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Boletín de la A.G.E. N.º 33 - 2002, págs. 65-77
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LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD DE ORIGEN
NUCLEAR EN ESPAÑA
Cayetano Espejo Marín
Departamento de Geografía
Universidad de Murcia
RESUMEN
La producción de energía nuclear en España se inicia a finales de los años sesenta, aunque
hasta mediados de los ochenta no contribuye de un modo destacado a la generación total
nacional de electricidad. España cuenta en el año 2000 con nueve reactores nucleares que
suman una potencia instalada de 7.800 megavatios y una producción 62.206 millones de
kilovatios/hora, el 2,4 % del total mundial. 
Palabras clave: Energía nuclear, central nuclear, electricidad, uranio, medio ambiente,
política energética.
ABSTRACT
Production of nuclear energy in Spain starts in the late 1970s, however it is not until the
late 1980s that it contributes prominently to the overall national output of electricity. In 2000
Spain houses nine nuclear reactors with a total power of 7.800 megawatts, yielding 62.206
million kilowatts/hour, 2,4 % of the world production. 
Key words: Nuclear energy, nuclear station, electricity, uranium, environment, energy
policy.
Fecha de recepción: febrero de 2002.
Fecha de admisión: septiembre de 2002.
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1. INTRODUCCIÓN
En 1955 se celebra en Ginebra la «Primera Conferencia Internacional de la Energía Ató-
mica con Fines Pacíficos». En ella se exponen las buenas expectativas de la producción de
electricidad con energía nuclear debido al elevado poder energético del uranio en compara-
ción con otras materias primas utilizadas tradicionalmente. En 1958 un informe del Secreta-
rio General de las Naciones Unidas pone de manifiesto el reducido coste de la generación de
energía eléctrica mediante reactores nucleares. Igualmente señala que estas ventajas irían
aumentando a medida que se pusieran en operación reactores con mayor potencia. 
En 1960 se contabilizan ya 12 centrales nucleares funcionando a pleno rendimiento: tres
en la URSS, tres en EE.UU., dos en el Reino Unido, dos en Francia, una en Alemania y otra
en Bélgica. 
Cuatro décadas más tarde, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, a finales
del año 2000, contabiliza un total de 487 reactores nucleares en funcionamiento en 31 países.
Su producción asciende a 2.447,53 gigavatios/hora (GWh), el 16 % de toda la electricidad
obtenida en el planeta. En el citado año se ponen en marcha seis nuevos reactores; en Brasil,
República Checa, Pakistán y tres en la India, que suman una capacidad de 3.056 megavatios
(MW). Éstos elevan el total mundial de potencia nuclear instalada a 351.000 MW en el año
2000. En la actualidad 31 reactores están en construcción y los planes más importantes de
expansión de centrales nucleares se llevan a cabo en Japón, India, Corea del Sur y China. En
el año 2000 en cuatro países la electricidad de origen nuclear supone más de la mitad de la
producción total: Francia (76,4 %), Lituania (73,7 %), Bélgica (56,4 %) y República Eslo-
vaca (53,4 %). 
Las necesidades de energía eléctrica son cada vez mayores, lo que ha llevado a que los
países continúen con sus políticas de desarrollo de la energía nuclear. Durante la década de
los noventa se ha producido en el conjunto de naciones del mundo que utilizan este tipo de
energía un incremento del 29,4 %. La evolución del consumo durante los años 1990 a 2000
queda reflejada en el cuadro 1.
En España comienza en 1968 la producción de electricidad en centrales nucleares con la
inauguración de la de «José Cabrera». Transcurridas más de tres décadas el balance ha sido
muy positivo, a pesar de la paralización en 1984 de 5 grupos en construcción. La aportación
nuclear al total de generación de energía eléctrica alcanza en el año 2000 el 27,8 % del total,
porcentaje que llega hasta el 38 % en el año 1989. Tan significativa aportación ha permitido
hacer frente a años de fuerte sequía, con las consiguientes repercusiones en la producción
hidroeléctrica. La energía nucleoeléctrica ha contribuido de forma destacada a la diversifica-
ción de los balances energéticos, y por tanto a la seguridad de suministro.
Además, al no generar emisiones de dióxido de azufre, nitrógeno y carbono, ha reducido
la contaminación atmosférica de origen energético a niveles muy inferiores a los que se
habrían alcanzado en caso de no haberse implantado. 
