La_energia_en_Euskadi

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La energía en Euskadi 
Elementos para la consecución de un modelo 
sostenible y socialmente integrador 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo Final 
Máster Oficial en Cooperación y 
 Desarrollo Internacional 
 
Reallizado por: 
Sara Iturriaga De la fuente 
Dirigido por: 
Roberto Bermejo Gómez De Segura 
 
 
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1. Diagnóstico a 2015 
1.1. Datos estadísticos sobre consumo 
 
Definir la política energética de Euskadi es tarea del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. En junio de 1981 se 
terminaron de definir las competencias que quedaban transferidas al ejecutivo 
autonómico, entre ellas, bastante capacidad de gestión en materia energética. Un año 
más tarde se creó en Ente Vasco de la Energía (EVE). Es el organismo oficial que, 
además de dibujar las líneas estratégicas, recopila y proporciona datos sobre en qué 
formas y de qué manera se consume energía en la Comunidad Autónoma. El informe 
completo más reciente sobre datos energéticos revisa el año 2015. 
Es una fecha interesante por varios motivos. Por un lado se produce un descenso 
generalizado en el precio de los combustibles fósiles, especialmente del crudo, por 
otro, se logran las mayores cuotas históricas en instalación renovable en el mundo. El 
precio del crudo en el mercado internacional llegó a desplomarse hasta un 70% en 
menos de un año. 2015 es también el ejercicio en que Euskadi abandona la tendencia 
de descenso del consumo energético que mantenía desde 2010, aumentando en un 
1% el consumo final al albor de cierta recuperación económica. El aumento en la 
demanda, el consumo de energía y electricidad en este período se observa a su vez 
en el resto del estado. Según datos del Club Español de la Energía, “la demanda de 
energía primaria o total se ha incrementado notablemente, el +4,6%” entre el 2014 y el 
2015 (Club Español de la Energía, 2016). 
Aunque estos datos no son de estricta actualidad, son perfectamente útiles para 
realizar una radiografía de la situación en que se encuentra el territorio. Por todo ello, 
el análisis sobre la coyuntura energética que se presenta a continuación está basado 
en el estudio del documento que los comprende, llamado Datos Energéticos 2015 
(EVE, 2016). 
1.1.1. Consumo per cápita 
 
Uno de los indicadores más utilizados para valorar el consumo en una 
población es su reparto por habitante. Aunque presenta lagunas y puede no resultar 
representativo (por ejemplo en áreas con muy baja población donde existe un centro 
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industrial muy consumidor) este indicador permite realizar comparaciones entre áreas 
geográficas. 
En 2013 el Consumo Interior Bruto per cápita en Euskadi era de 2.93 Toneladas 
Equivalentes de Petróleo por habitante (tep/hab). Es probable que esta cifra haya 
aumentado en relación con el crecimiento del consumo energético general de los 
últimos años. Aun así, es una cifra menor que la del conjunto de la Europa de los 28 
de aquel entonces que alcanzaba un 3.27 tep/hab. 
Conviene explicar que las características particulares de cada región suponen 
variaciones importantes en este indicador, de forma que las enormes diferencias en 
cuanto a densidad de población que se dan entre la provincia de Bizkaia y Araba 
hacen que la representatividad del dato quede trastocada. 
Bizkaia es la provincia más densamente poblada y su nivel de industrialización es muy 
superior que el de sus aledañas, por tanto, es la Diputación Foral más consumidora. El 
Consumo Interior Bruto de Bizkaia representa más de la mitad del consumo total 
vasco, alcanzando en 2015 el 51.2%, sin embargo, tiene el menor consumo per cápita. 
Araba supone únicamente el 17.7% del total del consumo y sin embargo, al tener una 
baja densidad de población, es la provincia con un mayor consumo energético per 
cápita. El EVE estudia este fenómeno teniendo como referencia los datos del 2014. 
Aquel año el consumo final de energía per cápita en Álava era de 3,17 tep/hab, 
seguido del guipuzcoano con 2,61 tep/hab y en último lugar se encontraría Bizkaia con 
1.85 tep/hab. 
 
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Es significativa la diferencia que existe entre el consumo y la generación por habitante. 
En la comparativa que el Ente ofrece entre Estados de la Unión Europea se puede 
observar que la producción de energía primaria en Euskadi es de apenas 0,2 tep por 
habitante, mientras que su consumo ronda los 3 tep (2,9). El Reino Unido presenta 
consumos cercanos a los vascos (2,94 tep/hab) pero, a diferencia de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (CAE), dispone de recursos fósiles propios y su nivel de 
producción es de 1.67 tep/hab. 
 
1.1.2. Por sectores 
 
 El efecto de la crisis económica 
sobre la demanda energética se reflejó de 
forma más tardía en Euskadi que en el resto 
del estado. Desde el año 2010 las cifras 
recogen un descenso paulatino ligado 
especialmente a la menguante producción 
industrial. El ejercicio 2015 es el primero en 
reflejar un cambio en esta tendencia. Los 
datos del Ente certifican que en ese año el 
consumo energético interior bruto creció un 
1.5%. Todos los sectores aumentaron su 
consumo a excepción de la industria, donde 
se produjo una reducción de hasta el 2,8%. 
Destaca sobremanera el aumento de un 5,1% en el sector doméstico y el sector de 
servicios que hinchó su consumo un 4%. También es notable el aumento en el 
transporte, un 3,4%. A diferencia de los dos sectores mencionados con anterioridad, 
que consumen principalmente energía eléctrica, la movilidad en la CAPV se alimenta 
básicamente de petróleo y derivados siendo su crecimiento el más preocupante de 
cara a la sostenibilidad. El sector primario ha aumentado un exiguo 1,4%. Por 
desgracia, este también es un sector muy intenso en el uso de combustibles fósiles. 
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Industria, pesada consumidora e insostenible 
La industria vasca consume principalmente gas natural y energía eléctrica. Su 
merma productiva es la causante del descenso del 3% en la demanda del 
hidrocarburo. De todas formas, el sector industrial sigue siendo el principal cliente del 
mercado gasista vasco, correspondiéndole más del 44% de la demanda total de Gas 
Natural, seguido por la generación eléctrica (37,2%). El hecho de que la industria y la 
generación eléctrica mantengan una fuerte dependencia del Gas Natural importado 
responde a las políticas que desde los años ochenta se han implementado desde el 
Gobierno Vasco que apuestan por hacer de este el elemento energético principal. 
Un informe publicado en 2016 por el EUSTAT afirma que: “en comparación con otras 
economías, la estructura productiva vasca se asemeja más a Alemania que a España 
o a Francia”. Señala que los sectores que tradicionalmente han tenido mayor peso, 
como la metalurgia y la máquina herramienta siguen siendo los pilares del tejido 
productivo vasco a pesar de la drástica reducción que han sufrido entre 2008 y 2014. 
En la otra cara están las áreas productivas con menor importancia, según el EUSTAT: 
“Los sectores con menor peso dentro de la Industria de la C.A. de Euskadi son el de 
Industrias Extractivas y Coquerías y refino de petróleo, que únicamente representa el 
0,4% cada uno” (EUSTAT, 2016). 
Transporte, totalmente fósil. Absolutamente desfasado 
El sector vasco del transporte es el principal consumidor de petróleo y 
derivados como fuelóleos o linóleos, keroseno u otros (86,1%). La situación es muy 
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preocupante dada la absoluta falta de diversificación de los combustibles y el 
preponderante papel del transporte por carretera. El gasóleo de automoción supone un 
74% del total de la demanda de estos derivados del petróleo. 
Las propuestas gubernamentales y los fondos públicos que deberían haber sido 
destinados a la electrificación renovable de la movilidad no se han empleado 
correctamente. No se han puesto en marcha medidas que dieran lugar a un trasvase 
efectivo de la distribución de mercancías por tren o cualquier medio alternativoal 
motorizado. Se han menospreciado las oportunidades para implementar el vehículo 
eléctrico (incluyendo vergonzosos casos de corrupción) y no se ha investigado y 
desarrollado con la seriedad requerida, llegando a 2017 con un modelo de transporte 
más acorde a la situación de finales del siglo XX que a la actual. 
 
1.1.3. Por tipo de energía 
 
La forma de energía que tuvo un mayor aumento en la demanda en 2015 fue la 
electricidad. Este aumento vino ligado al crecimiento en el sector residencial y de 
servicios. El debilitamiento de la siderurgia fue causante de la única merma en la 
demanda eléctrica. En el lado contrario, la forma de energía con menor peso en el mix 
vasco son el carbón y sus derivados. 
 
