Bases_de_datos_de_ADN_MBaeta-Jarreta_

Vista previa del material en texto

Informe / Report 
 
Situación actual de las bases de datos de ADN en el 
ámbito forense: Nuevos avances, nuevas 
necesidades jurídicas 
 
Míriam Baeta 
Laboratorio de Medicina Forense. Universidad de Zaragoza (Zaragoza, España) 
 
Begoña Martínez-Jarreta 
Laboratorio de Medicina Forense. Universidad de Zaragoza (Zaragoza, España) 
 
Sumario / Summary: 1. Introducción 2. Bases de datos de ADN 3. Marcadores genéticos 4. 
Controversia: ventajas e inconvenientes 5. Normativa: sistema español 5.1. Tipo de delitos 
incluidos 5.2. Tipos de identificadores obtenidos a partir de ADN incluidos 5.3. Laboratorios 
acreditados 5.4. Remisión de los datos 5.5. Uso y cesión de los datos contenidos en la base de 
datos 5.6. Nivel de seguridad aplicable 5.7. Cancelación, rectificación y acceso a los datos 5.8. 
Modelo adoptado y perspectivas 5.9 Valoración de la nueva ley 6. Conclusión 
 
Resumen / Abstract: Una de las cuestiones más polémicas en relación con el uso del ácido 
desoxirribonucleico (ADN) en el ámbito penal se refiere a la creación de bases de datos de ADN. 
Hasta hace relativamente poco tiempo, España carecía de una ley que amparara el 
establecimiento de un banco nacional de perfiles de ADN con fines forenses, y que preservara 
los derechos fundamentales de los individuos cuyos datos son archivados. La ley reguladora de 
la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, aprobada en 2007, 
cubre este vacío de la legislación española y responde a la incesante necesidad de adaptar las 
leyes a los continuos avances científicos y tecnológicos. 
 
One of the most polemic issues regarding the use of deoxyribonucleic acid (DNA) in the legal 
sphere, refers to the creation of DNA databases. Until relatively recently, Spain did not have a law 
to support the establishment of a national DNA profile bank for forensic purposes, and preserve 
the fundamental rights of subjects whose data are archived therein. The regulatory law of police 
databases regarding identifiers obtained from DNA approved in 2007, covers this void in the 
Spanish legislation and responds to the incessant need to adapt the laws to continuous scientific 
and technological progress. 
 
Palabras clave / Keywords: 
Base de datos de ADN / Medicina Forense / Legislación / Muestras biológicas 
 
DNA databases / Forensic / Legislation / Biological samples. 
 
1.Introducción 
 
Desde que en 1985 se utilizara por primera vez la prueba del ADN en la resolución de un 
caso forense en Inglaterra [1], la genética forense ha experimentado un espectacular avance 
científico y tecnológico, que la ha convertido en uno de los sistemas biométricos de identificación 
individual de mayor uso en el ámbito forense. Así, en la actualidad la prueba de ADN, también 
conocida como huella genética, constituye una herramienta imprescindible para la resolución de 
un amplísimo número de problemas judiciales relacionados con la identidad biológica, tanto en 
casuística forense como en paternidades biológicas [2, 3]. 
 
El ADN conforma el código genético de cada individuo, identificándonos como seres únicos 
e irrepetibles. Consecuentemente, no habrá dos personas con el mismo ADN (excepto en caso 
de gemelos univitelinos), por lo que la prueba de ADN posee un elevado poder de 
individualización. Esta particularidad permite relacionar a un sospechoso con la escena del 
crimen, partiendo de indicios tan pequeños como restos de saliva en una colilla, cabellos 
presentes en las ropas o células de la piel, hallados en el lugar del delito. 
 
La importancia de la prueba de ADN en el ámbito forense reside principalmente en dos 
factores: su potencial para esclarecer muchos casos que difícilmente serían resueltos mediante 
los métodos de investigación convencionales (como la dactiloscopia y la antropología), y la gran 
fiabilidad de sus resultados [4]. 
 
Día a día, se ha comprobado la eficacia de la prueba de ADN en la resolución de 
innumerables investigaciones forenses, tanto en la identificación de sospechosos como en la de 
víctimas y desaparecidos. En España, el uso del ADN cobró especial importancia a raíz de la 
conexión y resolución de dos crímenes con un gran impacto mediático, los asesinatos de Sonia 
Carabantes (en Octubre de 1999) y Rocío Wanninkhof (en Agosto de 2003). En estos casos 
también se puso en evidencia la utilidad de la colaboración transfronteriza en la persecución de 
delitos, así como la necesidad de los bancos de datos de perfiles de ADN de criminales para 
facilitar esa cooperación. 
 
Ahora bien, la validez de la prueba científica y, por consiguiente, la fiabilidad de los 
resultados, dependerá de la validez de los métodos utilizados, así como del cumplimiento de 
rigurosos controles de calidad a lo largo de todo el proceso de investigación. Por ello se ha 
hecho imprescindible la elaboración de protocolos que aseguren el correcto desarrollo de los 
procedimientos de recogida y remisión de evidencias, cadena de custodia, análisis en el 
laboratorio, valoración estadística y emisión del informe final [5-9]. También es fundamental 
disponer de una normativa que regule la creación y correcto funcionamiento de las bases de 
muestras y datos genéticos derivados de la práctica forense [10,11]. 
 
2. Bases de Datos de ADN 
 
Cuando hablamos de bancos o bases de datos de ADN nos referimos a archivos 
sistemáticos de datos genéticos o de muestras biológicas procedentes de ciertos grupos de 
población que se emplean en determinados circunstancias. Según su finalidad, pueden 
distinguirse bases de datos generales (de recién nacidos, investigación biomédica, etc.), de 
profesiones con riesgo (militares) o judiciales-forenses. 
 
 
 
 
 
En este artículo nos vamos a centrar en las bases de datos de ADN judiciales-forenses, es 
decir, en bancos de datos genéticos de significado forense o de muestras biológicas de casos 
judiciales o de desaparecidos y/o sus familiares, que pueden ser utilizados con fines de 
investigación criminal o bien en la búsqueda e identificación de desaparecidos. 
 
