IMPACTO-EXPLOTACION-DE-LAS-AGUAS-SUBTERRANEAS

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IMPACTOS DE LA SOBREEXPLOTACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA. 
PERSPECTIVA GLOBAL Y VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN EN ANDALUCÍA. 
 
Pedro Arrojo Agudo* y Leandro del Moral Ituarte** 
*Relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento 
**Fundación Nueva Cultura del Agua y Universidad de Sevilla, Avenida de San 
Fernando, 41004, Sevilla lmoral@us.es 
RESUMEN 
En 2010, sin votos en contra, la Asamblea General de la ONU aprobó los derechos 
humanos al agua potable y al saneamiento (DHAS), con lo cual los Estados asumieron la 
obligación de garantizar agua potable y saneamiento en adecuadas condiciones de 
calidad, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. Ofrecer prioridad en 
la explotación de los acuíferos, las fuentes generalmente de mayor calidad, más 
cercanas y de menor coste, a actividades productivas, poniendo en riesgo el 
abastecimiento de agua potable, supone de facto transgredir ese enfoque de derechos 
humanos. Sin embargo, en muchos lugares, y en concreto en Andalucía, encontramos 
graves afecciones a los servicios urbanos de agua por sobreexplotación de los recursos, 
pese a que el abastecimiento a la población signifique un pequeño porcentaje de los 
recursos dedicados a otros usos productivos. Uno de los factores explicativos de esta 
situación estriba en el tradicional déficit de gestión de las aguas subterránea, que 
caracteriza, con excepciones significativas, a nuestra administración hidráulica, en un 
contexto general de supeditación de la gestión del agua a los procesos de crecimiento 
sectorial, especialmente del regadío. En este texto, apoyados en el seguimiento de los 
tres ciclos del proceso de Planificación Hidrológica que afecta a Andalucía (Guadalquivir 
y Cuencas Internas) presentamos la pervivencia de esta situación, pese a algunos 
avances recientes, y argumentamos sobre la necesidad de su urgente y compleja 
rectificación. 
Palabras clave: derecho humano al agua, aguas subterráneas, riesgo 
cuantitativo y cualitativo, gobernanza. 
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1. PERSPECTIVA GLOBAL 
Según el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 
recursos hídricos 2022 -Aguas subterráneas: hacer visible el recurso invisible-, las aguas 
subterráneas representan en torno al 99% del total de agua dulce en estado líquido en 
el planeta. Los acuíferos, como pulmones hídricos de la naturaleza en islas y continentes, 
alimentan los caudales base de ríos, lagos y humedales; permiten cubrir casi el 50% de 
las necesidades urbanas actuales, así como el 25% del agua destinada al regadío, a cuyo 
fin se destina la mayor parte del agua bombeada, en torno al 60%. 
Con estos datos queda sobradamente justificada en términos cuantitativos la 
importancia de las aguas subterráneas a nivel mundial. Sin embargo, no se suele prestar 
tanta atención a otras funciones de los acuíferos, como son las relativas a la calidad y a 
la regulación de caudales. Por un lado, el hecho de que estén más protegidas de posibles 
fuentes contaminantes, suele hacer que las aguas subterráneas sean las de mayor 
calidad para los abastecimientos de agua potable. Por otro lado, los acuíferos suelen ser 
las piezas de regulación más fiables de la red de ecosistemas que vertebran el ciclo 
hídrico en islas y continentes, ofreciendo caudales seguros y de calidad aun cuando las 
aguas superficiales escasean, por sequía, o cuando su calidad se perturba por crecidas e 
inundaciones. 
Garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, demanda 
volúmenes de agua muy limitados. Aunque depende del mínimo vital que asumamos 
para garantizar esos derechos humanos, suelo estimar que garantizar esos derechos 
humanos no demanda más del 5% de los caudales que extraemos de la naturaleza para 
los múltiples usos que generamos. En España, en concreto, la transposición de la 
Directiva de Agua Potable de la UE ha establecido ese mínimo vital en 100 
litros/persona/día. Por ello, en rigor, la escasez difícilmente puede justificar el 
incumplimiento de estos derechos humanos, si aplicamos la prioridad que debe 
asignarse a los usos de abastecimiento doméstico y si consideramos las capacidades de 
almacenamiento que nos ofrecen los acuíferos, aún en las situaciones más extremas de 
sequía. Aun así, como más adelante se presenta con datos de casos concretos, 
encontramos en muchos lugares, y en concreto en Andalucía, graves afecciones a los 
servicios urbanos de agua por sobreexplotación de los recursos, pese a que el 
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abastecimiento a la población signifique un pequeño porcentaje de los recursos 
dedicados a otros usos productivos. 
Siendo estos problemas muy importantes, la calidad de las aguas, por diversos 
tipos de contaminación, un factor que de manera aún más frecuente suele quebrar estos 
derechos humanos, cada vez más por contaminantes tóxicos. Desde la Relatoría del 
NNUU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAS) se suele 
insistir en que la inmensa mayoría de los 2000 millones de personas que no tienen 
garantizado el acceso al agua potable en el mundo no son propiamente personas 
sedientas sin agua en sus entornos de vida, sino personas gravemente empobrecidas 
que viven junto a ríos contaminados. En muchos casos, la solución se busca en las aguas 
subterráneas. Sin embargo, como es bien sabido, cuando la contaminación es 
sistemática y continuada, acaba llegando a los acuíferos, con el agravante de la dificultad 
que supone recuperar el tesoro de esas aguas potables protegidas bajo tierra. 
Los acuíferos subterráneos son, por tanto, las reservas de aguas de calidad más 
fiables de que disponemos para garantizar los derechos humanos al agua potable y al 
saneamiento, tanto en términos cuantitativos como cualitativos; reservas cuyo valor se 
multiplica ante los crecientes riesgos de sequía e inundación que perfila el cambio 
climático en curso. 
Como es sabido, en 2010, sin votos en contra, la Asamblea General de la ONU 
aprobó los DHAS, con lo cual los Estados asumieron la obligación de garantizar agua 
potable y saneamiento en adecuadas condiciones de calidad, disponibilidad, 
accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. El Relator Especial de la ONU para los 
derechos humanos al agua potable y al saneamiento, viene insistiendo a todos los 
Gobiernos en la necesidad de asumir un enfoque de derechos humanos en la gestión de 
