COMUN-050-T7-SASTRE-INGLADA-2

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INCIDENCIA SOCIO-ECONÓMICA DE 
LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EN LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
 
 
 
IX Coloquio Ibérico Internacional de 
Cooperativismo y Economía Social 
Economía Social y globalización: nuevos desafíos, nuevas oportunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Manuel Sastre Centeno 
Elena Inglada Galiana 
Universidad de Valladolid 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
RESUMEN 
 
La migración es una particularidad necesaria desde el principio de la historia y existe 
un consenso universal en reconocer que la misma ha contribuido notablemente al 
progreso de las sociedades. En la sociedad española, la inmigración es uno de los 
fenómenos en curso que más ha determinado la configuración pasada y futura del 
país. Este hecho también ha acontecido en el ámbito europeo, donde la llegada de 
extranjeros ha sido un fenómeno paulatino y reiterativo en prácticamente todos 
países. No obstante, dentro de la inmigración, la irregular, está asociada a contextos 
de explotación y vulnerabilidad, donde la invisibilidad de estas personas frente al país 
receptor es uno de los mayores escollos para salir de dicha situación. La preocupación 
por este tipo de inmigración es reciente, vinculada con los controles fronterizos y las 
políticas migratorias que de cada país. La incidencia y su extensión en distintos 
sectores, como el social o económico, son múltiples y heterogéneos. Y este es el 
objeto de estudio del trabajo que se presenta. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Exclusión espacial, integración, exclusión social, diferenciación social. 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
No cabe duda que la inmigración, por sus múltiples y relevantes efectos, es uno de 
los temas que más atención centra en la agenda socioeconómica de los actuales 
gobiernos, ya sea en aquellos países receptores de la misma como en los emisores. 
A continuación, este artículo se enfocará sobre todo en la observación de la influencia 
que ejerce la intensidad de este fenómeno tanto a nivel social como económico. El 
objetivo es ofrecer una perspectiva de este hecho social, concretamente de la 
inmigración ilegal, aquella que se origina cuando los sujetos que se desplazan no 
están sujetos a las leyes del país de acogida. 
 
Para empezar, hacer referencia a la migración, es decir, al movimiento de personas, 
un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano por 
diversos motivos: económicos, dificultades sociales, cambios climáticos, 
persecuciones, guerras, religión, terrorismo y un largo etcétera. La Red Europea de 
Migraciones (REM) (2012, p. 109) la concreta como: 
 
“Un desplazamiento de una persona o de un grupo de personas, bien a través de una 
frontera internacional (migración internacional), bien dentro del territorio de un 
Estado (migración interna). Es un desplazamiento de población que abarca todo 
movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; 
incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas migrantes por 
motivos económicos y personas que se desplazan por otras causas, como la 
reagrupación familiar” 
 
Y ahora señalar que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define 
la inmigración como un “proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un 
país con el fin de establecerse en él.” (OIM, 2006, p. 32) 
 
En Europa, las migraciones internacionales se produjeron con la aparición del 
concepto moderno de Estado-nación. La construcción social de un innovador sistema 
que empezó a establecer las identidades en base a un concepto de ciudadanía 
vinculado al de nacionalidad forjó, al unísono, el concepto moderno de extranjero. 
3 
Así, comenzó un proceso de diferenciación y exclusión de los sujetos no 
pertenecientes al Estado. A partir de entonces, empezaron a surgir las primeras 
normas y es cuando podemos hablar de migración irregular. 
 
 
2. BREVE RECORRIDO DEL PROCESO MIGRATORIO EN ESPAÑA Y DATOS 
DEMOGRÁFICOS 
 
Las migraciones del ser humano han constituido y siguen haciéndolo un fenómeno 
de gran calado a escala mundial, siendo sus consecuencias muy heterogéneas. 
España, tradicionalmente, ha sido un país de emigración. Desde el siglo XVI, miles 
de españoles se establecieron en los virreinatos americanos durante el periodo 
colonial y ya, en el siglo XIX y principios del XX, los españoles siguieron emigrando 
esta vez a países de Latinoamérica ya independizados, con el objetivo de buscar una 
vida mejor. Ulteriormente, la Guerra Civil española trajo consigo otra oleada de 
emigrantes que por motivos económicos, políticos y de exclusión social, traspasaron 
nuestras fronteras. La salida parecía el único camino viable para huir de la dictadura 
franquista. Cierto es que aunque simplistamente la sociedad española, hasta 
mediados del siglo XX, se puede describir como emigrante y agraria. 
 