A pesar del aumento de la electrificación, el País Vasco sigue siendo profundamente 
dependiente de los combustibles fósiles y la energía en forma eléctrica solo supone el 
25,6% del consumo final total. 
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De la energía eléctrica que consumimos más del 60% proviene de fuera de la 
comunidad, produciendo de forma local poco más del 37%. Lamentablemente, los 
kilovatios que se generan en Euskadi son principalmente sucios y dependientes de los 
combustibles fósiles. De hecho, un 37.2% del Gas Natural que Euskadi importa se 
dedica en exclusiva a la producción eléctrica en centrales de ciclo combinado. Gorka 
Bueno, profesor de la UPV-EHU valoró este modelo de generación fundamentado en 
el consumo de gas natural en el año 2008. Bueno denunciaba que: “No existe nada 
semejante en ningún otro país desarrollado del mundo. En 2007, los únicos estados 
que tenían un porcentaje más alto eran Uzbekistán, Catar, Turkmenistán, Bangladesh, 
Belarús, Emiratos Árabes Unidos, Algeria, Azerbaiján, Rusia, Irán y Argentina” (Bueno, 
2008). En el informe en que Bueno aportaba esta información se preguntaba a su vez 
si estos eran los países de referencia para Euskadi, añadiendo que “En la Unión 
Europea el consumo de gas natural es el 24,9% del consumo primario y en la OECD el 
23,7%” (Bueno, 2008). 
Combustibles fósiles, lo más demandado 
 Las fuentes de energía no renovables y en especial aquellas que se obtienen a 
partir de recursos fósiles siguen siendo la base de la dieta energética de Euskadi. 
Aunque por fin el uso de carbón es prácticamente cero, la suma del petróleo y sus 
derivados junto con el Gas Natural suponen aún el 77% de la demanda. 
Durante el ciclo 2014-2015 convergen diversas situaciones que contextualizan los 
movimientos en el consumo interno de combustibles fósiles. El mercado internacional 
es presa de una situación de incertidumbre que da lugar a una volatilidad en el precio 
del crudo. Se producen sucesivas inundaciones del mercado del gas y el petróleo por 
la explotación de yacimientos mediante técnicas no convencionales junto con una gran 
caída de la producción a nivel mundial. El barril de Brent llegó a situarse en el entorno 
de los 37 dólares por barril. Este derrumbe de los precios animó el uso del vehículo 
privado al traducirse en “rebajas” en las gasolineras. La demanda de gasóleos B y C 
creció un 14% en el territorio respecto a los valores del año anterior (EVE, 2016). 
El único movimiento a celebrar en este período es el cierre de única central operativa 
de generación eléctrica mediante la combustión de carbón que quedaba en Euskadi, 
relegando la piedra sucia pero densa energéticamente a usos industriales que no 
alcanzan el 1% del consumo energético total. 
Energías renovables, suspenso absoluto 
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El porcentaje que la energía renovable supone sobre el total del consumo en 
Euskadi es apenas el 7%. En Europa sólo regiones como Reino Unido e Irlanda 
presentan porcentajes tan pequeños o inferiores, claro que estas disponen de recursos 
fósiles propios. Estamos muy lejos del objetivo del 20% pautado por la Comisión 
Europea para 2020. Pero alcanzarlo, e incluso superarlo no es imposible. Así lo 
manifiesta el 36% de cobertura del consumo por medios renovables alcanzado por 
Suecia o el 30% de Austria y Finlandia. La renta de estas regiones tampoco sirve 
como excusa. España, con un nivel de renta muy inferior, llega a satisfacer por estos 
medios el 15 % e Italia el 18%. 
El repaso a las estrategias energéticas aprobadas en Euskadi desde el año 2000 
evidencia que el problema es la falta de seriedad para enfocar las inversiones y los 
planes en esta dirección. Es posible enumerar una larga lista de fracasos, objetivos 
incumplidos y políticas incoherentes. Euskadi tiene un gran margen para aumentar su 
utilización de energía renovable en especial en el aprovechamiento eólico y 
fotovoltaico. 
 
1.2. Impactos del elevado consumo 
 
1.2.1. Ambientales 
 
¿Es Euskadi sostenible? Antes de responder conviene hacer una reflexión 
sobre el propio concepto de sostenibilidad. Hay que valorar si lo que se espera 
sostener es una actividad en el tiempo o si son las condiciones medioambientales el 
objeto de interés. Qué es la sostenibilidad y en qué se diferencia del llamado 
desarrollo sostenible. Las propuestas que surgen de las instituciones vascas insisten 
en la idea de potenciar un crecimiento económico inteligente, cada vez menos intenso 
en consumo energético y de recursos, más limpio y eficiente. Desafortunadamente, 
estas proyecciones son muy difíciles de lograr y por supuesto no existen al margen de 
un planeta que ya se está calentando, cuyos recursos se están agotando y que 
requiere poner en duda de forma urgente el propio concepto de crecimiento. 
El Gobierno Vasco lleva años haciendo apología de una buena intención en cuanto a 
reducir el impacto ambiental de la comunidad. Periódicamente son publicados datos 
sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) e incluso hay aprobada una 
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Estrategia de Cambio Climático del País Vasco 2050. El ejecutivo considera que de 
continuar con las políticas actuales las emisiones de GEI se llegarían a reducir un 40% 
en 2050 respecto a los datos de 2005 pudiendo llegar hasta el 80% de realizarse 
mayores esfuerzos. La primera medida para lograrlo es: “apostar por un modelo 
energético bajo en carbono”, que pretende alcanzarse: “caminando hacia un transporte 
sin emisiones” (Gobierno Vasco, 2015). 
Según ese documento la CAPV supone: “una aportación del 0,5 % del total de 
emisiones de la Unión Europea” (Gobierno Vasco, 2015). En los últimos años se 
puede observar una reducción de las toneladas anuales emitidas, sin embargo, tal 
disminución está muy ligada a la caída productiva por efecto de la crisis económica. 
Cabe esperar que la recuperación de los sectores productivos genere de nuevo 
aumentos en las emisiones de GEI. El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de 2014 del Departamento de Medio Ambiente y Política territorial del 
ejecutivo mantiene que: “respecto al año 2005, las emisiones han disminuido un 25%, 
estando ligeramente por debajo de la senda marcada para conseguir los objetivos de 
la Estrategia Vasca de Cambio Climático” (IHOBE, 2015). 
Lo más probable es que no se logren los objetivos propuestos en cuanto a reducción 
de emisiones, tanto los de las estrategias a corto plazo (2020, 2030) como en las 
proyecciones a 2050. Así viene ocurriendo sucesivamente con todas las metas al 
respecto aprobadas hasta el momento. Es trágico que mientras otras regiones 
europeas dan muestras de esfuerzo por lograr los objetivos propuestos desde la 
Comisión Europea para la sostenibilidad, la Comunidad Autónoma Vasca no esté 
haciendo lo suficiente. Constantemente se minusvaloran las externalidades negativas 
de nuestro sistema productivo. En el informe sobre las emisiones de GEI del 2014, los 
autores describen que: “de acuerdo con los datos se ha calculado un incremento del 
0,02%, lo cual no es significativo” (IHOBE, 2015). 
 
1.2.2. Sobre la salud 
 
Otro efecto pernicioso del actual modelo energético es su afección sobre la 
salud pública. Un mix fundamentado enlos combustibles fósiles incide negativamente 
en las condiciones de salubridad. Además de las emisiones de gases tóxicos 
asociadas a los procesos de combustión, los hidrocarburos conllevan otro tipo de 
impactos. En los años 50 el desarrollismo británico basado en la combustión de carbón 
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supuso una contaminación atmosférica brutal. Fue entonces cuando, debido al 
aumento de las necesidades médicas por problemas respiratorios e infartos, se 
comenzó a investigar la relación entre contaminación y enfermedad. 
Un estudio realizado por el Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP) da 
cuenta de los efectos que sobre la salud tienen los combustibles fósiles. Explica que 
determinar cuáles son las afecciones a corto plazo y cuál es el elemento que las causa 
es confuso, ya que situaciones meteorológicas así como otros elementos estacionales 
producen variaciones. El Institut concluye que es innegable que existe una estrecha 
relación con la exposición a contaminantes derivados de los hidrocarburos en ciertos 
tipos de patologías (Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP), 1999). 
El informe, que fue publicado por la Revista Española de Salud Pública, determina que 
las afecciones derivadas de la contaminación atmosférica “van desde un aumento de 
la mortalidad total y por causas respiratorias y cardiovasculares a las alteraciones del 
funcionalismo pulmonar”. Los autores señalan que en las ciudades y áreas con baja 
calidad del aire el número de visitas médicas por habitante es más alto que en las 
regiones con menor tráfico o presencia industrial. Las afecciones a largo plazo que 
actualmente se relacionan con la baja calidad del aire son, entre otras, el bajo peso al 
nacer, algunos problemas en el desarrollo cognitivo de los infantes, el asma, el cáncer 
de pulmón además de otras acusaciones respiratorias y cardiovasculares e incluso la 
reducción de la fertilidad (Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP), 1999). 
De cara a reducir los problemas de salud producidos por el modelo energético existe 
una vía con incidencia directa, el ataque radical a un parque automovilístico casi 
totalmente motorizado mediante los combustibles fósiles. Aunque no existe un 
automóvil con impacto cero, los vehículos que queman diésel emiten más dióxido de 
carbono que los de gasolina, estos más que los que funcionan con gas natural y todos 
ellos mucho más que el vehículo eléctrico y el propulsado con tecnología de hidrógeno 
renovable. Hay que trabajar para que estas tecnologías tengan un encaje económico. 
Entre los gases dañinos que salen de los tubos de escape se encuentran: 
hidrocarburos que no han sido quemados (HC), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido 
de carbono (CO), dióxido de azufre (Cox), aldehídos, partículas enanas pero tóxicas 
de hollín (Mp) y por supuesto el conocido dióxido de carbono (CO²). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) definió al CO² como “asesino silencioso” (Institut Valencià 
d'Estudis en Salut Pública (IVESP), 1999). Hasta la prohibición de la gasolina con 
plomo, este venenoso elemento formaba parte del coctel de emisiones. 
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En una nota de prensa publicada en diciembre de 2015, el Gobierno Vasco exponía 
los comportamientos de la sociedad vasca respecto del transporte. Reconocía que: “El 
coche o moto privado es la forma de transporte más habitual entre la población de 
Euskadi, el 35% lo utilizan todos o casi todos los días”. En el mismo documento se 
admitía que: “La razón principal por la que se elige un medio de transporte u otro es la 
comodidad” (Gobierno Vasco, 2015). Además, en los estudios del EUSTAT que dan 
pie a la publicación de esta nota de prensa se recoge que el vehículo privado es el 
medio más utilizado para los desplazamientos más frecuentes de la población, tales 
como, acudir al lugar de trabajo o al centro de estudios (Gobierno Vasco, 2015). He 
aquí un elemento a transformar para una posible transición energética. Este tipo de 
movimientos se realizan en su mayoría en zonas urbanas y periurbanas entre 
distancias no demasiado amplias. Son por tanto los que mejor capacidad tienen para 
realizarse mediante vehículos eléctricos dado que las limitaciones de las baterías 
obligan, por el momento, a relegar el uso del vehículo eléctrico a trayectos de pocos 
kilómetros. De invertirse en implementarse con seriedad una infraestructura de carga y 
facilitación del vehículo eléctrico podría suponer una mejora ambiental y en términos 
de salud pública. 
El tema de la contaminación de las ciudades debido a la densidad del tráfico 
motorizado que albergan ha estado recientemente de actualidad. La alcaldía de 
Madrid tomo la determinación de limitar los vehículos que circulan por la M30, principal 
arteria de la ciudad. Para ello, estableció un sistema de cuotas alternas en base al 
número de las matrículas, de modo que unos días los automóviles cuya matrícula 
terminara en un número par podían moverse, al día siguiente era el turno de los 
números impares. Esta medida, sin duda, resultó incómoda para muchas personas, 
algunas de las cuales mostraron un profundo rechazo ante la necesidad de adaptar 
sus costumbres. No obstante, se trata de un primer intento de restringir el uso del 
vehículo privado, algo nunca visto en España pero que tiene que ir convirtiéndose en 
parte de la cotidianidad, si no es por motivos ecológicos, por la escasez de recurso 
fósil o simple y llanamente por salud. 
Al consistorio madrileño le tocó la papeleta de defender su propuesta, que aunque no 
es idílica, responde a una alarmante situación de afectación a la salud pública. El aire 
de Madrid superó durante varias series temporales los umbrales estipulados como 
aceptables por la Unión Europea. El límite está en los 180 microgramos de dióxido de 
carbono por metro cúbico de aire y la alerta salta cuando esta concentración se 
alcanza durante 18 horas. Un artículo publicado por Ecologistas en Acción alerta de 
que: “la contaminación por dióxido de nitrógeno causa cada año 5.900 muertes 
11 
 