Las bases de datos de ADN más utilizadas en el ámbito forense son aquellas que se 
elaboran con fines de investigación criminal y que algunos autores han venido a denominar 
bases de datos ―inteligentes‖. Se trata de archivos que contienen, por un lado, perfiles de ADN 
obtenidos de individuos sospechosos o condenados en una causa penal, y por otro lado, perfiles 
de ADN anónimos obtenidos de vestigios biológicos encontrados en escenarios de delito. La 
búsqueda de posibles coincidencias entre los perfiles de estas bases de datos permitirá una 
primera identificación de la procedencia de los vestigios. 
Muchos países han desarrollado o están en vías de desarrollar este tipo de bancos de datos 
de ADN. A nivel europeo, existen bases de datos operativas en Gran Bretaña, Holanda, Austria, 
Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia, Grecia, Bélgica, Francia, y España, 
entre otros [12, 13]. Inglaterra fue el primer país del mundo en disponer de una base de datos de 
ADN (1995), y en la actualidad contiene casi 5 millones de perfiles genéticos registrados, siendo 
una de las bases de perfiles genéticos más grande del mundo [14], junto con la de E.E.U.U 
(CODIS, Combined DNA Identification System) [15]. 
Por otro lado, también se han creado bases de datos de ADN para la identificación de 
desaparecidos [16]. Estos archivos son de gran utilidad en conflictos bélicos o grandes 
catástrofes, ya que facilitan la identificación de restos mediante la comparación de su perfil 
genético con perfiles obtenidos de familiares o de muestras ante-mortem del propio individuo 
(por ejemplo de cepillos de dientes o peines). Estas bases se usaron con mucho éxito en la 
identificación de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva 
York [17] y del 11 de Marzo de 2004 en Madrid [18], entre otros casos.Además, los laboratorios forenses también disponen de bases de datos poblacionales de 
ADN que recogen los perfiles obtenidos del estudio de los polimorfismos genéticos 
habitualmente utilizados en genética forense (STRs autosómicos, STRs del cromosoma Y y 
ADN mitocondrial) en poblaciones de interés. Estas bases son de especial importancia en el 
ámbito forense ya que resultan indispensables para poder realizar la valoración estadística de la 
prueba del ADN. Esta necesidad ha dado lugar a un gran número de estudios genéticos de 
marcadores forenses en distintas poblaciones y/o grupos más representativos de cada país y/o 
región. 
 
3. Marcadores genéticos 
Idealmente todas las bases de datos de ADN nacionales deberían incluir los mismos 
marcadores genéticos para facilitar el intercambio de información genética a escala internacional. 
Por ello, la comunidad científica internacional está realizando importantes esfuerzos para 
establecer unas pautas comunes en cuanto a número y marcadores a incluir en las bases de 
datos nacionales [19-21]. A pesar de ello, si bien se ha alcanzado un cierto consenso todavía 
existen discrepancias derivadas de la gran variedad de marcadores y técnicas disponibles en los 
diferentes laboratorios de los distintos países. 
 
Actualmente los marcadores genéticos de elección son los denominados Short Tandem 
Repeats (STRs). Se trata de pequeñas regiones ADN (de 100-400 nucleótidos) compuestas por 
una secuencia de 2-7 bases que se repite en tándem un número variable de veces. Estos 
marcadores presentan una alta variabilidad en el número de repeticiones entre los individuos de 
una población, por lo que su determinación ofrecerá un elevado poder de discriminación 
individual. Como es de esperar, a mayor número de STRs analizados, mayor poder de 
discriminación se obtendrá. Por ello, el uso de kits forenses, como Identifiler (Applied 
Biosystems) o Powerplex® 16 (Promega Corporation), ha supuesto un gran avance en la 
identificación individual, ya que permite estudiar simultáneamente más de 15 STRs y el marcador 
de Amelogenina (determinación del sexo) en un único análisis. Además, la utilización de los 
mismos kits comerciales facilita la estandarización de la misma batería de marcadores genéticos 
[22]. 
El incremento del número de STRs incluidos en las bases de datos, así como la 
implementación de marcadores de menor tamaño como los miniSTRs [23], permitirán aumentar 
notablemente la información genética ya existente. De esta manera se mejorará el poder de 
discriminación del sistema, la sensibilidad en el análisis de pequeñas cantidades de ADN, y 
finalmente la solvencia y el rendimiento de los procedimientos de identificación en los que estos 
bancos se utilicen [24]. 
 
4. Controversia: ventajas e inconvenientes 
La gran repercusión mediática que ha tenido la creación de las bases de datos de ADN en 
el ámbito forense, ha dado paso a un interesante debate entre sus defensores y detractores [25]. 
Muchas han sido las opiniones que se han mostrado favorables a la creación de bases de 
datos de ADN con fines de investigación criminal. En primer lugar, se señala su gran utilidad a la 
hora de facilitar la resolución de delitos, tanto en la determinación de la autoría, como en la 
exculpación de inocentes injustamente implicados en los mismos. La comparación de un perfil 
genético ―anónimo‖ obtenido en una escena de un crimen con los perfiles genéticos presentes en 
las bases de datos de ADN, puede clarificar quien es el autor de dicho crimen, así como 
relacionar distintos crímenes con un mismo autor, algo que de otro modo sería extremadamente 
difícil. 
 
Erróneamente se puede pensar que las bases de datos, y la prueba de ADN en sí, 
únicamente favorecen a la identificación de culpables de hechos delictivos, cuando en realidad, 
se trata de una herramienta fundamentalmente exculpatoria. Su uso ha permitido el cierre de 
numerosas causas pendientes que mediante los métodos convencionales de investigación no se 
habían podido resolver. En EE.UU, desde 1992 hasta el momento actual, se calcula que 
alrededor de 250 presos acusados, juzgados y condenados por distintos delitos han sido 
finalmente absueltos gracias a exámenes comparativos de ADN (The Innocence Project) [26]. En 
España, la prueba del ADN también ha sido fundamental en la exoneración de inocentes, como 
sucedió en el ya citado caso del asesinato de Rocío Wanninkhof, en el que mediante el estudio 
de ADN se pudo exculpar a Dolores Vázquez, única acusada por el crimen, a pesar de que todo 
apuntaba hacia su culpabilidad. En este caso el análisis genético jugó un papel crucial para 
identificar el auténtico autor del asesinato de Wanninkhof, el británico Tony King. Esto fue posible 
gracias a la conexión de este crimen con otro asesinato, el de Sonia Caravantes, cuya resolución 
fue fundamental para probar la participación de Tony King en ambos sucesos. 
 
 
 
En esta investigación se logró, por un lado, identificar el perfil genético del británico a partir 
de restos de piel hallados bajo las uñas de la víctima, y, por otro lado, establecer una 
coincidencia con el perfil obtenido de una colilla recogida en la escena del primer crimen, 
revelando la implicación del británico en ambos delitos. 
 
A pesar de su probada eficacia, es importante recordar que el examen de ADN es de 
carácter complementario, es decir, que por sí sólo no resulta concluyente y que una coincidencia 
de perfiles no equivale a culpabilidad. Será el juez quien valorando libremente la prueba del 
ADN, atribuya finalmente el verdadero significado de una posible coincidencia de perfiles en 
cada caso. Para ello se basará en todo el conjunto de evidencias que hayan sido obtenidas en el 
contexto de la investigación criminal. Solo teniendo este escenario como referencia se puede 
interpretar lo que realmente supone una coincidencia de perfiles, a la que por si misma y ―a 
priori‖ no debiera concedérsele valor de asignación. Recordemos, en este sentido, lo que se ha 
descrito recientemente en un caso de prueba de paternidad con dos posibles padres no 
emparentados entre sí (y por tanto con perfiles genéticos diferentes), en la que, sin embargo, se 
observó una plena y completa coincidencia de todos los alelos de los marcadores genéticos 
estudiados. En este caso a cualquiera de ellos podría asignársele la paternidad del supuesto hijo 
si no se hubiera realizado un estudio más amplio y discriminativo que el habitual. Este hecho 
casual puede ocurrir y debe tenerse en cuenta en las investigaciones forenses, ya que tal y como 
este ejemplo bien ilustra, se pueden cometer errores de asignación si en la atribución nos 
basásemos exclusivamente en el dato genético ―en frío‖, lo que se conoce como ―cold hit‖ [27]. 
 
