preferida socialmente a la alternativa y pese a que todas y cada una de las personas 
prefieren y a x). 
5. Ausencia de dictadura: la función de bienestar social no es dictatorial (se define como 
función “dictatorial” si existe un individuo tal que sus preferencias implican el mismo 
ordenamiento social independientemente de los ordenamientos individuales de las 
demás personas). 
Estas cinco condiciones son aparentemente obvias. Sin embargo Arrow probó que suponer que 
una función de bienestar social cumple las condiciones 1 a 5 lleva a una contradicción lógica. Por lo 
tanto el teorema de posibilidad de Arrow prueba que, de existir al menos 3 alternativas factibles, toda 
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Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 
función de bienestar social que satisfaga las condiciones 1 a 3 y que obedezca las propiedades lógicas 
(no contradicción y transitividad), debe ser impuesta (viola la condición 4) o dictatorial (viola la 
condición 5). Por lo tanto, no existe ningún método de votación que pueda remover la paradoja de la 
votación. 
En términos de decisiones fiscales, la importancia de la paradoja de Arrow es mínima para las 
decisiones vinculadas al tamaño del sector público, donde es posible suponer un ordenamiento 
unimodal de preferencias de cada individuo entre los distintos tamaños alternativos; asimismo, 
respecto a la distribución de carga tributaria, también es posible suponer una razonable distribución 
unimodal según distintos sistemas tributarios progresivos o regresivos; en cambio, en el caso de la 
decisión social entre gastos públicos, puede resultar más difícil efectuar un ordenamiento lineal entre 
diversas alternativas. 
IV. El modelo del votante mediano 
 
En el análisis de los modelos de votación anteriores, si las funciones individuales eran 
unimodales, a través del método de votación por mayoría simple se arribaba a un resultado para la 
sociedad en su conjunto (M > A > B) que coincidía exactamente con el ordenamiento de preferencias 
de la persona intermedia (la persona 2), es decir, de aquella persona cuyo pico se registraba para un 
valor intermedio respecto a los picos de las otras dos. 
Tómese el caso de cinco personas que integran un comité: 
 
Utilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G1 G2 G3 G4 G5 G 
 
Para cada persona se puede establecer su estado óptimo (por ejemplo para la persona 1, el 
nivel del gasto público es G1) y estados menos preferidos en ambos lados (por encima y por debajo) 
de dicho estado óptimo, con prioridades cada vez menores cuanto mayor es el desvío respecto al 
estado óptimo. Lo mismo puede suponer para las demás personas, aunque el estada óptimo para cada 
persona difiere (en el gráfico, las personas fueron enumeradas de acuerdo a que su prioridad primera 
se refiera a niveles ascendentes del gasto público). Con estos supuestos, se puede demostrar que el 
resultado que se obtiene de votaciones de este comité es determinados, y que coincide exactamente 
con las preferencias de la persona 3. 
Supóngase que se pone a votación entre G4 y G5: las personas 1 a 3 votan por G4, ya que dicho 
valor, si bien no representa la primera prioridad para cada una de ellas, significa un valor más cercano 
que G5 a su situación más preferida; sólo la persona 5 votaría a favor de G5. De la misma manera, G3 se 
impone por 3 a 2 a G4. Yendo desde la izquierda, se puede observar que G2 derrota a G1 por 4 votos a 1 
(el de la persona 1), mientras que G3 gana a G2 por 3 votos a 2 (solo se oponen las personas 1 y 2). Por 
lo tanto, y cualquiera sea el orden de la votación por mayoría a G3 como la alternativa más deseada. De 
la misma forma, la sociedad preferirá G2 a G1 (como las personas 3, 4, y 5) y G4 a G5 (como las 
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personas 1, 2, y 3). En definitiva, la función de bienestar social coincidirá exactamente con la función 
individual de la persona 3. Como la persona 3 es el votante “mediano”, este modelo permite identificar 
las preferencias sociales a través de las preferencias de una persona determinada, el votante mediano. 
4 – ANALICE EL MARCO CONSTITUCIONAL QUE TIENE EL 
PRESUPUESTO NACIONAL. 
Es de la esencia del sistema republicano de gobierno que sea el Poder Legislativo quien fije el 
presupuesto gubernamental. Por ello la Constitución Nacional dispone que es facultad del Congreso 
fijar anualmente el presupuesto de gasto de administración de la Nación y aprobar o desechar la 
cuenta de inversión (art. 67 inc. 7), y que sólo él impone las contribuciones que forman el Tesoro 
Nacional (art. 17) y autoriza la emisión de empréstitos (art. 4 y art. 67 inc. 3 y 6). Es decir que la 
corriente ingreso-gasto gubernamental que proyectada para determinado período constituye en 
esencia lo que se entiende por presupuesto gubernamental es producto de una decisión del Congreso 
que se exterioriza a través de una ley. 
En cambio, es el Poder Ejecutivo quien tiene a su cargo la administración general del país (art. 
86 inc. 1) y el que hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con arreglo a la ley o 
presupuesto de gastos nacionales (art. 86 inc. 13). 
En la sanción de la ley de presupuesto se sigue el tramite previsto en la Constitución Nacional 
para la sanción de todas las demás leyes, es decir que aprobado por el Congreso según los mecanismos 
ya previstos, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación (art. 69) y si transcurren 10 días sin que lo 
haya promulgado ni observado, se lo considera aprobado (art. 70). Dentro de ese plazo de 10 días el 
Poder Ejecutivo tiene la facultad de desechas, en todo o en parte, el proyecto sancionado por el 
Congreso, devolviéndolo con sus objeciones a la Cámara de origen para una nueva consideración (art. 
72). 
Estas son las normas constitucionales relativas al presupuesto gubernamental las que dan 
origen y quedan completadas con una legislación específica, entre las que se destaca la ley de 
Contabilidad. 
5- DESARROLLE LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS. 
Jarach distingue nueve principios generales del presupuesto, los que en su mayoría se 
encuentran relacionados entre sí, a saber: 
 Publicidad 
 