prematuras en el Estado español, según las estimaciones más recientes de la 
Organización Mundial de la Salud” (Ecologistas en Acción, 2016). 
La Unión Europea ha realizado un proyecto llamado APHEIS, cofinanciado por el 
programa de Enfermedades Relacionadas con la Contaminación puesto en marcha 
por la Comisión. Entre las publicaciones a que ha dado lugar se encuentra una 
evaluación de los impactos de la contaminación por partículas en cinco ciudades 
españolas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao. 
Estudiaron la incidencia de partículas de tamaño inferior a un micrómetro (PM10) y sus 
concentraciones en diferentes períodos. De las conclusiones obtenidas, los autores 
destacan que: “Los niveles diarios de PM10 (…) en Bilbao, Madrid y Sevilla son 
responsables de 1,4 muertes prematuras por 100.000 habitantes y año debido a sus 
efectos a corto plazo y de 2,8 muertes/100.000 en un periodo de hasta 40 días tras la 
exposición” (Fustel, 2005). 
 
 
1.2.3. Deuda ecológica 
 
El desarrollismo vasco que ha permitido alcanzar una renta per cápita, una 
producción y un consumo elevados se sirve de la destrucción de las condiciones 
necesarias para la vida y para un medio ambiente saludable en otras regiones del 
planeta. Por ello, otro concepto a tener en cuenta a la hora de valorar el modelo de 
desarrollo (y energético) es el de Deuda Ecológica (DE). 
Este término es relativamente reciente. Hace referencia al deber contraído por una 
región con aquellas otras que se han visto afectadas negativamente por su actividad 
económica. Es una valoración monetaria del expolio pasado y presente de recursos 
12 
 
naturales, la exportación de impactos sobre el medio ambiente y el uso del espacio 
global como vertedero (Ekologistak Martxan y Euskal Begia, 2005). 
La Deuda Ecológica se contrapone a la Deuda Externa. Frente a la contraída por lasregiones empobrecidas mediante créditos para el desarrollo concedidos por entes 
financieros internacionales y países con economías potentes, la Deuda Ecológica es 
contraída por estos últimos sobre los primeros. Viene a denunciar el ideal del 
desarrollo evidenciando algunos de los aspectos negativos de este y poniendo de 
manifiesto que a aquellos a los que se les exige el pago de deudas financieras quizás 
sean quienes deben recibir una compensación. Hay cuatro componentes de la DE: la 
Biopiratería o el acaparamiento que la agroindustria y los laboratorios hacen de 
saberes sobre semillas, plantas medicinales y otros conocimientos indígenas sin 
compensación a estos y por los que al final obtienen beneficios, la Deuda de Carbono 
por el vertido constante de GEI a la atmósfera, los Pasivos Ambientales derivados de 
la extracción de recursos naturales sin atención a la afección ambiental y por último la 
Exportación de residuos tóxicos (Ekologistak Martxan, et al. 2005). 
Como región fuertemente industrializada, gran consumidora pero escasa en recursos 
endógenos la Comunidad Autónoma Vasca tiene una gran DE. El primer componente, 
la Deuda de Carbono, se calcula teniendo en cuenta la cantidad de emisiones que el 
Panel Internacional de Expertos por el Cambio Climático (IPCC) consideró como nivel 
crítico. Según este organismo, desde 1967 las emisiones superan las capacidades de 
los sumideros naturales para hacerles frente. Para darle un valor monetario se calcula 
la tonelada de CO² entre el PIB. En el trabajo realizado por Ekologistak Martxan y 
Euskal Begia titulado La Deuda Ecológica en Euskadi; ¿Quién debe a quién? Se 
afirma que sólo monetizando las emisiones de GEI, el territorio es “deudor ecológico 
por más de 22.000 millones de euros, siendo la deuda del año 2000 cercana a los 800 
millones de euros”. En el momento en que Euskal Begia y Ekologistak Martxan 
realizaron el informe la unidad de deuda de carbono (la tonelada de CO² entre el PIB) 
valía 58€. Realizar esta valoración en términos financieros permite comparar la 
cantidad que supone la Deuda de Carbono en relación con la Deuda Externa. El 
trabajo de Euskal Begia y Ekologistak Marxan concluye que en el año 2000 la Deuda 
de Carbono acumulada mundial ascendía a 14.5 billones de euros, siete veces la 
cantidad que el Banco Mundial reconocía como Deuda Externa. 
Las grandes cifras que presenta la CAE en cuanto a emisiones de GEI que hinchan la 
Deuda Externa son en buena medida fruto del modelo energético. Los combustibles 
fósiles son los causantes de tres cuartas partes de las emisiones. Ante tal situación, 
13 
 
los autores de la publicación anteriormente citada consideran que: “lo que pide el 
sentido común, es aplicar el principio de prevención y poner freno a nuestro derroche 
actual, reconvirtiendo nuestro sistema energético hacia los recursos renovables” 
(Ekologistak Martxan, et al. 2005). 
Por desgracia, algunos de los métodos renovables no hacen sino agravar la Deuda 
Ecológica. En ocasiones se buscan soluciones llamadas renovables que permitan 
mantener los funcionamientos sociales y económicos que asfixian al planeta pero 
generan una vida cómoda en las regiones enriquecidas. Así está ocurriendo, por 
ejemplo, con la producción de Agro Combustibles. Debido a la escasez y la carestía de 
los terrenos en Europa se utilizan campos de regiones donde es más barato producir 
para instalar monocultivos destinados a crear biodiesel. La Unión Europea importa 
masivamente aceite de palma de Indonesia con este fin. Las estimaciones apuntan a 
que hasta 6 millones de hectáreas podían haberse deforestado en la región asiática 
por este negocio (Bermejo, 2017). 
El concepto de DE no tiene relevancia jurídica hoy en día. No es exigible su 
compensación a ningún estado, ni supondría una compensación real, dado que no es 
posible recuperar el daño ambiental a través de la moneda. No obstante, es útil para 
acercar el debate acerca del impacto sobre el medio a sectores de la sociedad que, 
habiendo asumido el lenguaje del dinero, no comprenden ni valoran este tipo de 
cuestiones. 
1.3. Tendencias hacia un aumento del consumo 
 
Pilar Urrutikoetxea, ex directora del Ente Vasco de la Energía, realizó un 
interesante Diagnóstico de la situación Energética donde analiza las tendencias y las 
estrategias de cara a 2030. Sugiere que el consumo energético vasco aumentará 
sustancialmente a pesar de los esfuerzos por desligar la producción del consumo 
energético y de los avances en materia de eficiencia. Estima que: “la energía que 
requeriría Euskadi para satisfacer sus necesidades, podría incrementarse en 15 años 
un 14% alcanzando los 7,2 Millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 
2030” (Urrutikoetxea, 2015). 
El aumento de la demanda vendría ligado a la recuperación económica, esto nos 
coloca ante el dilema sobre la conveniencia de favorecer el crecimiento del Producto 
Interior Bruto a pesar de que ello suponga ahondar en la problemática ambiental. Es 
destacable que la energía de procedencia renovable sería la forma que experimentaría 
14 
 
un mayor crecimiento (en torno a un 22%). A pesar de tal empuje, al partir de una 
situación de muy exigua contribución al mix de demanda total, continuaría 
satisfaciendo una porción limitada. De hecho, la proyección de Urrutikoetxea mantiene 
que la cuota de energía renovable sobre la demanda total seguirá en 2030 en el 7%, 
es decir, porcentualmente estaría en el mismo punto que se encuentra hoy día y muy 
lejos del 30% que para la misma fecha espera alcanzar la Unión Europea. 
 
