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amnistía internacional 
 
 
 HAITÍ 
 
 Entre la espada y la pared: 
 ¿represión militar o invasión extranjera? 
 
24 DE AGOSTO DE 1994 RESUMEN ÍNDICE DE AI: AMR 36/33/94/s. 
 
 DISTR: SC/CC/CO/PG 
 
La nación caribeña de Haití se ha enfrentado con una continua crisis de derechos 
humanos al proseguir sus autoridades militares de facto su campaña de 
intimidación, detenciones y asesinatos, dirigida principalmente contra los 
simpatizantes del presidente en el exilio Jean-Bertrand Aristide, pero también 
afectando al grueso de la población. En estos momentos, Haití se enfrenta además 
con la amenaza de una invasión extranjera, encabezada por los Estados Unidos 
de América (EE UU), pero autorizada por resolución del 31 de julio del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. AI teme que dicha invasión pueda dar lugar 
a más abusos por parte de las fuerzas armadas haitianas; por parte de civiles, 
como represalia contra quienes crean responsables de las violaciones de derechos 
humanos cometidas en el pasado; y por parte de una fuerza invasora que podría, 
como ocurrió en Somalia, cometer abusos precisamente contra aquellos civiles 
a quienes se supone que debería proteger. 
 
La crisis que continúa afligiendo a Haití se remonta al golpe de Estado de 1991 
que provocó el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente 
democráticamente elegido en el país. Tras el golpe, simpatizantes del presidente 
Aristide y otros opositores del nuevo régimen militar fueron sometidos a graves 
y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Los abusos volvieron a 
multiplicarse el pasado octubre, cuando un acuerdo que tenía como fin la 
restauración del presidente Aristide se desbarató al no acatar sus disposiciones 
las fuerzas armadas haitianas. Las violaciones han continuado en los últimos 
meses. Durante este periodo también se ha producido un éxodo masivo de haitianos 
que han intentado abandonar el país por vía marítima, esperando, en la mayoría 
de los casos, llegar a los EE UU; una misión observadora civil internacional 
de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
ha sido expulsada del país; y las autoridades militares de facto han impuesto 
legislación de emergencia, incluyendo el estado de sitio. 
 
En este informe se examinan los antecedentes de la actual crisis de derechos 
humanos en Haití. Se resalta, asimismo, la difícil situación de un pueblo que 
enfrenta la represión brutal en su país, el peligro y el rechazo cuando huye 
a otras tierras, y la perspectiva de una invasión armada por fuerzas extranjeras, 
con todos los abusos que podría conllevar. El informe finaliza con la 
enumeración de las medidas que, en opinión de AI, deberían tomarse para proteger 
los derechos humanos en Haití. 
 
PALABRAS CLAVE: EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 /TORTURA/MALOS TRATOS1 / DETENCIÓN 
ARBITRARIA1 /DESAPARICIONES /AGRESIÓN SEXUAL1 /DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE 
INCOMUNICACIÓN /MALA SALUD /HOSTIGAMIENTO /EXTORSIÓN /DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
/ASILO1 /EE UU /REPATRIACIÓN FORZADA /GOBIERNOS (OTROS) /OCUPACIÓN /HOMBRE/MUJER 
DE NEGOCIOS /POLÍTICOS /ACTIVISTAS POLÍTICOS1 /MINISTROS DEL GOBIERNO /NIÑOS 
/CRIATURAS /FAMILIAS /MUJERES1 /PERIODISTAS /LOCUTORES DE RADIO O TELEVISIÓN 
/FOTÓGRAFOS /CENSURA /CLÉRIGOS-PROTESTANTES /CLÉRIGOS-CATÓLICOS /AVANZADA EDAD 
/VENDEDORES AMBULANTES /EMBARAZO /MILITARES /FUERZAS PARAMILITARES /CIVILES 
ARMADOS /POLICÍA /IMPUNIDAD /ANTECEDENTES POLÍTICOS /OEA /ONU /DELEGACIONES / 
 
Este informe resume un documento de ?? páginas (???? palabras), Haití: Entre 
la espada y la pared: ¿represión militar o invasión extranjera? (Índice de AI: 
AMR/36/33/94/s), publicado por Amnistía Internacional el 24 de agosto de 1994. 
 Si desea más detalles o quiere participar en las actividades de la organización 
sobre este tema, debe consultar el documento completo. 
 
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO 
[PIE DE FOTO PORTADA: Patrulla militar en Cité Soleil, Puerto Príncipe, septiembre de 
1993. c. Leah Gordon] 
 
 
RECUADRO 
 
INFORMANDO SOBRE DERECHOS HUMANOS EN HAITÍ: 
 
Los periodistas y fotógrafos que han tratado de informar de las violaciones de derechos humanos 
referidas en este documento han sido blanco de continuo hostigamiento. Tal es el caso de una 
fotógrafa presente en el muelle el día en que el navío estadounidense USS Harlan County debía 
desembarcar tropas bajo el mandato de la ONU: fue golpeada y tirada al suelo por soldados y 
attachés allí reunidos cuando hacía la fotografía que se reproduce al pie de la página ?? de este 
informe. [SE REFIERE A LA FOTO 6] FIN DEL RECUADRO 
 
 
 HAITÍ 
 
 Entre la espada y la pared: 
 ¿represión militar o invasión extranjera? 
 
INTRODUCCION 
 
En julio, el terror empujó a miles de haitianos a lanzarse al mar en frágiles embarcaciones. La 
mayoría se encaminaba hacia Estados Unidos de América (EE UU), pese a que el gobierno de 
este país no se ha mostrado muy dispuesto a acogerlos. Los periódicos y las pantallas de 
televisión de todo el mundo se llenaron de imágenes desgarradoras: barcos que se hundían, niños 
a punto de ahogarse y náufragos desfallecientes arrastrándose por las playas turísticas de la 
Florida. 
 
La pequeña nación de Haití se convirtió de la noche a la mañana --aunque no por mucho 
tiempo-- en el centro de la atención internacional. Creció la especulación sobre la posibilidad de 
que EE UU invadiese el país, bajo cobertura internacional, para tratar de detener la llegada a sus 
costas de los llamados "refugiados del mar". 
 
Pero en la reciente tragedia de los "refugiados del mar" y de la posibilidad de una invasión armada 
subyace una larga pesadilla para los derechos humanos. Una pesadilla que, en los últimos años, 
ha llevado a decenas de miles de haitianos a huir de su isla natal. 
 
El terror se ha propagado por Haití al proseguir las autoridades militares de facto su campaña de 
intimidación, detenciones arbitrarias y asesinatos. El objetivo: eliminar el apoyo al presidente 
Jean-Bertrand Aristide, jefe del primer gobierno elegido democráticamente en Haití y depuesto 
por un golpe de Estado militar en septiembre de 1991. 
 
En los últimos meses, los soldados y sus colaboradores civiles han ejecutado extrajudicialmente a 
centenares de personas. Han atacado a pueblos enteros. Y, para sembrar más terror, cada vez es 
mayor el número de cadáveres que aparecen mutilados. 
 
AI teme que, frente a la crisis política causada por la amenaza de una invasión encabezada por 
EE UU, el ejército haitiano pueda recurrir a tácticas aun más brutales contra la población 
haitiana; o que algunos civiles puedan asesinar, como represalia, a quienes crean responsables de 
violaciones de derechos humanos. También la inquieta la posibilidad de que las normas de 
derechos humanos sean infringidas por las mismas fuerzas invasoras. La organización teme que 
se repita la experiencia de Somalia, donde civiles desarmados perdieron la vida a manos de las 
fuerzas enviadas para protegerlos. 
 
En este informe se examinan en primer lugar los antecedentes de la actual crisis de los derechos 
humanos en Haití. Se resalta, asimismo, la difícil situación de un pueblo que enfrenta la represión 
brutal en su país, el peligro y el rechazo cuando huye al extranjero, y la perspectiva de una 
invasión armada por fuerzas extranjeras, con todos los abusos que podría conllevar. El informe 
finaliza con la enumeración de las medidas que, en opinión de AI, deberían tomarse para 
proteger los derechos humanos en Haití. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La República de Haití está situada a unos 970 kilómetros (unas 600 millas) al sudeste de la 
península de Florida. Ocupa aproximadamente una tercera parte de la isla caribeña de la 
Española, cuya superficie comparte con la República Dominicana. Fue el primer Estado 
moderno de origen africano y elprimer país latinoamericano independiente. 
 