Para que el control de la opinión pública pueda llevarse adelante es necesario que el 
presupuesto sea público, es decir, que se informe a la ciudadanía y sus representantes la magnitud y el 
destino del gasto público. El presupuesto es un proyecto de ley que debe ser aprobado por el 
Congreso, recibiendo con ello publicidad, generando debate y posibilidad de cambio. La publicidad 
debe extenderse a la ejecución del presupuesto y a la cuenta de inversión a través de la cual la 
administración rinde cuenta e informa de qué manera gastó lo que se comprometió a gastar. Pese a su 
importancia, la magnitud de las cifras y lo extenso del presupuesto dificultan al ciudadano medio su 
conocimiento detallado. 
 Claridad 
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Como toda norma que debe ser pública debe ser clara, de lo contrario más difícil será su 
conocimiento e interpretación, incluso para los especialistas. 
 Exactitud 
 
Exactitud de los cálculos y estimaciones realizadas, tanto de los recursos como de los gastos. 
Este principio no implica que no puedan cometerse errores de apreciación o estimación. La exactitud 
tampoco impide la reasignación de partidas con carácter excepcional. Es posible que alguna 
repartición por algún motivo no pueda ejecutar una determinada partida, y que a su vez, por algún 
motivo, otra repartición debe desembolsar más fondos para cumplir sus objetivos. 
 Universalidad 
 
El principio de integralidad o universalidad requiere que el presupuesto contenga todo los 
gastos y todos los recursos por separado, sin compensación. Es decir, que no aparezcan ingresos netos 
de gastos. Puede apreciarse claramente la relación entre este principio y el de claridad y publicidad. 
La falta de presentación expresa de un gasto, o implícita descontado de un recurso, puede conducir a 
maniobras tendientes a ocultarlo. 
 Unidad 
 
El presupuesto debe ser uno solo, la existencia de más de uno creará dificultades para conocer 
todos los recursos y todos los gastos del Estado. Algunas doctrinas persiguen el desdoblamiento del 
presupuesto en dos, uno con los gastos corrientes y otros con los de inversión, argumentando, que ello 
obstaculizaría la inclusión de gastos corrientes como gastos de capital. Sin embargo, nada obsta que 
en el mismo presupuesto exista tal división o clasificación de los gastos. 
 Anticipación 
 