aguas, que garantice sostenibilidad y gobernanza democrática, sobre la base de 
garantizar la prioridad en el uso de los recursos disponibles de mayor calidad y menor 
coste. 
Ofrecer prioridad en la explotación de los acuíferos a actividades productivas, 
como las fuentes generalmente de mayor calidad, más cercanas y de menor coste, 
poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable, supone de facto transgredir ese 
enfoque de derechos humanos. A menudo, no sólo se permite la explotación abusiva de 
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determinados acuíferos, hasta llegar a situaciones ilegales de sobreexplotación, sino que 
buena parte de los pozos perforados suelen ser ilegales. Estos procesos de 
sobreexplotación suelen ir acompañados por dinámicas sistemáticas de contaminación 
difusa, por nitratos, purines y pesticidas, que acaban contaminando los acuíferos. 
Llegados a estas situaciones de insostenibilidad en acuíferos que tradicionalmente han 
garantizado los abastecimientos de agua potable, lo que se suele hacer es recurrir a 
fuentes más lejanas o implantar costosas tecnologías de depuración, en lugar de 
afrontar las causas de la sobreexplotación y de la contaminación de esas aguas 
subterráneas. Tales estrategias, cuyos costes se cargan sobre los vecinos, encareciendo 
tarifas, en lugar de cargarlos sobre los causantes de los problemas, más allá de ser 
injustas, ponen en riesgo el principio de asequibilidad para los más empobrecidos, 
quebrando el enfoque de derechoshumanos que debe presidir la gestión de aguas. 
El cambio climático en curso está agravando el impacto de estos procesos de 
sobreexplotación y contaminación de acuíferos sobre los derechos humanos al agua 
potable y al saneamiento de las poblaciones que se han venido abasteciendo de ellos. 
Por ello, desde la Relatoría del Derecho Humano al Abastecimiento y el Saneamiento se 
han dirigido cartas de alegación a distintos Gobiernos, y en particular al Gobierno de 
España, advirtiendo que tales prácticas son contrarias al enfoque de derechos humanos 
en la gestión de aguas que debería aplicarse. Citaba en la carta varios casos, entre los 
que figuraba la extensión de regadíos y pozos ilegales en Doñana, con graves impactos, 
no sólo sobre el Parque Nacional, sino también sobre los abastecimientos que pasan a 
alimentarse del trasvase del sistema Chanzas-Piedras. La sobreexplotación de los 
acuíferos de Baza, en el Altiplano de Granada, donde también se multiplican los pozos y 
los regadíos ilegales, está llevando a promover un trasvase desde el río Castril, poniendo 
en riesgo patrimonios ambientales de gran valor y generando un incremento de costes 
que acabarán pagando los vecinos en la tarifa del agua. Obviamente, no solo en 
Andalucía sino en otros lugares de España, como en Yecla, en el Altiplano de Murcia, 
donde análogos problemas de sobreexplotación del acuífero, por expansión abusiva del 
regadío, fuerzan a bombear el agua desde mayores profundidades, incrementando 
costes, al tiempo que la instalación de macrogranjas contamina ya el acuífero (FNCA, 
2020). Todo ello motiva un costoso proyecto de conexión al trasvase Tajo-Segura. En 
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varios municipios de la provincia de Cuenca, cuyos acuíferos se ven contaminados por 
nitratos agrarios, se ha optado por instalar plantas de ósmosis inversa para obtener agua 
potable, disparando lógicamente los costes a pagar. También es imprescindible 
mencionar, el caso de los abastecimientos urbanos de la Mancha, que tiene que recurrir 
a un trasvase desde el ya maltrecho Tajo para suplir las sobrexplotación de las grandes 
reservas acuíferas desde las que históricamente se abastecían. 
Sin duda, el cambio climático, con la elevación de temperaturas y el consiguiente 
aumento de la evapotranspiración unido a los cambios de intensidad y distribución de 
las precipitaciones y al cambio de frecuencia y duración de las sequías, va a endurecer 
estas tensiones. Por ello, en el informe que el Relator publicó en 2021 sobre los derechos 
humanos al agua potable y al saneamiento bajo las perspectivas vigentes de cambio 
climático insistió en la importancia de acabar con la sobreexplotación de los acuíferos, 
no sólo para garantizar su sostenibilidad, sino para integrar en la gestión de los mismos 
su función como reserva estratégica para gestionar ciclos extraordinarios de sequía, 
asumiendo un enfoque de derechos humanos que ponga y gestione en máxima 
prioridad los abastecimientos de agua potable. 
Este es el contexto y el marco general del debate en el que se sitúa la situación 
de la gestión del agua en España y en Andalucía, con severas afecciones al sistema de 
aguas subterráneas. Las siguientes páginas tienen como objetivo presentar el narco 
normativo e institucional en el que este proceso se desarrolla en España y Andalucía, las 
estrategias en materia de política de aguas de carácter autonómico que lo han 
orientado, la actuación de algunos de los principales agentes y la caracterización de las 
consecuencias a la que ha dado lugar. Aparte de las consideraciones de carácter genera, 
el trabajo se centra en dos casos situados en el territorio andaluz, que constituyen dos 
tipos representativos de la diversidad de situaciones en las que el fenómeno común se 
manifiesta. 
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2. UN MARCO NORMATIVO AVANZADO PERO INSATISFACTORIAMENTE 
APLICADO 
La aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en 2000 significó el inicio de 
una nueva política del agua que incluye, como uno de sus características más 
destacadas, un proceso cíclico de planificación a escala de cuenca hidrográfica. En 2000 
ya sabíamos que en 2021 se estarían aprobando, al unísono en todos los países de la 
Unión Europea, los planes del tercer ciclo 2021-2022. Aunque con dos años de retraso 
(pandemia mediante), las previsiones se han cumplido. Pero el interés de este modelo 
de planificación no estriba solo en su carácter cíclico, pautado, sino en los ambiciosos 
objetivos (buen estado ecológico de las aguas superficiales y buen estado químico y 
cuantitativo de las aguas subterráneas), en los rigurosos criterios de análisis, diagnóstico 
e identificación de medidas y en los mecanismos de seguimiento y evaluación de 
resultados que esta normativa incluye. A todo ello se une, como núcleo permanente del 
proceso, la importancia concedida a la participación pública activa de todas las partes 
interesadas y el público en general. De acuerdo con la DMA, la planificación se desarrolla 
a través de ciclos de seis años (ver figura 1). 
 