Por otro lado, la creación de bases de datos genéticos cumple con otro objetivo de gran 
importancia en la lucha criminal: lograr un efecto disuasorio, muy particularmente frente a la 
reincidencia criminal. Indudablemente, se valora el elevado poder desalentador que pueda tener 
en los delincuentes a la hora de cometer una segunda ofensa, especialmente, en aquellos 
condenados por delitos contra la libertad sexual y otros delitos violentos de elevada tasa de 
reincidencia [28]. 
 
 También a nivel internacional las bases de datos se han convertido en una herramienta 
de gran utilidad ya que, como se ha comentado anteriormente, facilitan la cooperación entre 
países en la reducción y prevención del crimen, al permitir el intercambio de información 
transfronterizo y la subsiguiente identificación de criminales en un contexto como el actual de 
globalización y elevada movilidad de la población [29]. 
 
Por todo lo que se ha expuesto en los anteriores puntos, resulta lógica la postura de los 
defensores de las bases de datos de ADN, ya que su creación y puesta en marcha ha 
demostrado ser beneficiosa para la sociedad, al comportarun aumento de la eficacia policial y, 
consecuentemente, una mayor percepción pública de seguridad. A pesar de ello, hay detractores 
que se oponen al establecimiento de estos bancos de datos. 
 
Quienes se manifiestan en contra argumentan acerca de la posible vulneración de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos que su creación y uso puede conllevar. Estos críticos 
consideran que las bases de datos genéticos podrían llegar a suponer una violación de algunos 
derechos recogidos por la Constitución española, si no se dispone del consentimiento informado 
adecuado: derecho a la integridad física y moral (art. 15), a la intimidad personal y libertad (art. 
18), a no declarar contra sí mismo (art 17.3), a la dignidad de la persona (art. 10.1), a la libertad 
de movimientos (art. 17.1), y a la presunción de inocencia (art. 24). Pero, en realidad, la 
preocupación ante el posible quebrantamiento de los derechos del individuo se extiende más allá 
del propio proceso de obtención de las muestras, y se centra en el alcance de los datos 
derivados de su análisis y la difusión de los resultados [30]. 
 
Por un lado, se ha planteado que algunos derechos individuales, como el derecho a la 
integridad física y a la libertad individual, pudieran ponerse en riesgo durante el acto de la toma 
de muestras indubitadas del sujeto investigado. 
 
A pesar de que la toma de muestras del sospechoso es fundamental para la comprobación 
de una coincidencia entre su perfil y vestigios encontrados en la víctima o en el escenario de los 
hechos, durante años, en nuestro país, dicha toma no siempre fue posible, incluso en casos muy 
graves de homicidio. La preocupación por la posible vulneración de bienes jurídicos protegidos 
durante la recogida de muestras estaba servida y fue objeto de largo debate en España durante 
más de una década hasta que en 2003 se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal 
[31]. A través de la misma se introdujeron algunos cambios en los artículos 326 y 363 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de regular la obtención de muestras biológicas del 
sospechoso. 
 
Desde momentos iniciales se entendió que el procedimiento a adoptar debiera ser acorde 
con el principio de proporcionalidad, es decir, sería necesario ponderar en cada caso: 
 
a) La gravedad de la intromisión que dichas actuaciones conllevasen (contra los 
derechos fundamentales del individuo). 
b) La gravedad de los hechos investigados. 
c) La necesidad de aplicar estas medidas para asegurar la defensa del interés social, 
del orden público, y del derecho de la ciudadanía a que se compruebe la autoría de 
los delitos y se castigue a los culpables de los mismos. 
 
De manera que tan solo cuando los intereses sociales o colectivos hubieran de prevalecer 
sobre los individuales, en virtud de este principio, la toma de muestras quedaría plenamente 
justificada y legitimada [32]. 
 
Siguiendo un principio básico de sentido común y en aras de la defensa de derechos 
individuales se debía exigir que esa toma de muestras se llevase a cabo por personal cualificado 
y siguiendo un método que garantizase el debido respeto a la persona y a su dignidad. El cambio 
normativo que tuvo lugar en 2003 vino a resolver estas cuestiones sobre la base de los principios 
de proporcionalidad y racionalidad, tal y como ya se venía haciendo en otros países de nuestro 
entorno. 
 
En todo caso, si bien la toma de muestras puede requerir una pequeña intervención 
corporal, ésta es mínima (bastará con saliva, un pelo, etc.). Por lo tanto, tal intervención sería 
comparable a la realización de una prueba de alcoholemia o a una prueba radiológica para 
detectar si una persona porta drogas en el organismo; que por otro lado son pruebas de obligado 
cumplimiento por el individuo y no cuestionadas. 
 
También se ha planteado la duda acerca la posible vulneración de bienes jurídicos 
individuales del sospechoso (integridad corporal, libertad, etc.) en los casos en los que la toma 
de muestras se lleve a cabo sobre objetos personales del mismo, que pudieran obtenerse en la 
investigación del lugar de los hechos, en su domicilio particular (maquinillas de afeitar, cepillos 
de dientes, etc.), o bien en circunstancias en el que el propio sospechoso haya dejado 
voluntariamente esas muestras. Si la investigación se lleva a cabo por Orden Judicial y siguiendo 
los principios arriba señalados no debiera entenderse que existe tal vulneración. Pero las dudas 
pueden surgir en relación con la obtención de muestras sin autorización judicial. 
 
