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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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migrantes en el exterior. Orozco y Yansura (2015) encuentran que los programas que existen 
para atender a retornados en Centroamérica han sido modestos, con escasos recursos, poco 
personal, limitada información, escasa capacidad de tener acceso a los retornados y sin 
posibilidades reales de atender a retornados que, por sus muy diversas características, 
presentan desafíos que no pueden resolverse con soluciones simples y homogéneas. 
En la práctica, el apoyo gubernamental en los países del NCA ha estado concentrado 
sobre todo en el recibimiento de los retornados, aunque se observan diferencias entre países, 
con mayor capacidad en El Salvador, comparado con Guatemala y Honduras. Un ejemplo 
de acciones con un enfoque de desarrollo son los proyectos implementados por el Fondo de 
Inversión Social para el Desarrollo Local con aportes de salvadoreños en el extranjero, en 
efectivo y en especie, de gobiernos municipales y del gobierno central. Samuel Hall/IOM 
(2017, págs. 17-18) ha concluido que los programas de reintegración o retorno deben ser 
integrales, con varias orientaciones: 
i) Concebir el retorno como un proceso debidamente planificado que idealmente 
cubra desde la situación previa a la salida del retornado hasta la situación 
posterior a la llegada. 
ii) Contemplar intervenciones que incluyen apoyo para iniciar negocios, educación y 
ubicación de empleo, recursos y gestión financiera y el acceso a servicios, además de 
apoyo psicosocial, incluyendo medios para integrar a retornados a redes sociales en 
un ambiente estable. 
iii) Asegurar la coordinación y participación de actores externos mediante 
alianzas público-privadas, el involucramiento de diásporas y la responsabilidad 
social-empresarial. 
iv) Garantizar el monitoreo y medición de los avances. 
Los programas identificados por Orozco y Yansura (2015) en Centroamérica están 
muy lejos de contener estos ingredientes, pero además enfrentan dos serios peligros: 
primero, no alcanzar la masa crítica adecuada para un contexto como el de los países del 
NCA, con deportaciones crecientes que amenazan con ser masivas; segundo, no dar lugar a 
suficiente inversión y empleo para atender a los retornados, aun cuando se realicen 
esfuerzos importantes, públicos o privados, para fortalecer sus capacidades. 
Estudios de ASIES-KAS ponen en evidencia que El Salvador ha avanzado más con 
la legislación y establecimiento de una institucionalidad pública para atender el tema de las 
migraciones que Honduras y Guatemala (ASIES y otros, 2016). El establecimiento del 
Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su familia 
(Conmigrantes) fue resultado de una ley aprobada en 2011, para formular e implementar 
una política integral sobre migración, favorecer la coordinación y apoyar a las familias de 
migrantes en El Salvador. 
ASIES y otros (2016) informa que, aparte de etapa de la recepción, en El Salvador 
también se contempla una etapa de reinserción económica, centrado en proyectos y 
emprendimientos. El Ministerio de Relaciones Exteriores selecciona a los retornados que 
podrían ser apoyados con proyectos, que son capacitados en administración de empresas y