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Servicio de Noticias 185/98 ÍNDICE AI: AMR 51/67/98/s FECHA DE EMBARGO: 05:00 HORAS GMT DEL MARTES 6 DE OCTUBRE DE 1998 Los derechos humanos en Estados Unidos: Líder mundial en represión de alta tecnología Miles de personas de todo Estados Unidos son víctimas de violaciones de derechos humanos, a menudo cometidas con instrumentos de represión de alta tecnología como aparatos de electrochoque, pulverizadores de sustancias químicas e inyecciones letales, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de su primera campaña mundial sobre la situación de los derechos humanos en este país. «Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos —desde la policía hasta los funcionarios de prisiones— tienen a su disposición un enorme despliegue de material que a veces contribuye a que se cometan violaciones de derechos humanos», ha afirmado Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional. «El mayor énfasis en el castigo en lugar de en la rehabilitación de los presos ha desembocado en recortes de los programas, las instalaciones y los tratamientos en numerosas prisiones, al mismo tiempo que las autoridades penitenciarias recurren a otros medios para controlar a los reclusos.» Esta tendencia se viene caracterizando por el uso de medios de inmovilización mecánicos —sillas y tablas de inmovilización de cuatro puntos de sujección y armazón de acero, cadenas o grilletes—, más el aumento del uso de métodos de represión de alta tecnología, algunos de los cuales son crueles, causan dolor e incluso la muerte, y que abarcan desde las unidades de «super máxima» seguridad, las pistolas paralizantes y las pistolas taser hasta la ejecución mediante inyección letal. «Como parte de nuestra campaña, pediremos a las autoridades de Estados Unidos que prohíban de inmediato el uso de los cinturones paralizantes, uno de los aparatos de electrochoque más preocupantes —ha declarado Sané—. El cinturón paralizante es un instrumento diseñado para infundir miedo y dolor. Incluso aunque no llegue a pulsarse el botón, la amenaza constante de recibir la descarga es inhumana, y uno de los símbolos más patentes de la actual y peligrosa tendencia hacia la erosión de los derechos humanos fundamentales en Estados Unidos.» El uso de cinturones paralizantes saltó a las primeras páginas de la prensa en junio de este año, cuando una juez de California ordenó su imposición a un procesado que la había interrumpido en varias ocasiones durante un juicio. El cinturón —que un guardia puede activar pulsando un botón— produce una fuerte descarga eléctrica que causa un gran dolor y la incapacitación instantánea. Según la información que suministra el fabricante, el cinturón hace que el preso caiga al suelo y, en ocasiones, que defeque u orine involuntariamente. Los presos no son las únicas víctimas de estos métodos de alta tecnología. Los agentes de policía de algunas zonas —particularmente en California— también recurren a las pistolas paralizantes o taser para incapacitar a los sospechosos, y al menos tres mil departamentos de policía utilizan actualmente pulverizadores de pimienta a pesar de la creciente preocupación respecto a los peligros que entrañan para la salud, en especial en personas que sufren asma o enfermedades cardiacas. «Los pulverizadores de pimienta se han utilizado de forma cruel contra personas ya inmovilizadas, y en ocasiones, se ha derramado pulverizador líquido de pimienta en los ojos de manifestantes, y hubo un caso en el que a un manifestante le pulverizaron con pimienta los genitales, lo que equivale a tortura —afirma Amnistía Internacional—. Algunas personas han muerto después de recibir descargas de alto voltaje de armas de electrochoque.» «Las autoridades estadounidenses deben revisar con urgencia el uso de los pulverizadores de pimienta y suspender el uso de las armas de electrochoque hasta que se realice una revisión independiente e imparcial», ha subrayado Pierre Sané. Los métodos de represión de alta tecnología son sólo parte de la amplia gama de cuestiones que abordará Amnistía Internacional durante la campaña. Según Pierre Sané, «las sanciones contra los responsables de abusos contra los derechos humanos en Estados Unidos son a menudo inadecuadas, y hay claros indicios de que, salvo que se tomen medidas urgentes, los derechos de los ciudadanos de este país —en especial de los que pertenecen a grupos