VENEZUELA GEOPOLITICA ESTRATEGICA ENERGETICA

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Venezuela: importancia geopolítica, 
geoestratégica y energética 
Mtro. Aldo Quiroz Encinas 
Dirección de Inteligencia Energética-Subdirección de Investigación | 2 
 
 
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Venezuela: importancia geopolítica, geoestratégica y energética 1 
Mtro. Aldo Quiroz Encinas 
El Caribe y Venezuela: rutas y petróleo 
Una de las regiones a las que pertenece Venezuela, dada su salida hacia el océano Atlántico, es el 
Mar Caribe. Esta área tiene una importancia fundamental para América, debido a que es un paso 
obligado para el transporte de mercancías y energéticos. El papel de Venezuela como un país 
exportador de petróleo potencia la importancia de la región y aumenta el interés por parte de los 
países hegemónicos como EE. UU., el cual, con todos sus intentos de sabotaje, busca evitar que 
estos países cooperen regionalmente y determinen su propia política energética. 
Sandner (1982) señala que la delimitación y definición del Caribe está dada por los intereses de 
quien la realice, pues no hay un criterio unificador para aceptar qué países y regiones pertenecen a 
esa área. Esto sucede porque es una intersección de las llamadas macrorregiones2, lo que hace 
converger en la zona a América Latina, Angloamérica, Europa y África a la vez. Es decir, su 
colindancia, además de ser territorial, es histórica debido a la fundación de colonias en la región 
caribeña o por la intervención e intereses coloniales en la zona. Las regiones involucradas en el 
Caribe de manera inmediata son Sudamérica, Norteamérica, una parte de la región Andina y la faja 
insular con más de 700 islas donde se encuentran 13 países.3 
El Caribe se encuentra ubicado al este del continente americano, colindando con el Atlántico Norte, 
el Golfo de México, el estrecho de Florida y el norte de Sudamérica. A pesar de las precisiones 
geográficas hechas para ubicar al Caribe, como toda región marítima no tiene límites establecidos 
de manera clara, generalmente se asumen como fronteras los países e islas que lo rodean (Hurtado 
et. Al, 1974), derivando en una composición de 26 países.4 
 
1 Fecha de entrega: 10 de marzo de 2023. 
2 “Zona que abraca varias regiones administrativas de distintos estados con suficientes asuntos en común 
para justificar una formulación estratégica única (Xunta de Galicia, s/f). 
3 Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Haití, Jamaica, República Dominicana, Granada, 
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago; además se encuentra el 
Estado Libre Asociado estadounidense: Puerto Rico. 
4 Colombia, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados 
Unidos, Granada Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y 
Tobago. 
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Por su ubicación geográfica, el Caribe históricamente ha sido a la par zona de disputa y dominación. 
En los siglos XV y principios del XVI fue zona de conquista y colonización española; posteriormente, 
otras potencias europeas como Holanda, Francia e Inglaterra buscaron su expansión en el área en 
los siglos XVII y XVIII disminuyendo la presencia española. Después, entre la mitad del siglo XIX y 
mediados del XX se convirtió en un área de expansión norteamericana (Sandner, 1982). Las razones 
geopolíticas que hacen al Caribe zona de disputa son la convergencia de naciones grandes 
consumidoras de petróleo como EE. UU., las grandes reservas con las que cuenta Venezuela y la 
importante ubicación marítima. Dicha ubicación marítima forma parte de las rutas petroleras 
habilitadas históricamente. 
Para poder llegar a costas estadounidenses sureñas, a las costas mexicanas del lado del Golfo de 
México, a los puertos venezolanos y colombianos; a puntos habilitados para el tráfico energético y 
comercial como el Canal de Panamá; así como para transportar petróleo desde el Océano Pacífico 
es necesario pasar por el Mar Caribe, ya sea que se descargue en el Canal de Panamá para ser 
transportado por oleoducto. Como el habilitado por 7 años en 2012 entre BP Products Northamerica 
Inc. y Petroterminal de Panamá (PTP), que iba del Mar Caribe hacia la costa Oeste del Océano 
Pacífico (Reuters Staff, 2012) o que pasen a través de embarcaciones. 
Por tanto, el Canal de Panamá es uno de los 7 estrechos estratégicos en la ruta del petróleo y el Mar 
Caribe es su único punto de acceso y salida hacia el lado del Atlántico. El Canal anualmente lo cruzan 
aproximadamente 14 mil barcos y 755 mil barriles de petróleo pasan por él cada día; los países que 
más circulan petróleo son EE. UU., China, Japón y Chile (World Energy Trade, 2020). De estos países 
al menos hay dos potencias que se disputan la hegemonía y el control de las rutas energéticas: EE. 
UU. y China. 
El Mar Caribe cuenta con una faja insular con pasos y corredores relativamente estrechos (Sandner, 
1982), los cuales tienen que ser cruzados por los buques cargueros y barcos para poder llegar a 
puntos de descarga o suministro de petróleo, lo cual hace a dichos pasajes partes constituyentes de 
importantes rutas energéticas. A lo largo de la historia, la región del Caribe ha sido disputada a razón 
de los puntos de ingreso que tiene hacia a América desde el Atlántico. El canal de Panamá —
construido en 1914— aumentó el interés en el istmo de Panamá, la región más estrecha mediante 
la cual se puede cruzar vía terrestre de Mar Caribe hacia Océano Pacífico, pues adquirió importancia 
estratégica en términos energéticos al descubrirse la riqueza mineral de Alaska, así como sus fuentes 
petrolíferas, las cuales actualmente se encuentran en la discusión petrolera en EE. UU., pues uno de 
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los proyectos más grandes recién aprobados por la administración Biden—el proyecto Willow en 
Alaska— para llegar al golfo estadounidense tendría que pasar por el Canal de Panamá (León, 2023) 
y salir hacia el Mar Caribe. 
El arco o faja insular del Mar Caribe, gracias al aumento del tránsito marítimo, se convirtió en punto 
estratégico comercial y militar (Sandner, 1982), el cual fue controlado por EE. UU., primero, con su 
desplazamiento hacia la parte central del istmo panameño y apropiándose costas de América Latina 
en el Mar Caribe, generando rechazo entre la población local hacia la presencia de Inglaterra en la 
región. Segundo, construyendo bases militares que rodeaban desde el mar caribe elcentro del istmo 
panameño y estableciendo el control en los pasos que tenía el arco de islas en el caribe. Una vez 
hecho esto, inició con actividades extractivas en las zonas de Centroamérica y el Caribe; entre estas 
actividades se encuentra la minería (Sandner, 1982). Todo esto sucedió en las dos primeras décadas 
del siglo XX. Esa presencia militar tenía como centro la región donde en 1914, se construiría el Canal 
de Panamá, promovido y ejecutado por el gobierno de EE. UU. encabezado por Theodore Roosevelt. 
Por otro lado, la función que EE. UU. impuso a los países, ubicados en el arco insular del Caribe, ha 
sido con base en las necesidades de abastecimiento y de colocación de las mercancías producidas 
por la nación norteamericana, derivando en su especialización en la refinación de crudo. Durante 
las guerras mundiales, EE. UU. utilizó a la región del Mar Caribe como un punto de abastecimiento 
de combustible para sus vehículos de transporte como para los de ataque. El crudo provenía de 
Venezuela y Colombia, y la refinación se realizaba en las islas caribeñas, para después cargar la 
gasolina en buques o abastecer a los vehículos en la región. Con el paso del tiempo este papel 
asignado especializó a las naciones del Caribe, haciéndolas dependientes del abastecimiento y 
transformación regional, pero siempre comandado por EE. UU. 