Más tarde, con la llegada de la democracia, comenzaría el retorno de un significativo 
número de personas, especialmente de Europa y América y, de esta manera, el 
principio de la llegada de inmigrantes oriundos de algunos países de la Unión Europea 
(UE) (antes C.E.E). 
 
España se convirtió en un país receptor de inmigrantes a partir de los años ochenta, 
con un exponencial aumento a partir de la década de los noventa, siendo la existencia 
de una vinculación precedente un factor de suma relevancia en la intensidad de sus 
flujos migratorios (España con América latina). Este hecho también aconteció en el 
resto de países europeos, ejemplo de ellos son los turcos hacia Alemania, las entradas 
de indo-paquistaníes hacia Inglaterra o los magrebíes al país galo. El aumento 
migratorio ha sido, en las últimas décadas, una constante principalmente por el Sur 
de Europa y desde América Latina, por los lazos de Portugal y España con sus 
anteriores colonias y por el Este, con la caída del comunismo. 
 
Apuntar, no obstante, que a partir de que se comienza a hablar de España como un 
país de inmigración, los llegados se encontraban en una situación muy diferente a la 
experimentada por los/as inmigrantes en la Europa floreciente después de la 
posguerra, en la que existía una demanda masiva de empleo para la industria y los 
servicios y un gran apogeo de las organizaciones obreras. El modelo social 
contemporáneo, contrariamente, se caracteriza por una progresiva polarización social 
y la precarización de un relevante sector poblacional. El empleo aumentó 
notablemente en ámbitos particularizados por la temporalidad y el ingreso en la UE 
y la libre circulación de ciudadanos comunitarios facultó la llegada de inmigrantes. 
Para López (2007): 
 
“En los noventa la inmigración se consolida como un fenómeno social con un profundo 
impacto en la administración pública, como fuente de transformación institucional en 
todos los niveles de gobierno, impregnado la acción de los técnicos, absorbiendo 
recursos y convirtiéndose, en muchos casos, en una materia transversal. Esto es 
especialmente significativo en el desarrollo de medidas de acceso a esferas como la 
educación, la vivienda o los servicios sociales” (López, 2007, p.31). 
 
Tras la crisis de principios de la década de los noventa y hasta los albores del 2008, 
España experimentó una etapa de avance económico pero como efecto colateral a 
este escenario se origina una merma de los tipos de interés que, junto con la falta 
de incertidumbre pasada referente a los tipos de cambio, causó confianza en los 
4 
inversores abaratando el dinero y facilitando en gran medida el acceso al crédito. 
Además, se creó una demanda sin precedentes de bienes y servicios derivada de la 
enorme afluencia de capitales y facilidad en el crédito. España incrementó los niveles 
del consumo y se produjo la denominada “burbuja inmobiliaria”. El incremento que 
se ha producido de la inmigración hacia nuestro país responde a una naturaleza 
multifactorial, donde el elemento más relevante de atracción ha sido el progreso 
económico experimentado desde los años noventa, donde el aumento del turismo y 
la construccióndieron lugar a una enorme demanda de trabajadores. 
 
Entrando ya en el siglo XXI y fruto de las situaciones referidas produjeron la llegada 
de inmigrantes de modo masivo. Según datos del INE, en el año 2000 habían 
empadronados en nuestro país más de 40 millones de personas y, en 2008, la cifra 
alcanzó 46.157.822 de sujetos. Sin embargo, este incremento no se debió a la 
población autóctona, que apenas aumento, sino a la extranjera que creció 
exponencialmente como podemos observar en los datos que nos proporciona el 
Padrón Municipal a 1 de enero de cada año. 
 
Expertos en la materia señalan que principal causa de la inmigración española ha 
sido el efecto llamada del mercado laboral durante el periodo referido, con 
heterogéneos ámbitos beneficiándose del trabajo del inmigrante escasamente 
remunerado (González, 2013; Villanueva, 2013; González, 2014). 
 