Como su nombre lo indica, el presupuesto debe ser aprobado con carácter previo a su 
ejecución. 
 Especificación 
 
En todo presupuesto debe especificarse claramente el tipo de gasto (cantidad de metros 
cuadrados a construir de alcantarillas, cantidad de personas que trabajan en una repartición, etc.), su 
magnitud (en pesos o la unidad monetaria del país de que se trate) y el período dentro del cual deberá 
ejecutarse (cumplirse y pagarse). 
 Anualidad 
 
No es un principio tan rígido como los anteriores, nada obsta que contemplen un plazo 
plurianual. Lo importante es, a los efectos comparativos, que los presupuestos duren el mismo plazo y 
que este sea anual o plurianual, pues de comprender períodos menores pueden presentar variaciones 
estacionales que afecten la comparación entre ellos. Tal comparación reviste importancia en muchos 
supuestos, por ejemplo, cuando se persigue disminuir o aumentar un determinado gasto o impuesto. 
 Equilibrio 
 
Este principio fundamental para las finanzas clásicas, no ha sido universalmente aceptado 
durante el siglo XX, especialmente a partir del desarrollo de la teoría de Keynes. Para este economista, 
en una época de depresión económica como la vivida a partir de la crisis de 1929, era necesario que el 
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Estado ampliara la demanda global, estabilizara los precios que descendían diariamente y a la vez 
impulsara el pleno empleo, todo lo cual se lograba con un presupuesto en el que los gastos superaran 
a los recursos. 
6 – ESQUEMATICE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, 
APROBACIÓN, PROMULGACIÓN, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
La división de poderes en cada nivel de gobierno lleva a una asignación de responsabilidades 
en cada una de las etapas que recorre en el tiempo el presupuesto de recursos y erogaciones. Este 
ciclo presupuestario cuenta con cuatro etapas: 
I. Preparación del presupuesto 
 
El presupuesto es una ley, y por lo tanto sigue el mismo proceso que las demás leyes: 
 
 
 
Art. 68 
Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del 
Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el 
Poder Ejecutivo, excepto las relativas a los objetos que trata el 
artículo 44. 
 
 
Art. 44 
A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa 
de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. 
 
Dado que la Constitución Nacional no ha establecido con exactitud el procedimiento de 
preparación del proyecto de presupuesto, y no debido a las dificultades técnicas implicadas, en la 
práctica ha sido el Poder Ejecutivo el encargado de esta tarea; el vacío ha sido llenado por la Ley de 
Contabilidad (Decreto-Ley 23.354/56): 
 
 
 
 
 
 
Art. 12 
 
 
 
 
 
Art. 14 
El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía – 
Secretaría de Hacienda, presentará al Congreso antes del 15 de 
septiembre de cada año, el proyecto de presupuesto general para el 
ejercicio siguiente. 
Si la cámara de Diputados, que actuará como Cámara de origen, no 
recibiera dicho proyecto en la época indicada, iniciará la 
consideración del asunto tomando como anteproyecto el 
presupuesto en vigor. 
En todo proyecto de ley del Poder Ejecutivo o de decreto que directa 
o indirectamente modifique la composición o contenido del 
presupuesto general, tendrá intervención el Ministerio de Hacienda, 
sin perjuicio de la que le compete al ministerio correspondiente. 
 
 
 
Cada jurisdicción (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerios, Organismos descentralizados) 
prepara su propio proyecto de presupuesto, en la práctica dentro de las normas generales 
establecidas por el Ministerio de Hacienda (o el organismo, cualquiera sea su denominación, que 
cumpla sus funciones). La decisión final es tomada por el Presidente de la Nación en acuerdo general 
de ministros. 
II. Sanción del presupuesto 
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Como toda ley (art. 67 inc. 7: Corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto de gastos 
de administración de la Nación), la aprobación del presupuesto sigue las normas de los artículos 69 a 
72 de la Constitución Nacional. En el caso más simple: 
 
 
 
Art. 69 
Aprobado un proyecto de ley por la cámara de su origen, pasa para 
su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder 
ejecutivo de la nación para su examen; y si también obtiene su 
 aprobación, lo promulga como ley 
 