Las estimaciones indican que no será superado el modelo energético actual basado en 
la dependencia de los combustibles fósiles. Las formas de energía que se cree que 
vivirán un mayor aumento serán el Gas Natural (20%) y el petróleo y sus derivados 
(11%). Esta última fuente continuará siendo la más demanda (42%) y junto con el Gas 
Natural supondrá que los combustibles fósiles aporten casi un 70% a la demanda total. 
En resumen, el consumo energético aumentará y cada vector crecerá de forma 
paralela al aumento general, deviniendo en el 2030 en un mix energético 
prácticamente idéntico al actual (Urrutikoetxea, 2015) . 
2. Causas de la actual situación de insostenibilidad 
 
2.1. Históricas, un desarrollo de espaldas al medio natural 
 
15 
 
El actual escenario socioeconómico vasco es el resultado de una historia de 
desarrollo al margen de cualquier valoración sobre de los impactos ambientales de las 
actividades económicas. La actual demanda de recursos energéticos y bienes de 
consumo supera la media española y la del conjunto de la Unión Europea como 
consecuencia de un pasado en el que el crecimiento venía ligado a la combustión y al 
extractivismo. Y el crecimiento nunca se ponía en duda, aunque supusiera la 
destrucción del medio ambiente. 
Hoy, se anuncia una reconversión de la economía para poder seguir creciendo pero de 
forma menos contaminante. Se alardea de la búsqueda de la eficiencia y del valor 
añadido. Las promesas políticas exponen con entusiasmo una Euskadi líder en 
innovación y desarrollo, amable con el medio ambiente, incluso vanguardia en 
sostenibilidad. Se vende el humo de un sector servicios y de producción industrial 
inteligente que vendría a tomar el relevo al humo tóxico que supone la industria 
pesada en su papel de motor económico. Sin embargo, esta no es la primera vez que 
la economía vasca busca una transformación y la historia demuestra que los impulsos 
para tales cambios no tienen nada que ver con criterios ambientales, sino que se han 
debido a la búsqueda de rentabilidad de las actividades. 
Los balleneros se transformaron en boniteros y después en barcos de pesca de bajura 
según el sector pesquero se topaba con los límites causados por la sobreexplotación 
del mar Cantábrico. A mediados del siglo XVII la población de cetáceos estaba 
prácticamenteextinta. Los marineros vascos exprimieron su actividad económica sin 
valorar el recurso natural del que se valían. Por aquella época empezó a intensificarse 
la explotación de mineral de hierro, especialmente en la margen izquierda del Nervión. 
Se produjo una revolución industrial que derivó en un estallido poblacional y un 
aumento espectacular de la contaminación atmosférica. Como resultado se estableció 
un modelo económico cuyo pilar era la industria pesada. A mediados del SXX Altos 
Hornos de Bizkaia.SA era la mayor empresa del estado, el paisaje se tiñó de negro y 
hasta que la falta de rentabilidad no era angustiosa no existió ningún interés por 
replantear el modelo productivo. Esta forma de actuar, priorizando el interés 
económico del momento sin atender a la sostenibilidad no ha desaparecido. Es el 
modus operandi de la economía actual. 
16 
 
 
El abandono de aquellas industrias se debió a la merma de sus beneficios. El resto: la 
limpieza, los árboles, centros comerciales, museos y turistas son consecuencia de la 
necesaria búsqueda de otro medio de generación de empleo y capital. La Fundación 
Deusto, desde su Instituto de la Competitividad publica un Informe de la 
Competitividad del País Vasco. En el último expresan que la economía vasca necesita 
dirigirse a “una competitividad de carácter más proactivo (basada en la calidad y 
eficiencia), para llegar a una tercera fase en la que se busca una competitividad más 
participativa y sistémica (basada en la innovación)” (ORKESTRA, 2015). 
Entre las reflexiones que están abriéndose paso en los discursos económicos se 
encuentran aquellas que tratan de la desmaterialización y descarbonización de la 
economía. El objetivo es promover mercados en los que el valor añadido y, de forma 
especial, la separación entre aumentar el capital y el consumo de energía requerido 
para ello (intensidad energética). Estas ideas tienen un margen cada vez mayor para 
permear entre instituciones financieras internacionales y políticas locales. Su encaje 
en el sistema económico y social actual es más sencillo que el de aquellos discursos 
sobre el decrecimiento o los que promueven una congelación del PIB. En definitiva se 
trata de fomentar nuevas formas de hacer comercio, no de paralizarlo. 
En el año 2011 el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco expuso que una de las vías por las que atacar 
los efectos que la crisis estaba teniendo sobre la economía vasca era potenciar la 
17 
 
industria “verde”. Lo hizo en una publicación titulada Mercados y empleos verdes 
2020; El papel de la Industria Vasca hacia una economía sostenible. El ejecutivo 
expresaba la voluntad de dirigirse hacia una economía: “baja en carbono y con 
sistemas de producción ecoeficiente que minimizan la utilización de materiales, la 
generación de residuos y la contaminación ambiental” (Gobierno Vasco, 2011). En 
todo el documento está presente el interés de embarcarse en la senda del respeto al 
medio ambiente. Aunque la motivación sea la oportunidad de mercado, dice ir en pos 
de una mejora en de la situación del planeta justificando que ello constituye una 
oportunidad de mercado. La Consejera Pilar Unzalu señala que se trata de: “uno de 
los nichos de oportunidad con mayor potencial de desarrollo en los próximos años. Las 
previsiones indican que el mercado verde global se va a multiplicar por 3 en la próxima 
década” (Gobierno Vasco, 2011). 
La realidad es que la economía de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) sigue 
pivotando en el sector industrial. Este sector continúa suponiendo más del 21% del 
Producto Interior Bruto de la autonomía (EUSTAT, 2016), y aún es demasiado intenso 
en energía, demasiado dependiente y demasiado contaminante. 
 
2.2. Apuestas equivocadas 
2.2.1. Gas natural, Shale Gas, estrategia inerte 
 
El Ente Vasco de la Energía explica que fue la crisis del petróleo de los años 70 
un elemento que vino a marcar las políticas sobre materia energética se han ido 
adoptando en la CAE hasta la actualidad. La dependencia que la industria vasca tenía 
del petróleo hizo que se viera muy afectada, por ello, cuando se tuvo oportunidad de 
legislar al respecto se establecieron las líneas que marcarían el resto de decisiones. 
Tal como lo expone el EVE, lo más importante era la búsqueda de mayor seguridad y 
diversificación. Para ello se realizó “una apuesta clara por el gas natural, para 
satisfacer las necesidades de la industria, así como las actividades domésticas y 
comerciales, y posteriormente también para la producción eléctrica, impulsando así el 
desarrollo de las necesarias redes de distribución” (EVE, 2014). 
Hace apenas siete años que el EVE y el Gobierno jaleaban la idea de explotar 
hidrocarburos en Euskadi. El rechazo social y la evidencia de la inconveniencia de 
tales propósitos han logrado paralizar los proyectos. El mapa de Euskadi y de los 
18 
 
alrededores fue dividido en cuadrículas a repartir entre aquellas empresas que 
pudieran investigar y valorar las reservas de Gas Natural y otros tipos de hidrocarburo. 
Entre ellas, y como facilitadora de muchas de las prospecciones se encontraba la 
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). Una empresa de capital público que 
hace evidente el ínfimo interés de los gestores de la política vasca en abandonar el 
caduco modelo energético carbonizado. 
En los años que siguieron al 2010 se fantaseó con la exploración y posterior 
explotación de yacimientos de gas no convencional. El sector energético tenía sus 
miras en obtener Gas Natural en el territorio mediante técnicas como la fracturación 
hidráulica (fracking). Se trata de tecnologías más incisivas que permiten acceder a 
recursos de difícil extracción. Con anterioridad el uso de estas técnicas no era 
interesante, dado que aún se disponía de recursos de fácil acceso y por ello no tenía 
sentido implementar más tecnología y mayores costos. No obstante, los yacimientos 
fáciles de extraer son cada vez más escasos y ello incentiva que la industria ponga en 
marcha estas tecnologías denominadas no convencionales. El impulso a las 
renovables fue eclipsado por exploraciones para futuras posibles prospecciones en 
busca de hidrocarburos tanto en el continente como bajo el mar. 
En la CAPV, por ejemplo, hay gas de esquistos o lutitas disperso entre los poros de la 
roca pizarra. En territorio costero existen además vetas de flish negro, un tipo de crudo 
que también requiere de complejas tecnologías para su extracción. Las empresas 
interesadas en estas explotaciones cuentan con un aliado de gran valor, la SHESA. 
Esta empresa figura junto con otras en las solicitudes de permisos de investigación de 
shale gas y otros combustibles, no solo en la comunidad autónoma sino también en 
provincias limítrofes como Burgos. Algunas de las exploraciones planteadas afectan a 
las cuencas hidrográficas de los principales pantanos de abastecimiento de 
poblaciones como Gazteiz y Bilbao. Es el caso de los permisos Angosto 1 y 2, que se 
encuentran en pleno nacimiento del río Kadagua cuyas aguas alimentan el pantano de 
Ordunte. 
Cuando se aprobó la Estrategia 
Energética de Euskadi 2020 (3E2020) los 
terribles impactos negativos del uso a gran 
escala de las tecnologías no 
convencionales para la extracción de 
hidrocarburos no se habían hecho todavía. 
Seísmos, contaminación de aguas 
19 
 
