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Malharro-Gijsberts
La prensa del proceso
El 24 de marzo 1976 se anuncia el golpe de Estado que anunciaba y anhelaba la prensa gráfica
argentina. Medios gráficos: buscaban dar consenso sobre la necesidad del derrocamiento de María
Estela Martínez de Perón.
Los medios adhirieron al golpe del 76 y sostuvieron su pretendido objetivo de instaurar el orden
para facilitar la restauración de la democracia.
Junta Militar: instala censura en medios de comunicación; en principio por 48 hs, pero luego
reforzó la medida y estableció penas a medios que informaran sobre terrorismo de Estadi, sobre la
actividad de grupos subversivos y en general sobre la actividad política.
Medios o periodistas que buscaban eludir la censura eran intimidados, secuestrados y asesinados.
Los diarios eran clausurados.
La difusión del discurso legitimador de la dictadura
El gobierno militar se encargó de legitimar su interrupción en la vida democrática, remarcando en
sus discursos públicos que se estaba en una güera, en la que la subversión y penetración marxista
en totos los ámbitos de la sociedad eran los grandes enemigos que había que eliminar.
Diarios se encargaban de transcribir los discursos de los militares que integraban el grupo del
Gobierno, remarcando en letra negrita los conceptor más fuertes y en los editoriales reforzaban la
idea del peligro subversivo y la actitud salvadora de los militares. Por ejemplo: La Nación, 1977: “la
desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra”. La Prensa,
1976: “destrucción de la guerrilla”. Transcribían discursos.
Se estaba en guerra con varios ámbitos, como educativo, cultural, social y los militares pretendían
ganas todos esos frentes, lo que los habilitaba para censurar y reprimir todas las actividades de ese
tipo que no coincidieran con los ideales “ser argentino”. Medios no cuestionaban la intervención
militares en esas áreas.
2 de abril de 1976, La Prensa anuncia la promulgación de la ley universitaria que prohibe la
militancia. El 9 de abril del mismo año se informa que se elimina de la currícula escolar las
asignaturas relacionadas con las ciencias sociales, el diario anuncia así el “Fin de la propaganda
política en las escuelas”.
A pesar de la complicidad mediática, la Junta Militar impullsó la censura y fijó pautas de lo que se
podía o no informar. La Secretaría de Estado de Prensa y Difusión elaboró un comunicado
denominado “Principios y Procedimientos para ser seguidos por los medios de comunicación”,
firmado por el director de Prensa, Corti. Medios deberían alentar los valores fundamentales que
contribuyen a la integridad de la sociedad. Se aconsejaba:
− Publicar informaciones chequeadas por fuentes y nunca de carácter sensacionalista
− No entrar en campos que no son de debate público por sus efectos sobre una audiencia
que no está educada o porque ellos son inapropiados por su edad física y mental
− Eliminar palabras obscenas e imágenes vulgares
− Tender hacia el uso correcto del lenguaje nacional
− Prohibir la propaganda subliminal
− Eliminar la opinión de personas que no están calificadas o no tienen autoridad específica
para dar opinión sobre asuntos de interés público. Esto incluye entrevistas y/o encuestas en
la calle.
Clarín el 22 de abril de 1976 publica un artículo “El Gobierno y los diarios”. Allí se explicaba que la
información oficial sería centralizada por la SEPYD (Secretaría de Estado de Prensa y Difusión) de la
Junta Militar y se entregó a los medios una “cartilla” a la que ajustarían su accionar, junto con las
normas a cumplir para facilitar el desempeño del censor. La preparació de las ediciones del 25 de
marzo de 1976 (todavía de la nota de Clarín) estuvo reglado por esos documentos. Las normas
iniciales obligaban a: 1) enviar un juego por triplicado de las pruebas galeras de la edición a tirar,
formadas por el Secretario de Redacción y responsables a la Dirección de Difusión. 2) Una de las
copias era devuelta por el Jefe de Difusión con las correcciones o tachas necesarias. Las otras dos
copias eran retenidas para el análisis de censura posterior. 3) Las correciones ordenadas debían ser
estrictamente respetadas y 4) La única fuente informativa sería la SEPYD.
Al mediodía del 26 se decide aliviar la censura, no se enviarían más pruebas.
La Junta Militar mantenía frecuentes reuniones con los directivos de los medios nacionales,
extranjeros y representantes de gremios periodiísticos. Los diarios informaban sobre esos
encuentros, elogiando y remarcando la amabilidad del Presidente, la buena disposición y las
garantías dadas en cada encuentro al respeto de la libertad de prensa.
El 24 de abril de 1976, La Prensa informa lo siguiente: “La Secretaría de Prensa hizo saber que a
partir del jueves último queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a términos
relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y/o de
integrantes de la FFAA o de Seguridad, a menos que sea informado por una fuente oficia
responsable.
5 de Junio del 76, La Nación informa sobre la ley 21.323 que pensaba a quien realizase actividades
políticas cuyo artículo tercero afectaba directamente el desempeño de medios periodísticos: Art 3,
serán reprimidos con prisión de un mes a un año los responsables de cualquier medios de
comunicación o información pública que disundan o propaguen hechos, comunicaciones o
imágenes que se vincules con las conductas incriminadas en el art 1, como asimismo aquel que
efectúe propaganda o difusión. El art 1 penaba con prisión de 1 mes a 3 años al que realizara
actividades políticas, tareas de organización y difusión ideológica, recaudación de fondos y uso de
símbolos o emblemas partidarios.
Diarios argentinos se encargaron de informar sobre la muerte y desaparición de personas, sin
atribuírselo directamente al aparatos estatal, también la prensa extranjera asumió esa tarea y sí se
atrevió a sugerir la responsabilidad militar en ella. El gobierno se encargó de desautorizar a esos
medios y acusarlos de ser parte de una campaña de desprestigio.