Los otros artículos reglan otras posibilidades alternativas: promulgación automática (art. 70) 
si el Poder Ejecutivo no lo veta dentro de los 10 días hábiles; aprobación por la Cámara revisora con 
adiciones o correcciones (art. 71) y veto parcial o total del Poder Ejecutivo (art. 72). 
Internamente, dentro de cada Cámara el proyecto es primero analizado por la respectiva 
Comisión permanente (según el reglamento interno de cada Cámara) y luego sometido al plenario con 
un informe habitualmente a cargo del Presidente de la Comisión. 
III. Ejecución 
 
La ejecución del presupuesto está a cargo del Poder Ejecutivo: 
 
 
Art. 86 
inc. 13 
El presidente de la Nación hace recaudar las rentas de la Nación, y 
decreta su inversión con arreglo a la Ley o presupuesto de gastos 
nacionales. 
 
 
 
Las principales característica de esta etapa están fijadas en la Ley de Contabilidad, artículos 19 
a 36. Para el análisis de la información, es importante retener la diferencia entre: 
a) créditos acordados: los montos de erogaciones autorizadas en el presupuesto 
 
b) compromisos: los montos de erogaciones que surgen a partir del momento en que el 
Estado asume una obligación 
c) libramientos: los emitidos por los jefes de los servicios administrativos contra el Tesoro 
Nacional, una vez liquidadas las erogaciones 
d) pagos: los montos efectivamente desembolsados por el Tesoro Nacional 
 
IV. Control 
 
Pueden distinguirse distintos niveles de control, según el grado de independencia del 
organismo controlante respecto al responsable de la ejecución: 
a) Control interno (Contaduría General de la Nación) 
Realizado por la Contaduría General de la Nación: 
Ley de 
Contabilidad 
art. 75 
Cuando la Contaduría General de la Nación Intervenga en actos 
administrativos presuntivamente violatorios de disposiciones legaleso reglamentarias lo comunicará al Tribunal de Cuentas, 
suspendiendo su trámite o ejecución hasta tanto aquel se pronuncie. 
 
 
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La Contaduría General, que dependerá directamente del Ministerio de Hacienda, estará a cargo 
de un contador general, de un subcontador general y de un cuerpo de contadores, además del 
personal auxiliar que le fije el presupuesto. En cada uno de los poderes, ministerios, Tribunal de 
Cuentas entidades descentralizadas se organizarán los servicios administrativos y contables de la 
jurisdicción. 
b) Control externo (Tribunal de Cuentas de la Nación) 
 
 
Ley de 
Contabilidad 
art. 84 
 
Ley de 
Contabilidad 
art. 78 
Corresponderá al Tribunal de Cuentas: 
a) ejercer el control externo de la marcha general de la 
administración general y de las haciendas paraestatales. 
El Tribunal de Cuentas se compondrá de cinco vocales, uno de los 
cuales será su Presidente… Serán nombrados por el Poder Ejecutivo 
por conducto del Ministerio de Hacienda, con acuerdo del Senado. 
Conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y 
capacidad. Su remoción se hará mediante el procedimiento 
establecido para los magistrados del Poder Judicial 
 
 
 
c) Control político (Congreso Nacional) 
 
Constitución Nacional, art. 67 inc. 7: Corresponde al Congreso aprobar o desechar la cuenta de 
inversión: 
 
 
 
 
 
Art. 45 
 
 
 
 
 
Art. 51 
Sólo ella, la Cámara de Diputados, ejerce el derecho de acusar ante el 
Senado, al Presidente, Vicepresidente, sus ministros y a los miembros 
de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación en 
las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal 
desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones… después de 
haber conocido de ello y declarado haber lugar a la formación de 
causa, por mayoría de dos terceras partes de sus miembros 
presentes. 
Al senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la 
Cámara de diputados… Ninguno será declarado culpable sino a 
mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. 
 