Las exportaciones venezolanas se dirigieron hacia las islas del Caribe desde los años 60 en un 35% 
del total, en contraste, menos del 3% de las importaciones de Venezuela provinieron del Caribe 
(Hurtado et. Al, 1974). Destaca que la mayoría de las exportaciones en aquellos años fueron de 
minerales y petróleo, así como la mayoría de las importaciones, lo que habla de una integración 
energética ubicando a Venezuela como proveedora hacia las islas del Caribe. Los países que más 
recibieron en esa época minerales y petróleo de Venezuela fueron: Aruba con 29%, Curazao 21% y 
Puerto Rico 19% del total de exportaciones venezolanas a las islas del Caribe (Hurtado et. Al, 1974). 
 
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Las ventajas geopolíticas, geoestratégicas y energéticas de Venezuela 
Venezuela se ubica en la parte sur de América, con salida hacia el Océano Atlántico. Es el séptimo 
lugar de América Latina y el Caribe por extensión territorial con 912´050 Km2, ubicándose después 
de Bolivia (Statista, 2023). Cuenta con grandes reservas de petróleo; el sector petrolero es 
considerada una ventaja con la que cuenta para las negociaciones a nivel internacional. Así también, 
su posición geográfica con salida hacia el Atlántico y el Mar Caribe le otorga una ventaja para el 
comercio marítimo internacional y el tráfico energético. 
Sus reservas energéticas, ubicadas principalmente en la Faja del Orinoco, y la proximidad geográfica 
con EE. UU.— respecto a otros proveedores y a la zona del Caribe— han hecho que Venezuela 
históricamente haya sido utilizada como pieza clave para satisfacer las necesidades energéticas de 
las empresas y del gobierno de EE. UU. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), el gobierno estadounidense instaló una batería de cañones en territorio venezolano con 
salida hacia el mar en la isla de Patos, así como en las ciudades de Paraguaná y Puerto la Cruz; esto 
con el fin de resguardar el petróleo venezolano de las potencias del eje (Alemania, Italia, Japón) 
(Guía, 2010). Dicha medida, afirmó el carácter estratégico que tiene Venezuela por su salida hacia 
el Atlántico y el Mar Caribe, combinadas con sus vastas reservas petrolíferas (Guía 2010). 
El reconocimiento que tiene Venezuela como punto estratégico para el envío del hidrocarburo hacia 
las refinerías que utilizaban los aliados hizo que esta nación tomara importancia, no sólo para el 
abastecimiento durante conflictos bélicos, sino para todas las necesidades económicas que 
surgieran por parte de las potencias una vez finalizada la guerra. Venezuela desde ese momento se 
convirtió para EE. UU., junto con México, en uno de sus principales puntos de abastecimiento de 
petróleo, lo cual la subordinaría a las necesidades de empresas y gobierno estadounidenses. Por lo 
tanto, esto implicó la necesidad de control sobre la nación andina. 
Venezuela es una nación latinoamericana que en las últimas dos décadas ha sido constantemente 
asediada y se le ha intentado aislar por parte de EE. UU. y sus aliados. Esto debido a que a finales de 
la década de los 90, inició un proyecto político y económico de naturaleza socialista; que, entre otros 
aspectos, incluye la autodeterminación de prioridades sobre sus recursos energéticos, 
principalmente el petróleo. A ese respecto, Venezuela ostenta una gran riqueza petrolera, pues 
gracias a la incorporación de los yacimientos ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco es la nación 
que ocupa el lugar número uno en reservas a nivel mundial, entre 303.8 y 304 mil millones de 
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barriles, equivalente entre 17.5% y 17.8% de las reservas totales en el mundo (Catorce6, 2021; BP, 
2022). 
Según el Statistical Review of World Energy 2022, Venezuela cuenta con 48 mil millones de 
toneladas de petróleo, equivalente a 303.8 mil millones de barriles, estas reservas están calculadas 
en hidrocarburos asociados, es decir, la cuantificación incluye gas natural, gas natural licuado (GNL) 
y petróleo crudo (bp, 2022)5. Esto significa que ese petróleo se encuentra en el subsuelo, pero hay 
una certeza de la cantidad acumulada en determinada zona, además, ese producto puede ser 
comerciado durante el tiempo que se estima durará dicha reserva; ese tiempo se calcula a partir de 
la tasa o relación de reservas/producción (R/P). 
La tasa R/P, es el cálculo hecho para saber cuánto durarán las reservas probadas de un 
hidrocarburo―es decir, el cálculo más certero que hay respecto a una acumulación en determinado 
territorio― con el ritmo de producción llevado sobre ellas en el último año. Venezuela en toda su 
demarcación tiene una tasa R/P superior a 500 años (BP, 2022). El petróleo que Venezuela consumió 
en 2021 se estima en 289 mil barriles diarios (BP, 2022) esta cantidad es superada por su producción 
que, para el mismo año fue de 654 mil barriles diarios (BP, 2022). En ese mismo tenor, el 
Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés) ubicó a la nación venezolana, 
en 2018, dentro del lugar número 0 en importaciones de petróleo crudo, lo cual significa que 
importó esa materia en un total de 47.7 millones de dólares, cantidad que no es suficiente para 
colocarla dentro de la clasificación de países importadores (OEC, s/f). 
En 2014, Venezuela importó petróleo crudo liviano, un tipo de petróleo que utiliza para mezclar el 
petróleo pesado de mayor presencia en sus yacimientos; esa situación fue tomada por la agencia de 
noticias Reuters como un hecho extraordinario; sin embargo, la empresa petrolera estatal Petróleos 
de Venezuela S.A. (PDVSA) indicó que dicha información es tendenciosa para evidenciar un supuesto 
fracaso en la industria petrolera venezolana, al mismo tiempo que aclaró la razón técnica y comercial 
por la cual fue necesario adquirir el petróleo liviano. Al referir que la mezcla comercial se hace con 
 
5 Las reservas probadas son las cantidades estimadas de los mencionados hidrocarburos, de las cuales―según 
datos económicos, de geociencias e ingeniería― se tiene certidumbre razonable que pueden ser comerciables 
en años futuros, se encuentran en yacimientos conocidos; esto bajo condiciones económicas, leyes y métodos 
de operación existentes a una fecha específica (Securities and Exchange Comission en Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, 2019). 
 
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petróleo pesado diluido en ligero u otros materiales como nafta, donde el petróleoligero es más 
barato para este objetivo (BBC, 2014). 
Los datos presentados anteriormente implican que Venezuela posee abasto suficiente para su 
consumo interno de petróleo crudo, pero además, tiene recursos excedentes para vender; lo cual 
es motivo de disputas, pues esa cantidad de hidrocarburos, más su capacidad productiva 
demuestran ser suficientes para tener menor dependencia de las importaciones energéticas; sin 
embargo, en materia de integración con otras naciones puede provocar dependencia hacia 
Venezuela, en tanto se vuelve una proveedora y abre la posibilidad a que fije sus condiciones en las 
transacciones. He ahí una de las razones para intentar controlar a esta nación sudamericana por 
parte de EE. UU. y sus aliados. 
Para tener un referente, la tasa R/P mundial es de 53.5 años; la de todo América del Norte es de 
28.2 años; la de Siria (otro país petrolero) es de 158.8 años. Venezuela es el único país del mundo 
con una tasa de R/P superior a 500 años. Al conocer estos datos y compararlos, se debe tener en 
cuenta que la tasa asume las condiciones de producción del último año, estas condiciones son 
diferentes en cada país, en tanto cada país tiene un desarrollo distinto en su infraestructura y 
tecnología; así como cada país tiene necesidades y por lo tanto consumo diferente. 
Los datos de reservas, producción, tasa de R/P y consumo de petróleo muestran que Venezuela 
tiene una gran capacidad de exportación, capacidad que EE. UU. y sus empresas necesitan controlar, 
para que Venezuela no participe ni influya en las negociaciones internacionales para la fijación de 
precios del petróleo. 