minoritarios— se erosionarán más aún.» Amnistía Internacional ha publicado un informe completo sobre la situación actual de los derechos humanos en Estados Unidos, que acompaña a la presentación de la campaña. En el informe se exponen los siguientes temas: Una pauta generalizada y persistente de brutalidad policial: Los abusos policiales son un problema tan extendido en Estados Unidos que todos los años se pagan millones de dólares a presuntas víctimas. Son habituales los informes sobre el trato discriminatorio que da la policía a las minorías raciales y étnicas, y las personas de raza negra detenidas por infracciones menores, por ejemplo, parecen especialmente vulnerables a sufrir la brutalidad policial. La inmensa mayoría de las denuncias se refieren a agentes de policía que han golpeado a personas en el curso de detenciones, registros, controles de tráfico o incidentes callejeros, especialmente en las zonas urbanas deprimidas habitadas en su mayor parte por grupos minoritarios. Muchos sospechosos han muerto bajo custodia policial mientras estaban inmovilizados boca abajo, en su mayoría con las muñecas y los tobillos atados juntos a la espalda. Aunque algunos departamentos de policía han prohibido ya este método de inmovilización, otros continúan empleándolo. Violencia física y sexual endémica contra los presos: La actual respuesta de Estados Unidos a la delincuencia se centra en la imposición de penas más duras, y el país cuenta ya con una de las mayores poblaciones reclusas del mundo. Algunas prisiones sufren un elevado grado de violencia entre reclusos, y a veces los propios guardias incitan los ataques o no actúan para prevenirlos. También se han producido casos de guardias que han golpeado a los reclusos o que los han sometido a abusos sexuales, incluida la violación, que es una forma de tortura. Un hecho especialmente preocupante es el aumento de las unidades de seguridad de alta tecnología, donde los presos permanecen mucho tiempo, o incluso de forma permanente, en régimen de aislamiento. A menudo los reclusos, muchos de ellos enfermos mentales, están sometidos a medios de inmovilización mecánicos durante horas o días seguidos. A pesar de que las normas internacionales lo prohíben, el encadenamiento de presos —incluido su traslado con grilletes en las piernas— es una práctica generalizada en el sistema penitenciario estadounidense. En algunas jurisdicciones se ha encadenado a mujeres embarazadas. Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad se ven afectados de la misma manera por ello. En un país que aún está luchando para erradicar la discriminación racial, más del 60 por ciento de los presos proceden de las minorías raciales. Hasta un tercio de los varones jóvenes de raza negra están en prisión o en libertad condicional. La pena de muerte, un castigo arbitrario, injusto y racista: En Estados Unidos, la pena de muerte se aplica de forma racista y los políticos utilizan su postura respecto a esta pena como parte de su campaña electoral. Aunque blancos y negros son víctimas de los delitos violentos en una proporción muy similar, el 82 por ciento de las personas ejecutadas desde 1977 fueron declaradas culpables de dar muerte a víctimas de raza blanca. Factores como las circunstancias agravantes no pueden explicar esta disparidad. Contrariamente a lo que establecen las normas internacionales, en Estados Unidos siguen produciéndoseejecuciones de minusválidos psíquicos y menores. Además, en un momento en el que se produce un preocupante aumento del número de ejecuciones, muchos procesados que pueden ser condenados a la pena capital no disponen de una defensa jurídica adecuada. La mayoría de los estados del país han adoptado ya la ejecución mediante inyección letal, afirmando que es «más humana». Pero la crueldad de esta pena es ineludible, con independencia del método empleado, y en muchos casos los reclusos han padecido una larga agonía debido a los problemas del personal médico para encontrar una vena donde inyectar el veneno, o por haber tenido que esperar con la aguja clavada en el brazo a que se resolviera una apelación de última hora. Encarcelamiento de solicitantes de asilo: Un número creciente de personas que huyen de la persecución se encuentra entre rejas tras llegar a Estados Unidos. Los solicitantes de asilo no han cometido ningún delito, y a pesar de ello se los recluye a menudo en cárceles y prisiones junto con