 
 
7 – BUSCAR LAS DISTINTAS CLASIFICACIONES DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS. 
Erogaciones públicas 
 
Las erogaciones públicas componen uno de los dos elementos básicos del análisis fiscal. Se 
trata de la aplicación de recursos, generalmente en moneda, efectuados por el Estado para la 
obtención de sus fines. 
Para el análisis fiscal interesa no solamente el monto total de las erogaciones públicas sino 
también su composición. 
I. Clasificación institucional, jurisdiccional o administrativa 
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La clasificación institucional (o jurisdiccional, o administrativa) de las erogaciones públicas 
permite distinguir los montos de erogaciones efectuadas por los distintos organismos que integran el 
Estado. Las categorías concretas dependerán de la estructura del Estado del país al cual se refiere. 
En el caso argentino, y a nivel del Gobierno Nacional, la Constitución distingue tres tipos de 
poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Dentro del Poder Ejecutivo puede 
distinguirse la Presidencia de la Nación y los distintos Ministerios, y a su vez dentro de cada uno de los 
se pueden identificar sus organismos integrantes, siguiendo el orden jerárquico de la estructura 
institucional. Según el mayor o menor grado de desagregación en que se efectúe el análisis, se contará 
con un número más elevado o más reducido de unidades organizacionales (jurisdicciones). 
II. Clasificación económica 
 
Esta clasificación intenta separar categorías de erogaciones con distintos efectos económicos. 
Por lo tanto, es una clasificación útil para el análisis de los efectos de las erogaciones. 
 
La primera apertura distingue entre erogaciones corrientes y erogaciones de capital. En el caso 
de las erogaciones corrientes, se trata de la incorporación de bienes o servicios que se agotan en una 
única utilización (por ejemplo: papel para escribir o tiza) mientras que en las erogaciones de capital, 
se incorporan bienes que no se agotan con el primer uso (por ejemplo: una máquina de escribir). Los 
primeros tipos de gastos son repetitivos y deben realizarse nuevamente cada año (por ejemplo, el 
pago de sueldos de médicos de hospitales públicos de este año no implica que el año próximo no 
deban repetirse), mientras que los otros no deben repetirse todos los años (una vez construido el 
hospital, el edificio podrá durar muchos año hasta que sea necesario construir uno nuevo en su lugar). 
Otra forma de distinguir estas dos categorías sería a través del efecto que tienen sobre el patrimonio 
de la entidad: los gastos públicos corrientes no alteran el patrimonio (neto) de la entidad; los gastos 
de capital en cambio lo aumentan (al finalizar el ejercicio en el cual se incorporó un bien de capital, el 
patrimonio del Estado es superior al comienzo del ejercicio). 
Las erogaciones corrientes pueden a su vez ser clasificadas en gastos de consumo o en gastos 
de transferencia. La diferencia entre estas dos categorías es la siguiente: en los gastos de consumo el 
gobierno está agotando recursos reales de la economía provenientes del sector privado; los gastos de 
transferencia, en cambio, no tienen como contrapartida la absorción de recursos reales de la economía 
por parte del Estado sino meros flujos monetarios que redistribuyen recursos dentro del sector 
privado de la economía. 
Los gastos de capital (o inversiones), a su vez, permiten distinguir básicamente dos categorías 
diferentes: la inversión real (o física) y otras inversiones (en bienes preexistentes o en inversiones 
financieras). Todos estos tipos de erogaciones aumentan el patrimonio del Estado, pero las 
inversiones físicas aumentan también el patrimonio nacional, mientras que las otras inversiones no 
aumentan el patrimonio nacional. 
En el caso de la inversión física o real, el Estado incorpora un nuevo bien de capital (por 
ejemplo, construye un nuevo edificio); como ello no disminuye el patrimonio privado, el patrimonio 
nacional (igual al patrimonio del Estado más el patrimonio de los particulares) aumentan. En cambio, 
en el caso de la inversión de bienes preexistente, compra un activo que estaba en poder de los 
particulares; como el aumento del patrimonio del Estado se compensa con una disminución del activo 
físico de los particulares, el patrimonio nacional permanece invariable. En este caso de las inversiones 
financieras (por ejemplo: préstamos) el aumento del activo del Estado se compensa con el aumento 
del pasivo de las empresas particulares. 
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Esta clasificación económica permite comparar las erogaciones públicas con las erogaciones 
privadas, así se tiene que: 
Bienes y Serricios disponibles 
= Consumo (prirado + público) + Inrersión (prirada + pública) 
 