Un caso que marcó un punto y aparte en la cuestionada cobertura legal de la toma de 
muestras, fue la absolución de un miembro de ETA por el Tribunal Supremo por la falta de 
validez probatoria del análisis de ADN practicado. Ese análisis genético se realizó a partir de una 
muestra biológica indubitada que fue recogida sin el consentimiento del implicado y sin las 
garantías legales correspondientes. La decisión finalmente tomada al respecto se basaba en que 
«Las normas procesales imponen al juez la obligación de actuar personalmente en la recogida 
de esta clase de muestras (...), obligación que tiene su justificación no en desconfianza alguna 
hacia la Policía, sino en que, salvo razones de urgencia que en el caso presente no concurrieron, 
es a la autoridad judicial a quien corresponde la práctica de actuaciones que tienen un verdadero 
y propio contenido procesal» (STS 14.4.1997). Pero posteriormente el propio Tribunal Supremo 
dictaminó un fallo totalmente opuesto, en el que se consideraba válido ese acto de recogida de la 
muestra. En este sentido señalaba: «No nos encontramos ante la obtención de muestras 
corporales realizada de forma directa sobre el sospechoso, sino ante una toma subrepticia 
derivada de un acto voluntario de expulsión de materia orgánica realizada por el sujeto objeto de 
investigación, sin intervención de métodos o prácticas incisivas sobre la integridad corporal. En 
estos casos, no entra en juego la doctrina consolidada de la necesaria intervención judicial», 
(STS 1311/2005). Con la finalidad de unificar criterios, el Pleno del Tribunal Supremo dictaminó 
que «la Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas del 
sospechoso (un esputo, una colilla...) sin necesidad de autorización judicial » (JUR2006\ 53394). 
 
Otros de los derechos individuales que podrían verse limitados por la práctica de la toma de 
muestras son los derechos a no declarar contra uno mismo y de presunción de inocencia. En 
estos casos, la jurisdicción ha sido constante a la hora de considerar que estos derechos no se 
verían afectados de modo alguno por el hecho de que se solicite o compela al sospechoso a 
proporcionar una muestra corporal para el análisis de ADN para los fines del procedimiento [33]. 
Tal y como ocurre en otros casos «Esta actuación no puede ser entendida como un acto 
encaminado a lograr el reconocimiento del sujeto de determinados hechos o su interpretación o 
valoración de los mismos, sino como simples pericias de resultado incierto, que no pueden 
catalogarse como obligaciones de autoincriminarse, es decir, como aportaciones o 
contribuciones del sujeto que sostengan o puedan sostener directamente su propia imputación 
penal o administrativa (STS 161/97). 
 
A pesar de toda la controversia anteriormente comentada ha sido la posible vulneración del 
derecho fundamental a la intimidad, el aspecto ético-legal que ha despertado mayor 
preocupación, debido al carácter sensible de los datos genéticos. El estudio del ADN podría 
proporcionar información de características fenotípicas o físicas del individuo, así como datos 
acerca de la predisposición a enfermedades sobre una base genética; por lo que su elaboración 
y la posible difusión de sus datos supondrían una invasión de la intimidad del individuo. 
 
No obstante, hasta el momento enla identificación médico-legal se estudian 
fundamentalmente regiones no codificantes del genoma, es decir, aquellas que no aportan 
información relativa a características fenotípicas o médicas de las personas. Por lo tanto, en 
principio, la única información que nos proporciona el estudio forense de tales regiones es un 
código anónimo diferenciador, es decir, los bancos de perfiles de ADN para fines forenses 
únicamente tienen una finalidad identificativa, como ocurre con las bases de datos policiales de 
huellas dactilares. Sin embargo, es importante recordar que al igual que no siempre el análisis de 
regiones codificantes aporta información más allá de la meramente identificativa, en ocasiones el 
análisis de regiones no codificantes puede aportar datos ―no deseados‖, como por ejemplo, la 
determinación de una trisomía 21 (Síndrome de Down) o la posible infertilidad masculina ligada a 
delecciones de marcadores de cromosoma Y usados rutinariamente en los análisis de ADN de 
uso criminal. En todo caso, si el almacenamiento de datos excesivos e innecesarios perjudica o 
contraviene la normativa de la Ley de Protección de Datos debiera ser competencia de la 
Agencia de Protección de datos investigar el fichero y reducirlo a los términos previstos por la 
Ley. 
 
Asimismo, el hecho de que cada vez se incorporen un mayor número de sistemas genéticos 
a la rutina forense y que algunos de ellos busquen la identificación de caracteres fenotípicos está 
generando importantes debates entre los favorables a incluir nuevos marcadores que aporten 
más información para investigaciones criminales y aquellos que consideran que los análisis 
deberían restringirse únicamente a regiones no informativas. En todo caso, para poder introducir 
estos nuevos marcadores sería necesario realizar las modificaciones legislativas pertinentes. 
 
Por otro lado, no debemos olvidar que de forma paralela a los bancos de perfiles de ADN 
también se están creado archivos de muestras y materiales biológicos. Esto genera una 
situación de riesgo ya que dichas muestras podrían ser utilizadas en el futuro para desvelar 
datos personales sensibles, si no se produce una correcta regulación legislativa al respecto [33]. 
 
También es fundamental limitar el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales 
derivado del intercambio de información genética entre países para investigaciones criminales. 
Una de las medidas a adoptar para reducir estos escenarios de riesgo, podría consistir en 
establecer protocolos de actuación que incluyeran exclusivamente el intercambio de perfiles 
genéticos forenses y no de muestras de ADN o muestras biológicas del individuo, de esta forma 
no se podría obtener datos relativos a la salud que son eminentemente sensibles. Por ello, se 
recomienda establecer salvaguardias legalmente vinculantes destinadas a evitar esos problemas 
o bien otros que la evolución científica pudiera acarrear como la obtención en el futuro de 
información personal sensible a partir de los perfiles de ADN [34]. 
 
Otra cuestión que preocupa acerca de la creación de este tipo de bancos de ADN es el 
hecho de que los perfiles contenidos no ofrecen únicamente los datos del individuo en cuestión, 
sino también del conjunto de familiares que comparten una misma herencia genética [35]. Bien 
sabido es que la probabilidad de que dos personas emparentadas presenten en común un 
determinado alelo es mayor que la correspondiente a dos individuos elegidos al azar, por 
ejemplo, personas con relaciones de parentesco de primer grado (hermanos, padres-hijos) 
comparten una media del 50 % de la herencia genética. En consecuencia, si en una 
investigación policial se realiza una búsqueda de un perfil no identificado en la base de datos, y 
se produce una coincidencia parcial (de algunos marcadores) con alguno de los perfiles 
almacenados, se puede llegar a concluir que la persona a identificar es familiar de la ya fichada, 
reduciendo así el cerco de investigación. Por lo tanto, en cierto modo, cuando se incorpora el 
perfil genético de una persona en la base de datos, su entorno familiar también queda incluido en 
ella. 
 
El uso del método de investigación por familias, conocido como “familial searching”, ha sido 
utilizado ya con éxito probado y notorio por la Policía en algunos países, a pesar del debate ético 
surgido a su alrededor. Así ha permitido resolver algunos casos policiales reabiertos como la 
violación y asesinato de una mujer de Carolina del Norte (USA), crimen por el que Darryl Hunt 
fue condenado erróneamente en 1984. Tras 18 años en prisión fue liberado gracias al análisis 
retrospectivo en muestras de ADN de la escena del crimen, al no coincidir con su perfil. 
Posteriormente al comparar el ADN de muestras halladas en la escena del crimen con 40.000 
perfiles de la base de datos estatal no se dio ninguna coincidencia, así que se buscaron 
coincidencias incompletas, es decir, de algunos alelos de los marcadores genéticos estudiados. 
De esta forma se obtuvo una coincidencia parcial, Anthony Brown. Tras descartar la autoría del 
crimen por parte de dicho individuo, se procedió al análisis del ADN de su hermano Willard, que 
en este caso sí presentó una coincidencia perfecta con las evidencias halladas en el crimen. 
 