 
Figura 1. Carácter circular del modelo de planificación hidrológica establecida por la 
Directiva Marco del Agua: primer ciclo 2009-2015; segundo ciclo 2015-2021; tercer ciclo 
2021-2027. Fuente: CHG, 2022. 
 
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Los planteamientos de la DMA han sido sometidos a una severa crítica por parte 
de algunos investigadores (Kaika y Page, 2003; Molle, 2009; Boeuf y Fritsch, 2016) en 
desacuerdo con el énfasis de la DMA en el análisis económico de las medidas a adoptar 
(basado en la evaluación coste-eficacia, no en el de coste-beneficio, como a veces se 
confunde) y en el principio de recuperación de costes por los usuarios. La DMA también 
ha recibido críticas por situarse en el marco de la gobernanza participativa. 
Efectivamente, la experiencia ha mostrado que, incluso en los procesos deliberativos 
como los que se animan en el contexto de la DMA, las decisiones finales quedan 
generalmente fuera de la esfera pública y responden a dinámicas de poder que no son 
explícitas (Peck y Tickell, 2002; Parés, 2011). En tercer lugar, los propios objetivos de 
buen estado ecológico (que afectan al de los ecosistemas terrestres dependientes de las 
aguas subterráneas) han sido criticados por plantearse al margen de la realidad 
territorial, paisajística e incluso patrimonial de unos ecosistemas acuáticos 
profundamente antropizados (Moss, Bouleau y Slavíkova, 2020). 
Sin embargo, las críticas y resistencias más fuertes y persistentes proceden de 
los opositores desde planteamientos de política hidráulica tradicional (políticas de 
intensificación de la explotación del recurso, crecimiento de los usos) han sido 
constantes. Desde esta perspectiva se acusa a la DMA de establecer un modelo de 
política del agua ajustado a las necesidades de los países del norte de Europa, con 
problemas de calidad y alteraciones hidromorfológicas, pero escasa presión en términos 
de cantidad sobre los recursos, frente a la realidad de la importancia del regadío en los 
países mediterráneos. Así por ejemplo, la Federación de Regantes de Andalucía criticó 
“una lectura demasiado literal” de la DMA, que “contrasta con la transposición flexible 
que necesita una comunidad como Andalucía”, donde “los problemas son más de 
cantidad que de calidad de las aguas, pues, sin avanzar en la garantía de agua, no se 
puede avanzar en la calidad" (FERAGUA, citado en Europa Press, 2008). 
Con este telón de fondo de debates, que han permitido entender mejor los 
grandes valores de esta normativa, la evaluación de la DMA a los veinte años de su 
vigencia han concluido con la decisión por parte de la Unión Europea de mantenerla en 
su literalidad actual, impulsando una mejor aplicación. Los trabajos del Observatorio de 
las Políticas del Agua (OPPA) se han situado en esta línea de valoración crítica, de 
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denuncia de los incumplimientos y de impulso a la implementación ambiciosa del de lapolítica del agua que la DMA significa (Martínez, Neto, Hernández-Mora, Del Moral, La 
Roca, 2020). 
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3. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA 
En general, el abastecimiento doméstico de agua está garantizado en España. Sin 
embargo, a pesar de la prioridad legal y la protección de las aguas destinadas al consumo 
humano, se producen situaciones en las que éste se pone en riesgo debido al deterioro 
de las fuentes de agua, principalmente en el caso de pequeñas y medianas poblaciones. 
Con el fin de realizar un diagnóstico de esta problemática, la Fundación Nueva Cultura 
del Agua (FNCA), con la colaboración de la Asociación Española de Operadores Públicos 
de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), desarrolló un trabajo, recopilando y 
analizando algunos casos ilustrativos, en los que la pérdida de calidad de las aguas 
(especialmente agua subterráneas) de las que depende, o la disminución del agua 
disponible por competencia con otros usos, ha puesto en riesgo los servicios de 
abastecimiento de algunas poblaciones (Schmidt et al. 2022). Los resultados obtenidos 
permitieron identificar 22 casos de afecciones al abastecimiento humano, los cuales se 
han caracterizado y analizado utilizando la metodología FPSIR, un marco conceptual 
utilizado por la Agencia Europea del Medio Ambiente cuyas siglas corresponden a 
Fuerzas motrices, Presiones, Estado, Impacto y Respuestas (ver figura 2). 
 
 
Fuente: Schmidt et al. 2022 
En la mayoría de los casos identificados, el origen de las presiones es la actividad 
agraria, siendo el principal impacto la inutilización de las fuentes de captación de aguas 
subterráneas debido a la contaminación por nitratos de origen agrícola o ganadero. Los 
resultados también han mostrado que al menos 5 de los 22 casos analizados no están 
incluidos en las zonas protegidas de abastecimiento de la propuesta de planes 
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hidrológicos del tercer ciclo. Las respuestas que se suelen aplicar por parte de las 
administraciones se dirigen mayoritariamente hacia la mitigación de los impactos del 
deterioro de las fuentes de agua, lo que se conoce como soluciones de final de tubería. 
Este tipo de medidas a menudo son menos eficaces, menos eficientes desde el punto de 
vista económico, además de menos duraderas que las medidas que se dirigen a las 
fuerzas motrices y a las presiones. Por ello, en las conclusiones de su estudio, la FNCA 
propone un cambio de enfoque en la gestión de esta problemática, en línea con el 
enfoque propuesto por la Directiva 2020/2184 de 16 de diciembre de 2020 relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano, en cuanto al tipo de medidas que 
se aplican, que deberían dirigirse preferentemente hacia las fuerzas motrices, con el fin 
de resolver los problemas de forma eficaz, eficiente y duradera. 
A pesar de que el abastecimiento urbano es prioritario frente al resto de usos del 
agua y que dicha prioridad esté claramente establecida en el TRLA y el resto de la 
normativa vigente, los casos analizados por la FNCA muestran que a menudo dicha 
prioridad legal no se cumple. Otros usos generan, de forma directa o indirecta, impactos 
sobre las fuentes de agua de los abastecimientos urbanos, poniendo en riesgo su 
garantía y dejando sin efecto real dicha prioridad legal. Estas circunstancias afectan 
especialmente a pequeñas y medianas poblaciones, con sistemas de abastecimiento 
menos robustos, que con frecuencia no están adecuadamente identificados o 
protegidos (parte de los casos analizados no están incluidos en las zonas protegidas de 
abastecimiento de la propuesta de planes hidrológicos del tercer ciclo) y donde la 
interlocución entre los organismos de cuenca y los municipios es insuficiente e ineficaz. 
En la mayoría de los casos incluidos en el estudio, la principal fuerza motriz del deterioro 
del abastecimiento urbano es el sector agrario, tanto por problemas de cantidad 
(agotamiento de manantiales, sobreexplotación de acuíferos) como por problemas de 
calidad. El principal problema detectado es la excesiva concentración de nitratos en las 
fuentes de abastecimiento como consecuencia de la contaminación difusa de origen 
agrícola y ganadero. La mayoría de las respuestas aplicadas actualmente por las 
administraciones se dirige a paliar los impactos, como es la instalación de plantas 
desnitrificadoras (soluciones de final de tubería), la conexión con sistemas de 
abastecimiento regionales (estrategia de aglomeraciones urbanas) o el cambio o 
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reprofundización de los pozos de captación (ingeniería hidrogeológica). Las tres líneas 
de trabajo pueden ser imprescindibles de acuerdo con las características de cada caso. 
Pero tan sólo en unas pocas ocasiones se aplican medidas dirigidas a las presiones, 
mientras que ninguna de las respuestas aplicadas en los casos analizados se dirige a las 
fuerzas motrices. Esto indica que la eficacia de las respuestas actuales es pobre y 
costosa, en comparación con la de medidas de gestión del riesgo. Con el fin de garantizar 
la prioridad real del abastecimiento urbano frente al resto de usos, especialmente en el 
actual contexto de cambio climático, es necesario aplicar medidas que vayan dirigidas a 
las fuerzas motrices (preferentemente) y a las presiones. Se proponen en concreto las 
siguientes medidas: 1) Mejora en la gobernanza de los abastecimientos, 2) 
Establecimiento y aplicación de perímetros de protección adecuados; 3) Control estricto 
sobre fuentes contaminantes; 4) Reducción de la presión sobre la cantidad de agua; 5) 
Medidas basadas en la naturaleza; 6) Aplicación del principio de quien contamina paga 
y 7) Fomento de buenas prácticas agrícolas y ganaderas (Schmidt et al. 2022). 
 
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4. LA SITUACIÓN EN ANDALUCÍA. 
4.1. Un nivel de deterioro cuantitativo y cualitativo de las masas de agua 
que no se reconoce suficientemente en los planes hidrológicos. 
 