El consumo público consiste en los gastos de consumo. No corresponde computar todos los 
gastos corrientes, porque en el caso de los gastos de transferencia se estaría incurriendo en 
duplicación contable con los gastos de consumo privados (la jubilación que figuraría como gasto de 
consumo público, aparecerá una vez gastada por el jubilado como gasto de consumo privado). A su 
vez, la inversión pública se define por la inversión real o física: es necesario eliminar la compra de 
activos preexistentes y la inversión financiera también para evitar la duplicación (en el caso de 
inversiones privadas con préstamos o aportes de capital del Estado, se registrarán como inversiones 
privadas). 
III. Clasificación por objeto del gasto 
 
En esta clasificación los gastos se diferencias según el tipo de bien o servicio que está 
comprando el Estado. Habitualmente se combina con la clasificación económica. Así, dentro de los 
gastos de consumo se diferencialos gastos en personal y los gastos en bienes y servicios no 
personales; en este último grupo puede aplicarse un nomenclador muy detallado para distinguir los 
bienes comprados (los bienes manufacturados según la rama de clasificación industrial: alimentos y 
bebidas, textiles, productos químicos, metales, etc.). Dentro de la inversión física se distingue entre 
bienes de capital y trabajos públicos (fundamentalmente construcciones). 
La utilidad de esta clasificación consiste en que permite analizar microeconómicamente el 
impacto del gasto público sobre diferentes mercados. Es decir, muestra la composición de la demanda 
del Estado por los distintos tipos de bienes a comprar; en el caso de los proveedores del Estado puede 
resultar un dato de interés. Visto desde el punto de vista del Estado, es una tentativa de precisar el 
tipo de bien para el cual se justifica el gasto y evitar que luego se gaste en otro tipo de bien. 
IV. Clasificación por finalidades y funciones 
 
Esta clasificación permite clasificar las erogaciones públicas según las finalidades perseguidas 
por la acción del Estado o las funciones cumplidas por el mismo. 
En la terminología utilizada en la Argentina, se distinguen tres escalones de desagregación: 
 
 
 
Finalidad 
 
 
Función 
 
 
 
 
Programa 
Administración General, Defensa, Seguridad, Salud, Cultura y Educación, 
Desarrollo de la Economía, Bienestar Social, Ciencias y Técnica, Deuda 
Pública. 
dentro de la finalidad Cultura y Educación se distinguen las funciones: 
Cultura, Educación Elemental, Educación Media y Técnica, Educación 
Superior y Universitaria. 
dentro de la función Educación Superior y Universitaria figuran los 
programas: Capacitación Profesional Comando en Jefe del Ejército, 
Capacitación Profesional Comando en Jefe de la Armada, Formación de 
Profesores de Educación Media Corriente, Formación de Profesores para 
la Educación Artística, Construcciones para la Educación Superior, 
Educación Universitaria, Formación de Profesores para la Educación 
Técnica. 
 
 
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Como puede verse, esta clasificación pretende tomar una radiografía de los tipos de servicios 
brindados por el Estado a través de los montos gastados en cada uno de ellos. 
V. Clasificación regional, territorial o geográfica 
 
Responde a la pregunte de adónde está gastando el Estado. Permite determinar el impacto 
territorial (por regiones, por provincias, etc.) de las erogaciones públicas, y puede resultar útil para la 
implementación de una política deliberada de promoción regional diferencial. En la Argentina, para el 
nivel nacional se cuenta con esta desagregación únicamente para el Plan Analítico de Trabajos 
Públicos (dentro de las erogaciones de capital), donde la localización de las obras es posible; en el 
caso de otras erogaciones se cuentan con estimaciones para algunos rubros significativos. 
Recursos públicos 
 
Los recursos públicos son los ingresos (generalmente en dinero) que tiene el Estado para el 
cumplimiento de sus finalidades. Al igual que en el caso de las erogaciones, para los recursos públicos 
existen diversas clasificaciones, cada una de ellas tratando de responder a una pregunta determinada. 
I. Clasificación tradicional 
 