Por otra parte, el desarrollo del programa nuclear ha configurado una importante industria
de fabricación de bienes de equipo y componentes, servicios a plantas de operación, e inge-
niería.
Con este artículo pretendemos una aproximación al estudio de la energía nucleoeléctrica
en España. Analizamos su implantación y desarrollo, la evolución histórica de la producción
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de este tipo de energía, el abastecimiento de combustible nuclear y la política energética en
materia nuclear.
2. IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA
A comienzos del año 1947 se crea una Comisión en el seno del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas con el fin de dictaminar sobre temas de «Física Técnica de mayor
interés para el país». A mediados de este año, el Agregado Naval de la Embajada de los Esta-
dos Unidos en España donó al Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la
Armada una amplia colección de revistas americanas especializadas en temas de fisión
nuclear y sus aplicaciones tanto civiles como militares. Tras la clasificación de este material
bibliográfico, y este primer contacto con el mundo exterior, surge la posibilidad de iniciar una
colaboración internacional. Con este fin se crea la Junta de Investigaciones Atómicas, en
forma de Comisión de Estudio (Iranzo, 1987).
La labor de la citada Comisión durante el trienio 1948-1950 se orienta en un doble sen-
tido. Por un lado, la formación en el extranjero de los primeros especialistas españoles en
temas nucleares. Por otro, se inician las prospecciones en nuestro país con el fin de encon-
trar uranio que sirviera de materia prima para el desarrollo de las primeras investigaciones.
Como resultado de los trabajos realizados por la Comisión de Estudios se crea por Decreto-
Ley de 22 de Octubre de 1951 la Junta de Energía Nuclear, con el objetivo de «aportar nue-
vos conocimientos en el proceso de producción de energía» (Junta de Energía Nuclear,
1976).
En 1963 se producen dos hechos importantes: la promulgación de la Ley sobre la Energía
Nuclear y la concesión de la autorización previa a la que será la primera central española, la
de Almonacid de Zorita, en la provincia de Guadalajara, luego llamada «José Cabrera», en
atención al presidente del Consejo de Administración de la compañía Unión Eléctrica Madri-
leña. En julio de 1965 se puso la primera piedra y el 14 de julio de 1968 la central se sincro-
nizó y suministró energía por primera vez a la red. Tres años más tarde de la inauguración de
la central José Cabrera, en 1971 fue conectada a la red la de «Santa María de Garoña», loca-
lizada en la provincia de Burgos, con una potencia de 460 MW. En el año 1972 entró en fun-
cionamiento la central nuclear hispano-francesa de «Vandellós I», situada en la provincia de
Tarragona junto al Mar Mediterráneo y con una potencia de 500 MW. En octubre de 1989 un
incendio destruyó parte de las instalaciones de esta central. Al año siguiente, una vez eva-
luada la viabilidad técnica y económica de proceder a su reparación, se decidió su retirada
definitiva de servicio. 
Estas tres centrales, denominadas de primera generación, representan una potencia con-
junta de 1.220 MW. Dados los buenos resultados obtenidos en las mismas y como conse-
cuenciade la necesidad creciente de energía, se decide la construcción de siete nuevos grupos
(en cuatro centrales) de mucha mayor capacidad de generación, que significarán una poten-
cia nuclear adicional de 6.500 MW.
A comienzos del año 1981 comienza a producir electricidad el primer grupo de la central
nuclear de «Almaraz», con una potencia de 930 MW, emplazada en la provincia de Cáceres.
En 1983 lo hace el primer reactor de la central de «Ascó», con 930 MW de potencia, situada
en la provincia de Tarragona, a orillas del Ebro. Igualmente, en ese mismo año se pone en ser-
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vicio el segundo grupo de la central de «Almaraz», que posee también 930 MW de potencia.
En 1984 se inaugura la central nuclear de «Cofrentes», con una potencia de 975 MW y
situada en la localidad que le da nombre, a orillas del río Júcar, en la provincia de Valencia.
En 1985 se conecta a la red el segundo reactor de la central de «Ascó», de 930 MW de poten-
cia. En diciembre de 1987 entra en período de pruebas la central de «Vandellós II», que
alcanza su plena potencia durante 1988, con un total de 1.004 MW. Por último, en 1989 se
pone en servicio la central de «Trillo I», con 1.066 MW y localizada en la provincia de Gua-
dalajara, junto al río Tajo.