Las empresas transnacionales sostienen que las privatizaciones y la inversión privada petrolera 
generan importantes incrementos en las reservas (por el aumento en la exploración) y la producción 
(por las innovaciones) de petróleo y gas. Esa misma postura sostiene que dicha situación 
supuestamente favorable para los países se ve revertida por las nacionalizaciones (Monaldi, 2010). 
Los empresarios afirman que, los gobiernos aprovechan la inversión en exploración y desarrollo en 
tecnología que las empresas hacen a través de contratos, después, los gobiernos ―en momentos 
de elevación de los precios de petróleo― se rehúsan a las condiciones aprobadas y realizan 
“acciones expropiatorias” (Monaldi, 2010). 
Según Monaldi (2010), ubicado desde una posición favorable a las empresas multinacionales, los 
gobiernos de países con grandes reservas y exportadores de petróleo ―como el de Venezuela― 
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necesitan el control de las empresas estatales porque a partir de los ingresos que estas generan 
resuelven los problemas fiscales y financieros. La situación descrita, desde la perspectiva de Monaldi 
(2010), provoca la existencia de ciclos de inversión privada en el sector energético nacional, los 
cuales inician con la necesidad de los gobiernos del descubrimiento o desarrollo de acumulaciones 
de petróleo; estos ciclos terminan cuando las ganancias por la venta del hidrocarburo son elevadas, 
y existe tanto desarrollo como descubrimiento de nuevos yacimientos. 
Respecto a sus ciclos de inversión, a partir de 1928 —año en que Venezuela inicia su actividad como 
país exportador de petróleo— se registró inversión predominante de las compañías extranjeras; 
después, se aumentaron los impuestos a estas empresas, lo cual hizo que redujeran la inversión 
hasta 1976, año en que se nacionalizó la industria petrolera y se creó Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA). En los inicios de PDVSA, una característica favorable a la inversión privada era que su 
administración tenía autonomía del gobierno; pues en caso de requerir apertura o privatización, 
esta no estaría sujeta a decisiones exclusivamente gubernamentales. 
La nacionalización del petróleo y la creación de PDVSA se da por dos necesidades, la primera de ellas 
es de origen internacional y la segunda de orden nacional. En el primer caso, se dio a nivel de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); la cual, desde finales de los años 60 y 
principios de los 70 empieza a generar mecanismos de protección de los sectores energéticos 
nacionales, ante los cambios de precios unilaterales de las trasnacionales petroleras, las cuales 
decidían bajar los precios como estrategia comercial afectando a las naciones exportadoras. La OPEP 
inició una serie de negociaciones respecto al establecimiento de los precios, definiendo un piso 
mínimo a partir de 1960 y los impuestos que se cargarían a las trasnacionales por usufructuar el 
petróleo de las naciones. Estas negociaciones se convirtieron en mecanismos impositivos cada vez 
más altos, resultando en la nacionalización de las industrias petroleras de los países de la OPEP 
(Maldonado, 2005), de las cuales una de las primeras fue Venezuela. 
La segunda necesidad para nacionalizar el petróleo y crear PDVSA, provino de una fracción del 
empresariado nacional, el cual viró su actividad hacia el sector financiero y dejó de apostar a la 
economía industrial. Empresariado que, comenzó a ganar mayor influencia en el gobierno 
venezolano a partir de los años 70 y el cual lograría afianzarse en la presidencia a través de Carlos 
Andrés Pérez (1973-1979), presidente con el cual se da la nacionalización del sector petrolero. Esta 
fracción del empresariado necesitaría de las trasnacionales para aprovechar el sector recientemente 
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nacionalizado, aplicando el esquema de utilizar la inversión pública como si fuera capital privado 
para negociaciones con estas grandes compañías extranjeras. 
En los años de la creación de PDVSA, el empresariado local venezolano estaba compuesto por 
distintas fracciones beneficiadas por la renta petrolera, algunas de las cuales impulsaron también la 
nacionalización. De estas fracciones, una porción existía de manera previa, como aquella que 
conseguía las concesiones de tierras petroleras y a su vez actuando como intermediarios las 
entregaban a las compañías extranjeras (Silva, 2006). 
Otra fracción, que desde 1974, se fue posicionando dentro del gobierno, eran funcionarios 
provenientes del sector empresarial, quienes se habían enriquecido con la renta petrolera, junto 
con otra fracción del mismo sector, la cual emergió durante el periodo 1974-19896. Dicha parte se 
caracterizó por apostar a un negocio distinto al de los empresarios industriales―los cuales estaban 
orientados al mercado local― y se dirigió hacia la nueva estructura del mercado internacional, en 
la cual predominaba el cambio de la inversión directa por las actividades de financiamiento con la 
banca internacional, los convenios de comercialización y la venta de tecnología (Lacabana, 2006). 
En 1976, la nacionalización de la industria petrolera benefició al empresariado en el gobierno, al 
empresariado emergente orientado a las actividades financieras y a las trasnacionales. La fracción 
de empresarios, que también eran funcionarios, se vieron favorecidos desde la creación de las 
estructuras en PDVSA. Las cuales, gracias a la autonomía con la que fue concebida la empresa, 
entraron en pugna con los antiguos funcionarios, actuando como sociedades mercantiles privadas, 
eludiendo someterse al derecho público, planificando una tributación que llevó a que hubiese 
menores ingresos fiscales de la industria petrolera. Esta burocracia al interior de PDVSA se empeñó 
por un cambio de gobierno que, incluyera en su visión de empresa petrolera la desintegración, la 
desnacionalización y la apertura (Silva, 2006). 
En la disputa por la industria nacionalizada, el empresariado en el gobierno tenía la propiedad sobre 
las tierras petroleras y era el único accionista en PDVSA; esta fracción, a través del presidente de la 
república nombraba al ministro de Energías y Minas que fungíacomo presidente de la asamblea de 
accionistas de PDVSA. Designaba además a la junta directiva de la empresa y al presidente de la 
 
6 Por ser emergente, no quiere decir que sea un nuevo grupo económico, sino más bien era un empresariado 
que anteriormente no tenía tanto poder político y económico, y lo fue adquiriendo a partir del 
posicionamiento de actividades financieras y tratos con el capital trasnacional (Lacabana, 2006). 
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compañía; la junta de accionistas, formada por los empresarios dentro de PDVSA, carecía de ese 
poder (Mommer, 2016). 
Por lo tanto, la pugna entre los funcionarios-empresarios dentro de PDVSA y los empresarios en el 
gobierno venezolano, se manifestaba como la pugna entre la junta de accionistas y el presidente de 
Venezuela. Esta nacionalización que provocó enfrentamientos entre el empresariado nacional, la 
cual fue impulsada por este (Lacabana, 2016). Dadas las ganancias que ofrecía colocarse entre la 
explotación del petróleo y el comercio de las trasnacionales, hizo que estas compañías siguieran 
usufructuando la renta petrolera desde el dominio de la tecnología y de los canales de 
comercialización del hidrocarburo (Martínez, 2011). 
Por lo tanto, las aparentes trabas puestas a la inversión extranjera, mediante las tasas tributarias o 
nacionalizaciones, tenía como objetivo satisfacer necesidades del empresariado nacional —dentro 
de la función pública— que buscaba tratos con las trasnacionales. Y que por manejar ese mismo 
negocio terminó en disputa interna, del cual una fracción tuvo su representación en la figura del 
presidente Carlos Andrés Pérez (1973-1979). De modo que, la nacionalización y creación de PDVSA 
fue aprovechada por las necesidades de algunas fracciones del empresariado buscando acuerdos 
con las trasnacionales (Lacabana, 2006). 