Desde el punto de vista ético y legal, el uso de este método indirecto de identificación ha 
sido criticado por la posible vulneración de derechos individuales básicos como el derecho a la 
intimidad, la propia presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra uno mismo. A 
modo de ejemplo, se puede tomar como referencia Gran Bretaña, país en el que el uso de este 
método es bastante rutinario. La base de datos británica incluye el perfil de todos los individuos 
arrestados, por lo que estaríamos hablando de más de 4.500.000 de personas ―fichadas‖ (más 
del 8% de la población). Con este nivel de inclusión tan elevado, la práctica del “familial 
searching” fácilmente podría derivar en posibles casos de intromisión individual y familiar [36]. 
 
Por todo lo anteriormente comentado, es imprescindible y debe exigirse que cada país tome 
las cautelas necesarias para evitar riesgos conocidos y evitables, de manera que se genere un 
marco de seguridad jurídica estable que garantice el correcto uso de los bancos de datos. Lograr 
que estas potenciales vías de vulneración de bienes individuales no supongan un peligro real en 
la práctica es un objetivo asumible y exigible. 
 
 
 
5. Normativa: sistema español 
 
Como anteriormente se ha comentado, los principales detractores de la creación de las bases 
de datos de ADN se centraban en la posible vulneración de determinados derechos 
fundamentales del individuo consagrados en nuestra Constitución (artículos 10.1, 15, 17.1, 17.3, 
18 y 24, entre otros). Por ello resulta necesario que las situaciones de potencial excepción que 
pudieran justificar la puesta en riesgo puntual de estos derechos sean previstas y reguladas por 
la legislación. 
 
Casi todos los países europeos cuentan con un marco jurídico específico que atiende a estas 
circunstancias y permite optimizar el desarrollo y buen funcionamiento de las bases de datos. 
Las diferencias entre las distintas legislaciones son sustanciales [37], especialmente en cuanto al 
tipo de delitos que dan lugar al registro del perfil de ADN, a las personas a incluir y a los plazos 
de cancelación. Por ejemplo, mientras que en Alemania tan solo se incluyen los perfiles de 
condenados o sospechosos susceptibles a volver a cometer unos determinados delitos 
(enumerados en su legislación), en el Reino Unido, con una legislación más permisiva, se 
incorporan los perfiles tanto de sospechosos como de condenados por sentencia firme, sin hacer 
excepción por tipo o gravedad de delito. 
 
Hasta muy recientemente en España existían varías bases de datos genéticos para fines de 
investigación criminal (de la PolicíaNacional, de la Guardia Civil, del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses y de la Ertzaintza), todas ellas declaradas ante la Agencia de 
Protección de Datos y publicadas en el BOE (o bien en el Boletín Oficial del País Vasco en el 
caso de la base de datos de la Ertzaintza). No obstante, no había ninguna normativa específica 
que amparará la creación de una base de datos genéticos a nivel nacional en la que se 
integrarán todos los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos del Estado. 
 
Con esa finalidad, en 1998 el Ministerio de Justicia crea un grupo multidisciplinar de trabajo 
que establece las bases para una futura ley con la elaboración del borrador de Anteproyecto de 
Ley Reguladora de las Bases de Datos [38]. Como anteriormente se ha comentado, en el 2003 
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, introduciendo algunos cambios en los 
artículos 326 y 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [31], a fin de proporcionar cobertura 
jurídica a determinadas prácticas de investigación mediante el ADN. En primer lugar, en 
referencia a la problemática anteriormente comentada de la toma de muestras sin 
consentimiento del implicado, se establece que «siempre que concurran acreditadas razones 
que lo justifiquen, el Juez de Instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de 
muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su 
perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento, 
o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad». Por otro lado, se regula la posibilidad de que los perfiles de ADN obtenidos a 
partir de muestras biológicas del lugar del delito o extraídas de sospechosos, puedan ser 
incorporados a una base de datos para su empleo en esa investigación en concreto. Pese a los 
cambios introducidos, esta reforma no contempla otros aspectos importantes, como la posibilidad 
de crear una base de datos que preserve los perfiles de ADN para poder ser utilizados en 
investigaciones distintas o futuras, incluso sin el consentimiento expreso del individuo. 
Finalmente, tras muchos años de espera y de largos debates parlamentarios, el 8 de octubre 
del 2007 se aprueba en el Parlamento, con la unanimidad de todos los partidos políticos, la Ley 
Orgánica 10/2007 (Boletín Oficial del Estado núm. 242, de 9 de octubre) Reguladora de la Base 
de Datos policial sobre Identificadores obtenidos a partir del ADN, que entra en vigor el 9 de 
noviembre de 2007 [39]. 
 
Esta novedosa ley contempla la creación de una base de datos policial de identificadores 
obtenidos a partir del ADN, que integrará los ficheros de esta naturaleza de titularidad de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto para la investigación y averiguación de delitos 
como para los procedimientos de identificación de restos cadavéricos o de personas 
desaparecidas. Esta base de datos policial dependerá del Ministerio del Interior, a través de la 
Secretaría de Estado de Seguridad (Art. 2). 
 
En la ley se regulan los siguientes puntos: 
 
5.1. Tipo de delitos incluidos 
 
Se define el tipo de identificadores obtenidos a partir del ADN que se incluirán en la base de 
datos policial, que dependerá de la gravedad y naturaleza del delito cometido (Art. 3). Así se 
inscribirán en la base de datos los siguientes datos: 
 
a) Los datos identificativos obtenidos del ADN de muestras o fluidos que, en el marco de una 
investigación criminal, hubieran sido hallados u obtenidos del sospechoso, detenido o 
imputado, cuando se trate de delitos graves que afecten a derechos fundamentales como la 
vida, la libertad, la indemnidad o libertad sexual, la integridad de las personas, el patrimonio 
siempre que fuesen realizados con fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las 
personas, así como en los casos de la delincuencia organizada. 
 
b) Los patrones identificativos obtenidos en los procedimientos de identificación de restos 
cadavéricos o de averiguación de personas desaparecidas. 
 
En estos dos casos no se precisará el consentimiento del afectado, el cual será informado 
por escrito de todos los derechos que le asisten respecto a la inclusión en dicha base, quedando 
constancia de ello en el procedimiento. 
 
Para la toma de muestras en los casos enumerados en el apartado a) que requiriesen 
inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales, se exigirá siempre la preceptiva 
autorización judicial ante la ausencia de consentimiento del afectado (Disposición adicional 
tercera). 
 