Como se puede ver las centrales nucleares españolas, tanto las de primera como las de
segunda generación, se localizan en la mitad septentrional de España (Figura 1). Es el área
con menor incidencia sísmica de la Península, y donde la presencia de los grandes ríos Tajo
y Ebro hacen posible sus necesidades de abastecimiento de agua para la refrigeración. Ade-
más, se encuentran en provincias con baja densidad poblacional, pero limítrofes a las que
cuentan con grandes centros consumidores de electricidad: las áreas urbanas e industriales de
Madrid y Barcelona, así como la fachada levantina española. El gran desarrollo urbano y eco-
nómico de estos espacios genera importantes demandas de electricidad.
3. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELECTRONUCLEAR
El desarrollo de la producción de energía nuclear en España desde 1968 ha sido vertigi-
noso. De los 57 millones de kilovatios/hora que se generan con la entrada en servicio de la
central de «José Cabrera» se ha pasado a los 62.206 millones en el año 2000, es decir en tres
décadas se ha multiplicado por 1.050 la generación de este tipo de electricidad.
El crecimiento de la producción de energía nuclear es constante en los últimos treinta
años (Figura 2). Se dan dos etapas claramente diferenciadas. Una desde la inauguración de
las primeras centrales de «José Cabrera» en 1968 y «Santa María de Garoña» en 1971 y que
llega hasta el año 1983. La segunda comprende desde 1984 hasta la actualidad, y es conse-
cuencia de la puesta en funcionamiento de las centrales de segunda generación así como del
aumento de la potencia instalada en todos los reactores.
Las centrales nucleares españolas registran un factor de carga muy elevado, del 87,1 %,
uno de los más altos del mundo. Esto significa que están trabajando casi a pleno rendimiento,
puesto que es un indicador que relaciona la energía media bruta producida y la que hubiera
generado funcionando a la totalidad de su potencia nominal (Molina Ibáñez, 2001).
La aportación de este tipo de energía a la producción eléctrica total de España es muy
destacada a partir del año 1984 (Figura 3). Desde mediados de los años ochenta la contri-
bución de la energía nucleoeléctrica a la producción nacional ha sido siempre superior al
25 %.
Las centrales nucleares españolas son propiedad de las cuatro grandes compañías eléctri-
cas que operan en el país. Las de primera generación cuentan con una potencia muy inferior
a las que entran en funcionamiento a inicios de los años ochenta (Cuadro 2). En casi todos los
casos y siempre que ha sido posible se ha incrementado la potencia instalada en el momento
de su puesta en funcionamiento. De ahí que no coincida la cifra de potencia de las centrales
de la fecha de puesta en marcha con la reflejada en el cuadro 2 y que es la actualizada al año
2000. 
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4. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
España deja de producir uranio el 31 de diciembre de 2000, al cesar su actividad la única
explotación minera que se mantenía abierta, la de Saelices el Chico, en la provincia de Sala-
manca. Dos han sido las razones que explican este cierre: la escasez de la reserva minera por
un lado, y en segundo lugar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decide
que si el producto se adquiere en el extranjero, la Empresa Nacional de Uranio S.A.
(ENUSA), dejaría de perder en torno a los 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros)
anuales. No obstante, ENUSA, que ha buscado la diversificación de su oferta, seguirá fabri-
cando elementos combustibles nucleares.
La situación de escasa rentabilidad de mineral extraído al convertirlo en concentrado de
uranio, junto con la nueva configuración del mercado internacional de este mineral, ha lle-
vado a la SEPI, propietaria del 60 por 100 del capital de ENUSA, el resto pertenece al Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), a decidir la
clausura de las instalaciones. Según ENUSA el coste medio del producto arrancado en el
yacimiento de Saelices era de 11.000 ptas (66,1 euros) el kilogramo, mientras que en el mer-
cado internacional ese mismo producto se está adquiriendo a unas 3.000 ptas (18 euros). Un
factor que ha repercutido claramente en la caída de los precios ha sido la limitación del valor
estratégico militar del uranio a raíz del desarme nuclear, lo que ha desviado importantes
volúmenes de producción hacia el uso pacífico.