Desde el primer periodo de Carlos Andrés Pérez (1973-1979), comenzó a incrementarse los niveles 
de pobreza, lo cual, dentro de otras razones, provocó una convulsión social en 1989. Esta situación 
fue usada por el gobierno como pretexto para dar entrada a los organismos financieros 
internacionales para supuestamente enfrentar la crisis. Por ejemplo, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) se dedicó a impulsar un plan de ajuste, liberalizando la economía y dejando los 
precios sin regulación alguna, permitiendo que estos se elevaran en insumos de consumo cotidiano, 
entre ellos, los combustibles. 
A la par de ese plan de ajuste propuesto por el FMI, se fortaleció la presencia de las trasnacionales 
petroleras en Venezuela, con mayores privilegios respecto a la etapa anterior y realizaron 
inversiones en conjunto con PDVSA. En esta ocasión, las garantías a la inversión privada estuvieron 
basadas en los activos en el extranjero de PDVSA, las cuales eran el respaldo en caso de 
incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno venezolano (Monaldi, 2010). Es decir, el 
patrimonio nacional que representaba la empresa petrolera estatal quedaba como empeño en caso 
de que se quisiese cambiar lo establecido en un contrato petrolero o cancelarlo. Esto hizo que la 
inversión privada aumentara hacia el último tramo de los años 90, durante el segundo gobierno de 
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Rafael Caldera (1994-1999). Estos compromisos con las petroleras privadas quedaron blindados y 
consecuentemente se extendieron hasta el primer mandato de Hugo Chávez Frías (1999-2002). 
En 1999, llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez Frías. Este presidente decidió, como parte 
de las primeras medidas en materia energética, fortalecer el papel de Venezuela en la OPEP, y 
posteriormente, de la organización en el mercado petrolero internacional y revertir una disminución 
de precios en el petróleo que había llevado el barril de 40 dólares, en 1979, a debajo de los 20 
dólares, en 1999. Convocó a la Cumbre de Caracas de países de la OPEP, una reunión que llevaba 25 
años sin realizarse y junto con Irán, Venezuela se convirtió en uno de los países que, utilizando su 
ventaja en reservas, buscó imponer el freno a la disminución de precios (Escribano, 2013). Así 
también, en 2001 realizó cambios en la Ley de Hidrocarburos, limitando la aportación de las 
empresas petroleras a un 49% y buscando el beneficio nacional a través de impuestos diferenciados 
en los sectores en los que PDVSA tenía menos experiencia en extracción y manejo, como el del crudo 
extrapesado y el gas, imponiendo menores tasas a estos últimos (Escribano, 2013). 
El presidente Hugo Chávez buscó la transformación del sector energético a través de las 
restricciones a las empresas petroleras sobre el hidrocarburo, sin dejar de realizar tratos con ellas, 
pero estableciendo una tributación al gobierno lo más benéfica posible para las finanzas públicas. 
No obstante, la autonomía con la que fue diseñada PDVSA sólo sirvió para seguir dando entrada a 
las empresas trasnacionales desde los años 90 y con más garantías, para que no se revirtieran los 
contratos, aunque estos fuesen nocivos para la economía nacional (Monaldi, 2010). Algo con lo que 
la política de Hugo Chávez tuvo que lidiar y esperar para que la cancelación de los contratos no 
resultara en altos costos para las finanzas públicas (Monaldi, 2010). 
El proceso previo a la política de Hugo Chávez es conocido como el de “apertura petrolera” 
desarrollado de 1992 a 1999 (Rodríguez, 2005); el cual se caracterizó por un aumento sustancial en 
la inversión privada. Este proceso tuvo como uno de sus acicates el sometimiento financiero 
estadounidense a PDVSA y a Venezuela en general; pues los 35 mil millones de dólares que el país 
andino tenía de deuda con EE. UU., se convertía en un pago del servicio que se llevaba el 80% de la 
renta petrolera y que provocaba también el endeudamiento de PDVSA (Rodríguez, 2005). 
En este proceso de reprivatización del sector petrolero y privatización de PDVSA, algunas de las 
empresas trasnacionales participantes fueron: OXY (EE. UU.), Pennzoil (EE. UU.), Chevron (EE. UU.), 
Benton Oil and Gas Company (EE. UU.), ExxonMobil (EE. UU.), Phillips Petroleum Company (EE. UU.), 
BP (Inglaterra), Veba Oel (Alemania), Repsol (España), TotalFinaElf (Francia), Teikoku (Japón), Pan 
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Canadian (Canadá) Astra (Argentina). Además de las concesiones dadas a la empresa estatal china 
China National Petroleum Corporation (CNPC) (Rodríguez, 2005). También deben destacarse los 
capitales locales como: Vepica, Petrolago, Otepi (Rodríguez, 2005); estos fueron parte de los 
participantes que, coludidos con los privados dentro del sector público, justificaron e impulsaron las 
asociaciones privadas de PDVSA. 
En los 90 , las figuras bajo las que participó la industria privada transnacional en el sector energético 
venezolano fueron “Convenios Operativos” “Convenios de Asociación” o “Asociaciones 
estratégicas” (Rodríguez, 2005); bajo la justificación que los proyectos llevados a cabo 
(principalmente en la Faja del Orinoco) representaban complejidades técnicas, altas exigencias 
tecnológicas e inmensas inversiones, así como la falta de infraestructura por parte de PDVSA y nulo 
interés en la zona (Giusti en Rodríguez, 2005). 
El resultado para el país fue que cada convenio o asociación significó mayores cargas impositivas a 
PDVSA respecto a las empresas privadas; pérdida de decisión de la industria estatal respecto a los 
recortes de producción; operación de las empresas privadas en los yacimientos más productivos; 
participación menor del gobierno en las ganancias; pérdida de competencia jurídica de Venezuela 
en conflictos con las petroleras y sanciones por cambios legislativos que afecten a las trasnacionales, 
todo arbitrado internacionalmente (Rodríguez, 2005). 
Todo el andamiaje legal, benéfico parael capital privado internacional, para los empresarios locales, 
así como, para los empresarios-funcionarios dentro de PDVSA y del gobierno, derivado de la 
reprivatización del sector petrolero venezolano y de la privatización a PDVSA, fue a lo que se 
enfrentó la política nacionalista de Hugo Chávez. El presidente Chávez, ante los candados jurídicos 
y posibles sanciones económicas no pudo nacionalizar el sector energético de manera inmediata a 
su llegada a la presidencia, tuvo que esperar a 2005 para cambiar las condiciones de los contratos 
lesivos para Venezuela y comenzar la nacionalización del sector petrolero y energético (Monaldi, 
2010). Lo que Hugo Chávez sí pudo hacer desde los primeros años de su gobierno fue comenzar con 
cambios de la burocracia enriquecida por su funcionalidad a las transnacionales, enquistada en 
PDVSA. 
El gobierno encabezado por Hugo Chávez comenzó por limitar la autonomía excesiva de PDVSA, 
autonomía que la hizo actuar como empresa privada con capital público, realizando todo tipo de 
asociaciones y convenios que sólo trajeron ganancias a los capitales internacionales a partir de la 
explotación de los recursos energéticos venezolanos. En abril de 2002, Hugo Chávez decide cambiar 
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a los ejecutivos de PDVSA para que el gobierno tome el control político de la compañía; gerentes y 
trabajadores de la empresa en resistencia al cambio inician un paro de labores (CNDH, s/f; Lander, 
2004). Los instigadores convierten el paro en una “huelga general indefinida” la cual es convocada 
por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) (López, 2002); central sindical que 
mantenía el monopolio de la representación de los trabajadores venezolanos, entre otros aspectos, 
por su relación privilegiada con los gobiernos y grupos económicos en el poder (Iranzo, 2018). Esta 
acción es respaldada por la asociación empresarial Federación Venezolana de Cámaras de Comercio 
y Producción (Fedecámaras). 