La gran distinción recae aquí entre los recursos originarios y los recursos derivados. La idea 
era que el Estado cuenta con un patrimonio propio y que del mismo obtiene ciertos recursos en forma 
directa u originaria, sin depender del sector privado. Estos son los recursos originarios que 
anteriormente podrían provenir de la venta o alquiler de tierras fiscales, y modernamente, del 
superávit (si existe) de las empresas públicas. En cambio los recursos derivados provienen del sector 
privado de la economía: derivan del sector privado básicamente a través de tributos (pagos coactivos) 
o del uso de crédito público (préstamos voluntarios efectuados por los particulares al Estado). 
Dentro de los recursos derivados, los más importantes son los tributarios. Son recursos de tipo 
coactivo, es decir que el Estado los obtiene del sector privado no por vía contractual o voluntaria, sino 
ejerciendo el poder y estableciendo la relación obligatoria Fisco–contribuyente. Es tradicional la 
distinción entre tres grandes tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
En el caso de los impuestos, se trata de una obligación establecida por el Estado sobre cada 
contribuyente sin que exista ninguna contrapartida por parte del Estado respecto a los beneficios que 
reciba el contribuyente por los gastos públicos financiados con dichos impuestos. Los gastos 
benefician a la comunidad en su conjunto, sin distinguir entre contribuyentes y no contribuyentes. 
En el caso de las contribuciones especiales, si bien es un tributo –y por lo tanto coactivo– se 
establece una relación entre los que reciben ciertos beneficios (diferenciales) y los que pagan el 
tributo. Por ejemplo, en el caso de contribución de mejoras, hay relación entre monto pagado de 
contribución de pavimentos urbanos y los beneficios especiales recibidos por los frentistas. En el caso 
de las contribuciones de seguridad social son los futuros beneficiarios del sistema los que contribuyen 
durante toda su vida laboral útil. 
El concepto más difícil de precisar es el de tasa. Modernamente se la define como una 
obligación tributaria nacida en ocasión de algún servicio que el contribuyente está recibiendo del 
Estado. En realidad, bajo esta categoría de tasa actualmente caen tributos de contenido y efectos 
económicos totalmente diferentes. Así, la tasa de obras sanitarias o la tasa municipal por alumbrado 
público, barrido y limpieza se asemejan bastante a una contribución especial (y salvo por el carácter 
coactivo, tienden a responder a un esquema bastante similar al del precio de un bien privado). 
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El uso del crédito público es fuente de recurso a través del préstamo voluntario del sector 
privado al Estado. Hay que distinguir entre el crédito público y el uso del crédito público. El crédito 
público es la confianza que despierta el Estado en los posibles prestamistas, en cuanto a la devolución 
del capital tomado en préstamo y al pago prometido de los intereses. 
De cierto ángulo, el uso del crédito público puede considerarse como un anticipo de tributos 
futuros; en lugar de que el Estado espere la recaudación futura de tributos, se anticipa y toma hoy esas 
sumas a través del crédito, para posteriormente cancelar su deuda con impuestos adicionales. 
La diferencia fundamental entre el crédito público y el crédito privado está dada por la especial 
situación del Estado como deudor, que puede echar mano a recursos –como la emisión de dinero o la 
creación de títulos– que no están disponibles para los deudores particulares. 
El mecanismo típico del uso del crédito público es la emisión de empréstitos públicos, ofrecidos 
en venta a los ahorristas. Al momento de la emisión son recursos, ya que el Estado recibe ingresos de 
particulares; cuando se pagan intereses sobre la deuda pública son gastos corrientes (gastos de 
transferencias) y cuando se pagan amortizaciones son gastos de capital (inversiones financieras, ya 
que aumentan el patrimonio del Estado por disminución de su pasivo, pero compensado con 
disminución de activos financieros en poder de los particulares). 
Existen otros recursos derivados, pero no revisten de importancia cuantitativa en el Estado 
moderno: las donaciones (voluntarias) y las multas (cuyo objetivo no es en recaudar fondos sino en 
sancionar a los infractores). 
II. Clasificación económica de los recursos 
 