Igualmente, podrán inscribirse los datos identificativos obtenidos a partir del ADN cuando el 
afectado hubiera prestado expresamente su consentimiento. 
 
5.2. Tipos de identificadores obtenidos a partir del ADN incluidos 
 
La ley limita los tipos de datos que se incluirán en la base de datos (Art. 4): únicamente 
se podrán analizar las muestras genéticas para averiguar la identidad y sexo del sujeto, 
descartando datos de naturaleza codificante de carácter sensible tales como enfermedades o 
características físicas. 
5.3. Laboratorios acreditados 
 
También se regula el modus operandi del procedimiento forense (Art. 5). Las muestras o 
vestigios recogidos que deban ser analizados se remitirán a los laboratorios debidamente 
acreditados por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN, para realizar los análisis 
biológicos. La autoridad judicial se pronunciará sobre la ulterior conservación de esas muestras. 
 
Sólo podrán realizar el análisis del ADN para identificación genética los laboratorios 
acreditados a tal fin por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN que superen los 
controles periódicos de calidad correspondientes. 
 
5.4. Remisión de los datos 
 
La remisión de los datos identificativos obtenidos a partir del ADN, para su inscripción en la 
base de datos policial, será efectuada por la Policía Judicial, con todas las garantías legales que 
aseguren su traslado, conservación y custodia (Art. 6). 
 
5.5. Uso y cesión de los datos contenidos en la base de datos 
 
Los datos de la base única podrán utilizarse, en la investigación de los delitos señalados, 
por las Unidades de Policía Judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y 
Guardia Civil), así como por las Autoridades Judiciales y Fiscales. En el caso de datos obtenidos 
de la identificación de cadáveres o la averiguación de personas desaparecidas, sólo podrán ser 
utilizados en la investigación para la que fueron obtenidos. 
Podrán cederse los datos a las autoridades judiciales, fiscales o policiales de terceros 
países (de acuerdo con lo previsto en los convenios vigentes internacionales ratificados por 
España) y a las fuerzas policiales de las respectivas comunidades autónomas, así como al 
Centro Nacional de Inteligencia - como elemento de prevención criminal (Art. 7). 
5.6. Nivel de seguridad aplicable 
 
Todos los ficheros que integran la base de datos de ADN están sometidos al nivel de 
seguridad alto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
(Art. 8). 
5.7. Cancelación, rectificación y acceso a los datos 
 
La conservación de los identificadores obtenidos a partir del ADN en la base de datos no 
superará (Art.9): 
- El tiempo señalado en la ley para la prescripción del delito. 
- El tiempo señalado en la ley para la cancelación de antecedentes penales, cuando se 
hubiese dictado sentencia condenatoria firme, o absolutoria por la concurrencia de causas 
eximentes por falta de imputabilidad o culpabilidad, salvo resolución judicial en contrario. 
 
En todo caso se procederá a su cancelación cuando se hubiese dictado auto de sobreseimiento 
libre o sentencia absolutoria por causas distintas de las mencionadas en el punto anterior. En el 
caso de sospechosos no imputados, la cancelación se producirátranscurrido el tiempo señalado 
en la Ley para la prescripción del delito. 
Si existiesen diversas inscripciones de una misma persona por diversos delitos, los datos se 
mantendrán hasta que finalice el plazo de cancelación más amplio. 
 
Los datos de personas fallecidas se cancelarán una vez se tenga conocimiento del 
fallecimiento, excepto en casos de identificación de cadáveres o desaparecidos, en los que no se 
cancelarán mientras sean necesarios para la finalización de los correspondientes 
procedimientos. 
Los datos de personas anónimas permanecerán inscritos en tanto se mantenga dicho 
anonimato. Una vez identificados se aplicará lo dispuesto en el art.9 de la ley. 
 
5.8. Modelo adoptado y perspectivas 
 
La nueva ley además de regular la creación de una base de datos centralizada que 
almacene los perfiles genéticos y permita su utilización en distintas investigaciones, también 
responde a los compromisos internacionales que España ha adquirido a través de tratados como 
el firmado en Prüm en 2005 [29]. Este tratado establece un marco legal para incrementar la 
cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia 
transfronteriza y la inmigración ilegal. Con esta finalidad se fomenta el intercambio transfronterizo 
de perfiles de ADN y otros datos importantes para la persecución de delitos. 
 
La nueva base de datos se inspira en el modelo CODIS utilizado por el FBI en EE.UU. [40]. 
Este sistema permite el registro de perfiles y su comparación sistemática con todos los perfiles 
de la base de datos de interés en el caso, indicando las posibles coincidencias. Así se equipara 
nuestro país a otros países del entorno que ya cuentan con este sistema, facilitando el 
intercambio de información transfronterizo. 
 
Antes de la creación de esta base de datos de ADN, los registros de la Policía y la Guardia 
Civil contaban con aproximadamente 32.000 y 11.000 perfiles genéticos, respectivamente. De 
ellos, aproximadamente el 90% eran anónimos, correspondientes a muestras recogidas 
habitualmente en meras inspecciones oculares en el escenario del crimen. De todos ellos, sólo 
unos 6.000 estaban identificados. Se estima que con esta ley, a través del cruce de estos perfiles 
con los que se obtengan de los sospechosos o imputados por los delitos de especial gravedad 
anteriormente señalados, se pueden llegar a tomar entre 20.000 y 30.000 muestras indubitadas 
al año e identificar más del 50% de los perfiles que están actualmente en los ficheros. Esto 
permitirá la identificación de un número significativo de autores de delitos cuyos perfiles 
genéticos se encuentran en la base de datos, pero que actualmente no están identificados. En 
una estimación aproximada se calcula que se podrán esclarecer hasta 5.000 casos pendientes al 
año [41]. 
 
5.9. Valoración de la nueva ley 
 
 La ley reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del 
ADN ha supuesto un importante avance en materia legislativa en el ámbito forense. Esta 
reforma, largamente reclamada por la comunidad forense española, cubre en gran parte las 
carencias legales surgidas a raíz del avance científico y tecnológico en el campo de la genética 
forense, a la vez que permite cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por 
nuestro país en materia de intercambio de perfiles de ADN para las investigaciones de 
determinados delitos. 
 
A pesar de la opinión positiva que ha despertado esta reforma legislativa en la comunidad 
forense española, hay expertos que consideran que en determinados aspectos la ley es 
deficitaria. Así señalan que esta normativa no deja claros los términos inspección, 
reconocimiento o intervención corporal, ni sus límites [42]. De esta falta de concreción podrían 
derivarse recursos judiciales y posibles invalidaciones de la prueba, ya que la ley señala que en 
dichos casos, si no hay consentimiento del afectado, se requerirá autorización judicial mediante 
auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
Como previamente se ha explicado, hasta la aplicación de la nueva normativa, en España 
era necesario el consentimiento del afectado o la autorización judicial para la recogida de 
muestras. Si bien esto no impedía que durante las investigaciones se tomaran muestras de ADN 
de un individuo, sin su conocimiento, simplemente con un seguimiento, para después solicitar al 
Juez los pertinentes análisis biológicos. Esta práctica es la que puede seguir causando 
problemas con la nueva ley. 
 