A pesar del cierre de la explotación de Saelices, ENUSA mantiene aprovisionamientos
garantizados económicamente rentables de concentrados de uranio que permiten cumplir los
compromisos actuales adquiridos con las empresas eléctricas españolas, a través de suminis-
tros procedentes de proveedores extranjeros. La demanda nacional de concentrados de uranio
para atender el parque nuclear español se cifra en torno a las 1.500 toneladas al año. De éstas,
en la mina clausurada se venía consiguiendo un 30 %, mientras que el resto procedía del exte-
rior. Una de esas fuentes de abastecimiento radica en la productora de concentrados de uranio
«Compagnie Minière d’Akouta», en la República de Níger, de la que ENUSA es propietaria
del 10 % del capital y en la que también participan empresas de Francia y Japón, además de
Níger.
A pesar del cese en la extracción de uranio en subsuelo español, ENUSA mantiene su pre-
sencia en ese campo a través de los servicios de producción de los elementoscombustibles
nucleares que se cargan en los reactores de las centrales, y que se elaboran en la fábrica de
Juzbado (Salamanca).
5. LA POLÍTICA ENERGÉTICA EN MATERIA NUCLEAR
En julio de 1972 se aprueba en España el Plan Eléctrico Nacional con la finalidad de
ordenar el crecimiento del sector eléctrico. En él se establece la puesta en servicio entre 1980
y 1983 de siete nuevos reactores nucleares, lo que debía representar una potencia conjunta
instalada a finales de 1983 de 15.000 MW.
La crisis energética del año 1973 tiene una gran repercusión sobre la economía española
y lleva a la elaboración del primer plan integrado de todo el sector energético. El Plan Ener-
gético Nacional de 1975 se plantea como objetivo fundamental una drástica reducción de la
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dependencia del petróleo, a costa sobre todo de un ambicioso desarrollo de la energía nuclear,
que debía satisfacer el 22,8 % de la energía primaria de este año y el 56 % de la producción
de energía eléctrica. Este Plan Energético, con una duración prevista de 1975 a 1985, trataba
de dar un fuerte impulso a todas las fases del ciclo del combustible nuclear, encomendando su
realización a la Empresa Nacional de Uranio y a la Junta de Energía Nuclear.
En 1977 se redacta un nuevo Plan Energético Nacional, y que a pesar de que no llega a
aprobarse, sirve de base al Plan Energético Nacional de 1978. Éste comprende los años 1978-
1987 y supone una reducción muy importante del programa nuclear, al pasar en el balance
energético previsto para el año 1987 a representar el 14,8 % de la producción total de energía
primaria y el 37,2 % de la producción eléctrica, lo que hace del mismo que sea menos ambi-
cioso y más realista que el Plan Energético Nacional de 1975.
Con la llegada al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en noviembre de 1982,
se suspende el Plan Energético de 1978, que es sustituido, en marzo de 1984, por el Plan
Energético Nacional 1983-1992. Este Plan contempla únicamente la puesta en marcha de
cuatro centrales (Cofrentes, Ascó II, Vandellós II y Trillo) sobre las que estaban en operación
en 1984, con una potencia adicional de únicamente 3.887 MW.
En el año 1984 se produce por parte del Gobierno la revisión del Plan Energético Nacio-
nal correspondiente al período 1983-1992, y el cumplimiento de su promesa electoral que
pretende limitar el peso del subsector nuclear a 7.500 MW, es decir unos 5.000 menos que los
contemplados en el Plan de 1978-1987. En 1984, de acuerdo con el contenido del Plan Ener-
gético Nacional aprobado en dicho año, fueron paralizadas las obras de cinco centrales nucle-
ares españolas que se hallaban entonces en fase de construcción: Lemóniz I y II en Vizcaya
con una potencia de 930 MW cada una, Valdecaballeros I y II en Badajoz con 975 MW de
potencia unitaria, y Trillo II en Guadalajara con 1.041 MW. Desde entonces estas cinco uni-
dades permanecieron en moratoria, esto es con la construcción paralizada hasta que se deci-
diese su destino final.
El Plan Energético Nacional 1991-2000, aprobado en 1992, no contempla la terminación
de estas unidades en su previsiones sobre la nueva potencia necesaria hasta el año 2000, ni el
inicio de la construcción de ninguna nueva central nuclear en España, aunque señala que «la
energía nucleoeléctrica ha contribuido significativamente a la diversificación de los balances
energéticos y, por tanto, a la seguridad del suministro».
El 30 de diciembre de 1994 entra en vigor la Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional que en su Disposición adicional octava declara la paralización definitiva
de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y
Trillo II con extinción de las autorizaciones concedidas. A la central de Valdecaballeros le fal-
taba un año para empezar a funcionar, por lo que 400.000 millones de pesetas invertidos
pasaron a quedar convertidos en piezas de saldo (Tertsch, 2001). 