En la segunda mitad del siglo dieciocho, Haití era una de las colonias más lucrativas de Europa: el 
50 por ciento del comercio transatlántico de Francia se realizaba con Haití, dando sustento al 20 
por ciento de la población francesa. Hoy, Haití es el país más pobre de América, y su miseria es 
legado de su larga y trágica historia. 
 
La actual crisis de los derechos humanos en Haití 
 
La actual crisis de los derechos humanos en Haití se remonta al 29 de septiembre de 1991, 
cuando un golpe de Estado militar derrocó al gobierno elegido democráticamente del presidente 
Aristide. Desde entonces, los simpatizantes del presidente depuesto (conocidos popularmente 
como lavallassiens
1
), así como los demás oponentes del gobierno militar de facto, vienen siendo 
sometidos a graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Los militares --dirigidos por 
el general Raoul Cédras, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas-- y el jefe de la Policía 
Michel François gobiernan de hecho el país, recurriendo a las amenazas, al hostigamiento y a la 
represión generalizada para conservar el poder. Hasta ahora, la comunidad internacional parece 
impotente para poner fin a la carnicería. 
 
[FOTO 1: Jean-Bertrand Aristide se convirtió en el primer presidente libremente elegido en Haití 
tras obtener el 67 por ciento del voto popular en las elecciones de 1990. Un golpe de Estado 
militar lo derrocó nueve meses después. c. Leah Gordon] 
 
Inmediatamente después del golpe de Estado, los militares desataron una oleada de represión 
violenta, especialmente en las comunidades pobres, donde había sido mayor el apoyo al 
presidente Aristide. Desde entonces, miles de personas, incluyendo defensores de los derechos 
 
 1 Lavalas: avalancha o marejada; término popular con que se conoce al 
movimiento político que apoyó la candidatura del presidente Aristide. 
humanos, sindicalistas, periodistas, miembros y dirigentes de grupos populares, de base y 
religiosos, mujeres y niños, han sido víctimas de abusos generalizados y sistemáticos. 
 
Algunos han sido ejecutados extrajudicialmente o han sido detenidos sin orden judicial y 
torturados. Otros permanecen encarcelados en condiciones inhumanas en centros de reclusión 
como la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, la capital. Muchos otros han sufrido brutales 
golpizas en las calles o reiteradas amenazas y actos de hostigamiento. La libertad de prensa está 
sumamente restringida. Los oponentes o presuntos oponentes al régimen militar, así como 
quienes simplemente viven en zonas consideradas favorables al regreso del presidente Aristide, 
han visto sus viviendas y propiedades destruidas. La extorsión a civiles por parte de las fuerzas de 
seguridad y de sus colaboradores es endémica; también lo es la corrupción. 
 
Los responsables de las violaciones de derechos humanos incluyen a soldados uniformados y 
agentes de la policía, attachés (los auxiliares civiles armados de las fuerzas de seguridad), chefs de 
sections (los jefes de las secciones rurales, pertenecientes al ejército) y zenglendos (delincuentes 
armados que se cree actúan bajo el control de los militares). 
 
El pasado año surgió un nuevo partido político, que muchos consideran estrechamente vinculado 
al ejército. Originalmente llamado Front révolutionaire pour l'avancement et le progrès en Haïti 
(Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití), en junio de 1994 fue 
siniestramente rebautizado como Front révolutionaire armé du peuple Haïtien (Frente 
Revolucionario Armado del Pueblo Haitiano). Su acrónimo, FRAPH, se pronuncia como la 
palabra francesa frappe, que significa "puñetazo" o "golpe". Los miembros del FRAPH se han visto 
implicados con frecuencia en asesinatos y otras violaciones de derechos humanos. 
 
[FOTOS 2, 3, 4 [2: Attachés y soldados confraternizan junto al Bar Normandie, conocido lugar 
de reunión de los primeros. c. Leah Gordon] [3: Manifestación del FRAPH, Puerto Príncipe, 
octubre de 1993. c. Leah Gordon] [4: Es tan frecuente encontrar cadáveres abandonados en las 
calles de Puerto Príncipe, que éste, aparecido en octubre de 1993, no parece suscitar demasiado 
interés a los pasajeros del automóvil. c. Leah Gordon]] 
 
El terror ha empujado a cientos de miles de haitianos a huir de sus hogares y vivir en marronage 
(en la clandestinidad). Por otra parte, decenas de miles han tratado de salir del país, ya sea 
haciendo los trámites, sumamente restrictivos, en la Embajada de EE UU en Puerto Príncipe, 
presentando solicitudes de asilo en otras embajadas, o probando suerte como "refugiados del 
mar" (véase más adelante). 
 
La intervención internacional en la crisis política de Haití 
 
La comunidad internacional ha hecho numerosos intentos, hasta el momento infructuosos, de 
abordar la crisis política de Haití. El embargo impuesto originalmente por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) 
transformó en junio de 1993 en un embargo mundial de petróleo y armas, obligó al general 
Cédras a sentarse en la mesa de negociaciones en julio de 1993. Después, en virtud del llamado 
Acuerdo de la Isla Gobernador, firmado bajo los auspicios de la OEA y de la ONU, el general 
Cédras y el presidente Aristide se comprometieron a cooperar plenamente en la transición 
pacífica a una sociedad democrática que garantizara el respeto a los derechos humanos. El 
Acuerdo estipulaba que se crearía una nueva fuerza policial, separada del ejército, cuyo jefe sería 
nombrado por el presidente; que el general Cédras optaría por el retiro anticipado; y que el 
presidente designaría a un primer ministro. 
 
[FOTO 5: Una pequeña embarcación rompe el embargo para llevar gasolina a Haití. c. Leah 
Gordon] 
 
Una de las bases del Acuerdo era que el presidente Aristide regresaría pacíficamente al poder. 
Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del proyectado retorno, el 30 de octubre de 
1993, las violaciones de derechos humanos aumentaron una vez más. Las autoridades de facto y 
sus simpatizantes lograron crear unas condiciones tales que imposibilitaron que el presidente 
Aristide tomara posesión de su cargo, y desde entonces no se ha vuelto a fijar una fecha para su 
regreso. Las amenazas y ataques generalizados, dirigidos especialmente a los simpatizantes del 
presidente Aristide, siguen asolando Haití. 
 
[FOTO 6: En una maniobra inesperada, el navío estadounidense que iba a desembarcar tropas 
bajo mandato de la ONU para ayudar a garantizar la seguridad del proyectado retorno del 
presidente Aristide dio la vuelta y se alejó del puerto al encontrarse con la presencia de soldados y 
attachés en el muelle. c. Leah Gordon] 
 
RECUADRO 1 
 
[FOTO 7: Momento en que attachés armados irrumpen en una iglesia de Puerto Príncipe en 
busca de Antoine Izméry. c. Haïti Progrès] 
 
A medida que se acercaba la fecha del proyectado regreso del presidente Aristide, sus 
simpatizantes comenzaron a sufrir ataques del ejército. Una de las muchas víctimas fue el 
empresario Antoine Izméry. El 11 de septiembre de 1993, Izméry acudió a una iglesia donde iba 
a celebrarse una misa en memoria de cinco personas muertas en 1988, en un atentado contra el 
entonces padre Aristide, cuando decía misa en un barrio marginal de Puerto Príncipe. Antes de 
que comenzara la ceremonia religiosa, un grupo de attachés irrumpió en la iglesia y amenazó a los 
sacerdotes: «¡Toda la sangre que se va a derramar hoy será por culpa vuestra, comunistas!» 
 
Uno de los sacerdotes relató a AI lo que ocurrió: «Por la puerta trasera de la iglesia, vemos pasar 
un camión militar, seguido inmediatamente de otro. Poco después, varias personas irrumpen en 
la iglesia ... Me fijo en uno que viste camisa roja, revólver en mano ... Nosotros permanecemos 
allí, paralizados, observando la escena ...Entonces el hombre de la pistola saca el arma y 
pregunta: _¿Quién es Izméry?, ¿dónde está?_. El attaché que está de pie a su derecha señala a 
Izméry ... El attaché se le acerca, le amenaza con la pistola para obligarlo a salir. Antoine Izméry 
vacila y levanta los brazos ... El attaché levanta su arma como si fuera a disparar, duda, 
probablemente al darse cuenta de que está en una iglesia. Entonces apunta su revólver a la sien de 
Antoine Izméry, obligándolo a salir. 
 