subterráneas y superficiales, gran generación de emisiones de GEI y afecciones sobre 
la salud debidas en gran parte a los químicos requeridos en las explotaciones. 
El Lehendakari de aquella legislatura era Patxi López (PSE). Aunque no fue su 
ejecutivo, sino el anterior del PNV, quien inició los trámites para que las empresas 
norteamericanas (que eran quienes disponían de la tecnología) se interesasen por los 
yacimientos vascos. López desveló estos proyectos a la opinión pública viajando a 
Dallasa visitar distintas explotaciones. 
Dallas es uno de los lugares donde más se ha utilizado la técnica consistente en la 
fracturación hidráulica de la roca para alcanzar el gas que alberga. Al principio, 
menospreciando el impacto ambiental evidente por la ocupación del territorio y el 
aumento del tráfico de camiones, las explotaciones se publicitaron como potentes 
generadores de capital. La zona vivió un auténtico boom. Se generaron miles de 
puestos de trabajo y la gente se instalaba incluso en autocaravanas al calor del 
negocio producto del fracking. En pocos años comenzaron los problemas de mayor 
gravedad. Accidentes con vertidos de productos tóxicos y reparaciones costosas en 
las carreteras hasta patologías provocadas por la contaminación además de temblores 
del suelo. El diario El Mundo se hizo eco de una publicación de Nature 
Communications bajo una información titulada: “Un estudio vincula el 'fracking' a 30 
terremotos en Texas en 2014” (Corral, 2015). 
En cuanto la sociedad civil contó con información suficiente sobre los peligros que los 
proyectos podían acarrear se produjo una intensa reacción. Los movimientos 
ecologistas emprendieron campañas informativas y de denuncia. Por todas las 
regiones afectadas surgieron plataformas de rechazo y numerosos municipios (la 
mayoría de los afectados) firmaron mociones declarándose “Libres de Fracking”. Tal 
reacción llegó a manifestarse en sede parlamentaria en forma de una Iniciativa 
Legislativa Popular que buscaba, directamente, la prohibición de este tipo de 
tecnologías. Con el paso de los años, los beneficios que para la economía vasca 
deberían tener estos proyectos han sido denostados. Excepto la formación Balmaseda 
(en territorio burgalés y vasco), el resto de formaciones no presentan un volumen de 
contención de hidrocarburo tal que compense los daños que las explotaciones podrían 
suponer sobre otros sectores. Existe el temor de que los impactos repercutan 
gravemente en las zonas turísticas o de valor agrícola. 
Hoy, el fantasma de que, de una forma u otra, los yacimientos no convencionales de la 
península sean explotados no ha desaparecido. Afortunadamente, existe mayor 
20 
 
información sobre su peligrosidad y todo intento de su puesta en marcha será vigilada 
con atención. 
 
2.2.2. Hormigón y asfalto 
 
Es ineludible una transformación urgente del sector del transporte. Actualmente 
constituye un enorme problema para avanzar en materia energía-clima además de ser 
un lastre para la independencia energética y de cara a la seguridad. En Euskadi este 
sector es el responsable de cerca del 37% del consumo final de energía y la mayor 
parte de su demanda viene dada por el transporte por carretera. 
No se está realizando el esfuerzo necesario de cara a favorecer la movilidad 
sostenible. Un ejemplo evidente es la limitada capacidad del tendido ferroviario frente 
a las infraestructuras para vehículos. El último gran éxito ferroviario ha cumplido ya 
diez años y fue la inauguración de Metro Bilbao. Ciertamente, no era una apuesta 
demasiado compleja, pues se trataba de la modernización de una vía ya existente de 
Eusko Tren. Aun así, logró facilitar la movilidad de la ciudadanía del área del Bilbao 
metropolitano desincentivando la utilización de medios más contaminantes 
especialmente el vehículo privado. Lamentablemente, desde entonces apenas se han 
hecho modificaciones en la red de cercanías que une los tres territorios apenas que es 
francamente deficiente. 
El Gobierno Vasco cuenta con un organismo dedicado a ponderar la situación de este 
sector dentro de la Dirección de Planificación del Transporte del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras. Se trata del Observatorio del Transporte en 
Euskadi (OTEUS) y como parte de su labor elabora diversas publicaciones. 
Analizando estas publicaciones y las inversiones realizadas en el sector parece que el 
modelo del asfalto y el combustible fósil está aún lejos de perder peso. 
Una publicación de referencia es la Panorámica del Transporte en Euskadi, la más 
reciente data de 2015. Este documento afirma que entre los años 2013 y 2014 el 
sector del transporte de mercancías creció por encima de un 10% concentrándose el 
aumento en el transporte por carretera y aéreo (OTEUS, 2015). Estos son medios de 
transporte muy intensos en su consumo de combustibles fósiles y por lo tanto esta es 
una evidencia de que el modelo está manteniendo una inercia contraria a los objetivos 
de sostenibilidad. Las estadísticas muestran que el sector del transporte no ha hecho 
más que aumentar su consumo energético y su nivel de emisiones desde 1990. 
21 
 
 
 
De cara al futuro, tanto desde la Consejería de Transporte del ejecutivo como desde la 
Unión Europea, se muestra interés por que el transporte de mercancías vaya 
desplazándose de las carreteras hacia el ferrocarril. En este sentido se promueve la 
ampliación de la autopista ferroviaria VIIA que actualmente une el puerto británico de 
Calais con Le Bolou en Francia para que llegue a Álava. La línea se proyectaba para 
el 2020 teniendo como destino una estación intermodal en Júndiz que albergaría a su 
vez el Tren de Alta velocidad de la “Y” vasca. Estos proyectos suponen costes 
inmensos y no están llegando a completarse, mientras, las carreteras vascas siguen 
llenas de camiones. Recientemente la Unión Europea ha exhortado a reformar 11 
túneles del Tren de Alta Velocidad que se suponían terminados dado que no cuentan 
con las medidas de seguridad suficientes. Para poner estos túneles al día se 
requerirán otros 52 millones de euros con cargo a la hucha del Ministerio de Industria 
del Gobierno de España junto con nuevas expropiaciones. 
Otra inversión ejemplo del despilfarro y de la inercia del no cambio ha sido la Variante 
Sur Metropolitana. Realizada bajo el pretexto de acabar con los enormes atascos de la 
autovía A8 abrieron en 2011 los primeros tramos. La autopista más costosa por 
kilómetro de España y de la que varias agrupaciones consideran que “nace obsoleta” 
(Supersur Ez, 2008). No se han logrado los resultados esperados y cabe preguntarse 
por qué los 952 millones de euros dedicados a su construcción no se han invertido en 
movilidad alternativa al automóvil consumidor de hidrocarburo. 
También la corrupción está siendo un lastre para la puesta en marcha de un mejor 
sistema de transporte. Destaca el caso Hiriko, proyecto que nace en 2010 para el 
desarrollo del coche eléctrico. Se trata de un consorcio en el que un conjunto de 
empresas y entidades debían gestionar varios millones de euros de procedencia 
pública para poner en circulación varios automóviles eléctricos. Dentro de este 
22 
 
entramado se encontraban dos asociaciones sin supuesto ánimo de lucro así como un 
nutrido grupo de hombres relacionados con el Partido Nacionalista Vasco y el alto 
empresariado de la región. Actualmente, seis personas están acusadas de fraude y 
blanqueo de capitales por su relación con el desvío de al menos 6.4 millones de euros. 
Una pequeña porción de los hasta 18 millones de los fondos públicos con muy dudoso 
recorrido (Rioja, 2016). 
 
2.2.3. Descrédito a las renovables y a la eficiencia 
 
Nunca se alcanzan los objetivos que el EVE propone en sus estrategias respecto 
de la participación de las energías renovables en la satisfacción de la demanda 
energética final. Titulares como el del medio on line Energías Renovables que reza: 
“Euskadi no ha mejorado su cuota renovable ni una sola décima en diez años” 
evidencian el fracaso. El reportaje abre con la siguiente frase: “7,2% en 2005, 7.2% en 
2015” (Barrero, 2016). No hay demasiado hueco a la esperanza en este aspecto del 
mix energético. En el análisis de Pilar Urrutikoetxea cuando se dibujan las tendencias 
a 2030 se mantiene una cuota de renovables similar. 
De cara al año 2010 el Gobierno Vasco y el Ente Vasco de la Energía dieron forma auna Estrategia Energética que en su título decía aspirar a “Un desarrollo energético 
sostenible” (EVE, 2005). Entre otros ambiciosos objetivos, uno de los más llamativos 
era satisfacer hasta el 12% de la demanda mediante fuentes renovables. Al final de la 
década no se había alcanzado el 7%. En definitiva, aquel periodo sirvió para 
consolidar el modelo energético basado en el consumo de Gas Natural, cuya demanda 
creció un 120%, poniendo en evidencia que ese “desarrollo sostenible”, aunque 
sugerente, no era prioritario. Las siguientes estrategias siguieron la misma línea. La 
estrategia que se aprobó para la siguiente década (3E20202) llevaba unos objetivos 
tan disparatados que tuvo que ser revisada a mitad de plazo. La cuota sobre la 
demanda que se esperaba cubrir con energía de procedencia renovable era del 14% 
(EVE, 2012). 
Con frecuencia se confunde energía renovable con energía amigable para el medio 
ambiente y esto no es cierto. Conviene desglosar las fuentes de obtención de energía 
que el Gobierno Vasco y el EVE incluyen entre las renovables. Entre los métodos 
renovables de generación encontramos que el uso de biomasa supone más de un 
68% de la producción renovable local total. Aquí se incluye la revalorización de 
23 
 
residuos, una práctica de dudosa conveniencia medioambiental. El siguiente método 
de aprovechamiento energético renovable en la CAPV son los biocombustibles que 
suponen más del 15% de la producción renovable local. Las tecnologías 
hidroeléctricas suponen un 8,2% y la eólica y la solar son curiosamente los medios de 
generación renovable menos utilizados (EVE, 2016). 
 
