Derecho Procesal IV - TP 1 (100)

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Pregunta 1
La acción de lesividad en el ámbito nacional debe interponerse en el plazo de:
Treinta días hábiles judiciales a partir de que se descubre la irregularidad.
No hay plazo, salvo el de prescripción del derecho substancial.
Seis meses desde que se dicta el acto declarativo del vicio.
Noventa días hábiles judiciales desde que se dicta el acto declarativo del vicio.
Noventa días hábiles judiciales desde la emisión del acto.
 
Pregunta 2
La Administración Pública Nacional dicta un acto administrativo por medio del cual 
se revoca una habilitación para construir un edificio cuando ya se había iniciado la 
obra y el agotamiento de la vía administrativa demandaría demasiado tiempo que 
tornaría ilusorio el derecho o interés afectado, por lo que es procedente realizar 
una acción de amparo.
Falso, pues el interés de la Administración no puede ser obstaculizado 
invocándose un interés particular.
Verdadero, pues frente a la urgencia del caso, la demora que implica 
agotar la vía administrativa lleva a concluir que no hay otro medio judicial
más idóneo.
 
Pregunta 3
El dictado de medidas cautelares en un juicio contencioso administrativo no 
procede frente:
Los supuestos de arbitrariedad ostensible.
Los supuestos de ilegalidad manifiesta.
La actividad reglada de la Administración.
El ejercicio ordinario de facultades discrecionales.
 
Pregunta 4
Los reglamentos autónomos:
Son aquellos donde no se aplica la constitución de manera directa.
Son aquellos que no dependen de otros para su funcionamiento.
Son una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma indirecta.
Se encuentran constituidos por las normas generales que dicta el Poder 
Ejecutivo sobre aquellas materias que pertenecen a su zona de reserva.
Son aquellos por los cuales, a través de su dictado se aplica una ley de manera 
directa.
Pregunta 5
El Derecho Positivo Argentino y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación desconocen legitimación supra individual o colectiva a/al:
Los titulares de derechos de incidencia colectiva.
Los afectados en derechos de incidencia colectiva.
Los legisladores.
Defensor del Pueblo.
Las asociaciones que tienen por objeto la defensa de derechos colectivos de las 
personas jurídicas.
 
Pregunta 6
No es característica del proceso administrativo, en la actual organización procesal 
administrativa nacional:
Requerir el previo agotamiento de la vía administrativa.
Estar codificado.
Ser de competencia de los tribunales ordinarios.
Utilizar el procedimiento escrito.
Ser generalmente de doble instancia.
 
Pregunta 7
El proceso contencioso administrativo federal tiene un trámite ordinario y de doble 
instancia, salvo que una norma específica disponga lo contrario.
Falso, pues la importancia de la actividad administrativa conlleva que los 
trámites sean sumarios y no admitan revisión.
Verdadero, en virtud del carácter supletorio del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación; supletoriedad que no opera si existe una norma 
expresa que especifique otro trámite o instancia.
 
Pregunta 8
En el interior del país, las causas contencioso-administrativas en las que se 
dilucide la validez o invalidez de un acto administrativo dictado por el Poder 
Ejecutivo Nacional, deben tramitarse:
En la Cámara Federal con competencia en el lugar.
En la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el Juzgado Federal con competencia en el lugar.
En el Tribunal Superior de Justicia Provincial competente.
 
Pregunta 9
Los recursos asistémicos del proceso administrativo nacional:
No tienen un trámite legal asignado.
Tienen regulación legal de su trámite.
Se encuentran legislados en el decreto 1759/72.
Se encuentran legislados en la ley 19549.
Deben presentarse ante los jueces federales de primera instancia.
 
Pregunta 10
El sistema establecido en la ley 7.182 es de unidad de acción frente a una 
pluralidad de pretensiones.
Falso, ya que las acciones con que cuenta el administrado varían de 
acuerdo a su situación jurídica subjetiva.
Verdadero, ya que, al momento de promover la demanda judicial, no resulta 
necesario para el administrado individualizar la situación jurídica subjetiva que 
posee frente a la administración.
 