La CTV y los ex ejecutivos de PDVSA usaron la huelga para intentar dar un golpe de Estado al 
presidente Chávez y en este objetivo tuvieron apoyo de la oligarquía local representada en la 
Fedecámaras; así como de las empresas y el gobierno estadounidenses, pues otra de las 
organizaciones instigadoras del golpe fue el Centro de Divulgación de Conocimiento Económico, 
asociación civil fundada en 1984 defensora de “la libertad individual, la iniciativa privada…el 
gobierno limitado y la paz” (CEDICE LIBERTAD, s/f). Esta organización junto con la CTV está 
patrocinada por el National Endowment for Democracy (NED), organización financiada por el 
congreso de EE. UU. La NED también financia la CTV y cuadruplicó los recursos para las dos 
organizaciones venezolanas en el año previo al golpe, cuando los golpistas iniciaron las maniobras 
desestabilizadoras en Venezuela (Lander, 2002). 
Quienes encabezaron la huelga convocaron a una marcha el 11 de abril en Caracas, que culminó en 
el edificio de PDVSA en Chuao. Ahí los convocantes llaman a “sacar a Chávez” y dirigen a las personas 
a la sede presidencial en el Palacio de Miraflores (López, 2002). Estos llamados desembocan en 
disturbios y enfrentamientos en la ciudad de Caracas entre quienes instigan a un golpe de Estado 
contra Hugo Chávez y quienes respaldan al gobierno. Una cúpula del ejército se suma al golpe, 
traslada al presidente Chávez hacia la instalación militar Fuerte Tiuna y anuncian su supuesta 
renuncia (López, 2002). La función, entre otras, de este golpe de Estado era colocar a un presidente 
afín a la política energética estadounidense, reiniciar la privatización del sector energético, pero 
principalmente al petrolero; así como dividir a la OPEP para permitir que sean las compañías 
petroleras las que fijen los precios del hidrocarburo y no los gobiernos de países productores. 
Después del golpe de Estado, los representantes de las transnacionales y las oligarquías locales no 
cejaron en su intento por desestabilizar al gobierno del presidente Chávez. Y organizaron en 
diciembre de 2002 el llamado “paro cívico”, el cual estuvo nuevamente centrado en derrocar al 
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presidente Hugo Chávez y sabotear el sector productivo básico de Venezuela: el petrolero. Las 
cúpulas empresariales a través de algunos trabajadores bloquearon la entrada y salida de buques 
petroleros fondeando un barco en el lago Maracaibo; detuvieron a 12 buques cargueros más; 
cerraron dos centros de refinación para frustrar el abasto de gasolina; impidieron la carga de pipas 
en las plantas; los medios privados difundieron el llamado a “derrocar al presidente Chávez”, al 
mismo tiempo anunciaron que EE. UU. planteaba adelantar las elecciones en Venezuela (CIIP, s/f). 
Estas maniobras fueron sofocadas por movilizaciones populares y el mismo gobierno, quien retomó 
el control de la industria en febrero de 2003 (CIIP, s/f). 
El golpe de Estado contra Hugo Chávez y el sabotaje a la industria petrolera en 2002 marcarían el 
inicio de la política de la hegemonía norteamericana para bloquear e impedir todas las medidas 
energéticas del gobierno de Hugo Chávez. Medidas que, le impiden tener el control de los 
energéticos venezolanos y que le reducen el abasto de menor costo a EE. UU., dada la proximidad 
geográfica de Venezuela. Esa política de bloqueo, sumada a los intentos estadounidenses de 
aislamiento mundial de la nación andina, continúan hasta la actualidad, pues quien sucediera en la 
presidencia a Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, sigue la misma línea en el ámbito 
energético, desde luego, basado en el político, económico y social. 
Posterior al golpe de Estado y a los ataques a la industria petrolera, así como a la restitución 
institucional, el presidente Chávez nacionalizó la exploración y producción de crudo en 2006; no 
obstante, no rompió completamente con las empresas privadas transnacionales, sino que cambió 
los términos de los contratos, estableciendo una participación mínima del 60% en las ganancias a 
PDVSA (Escribano, 2013). Al contrario de lo sostenido por la posición teórica empresarial respecto 
a los “costos reputacionales” (Monaldi, 2010), lo cual supuestamente reduce los deseos de inversión 
de las empresas en algunos países, debido a sus políticas estatistas y nacionalistas; empresas como 
Repsol y ENI aceptaron contratos de extracción de gas y petróleo pesado con el 60% de participación 
de ganancias de PDVSA; en el caso de yacimientos de gas, dio participación especial a las 
transnacionales, pero con una reserva a dar mayoría de ganancia a PDVSA en caso de que los 
yacimientos resultasen económicamente viables (Escribano, 2013). 
Todos estos tratos de ganancia mayoritaria fueron transferidos hacia la población venezolana a 
través de subsidios. En el caso del barril de petróleo, el gobierno venezolano tuvo la capacidad de 
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ofrecerlo en el mercado interno a menos de 8 dólares por unidad en 20107, así como subsidiar 
productos de consumo popular provenientes del sector energético y que redundan en los costos de 
la mayoría de los productos de consumo básico, tal es el caso de la gasolina (Monaldi, 2010). 
Las trasnacionales y sus oligarquías locales— que se han dedicado a desestabilizar económica y 
políticamente a la sociedad venezolana— aunado al bloqueo económico impuesto unilateralmente 
por parte de EE. UU. han obstaculizado el desarrollo de la industria petrolera venezolana. Una de 
las consecuencias más relevantes ha sido la caída en la producción de petróleo, la cual pasó de estar 
en 1’240’876 barriles de petróleo diarios, en agosto de 2017, a 680’000, en diciembre de 2019, lo 
que representa una caída de 54.8% (Cardozo, 2022). Este es uno de los graves problemas en el sector 
energéticoque enfrenta Venezuela actualmente y que no le favorece en las negociaciones 
internacionales, a pesar de tener grandes reservas de petróleo. 
Se puede observar que, a pesar del lugar de Venezuela en reservas de petróleo a nivel mundial, 
donde ostenta el primero; la producción del energético ―dado todo el impedimento y ataques al 
sector― se ha reducido significativamente pasando de 3’095’000 barriles diarios en 1999 a 654’000 
barriles en 2021 (bp, 2022), una caída del 78.87% en la producción durante el periodo de las políticas 
de la Revolución Bolivariana colocándola en el lugar número 13 a nivel mundial (World Energy Trade, 
2022). 
A pesar de todo el manejo mediático comandado desde EE. UU., la caída en la inversión no es 
resultado de la base de la política económica venezolana o porque este sea un factor que la 
ahuyenta; como muestra de eso, está la permanencia de empresas como Chevron en Venezuela 
desde la llegada de Hugo Chávez, así como el aumento de las relaciones comerciales con países de 
la zona de Eurasia como China y Rusia. Acuerdos que también se han visto afectados por las 
sanciones estadounidenses. 
Otro de los problemas energéticos de Venezuela, a pesar de sus grandes reservas de petróleo, es 
respecto al gas natural donde ocupa el octavo lugar mundial (González, 2021) en reservas con 221 
millones de millones de pies cúbicos (bp, 2022). Dicho energético —que durante un tiempo quedó 
sujeto a la cuota y recortes de producción de petróleo puesta por la OPEP—ahora se enfrenta a la 
caída de la producción petrolera, pues la producción del gas venezolano (específicamente el 
propano) depende en un 90% de la producción petrolera (González, 2021); debido a sus 
 
7 En enero de ese año el precio de la OPEP por barril era de 76.01 dólares (Expansión/Datosmacro, 2010) 
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características físicas y geológicas este tiene que producirse a la par del petróleo pues se extraen en 
conjunto (lo que es conocido como gas asociado). El otro tipo de gas, metano, se encuentra de 
manera “libre” en el subsuelo para su extracción, pero el problema es que este gas requiere de una 
distribución directa a través de gasoductos, los cuales se encuentran muy limitados tanto para el 
uso doméstico como el industrial en Venezuela (Alvarado en HumVenezuela, 2021). 