Durante el segundo ciclo de planificación (2015-2021) las aguas de Andalucía han 
continuado experimentando la intensificación de las presiones de su principal factor de 
demanda, el regadío, a las que se añaden extracciones y vertidos urbano-industriales no 
resueltos. Ya con anterioridad al gran impacto del ciclo de sequía que comienza el año 
2018-2019 y que se extiende hasta la actualidad (comienzo del año hidrológico 2023-
2024), se mantiene o agrava el deterioro de las masas de agua superficiales y 
subterráneas. Sobre los escasos ríos no regulados o sobre los tramos menos afectados 
por el sistema de embalses, se desarrollan nuevas prácticas de regulación a través de 
balsas laterales que captan aguas pluviales o bombeos de caudales invernales que 
reducen las reducidas escorrentías todavía circulantes. A ello se añade la intensificación 
generalizada de la explotación de las aguas subterráneas, objeto principal de este 
estudio, que disminuye los mermados flujos de base en toda la cuenca, incluidas las 
cabeceras de los afluentes de las áreas de montaña. 
Efectivamente, a la intervención masiva sobre las aguas superficiales se ha 
añadido desde hace décadas la explotación intensiva de las aguas subterráneas, que 
provoca la desaparición de fuentes, manantiales y, consiguientemente, flujos de base. 
Suele decirse que vale más una imagen que mil palabras; también podría decirse que 
vale más un breve texto preciso e intenso que mil datos, miles de datos que se 
presentan en las miles de páginas de los documentos de planificación hidrológica que 
afortunadamente, gracias a lo ordenado por la DMA, las administraciones realizan, pero 
que tras ellos en ocasiones se oculta, se disimula o se eluden los datos clave de la 
realidad. En este sentido, hacemos nuestras las palabras del profesor Antonio Castillo 
Martín (Instituto del Agua de la Universidad de Granada), director del proyecto Conoce 
tus Fuentes, una plataforma colaborativa de identificación y caracterización de fuentes 
con más de 13.000 puntos inventariadosen toda Andalucía. En un reciente comunicado, 
titulado Los Santuarios del Agua, en peligro de extinción, Castillo Martín dice: 
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“No corren buenos tiempos para el Agua, creo que todo el mundo está al 
corriente. En lo que respecta a las aguas subterráneas, el origen de los flujos estivales en 
clima mediterráneo, todo viene del continuo descenso de los freáticos. No tiene aún gran 
influencia el calentamiento global a través del aumento de la evapotranspiración, salvo 
en altas montañas […] La principal causa del descenso de los freáticos estriba en que el 
consumo de agua ha crecido espectacularmente por encima de los recursos 
renovables disponibles, a costa de tirar de reservas. Aguas reconvertidas en su mayor 
parte en extensos mantos verdes o blancos de regadíos o cultivos bajo plástico. Gusta 
también ver esa riqueza agrícola, empujada por tecnologías cada vez más eficientes. 
Nada que objetar, todo lo contrario, la entiendo, la respeto y ¡la necesitamos! Pero esa 
no es la cuestión. La clave es: ¿hay agua suficiente para garantizar la sostenibilidad 
ambiental y económica de nuestro actual ritmo de consumo? No, y rotundamente no.” 
(Castillo Martín 2021, p.1). 
La administración, tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como la 
Administración del agua de la Comunidad Autónoma, aunque con una responsabilidad 
fundamental en estos procesos, no son las culpables de esta situación. Estos procesos 
tienen décadas de existencia y se relacionan con factores explicativos (fuerzas motrices) 
complejos: procesos económicos de diferentes escalas (con incidencia en ellos cada vez 
mayor de los elementos de escala global); además de factores sociales, culturales y 
políticos de gran complejidad. Lo que sí se debe recriminar a las administraciones del 
agua es su ausencia de espíritu crítico respecto de esos factores que han conducido a la 
situación actual. Las críticas del OPPA a los documentos del actual ciclo de planificación 
hidrológica (2022-2023, desde los Esquemas provisionales de Temas Importantes (EpTI) 
hasta los documentos finales de los Planes, se formularon en ese sentido. En los Planes 
no se realiza una reflexión crítica sobre los factores o fuerzas motrices, y sobre los 
contextos y modelos de gobernanza que han conducido a la situación actual de 
deterioro, que no son responsabilidad exclusiva de la Administración del agua. Pero sí 
es responsabilidad de ella presentar un diagnóstico general incompleto, acrítico y que 
no responde a la gravedad de la situación que refleja el texto de Antonio Castillo. 
 
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4.2. La expansión del regadío como principal sector de uso y generador de 
presiones. 
 