«La misa termina ... el párroco viene a anunciar que Antoine Izméry yace muerto en la calle. 
Salimos ... y encontramos el cadáver junto a la iglesia. A unos 40 metros yace otro hombre, 
asesinado de la misma manera, con un disparo detrás de la oreja ... Los cuerpos aún están 
calientes, bañados en un mar de sangre. Permanezco allí, junto con otro sacerdote, rezando por 
los dos muertos. La calle está vacía ... 
 
«Nadie pensó que los attachés se atreverían a matar a Antoine Izméry tan abiertamente. 
Pensamos que habían venido a detenerlo, como ya había ocurrido tantas veces. 
 
«... viene un attaché y amenaza [a otro sacerdote] ... la tensión aumenta ... llega la noticia de que 
los attachés han rodeado la zona ... Finalmente, aparecen 12 cadáveres en la ciudad de Puerto 
Príncipe el mismo día, 11 de septiembre ... Los attachés gobiernan el país...» FIN DEL 
RECUADRO 
 
RECUADRO 2 
 
[FOTO 8: Guy Malary PIE: Guy Malary, ministro de Justicia del presidente Aristide, asesinado 
a tiros el 14 de octubre de 1993.] 
 
Las esperanzas de que el presidente Aristide pudiera regresar pacíficamente a Haití acabaron de 
desvanecerse el 14 de octubre, cuando unos hombres armados asesinaron a tiros a Guy Malary, 
su recién nombrado ministro de Justicia. En el atentado murieron también su guardaespaldas y su 
conductor. Las víctimas recibieron varios disparos y todas tenían una herida de bala en la cabeza, 
como si las hubieran rematado con un tiro de gracia. Tras los asesinatos, unos agentes de la 
policía uniformados se llevaron los cuerpos, prohibiendo a los periodistas filmar la escena. 
 
De los ministros recientemente nombrados por el presidente Aristide en preparación para su 
regreso, Guy Malary había sido uno de los primeros en tomar posesión de su cargo. Había 
impulsado un proyecto legislativo para separar formalmente ejército y policía en Haití, propuesta 
a la que se oponían los mandos militares. También había trabajado en varios casos conocidos de 
derechos humanos. Como la mayoría de los miembros del nuevo gabinete, había recibido 
amenazas de muerte. FIN DEL RECUADRO. 
 
Algunos atribuyeron el fracaso del Acuerdo de la Isla Gobernador a su falta de claridad sobre la 
cuestión de la amnistía. Los negociadores de EE UU y la OEA/ONU consideraron necesario 
garantizar una amnistía para los jefes militares responsables del golpe de Estado de septiembre de 
1991 y de las subsiguientes violaciones de derechos humanos, a fin de convencerlos de que se 
retiraran del poder pacíficamente. El Acuerdo estipulaba que el presidente Aristide promulgaría 
dicha amnistía según los términos de la Constitución haitiana. De hecho, varias semanas antes de 
su proyectado regreso, el presidente Aristide promulgó un decreto de amnistía que abarcaba 
todos los delitos políticos cometidos desde la fecha del golpe de Estado hasta la del Acuerdo de la 
Isla Gobernador. Sin embargo, parece que los negociadores de EE UU y de la OEA/ONU 
presionaron al parlamento haitiano para que aprobara un proyecto de ley que abarcara también 
todos los delitos comunes, incluyendo el asesinato, la "desaparición", la tortura y la violación. El 
proyecto de ley quedó abierto, de forma que, en la práctica, el ejército y la policía haitianos 
pueden continuar cometiendo violaciones de derechos humanos, aparentemente en la seguridad 
de que no serán procesados, gracias al proyecto de ley de amnistía. 
 
La misión de observación de los derechos humanos de la OEA/ONU 
 
Uno de los pocos frenos a los servicios de seguridad haitianos, especialmente al principio de su 
estadía en el país, fue la Misión Civil Internacional de la OEA/ONU, conocida en criollo haitiano 
como Misyon Sivil Entènasyonal (MICIVIH). La MICIVIH se creó a petición del presidente 
Aristide, con el cometido de vigilar el respeto a los derechos humanos en Haití. Su primer grupo 
de observadores civiles llegó a la isla en febrero de 1993. En octubre, la Misión abandonó el país 
debido a la escalada de violencia que despertó la propuesta de regreso del presidente Aristide. La 
MICIVIH retornó a finales de enero de 1994, pero con un número mucho más reducido de 
observadores, que estuvieron en su mayor parte restringidos al perímetro de Puerto Príncipe por 
motivos de seguridad. El 11 de julio de 1994, las autoridades de facto expulsaron a la MICIVIH, 
sosteniendo que su mandato había expirado y que «representaba una amenaza para la seguridad 
nacional». En realidad, el mandato había sido renovado por la ONU, y AI consideró absurdo el 
argumento de que constituyese una amenaza para la seguridad nacional. Con la partida de la 
Misión, AI temía que Haití hubiera perdido la última presencia observadora internacional que 
podía haber contribuido a prevenir los excesos. 
 
[FOTO 9: Un miembro de una delegación internacional de paz a Haití, protestando por la 
retirada de la misión de la OEA/ONU en octubre de 1993. c. Leah Gordon] 
 
2. LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO RECIENTE 
 
Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos masivos 
 
La presencia de la MICIVIH permitió adquirir una perspectiva más clara del nivel de los 
homicidios políticos en Haití. Entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 1994, por ejemplo, la 
Misión recibió denuncias de 254 homicidios sólo en Puerto Príncipe. Entre el regreso de la 
Misión a finales de enero de 1994 y su expulsión en julio, se denunciaron un total de 350 
ejecuciones extrajudiciales o muertes sospechosas. En este periodo, el acceso de la Misión a las 
áreas rurales estuvo muy restringido, por lo que el número real de víctimas fue sin duda muy 
superior. 
 
Muchas de las víctimas lo fueron por su apoyo al presidente Aristide; tal es el caso de Antoine 
Izméry y Guy Malary (véanse los recuadros). Otras perdieron la vida en las masacres que realizó 
el ejército o sus colaboradores civiles, los attachés y los zenglendos, en las zonas que sospechaban 
favorables al presidente Aristide. De forma creciente, los agresores mutilan a los cadáveres, 
aparentemente para infundir más terror. 
 
El incendio de Cité Soleil 
 
En diciembre de 1993, hasta 70 hombres, mujeres y niños perdieron la vida cuando un grupo de 
miembros del FRAPH atacaron un barrio pobre de Puerto Príncipe conocido como Cité Soleil. 
Algunos murieron carbonizados en el incendio provocado por el FRAPH; otros cayeron abatidos 
a tiros cuando trataban de escapar de las llamas. También se dieron por desaparecidas a varias 
personas cuyos cadáveres nunca se encontraron. Según informes, el ejército y la policía 
permanecieron impasivos en las proximidades del lugar, mientras que el departamento de 
bomberos haitiano --bajo control militar-- no hizo nada para combatir el fuego, o se le impidió 
actuar. El ataque se produjo aparentemente como represalia por la muerte, la noche anterior, de 
un militante del FRAPH; fuentes cercanas a los grupos de derechos humanos haitianos afirmaron 
que los residentes del barrio no habían sido los autores de esa muerte. 
 
[FOTO 10: Niños en Cité Soleil 
Muchos niños han sido víctimas en los ataques perpetrados contra Cité Soleil, barrio pobre de 
Puerto Príncipe, y contra otras zonas marginales de todo el país, por los soldados y sus 
colaboradores civiles. Se calcula que durante uno de estos ataques contra Cité Soleil, el ocurrido 
el 27 de diciembre de 1993, murieron 70 personas. De las víctimas identificadas como 
desaparecidas, muertas o heridas, 16 eran menoresde 18 años, 13 de ellas menores de 8 años. La 
víctima más joven tenía sólo un mes. c. Leah Gordon] 
 
Ataques reiterados contra Raboteau, en Gonaïves, Artibonite 
 
El barrio pobre de Raboteau, en el departamento de Artibonite, ha sido objeto de reiterados 
ataques de los militares. En noviembre y diciembre de 1993, soldados y policías asaltaron el 
barrio en busca del líder local Amio Métayer. Al no encontrarlo, detuvieron a otros varones 
jóvenes de la comunidad, entre ellos al hermano menor de Amio, Balaguer Métayer, conocido 
como "Chatte". Los jóvenes fueron golpeados durante su detención y también en el notorio 
Service d'investigation et de recherches anti-gang (Servicio de Investigación de la Delincuencia 
Organizada), departamento policial conocido popularmente como Anti-Gang
2
, a donde se les 
trasladó. Todos los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad, salvo "Chatte", que sigue 
bajo custodia en el cuartel militar de Gonaïves. Cuando se redactaban estas líneas, se encontraba 
al parecer en precario estado de salud como consecuencia de la tortura. AI ha sabido de fuentes 
fidedignas que no se le ha permitido ver a un médico ni a un abogado, ni tampoco a sus 
familiares. 
 