Por otro lado, la ley trata con brevedad un aspecto clave como es la conservación de 
muestras o vestigios tras la obtención de los perfiles genéticos. La normativa sólo indica que 
deberá ser la autoridad judicial la que se pronuncie al respecto, sin entrar en más detalle en 
cuanto a la posible creación de bancos de muestras para futuros análisis. 
 
Finalmente, otro problema evidente que se generó con esta reforma legislativa fue el 
derivado de la inmediatez con la que entró en vigor. Esto conllevó importantes dificultades 
técnicas en cuanto a la creación, validación y posterior aplicación de los protocolos de 
consentimiento informado previstos en esta ley, así como de los escritos para informar a los 
implicados de los derechos que le asisten respecto a la inclusión en dicha base. 
 
 A pesar de todas esas limitaciones es indudable que esta ley constituye un gran avance 
en cuanto a la aplicación del ADN en la Justicia Penal. El reto consiste ahora en coordinar 
esfuerzos para su correcta aplicación y formular las reformas legislativas necesarias que puedan 
surgir a raíz de los nuevos avances científicos. En esta misma línea debe valorarse muy 
positivamente la puesta en marcha de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN [43], 
que debe aportar seguridad jurídica a los análisis de ADN en los procesos penales, y establecer 
los criterios científicos y técnicos a seguir en la realización del análisis de ADN, incluyendo la 
formulación de propuestas para mejorar la eficacia de la pericia forense. 
 
 
6. Conclusión 
 
Uno de los desafíos más importantes en esta época de continuos avances científicos es 
hallar el necesario equilibrio entre el imparable devenir y evolución de la ciencia y el respeto a los 
derechos individuales. El establecimiento de un marco legal y ético que sea suficientemente 
flexible para conciliar el progreso científico y tecnológico con el respeto a la dignidad humana 
constituye todo un reto y una necesidad incuestionable. Ciertamente, el vertiginoso ritmo de la 
ciencia genera momentos de evolución no sincrónica que precisan de ajustes legales continuos, 
por ello el derecho no puede sino intentar compensar continuamente los frecuentes e 
importantes vacíos legales que puedan producirse. 
La nueva ley reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir 
del ADN ha supuesto un gran paso a la hora de cubrir las necesidades legislativas surgidas a 
raíz de los avances del campo de la genética forense y de la importante demanda social a este 
respecto. Con esta reforma legislativa se pretende amparar, dentro del correspondiente marco 
jurídico, la creación y el uso de bases de datos de ADN con fines de investigación criminal, y 
asegurar su buen funcionamiento y el respeto a los derechos fundamentales de todos los 
ciudadanos que puedan verse afectados. La puesta en práctica de esta nueva ley demostrará su 
eficacia y evidenciará la necesidad o no de realizar modificaciones para clarificar o ampliar 
determinados artículos. 
Con esta regulación de nuevo viene hacerse patente la vigencia de la antigua frase de 
Esquilo: ―Cada época tiene un sentido según el cual el derecho se desplaza‖. 
 