Estos problemas han traído como consecuencia el uso de otros combustibles a nivel doméstico 
como la leña, en los hogares donde no cuentan con energía eléctrica y por lo tanto no pueden utilizar 
estufas eléctricas; por un lado, la distribución de tanques de gas propano es insuficiente dada la 
caída de producción petrolera, trayendo como consecuencia la caída de extracción de gas propano 
asociado. Por otro lado, la distribución de gas metano no cuenta con suficientes gasoductos para 
abastecer a una parte del país, lo que trae como consecuencia que sólo el 7% de los consumidores 
puedan utilizar este tipo de gas (Alvarado en HumVenezuela, 2021). 
No se debe soslayar el hecho de que el gobierno venezolano está distribuyendo el gas bajo una 
planificación de necesidades nacionales y no centrado únicamente en las necesidades del mercado. 
También se deben considerar los problemas que existen en el sector energético desde 2003, 
posterior al sabotaje del sistema petrolero. Después del llamado a impedir el funcionamiento del 
sistema energético, respaldado por EE. UU., PDVSA tuvo que prescindir de más de 18’000 
trabajadores de la energía, los cuales han servido en reiteradas ocasiones a la destrucción 
deliberada y actos premeditados de mal funcionamiento del sistema petrolero y gasífero de 
Venezuela. Desde 2005 (dos años después del sabotaje petrolero), PDVSA denunció sabotajes a su 
sistema energético como la fuga de gas y petróleo por la apertura de una válvula maestra en un 
pozo inactivo en el estado de Zulia (LMTENESPANOL, 2005). 
Otras de las maniobras para no permitir el funcionamiento pleno del sector energético y gasífero de 
Venezuela se dio en 2015, en el Centro Operativo el Tejero, en el estado de Monagas, cuando 
irrumpió un comando armado sometiendo a los operadores, provocando desborde de crudo y gas, 
lo cual tenía pretensiones de afectar el sistema eléctrico (DW, 2015). El objetivo de estos actos es 
demostrar ineficiencia del gobierno en el manejo de la red eléctrica, para así justificar los intentos 
de privatización y la entrega del control del sistema eléctrico a empresas extranjeras 
transnacionales. 
En 2017 detienen a Eulogio del Pino y Nelson Martínez, máximos responsables de PDVSA, después 
de detener a otros 16 responsables de gerencia en la empresa estatal, esto debido al 
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involucramiento en una trama de intervención para lograr paralizar procesos operativos (Bussines 
& Human Rights Resource Centre, 2017). Lo anterior es resultado de la presencia de operadores de 
la iniciativa privada y las transnacionales dentro de PDVSA, los cuales requieren del deterioro 
gradual y sostenido de la empresa para dar paso a los “rescates” realizados por organismos 
financieros internacionales como el FMI, por bancos o por otras empresas petroleras privadas 
transnacionales; quienes pretenden adquirir el control financiero de PDVSA y al mismo tiempo el 
del petróleo venezolano. 
Todas estas acciones deliberadas para no permitir el desarrollo de la industria energética, dañando 
a la provisión de petróleo, gas y electricidad, han tenido una repercusión en las ventajas geopolíticas 
de Venezuela; pues no le permiten el desarrollo pleno de su sector energético, pero tampoco 
entablar asociaciones o planes de desarrollo internacionales con otros gobiernos y empresas, los 
cuales también se asocian buscando obtener beneficio. El sabotaje constante, no sólo impide a 
Venezuela usar la ventaja geopolítica que le da el tener tanto petróleo y gas, sino que impide su 
integración con países de las regiones a las que pertenece Venezuela (América Latina, Sudamérica, 
Los Andes o el Caribe) o con potencias emergentes como China, Rusia e Irán; además de impedir 
proporcionar derechos sociales básicos a su población. 
Energías renovables e integración energética en el Caribe 
La alta dependencia del petróleo tanto de Venezuela como del Caribe, principalmente promovida 
por EE. UU., al especializar a la región como abastecedora y refinadora de crudo, ahora se torna en 
un enemigo a combatir desde el Banco Mundial (BM), organismo financiero internacional que 
plantea planes de ajuste y modificaciones de políticas locales para la liberalización de los mercados 
y privatización de las industrias eléctricas y recursos energéticos. El BM desde 2015 inició una 
campaña en el Caribe para impulsar las energías limpias y mover la matriz energética hacia una 
mayor participación de la energía solar, geotérmica, marina y de biomasa (Banco Mundial, 2015). 
Uno de los mayores obstáculos señalados por el BM son las políticas y marcos regulatorios 
nacionales para invertir en las energías limpias y renovables (Banco Mundial, 2015b). Desde su 
posición de asesor e inversor, el BM financió desde 2015 el cambio hacia las energías verdes en el 
Caribe, ese financiamiento, además de provenir del banco, tiene su origen en “donantes” 
conseguidos por el propio BM, para proponer cambios regulatorios y aprovechar el potencial 
energético verde que tiene el Caribe (Banco Mundial, 2015). Esto significó la apertura de los recursos 
y la industria eléctrica a las transnacionales privadas de la energía, poniendo a los países del Caribe 
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insular en una situación de dependencia, en la cual cede el control tanto de sus recursos energéticos 
como de su posición estratégica en las rutas de abastecimiento de estos. 
Ante ese panorama, Venezuela, siguiendola política de integración energética regional propuesta 
por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro, ha servido como contrapeso a EE. UU. en los 
países del Caribe. La línea de integración venezolana ha sido aprovechar el recurso que tiene en 
abundancia en su territorio para apoyar a las naciones caribeñas a través de la creación de 
Petrocaribe, una institución regional que sigue vigente y mediante la cual se procura el 
abastecimiento del energético a las naciones de la región, especialmente las del arco insular, a 
través de precios preferenciales. Esto ha significado una afrenta para el avance estadounidense y la 
pérdida de control sobre las rutas energéticas del Mar Caribe; ante esto, EE. UU. ha respondido con 
la condena al gobierno venezolano como centralista y antidemocrático, calificándolo como un 
peligro para su seguridad nacional e intentando aislarlo, política y comercialmente de todas las 
regiones a las que geográficamente pertenece. 
 
La política de integración energética de Venezuela con otros países y regiones 
Lo realizado por Venezuela en el Caribe en términos de integración energética es parte de su política 
regional. Venezuela bajo la concepción de que no hay una nación en el mundo que pueda 
mantenerse aislada de los recursos o capacidades de otras naciones, junto con su política de 
determinación sobre su sector energético, ha buscado la integración con diversos países para 
mantener relaciones de intercambio, a través de las materias energéticas como el petróleo, pero 
también de productos industrializados, intentando que no permee la asimetría en dichas relaciones 
aunque sean establecidas entre países con un desarrollo desigual en su industria, infraestructura y 
tecnología. 
China 
Venezuela ha buscado alianzas e integración energética tanto con países de la región sudamericana, 
como con los de Latinoamérica y el Caribe, así también, con naciones de Asia y Europa, con cada 
una de ellas ha generado diversos tratados energéticos los cuales han sido diferenciados en su 
destino, algunos han podido concretarse y otros no. Sin embargo, han servido de base y ejemplo 
para plantear integración energética dejando fuera al control de la potencia estadounidense. 