Raboteau fue blanco de un nuevo ataque en abril de 1994, a manos de soldados que buscaban a 
Amio Métayer, a quien tampoco encontraron esta vez. Según informes, los militares quemaron 
su vivienda, saquearon otras casas, golpearon a los habitantes que huían y detuvieron a otros, 
incluyendo al padre y a una hermana de Amio Métayer. Los detenidos quedaron en libertad al 
día siguiente. Sin embargo, en la madrugada del 22 de abril, un grupo de soldados acompañados 
de miembros del FRAPH rodearon Raboteau y efectuaron disparos al aire. Al parecer, cuando 
los habitantes huyeron asustados hacia la playa, la patrulla mixta los persiguió, disparándoles a la 
espalda y a las piernas. Parece también que, desde el agua, otro grupo de soldados y hombres 
armados dispararon contra los que huían y contra las personas que dormían en sus barcas. 
 
Algunas fuentes estimaron que murieron hasta 50 personas. Fue difícil determinar el número 
definitivo de víctimas, ya que, al parecer, el ejército incineró o arrojó al mar algunos cadáveres, y 
muchos habitantes huyeron de la zona. Los militares mantuvieron que las víctimas perdieron la 
vida en un tiroteo entre el ejército y "terroristas" leales al presidente Aristide. 
 
"Desapariciones" 
 
La práctica de secuestrar a personas para hacerlas "desaparecer" parece ir en aumento en Haití. 
Dado el elevado número de haitianos que han pasado a la clandestinidad, no siempre se puede 
confirmar que una persona cuyo paradero se desconoce haya "desaparecido". Sin embargo, no 
hay duda de que varias personas han "desaparecido" tras ser detenidas o secuestradas. Algunas 
reaparecieron posteriormente, tras sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 
cuando se las interrogaba sobre las organizaciones populares. Los observadores de la ONU/OEA 
han indicado que, entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 1994 recibieron 91 denuncias de 
"desapariciones", de las que 62 pudieron identificarse como de índole política. Veintiocho de los 
secuestrados recuperaron su libertad; el resto sigue en paradero desconocido, y sus familias no 
han logrado averiguar su suerte. 
 
Uno de los casos más recientes es el de la joven Janne Toussaint, de 24 años, en paradero 
desconocido desde el 19 de junio de 1994. Al parecer, ocho hombres se la llevaron en un 
automóvil negro de su vivienda de Puerto Príncipe. Algunos de los captores vestían uniforme 
 
 2 Antes llamado Recherches Criminelles (Investigaciones Criminales), su 
cuartel general está situado en la vecindad del Palacio Nacional. A lo largo 
de los años ha sido escenario de numerosas muertes resultado de torturas, malos 
tratos o ejecuciones sumarias. 
militar, mientras que otros, aparentemente attachés, iban de civil. Su marido, Levius Toussaint, 
había obtenido asilo político en EE UU en 1993, tras ser detenido arbitrariamente y golpeado por 
sus actividades como periodista radiofónico durante el gobierno del presidente Aristide. Es una 
de las pocas personas que han obtenido asilo en EE UU realizando la tramitación desde Haití. 
Levius Toussaint ha seguido criticando abiertamente al actual gobierno militar haitiano y teme 
que su esposa pueda haber "desaparecido" como represalia. 
 
En los días posteriores a la expulsión de la misión de la ONU/OEA, AI recibió más informes de 
"desapariciones". Entre ellas figuraba la de Moïse Paul y Emile Georges, "desaparecidos" el 16 y el 
18 de julio de 1994 respectivamente, ambos en Cité Soleil. Los grupos haitianos de derechos 
humanos creen que podrían haber sido secuestrados por sus actividades en grupos populares 
simpatizantes de Aristide. 
 
Tortura 
 
La tortura sigue siendo una práctica habitual en Haití, y son normales las golpizas durante la 
detención. Por lo general, se escoge a las víctimas por sus opiniones o actividades políticas, 
particularmente cuando apoyan el regreso del presidente Aristide. 
 
Por ejemplo, el 23 de abril de 1993, la policía detuvo y golpeó brutalmente al sindicalista Cajuste 
Lexius, así como a Phabonor St.Vil y a Saveur Aurélus (u Orilus). Todos ellos eran miembros 
de la Centrale Générale des Travailleurs (CGT, Central General de Trabajadores), uno de los 
mayores sindicatos independientes de Haití. La detención se produjo cuando recorrían las 
emisoras de radio haitianas repartiendo un comunicado de prensa en el que se convocaba una 
huelga general en apoyo del retorno del presidente Aristide. El 26 de abril los trasladaron al 
Anti-Gang, donde al parecer los sometieron a nuevos malos tratos. Cajuste Lexius, que pasó dos 
días inconsciente como resultado de los golpes, fue ingresado en un hospital militar para recibir 
tratamiento por un fallo renal y múltiples llagas abiertas en las nalgas. No podía caminar ni comer 
debido a las torturas que le infligieron, incluyendo el tristemente conocido djak, que consiste en 
encajar un palo por detrás de las rodillas y sobre los brazos del preso, a quien, en esta postura, se 
golpea repetidamente por todo el cuerpo. El 21 de mayo de 1993 le dieron de alta en el hospital. 
Phabonor St.Vil y Saveur Aurélus también tuvieron que ser atendidos por un médico tras salir en 
libertad el 29 de abril de 1993. Amnistía Internacional contribuyó a las gestiones para que 
recibieran los cuidados necesarios. 
 
[FOTO 11: El sindicalista Cajuste Lexius necesitó tratamiento médico por un fallo renal y 
múltiples llagas abiertas, tras ser detenido y torturado en abril de 1993.] 
 
Detenciones arbitrarias o ilegales 
 
En Haití se denuncian detenciones arbitrarias casi a diario. La mayoría se practica sin orden 
judicial o fuera del horario prescrito por la Constitución para quienes no son aprehendidos en 
flagrante delito. Es frecuente el incumplimiento del plazo constitucional de 48 horas durante el 
cual los detenidos han de ser llevados ante la autoridad judicial. El año pasado, la simple 
expresión de apoyo al presidente Aristide fue motivo suficiente para detener a las personas en sus 
casas o en la calle, e infligirles un trato brutal. Por ejemplo, en julio de 1993, los jóvenes Jean 
Dominique y Jean-Marie Exil fueron detenidos en Puerto Príncipe, golpeados y recluidos varios 
días sólo porque estaban fijando carteles para celebrar la fecha de nacimiento del presidente 
Aristide. 
 
Amenazas, hostigamiento e intimidación 
 
Las amenazas, el hostigamiento y la intimidación son realidades cotidianas para quienes tratan de 
expresarse libremente o de participar en cualquier tipo de asociación que las autoridades 
consideren una amenaza real o potencial para su poder. Un ejemplo de ello es el caso de Jean 
(no es su nombre verdadero), miembro del Front National pour le changement et la democratie(FNCD, Frente Nacional para el Cambio y la Democracia), que apoyó al presidente Aristide en 
las elecciones de 1990. Jean también ha trabajado en estrecha colaboración con quienes tratan de 
informar sobre los derechos humanos en Haití. Los soldados acudieron por primera vez en su 
busca pocos días después del golpe de Estado de septiembre de 1991. Al no encontrarlo, 
amenazaron a sus familiares con represalias si no revelaban su paradero. Jean se ocultó en Puerto 
Príncipe, pero una semana después, un soldado de uniforme le apuntó con su ametralladora, 
como si estuviera a punto de disparar. Jean huyó, cambiando constantemente de domicilio. En 
agosto de 1993 un attaché lo encontró y lo hirió en la cabeza. En mayo de 1994 lo amenazó una 
persona que Jean cree es un attaché o un miembro del FRAPH, que lo llamó lavallassien. El 30 
de mayo lo amenazaron de nuevo unos agentes secretos que penetraron en las oficinas de unos 
trabajadores religiosos que reúnen información sobre derechos humanos. Jean decidió pedir asilo 
en el extranjero. Actualmente vive escondido por temor de su vida. 
 