En estos años, la población en España, en términos de tasa anual, se incrementó a 
un ritmo del 1,5% anual, dato que en términos demográficos se estima un aumento 
dinámico. El acrecentamiento se produjo a un ritmo exponencial en la población 
extranjera: 23,5% frente al 0,4% de la población autóctona. De este modo, pasamos 
de 637.085 extranjeros en el año 1998 a más de 5 millones en 2008. A partir de 
dicho año, se produjo un descenso notable de extranjeros llegados a España y la cifra 
fue en descenso paulatino hasta el 2010, donde pasó a tener flujo negativo a partir 
de esa fecha. 
 
La mayor merma de inmigración de todos los países de la Organización para el 
Desarrollo y el Crecimiento Económico (OCDE) aconteció entre 2007 y 2013, como 
consecuencia de la crisis, no obstante, según el Informe International Migration 
Outlook (2015) de la OECD, en 2014, gracias a la mejora de las condiciones y del 
mercado laboral, esta tendencia dio un giro y la inmigración empezó a incrementarse, 
situándose España por detrás de Reino Unido y Alemania (OECD, 2015). A diciembre 
de 2016, los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor 
se emplazaban en alrededor de 5 millones de personas. 
 
Señalar que establecer exhaustivamente el número total de inmigrantes 
indocumentados en el territorio español es una labor prácticamente imposible, 
precisamente por su condición de invisibles a efectos de cómputo demográfico. En 
esta línea, González (2009) señala la escasez de estudios científicos y la falta de 
interés académico por brindar datos acerca de las personas que se hallan en esta 
situación, ya que esto les aboca a un mayor grado de vulnerabilidad social, que puede 
propiciar contextos de exclusión social y que la gestión de políticas de integración de 
estas personas sea más complicada. 
 
Una primera aproximación para intentar acercarse a la cifra de personas irregulares 
es basarse en la diferencia entre extranjeros con tarjeta o su autorización de 
residencia y los empadronados, no obstante, muchos extranjeros empadronados no 
tienen sus papeles en regla, es decir, sujetos que están regularizados en el padrón 
pero irregulares para la Policía. Si bien, tampoco es una aproximación muy fiable ya 
que ni todos los extranjeros irregulares se empadronan en su lugar de residencia y, 
además, muchos de los empadronados ya no viven en España. La mayoría de 
5 
estudios han evidenciado que, aproximadamente, la mitad de los/as inmigrantes en 
España han estado ilegalmente y que casi todos llegaron sin permiso laboral. 
En base a los últimos datos del INE, apuntar que la mayor parte de inmigrantes 
proceden de los siguientes países (por orden de mayor a menor): Rumania, 
Marruecos, Italia, Reino Unido, Venezuela, China, Colombia, Francia, Ucrania, 
Honduras, Brasil, Rusia, Alemania, Republica Dominicana, y EE.UU. 
Una vez realizada una aproximación a la radiografía de la inmigración en el territorio 
español y antes de analizar el impacto de la inmigración ilegal sobre los disímiles 
contextos de la estructura socioeconómica española, es importante entender que 
ésta, aparte de ser un fenómeno social, existe también en vinculación con políticas y 
leyes migratorias. Los países poseen un papel esencial al establecer aquello que es 
legal de lo que no es, y fijar los contextos bajo los cuales las personas pueden cruzar 
sus fronteras y vivir y trabajar en otros territorios. 
 
En definitiva, la inmigración irregular es una construcción social, legal y política en la 
que, evidentemente, tercian diversos elementos como los ya referidos demográficos, 
sociales o políticos, entre otros. Además, para comprender la política migratoria 
española es imperante remontarnos a la de la UE puesto que la nuestra deriva de 
aquella. Por ello, a continuación, se hará un somero análisis de lo que ha implicado 
dicha política, especialmente para el colectivo objeto de nuestro estudio. 
 
 
3. POLÍTICA MIGRATORIA 
 
En la UE, la inmigración irregular es un fenómeno común en todos los Estados 
miembros, si bien, muy versátil de unos a otros. De todos modos, esta inmigración 
es básicamente resultado de la demanda de trabajo y la voluntad de los gobiernos 
de crear las vías legales de migración. 
 