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Los teóricos empresariales como Monaldi (2010) sostienen que a potencias emergentes como China 
les interesa sustituir a las empresas multinacionales estadounidenses o europeas en países con 
conflictos, o que han cambiado los términos de sus contratos para priorizar a las empresas estatales; 
según este autor las empresas chinas mantienen ese interés a pesar de lo que llaman “costos de 
imagen” por realizar asociaciones y tratados con países que han sido aislados (“renegados” en 
palabras de Monaldi) del sistema de negociaciones de las potencias (“sistema internacional” según 
Monaldi). Monaldi (2010) supone que las empresas chinas al ser de propiedad mixta están más 
respaldadas por su gobierno, el cual puede ejercer mayor presión hacia los gobiernos de los países 
exportadores de petróleo con los que realicen contratos. 
La postura empresarial afirma que, por parte de los países con un sector energético nacionalizado, 
las ventajas de realizar tratos con potencias emergentes como China son reducir los que Monaldi 
llama “costos reputacionales” ―los cuales son la disminución de posibilidades que enfrentan las 
naciones para realizar tratados con distintos países dada la reputación de “incumplidos” en sus 
acuerdos energéticos―, a través del apoyo de empresas estatales o mixtas en forma de cooperación 
internacional y créditos (Monaldi, 2010). Desde esta perspectiva, el control de la industria 
energética por parte de los gobiernos implica el rehúso a condiciones previamente acordadas entre 
estos y las transnacionales. 
Lo que sucede con la perspectiva empresarial es que asume a las empresas y los gobiernos, como si 
estos fuesen también empresas privadas y no obedecieran a otro tipo de prioridades, además de la 
ganancia como tal, lo cual es erróneo; en tanto los gobiernos deben utilizar las rentas obtenidas del 
gran negocio petrolífero para distribuirlas entre la inversión en las empresas, pero también en las 
necesidades sociales, es decir, programas de atención a la población, provisión de servicios, gastos 
de gobierno, etc. La cuestión con las empresas mixtas chinas, desde otra interpretación de lo 
afirmado por Monaldi (2010), es que estas al ofrecer créditos y cooperación internacional no 
subordinan a la industria nacional, en este caso la venezolana. 
Venezuela ha buscado integración con China a partir de diversos proyectos, los cuales sumaron de 
1999 a 2015 la cantidad de 68’000 millones de dólares es la inversión de mayor magnitud que el 
país asiático ha hecho en una nación del mundo; la inversión varía entre “préstamos, proyectos de 
infraestructura, donaciones e inversiones directas” (Ocando, 2020). 
La información encontrada sobre los proyectos de China en Venezuela ha sido elaborada por 
miembros de la Asamblea Nacional y medios de comunicación privados, los cuales analizan los 
Dirección de Inteligencia Energética-Subdirección de Investigación | 21 
 
proyectos relacionados con empresas chinas como la CAMC Engineering, incluida en 13 acuerdos 
con Venezuela, entre los cuales destacan los de desarrollo de electricidad. En estos acuerdos, según 
los reportes que citan al Ministerio de Energía, se presentaron atrasos (Ocando, 2020). La mayoría 
de las fuentes que evalúan los resultados de la inversión china en Venezuela son del Banco Mundial 
(BM), o asociaciones como Transparencia Venezuela la cual tiene alianza regional con la 
Organización de Estados Americanos (OEA) (Alianza Regional, 2019), brazo desestabilizador de EE. 
UU. en Sudamérica. 
El que las evaluaciones respecto a las alianzas comerciales y energéticas entre China y Venezuela 
sean de organismos internacionales como la OEA o el BM, las convierte en una herramienta de 
aislamiento geopolítico hacia Venezuela; pues estos son organismos formados en el marco de la 
segunda guerra mundial o inmediatamente posterior a esta (BM fue creado en 1944 y la OEA en 
1949, la segunda guerra mundial terminó en 1945); se crearon con el objetivo de subordinar a las 
naciones que requerían préstamos o liquidez financiera y a través de ese mecanismo subordinarlas 
a las necesidades de EE. UU., también para evitar que países de América Latina realizaran alianzas 
con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), país que, en los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial tuvo la capacidad de disputarle la hegemonía a EE. UU. En la actualidad, 
aunque ya no existe la URSS, la OEA y BM siguen teniendo la misma función, sólo que ahora buscan 
frustrar el ascenso de China como hegemonía. 
A pesar de la propaganda, el gobierno chino y venezolano suscribieron 500 acuerdos entre 2001 y 
2018; de los cuales 104 versan alrededor del sector de hidrocarburos, 13 en minería y 7 en el sector 
eléctrico (Cardozo, 2022). Y en 2022 las dos naciones ratificaron su compromiso de cooperación, 
donde Venezuela ha reconocido el apoyo de China en organismos multilaterales para enfrentar las 
sanciones impuestas por EE. UU. 
China requiere de las alianzas dadas sus necesidades energéticas, las cuales en 2021 rondaron los 
15 millones 442 mil barriles diarios en consumo de petróleo y 378 millones de millones 700 mil 
millones de pies cúbicos de gas; para enfrentar dicho consumo cuenta con una producción de 3 
millones 994 mil barriles diarios de petróleo y 209 millones de millones 200 mil millones de pies 
cúbicos de gas (BP, 2022); es decir, la construcción de alianzas energéticas con países que tengan 
disponibilidad de petróleo forma parte de sus necesidades vitales, para lo cual América Latina se 
convierte en una opción y Venezuela uno de los países por donde ha podido entrara la región. 
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De lo descrito por PDVSA de manera oficial respecto a sus acuerdos con China, es destacable que 
los anuncios de cooperación energética―sobre todo en términos petroleros― giran en torno al 
desarrollo de diversos campos de manera conjunta, así como la capacitación de técnicos y personal 
venezolanos en el uso de tecnología como los taladros de perforación para la extracción de crudo 
(PDVSA, 2006). Este acuerdo incluye la venta de tecnología por parte de la nación con mayor 
desarrollo, que en este caso es China. Es decir, hay una transmisión de técnica y tecnología. Destaca 
también que las empresas chinas como SINOPEC suscriben las condiciones puestas por el gobierno 
venezolano para el desarrollo de campos petroleros como el de Poso (PDVSA, 2006). 
Lo que se puede observar es que a diferencia de EE. UU., China se ciñe a las condiciones puestas por 
el gobierno con el que va a trabajar, además, promueve un desarrollo de las capacidades tanto del 
personal como de la tecnología para futuras necesidades y descubrimiento de yacimientos. un 
cambio cualitativo está en la suscripción de las condiciones puestas por los gobiernos, quienes 
definen el tiempo de los contratos, así como la estancia en el territorio nacional. Logrando así evitar 
la perpetuidad o indefinición de una nación y sus empresas usufructuando recursos energéticos 
locales. 
Rusia 
En 2010, Rusia y Venezuela decidieron crear una empresa mixta entre PDVSA y un consorcio de 
empresas rusas para explotar el campo Junín6 en la Faja del Orinoco (Reuters, 2010), con 
perspectiva de ampliarlo a la explotación de otros tres campos más en la misma faja. Cabe destacar 
que, de este acuerdo conjunto, la participación de ganancias sería 60%-40% siendo que la parte 
mayoritaria correspondería a Venezuela. Además de los acuerdos existentes en materia petrolera, 
Rusia y Venezuela han acordado en la historia de sus relaciones, la explotación de gas en el mar 
venezolano por parte de la empresa estatal rusa Gazprom. Así también, ha existido importante 
cooperación militar desde la venta de armas, incluidos tanques antiaéreos, hasta ensayos militares 
del ejército ruso en territorio venezolano con aviones bombarderos de largo alcance (Reuters, 
2010). 