Los periodistas que tratan de hacer públicos los abusos que cometen las autoridades son también 
blanco de amenazas y hostigamiento. En agosto de 1993, por ejemplo, John Smith Dominique 
Prien, empleado de la emisora privada de Puerto Príncipe Radio Plus, tuvo que huir saltando un 
muro trasero cuando más de una docena de soldados asaltaron su casa. Los soldados dispararon 
en el patio al tiempo que golpeaban las puertas con sus armas y arrojaban piedras al tejado. John 
Smith ya había recibido anteriormente amenazas de los militares por su trabajo en la radio, y cree 
que el ataque a su casa guarda relación con las recientes emisiones de Radio Plus sobre el 
recrudecimiento de la represión en Puerto Príncipe. 
 
Varios trabajadores de la prensa que estaban presentes cuando sacaron a Antoine Izméry de una 
iglesia a punta de pistola y lo asesinaron en septiembre de 1993, denunciaron haber sido 
agredidos por attachés. Entre ellos figuran los fotógrafos Daniel Morel, de Associated Press, y 
Hans Bazard, del semanario Haïti en Marche. Este último declaró que los attachés también le 
confiscaron la cámara, la cartera y su carnet de prensa antes de echarlo de la zona y de 
amenazarlo con que «volvería a tener noticias de ellos». En el mismo incidente fue detenido 
Wilson Suren, reportero de la agencia de noticias local Haitian News Service, que permaneció 
unas tres horas bajo custodia. 
 
Poco después de la muerte de Antoine Izméry, un comunicante anónimo amenazó por teléfono 
a los empleados de Radio Caraïbes, diciendo que «después de Izméry, os tocará a vosotros». 
Según informes, la víspera, el 10 de septiembre de 1993, unos 20 attachés armados con pistolas y 
granadas entraron en el local de Radio Caraïbes y amenazaron a todos los presentes. Los 
asaltantes les dijeron que la emisora no debería haber anunciado los nombres de los attachés que 
participaron en el atentado contra Evans Paul, perpetrado en el Ayuntamiento el 8 de septiembre 
(véase más abajo). Posteriormente, el director de Radio Caraïbes, Patrick Moussigac, se vio 
obligado a abandonar el país. 
 
En junio de 1994, en un nuevo intento de amordazar a la prensa, las autoridades anunciaron que 
los periodistas extranjeros no podrían salir de Puerto Príncipe sin un permiso especial, y que se 
deportaría a todo extranjero al que se hallara en las denominadas zonas estratégicas establecidas 
en torno a bases policiales y militares, aeropuertos y centros de comunicaciones, así como en la 
costa o cerca de la frontera con la República Dominicana. A principios de agosto, tres periodistas 
estadounidenses fueron expulsados por filmar en el aeropuerto de Puerto Príncipe. El conductor 
y el intérprete haitianos del grupo fueron recluidos en la Penitenciaría Nacional, pero después 
fueron puestos en libertad. (Por detalles sobre otro caso de hostigamiento a un periodista, véase 
anexo.) 
 
[FOTO 12: Carta del periodista haitiano Colson Dormé, agradeciendo a AI su intervención. 
Dormé cubría una manifestación progubernamental en febrero de 1993, cuando varios hombres, 
presuntamente miembros de las fuerzas armadas, lo golpearon en la cabeza y lo arrojaron al 
interior de un camión. Fue liberado a los seis días, después de sufrir brutales golpizas. 
Actualmente vive en Sudamérica como refugiado político.] 
 
Daños a la propiedad, extorsión y corrupción 
 
La corrupción y la extorsión se han convertido en un medio de vida para las fuerzas de seguridad 
haitianas y sus simpatizantes. La corrupción también impregna el sistema judicial, y la connivencia 
del poder judicial con el ejecutivo y el ejército hace imposible pedir indemnización a los 
tribunales. El ciudadano común carece de recurso alguno salvo las denuncias a las organizaciones 
locales o internacionales de derechos humanos, y de toda protección, salvo esconderse o pagar. 
 
A consecuencia de ello, los testimonios llegados a AI sobre otras violaciones graves de derechos 
humanos denuncian casi siempre que los agresores se llevaron o destruyeron las posesiones de 
las víctimas, u obligaron a la víctima a pagar un soborno para ser puesta en libertad tras una 
detención arbitraria. 
 
Por ejemplo, en abril de 1994, tras una boda celebrada en una iglesia del distrito de Carrefour, en 
Puerto Príncipe, el pastor mandó a Paul (no es su verdadero nombre) a comprar comida y 
bebidas. A su regreso, dos hombres, uno de ellos armado, lo agredieron y lo amenazaron de 
muerte. Los atacantes acusaron al pastor, que yacía atado en el suelo, de celebrar reuniones de 
lavalas y también lo golpearon y amenazaron, y violaron a su esposa en otra habitación. Al 
marcharse, se llevaron dos grabadoras de vídeo, dinero y la cartera y las gafas del pastor. 
 
Abusos contra mujeres y niños 
 
Nadie está a salvo en Haití. Aun los más vulnerables, incluyendo las embarazadas y los niños de 
corta edad, han sido víctimas de espantosas violaciones de derechos humanos. 
 
Jocelyne Jeanty, de cuatro años, fue una de ellas. En diciembre de 1993, una patrulla mixta de 
soldados y attachés que irrumpieron en el pueblo de Raboteau la golpearon salvajemente con sus 
porras, causándole lesiones en los brazos y en una mano. Entre las víctimas había catorce niños 
de entre cuatro y 15 años. Dos personas murieron: Evallière Bornelus, que al parecer se ahogó 
cuando trataba de huir, y Louisiana Jean, una anciana que murió de shock. 
 
[FOTO 13: Jocelyn Jeanty, de cuatro años, vendada, después de que un grupo de soldados y de 
attachés asaltaran su pueblo en diciembre de 1993. c. Roussière] 
 
Otro ataque especialmente brutal fue el que sufrió Alerte Belance, vendedora ambulante de 32 
años y esposa de un conocido simpatizante del presidente Aristide. Ambos habían recibido 
numerosas amenazas de los militares por sus opiniones políticas. La noche del 16 de octubre de 
1993, unos miembros del FRAPH capturaron a Alerte Belance, al no encontrar a su esposo, y se 
la llevaron a una zona solitaria en las afueras de Puerto Príncipe conocida como titanyen, que se 
suele utilizar como vertedero de cadáveres. Allí, sus captores le dieron varios machetazos en la 
nariz, boca, orejas y brazos, y después la abandonaron, dándola por muerta. La víctima sobrevivió 
milagrosamente, aunque perdió el antebrazo derecho y la audición del oído derecho, cuya oreja 
le habían cortado. Los médicos lograron reimplantarle parte de la lengua, también cortada. Los 
trabajadores del hospital la ocultaron cuando un grupo de miembros del FRAPH penetraron en 
el centro con la intención, según dijo la propia víctima, de "rematarla". Actualmente vive 
refugiada en el extranjero con su marido, de profesión soldador, y sus tres hijos. 
 
[FOTO 14: Dada por muerta, Alerte Belance sobrevivió milagrosamente tras ser brutalmente 
agredida por miembros del FRAPH en octubre de 1993.En el ataque perdió el antebrazo y la 
oreja derechos. c. Joseph Feuille] 
 
Las activistas políticas o las mujeres relacionadas con conocidos simpatizantes del presidente 
Aristide son también víctimas de violaciones y de agresiones sexuales. Los responsables, que 
incluyen soldados y policías, así como attachés y zenglendos, actúan con total impunidad. Pese a 
la renuencia de las víctimas a denunciar tales delitos, las estadísticas disponibles indican que estos 
abusos han ido en aumento en los últimos meses. En octubre de 1993, la misión de observadores 
de derechos humanos de la ONU/OEA había documentado sólo unos pocos casos de soldados 
que habían violado a mujeres. Sin embargo, entre finales de enero de 1994 y mayo de 1994, 
reunió datos sobre 66 violaciones por motivos políticos cometidas por los militares y sus 
auxiliares. Entre las víctimas había 10 menores de edad y una mujer embarazada de seis meses. 
De modo similar, una misión enviada a Haití por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en mayo de 1994 documentó 21 casos de violaciones cometidas por soldados, attachés 
y miembros del FRAPH entre enero y mayo de 1994. La organización Solidarité des Femmes 
Haïtiennes (Solidaridad de las Mujeres Haitianas) también ha recibido numerosas denuncias de 
violaciones de motivación política. Según informes, en un solo ataque perpetrado por el ejército 
en los barrios marginales de Puerto Príncipe en marzo de 1994, los soldados violaron a unas 40 
mujeres, incluyendo a una niña de ocho años y a una mujer de 55. Únicamente en un caso la 
víctima fue violada por un número menor de tres hombres. Apenas un ejemplo de entre las 
muchas víctimas es Mathilde, joven embarazada de 27 años. Según sus declaraciones, prestadas 
en junio de 1994, se hallaba en su casa con sus tres hijos varones (su marido, simpatizante del 
presidente Aristide, ya había sido asesinado), cuando irrumpieron en ella cuatro hombres 
uniformados y la violaron. A consecuencia de ello, Mathilde perdió el hijo que esperaba. 
 