El sobredimensionamiento de la demanda agraria no es el único, pero si es el 
principal problema económico, social, territorial y cultural de Andalucía que no se 
aborda de frente. Por supuesto, este tema desborda los límites de competencias y 
capacidades de la Administración del agua estatal o autonómica. Por eso este problema 
afecta al nudo gordiano de la integración de políticas que los planes hidrológicos 
debieran abordar, con la consiguiente necesidad de grandes mejoras de gobernanza en 
general y de coordinación interadministrativa en particular. En el caso del Plan del 
Guadalquivir, los documentos toman nota de la expansión de los riegos ilegales con 
aguas subterráneas en las últimas décadas, con el argumento de que son consecuencia 
inevitable de intereses y beneficios incuestionables, que ni se precisan ni se analizan. 
Como la argumentación que utiliza para “explicar” la expansión de los riegos ilegales con 
aguas subterráneas en las últimas décadas, que serían consecuencia incuestionada de: 
“…un importante progreso en el mundo rural, contribuyendo a fijar población en zonas 
marginales y a evitar un éxodo como el que se ha producido en otras zonas de España…” 
(EpTI, CHG 2020, Ficha 7, pág. 21). Con esta lógica, durante décadas, la CHG ha asumido 
pasivamente, como algo inevitable, el impacto sobre el Dominio Público Hidráulico 
(DPH), cuya protección es su tarea y obligación específica: “… el descenso de niveles 
piezométricos en numerosos acuíferos de la cuenca […] a costa de numerosas pequeñas 
y medianas surgencias de importancia local, en una situación que pervive desde hace 
décadas” (Ficha 7, pág. 21). 
Sobre el futuro dramático de esta expansión (Loma de Úbeda, por ejemplo) 
parece como si la autoridad responsable de la gestión del Dominio Público Hidráulico no 
tuviera ninguna responsabilidad, compartida desde luego con las administraciones 
autonómica y local: 
“Las presiones por extracción de agua son fundamentalmente por regadío con un 
90% de las masas afectadas (el 33% por presiones significativas), seguida de 
abastecimiento con un 60% (el 20% por presiones significativas) y el uso industrial con 
un 40% (el 12% por presiones significativas). Además del caso particular de Doñana, 
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destacarse el caso de La Loma de Úbeda, potente acuífero carbonatado sometido a gran 
presión y con extracciones muy superiores a los recursos renovables que comprometen 
la viabilidad de muchas explotaciones (Memoria PHDG 2022-2027, p. 68). 
Ese es el gran debate que hay que hacer. Pero que no solo no se hace, sino que 
desde la Administración autonómica se ignora con proclamas simples y falta de 
realismo, (“el regadío, la base de la economía regional”), que la Autoridad hidráulica, 
desde su responsabilidad propia de gestión del agua, no contrarresta con claridad. Todos 
los agentes independientes y bien informados (incluidos los responsables de 
organizaciones agrarias) coinciden en la subestimación por la Administración de los 
procesos de extensión e intensificación de regadíos; la escasa fiabilidad de los datos; el 
insuficiente control sobre extracciones; la poca credibilidad sobre las dotaciones 
asignadas. 
En diciembre de 2010, en un acto de presentación del proyecto del Plan 
Hidrológico del primer ciclo, en el salón de actos de la Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Sevilla (EMASESA), el entonces jefe de la Oficina de 
Planificación Hidrológica (OPH), Agustín Argüelles, al mostrar el dato de la evolución de 
la superficie regada y el peso de este uso sobre el total de la demanda, señaló 
rotundamente: “La cuenca del Guadalquivir es rehén del regadío”. Esta frase, 
pronunciada por quien lo hizo y en el contexto en el que lo hizo, expresa con claridad la 
realidad del conjunto de la cuenca (y de toda la Comunidad Autónoma), incluidos sus 
factores causantes y sus correspondientes consecuencias, que ni se presentan ni se 
afrontan con el rigor necesario en los planes (Del Moral 2011) 
Son muy esclarecedoras las conclusiones de un artículo referido al arranque del 
segundo ciclo, publicado en una revista científica por un miembro actual de la Oficina 
de Planificación Hidrológica (OPH) de la CHG: “[…] sigue siendo necesario progresar en 
la política de aguas española, incluyendo el análisis pormenorizado de los factores 
políticos, sociales, económicos y administrativos que provocan la falta de gobernanza y 
el aumento de las presiones e impactos sobre las masas de agua. Estas y otras cuestiones 
deberán incorporarse al continuo proceso de planificación hidrológica para avanzar 
hacia el logro de los objetivos fijados en la legislación nacional y comunitaria en el tercer 
ciclo de planificación” (González Rojas, 2016, p. 135). 
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Hasta hace poco tiempo la Administración del agua era protagonista activa de 
los procesos de desarrollo (desecación de humedales, grandes obras de regulación, 
planes de regadío, trasvases, sistemas de abastecimiento urbano en alta, grandes obras 
de defensa frente a inundaciones). Coincidiendo aproximadamente con la aprobación 
de la DMA, la Administración pasa básicamente a ser subsidiaria, con carácter 
instrumental, de procesos de desarrollo inerciales, no planificados,incluso ilegales, que 
no cuestiona, que asume como inevitables, con expresiones simples cargadas de 
supuesto sentido común. Como la argumentación utilizada para explicar la expansión de 
los riegos ilegales con aguas subterráneas en las últimas décadas. Es decir, la 
sobreexplotación de acuíferos (gestión en régimen alterado) se plantea y se acepta con 
fatalismo, considerando sólo (y con poco rigor) los beneficios privados actuales, pero no 
los costes públicos y privados actuales y futuros que conlleva mantener dicha 
sobreexplotación. Costes públicos en la forma de ecosistemas degradados cuya 
recuperación requerirá inversiones cuantiosas, y costes privados en la forma de daños a 
terceros, como afecciones a abastecimientos urbanos de agua, a usuarios de 
manantiales y a otros servicios ambientales. En términos de análisis económico este 
enfoque constituye un análisis técnicamente fraudulento. Efectivamente, en la 
documentación analizada se aceptan los nuevos deterioros ocurridos durante la vigencia 
de la DMA con un análisis y argumentación que nada tiene que ver con los criterios de 
justificación que establece la propia DMA (art. 4.7) y la legislación estatal vigente. 
Frecuentemente esto se hace sin análisis, asumiendo sin ninguna restricción las 
interpretaciones de los beneficiarios de los deterioros. 
Los problemas del actual regadío, en general, no son los del pasado. De la falta 
de aprovechamiento, los bajos rendimientos, grandes dotaciones, despilfarro, etc., 
hemos pasado al problema de la intensificación, eficiencia, aumento del estrés hídrico, 
sobreexplotación de aguas subterráneas profundas, captación de aguas pluviales, balsas 
laterales, o directamente captación de la precipitación. El enfoque del gran problema 
del exceso de regadío de Andalucía, con situaciones territorial e hidrográficamente 
diferenciadas, se inscribe en el proceso general de transición hídrica que España en su 
conjunto tiene que afrontar. Una transición que para poder hacerse tiene que ser 
17 
 
planificada y justa. El debate sobre los planes tiene que incluir el debate sobre conceptos 
como: reparto y reasignación de recursos, atención a cultivos sociales, supervivencia de 
las explotaciones de agricultores profesionales ligados al territorio, etc. Actualmente 
estos conceptos están ausentes de los planes. Están surgiendo protestas sobre las 
consecuencias de los enfoques de eficiencia, con acaparamiento del 45% de los recursos 
supuestamente ahorrados para ampliar superficies con cultivos supuestamente menos 
consuntivos: ni hay tal ahorro neto, ni los beneficios se distribuyen con criterios de 
eficiencia económica y social. Para agravar el tema, se están presentando protestas 
sobre las asignaciones no equitativas de los derechos de ampliación por parte de 
Comunidades de Regantes controladas por los mayores propietarios. 
Hay que señalar que, en contraste con esta situación, en el sector del agua 
urbana existen buenas experiencias de gestión con criterios de justicia y eficiencia 
técnica y social: tarifas progresivas, tarifas sociales, garantía de mínimo vital, tipologías 
de usuarios, control estricto de las dotaciones. En este sentido, hay buenos ejemplos 
que tomar en consideración en el propio campo de la gestión del agua. 
 
18 
 
5. LA RESPUESTA AL DETERIORO DE RECURSOS LOCALES: LAS 
AGLOMERACIONES URBANAS. 
 
La expansión de los usos fundamentalmente agrarios, además de los impactos 
sobre el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, provoca graves 
afecciones a los abastecimientos urbanos, al agotar, deteriorar o poner en riesgo los 
recursos de los que se surten. Como solución frente a esta dinámica, desde hace varias 
décadas se ha planteado la construcción de sistemas de abastecimientos basados en el 
abandono de las fuentes tradicionales, agotadas o contaminadas (o ambas cosas), y la 
conexión de las poblaciones con redes de aducción desde alejados embalses, situados 
generalmente en las sierras. Se trata de la estrategia de constitución de aglomeraciones 
urbanas hasta ahora escasamente cuestionada, que se sigue implementando para 
resolver los problemas de zonas de abastecimiento con recursos deteriorados, 
principalmente por la continuada expansión de nuevos regadíos, aunque en algunas 
ocasiones se deba a desarrollos urbanísticos, ganaderos o mineros (ver figura 3). 
Figura 3. Principales conducciones de transporte de agua identificadas en el 
Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 
19 
 
 
Fuente: Consejería de Obras Públicas, Junta de Andalucía, 1997 
Hay que indicar que esta política de aglomeraciones se inicia, en el caso de las 
mayores poblaciones, como Sevilla, a mediados del siglo pasado. En ese caso se trató de 
una respuesta a la sobreexplotación y contaminación de una de la fuentes históricas de 
abastecimiento de la capital (el acuífero de las calcarenitas de Los Alcores) y su 
sustitución por los embalses construidos en el rio Rivera de Huelva, cuyas aguas alcanzan 
hoy hasta a las pequeñas poblaciones instaladas sobre el propio acuífero, como Mairena 
de Alcor (Del Moral, coord.., 1998). Es cierto que procesos de crecimiento demográfico 
muy intensos, como puede ser el del Área Metropolitana de Sevilla, obligan 
necesariamente a la captación de nuevos recursos; pero no es tan inexorablemente la 
destrucción cuantitativa y cualitativamente de los recursos tradicionales. Hay que 
reconocer también que, además del abastecimiento, el ciclo urbano conlleva el 
saneamiento y, desde hace mucho menos tiempo, la depuración de las aguas residuales. 
Esta fase de la gestión del ciclo suele justificar los procesos de aumento de la escala para 
mejorar las condiciones de su ejecución, a través de las correspondientes Estaciones de 
20 
 