A principios del siglo XIX empezaron a nacer las primeras normas migratorias 
terciadas por factores culturales y, también, de inferioridad racial. Las regulaciones 
al principio no diferenciaban entre inmigración legal e irregular y, verdaderamente, 
tampoco limitaban la migración en general, únicamente algunos tipo de personas, 
por ejemplo, los locos, los que tenían “malas costumbres”, los enfermos, delincuentes 
o individuos moral o racialmente no deseables (polacos o judíos) (Düvell, 2006). 
 
Los primeros países europeos que empezaron a aplicar las primeras restricciones a 
la migración fueron Reino Unido y Alemania, culpabilizando a los/as inmigrantes por 
las dificultades propias de la época como el hambre, la pobreza, la delincuencia, la 
superpoblación o el trabajo clandestino. Dos hechos acontecidos tras la Primera 
Guerra Mundial marcaron realmente el control efectivo de la migración: el 
procedimiento de deportación y la creación de los pasaportes (Lucassen, 2001). La 
representación de una “inmigración ilegal” se arraigó con el referido concepto de 
Estado-nación moderno que apareció tras dicho conflicto bélico. 
 
La tendencia más extendida, en el periodo posterior a la guerra, era la emigración 
desde el continente europeo y, también del movimiento de un enorme número de 
refugiados. Italia, Reino Unido, los Países Bajos, Portugal y España eran los 
principales países de origen. El país receptor por excedencia era EE.UU. secundado 
por Argentina, Brasil, Canadá, Venezuela y Sudáfrica, entre otros. 
 
A mediados del siglo XX, la migración internacional volvió a brotar en aquellas áreas 
menos desarrolladas de los países del norte de Europa. La capacidad productiva del 
continente europeo se incrementó notablemente y, en consecuencia, la necesidad de 
mano de obra por las industrias en auge también aumentó. Así, países como 
Alemania, Francia o Reino Unido utilizaron disímiles mecanismos como la firma de 
pactos bilaterales de trabajadores migrantes y los programas de trabajadores 
6 
temporales. Llegaron gran cantidad de trabajadores no cualificados pero frente a la 
elevada demanda de mano de obra se llevó a cabo una política de inmigración con 
múltiples facilidades para la regulación una vez habían encontrado un puesto laboral 
y, asimismo, se facilitaron reunificaciones familiares y concedieron estación largas. 
Todo ello provocó que la inmigración aumentara notablemente y que los que habían 
llegado se quedaran de forma permanente. 
 
La inmigración irregular en busca de trabajo comenzó a ser objeto de análisis en las 
políticas y debates sociales en la Europa de los años sesenta. Además, se empezó a 
estimarla como un problema social de gran calado por su magnitud y creciente 
aumento, así como, sus efectos, entre otros, evasión de impuestos, conflicto con la 
sociedad de acogida, el exceso de uso de servicios públicosy de salud o la visión 
social acerca de la ingobernabilidad del fenómeno (Ortega, 2014). 
 
Los Estados comenzaron a implementar sus leyes sobre la inmigración sumamente 
restrictivas, además de paralizar las reunificación de familias y los programas de 
trabajadores temporales. Las economías mundiales estaban siendo sacudidas por la 
denominada crisis del petróleo de mediados de la década de los setenta, la cual marca 
un punto de inflexión en las políticas de admisión de muchos países europeos que 
limitan sumamente las situaciones de transitoriedad laboral. Se instaura la 
suspensión de la incorporación de trabajadores, contexto que tuvo como efecto 
colateral el incremento de la inmigración ilegal. 
 
Las consecuencias sociales fueron durante estos años fueron evidentes en la Europa 
occidental, pues ciertos sectores de la sociedad reaccionaron de forma negativa e 
inclusive enfrentándose a la inmigración. Esto sucedió cuando los trabajadores 
“temporales” empezaron a vivir en sus territorios y traerse a sus familiares y 
comenzaron a utilizar los servicios sociales en un periodo económico complicado, con 
elevado paro y merma de los servicios sociales. 
 
