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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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evaluaciones sobre su impacto, lo que justifica implementar proyectos piloto para 
evaluar su efectividad. 
Existe un desafío institucional para implementar y darle seguimiento a este conjunto 
de políticas en los países del NCA. Algunos de los ministerios de agricultura en estos países 
no tienen la capacidad para hacerlo y todos tendrían que sujetarse a procesos de reingeniería 
para ajustar su institucionalidad con el fin de cumplir estas funciones adecuadamente, 
anunciadas a menudo, pero pocas veces puestas en práctica. Probablemente se requiera una 
nueva arquitectura institucional que no solo asegure la capacidad técnica para hacer 
propuestas, implementarlas, evaluarlas y ajustarlas en la medida que se cometan errores, 
sino también para cumplir con un papel catalítico y de consulta que es indispensable para 
poder avanzar. Ello incluye la posibilidad de acordar coaliciones territoriales (FAO, 2018) 
para enfrentar desafíos comunes, con la participación de los actores más importantes del 
territorio correspondiente. 
Las cinco políticas señaladas no agotan la agenda de desarrollo rural, pero están 
centradas en lograr un aumento de la productividad agrícola, que podría ser un primer 
paso, o parte de un conjunto de otras acciones. Estas incluyen la necesidad de avanzar con 
una protección social ampliada, la gestión sostenible de los recursos naturales, la expansión 
del empleo rural no agrícola y paquetes integrados de infraestructura (FAO, 2018). Para 
asegurar un aumento sostenido de la productividad agrícola, y mayor equidad, también 
tendrían que avanzarse en estos ejes, que la FAO considera la base de un nuevo ciclo de 
políticas para reducir y eliminar la pobreza rural en la región. 
Implementar paquetes integrados de infraestructura para atender el sector rural 
sería especialmente importante en Guatemala, cuya debilidad en esta área es notable, como 
señala la FAO (2018). Además, tendría que realizarse un esfuerzo especial en los tres países 
por ejecutar proyectos de infraestructura intensivos en mano de obra, lo que podría 
convertirse en la principal fuente de empleo directamente generado por el Estado en 
cada país. 
Existen experiencias de infraestructura comunitaria financiada mediante remesas 
canalizadas por asociaciones de migrantes en el exterior que han proporcionado recursos 
para la construcción y reparación de escuelas, clínicas de salud, agua potable, instalación de 
electricidad, telecomunicaciones, caminos asfaltados y, menos común, proyectos de 
irrigación (IFAD, 2008, pág. 39). La diferencia entre este tipo de envío colectivo de remesas 
y las remesas familiares es que privilegia la inversión, y puede ser estimulado por la vía 
de fondos gubernamentales de contraparte. Lo ha hecho México desde hace algún tiempo 
—que puede ser fuente de asesoría en este campo— y más recientemente El Salvador, 
mediante el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (IFAD, 2008). Los costos de 
transacción altos, puesto que se trata de numerosos proyectos pequeños, podrían ser 
superados con la cooperación de ONG, en coordinación con los gobiernos municipales 
o centrales. 
Aparte de la infraestructura comunitaria, cabría especialmente ampliar la red de 
caminos rurales, para contribuir a la producción y al comercio de productos agrícolas dentro