Depuración de Aguas Residuales (EDAR). Habría bastante que discutir sobre el modelo 
de aglomeraciones urbanas para la depuración de efluentes urbanos realmente 
adoptado, con desprecio de fórmulas de depuración no convencional de bajo coste, 
pero este no es el objeto más concreto de esta ponencia. 
Dejando de lado los casos de las grandes poblaciones y el debate sobre los 
modelos de depuración de aguas residuales, aquí nos referimos a aquellas situaciones 
en las que, durante la etapa reciente (las últimas dos décadas, coincidiendo con la 
implementación de la DMA), la falta de gestión adecuado de las aguas subterráneas, el 
“desgobierno hidráulico” (Estevan Estevan, 2008), ha conducido al deterioro de los 
abastecimiento urbanos de pequeñas y medianas poblaciones que no estaban 
irremediablemente abocadas a esas situaciones. 
Entre los casos más destacados de estas situaciones se encuentran los siguientes: 
la crisis de los abastecimientos de la Sierra Norte de Sevilla (con el proyecto conexión al 
embalse del Pintado, a través de una tubería de 80 km), a la que se ha añadido más 
recientemente la Sierra de Huelva (Cala, junto a Santa Olalla del Cala y Cumbres 
mayores, viene sufriendo desde el mes de abril del 2022 restricciones en el suministro 
de agua en horario de madrugada); el caso más dramático de la comarca de los 
Pedroches, perteneciente a la Demarcación del Guadiana (paliada pero sin calidad 
suficiente gracias a la obra de emergencia de la conexión La Colada-Sierra Boyera); 
cruzando hacia la margen izquierda del rio Guadalquivir, la Sierra Sur de Sevilla (¿???), 
que se pretende solucionar con su incorporación al sistema dependiente del embalse 
del Rivera de Huesna; en las campiñas sevillanas la comarca de Estepa (Casariche, 
Aguadulce, Pedrera), a la que dedicaremos una especial atención, y la crisis de los 
abastecimientos de la comarca de Antequera (en la Demarcación de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas), para cuya solución se plantea la conexión al embalse de 
Iznájar (río Genil), en la cuenca del Guadalquivir; también en esta cuenca interna de 
Andalucía,el caso dramático de la Axarquía (donde las 5.000 hectáreas autorizadas en 
el Plan Guaro del año 1989 se han duplicado en la actualidad, dando lugar a la 
intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), 
contra el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la 
zona donde han sido investigados 299 aprovechamientos hídricos, entre pozos, sondeos 
21 
 
o balsas); o la crisis, en este caso anunciada y propiciada (no cabe otra expresión), del 
abastecimiento de Baza, en el Altiplano de Granada, que desde hace décadas persigue 
su conexión con el embalse del Portillo, en el río Castril. 
Todos estos casos, y otros, constituyen una de las peores herencias de la política 
seguida por la Junta de Andalucía y la CHG durante las últimas décadas, en cierta medida 
intensificada durante el último ciclo de planificación por la aceleración de la expansión, 
especialmente, aunque no solo, del olivar en sistemas de cultivo intensivo y 
superintensivo. 
Por supuesto, no se pueden olvidar las graves deficiencias de gestión que 
presentan estos sistemas abastecimiento municipal en crisis. La Diputación de Málaga1 
ha presentado el año pasado un estudio con datos demoledores. En 51 municipios, la 
mitad de la provincia, se han detectado fugas por las que se están perdiendo de la red 
municipal de abastecimiento 19.450 metros cúbicos de agua al día, es decir, unos 7 
hectómetros cúbicos al año. La mayoría de los 51 municipios ya estudiados tienen 
pérdidas de agua en sus redes de entre el 20 y el 50%, aunque también hay localidades 
donde se supera el 50% del agua. Las fugas de agua se producen por roturas en la red, 
normalmente obsoletas, pero también por usos fraudulentos. Según la Asociación de 
Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) estos datos son algo menores en Córdoba, 
Huelva y en Sevilla donde hay sistemas supramunicipales públicos de gestión del agua, 
pero son aplicables a los municipios menores de 20.000 habitantes (entorno al 30%). 
Desde algunos sectores se demanda activar los Convenios Junta-Diputaciones-
Ayuntamientos ya existentes y poner en marcha un plan de choque para mejorar esta 
situación (AEOPAS, 2023). 
 
 
1 Gestión sostenible del agua - Málaga Viva (malagaviva.org) 
https://www.malagaviva.org/estrategia/gestion-sostenible-agua/home.asp
22 
 
6. DOS CASOS SIGNIFICATIVOS: ESTEPA y BAZA. 
6.1. El caso de los abastecimientos basados en la MASb Sierra y Mioceno de Estepa 
La MASb ES050MSBT000054301 Sierra y Mioceno de Estepa, se localiza en la 
Cuenca Media del Guadalquivir, en la comarca sevillana de Estepa. Ocupa una superficie 
de 334,0 km² abarcando parcialmente los términos municipales de Aguadulce, Aguilar 
de la Frontera, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, 
Lora de Estepa, 
Marinaleda, Pedrera. Puente Genil y Sierra de las Yeguas. Todos ellos suman una 
población de más de 30.000 habitantes, que en buena parte padecen graves afecciones 
a su Derecho Humano al Agua. Tras la última revisión de la delimitación de las MSBT de 
la DH del Guadalquivir, la antigua MSBT 05.43 Sierra y Mioceno de Estepa se ha dividido 
en dos (ES050MSBT000054301-Sierra y Mioceno de Estepa y ES050MSBT000054302-
Sierra de los Caballos-Algámitas). Esta actuación se justifica por la existencia de varios 
acuíferos de características y funcionamiento hidrogeológicos diferenciado (figura 4). 
Figura 4. MASb Sierra y Mioceno de Estepa 
 