Las instituciones europeas, durante los años ochenta y principio de los noventa, 
pusieron el foco de interés en los solicitantes de asilo y en la migración ilegal y de 
refugiados convirtiéndose estos fenómenos en tema central de las políticas 
migratorios de los Estados Miembros. La década de los noventa también fue prolifera 
en controlar esta inmigración mediante la exigencia de visas, controles de fronteras 
muy estrictos, revisiones pormenorizadas de documentos de identidad, condenas 
severas por tráfico de personas o por contrabando, renovadas políticas de asilo o 
limitación de prestación y servicios sociales a los ilegales (Düvell, 2006). 
 
El aumento de los flujos migratorios ha sido un problema creciente tanto para los 
gobiernos, organismos internacionales e intergubernamentales y la sociedad en 
general, ya que estos flujos traen consigo consecuencias vinculadas a las relaciones 
sociales y políticas en los países de origen y receptores de la inmigración. En los 
países del sur de Europa, las consecuencias de la inmigración se han de tratar 
teniendo presente la política migratoria europea. España no fue consiente de la 
importancia de la inmigración hasta la promulgación en 1985 de la Ley de Extranjería, 
hecho que se produjo un año antes del ingreso de España en UE. Hasta ese momento 
no fue hubo una necesidad perentoria de regular el fenómeno inmigratorio de un 
modo preciso. Si bien, como apuntan varios autores, dicha ley evidencia una 
aproximación al fenómeno donde prevalece la vocación de establecimiento temporal, 
la limitación de derechos y deberes del inmigrante, así como, la fragilidad de su 
estatuto jurídico (Aja, 2006; Arango, 2000; López, 2007; Sánchez, 2011). 
 
En el imaginario social español, la figura del inmigrante “ilegal”, “indocumentado” o 
“irregular” surge con la referida Ley (Carrillo y Delgado; 1998). Posteriormente, se 
aprobó la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (LOEX), modificada por las siguientes 
7 
leyes orgánicas: LO 8/2000, de 22 de diciembre, LO 11/2003, de 29 de septiembre, 
LO 2/2009, de 11 de diciembre y LO 10/2011, de 27 de julio (además de sucesivos 
reglamentos: RD/864/2001, RD/ 2393/2004, RD 557/2011). 
 
 Ley Orgánica 4/2000: esta norma en cierto modo enmendó las deficiencias de la 
Ley de 1985, secundando el artículo 13 de la Constitución, dotando de contenido 
pleno aquellos derechos. En esta nueva Ley se incluían aspectos como la 
integración laboral de los/as inmigrantes o la equiparación entre éstos y los 
españoles. Asimismo, pretendía regularizar a los/as inmigrantes que ya vivían en 
el territorio español y crear cupos anuales de inmigrantes para integrarlos en el 
país y que pudieran acceder prontamente al mercado laboral. 
 
 Ley Orgánica 8/2000: esta Ley transformó totalmente el signo de la política 
inmigratoria secundada por la anterior Ley, de vocación integradora. Reconocía 
solamente a inmigrantes en situación legal, estableciendo evidentes diferencias 
entre los legales e irregulares en materia de derechos (huelga, asociación, 
sindicación, etc.); además, terminaba con la plena equiparación de derechos entre 
los/a inmigrantes y los autóctonos. 
 
 Ley Orgánica 11/2003: esta Ley endureció ciertos puntos de la LO 4/2000, con el 
cometido de intentar que la regulación en materia de expulsión mejorase y tal y 
como señala su artículo 57.7 “lograr una coordinación adecuada cuando se 
produce la tramitación simultánea de procedimientos administrativo y penal” 
 
 Ley Orgánica 2/2009: dicha Ley, en términos generales, ha tenido como objetivo 
mejorar la realidad de los/as inmigrantes irregulares e integrarlos socialmente y 
al unísono, canalizar la inmigración irregular, evitarla o eliminarla lo más posible, 
con distintos mecanismos como adoleciendo el régimen sancionador, reforzando 
controles o facilitando la expulsión de estas personas. 
 