Entre la biomasa hay que distinguir la que proviene de cultivos y la que proviene del 
aprovechamiento de residuos, bien urbanos como industriales u agropecuarios. El uso 
de residuos para la producción energética es interesante para las autoridades dado 
que están en la obligación de gestionarlos y de esta forma pueden valorizarlos. 
Es, junto con los tratamientos de reciclaje, la forma de dar salida a la gran cantidad de 
deshechos que genera la sociedad (Lomas, 2001). Los métodos más relevantes de 
generación mediante biomasa utilizados en Euskadi son las centrales térmicas y de 
cogeneración como la planta de Zabalgarbi, que se nutre de los residuos urbanos de 
Bilbao. 
Es importante el papel de las calderas instaladas en las viviendas que ha contado con 
un plan del EVE de ayudas a su instalación y la recuperación del uso de biogas (EVE, 
2016). Repercute en el uso del suelo y los ecosistemas boscosos además de en 
muchos casos (como en el de los pellets) requerir de procesado y distribución 
industrial. Por lo tanto, el concepto de biomasa no tiene por qué ir ligado al de 
sostenibilidad, sino que debe ser controlado para que efectivamente su uso tenga un 
impacto positivo. Por otra parte están los biocombustibles. El fomento de su utilización 
para la diversificación del transporte y las ayudas a la instalación de plantas para su 
procesamiento inciden en el establecimiento de monocultivos además de suponer una 
presión para el alza del precio de semillas que podrían servir como alimento. 
También existe debate al respecto de la generación eléctrica hidráulica. Aunque en 
territorio vasco la mayor parte de las instalaciones son de pequeño tamaño, afectan a 
24 
 
las cuencas hídricas, a los cauces y ecosistemas de los ríos. Además, los mecanismos 
por los cuales en una época se favoreció su instalación para, posteriormente, pasar a 
un segundo plano o ser objeto de desidia por el Ente ha favorecido también su 
rechazo. 
En cuanto a la generación de energía eléctrica por métodos de aprovechamiento de la 
fuerza eólica, el mayor problema está relacionado con el sistema eléctrico español. El 
actual modelo eléctrico es centralizado, requiere de grandes centros productivos 
desde los que colectar kilovatios para que una empresa pueda gestionarlos. De esta 
manera, un grupo reducido de empresas (véase, Endesa, Iberdrola, EdP y Gas Natural 
Fenosa) pueden controlar el mercado eléctrico, consolidándose como oligopolio. 
Logran que las leyes y planes energéticos del poder ejecutivo se adapten a sus 
intereses, ya que de ellas depende el suministro de un elemento imprescindible. 
 
El poder de estas empresas está retrasando la implementación de cambios normativos 
que serían necesarios para lograr una transición energética, por ejemplo, medidas que 
permitan la generación eléctrica distribuida y a pequeña escala. En Euskadi no existen 
espacios amplios y con las características necesarias para la instalación de grandes 
campos de generación eólica y por ello su importancia es escasa. Lo mismo ocurre 
con la generación fotovoltaica. Si bien presenta un gran potencial para satisfacer 
pequeños consumos, ese tipo de instalaciones no han sido suficientemente 
incentivadas. Sólo en la etapa en que desde el Gobierno de España se dieron 
facilidades para la instalación de estas tecnologías se logró alcanzar el objetivo 
propuesto por los entes autonómicos. De hecho, es el único elemento de la estrategia 
por “Un desarrollo sostenible” aprobada en 2005 de cara a 2010 que se alcanzó. Muy 
diferente de lo ocurrido con la tecnología Solar térmica. Pese a estar en un avanzado 
25 
 
estado de madurez, las instalaciones termo-solares apenas se potenciaron. Del 
objetivo de alcanzar 152 miles de metros cuadrados en instalaciones solo se lograron 
20 (EVE, 2012). 
 
3. Estrategias y políticas de instituciones superiores 
 
3.1. NN.UU: COP 21 y estrategias para el desarrollo 
sostenible 
 
3.1.1. COP 21, aceptación internacional del cambio climático 
 
Por fin se ha logrado un consenso global sobre que emprender acciones es 
urgente para no perder las condiciones que permiten la existencia de nuestra forma de 
vida sobre el planeta. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
celebrada en París en diciembre de 2015 (COP21) supuso un antes y un después en 
cuanto a la aceptación evidente y unánime del cambio climático. Todos los países se 
comprometieron a aceptar comprometerse, lo que en el lenguaje diplomático 
internacional supone un gran avance. 
La Cumbre de Acción por el Clima (COP21) tuvo como punto de mayor relevancia el 
consenso de las 165 naciones reunidas en torno a que, de mantenerse los modelos 
actuales de producción, las consecuencias climáticas llevarían al desastre. El aumento 
de la temperatura global debido al efecto invernadero conduce inexorablemente a la 
sucesión de fenómenos climáticos de los cuales se desconoce cuán grave e imposible 
de gestionar pueden llegar a ser sus consecuencias. Se estableció que debían de 
realizarse enormes esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura global por 
debajo de los 2ºC. Dos grados centígrados es el umbral ante el cual las consecuencias 
son inimaginables para el Panel de Expertos sobre Cambio Climático, lo que no quiere 
decir que con un aumento menor no se vayan a producir un cúmulo de desastres. La 
situación es apremiante. La conclusión de las conferencias atajó que lo deseable sería 
que el aumento no sea superior al grado y medio. Sin embargo, para lograr este 
objetivo la reducción de emisiones debería ser drástica, lo que no se está produciendo, 
26 
 
además de precisar de la implementación de tecnologías de captación de CO2 y otras 
tecnologías cuya implementación a día de hoy no es realmente factible. 
Aunque el acuerdo final no se expresa la búsqueda de economías hipocarbónicas, 
representantes de algunos estados europeos como Francia y Alemania si definieron 
esta vía. A pesar de la postura negacionista respecto al cambio climático del actual 
presidente de los EE.UU, Donald Trump, su predecesor, Barack Obama, firmó el 
acuerdo en que se comprometía con la lucha global para evitarlo. La mayor economía 
del planeta junto con la China, que siempre habían permanecido al margen de los 
intentos delas Naciones Unidas de controlar el nivel de emisiones de GEI (siendo a su 
vez las más contaminantes) aceptaron la necesidad de enfrentar este problema. 
Es de celebrar la implicación de las naciones que habían rechazado otros intentos 
internacionales de atención al medio ambiente como podían ser el Protocolo de Kioto 
de 1997 o las conclusiones de la Conferencia de Dorha de 2012 pero no debe tomarse 
como la panacea definitiva. La realidad es que el texto final de la COP 21 no establece 
mecanismos sancionadores para aquellos estados que actúen en contra de los 
objetivos plasmados. Además, no menciona en ningún momento a los hidrocarburos 
causantes de la mayor parte de las emisiones y olvida diagnosticar la necesidad de 
lograr economías hipocarbónicas o pasos definidos por los que guiarse hacia la 
consecución de los objetivos. Por otro lado, queda abierto el establecimiento de 
revisiones del documento cada cinco años. Teniendo en cuenta que pasados solo un 
par de ellos desde su firma, el actual jefe de Estado de EE.UU ha rechazado el 
tratado, cabe pensar que incluso la primera revisión de este tendrá un tono negativo. 
Aun así, las naciones reunidas reconocieron que los impactos económicos que cabe 
esperar de los desastres ambientales derivados de la acción humana serán inmensos. 
Para enfrentarlos se propone consolidar un fondo financiero global. 
Euskadi, al no hacer suficiente por variar su modelo productivo y de consumo se está 
marginando, no sólo del impulso europeo hacia un mayor compromiso ambiental, sino 
de un movimiento que implica a las Naciones Unidas y que aboga por tomar cartas 
urgentes en el asunto. La falta de seriedad en los objetivos respecto a la 
implementación renovable desmarca a la CAPV de la senda que están recomendando 
los organismos internacionales de mayor rango. 
3.1.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
El concepto de Desarrollo Sostenible ha sido objeto de manipulación desde su 
surgimiento. En la primera conferencia internacional en que se utilizó este concepto 
27 
 
fue en relación directa con la necesidad de priorizar el cuidado medioambiental, hoy se 
ha vaciado su contenido para llenarlo con otro mejor adaptado a las dinámicas del 
mercado. En concreto es la palabra “sostenible” la que más ha mutado. El factor de 
sostenibilidad se ha ligado al de desarrollo y este último siempre en relación con el 
crecimiento económico. De esta forma se ha logrado que cuando se habla de la 
sostenibilidad de una acción, un elemento o una empresa, la semántica conduce a 
interpretar que aquello podrá mantenerse en el tiempo. No significa que tenga poco 
impacto sobre el entorno o el medio ambiente sino que será perdurable. 
 
