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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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En 2014, ante la crisis generada por el fuerte de aumento de niños no acompañados 
detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, México comenzó a ejecutar el Programa 
Frontera Sur con el fin de asegurar mayor protección pero también mayor control de las 
personas migrantes dirigidas al norte, que sumaban entre aproximadamente 100.000 
migrantes de los tres países (Giorguli-Saucedo y otros, 20160) y 130.000 (Orozco y Yansura, 
2015). Ello ha estado asociado a un creciente número de deportaciones (terrestres) de 
migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, que llegaron a superar las 
deportaciones (aéreas) procedentes de los Estados Unidos (ASIES y otros, 2016). Estas cifras 
apuntan a una función adicional de la política migratoria mexicana de reducir el flujo de 
migrantes indocumentados con posibilidades de ingresar a los Estados Unidos. 
Datos de la División de Población de las Naciones Unidas permiten concluir que 
Guatemala se mantuvo como la principal fuente de inmigración en México —después de los 
Estados Unidos— con aproximadamente 545.000 migrantes en 2017, pero ese año ya había cerca 
de 154.000 hondureños y 103.000 salvadoreños. La mayor parte de las personas migrantes 
guatemaltecas han sido trabajadoras temporales. De acuerdo con datos de una encuesta46 
procesados por Meza González (2015), cerca de 16.000 trabajadores guatemaltecos tenían la 
tarjeta de trabajador fronterizo visitante (TVTF) para trabajar en Chiapas en 2013, equivalente a 
casi la mitad de los trabajadores temporales, con una proporción levemente mayor con la tarjeta 
regional de visita rápida. 
Según Meza González (2015) la mayor parte de los trabajadores guatemaltecos 
reportaron ser trabajadores agrícolas, con porcentajes que habían aumentado del 35 % del 
total de trabajadores migrantes guatemaltecos en México en 2004 al 60% del total en 2013. 
Esta evolución podría ser un indicador de la relativa escasez de mano de obra agrícola en 
México anunciada por Taylor y Martin (2013). De acuerdo con Meza González los 
trabajadores agrícolas guatemaltecos ganaban algo menos de dos salarios mínimos, similar 
a lo ganado por la población económicamente activa de Chiapas. A su vez, los salarios 
mensuales medios obtenidos por los guatemaltecos en el sur de México equivalía a menos 
del 10% de lo que ganaban los mexicanos en los Estados Unidos en 2011 (Castillo y 
Nájera, 2014). 
Meza González (2015) también encontró que el predominio de actividades agrícolas 
de los migrantes guatemaltecos masculinos y del servicio doméstico entre las mujeres, así 
como su concentración en Chiapas, estaba asociado a un nivel menor de educación en 
comparación con los salvadoreños, quienes vivían en áreas lejanas a la frontera y cercanas a 
la Ciudad de México, donde trabajaban como comerciantes, artesanos, técnicos y 
profesionales. Los hondureños, en una situación intermedia, estaban menos concentrados 
que los guatemaltecos en Chiapas y con ocupaciones más diversificadas, menos 
dependientes de la agricultura, aunque con un grado importante de precariedad laboral. 
Asimismo, las mujeres salvadoreñas y hondureñas tendían a estar ocupadas 
mayoritariamente en actividades comerciales y menos en el servicio doméstico, a diferencia 
de las guatemaltecas. 
 
46 Emif Sur, 2004-2013, México, El Colegio de la Frontera Norte, Conapo, STPS, SRE e INM.

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