 Ley Orgánica 10/2011: regula la violencia de género y la trata de seres humanos, 
evitando como lo hacía la LO 4/2000 la incoación de expedientes sancionadores a 
las víctimas en situación de irregularidad que fueran a denunciar estos delitos. Es 
decir, que dichas mujeres si denunciaban a su agresor se les abriría un expediente 
sancionador por haber cometido la infracción contenida en el artículo 53.1 que 
versaba así: 
 
“Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga 
de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres 
meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado 
la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.” 
 
Para Sánchez (2011, p. 261-262) la política migratoria en España ha causado más 
irregularidad por los siguientes motivos: 
 
a) “la rígida ligazón de los permisos de residencia a los permisos de trabajo y, 
a su vez, la concesión de estos últimos por periodos muy cortos; 
 
b) la insuficiencia de medios en la administración pública y la excesiva dispersión 
en las competencias de inmigración que ha provocado una enorme lentitud e 
ineficiencia en la tramitación burocrática que ha condenado a muchos inmigrantes a 
la situación de irregulares por retrasos en la tramitación de expedientes o por la 
práctica imposibilidad de cumplir con todos los requisitos establecidos y 
 
c) el recurso constante a las regularizaciones extraordinarias que, para muchos 
inmigrantes, han convertido la situación de ilegalidad en algo transitorio a la espera 
de la próxima regularización. La naturaleza esencialmente temporal de los permisos 
8 
de trabajo y residencia (que otorgan el estatus de legalidad por periodos de tiempo 
breves) unida a las deficiencias ya mencionadas del sistema del contingente como 
única vía legal de entrada en el mercado de trabajo español y a la ineficiencia y 
lentitud de la administración pública son los mecanismos más frecuentes de creación 
endógena de ilegalidad.” 
 
Termino con la política migratoria refiriéndome a Ortega (2014), que señala en su 
artículo sobre “La consolidación histórica de la migración irregular en Europa” que los 
defectos de las continuas reformas que se han ido sucediendo en los muchos estados 
de la UE se pueden subsanar: 
 
“a) Si se abren más canales legales para migrar, acordes con las necesidades reales 
del mercado de trabajo. 
 
b) Si se simplifican los procedimientos de solicitud y renovación de permisos. 
 
c) Si se clarifican las legislaciones y se dejan de reformar constantemente, de modo 
que los destinatarios puedan tener un mejor entendimiento de la norma, sus efectos, 
etcétera. 
d) Si se cambian las condiciones de los permisos de trabajo por unas más realistas 
que puedan ser cumplidas por los migrantes y no sean tan propensasa ser 
incumplidas. 
 
e) Si se asignan mayores recursos para la vigilancia fronteriza e interna. 
 
f) Si se implementa una política que vea el fenómeno migratorio a largo plazo y al 
migrante como un ser humano. 
 
g) Y si se privilegia la cooperación con otros Estados, tanto a nivel internacional como 
regional, en las áreas donde hay lagunas en materia de regulación y donde las 
normas existentes son poco claras. La cooperación internacional es necesaria para 
una gestión adecuada de la migración, por lo que el derecho internacional debe servir 
como marco para la cooperación entre Estados en esta materia y para la protección 
de los derechos humanos de los migrantes, con independencia de su estatus 
migratorio.” 
 
De todo ello, se puede extraer que si uno de los objetivos primordiales era poner fin 
a la inmigración ilegal, no se ha conseguido y esto es uno de los mayores escollos y 
más perceptibles entre dichos cometidos declarados en la política migratoria 
española. Está claro que existe una disparidad entre la cantidad de inmigrantes que 
entran a España y el número que quiere admitir nuestro país. La existencia de un 
elevado número de inmigrantes que acceden al mercado laboral sin secundar las vías 
legales, evidencia que las políticas nacionales sobre inmigración no están siendo 
efectivas. Para poder llevar a cabo una buena política migratoria hace falta que la 
política y la legislación se secunden mutuamente en estructuras apropiadas para su 
implementación. 
 
 
4. CAUSAS Y EFECTOS DE LA INMIGRACIÓN 
 
Conocer el por qué se originan las migraciones es una cuestión necesaria para poder 
comprender lo que significa, hoy en día, y la incidencia que tiene el fenómeno de la 
inmigración. Así, es necesario llevar a cabo una introversión acerca de los factores 
que hacen que un sujeto abandone su país de origen y, por ende, las características 
que hacen atrayentes a los países de acogida. 
 