La reflexión sobre la sostenibilidad atendía en su nacimiento, hace trescientos años, a 
una cada vez mayor preocupación sobre el futuro de la vida humana en la tierra, sobre 
si sería posible su continuidad y si se daría con cierta estabilidad (Bermejo, 2014). Sin 
embargo, al embarrarse en el debate sobre cómo ligar esta sostenibilidad al modelo 
económico imperante y abrazar el término desarrollo, ha sido profundamente 
tergiversado. Roberto Bermejo considera que a través de su uso en diferentes 
declaraciones y cumbres internacionales, el Desarrollo Sostenible “deja de ser un 
concepto y se convierte en un término de referencia, un icono” (Bermejo, 2017). 
Las Naciones Unidas tienen aprobados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Vienen a reemplazar a los 8 Objetivos del Milenio (ODM) aprobados en 
noviembre del 2000 en la denominada Cumbre del milenio. En aquel momento ya se 
reconoce la necesidad de trabajar por la sostenibilidad ambiental (era el séptimo 
objetivo). La fecha límite para su revisión era 2015. Una vez concluido el plazo, si bien 
se habían logrado importantes avances por la reducción de la pobreza extrema, en 
especial en India y China, no se podía celebrar un mejor estado de los ecosistemas 
mundiales. A ello se debe en buena medida que cuando se elaboran los ODS se 
pivota sobre la idea de que sin un planteamiento a cerca de la sostenibilidad no se 
28 
 
puede terminar con la pobreza. De hecho, el destrozo ambiental genera y perpetúa las 
situaciones de conflicto y pobreza. Tanto los ODM en su día como los ODS actuales 
son soft law, es decir, no son vinculantes. No obstante se elaboran mediante 
aportaciones de delegados y expertos de organizaciones internacionales y Estados 
miembro de las NN.UU y representan la voluntad de dirigirse hacia ellos. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan unir el desarrollo de las naciones con la 
reducción de gases de efecto invernadero y otras medidas en pos de la sostenibilidad 
(Verdes-Montenegro et al, 2015). El primero de los objetivos sigue siendo el fin de la 
pobreza, pero a partir del sexto (agua limpia y saneamiento) ya se especifican 
materias más estrictamente medioambientales. El séptimo se corresponde con el logro 
de energía no contaminante y asequible, el onceavo busca la sostenibilidad de las 
ciudades y comunidades, el doceavo habla de dirigirse hacia una producción y un 
consumo responsable, el treceavo es la acción por el clima y los dos a continuación 
tratan del cuidado de los ecosistemas marinos y terrestres. Será el paso del tiempo el 
que evidenciará los avances en cada una de las materias propuestas, no obstante es 
positivo que existan acuerdos fundamentales para que las naciones no potencien su 
economía totalmente al margen de los ecosistemas de los que se sirven. 
 
3.2. La política energética de la Unión Europea 
 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone tres líneas que deben 
ser transversales a toda actuación en materia de política energética, estas son la 
competitividad, la seguridad del suministro y por último la sostenibilidad. Actualmente 
está en vigor un conjunto de medidas respecto a energía y clima conocido como 
Directiva 20/20/20 (Directiva 2009/28/CE, 2009). 
Los objetivos buscan alcanzar el año 2020 con un nivel de emisiones de GEI un 20% 
inferior a los niveles de 1990, mejorar en eficiencia de forma que las previsiones de 
consumo para esa fecha se reduzcan en un 20% y, por último, que un 20% del 
consumo final bruto de energía sea cubierto con fuentes renovables. Todo parece 
indicar que las metas ambientales de esta estrategia serán alcanzadas. 
Concretamente, en una valoración que la Comisión hizo pública en Marzo de 2014 se 
daba por logrado el objetivo de reducción de emisiones, dado que en 2012 eran un 
18% inferiores respecto a los niveles del año 90. Cabe apuntar que la caída en la 
producción debida a la crisis económica ha contribuido en esta disminución (Gallo, 
29 
 
2015). También en 2012 se logró que de las necesidades energéticas un 14,4% fuera 
satisfecho por fuentes renovables y aunque se redujo el consumo de energía primaria 
no se puede descartar que la recuperación económica dificulte en parte la consecución 
del objetivo de un 20% de mejora de la eficiencia. 
De cara a 2030 la Unión Europea pretende aumentar estos objetivos, llegando a un 
40% en la reducción de emisiones siempre según los niveles de 1990, una cuota de 
suministro renovable del 27% y un porcentaje idéntico en mejora de la eficiencia. Estas 
propuestas fueron signadas en diciembre de 2014 y están en consonancia con la Hoja 
de ruta para una economía hipocarbónica competitiva para 2050, la Hoja de ruta de la 
energía 2050 y lo expuesto en el Libro Blanco sobre el transporte. La Unión Europea 
Hipocarbónica competitiva que se dibuja en estos documentos para mediados de siglo 
un objetivo de reducción en emisiones de GEI de entre el 80% y el 90%, de los cuales 
hasta un 60% devendrían del sector del transporte (Comisión Europea, 2011). 
El tratado de Maastricht en que se da forma a la Unión contempla que la relación con 
el medio en la satisfacción de las necesidades materiales y energéticas será un ámbitode implicación de la Unión (Unión Europea, 1992). Más adelante, en 2004 y 
valiéndose del principio de prevención de daños y de que “quien contamina paga” la 
Comisión aprobó una Directiva vinculante en cuanto a Responsabilidad Ambiental. 
Desde la consolidación de la Cumbre sobre el Clima de 2014 las medidas regulatorias 
sobre emisiones y la cuestión energética han tomado mayor calado en las medidas 
que se proponen desde la Comisión Europea y el Parlamento. La meta final es 
consolidar una Unión de la Energía en la cual el suministro esté asegurado de forma 
económicamente competitiva al tiempo que menos dañina para el medio ambiente. 
Cuando un usuario accede a la página web oficial de la Unión Europea y se interesa 
por la sección dedicada al medio ambiente encuentra la siguiente afirmación: “La 
naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, por lo que debemos cuidar de ella. Al 
igual que compartimos los recursos como el agua y el aire, los hábitats naturales y las 
especies que albergan, también compartimos las normas medioambientales para 
protegerlos. Europa trabaja para salvaguardar estos recursos naturales y detener la 
desaparición de especies y hábitats amenazados”. Pero la situación de los Estados 
miembro es muy diferente entre unos y otros, tanto por el nivel de consumo como por 
su contribución ambiental o la posibilidad de emprender mejoras en estos campos. 
La Comisión Europea es consciente de ello, por tanto “no sólo se encarga de fijar 
objetivos para el conjunto de la UE sino que también, los traduce a objetivos 
nacionales” (Gallo, 2015). El punto de mayor importancia de las políticas 
30 
 
medioambientales europeas es el compromiso con una reducción de entre un 80% y 
un 95% las emisiones de GEI de cara a 2050. Este es el elemento clave para el resto 
de políticas y sirve de base al empuje de cualquier medida estatal, autonómica o 
regional que ayude a la mitigación. Es el trampolín en que impulsar políticas para una 
transformación radical del actual mix energético. 
 
3.2.1. La UE y el transporte fósil 
 
Uno de los mayores problemas que encuentra la Comisión Europea con 
respecto a su futura sostenibilidad es el sector del transporte. Supone un 5% del PIB 
de la Unión y su consumo energético es fundamentalmente dependiente de los 
combustibles fósiles (Comisión Europea, 2011). Para atajar la problemática al respecto 
se han aprobado varias directivas y una serie de Libros Blancos. 
El primer Libro Blanco se aprobó en 2001 y desde entonces varios le han sucedido 
corrigiendo y ampliando los objetivos en relación a su vez con lo estipulado en la Hoja 
de Ruta para una economía hipocarbónica competitiva. La Comisión no plantea 
restricciones al respecto de la movilidad, sino generar las infraestructuras o 
tecnologías que sean necesarias. La Comisión Europea no busca lograr un transporte 
empujado totalmente mediante renovables sino que se conforma con avanzar en lo 
que denomina combustibles alternativos. 
31 
 
La Unión Europea define como Combustibles Alternativos (CA) a los que “sustituyen, 
al menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en los 
transportes y que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar 
el comportamiento medioambiental del sector del transporte” (Directiva 2014/94/UE, 
2014). Entre estos se encuentran los agro combustibles, la electricidad, el hidrógeno 
pero también, y de forma muy importante, el gas natural. Este es un elemento 
controvertido, dado que su implementación se apoya en el mito sobre las amplias 
posibilidades de sus reservas y de su menor contribución al cambio climático. Lo cierto 
es que aunque durante la combustión el gas natural emite menos CO² que el petróleo, 
en sí mismo su contribución al efecto invernadero es mayor. Cuando se valora el gas 
en cuanto a combustible se desatiende a la contribución al calentamiento global que 
suponen las fugas de metano desde el momento de su explotación, por lo tanto no 
conviene tomar a este como un elemento en el que sostener el consumo energético 
del futuro. La Comisión Europea espera que este hidrocarburo haga las veces de 
puente que permita reducir la dependencia del petróleo mientras se consolida un 
sistema de transporte menos intenso en combustibles fósiles. 
Un hándicap para la consolidación del nuevo modelo de transporte es que en algunos 
puntos de la normativa aprobada en 2014 se delega a la acción de los estados 
miembro. Ocurre así con los puntos de recarga para los vehículos eléctricos, sobre los 
que se expresa la necesidad de que para 2025 las naciones cuenten con un número 
adecuado de puntos de recarga. Es una recomendación demasiado vaga a añadir al 
hecho de que los vehículos eléctricos tienen aplicaciones limitadas. 
Variar el modelo de transporte supondrá aumentar el consumo de algunos materiales y 
la construcción de nuevas infraestructuras. La UE es consciente de que poner en 
marcha una transición en el sector del transporte supondrá agravios tanto en materia 
ambiental como, y en especial, económica. Su apuesta es mantener el movimiento 
tanto de ciudadanos como de productos dentro de unos parámetros menos emisores 
pero igual o más competitivos en la economía mundializada. 
3.2.2. La Electricidad en la Unión Europea 
 
