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Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica 
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Una de las consecuencias más importante es que con la emigración los países del norte 
de Centroamérica están exportando uno de sus capitales más valiosos: su gente. Esto 
se aprecia en la virtual transferencia de su bono demográfico hacia los Estados Unidos, 
país que se beneficia de esta afluencia cotidiana de trabajadores y población. 
Frente a esta diversidad y amplitud de causas y consecuencias de la migración, así 
como de la diversidad de situaciones de riesgo y vulnerabilidad de la población migrante, 
la constante es la debilidad crónica de los Estados nacionales para diseñar e implementar 
políticas y programas que contribuyan a atender las problemáticas que afectan y atentan 
contra los derechos fundamentales de la población migrante. 
En el caso de México, por ejemplo, es más fácil recurrir a una política de control 
migratorio basada en una estrategia de aprehensiones y deportaciones masivas (más de 
150.000 aprehensiones anuales en la última década) que asumir la situación de vulnerabilidad 
de las personas migrantes y desarrollar programas y políticas que atiendan esa problemática. 
Una política tan simple y básica como otorgar visados temporales a la población en tránsito 
contribuiría a reducir sustancialmente su exposición a riesgos y agresiones tanto por parte del 
crimen organizado, como de las mismas autoridades mexicanas. 
Asimismo, en los países de origen de la emigración no se asume la importancia de 
los factores estructurales y la debilidad de las economías nacionales para generar las 
condiciones necesarias que incorporen a la población. Más importa mantener las 
condiciones que impulsan el actual modelo de desarrollo que resolver las situaciones de 
violencia e inseguridad ciudadana, junto a la persistencia de crisis institucionales y políticas 
recurrentes. En todo caso, los derechos humanos de las personas migrantes constituyen el 
aspecto central al que deben enfocarse las medidas que se implementen en todo el proceso 
migratorio. Esta tarea constituye el principal reto de las políticas públicas, pues deben tener 
un carácter integral y holístico y tomar en cuenta las causas estructurales y los factores 
asociados a la migración. El enfoque de los derechos humanos no puede ser usado 
para justificar la detención o la disuasión sino para proteger de manera efectiva a las 
personas migrantes. 
La violación a los derechos humanos es una realidad que afecta a un gran número 
de personas migrantes provenientes de los países del norte de Centroamérica. A pesar de 
que en los años recientes en prácticamente todos los países de la región se han legislado 
normativas que tienen la intención de proteger a las personas migrantes que salen, cruzan, 
llegan o regresan a los países de esta región, la realidad muestra que los procesos 
migratorios se producen en espacios de vulnerabilidades y que hay un número creciente de 
riesgos que deben enfrentar las personas migrantes. 
Al mismo tiempo, se han implementado leyes que se centran en el control de la 
migración, que vulneran de manera directa o indirecta los derechos de las personas 
migrantes y, en muchos casos, generan acciones de discriminación que se expresan en 
racismo, xenofobia y en otras formas de rechazo a su presencia. Dichas actitudes, por lo 
general, están basadas en percepciones mediáticas generadas por las acciones de detención, 
que han sobredimensionado la presencia de extranjeros, a quienes se les asignan problemas