En esta clasificación, al igual que en caso de las organizaciones, se dividen los recursos en 
corrientes y de capital. 
Los recursos corrientes no modifican el patrimonio del Estado, pueden ser tributarios y no 
tributarios(por ejemplo: alquiler de tierra fiscal). En cambio, los recursos de capital sí modifican el 
patrimonio del Estado, esta modificación está dada por una disminución del patrimonio neto del 
Estado, sea por aumento del pasivo (por ejemplo el uso del crédito público) o por disminución del 
activo (por ejemplo la venta de tierras fiscales o de activos fijos). 
Las principales categorías de impuestos, desde el punto de vista económico, son: 
 
 Impuestos sobre los ingresos netos 
 
 Impuestos sobre el patrimonio 
 
 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 
 
 Impuestos sobre el comercio exterior 
 
A los dos primeros grupos se acostumbra denominarlos impuestos directos, en tanto que a los 
otros dos se los llama impuestos indirectos. Es menester usar con cautela esta distinción, pero 
básicamente la diferencia entre los impuestos directos o indirectos radica en las manifestaciones de la 
riqueza que se grava: los impuestos directos gravan manifestaciones directas de la riqueza de los 
contribuyentes, en tanto que los impuestos indirectos gravan características, indicadores o 
manifestaciones indirectas de la riqueza. 
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III. Clasificación institucional de los recursos 
 
En el caso de los recursos, puede tener importancia conocer el organismo que recauda los 
fondos y aquel al cual se asignan los mismos. En principio, todos los fondos deberían integrar un 
Tesoro único, con el cual financiar las distintas erogaciones (principio de la unidad de caja), pero en la 
práctica se han ido creando distintos mecanismos por el cual ciertos recursos tienen afectación 
especifica a determinados organismos o a determinadas erogaciones. 
08- ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL MÉTODO TRADICIONAL DEL 
MÉTODO DE BASE 0 Y EL MÉTODO POR PROGRAMAS? 
Presupuesto base cero 
 
La idea consiste en mejorar la decisión y control de la eficiencia interna a nivel de cada unidad 
dentro de la organización, formulando su presupuesto en cada oportunidad a partir de cero, es decir, 
sin tomar como base el presupuesto del período anterior. Para cada unidad deben prepararse 
paquetes de programas con el orden de prioridad a juicio del responsable de la unidad y para 
diferentes niveles de gasto total de la unidad. 
Aunque la experiencia recogida por esta novísima experiencia aún no es muy amplia, pareciera 
que repite en cierta manera la registrada por otras. Los requerimientos de personal para la 
preparación, análisis, decisión y reordenamiento de los paquetes de programas –tanto en término de 
tiempo como de capacidad técnica– son muy elevados; el grado de detalle a que es necesario llegar 
implica que en la práctica el procedimiento debe comenzar en áreas relativamente poco extendidas, y 
las resistencias de los responsables de agencias que actualmente gozan de cierta independencia y que 
temen perder poder y autonomía por la aplicación de una nueva técnica, pueden distorsionar el 
funcionamiento del sistemas. 
Presupuesto por programas 
 
Se trataba de arribar al presupuesto fiscal como producto de todo un proceso de identificación 
de alternativas, selección de las alternativas mejores e implementación a través de la preparación, 
aprobación y ejecución del presupuesto, de forma que el presupuesto fuera una herramienta más apta 
para fines de política fiscal que en su versión tradicional. Partiendo de la planificación más amplia, se 
trataba de traducir los resultados para períodos y sectores determinados a una programación cuyos 
requerimientos financieros se incorporaban al mecanismo de presupuestación. 
Como en otras técnicas novedosas, el gran entusiasmo inicial se fue enfriando a lo largo del 
tiempo, principalmente por lo grandes requerimientos de trabajo personal (en los distintos niveles de 
la administración) necesarios para implementar esta técnica de presupuestación, las inercias a vencer 
dentro de la Administración (especialmente respecto a las técnicas más tradicionales utilizadas) y la 
falta de contexto de planificación y programación global y sectorial dentro de la cual debían 
prepararse los diferentes programas. Ello en muchos casos llevó a un cumplimiento meramente 
formal de la nueva técnica, centrada en una prestación diferente en la etapa de preparación del 
presupuesto de las cuentas tradicionales pero sin agregar mayor información o análisis; la ejecución y 
control del presupuesto rara vez alcanzaba a nivel de cada programa, y menos a términos físicos. 
Presupuesto tradicional 
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