La moratoria nuclear dejaba en los balances de las empresas eléctricas una inversión
improductiva de 729.000 millones de pesetas que el Estado había de compensar. El capítulo
final en este sentido los constituyó la titulación de esa deuda, aprobada en febrero de 1996, y
que supone la conversión de los derechos de compensación derivados de la moratoria, en cré-
ditos y bonos susceptibles de ser adquiridos por los inversores; y que fueron mayoritaria-
mente adjudicados (20 de junio de 1996) por el procedimiento de subasta al Banco Central
Hispano Americano y al Banco Bilbao Vizcaya. La operación, tal y como señalan R. Tama-
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mes y A. Rueda (1997) quedó configurada con la creación de un Fondo de Titulación cuyo
activo lo constituye el derecho a percibir la compensación prevista en la moratoria nuclear. El
pasivo consiste en la deuda contraída por las compañías Iberdrola, Sevillana de Electricidad,
y en menor parte Unión Fenosa y Endesa, al ceder sus derechos sobre la compensación. El
citado Fondo de Titulación realiza la emisión de títulos y el dinero obtenido se traspasa a las
eléctricas afectadas, con lo que se cancelan sus deudas por causa de la moratoria nuclear. Esta
operación permitió reducir en más del 20 por 100 el endeudamiento del sector y que llegó a
superar los tres billones de pesetas (Tamames y Rueda, 1997).
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico en la Disposición adicional
séptima recoge la paralización de las centrales nucleares en moratoria:
«Se declara vigente la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciem-
bre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional cuyo texto se actualiza y pasa a ser el
siguiente:
1. Se declara la paralización definitiva de los proyectos de construcción de las centrales
nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y unidad II de Trillo y la extinción de las auto-
rizaciones concedidas.
2. Los titulares de los proyectos de construcción que se paralizan percibirán, en los tér-
minos previstos en la presente disposición, una compensación por las inversiones rea-
lizadas en los mismos y el coste de su financiación mediante la afectación a ese fin de
un porcentaje de la facturación por venta de energía a los usuarios.
La compensación deberá ser plenamente satisfecha en el plazo máximo de veinticinco
años, contados a partir del 20 de enero de 1995».
En el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de enero de 2002 se publica la Resolución de
14 de enero de 2002, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
determina la anualidad correspondiente a 2001 y el importe pendiente de compensación a 31
de diciembre de 2001, de los proyectos de centrales nucleares paralizadas definitivamente por
la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sis-
tema Eléctrico Nacional, sustituida por la Ley 54/1997, de 27 de diciembre del Sector Eléc-
trico.
La anualidad correspondiente a 2001 es la siguiente:
C.N. Lemóniz: 250.313.734,10 euros.
C.N. Valdecaballeros: 224.566.521,89 euros.
C.N. Trillo II: 7.244.616,96 euros.
Total: 482.124.872,95 euros.
Importe pendiente de compensación:
C.N. Lemóniz: 1.434.053.644,72 euros.
C.N. Valdecaballeros: 1.277.047.722,35 euros.
C.N. Trillo II: 41.536.150,86 euros.
Total: 2.752.637.517,93 euros.
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6. CONSIDERACIONES FINALES
La política en materia de energía nuclear en España actualmente tiene una doble vertiente: la
ampliación de la potencia instalada en las centrales y el alargamiento de su período de actividad,
mediante la concesión de las correspondientes prórrogas por parte del Gobierno de la nación.
Las empresas eléctricas españolas no apuestan por la construcción de nuevas centrales
nucleares porque su riesgo regulatorio es más elevado que el de una central térmica, hidro-
eléctrica o de otras energías renovables.Además son mucho mayores los costes financieros
y estructurales. A ello hay que unir una razón de carácter tecnológico que actúa como
barrera para la energía nuclear: no está resuelto el problema de la gestión del combustible
gastado. 
En España las centrales nucleares se instalaron en una época en la que el Estado asumía
buena parte de los riesgos económicos, políticos y con frecuencia incluso los financieros. La
privatización de las empresas energéticas no ha llevado aparejado un resurgir nuclear. El
resultado es que se mantiene la moratoria nuclear iniciada a comienzos de los años ochenta.
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Cayetano Espejo Marín
Boletín de la A.G.E. N.º 33 - 2002