 
Bibliografía 
 
1. Jeffreys A, Brookfield J, Semeonoff R. 1985 Positive identification of an immigration test-
case using human DNA fingerprints.Nature 317: 818-819. 
2. Martínez-Jarreta B. 1999 La prueba del ADN en medicina forense. Masson S.A. 
Barcelona. 
3. Butler JM. 2004. Forensic DNA Typing: Biology, Technology and Genetics of STR 
Markers. 2nd edition. Elsevier Academic Press, New York. 
4. Nishimi RY, O'Connor KW, Gwin HL, Anderson MA. 1991. Genetic witness: forensic uses 
of DNA tests. Journal International de Bioethique 2(1): 29-32. 
5. SWGDAM. 2004. Revised Validation Guidelines Scientific Working Group on DNA 
Analysis Methods. Disponible en 
http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/july2004/standards/2004_03_standards02.htm 
6. DNA Advisory Board. 2004. Quality Assurance Standards for forensic DNA testing 
laboratories. Forensic Science Communications 2(2). 
7. GEP-ISFG. 2000. Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de 
Identificación Genética. Grupo Español y Portugués de la ISFG. Madeira, 2000. 
Disponible en: http://www.gep-isfg.org/documentos/Recogida%20de%20evidencias.pdf 
8. GEP-ISFG. 2001. Guía para implantar un sistema de calidad en los laboratorios de 
Genética Forense. Grupo Español y Portugués de la ISFG. Disponible en: 
http://www.gep-isfg.org/documentos/Acreditacion.pdf 
9. Schuller W, Fereday L, Scheithauer R. 2001. Recomendaciones del Grupo de Expertos 
en ADN de INTERPOL. Manual de INTERPOL sobre el intercambio y la utilización de 
datos relativos al ADN. OIPC-INTERPOL. Disponible en: 
http://www.interpol.int/Public/Forensic/dna/HandbookPublicEs.pdf 
10. Schneider PM. 1998. DNA databases for offender identification in Europe-the need for 
technical, legal and political harmonization. Proceedings of the 2nd European 
Symposium on Human Identification. Promega Corporation, Madison, WI, USA: 40–44. 
Disponible en: http://www.promega.com/geneticidproc/eusymp2proc/11.pdf 
11. Council Resolution of 30 November 2009 on the exchange of DNA analysis results. 2009 
Official Journal of the European Community 187: 1–4. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0001:0003:EN:PDF 
12. Martin PD, Schmitter H, Schneider PM. 2001. A brief history of the formation of DNA 
databases in forensic science within Europe. Forensic Science International 119(2): 225-
231. Disponible en: http://www.ccg.unam.mx/en/webfm_send/1062 
13. ENFSI Survey on DNA databases in Europe June 2009. Disponible en: 
http://www.enfsi.eu/get_doc.php?uid=346 
14. National DNA Database. Annual REPORT 2007-09. Disponible en: 
www.npia.police.uk/en/docs/NDNAD07-09-LR.pdf 
15. CODIS, National DNA Index System. Disponible en: 
www.fbi.gov/hq/lab/codis/national.htm 
16. Huffine E, Konjhodzic R, Davoren J, Vanek D. 2003. Identification of the missing in the 
former Yugoslavia. Third European-American School in Forensic Genetics and Mayo 
Clinic Course in Advanced Molecular and Cellular Medicine. Zagreb 1-5 Septiembre 
2003. 
17. Budimlija ZM, Prinz MK, Zelson-Mundorff A, Wiersema J, Bartelink E, MacKinnon G, 
Nazzaruolo BL, Estacio SM, Hennessey MJ, Shaler RC. 2003. World Trade Center 
human identification project: experiences with individual body identification cases. 
Croatian Medical Journal 44: 259-263. Disponible en: 
http://www.cmj.hr/2003/44/3/12808716.pdf 
18. Alonso A, Martin P, Albarran C, Garcia P, Fernandez de Simon L, Jesús Iturralde M, 
Fernandez-Rodriguez A, Atienza I, Capilla J, Garcia-Hirschfeld J, Martinez P, Vallejo G, 
Garcia O, Garcia E, Real P, Alvarez D, Leon A, Sancho M. 2005. Challenges of DNA 
profiling in mass disaster investigations. Croatian Medical Journal 46(4): 540-548. 
Disponible en: http://www.cmj.hr/2005/46/4/16100756.pdf 
19. Schneider PM. 2009 Expansion of the European Standard Set of DNA Database Loci—
the Current Situation. Profiles in DNA. Promega: 6-7. Disponible en: 
http://www.promega.com/profiles/1201/ProfilesInDNA_1201_06.pdf 
20. Gill P, Woodroffe S, Bär W, Brinkmann B, Carracedo A, Eriksen B, Jones S, Kloosterman 
AD, Ludes B, Mevag B, Pascali VL, Rudler M, Schmitter H, Schneider PM, Thomson JA. 
1992. A report of an international collaborative experiment to demonstrate the uniformity 
obtainable using DNA profiling techniques. Forensic Science International 53: 29-43. 
21. Gill P, Kimpton C, D’Aloja E, Andersen JF, Bär W, Brinkmann B, Holgersson S, 
Johnsson V, Kloosterman AD, Lareu MV, Nellemann L, Pfitzinger H, Phillips CP, 
Schmitter H, Schneider P M, Stenersen M. 1994. Report of the European DNA profiling 
group (EDNAP)-towards standardization of short tandem repeat (STR) loci. Forensic 
Science International 65: 51-59. 
22. Butler JM. 2006. Genetics and genomics of core short tandem repeat loci used in human 
identity testing. Journal of Forensic Science 51(2): 253-265. Disponible en: 
http://www.cstl.nist.gov/strbase/pub_pres/Butler2006JFS_coreSTRreview.pdf 
23. Baeta M, Núñez B, Sosa C, Gascón S, González-Andrade F, Martínez-Jarreta B. (en 
prensa). Analysis of reduced size STR amplicons as tools for the study of degraded DNA. 
In 'Forensic Genetics Research Progress.' Ed. GONZALEZ-ANDRADE, F. Nova 
Publishers: New York. 
24. Gill P, Fereday L, Morling N, Schneider PM. 2006. The evolution of DNA databases—
Recommendations for new European STR loci. Forensic Science International 156: 242–
244. 
25. Williams R, Johnson P, Martin P. 2004. Genetic information and crime investigation: 
social, ethical and public policy aspects of the establishment, expansion and police use of 
the National DNA Database. Project Report. Durham University, School of Applied Social 
Sciences, Durham. Disponible en: http://dro.dur.ac.uk/2555/1/2555.pdf 
26. The Innocence Project. Disponible en: http://www.innocenceproject.org. 
27. González-Andrade F, Sánchez D, Penacino G, Martínez-Jarreta B. 2009. Two fathers for 
the same child: A deficient paternity case of false inclusion with autosomic STRs. 
Forensic Science International: Genetics 3(2):138-140. 
28. Langan PA, Schmitt EL, Durose MR. 2003. Recidivism of sex offenders released from 
prison in 1994. Bureau of Justice Statistics, U.S Department of Justice, Washington, DC. 
Disponible en: http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/rsorp94.pdf 
29. Tratado entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de 
España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países 
Bajos y la República de Austria. Disponible en: 
http://www.statewatch.org/news/2005/jul/schengenIII-spanish.pdf 
30. Ollé Sesé M. 2008. La nueva ley del ADN en España. Foro 9: nov-dic. Disponible en: 
http://www.nebrija.com/nebrija-santander-derechos-
humanos/pdf/articulo%20ley%20ADN%20Espa%C3%B1a.pdf 
31. Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. BOE 26 de Noviembre de 2003. 
Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo15-2003.html 
32. Mora JM. 2001 Delitos contra la libertad sexual y análisis de ADN. Revista 
Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal 6 (2): dic 2001 – 7 (1), Junio 
2002: 7-13. Disponible en: www.binasss.sa.cr/revistas/rldmml/v6-7n2-1/art1.pdf 
33. Moreno J. ADN y proceso penal: Análisis de la reforma operada por la Ley Orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre. Nuevas técnicas de investigación del delito, intervenciones 
corporales y ADN. Centro Estudios Jurídicos. Ministerio del Interior. Disponible en: 
http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL33.pdf 
34. Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de 
Decisión marco del Consejo sobre el intercambio de información en virtud del principio 
de disponibilidad (COM(2005) 490 final). 2006. Diario Oficial de la Unión Europea C 116/8. 
Disponible en: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions
/2006/06-02-28_availability_ES.pdf 
35. Greely HT, Riordan DP, Garrison NA, Mountain JL. 2006. Family ties: the use of DNA 
offender databases to catch offenders' kin. Journal of law, medicine & ethics 34(2): 248-
262.36. Williams R and Johnson P. 2005. Inclusiveness, effectiveness and intrusiveness: issues 
in the developing uses of DNA profiling in support of criminal investigations. Journal of 
law, medicine & ethics 33(3): 545–558. 
37. ENFSI Survey on the DNA Profile Inclusion, Removal and Retention of Member States’ 
Forensic DNA database. 2009. Disponible en: http://www.enfsi.eu/get_doc.php?uid=241 
38. Borrador de Anteproyecto de Ley Reguladora de las Bases de Datos de ADN en España. 
Suplemento al NUM 1854, de 1 de Octubre, 1999. A.L. Boletín de Información. Actividad 
Prelegislativa del Ministerio de Justicia (1996-1999). 
39. Ley Orgánica 10/2007 de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 
identificadores obtenidos a partir del ADN. BOE 242/2007 de 9 de Octubre de 2007. 
Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo10-2007.html 
40. Budowle B, Moretti T, Niezgoda S, Brown B. 1998. CODIS and PCR-based short tandem 
repeat loci: law enforcement tools. Proceedings of the Second European Symposium on 
Human Identification, Innsbruck, Austria, June 1998. Promega Corporation, Madison, WI, 
USA: 73-88. Disponible en: http://www.promega.com/geneticidproc/eusymp2proc/17.pdf 
41. Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 2007. La nueva base de ADN 
podría esclarecer anualmente el 45% de los delitos. Nota de prensa. Disponible en: 
http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Policia/2007/np110901.html 
42. Curiel A.M. 2008. Utilidad criminológica del ADN: actualización. Cuadernos de 
criminología 1: 43-46. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2768570&orden=0 
43. Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la composición y 
funciones de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN. BOE 298/ 2008 de 11 
de diciembre de 2008. Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1977-2008.html