La buena relación entre la prensa y la dictadura se mantuvo hasta los años 80, cuando el inicio de
la crisis económica y la presión de organismos internacionales motivo que la prensa comenzará a
otorgar más espacio en sus páginas y a conceder más veracidad a las denuncias internacionales
sobre la violación de derechos humanos que se cometía en el país. Pasaron a publicar informes
completos sobre violación de derechos humanos que efectuaban organismos como Amnistía
Internacional o el gobierno nortamericano.
Los ataques a la libertad de prensa
Algunos medios gráficos se atrevieron a cuestionar la política del gobierno militar e informar sobre
el arresto y desaparición de personas, sobre cadáveres y otras modalidades de represión. Casi un
centenar de periodistas desaparecieron y muchos medios gráficos sufrieron clausuras temporarias
o definitivas. Los principales diarios La Nacion, La Prensa y Clarín informaban sobre las clausuras
pero no las cuestionaban. Por ejemplo: La Prensa publica que se clausuró el diario El
Independiente de la Rioja, por publicar que la intervención militar “tiene presa a una cantidad de
gente que no ha hecho nada”
La Nación publica el 13 de septiembre de 1976 el informe anual de ADEPA (Asociasión de Editores
de Periódicos de la Argentina) que reclamaba que debían eliminarse las restricciones a la prensa,
respecto de ciertas restricciones al derecho a informar ratifican su posición a favor de la libertad de
información. Se publica también que delegados de Argentina y Brasil denuncian ante la SIP
(Sociedad Interamericana de Prensa) problemas de intiminación colectiva y censuras y presiones
económicas.
Al gobierno militar no le bastó con aplicar clausuras y comenzaron arrestos, desapariciones y
asesinatos de periodistas. La mayoría de los diarios informaron estos hechos con un estilo cauto en
la selección de palabras sin repudiar el hecho ni vincularlo con el gobierno militar.
Desapariciones de los periodistas ZelmarMichelini y Héctor Gutiérrex Ruiz, que fueron
encontrados asesinados en un auto, se atribuyeron a la guerrilla subversiva, para desprestigiar a la
República. La Nación publica un comunicado de la ADEPA: Hay riesgos de ejercer el normal
ejercicio de la actividad periodística.
Diario La Opinión comienza a cuestionar la política represiva del gobierno militar y le valió la
clausura, el secuestrio de ediciones y la detención de periodistas. Se arresta el 16 de abril a su
director Jacobo Timerman. Los diarios nacionales parecían avalar las sospechas del gobirno militar.
Buenos Aires Herlard fue otro diario que denunció el terrorismo de estado y luego sufrió represión
estatal, dio a conocer desaparición de personas, hallazgos de cadáveres, denuncis de aplicación de
torturas y reclamo de familiares. 23 de abril de 1977 el director del diario, Robert Cox fue
detenido, por la publicación de un cable de agencia extranjera sobre una conferencia de prensa en
Roma por tres líderes montoneros. Decide exiliarse del país. Neilson, quien sucedió a Cox también
recibe amenazas.
Hacia los alis 80, tras la caída del Banco de Intercabio Regional y el fin de la “plata dulce”, la actitud
de los principales medios gráficos cambió y comenzaron a criticar el rumbo económico, a informar
más ampliamente sobre el tema de la violación de DDHH y asumir una defensa ante la clausura de
medios y la agresión a periodistas. Comenzaron a ser mas “duros” los informes de la ADEPA.
1981 ADEPA da a conocer un informe que es publicado por La Prensa: conductas e intentos de
atacar la libetad de prensa en casos de intervención de diarios, censura previa de diarios, privación
arbitraria de libertad de periodistas, etc. Le quitan la publicidad oficial al diario La Prensa.
1982 se refuerza la censura de los medios gráficos por la Guerra de Malvinal. El primero de mayo
se dan a conocer las pautas que debían seguir los medios para transmitir instancias del conflicto
bélico. Con excusa de preservar la seguridad nacional se intentó encubrir la derrota que sufrían las
fuerzas militares. Clarín reproduce la disposición del gobierno militar: Pautas para la Seguridad
Nacional, se tiene que evitar difundir información que produxca pánio, atente contra la unidad
nacional, reste credibilidad o contradiga la información oficial, pueda generar disturbios sociales,
alterando el orden interno, genere sentimientos o actitudes agresivas respecto de personas o
intereses de la comunidad birtánica en el país, prodecende del exterior. Evitar difundir información
que sin provenir de fuente oficial se refiera a operaciones militares argentinas. Provienientes del
exterior, exalte el poderío bélico británico y minimice el prpio.
Supuesta violación por parte de la agencia Noticias Argentinas lleva a su clausura durante tres días,
lo que motivó fuertes críticas y llevó a terminar la clausura a las 48 hs.
Los diarios comenzaron a dar más espacio a denuncias por la actividad represiva del Estado, lo que
llevó al gobierno militar a intentar restringir nuevamente lo que se publicaba. La presión de los
medios y entidades periodísticas obligó al gobierno a salir a desmentir las restricciones y la
existencia del memorando.
Junta Militar advierte a los medios de comunicación que utilizará todos los recursos legales y
facultades emergentes de su poder de facto para resguardar el orden, la seguridad pública y el
respeto a las instituciones (publicado por Clarín)
En febrero de 1983, el gobierno militar “denunció” la existencia de una campaña mediática contra
las FFAA a través de declaraciones de dirigentes partidarios y de publicaciones pediodísticas.
Los ataques a la prensa continuaron aún cuando el régimen agonizaba.