delincuentes. A diferencia de los presuntos delincuentes, muchas veces se les niega la libertad condicional y no saben cuándo serán puestos en libertad. A los solicitantes de asilo recluidos en estas condiciones se les dispensa el mismo trato que a los demás reclusos: muchas veces padecen condiciones inhumanas, son sometidos a registros corporales o encadenados y objeto de abusos físicos o verbales. A menudo se les impide entrevistarse con sus abogados, intérpretes y organizaciones de asilo. Las solicitantes de asilo tienen más probabilidades que los hombres de ser recluidas junto con delincuentes comunes, y no existe un sistema de alojamiento alternativo para los niños que, según el derecho internacional, deben permanecer junto con sus familias y nunca ser privados de libertad. Exportaciones de armas: La contribución de Estados Unidos a los abusos contra los derechos humanos en otros países: Como mayor productor y exportador de armas del mundo, Estados Unidos contribuye a que se cometan abusos contra los derechos humanos al proporcionar material y formación a gobiernos y grupos armados que se sabe han cometido torturas, homicidios políticos y otros abusos. El tipo de armas de electrochoque que exporta Estados Unidos se ha utilizado para torturar en todo el mundo, y ahora están prohibidas en algunos países de Europa Occidental y en Canadá. En Estados Unidos, se está haciendo muy poco para garantizar que este material no se utiliza para cometer violaciones de derechos humanos; las leyes y procedimientos vigentes en Estados Unidos no abordan el problema. «Dado su destacado papel en el mercado mundial de armas, Estados Unidos debe tener como meta la transparencia total en todas las transferencias y adoptar un código de conducta para que los países que torturan no puedan adquirir ni la tecnología ni los conocimientos necesarios para ello —ha declarado Pierre Sané—. Hay que poner fin de inmediato a todas las transferencias que puedan contribuir a que se cometan abusos contra los derechos humanos.» Reticencias para respetar las normas internacionales: A pesar de su destacado papel en la creación del sistema internacional de protección de los derechos humanos, Estados Unidos se ha mostrado reacio a someterse a la vigilancia internacional y a respetar las mismas normas mínimas que exige a otros países. Además, el nivel de protección de los derechos humanos que reconoce la legislación estadounidense incumple muchas veces las normas mínimas establecidas en los tratados internacionales, y existen importantes derechos y normas reconocidas internacionalmente que no siempre se reflejan en la legislación nacional estadounidense, como la prohibición de imponer la pena de muerte a menores. Amnistía Internacional pedirá a las autoridades estadounidenses que pongan fin a su enfoque selectivo en la aplicación del derecho internacional dentro del país y fuera de él, y adapten la legislación nacional a fin de que sea conforme a las normas internacionales. En concreto, Estados Unidos debe ratificar sin reservas todos los tratados internacionales de derechos humanos —en especial los que protegen los derechos de la mujer y de los niños —y retirar las reservas formuladas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención contra la Tortura. «Las autoridades federales y estatales de Estados Unidos no proporcionan a muchos de sus ciudadanos la abundancia de derechos civiles y políticos que garantizan tanto el derecho internacional como la Constitución y la Carta de Derechos estadounidenses. Amnistía Internacional trabajará para obtener de las autoridades de Estados Unidos su compromiso renovado de situar la protección de los derechos humanos en el centro de la política interior y exterior estadounidenses», concluyó Pierre Sané. ********************************************************************************* Si desean más información, concertar una entrevista (en inglés, español, francés o árabe) o un ejemplar del informe Estados Unidos: Derechos para todos, llamen por teléfono a la oficina de prensa de Amnistía Internacional: +44 171 413 5566/5808 Amnistía Internacional dispone ya en sus oficinas de Londres de una línea RDSI para entrevistas con calidad de estudio. Llamen si desean más información. Página Web de la Campaña sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional: http://www.rightsforall-usa.org.
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