Fuente: CHG, 2023. 
23 
 
De acuerdo con el documento Caracterización adicional de las masas de agua 
subterráneas (CHG, 2023), el balance hídrico estimado en el Tercer Ciclo de Planificación 
Hidrológica considera un total de entradas y salidas de 16,6 hm³, la recarga se da 
prácticamente en exclusividad a través de la infiltración de la lluvia, sólo se cuantifican 
0,1 hm³ por retorno de riego. En cuanto a las salidas, se producen principalmente por 
bombeos (15,1 hm³, de los cuales 13,1 hm³, casi el 90%, se destinan a regadío, 1,9 hm³ 
para abastecimiento y solo 0,1 hm³ para uso industrial). El resto, 1,5 hm³, salen del 
sistema a través de manantiales. El recurso disponible para la MSBT se establece en 13,3 
hm³, inferior a las demandas existentes, lo que se traduce en un Índice de Explotación 
del 114%. Las necesidades ambientales se estiman en 3,3 hm³. La MSBT Sierra y Mioceno 
de Estepa se encuentra en riesgo de no cumplir el objetivo de buen estado tanto 
cuantitativo (IE>80% y descenso continuado de los niveles piezométricos, refrendado en 
el análisis estadístico de tendencias) como químico (elevadas 
concentraciones en nitratos y plaguicidas) para el 3º ciclo de Planificación Hidrológica. 
Esto es una pequeña parte de la información que contiene el extenso informe de 
68 páginas dedicado a la MASb ES050MSBT000054301 Sierra y Mioceno de Estepa en el 
documento Caracterización adicional de las masas de agua subterráneas (CHG, 2023). Y 
entre tanto, miles de habitantes de la comarca padecen severas restricciones de agua 
desde hace más de una año (Ortiz Benjumea, 2022). Un sector de uso legal e 
indiscutiblemente prioritario, conceptualizado como Derecho Humano, y que demanda 
el 12,5% de los recursos explotados. Evidentemente, aquí falla algo, de lo que la 
documentación del Plan, incluida la Caracterización adicional de las MASb, no habla. Se 
comenten errores como los que enuncia Sergio Marcos Rosillo en la siguiente relación 
que recogemos literalmente por el valor que le da la autoridad del autor, aunque haya 
puntos que puedan sobre los cuales existe alguna controversia (ver figura 5): 
 
24 
 
 
Figura 5: Errores en la gestión del acuífero Sierra de Estepa 
 
Fuente: Marcos Rosillo, 2023 
Pedrera, una población de más de 5.000 habitantes, ha tenido durante 2 años 
restricciones del agua doméstica de 11 horas. Con el apoyo de las Administraciones 
provincial y autonómica cuenta actualmente con un nuevo sondeo, el sondeo de La Cruz, 
de 350 metros de profundidad, con el que, justamente a principios del mes de octubre 
de este mismo año, ha conseguido recuperar el servicio, que se extiende también a 
Aguadulce (más de 2.000 habitantes. Las granjas avícolas y de porcino se han visto 
afectadas por las restricciones. Los precios del agua, pese a las subvenciones públicas 
(Diputación y Junta de Andalucía) se han elevado. Mientras Casariche (5.500 habitantes) 
y Badalatosa (más de 3.000) sortean también la situación con dificultades de cantidad y 
calidad. 
Como en otros casos, la solución completa en la que se trabaja no es garantizar 
la disponibilidad de los recursos locales, que se aplican en un 90% al regadío, sino seguir 
conectando las poblaciones de la comarca con el Consorcio del Plan Ecija que trae las 
aguas del sistema Bembezar-Retortillo, en la Sierra de Córdoba (Parejo, 2023). En 
realidad, pese a sus indudables ventajas (economías de escala, mayores capacidades 
técnicas), los aguas del Consorcio a la larga pueden ser menos fiables en cantidad y 
calidad que el potente acuífero de Estepa, si su gestión se pareciera algo a la que 
25 
 
propone Marcos Rosillo. Por otra parte, la financiación de todo ello, decenas de millones 
de euros, constituye una externalización de los costes de ciertas actividades productivas; 
una financiación cruzada, desde el conjunto de los ciudadanos y las administraciones 
públicas a sectores productivos, regadío y ganadería, de carácter privado. 
Pero ha llegado el momento en el que no se puede seguir hablando injustamente 
de “el regadío”, granjeándose con ello la comprensible hostilidad de un sector numeroso 
de medianos y pequeños agricultores, residentes en el territorio, que luchan con muchas 
dificultades por mantener sus explotaciones. No todo el regadío es igual (Mesa Social 
del Agua de Andalucía, 2020 y 2023). Los agricultores profesionalesradicados en el 
territorio y las grandes explotaciones cada vez más ajenas al territorio y con estrategias 
especulativas no son iguales, ni en capacidad de decisión ni en porcentaje de 
apropiación de un recurso, el agua, que es dominio público y patrimonio común. Como 
estamos comprobando allí donde afloran los datos para constituir la Comunidades de 
Usuarios de Masas de Aguas Subterráneas (CUMAS), el agua se concentra en pocas 
manos. Esto es una realidad en Andalucía, que hay que concretar en cada caso 
(Corominas el al. 2023). 
26 
 
6.2. El caso de la msbt: Baza, Zújar y freila en el alto Guadiana menor. 
La masa de agua subterránea ES050MSBT000051103 Baza - Freila – Zújar se 
localiza al norte de la provincia de Granada, en la subcuenca del Guadiana Menor 
(Cuenca del Alto Guadalquivir) entre las masas: Jabalcón al Noreste, Detrítico de Baza al 
Este y Sierra de Baza Oriental al Sur y Oeste. Ocupa una superficie de 214 km² abarcando 
parcialmente los términos municipales de Baza, Freila, Caniles, Zújar, Cuevas del Campo 
y Guadix. La población asentada, según el censo de 2018, es de 22.237 habitantes, de 
los cuales 18.961 son vecinos de Baza, 2.467 de Zújar, y el resto se reparte entre núcleos 
menos poblados (ver figura 6). 
 
Figura 6. MASb Baza - Freila – Zújar 
. 
Fuente: CHG, 2023. 
De acuerdo con la ficha dedicada a esta masa en el documento Caracterización 
adicional de las masas de agua subterráneas (CHG, 2023), en el acuífero carbonatado se 
registra una tendencia descendente del nivel piezométrico desde el inicio las series, solo 
amortiguada en periodos influidos por lluvias extraordinarias. En la actualidad, 2023, se 
detecta el nivel más profundo del registro histórico. Se acumulan más de 20 m de 
descenso desde 1981, lo que equivale a una tasa media de 0,5 m/año. Por su parte en 
27 
 
el acuífero detrítico la evolución piezométrica es diferente, ya que responde más rápida 
e intensamente a las precipitaciones. 
La red hidrométrica refleja clara reducción de los caudales drenados por los 
manantiales llegando varios de ellos a secarse. Destaca la Fuente de San Juan, que pasó 
de un caudal en torno a 90 l/s y muy constante durante la década de los 70 (con las 
oscilaciones propias de los periodos húmedos y de estiaje), a secarse a partir de 2005, 
situación que se mantiene salvo en momentos puntuales tras lluvias. Esta evolución es 
equivalente en todos los puntos de la red salvo en el Manantial de Güines, donde se 
mantiene un régimen de caudales relativamente constante (≈ 25 l/s). 
De acuerdo con esta misma fuente (CHG, 2023), las salidas se producen a través 
de manantiales (1,9 hm³), extracciones por bombeo (6,2 hm³, de los cuales 2,7 hm³ se 
destinan para regadío y 3,5 hm³ para abastecimiento) y, principalmente, mediante 
descargas subterráneas (9,3 hm³), el 61% (5,7 hm³) hacia la MSBT Jabalcón y el restante 
39% (3,6 hm³) hacia el Plioceno indiferenciado. El recurso disponible para la MSBT se 
establece en 3,5 hm³, inferior a las demandas existentes, lo que se traduce en un Índice 
de Explotación del 177%. Las necesidades ambientales se estiman en 13,9 hm³. 
Pero realmente, según autores bien conocedores de la realidad estas cifras 
“distan mucho de acercarse al consumo real de agua subterránea en el acuífero, que 
resulta mucho mayor […] en la actualidad la superficie real de riego es prácticamente 3 
veces superior a la oficialmente admitida” (Herrera, 2022: 38 y 40). 
La explicación del proceso que ha conducido a esta situación en el conjunto del 
Altiplano del Alto Guadiana Menor se recoge en la documentación del Plan de la 
Demarcación en estos términos: “... situado entre dos grandes focos de agricultura 
intensiva como son Almería y Murcia a los que complementa por su clima de altura con 
veranos relativamente cortos y frescos y muy bien comunicado […] En los últimos años, 
estamos asistiendo a una reconversión de la agricultura tradicional en otra de alto valor 
añadido que, no solo exige volumen, sino también garantía para las inversiones 
realizadas. Esta transformación está teniendo reflejo en niveles piezométricos de varias 
MASb de la zona y en manantiales […] sin que la variación en la pluviometría justifique 
este descenso” (Ficha 7, pág. 22-24). Es decir, se está consignando (no denunciando, 
sino simplemente ‘dando cuenta’) que, en esa zona, durante el primer y segundo ciclo 
28 
 