Abusos denunciados tras la expulsión de la Misión de la ONU/OEA 
 
Cuando la Misión de la ONU/OEA se disponía a retirarse de Haití, se supo del descubrimiento 
de los cuerpos de al menos 12 varones jóvenes no identificados en tres fosas poco profundas de 
Morne-à-Bateau, pequeña población situada al sur de Puerto Príncipe. Todos habían recibido un 
tiro en la cabeza. Dado que los habitantes de la zona de Morne-à-Bateau no habían oído 
disparos, se cree que los cadáveres podrían ser de algunos de los 21 jóvenes ejecutados 
extrajudicialmente poco tiempo antes en Puerto Príncipe. 
 
Pocos días después de la retirada de la Misión, se produjeron otros macabros hallazgos, 
incluyendo el de dos cabezas decapitadas, sin identificar, encontradas en una cloaca al aire libre 
de Puerto Príncipe. Según informes, se descubrió otra fosa común en Merger, cerca de la 
Carretera Nacional 2. Los vecinos declararon que se habían hallado los cuerpos de 12 varones 
jóvenes; como en el caso de Morne-à-Bateau, parece que también los habían matado en otro 
lugar. 
 
Resultó evidente que, con la partida de la Misión, el ejército estaba decidido a poner fin a las 
informaciones locales sobre derechos humanos. Poco después de la retirada de la MICIVIH, el 
padre Hugo Triest, sacerdote belga y veterano defensor de los derechos humanos en Haití, 
informó que en la semana en que fue expulsada la Misión, él y sus colegas habían sido 
amenazados en tres ocasiones a punta de pistola por un grupo de hombres vestidos de civil que se 
oponían a su labor de derechos humanos. 
 
El 19 de julio, las fuerzas de seguridad volvieron a hacer sentir su presencia represiva. Esta vez, 
un grupo de policías de uniforme y de auxiliares vestidos de civil atacaron un edificio donde iba a 
reunirse un grupo pro democracia, esperando, al parecer, encontrar a Evans Paul, el popular 
alcalde de Puerto Príncipe, y al senador Turnep Delpé, líder del grupo. Ninguno de los dos 
estaba ahí, pero los atacantes detuvieron a otros asistentes a la reunión, aunque posteriormente 
los habrían dejado libres. Evans Paul había sido elegido alcalde en los mismos comicios que 
llevaron a Aristide a la presidencia de la nación, y se vio obligado a esconderse tras el golpe de 
Estado. El 8 de septiembre de 1993, militares y attachés dieron muerte a cinco miembros de su 
grupo político durante una ceremonia que se celebraba en el Ayuntamiento para restituirle el 
cargo de alcalde. 
 
[FOTO 15: Evans Paul en Boston, EE UU, en 1989. AI colaboró en su expatriación y en la de 
otras dos personas para recibir tratamiento médico, tras ser detenidos y brutalmente torturados 
durante el gobierno del general Prosper Avril. c. Linda J. Hirsch] 
 
El 1 de agosto se produjo otro atentado contra un político. En el barrio de Delmas, en Puerto 
Príncipe, un grupo de policías y soldados, desde un vehículo, hirieron con sus disparos a 
Reynolds Georges, ex senador que había proclamado abiertamente su apoyo a las autoridades 
militares. El ataque ocurrió apenas unos días después de que Reynolds Georges cambiara de 
línea y criticara al general Cédras y a sus simpatizantes en la emisora de televisión CNN y en la 
prensa extranjera. Cuando la esposa de Reynolds Georges, Marie-Hélène, denunció el atentado 
contra su marido en la radio haitiana, la policía la acusó de "provocación" y la "invitó" a 
presentarse en las dependencias policiales. Todos los miembros de la familia se han escondido 
por temor de sus vidas. 
 
También se supo que policías de uniforme y attachés atacaron y golpearon a un grupo de 
personas que esperaban turno para solicitar asilo en EE UU. Al parecer, los agresores detuvieron 
a tres de ellas, llevándoselas a destino desconocido. 
 
La situación de los solicitantes de asilo haitianos 
 
Muchos de las decenas de miles de haitianos que han abandonado el país en los últimos tres años 
han tratado de ir a EE UU. Otros se han dirigido a otros países de la región, como Canadá, las 
Bahamas y la República Dominicana. Algunos han obtenido asilo, pero la mayoría ha sido 
devuelta a Haití. Miles de haitianos están confinados en la base naval estadounidense de la bahía 
de Guantánamo, en Cuba, y su futuro es incierto. Son numerosos los haitianos que han huído 
más lejos, a Sudamérica y Europa. Sin embargo, a mediados de 1992, Suiza y Francia impusieron 
nuevos requisitos restrictivos para expedir el visado de entrada a su territorio, a fin de restringir su 
influjo. 
 
La mayoría de los miles de haitianos que se encaminaron a EE UU por mar tras el golpe de 
Estado de septiembre de 1991 fueron interceptados por las patrullas de la Guardia Costera de EE 
UU antes de llegar a aguas territoriales estadounidenses. Las patrullas actuaron en aplicación de 
un acuerdo bilateral entre EE UU y Haití que se remonta a 1981. Los solicitantes de asilo fueron 
llevados a la base naval estadounidense de Guantánamo, donde funcionarios del Servicio de 
Inmigración y Naturalización (INS) del Departamento de Justicia de EE UU los sometieron a un 
proceso de selección para determinar si su solicitud de asilo era plausible, y autorizarles así a 
seguir viaje a EE UU para tramitarla. En opinión de AI, estos procedimientos de selección no se 
ajustaron a las normas internacionales, ya que carecieron de garantías esenciales, como el acceso 
a asesoramiento jurídico y a un recurso efectivo contra la denegación. Sin embargo, el sistema 
permitió que alrededor de 11.000 de los 35.000 interceptados siguieran hacia EE UU para 
presentar su solicitud de asilo. El resto fue repatriado. 
 
AI sabe de varias personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo 
ejecuciones extrajudiciales, tras ser devueltas a Haití desde Guantánamo. Tal es el caso de Oman 
Desanges, fundador y presidente del comité de barrio Association des Jeunes Progressistes de 
Martissant (Asociación de JóvenesProgresistas de Martissant). Los soldados trataron de detenerlo 
a los pocos días del golpe de Estado de septiembre de 1991 y, en febrero de 1992, huyó en barco 
con su familia. La Guardia Costera estadounidense los interceptó y los condujo a Guantánamo, 
donde los seleccionaron para ir a EE UU a tramitar su solicitud de asilo. 
 
Pese a ello, y aparentemente debido a un error, Oman Desanges y varios de sus familiares fueron 
devueltos a Haití en mayo de 1992. El 26 de enero de 1994, se encontró el cuerpo de Oman 
Desanges cerca del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Tenía los brazos atados, una 
cuerda al cuello y un pañuelo rojo alrededor del brazo en el que se leía: "Presidente del Ejército 
Rojo" e "Indigent (indigente) Lavallassien". Le habían arrancado los ojos, cortado una oreja y 
hendido el estómago. Dos días antes, un grupo de soldados y attachés lo había detenido en su 
casa de Martissant, Puerto Príncipe. Al parecer, durante el tiempo que estuvo bajo custodia, le 
vendaron los ojos, lo golpearon y acuchillaron, y después lo mataron a tiros. 
 