Para lograr una Unión Europea baja en carbono es indispensable un tejido eléctrico 
adaptado. Los movimientos realizados por los agentes implicados en el mercado de la 
electricidad en la Unión y las instituciones se encaminan hacia un mayor centralismo. 
El discurso oficial mantiene que se “impulsa una Unión Energética en la que los 
ciudadanos estén en el centro del sistema” (Mejía, 2014), sin embargo, se ha 
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consolidado una liberalización del mercado eléctrico en el que a la vez que se 
proyectan grandes centros de generación y redes de Muy Alta Tensión el poder de 
decisión popular queda siempre pendiente. 
La Comisión Europea considera que la mayor dificultades “la carencia más importante 
y persistente es la falta de integración entre mercados nacionales” (J.I. Pérez Arriaga, 
2006). En el proceso de integración de las naciones respecto del mercado energético 
se ha creado un sistema o algoritmo de acoplamiento, el Multi-Regional Coupling. En 
él, los principales operadores de algunos estados comparten sus precios diarios de la 
energía tratando de valorar un precio medio de esta. No es el único intento, existen 
otros proyectos similares pero en ninguno participan la totalidad de los mercados 
nacionales. La pauta es a una mayor integración entre estos pero aún faltan muchos 
elementos. Mientras las instituciones y los grandes operadores buscan mayor 
interconexión, las regiones más pequeñas y los planteamientos ambientalistas hacen 
apología de modelos menos conectados. Es una batalla abierta entre la consolidación 
de un modelo de generación eléctrica de gran potencia y centralizado o la generación 
descentralizada. 
Desde la Comisión Europea se han aprobado una serie de infraestructuras 
consideradas claves para la Unión de la Energía. Entre los denominados Proyectos de 
Interés Común, la mayoría están relacionados con la mejora del tendido eléctrico, 
consolidando redes inteligentes y líneas de Muy Alta Tensión que conecten regiones 
haciendo especial énfasis en el báltico y la península además de contemplar cómo 
adaptar la red para la inclusión de generación eléctrica renovable. El siguiente tema al 
que se presta atención es a la distribución y utilización del Gas Natural. 
3.3. La política energética del Estado Español 
 
El marco legislativo español establece que tanto la planificación como el 
desarrollo de las energías renovables son campos de actuación compartida entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Estas tienen margen para gestionar cómo 
aprovechar los recursos renovables de su territorio y para la coordinación se creó la 
Conferencia Sectorialde Energía. No obstante, toda actuación debe estar sujeta al 
marco legal del Estado manteniéndose en la línea de los compromisos internacionales 
de los que este forme parte. 
España, como Europa y Euskadi enfrenta una situación muy compleja en cuanto a su 
modelo energético. Es tremendamente dependiente del exterior, especialmente de los 
33 
 
combustibles fósiles, de países geoestratégicamente complicados además de tener un 
mix muy contaminante (CES, 2011). Tanto la política exterior y de defensa como la 
económica y ambiental se ven muy influenciadas por esta situación. 
Las directivas vinculantes de la Unión Europea respecto del Estado español para el 
2020 exigen una serie de cuotas para la consecución de los objetivos generales de la 
Unión. España debe reducir su nivel de emisiones de GEI al menos un 10% respecto a 
los valores de 1990, un 20% del consumo energético ha de tener procedencia 
renovable además de realizar un enorme esfuerzo en materia de eficiencia energética, 
campo poco cultivado hasta el momento. De hecho, los porcentajes acordados por la 
comisión contemplan un aumento superior al 121% dado que se parte de un punto 
paupérrimo (Gallo, 2015). 
En 1994 se aprueba un Real Decreto que estipula algunas fuentes de energía bajo la 
consideración de Régimen Especial, este término engloba a las renovables excepto la 
gran hidráulica. Las deferencias que el Gobierno Español de José Luís Rodríguez 
Zapatero (PSOE) tuvo para favorecer la instalación de renovable dieron con un 
importante aumento en la potencia instalada. Durante este periodo las fuentes 
energéticas consideradas de régimen especial contaron con ayudas a su puesta en 
funcionamiento. 
El 27 de Enero de 2012 el nuevo ejecutivo presidido por Mariano Rajoy aprueba un 
Real Decreto que contempla una moratoria a la instalación de renovables y suspende 
las primas. A consecuencia del desincentivo gubernamental, el sector fotovoltaico 
pasó de emplear a más de 40.000 personas de 2008 a apenas 7.500 en 2012. Los 
cambios en la política energética española han sido valorados por multitud de expertos 
y en diferentes foros. Una idea que trasciende es la expresada por Aitor Urresti en su 
página web que considera que el posicionamiento actual supone una desventaja para 
los consumidores. Dificulta el autoconsumo y mantiene una electricidad cara en un 
mercado que favorece a las grandes compañías (Urresti, 2015). 
El marco actual en que se desenvuelve la política energética viene marcado por el 
Plan de Energías renovables 2011-2020, la Ley 2/2011 de 4 de Marzo de Economía 
Sostenible, el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 y la 
Estrategia de Seguridad Energética Nacional aprobada en 2015. 
La Estrategia de Seguridad Energética hace patente la nula atención del ejecutivo 
español por la energía de origen renovable. De hecho, en todo el documento las 
referencias a estas fuentes son exiguas. Un primer ejemplo de ello se observa en la 
34 
 
presentación del documento, firmada por el Presidente Mariano Rajoy. En un momento 
hace referencia a las características geográficas de España en cuanto a su relación 
con el sector energético. A pesar de que el Estado el que mayor irradiación solar 
recibe de toda Europa, este elemento ni siquiera aparece. Al respecto, el documento 
señala que: “la posición geográfica de nuestro país presenta, en particular, dos 
grandes oportunidades. De un lado, la facilidad para conectar a Europa con la cuenca 
atlántica y, de otro lado, el papel clave que podemos desempeñar como potencial 
puerto energético de llegada y distribución diversificada de recursos energéticos a la 
Unión Europea” (Gobierno de España, 2015). La estrategia desliza aquí la perspectiva 
de que el Gas natural juegue un papel fundamental en la sustitución del crudo, 
atendiendo al papel de puerto central en Europa que pude jugar la península. 
Alemania recibe muchas menos horas de luz solar a lo largo de un año que España, y 
los rayos que le llegan tienen una incidencia menor. No obstante, desde su gobierno sí 
se ha potenciado la electrificación de origen renovable, por lo que la región ha sido 
durante años líder europeo en instalación de tecnología solar fotovoltaica, teniendo 
hasta ocho veces más potencia instalada que España. El Diario de Noticias de 
Gipuzkoa valoró este hecho en un artículo publicado en 7 de Mayo de 2017 cuyo titular 
informa: “El país germano acumula más de 39,7 GW de capacidad solar fotovoltaica 
instalada frente a los 5,4 GW españoles” (Noticias de Gipuzkoa, 2017). De la 
presentación que el presidente Rajoy hace de la estrategia se desliza que cualquier 
avance en materia de generación renovable responde a la necesidad de cumplir con lo 
pactado con la Unión Europea más que una voluntad o compromiso medioambiental 
interiorizado. Se deja ver su desdén cuando describe un suministro energético 
asegurado: “a través de recursos externos pero también y cada vez más por medio de 
la generación de fuentes autóctonas, en el marco de los compromisos que hemos 
asumido” (Gobierno de España, 2015). 
El modelo español de generación eléctrica se basa en grandes centros de producción 
y una extensa red de distribución. Por ello, en vez de favorecer las instalaciones de 
pequeño tamaño para el autoconsumo, las inversiones realizadas han buscado los 
terrenos donde poder plantar aerogeneradores e instalaciones fotovoltaicas de gran 
potencia. Las tecnologías renovables tienen un gran potencial para romper con el 
sistema eléctrico centralizado. Permiten establecer sistemas de cercanía, son el medio 
para lograr sistemas con diversidad de puntos de generación y consumo y por tanto 
suponen un reto y una amenaza para el actual mercado energético Español y sus 
grandes corporaciones. 
35 
 
4. Desarrollo de las tecnologías necesarias para crear un 
modelo energético sostenible 
 
 Existen fórmulas para abandonar el sistema actual de consumo de energía, 
pero la transición hay que hacerla ya. Este trabajo busca denunciar que no se está 
haciendo lo suficiente para la consecución de un modelo energético justo con el medio 
ambiente y con la población mundial, pero a su vez quiere señalar que existen vías 
para lograrlo. Es preciso actuar políticamente para que el sistema energético se 
adecue a la situación real. Desde una ciudadanía informada y consciente al 
establecimiento de sistemas que satisfagan las necesidades sin sobre-consumir ni 
sobre-explotar a otras regiones del planeta. Promover un sistema descentralizado, 
renovable y adaptado a economías de escala para lo que es necesaria una 
transformación de la infraestructura energética y el mercado energético actual. 
Uno de los cambios más urgentes es poner en movimiento un auténtico relevo 
industrial y tecnológico, mediante el cual se logre que la producción de bienes y 
servicios necesarios para la sociedad siga funcionando pero con otros medios. Los 
medios de producción que hasta ahora funcionaban en un modelo basado en el 
consumo de combustibles fósiles deben adaptarse, cambiar, para poder seguir 
cubriendo la demanda pero mediante tecnologías que utilicen principalmente energía 
renovable. Diversos autores, investigadores, instituciones y organismos que van desde 
los más cercanos, cono Antonio Martínez Turiel (CSIC) hasta el World Energy Council, 
apuntan a que un modelo energético lógico de cara al futuro es aquel que tiene como 
pilares las energías renovables. Para darles la estabilidad necesaria habría que 
acompañar esta generación con el uso de hidrógeno renovable como célula de 
combustible. De esta forma se podría almacenar la energía para utilizarla en forma de 
electricidad cuando se requiera además de permitir un sistema de transporte efectivo. 
Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si no se produce de forma paralela una 
reducción de la demanda y el consumo. 
4.1. Transformar requiere tiempo y recursos,