de planificación, se están produciendo nuevas modificaciones (autorizadas y no 
autorizadas, pero en todo caso, no planificadas) con graves deterioros de las masas de 
agua, sin que se haya planteado ni se plantee con suficiente rigor poner en marcha los 
mecanismos que la DMA y la legislación vigente exige aplicar en estos casos. 
Hay que señalar que el Esquema provisional de Temas Importante (EpTI) del Plan 
del Guadalquivir presentó para el problema del abastecimiento en esta zona cuatro 
auténticas alternativas, a), b), c) y d): 
a) Tendencial: acabar la obra ya iniciada de la conducción Castril-
Baza, correspondería a la Alternativa 0 o tendencial. 
b) Una toma en la infraestructura ya construida en su cruce con la 
cola del embalse de Negratín. 
c) Una toma junto a la toma del acueducto Negratín-Almanzora en 
el embalse de Negratín. 
d) Una alternativa basada en el uso para abastecimiento de la 
totalidad del manantial de Siete Fuentes, con un caudal medio, en cifras oficiales, 
de 204 l/seg, cifra con la que otras fuentes técnicas independientes coinciden 
(Herrera, 2022). 
La que merece el mayor apoyo con criterios de buena gestión es la alternativa d) 
“Uso para abastecimiento de la totalidad del manantial de Siete Fuentes (cota 910)”. 
“Dicho manantial, a unos 2 km de Baza y con agua de buena calidad tiene una aportación 
media de 4 hm3 en los últimos diez años, volumen más que suficiente como para 
abastecer a las localidades afectadas. De hecho, una parte importante de ese volumen 
(en torno al 25 %) ya se usa para ese propósito, quedando el resto para el riego de la 
huerta tradicional de Baza” (págs. 16-18 Ficha 6 EpTI). Es además la que requiere una 
menor elevación para alcanzar el destino final. “Los costes obtenidos son: conducción 
desde El Portillo, 0,14 €/m3, alternativas de toma en el Negratín, 0,21 €/m3, y captación 
desde Siete Fuentes, 0,08 €/m3”. “La liberación para abastecimiento de la totalidad del 
caudal de Siete Fuentes requeriría la sustitución por aguas reguladas del embalse de 
Negratín de la parte empleada para regadío”, que la CHG estima en torno a 3 hm³ 
29 
 
anuales en los últimos diez años (de los cuales habría que ver qué parte se utiliza con los 
correspondientes derechos o concesiones ajustados a ley y cuáles no). 
Sorprendentemente, en contra de las conclusiones de este buen análisis de 
alternativas (excepcional, junto con algún otro como el referente al caso de la MASB 
Mancha Real-Pegalajar) en el Plan aparece seleccionada la Alternativa a) o Tendencial: 
terminación de la conducción desde el embalase del Portillo en el río Castril, a lo largo 
de la vega de este río, reactivando unas tensiones sociales y pleitos legales que duran 
más de 15 años. 
El caso de Baza es singular: allí fue una coalición de actores (pendiente de aclarar 
bien su composición e intereses), la que decidió, antes de que se produjera la 
sobreexplotación del acuífero de Baza, entregar las aguas al regadío y solicitar el habitual 
recurso externo de aguas superficiales reguladas, en este caso el embalse del Portillo, 
en Castril, a cuenta como es habitual del erario público. El proceso, con antecedentes 
anteriores, arranca del Decreto de Sequía de 20052. Desde entonces hasta ahora (ya 
hemos visto lo que decía el EpTI del Plan Del Guadalquivir en el 2000), la población, con 
un sistema de abastecimiento aquejado de los habituales déficits (alto nivel de agua no 
facturada, escasa información y trasparencia, nula rendiciónde cuentas) no ha sufrido 
restricciones, sencillamente porque sus recursos siguen siendo suficientes. 
Evidentemente, con el actual modelo de gestión, tanto de masas de agua (CHG) como 
de ciclo urbano (Ayuntamiento) la escasez llegará, y la captación del Portillo se 
justificará. 
 
 
2 Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas administrativas 
excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las 
cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro. 
30 
 
CONCLUSIONES 
En Andalucía, como en el conjunto de España y a escala global, diferentes usos 
productivos del agua generan, de forma directa o indirecta, impactos sobre las fuentes 
de agua de los abastecimientos urbanos, poniendo en riesgo su garantía y afectando a 
su prioridad legal y a su condición de Derecho Humano. En la mayoría de los casos, la 
principal fuerza motriz del deterioro del abastecimiento urbano es el sector agrario 
(regadío y ganadería intensiva), tanto por problemas de cantidad (agotamiento de 
manantiales, sobreexplotación de acuíferos) como por problemas de calidad. La mayoría 
de las respuestas aplicadas actualmente por las administraciones se dirige a paliar los 
impactos, por medio de la instalación de plantas desnitrificadoras, la conexión con 
sistemas de abastecimiento regionales o el cambio o reprofundización de los pozos de 
captación. En pocos casos se aplican medidas dirigidas a las presiones, y en menos o 
ninguna se dirigen a las fuerzas motrices. 
Garantizar la prioridad real del abastecimiento urbano, especialmente en el 
actual contexto de cambio climático, exige aplicar medidas en línea con el enfoque 
propuesto por la Directiva 2020/2184 de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano. Medidas dirigidas preferentemente hacia 
las fuerzas motrices, con el fin de resolver los problemas de forma eficaz, eficiente y 
duradera: 1) reducción de la presión sobre la cantidad de agua, con paralización de 
crecimientos fuera de la legalidad y planteamiento de ajustes, con criterios sociales y 
ambientales; 2) mejora en la gobernanza de los abastecimientos urbanos; 3) 
establecimiento y aplicación de perímetros de protección adecuados; 4) control estricto 
sobre fuentes contaminantes; 5) fomento de buenas prácticas agrícolas y ganaderas y 
6) aplicación del principio de quien contamina paga. 
Como telón de fondo, es fundamental seguir reflexionado sobre los mecanismos 
de toma de decisión en las Administraciones hidráulicas, sean estas autonómicas o 
estatales, es decir sobre aspectos que afectan a la gobernanza: insuficiente aplicación 
de la legislación vigente, desequilibrio en la capacidad de presión de los diferentes 
agentes sociales, insuficiente rigor en el planteamiento de alternativas, debilidad de los 
procesos de consulta y falta de transparencia. 
31 
 
 
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