Mientras se registraban casos trágicos como éste, en EE UU se sucedían las maniobras políticas. 
El 24 de mayo de 1992, el presidente George Bush dictó una Orden Presidencial por la que 
todos los haitianos interceptados en el mar fuera de las aguas territoriales estadounidenses serían 
devueltos directamente a Haití, sin prestar consideración alguna a su solicitud de asilo. El 
presidente Bill Clinton, que tomó posesión de su cargo en enero de 1993, continuó esta política 
pese a las promesas de cambio realizadas en la campaña electoral. Durante los dos años en que 
se aplicó esta política, los haitianos interceptados por la Guardia Costera estadounidense fueron 
devueltos a Haití sin siquiera un somero intento de identificar a quienes podían correr peligro a 
su regreso; así, EE UU violó el principio reconocido internacionalmente de non-refoulement (no 
devolución), que se opone a la repatriación forzada, y renegó de las obligaciones contraídas en 
virtud del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. 
 
Un ex intérprete de la Guardia Costera estadounidense describió en una declaración jurada un 
incidente ocurrido en febrero de 1994, que afectó a 64 solicitantes de asilo haitianos 
interceptados dentro de las aguas territoriales de EE UU
3
 y que fueron devueltos a Haití. Los 
haitianos eran residentes de Cité Soleil y habían huido tras el ataque a sus casas, ya descrito, de 
diciembre de 1993. Según el intérprete, los solicitantes de asilo le dijeron que «en diciembre de 
 
 3 a quienes no afectaba la Orden Presidencial de mayo de 1992, de aplicación 
únicamente a los haitianos interceptados fuera de las aguas territoriales 
estadounidenses. 
1993, hasta la última de sus casas en Cité Soleil había sido violada de alguna forma, incendiada, 
sus padres y familiares asesinados por los soldados y attachés que mataron, quemaron y 
saquearon y los violaron a ellos y a sus vecinos, aterrorizándolos e intimidándolos, y que por eso 
huyeron ... Cuando les dije que iban a volver a Haití, algunos parecían anonadados, otros 
gritaron, todos estaban sumamente trastornados. Muchos hablaron de la posibilidad de arrojarse 
al agua». 
 
El gobierno de EE UU respondió a las críticas a su política afirmando que los haitianos que 
temían ser víctimas de violaciones de derechos humanos podían tramitar la solicitud de asilo 
desde su propio país por el sistema ICP (in-country processing), inicialmente establecido en 
Puerto Príncipe y ampliado posteriormente a dos sedes provinciales. Sin embargo, este sistema 
no ofrecía salvaguardias fundamentales, como el derecho a un asesoramiento jurídico adecuado y 
a una revisión efectiva de la solicitud si era denegada. En cualquier caso, en la situación 
dominante en Haití, quienes más peligro corrían temían llamar la atención si telefoneaban o 
acudían a la oficina donde se tramitaban las solicitudes, proceso que exigía habitualmente varias 
visitas. Por otra parte, las personas que pedían asilo con este procedimiento no recibían cita para 
la entrevista hasta varios meses después, en función de la categoría en que se clasificase su 
solicitud, y muchas fueron detenidas y sometidas a abusos mientras esperaban a ser entrevistadas. 
 
A principios de 1994, el número de personas que buscaban protección se había vuelto tan 
elevado que se introdujeron procedimientos de preselección en los cuestionarios preliminares 
que rellenaban los solicitantes. Sólo se tenía en cuenta a quienes entraban en determinadas 
categorías; los demás ni siquiera pasaban a la entrevista. 
 
AI conoce los casos de varias personas que solicitaron asilo infructuosamente mediante el sistema 
ICP pese a haber sufrido, ellas o sus familiares, violaciones de derechos humanos. Un ejemplo es 
el de la familia de Elie Zéphir. Según informes, en noviembre de 1993, los attachés secuestraron 
y asesinaron a Elie Zéphir, ex empleado del gobierno del presidente Aristide y activista 
democrático de 29 años de edad. Poco después, un centro de refugiados con sede en EE UU 
intercedió ante las autoridades encargadas del sistema ICP en favor de la familia de Elie Zéphir, 
pidiendo que se les diera protección como refugiados a través del sistema ICP. Al parecer, al mes 
siguiente, diciembre de 1993, miembros del FRAPH fueron en busca del sobrino y del hermano 
de Elie Zéphir, y amenazaron a otro familiar. Según informes, pese a que se denunciaron las 
amenazas a las autoridades del ICP, en marzo de 1994 el Servicio de Inmigración y 
Naturalización denegó las solicitudes de asilo de la familia. 
 
[FOTO 16: Artículo publicado en la revista del exilio haitiano Haïti en Marche con el título "Para 
que no se apague la llama", que narra los esfuerzos de AI para localizar a Elie Zéphir.] 
 
En mayo de 1994, en parte como resultado de las continuas críticas nacionales e internacionales a 
la política de repatriación forzada, el presidente de EE UU, Bill Clinton, anunció que los 
solicitantes de asilo haitianos interceptados en el mar por la Guardia Costera estadounidense ya 
no serían devueltos sumaria y directamente a Haití, sino que se les permitiría presentar su 
solicitud de asilo a bordo de navíos estadounidenses, o en otros países de la región. AI valoró este 
cambio como un paso en la dirección correcta, aunque no tenía la seguridad de que el nuevo 
procedimiento fuera a ofrecer a los solicitantes de asilo una audiencia con todas las garantías 
esenciales que exigen las normas internacionales. 
 
A mediados de junio, en aplicación de un acuerdo negociado con el gobierno jamaicano, se 
dispuso lo necesario para que las audiencias sobre asilo se celebraran en el navío estadounidense 
USS Comfort, fondeado frente a Kingston, Jamaica. Alrededor de 600 haitianos fueron 
aceptados con este sistema, en la mayoría de los casos como asilados en EE UU, y alrededor de 
1.700 fueron devueltos a Haití. A principios de julio, en otro cambio de política, el gobierno 
estadounidense anunció que se ofrecería a los haitianos interceptados en el mar la opción de ser 
llevados a un "lugar seguro" de la región o ser devueltos a Haití. Ya no se les ofrecería la 
oportunidad de una audiencia para identificar a quienes reunieran los requisitos para obtener 
asilo en EE UU. En ese mismo mes, mientras trasladaba a los solicitantes de asilo a Guantánamo, 
el gobierno de EE UU procedió a negociar con otros gobiernos de la región para que 
proporcionaran dicha protección. A finales de mes, pocos países habían accedido a los deseos de 
EE UU, ni siquiera en principio. Según las noticias, no se ha hecho ninguna gestión práctica para 
trasladar solicitantes de asilo haitianos a otros países o territorios. A principios de agosto, 
permanecían confinados en Guantánamo alrededor de 16.000 haitianos. 
 
AI valora positivamente que se ofrezcaprotección a los solicitantes de asilo haitianos hasta que se 
dén las condiciones que permitan su regreso, y que haya cesado la política del gobierno de EE 
UU de repatriación forzada. Sin embargo, la organización ve con inquietud la posibilidad de que 
a los solicitantes de asilo haitianos no les quede ninguna oportunidad de que su solicitud de asilo 
se estudie en una audiencia adecuada, y le preocupa que a quienes desean pedir asilo en EE UU 
se les niegue el acceso a las opciones jurídicas de que disfrutarían de poder presentar su solicitud 
por la vía habitual. AI también insta a todos los gobiernos a que velen por que a ningún solicitante 
de asilo que exprese el temor de volver a Haití se le obligue a regresar a menos que un examen 
imparcial y exhaustivo del caso, con todas las garantías necesarias, determine que no correría 
riesgo en su país. 
 
[FOTO 17: El campamento para refugiados haitianos recién llegados en la bahía de 
Guantánamo, Cuba, en julio de 1994. c. AIUSA] 
 
[FOTO 18: Tras la entrevista inicial de selección, un soldado estadounidense conduce a los 
refugiados haitianos de vuelta al campamento para refugiados de Guantánamo, Cuba, en julio de 
1994. c. AIUSA] 
 
Las amenazas de invasión y el estado de sitio 
 
El éxodo masivo de "refugiados del mar" producido en junio y julio de 1994, aparentemente a 
consecuencia del efímero cambio de política estadounidense sobre los solicitantes de asilo, elevó 
la temperatura política en EE UU, tanto entre quienes desean el fin de los excesos del gobierno 
militar de Haití como entre quienes están preocupados por el flujo de haitianos a las costas 
estadounidenses. Esto, combinado con la expulsión de la misión de observación de la 
ONU/OEA en julio, y la proximidad del primer aniversario del infructuoso Acuerdo de la Isla 
Gobernador, llevó a EE UU a reactivar sus esfuerzos anteriores por obtener apoyo en la ONU y 
otros foros para una intervención armada en Haití. 
 