Estas relaciones entre Rusia y Venezuela fueron ratificadas en octubre de 2022, en la “Semana de la 
energía” celebrada en Rusia, donde el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de 
la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, estrechó y reafirmó los lazos con su homólogo 
Serguéi Lavrov (Castillo, 2022). Posterior a ese encuentro se dio en Venezuela, en el mes de 
diciembre, la XVI Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, 
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celebrada en Venezuela. La cual sirvió fundamentalmente para que Venezuela respaldara a Rusia 
en el conflicto que se desarrolla en Ucrania y alzar la crítica a la acusación respecto a que los 
problemas del mundo se viven por la guerra en la región entre Eurasia y Europa (Trejo, 2022); y en 
realidad es por la imposición que EE. UU. busca hacer a todas las naciones del mundo para que 
respondan a sus necesidades. Esta reunión sirvió para resaltar los 300 proyectos de cooperación 
existentes entre Rusia y Venezuela. 
Con los posicionamientos y las ratificaciones de la cooperación entre Rusia y Venezuela, para EE. 
UU. el territorio venezolano, no se convierte sólo en un lugar a controlar, sino un punto de peligro 
desde el cual sus adversarios podrían cortarle suministro de petróleo y diseñar ataques en caso de 
un conflicto de mayor magnitud; lo cual se traduce en la política de aislamiento, bloqueo y sabotaje 
del sistema energético venezolano que ya ha sido descrita. 
Irán 
Además de Rusia y China como inversoras importantes en América Latina, en la ecuación de 
Venezuela se aumenta una nación de Medio Oriente: Irán. Esto enriquece sus relaciones y 
posibilidades energéticas, tanto en términos del abasto como en el de exportación, así como 
acuerdos para establecer condiciones en las negociaciones con otros países. 
Una integración entre Irán y Venezuela significa en términos de las necesidades de los capitales de 
EE. UU. un ataque y amenaza a su desarrollo; esa integración es un hecho en la actualidad, pues Irán 
y Venezuela tienen la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, la cual celebró en octubre de 
2022 su novena reunión (Naghipour, 2022). Entre los acuerdos se encuentran los de tipo energético, 
uno de los cuales es una alianza para el mejoramiento del sistema eléctrico venezolano (Naghipour, 
2022), la cual consiste en la transferencia de tecnología y conocimientos para enfrentar el constante 
ataque a dicho sistema (Swissinfo, 2022). 
Las alianzas se dan a nivel energético, y en el caso de Irán-Venezuela, específicamente en el de la 
electricidad, por el peso que la energía eléctrica tiene en la actividad humana actual, habilitadora 
de una serie de acciones sin las cuales la vida no se puede llevar a cabo, convirtiéndola en un derecho 
humano; por eso los intentos de desestabilización a Venezuela se enfocan en esa área, porque es 
donde prácticamente se afecta la posibilidad de resolver las necesidades de las personas y se espera 
que la población se levante contra su gobierno dada la desesperación que se provoca. 
Sudamérica 
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A nivel Sudamérica, desde la llegada del presidente Chávez en 1999, Venezuela comenzó el 
acercamiento con las naciones con las que comparte frontera, volteando en primer lugar hacia el 
Mar Caribe, integrándose con Cuba reduciendo el bloqueo al que la tiene sometida EE. UU. desde 
1962. Lo que el presidente Chávez hizo desde octubre del año 2000, fue firmar un Convenio Integral 
de Cooperación, el cual contemplaba el intercambio de mercancías, así como envío de apoyo de 
personal entre ambas naciones. Resultando en materia energética la colocación de 57’000 barriles 
de petróleo en Cuba en 27 dólares por barril, incluyendo el transporte (Romero, 2009), cuando el 
precio a nivel mundial se encontraba en 31.4 dólares en aquel momento sin tomar en cuenta el 
transporte. Esta integración, en lugar de establecer condiciones de pago o créditos que endeudarían 
a las naciones, se suscribió en términos de otras formas de intercambio; pues en compensación 
Cuba recibió a ciudadanos venezolanos para que tuvieran atención médica en la isla y también envió 
personal médico a Venezuela (Romero, 2009). 
De esta integración con Cuba derivó el bloque regional en 2004 Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA), el cual incluyó en un principio a las repúblicas de Venezuela, Cuba, Bolivia y 
Nicaragua, naciones con las cuales Venezuela firmó un tratado energético. El cual posteriormente 
incluyó a Honduras. Actualmente incluye a 9 naciones en total, en la conformación del bloque ya no 
se encuentra Honduras, nación que salió debido a un golpe de Estado respaldado por EE. UU. dado 
en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya; de las naciones que se agregaron después se 
encuentran: Mancomunidad de Dominica; Antigua y Barbuda; San Vicente y las Granadinas; 
Granada; y Federación San Cristóbal y Nieves (ALBA-TCP, s/f). 
Una de las primeras premisas del tratado energético del ALBA es considerar a la energía como un 
derecho de los pueblos y no como una mercancía o un servicio, por lo tanto, todas las acciones irán 
encaminadas en garantizar el suministro energético en cada nación del ALBA. Por otro lado, el 
bloque reivindica evitar el despilfarro de los energéticos, propio de las dinámicas económicas del 
capitalismo (ALBA-TCP, 2006). Venezuela hace uso de su principal recurso energético para fortalecer 
la integración de los países del ALBAy asigna un bloque denominado Bloque del ALBA, el cual está 
ubicado en la Franja del Orinoco y cada nación tendría una participación proporcional para 
garantizar el suministro de petróleo durante 25 años (ALBA-TCP, 2006). Así también, se establecería 
cooperación para los países que requieran aumentar su capacidad de refinación. 
En materia gasífera, el tratado contemplaba la creación de empresas estatales mixtas para la 
explotación de este energético, con el fin de irlo incluyendo en las matrices energéticas de las 
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naciones; además de la construcción conjunta de infraestructura, como plantas de licuefacción para 
el aprovechamiento del gas, así como la construcción de plantas para utilizar el hidrocarburo en la 
producción de petroquímicos, fertilizantes e insumos de la cadena productiva del plástico (ALBA-
TCP, 2006). 
Para el sector eléctrico la integración estaba basada en la sustitución de los combustibles líquidos, 
promoviendo el uso de energía termoeléctrica basada en gas, ciclo combinado e hidroeléctrica; otra 
preocupación es la disminución de las pérdidas derivadas de los picos de consumo, por lo tanto, los 
países debían tener las energías emergentes o de utilización secundaria en caso de que una dejase 
de abastecer al sistema eléctrico (ALBA-TCP, 2006). 
Este tratado es ejemplo de la perspectiva de integración de Venezuela a partir de 1999 y el giro en 
los principios en los que basa el intercambio energético con otros países, el cual está basado en la 
existencia de recursos en abundancia y las carencias, tanto de recursos como de infraestructura y 
tecnología para poderlos explotar, con la que cuenta cada nación; para que de esa manera en la 
suscripción de los acuerdos se pueda calcular qué es lo que requieren los países y lo que a cambio 
estos pueden aportar. Cabe señalar, que posterior al acuerdo energético del ALBA—el cual en la 
actualidad no se lleva a cabo—, se creó bajo los mismos principios y la misma perspectiva 
Petrocaribe, la cual incluye a las naciones del ALBA pertenecientes al Caribe y fue relanzada en el 
2020, promoviendo la integración a partir de tratados preferenciales a las naciones dentro de la 
alianza (Banco del ALBA, 2020). 
Todas estas estrategias de integración se han considerado como un ataque al control 
estadounidense sobre diversas regiones, sin embargo, no deja de ser la nación hegemónica, la cual 
ha limitado el desarrollo de las naciones con bloqueos, sanciones y sabotajes, como se ha visto con 
Venezuela, la cual no logra remontar su producción petrolera ni afianzar su mercado del gas y 
además busca inversiones en su sector energético para lograr su abastecimiento interno. 
 
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