Pregunta 11
Si el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) resuelve un conflicto entre los 
sujetos que contempla la Ley 24.076 y alguno de ellos entiende lesionados sus 
derechos, deberá:
Interponer necesariamente el recurso de alzada y,si éste es desestimado, recurso
judicial directo ante la Cámara Federal.
Interponer directamente demanda contenciosa administrativa ante el Juzgado 
Federal que corresponda territorialmente.
Nada, pues no son resoluciones que pueda revisar el Poder Judicial.
Interponer recurso de alzada o bien recurso judicial directo ante la 
Cámara Federal.
Interponer recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo y,de ser 
desestimado,iniciar recurso judicial directo ante la Cámara Federal.
 
Pregunta 12
Para la procedencia de una medida cautelar resulta preciso que concurra:
El peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho.
La consideración del interés público comprometido en la decisión y la 
contracautela.
Contracautela y el peligro en la demora.
Peligro en la demora, contracautela, verosimilitud en el derecho y la 
consideración del interés público comprometido en la decisión.
Verosimilitud en el derecho y la legitimidad.
 
Pregunta 13
El plazo para impugnar los actos administrativos generales se inicia:
A partir de su publicación, o de la notificación del acto administrativo de 
aplicación, según se trate de su impugnación directa o indirecta.
En la fecha de emisión del decreto o la resolución de carácter general.
A partir de su aplicación.
Cuando el afectado tomare conocimiento de su vigencia.
A partir de su notificación.
 
Pregunta 14
En el proceso contencioso administrativo rige el principio de la verdad real o 
material.
Verdadero. Por ello la Ley 7.182 establece que el Tribunal podrá ordenar 
de oficio las diligencias que considere oportunas, conducentes al 
esclarecimiento de los hechos, aun cuando las partes se opusieren.
Falso. La Ley impone a los jueces dictar sentencia solo de acuerdo con las 
argumentaciones y pruebas de las partes, independientemente de lo que 
efectivamente ocurrió en el caso.
 
Pregunta 15
La asignatura Derecho Procesal Público se halla compuesta por ramas del 
Derecho Público. Ellas son:
El Derecho Procesal Administrativo y el Derecho Constitucional.
El Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Civil.
El Derecho Civil y el Derecho Procesal Administrativo.
El Derecho Procesal Administrativo y el Derecho Procesal Constitucional.
El Derecho Administrativo y el Derecho Procesal Civil.
 
Pregunta 16
La potestad reglamentaria:
Puede ser conceptuada como la posibilidad de regular, limitar y 
especificar los derechos constitucionales y los conferidos por las leyes.
Es la potestad legislativa de reglamentar los derechos constitucionalmente 
consagrados por razones de seguridad, salubridad y de moralidad.
Es el poder de policía.
Es la potestad legislativa de reglamentar los derechos constitucionalmente 
consagrados por razones de bienestar general o regulación económica.
Es la posibilidad de modificar los reglamentos ya establecidos por la 
administración pública central.
 
Pregunta 17
Los actos que importan el ejercicio de un poder político o institucional son aquellos
en los que la autoridad pública posee un margen de apreciación atribuido por el 
Derecho para escoger entre alternativas igualmente válidas.
Falso. Los actos que importan el ejercicio de un poder político o institucional 
son aquellos que pertenecen a la órbita de reserva del Poder Ejecutivo.
Verdadero, ya que el acto político es, en todos los casos, de carácter 
discrecional.
 
Pregunta 18
En una causa de lesividad, una vez habilitada la instancia en sede judicial,se 
deberá notificar la demanda a:
El Intendente municipal del lugar en que el acto hubiere sido cumplido.
El representante legal de la entidad demandada.
El/los beneficiario/s del acto impugnado.
A quien ejerza el mayor cargo dentro de la entidad demandada.
 
Pregunta 19
Según la Ley 7181,indique cuál de las siguientes opciones corresponde a un 
medio de impugnación contra las providencias:
Reposición.
Revisión.
Casación.
Reconsideración.
Apelación.
 