El 31 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido en sesión especial, aprobó la 
Resolución 940 (1994), que autorizaba la formación de una fuerza multinacional bajo mando y 
control unificados «a recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los 
dirigentes militares, ... el pronto regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento 
de las autoridades legítimas del gobierno de Haití», de conformidad con el Acuerdo de la Isla 
Gobernador. La resolución también disponía la creación de una fuerza multinacional para el 
mantenimiento de la paz en Haití, una vez se hubiera asegurado un entorno seguro y estable. 
 
Como respuesta, las autoridades de facto de Haití declararon el estado de sitio, suspendiendo 
todas las garantías constitucionales. Promulgaron un decreto en el que se advertía a los medios 
de comunicación haitianos que «evitaran la difusión de todas las noticias alarmistas o 
tendenciosas» y no se dejaran convertir en «instrumentos de la propaganda extranjera». También 
se advirtió a los medios de comunicación de la posibilidad de perder sus licencias, y se les 
comunicó que las autoridades militares podían requisar sus instalaciones si se estimaba que 
habían infringido el nuevo decreto. En otro decreto especial dictado el 2 de agosto, las 
autoridades advertían que todos los periodistas, y particularmente los periodistas extranjeros, 
corrían el riesgo de ser detenidos si penetraban en las zonas estratégicas especiales establecidas 
por el gobierno en el mes de junio. 
 
EE UU también tomó medidas adicionales para reforzar el embargo de la ONU, que ya estaba 
teniendo mayor efecto --especialmente entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad 
haitiana. Numerosas fuentes informaron que el ejército haitiano y sus simpatizantes, implicados 
en el contrabando, se estaban beneficiando del embargo. 
 
Cuando se redacta este informe, la crisis de los derechos humanos en Haití continúa, y los 
ciudadanos de este país están entre la espada y la pared, atrapados entre el miedo a una invasión, 
con las víctimas civiles y las violaciones de derechos humanos que podría conllevar, y la represión 
y las violaciones que vienen sufriendo a manos de las actuales autoridades militares. 
 
3. LA RESPUESTA DE AI A LA CRISIS 
 
Acciones realizadas por AI 
 
A lo largo de los años, AI ha pedido reiteradamente a las autoridades haitianas que pusieran fin a 
las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos a las que han venido sometiendo a la 
población. La organización ha manifestado claramente que para poner fin al ciclo de la violencia, 
los autores de dichas violaciones deben comparecer ante la justicia, dondequiera que estén. Por 
ello, AI ha pedido a todos los países que no permitan que ningún perpetrador de tales violaciones 
goce de impunidad en su territorio. 
 
Asimismo, AI se ha dirigido en reiteradas ocasiones a las autoridades de EE UU poniendo 
énfasis en la necesidad de ofrecer a los solicitantes de asilo haitianos una audiencia exhaustiva e 
imparcial de sus solicitudes de asilo, tal como exigen las normas internacionales. 
 
Actuales preocupaciones, acciones y recomendaciones de AI 
 
AI está haciendo todo lo posible para prevenir o reducir las violaciones de derechos humanos 
tanto por parte de las actuales autoridades haitianas como de quienes podrían buscar represalias 
contra ellas. La organización también trabaja para prevenir o reducir al mínimo las violaciones de 
derechos humanos que pueda cometer cualquier fuerza que invada el país. 
 
Por otra parte, AI continúa su labor para velar por que los refugiados reciban el tratamiento 
adecuado y prevenir las repatriaciones forzadas sin garantías. 
 
La organización trabaja asimismo para conseguir que los responsables de violaciones de derechos 
humanos comparezcan ante la justicia y para que se adopte un programa de acción internacional 
efectivo destinado a mejorar la situación de los derechos humanos en el país a largo plazo. 
 
Para alcanzar estos objetivos, AI ha dejado claro a través de sus comunicaciones con las 
autoridades de EE UU y Haití, así como mediante declaraciones públicas, que pese a no adoptar 
postura alguna respecto a la cuestión de la intervención militar, le preocupa que la crisis política 
que representa la amenaza de invasión pueda provocar un aumento de las violaciones cometidas 
por los militares haitianos, así como represalias por parte de la población haitiana. 
 
AI también ha manifestado a las autoridades estadounidenses y a los miembros de la OEA y del 
Consejo de Seguridad de la ONU su preocupación por la posibilidad de que, en el contexto de 
una invasión, las fuerzas invasoras violen normas de derechos humanos reconocidas 
internacionalmente, especialmente las relativas al uso de la fuerza y de las armas de fuego. La 
organización ha pedido a las partes pertinentes que tomen medidas preventivas para velar por 
que, se produzca o no la invasión, no aumenten las violaciones. 
 
Tras la adopción de la Resolución 940 del Consejo de Seguridad, AI puso de manifiesto su 
profundo pesar por el hecho de que la medida no haga mención alguna a la protección de los 
derechos humanos en el contexto de una eventual invasión. 
 
AI ha hecho, asimismo, llamamientos a la OEA y a la ONU para que presenten con puntualidad 
informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en Haití, incluyendo toda violación 
que se cometa en el marco de una intervención militar, y para que aseguren un alto grado de 
apertura y acceso a los observadores de derechos humanos. La organización recomienda, como 
medida constructiva para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Haití, el regreso de 
los observadores internacionales de derechos humanos a fin de que vigilen la situación e 
informen de los abusos que se cometan. 
 
AI ha hecho gestiones ante ciertos gobiernos importantes en este contexto para asegurar queningún autor de violaciones de derechos humanos goce de impunidad ni en Haití ni en ningún 
otro país. 
 
Asimismo, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que vigile estrechamente 
la situación de los derechos humanos en Haití si se produce una invasión, y con independencia 
de quién esté en el poder. AI ha advertido que, aun en el caso de que el actual gobierno de facto 
sea sustituido por otro, no se deberá repatriar a los refugiados que están en el extranjero a menos 
que pueda determinarse, caso por caso, que no corren peligro en Haití. 
 
Como es obvio, AI seguirá publicando informes sobre la situación de los derechos humanos en 
Haití. 
 
Qué puede hacer Vd. 
 
Haití está en crisis, atrapado entre la represión militar y la amenaza de una invasión armada. AI 
trata de dar a conocer la penosa situación que atraviesa el país, para movilizar a la opinión pública 
en todo el mundo. Las personas a quienes preocupe la suerte del pueblo haitiano, actuando 
unidas, pueden hacer cambiar la situación. 
 
. Diríjase a la Sección de AI en su país para averiguar cómo puede ayudar. Quizá pueda 
participar en actos públicos, peticiones, llamamientos y gestiones ante el gobierno de su propio 
país para obtener apoyo tanto para los haitianos que permanecen en Haití como para los que 
residan en su país. 
 
. Hable de la crisis haitiana con otras personas. Difunda este informe y las publicaciones que edite 
AI en el futuro. Plantee la cuestión de los derechos humanos en Haití en todos los grupos u 
organizaciones a los que pertenezca. Escriba cartas a los parlamentarios de su país, pidiéndoles 
que hagan gestiones para que se ejecuten las recomendaciones de AI. 
 
 ANEXO 
 
 Puerto Príncipe, 28 de julio de 1993 
 
 
 Estimado amigo: 
 
 Le escribo hoy para expresar mi gratitud por sus esfuerzos en mi favor. 
 
 Soy Colson DORMÉ, el periodista de la emisora de radio Tropic FM secuestrado por 
los militares haitianos el 1º de febrero de 1993 y puesto en libertad siete días después. 
 
 Me llevaron a un lugar desconocido cerca de Puerto Príncipe, donde me dieron una 
golpiza. 
 
 Le doy las gracias por su apoyo y su solidaridad durante y después de mi periodo de 
detención. Me ha demostrado que no estoy solo en mi labor de periodista. 
 
 Sé que su solidaridad continúa y me interesaría reunirme con usted para conversar, o 
mantener correspondencia. 
 
 Lo saludo en nombre de la lucha que continúa por los derechos humanos y la libertad 
de prensa. 
 
 Con mi más cálido reconocimiento, 
 
 
 
 Colson DORMÉ, Periodista