Pregunta 20
Además de los actos administrativos definitivos, son también recurribles los 
actos administrativos preparatorios equivalentes a definitivos.
Verdadero, en la medida en que produzcan efectos respecto de los 
administrados.
Falso, pues los actos preparatorios no producen efecto alguno.
Pregunta 21
Cuando algún ordenamiento federal específico prevé un recurso judicial directo, la 
Cámara que intervenga podrá controlar:
Los hechos y la aplicación del derecho de manera amplia.
Limitadamente los hechos y el derecho aplicable, en razón de tratarse de una 
segunda instancia.
Únicamente la aplicación del derecho.NO
Únicamente los hechos.
Únicamente la constitucionalidad de las normas aplicables.
Pregunta 22
Cuando vencen los plazos procesales para que sea impugnado, un acto 
administrativo deviene:
Definitivo.
Firme.
Consultivo.
De última instancia.
Abstracto.
Pregunta 23
La Constitución de Córdoba establece expresamente que los bienes del Estado 
Provincial o Municipal no pueden ser objeto de embargo preventivo.
Verdadero. El artículo 179 contiene la norma que establece tal prohibición.
Falso. La inembargabilidad de los bienes estatales ha tenido como principal fuente
la doctrina jurisprudencial.
Pregunta 24
En la Ley 7181, el art. 43 autoriza la procedencia del recurso de apelación:
Cuando es parte un organismo descentralizado.
Sólo cuando la provincia es parte.
Sólo en los casos en que un ente regulador es parte.
Cuando el Estado Nacional es parte.
Sólo para sentencias definitivas donde el estado municipal sea parte.
Pregunta 25
La cláusula del artículo 28, CN sirve de fundamento a:
El control del acto administrativo de manera exclusiva.
El requisito según el cual los actos administrativos deben emanar de autoridad 
competente para su validez.
El control que los jueces hacen de los trámites formales del acto administrativo.
El control de razonabilidad del acto administrativo; siendo que la razonabilidad es 
una exigencia de todo el actuar del Estado.
Pregunta 26
El acto “institucional” o “de gobierno” queda, en principio, excluido del control 
judicial.
Verdadero. Como regla, el acto político es no justiciable. Aunque el control judicial 
ha avanzado paulatinamente a través de la jurisprudencia, incluyendo supuestos 
en los que se controlan los procedimientos formales, sin entrarse a juzgar el 
contenido mismo del acto.
Falso. El acto de gobierno está siempre sujeto al control judicial. El hecho de que 
se impugnaren los aspectos formales o sustantivos del acto es irrelevante.
Pregunta 27
El plazo para impugnar actos administrativos generales se inicia a partir de su 
notificación.
Verdadero, pues se prioriza que el afectado haya tomado real conocimiento del 
acto. En este sentido, son de aplicación supletoria las normas que regulan las 
notificaciones judiciales.
Falso, el plazo para impugnar actos administrativos generales se inicia a partir de 
su publicación.
Pregunta 28
El recurso de reposición, de acuerdo con la ley 7.182, procede sólo en los casos 
en los que se cuestionen autos interlocutorios.
Falso. Según el artículo 42 de la ley 7182, el recurso de reposición procederá 
contra las providencias dictadas sin sustanciación, a fin de que el Tribunal las 
revoque por contrario imperio.
Verdadero, tal y como surge del art. 43 de la ley 7182.
Pregunta 29
En el orden nacional, son de aplicación supletoria al procedimiento administrativo:
Las normas aplicables del Código Procesal Civil y Comercial.
Las normas aplicables de las leyes procesales provinciales, según el lugar en el 
que se tramite el juicio.
La jurisprudencia de la Corte Suprema.
Las normas aplicables del Código Civil y Comercial de la Nación.
Pregunta 30
En el ámbito nacional:
La justicia contencioso administrativa sólo está regulada por el Título IV de la Ley 
19.549.
No encontramos un cuerpo legal específico que regule todas las cuestiones sino 
que existe una marcada dispersidad normativa.
La justicia contenciosa administrativa está regulada por el Decreto 1759/1972.
La justicia contencioso administrativa nacional está regulada por la Ley 6658.
Existe un Código Contencioso Administrativo que regula todas las cuestiones 
relativas al proceso que debe seguirse en este tipo de pleitos.