9 
Las migraciones pueden estar terciadas por diversos fenómenos como los políticos, 
los económicos o demográficos, por ejemplo. Respecto a los primeros factores, 
señalar que se deben, por lo general, a los conflictos internos, regionales e 
internacionales. La falta de libertades y derechos políticos y la corrupción endémica 
en muchos países son causas que empujan a las personas a irse en busca de mayor 
libertad, así como, la guerra y conflictos armados, entre otros. Entre los factores 
económicos podemos destacar los derivados del hambre, de las grandes divergencias 
de renta e intercambio desigual entre países, del incremento de la demanda de 
puestos de trabajo por parte de los países desarrollado, particularmente en el sector 
servicios, asimetrías de crédito o la oportunidad de crecer laboralmente. Respecto a 
los elementos demográficos se puede destacar que, para el país de origen, influye la 
superpoblación y el envejecimiento, para el receptor. 
 
También existen factores culturales, educativos, tecnológicos o científicos. Entre los 
países económicamente desarrollados y lo subdesarrollados existe una enorme 
brecha científica y tecnológica que, sin duda, es un motivo que beneficia a este tipo 
de desplazamiento, ya sea para el desempeño laboral, la formación o calificación. Por 
último, señalar las causas ambientales como uno de los desajustes que rige el orden 
internacional y que es uno de los factores que más afecta a la inmigración. 
 
De lo referido, se puede aseverar como indica Mejias (2008, p. 4) que: 
 
“El modelo tradicional centrado en el hombre adulto que emigra por razones 
socioeconómicas, y que retorna al país de origen cuando se dan las condiciones 
económicas esperadas, no es ya el perfil característico de la emigración de nuestros 
días. El caso típico que refleja la realidad migratoria actual procede de aquellos 
lugares de la tierra cuyas sociedades han sobrepasado la capacidad de sustentación 
del territorio, al menos con las capacidades que tienen disponibles; lo que da lugar a 
que se produzcan hambrunas crónicas, degradación del medioambiente y la salida 
masiva de población sin expectativas vitales.” 
 
El asunto de la inmigración y, especialmente, el de la inmigración ilegal es un tema 
tanto social como económico; para empezar, ambos tipos de inmigración determinan 
la convivencia de heterogéneas culturas y, económicamente, entre otros factores, 
está el aumento de mano de obra en países que padecen problemas de desempleo 
interno y, además, que su capacidad de absorber nueva mano de obra es limitada y, 
por ende, aumentan algunas bolsas de pobreza. La inmigración tiene una naturaleza 
básicamente económica e induce sus efectos en dicha área. También tiene incide en 
el contexto sociocultural, ya que la sociedad receptora puede tener inquietud 
respecto a la conservación de la identidad cultural o a la capacidad de gestionar el 
proceso multicultural emanado de la inmigración. 
Se ha señalado que los inmigrantes productivos y que se integran pueden llevar a 
cabo una gran aportación al progreso económico y, además, sin coste para la 
población del país de acogida. Sin embargo, las consecuencias positivas, asimismo, 
pueden desaparecer, en el caso de que los inmigrantes no adecuen y no posean la 
preparación necesaria (Borjas, 1994). Hay que considerar que los efectos de la 
migración depende de muchos factores y no únicamente del capital humano que 
brindan; por ejemplo, son también factores a estimar la integración, el impacto en el 
capital público o las particularidades personales, por ejemplo. La inmigración puede 
ser perjudicial o fructuosa dependiendo del lugar y del tiempo. 
Para Guillén (2011, p. 13-15): 
 
“El problema de la inmigración es el resultado de múltiples factores, en ocasiones 
muy complejos y que inciden de forma muy distinta en cada caso, pero sobre todo 
es el resultado de violaciones de los derechos sociales, económicos y políticos de 
hombres, mujeres y niños que emigran supuestamente hacia la paz y hacia el 
bienestar político, socioeconómico y humano.” 
10 
 
La inmigración legal, comprendida como un elemento de desarrollo y avance, es la 
inmigración que se adecua a la capacidad de acogida de la sociedad y a las 
posibilidades del mercado laboral, de modo que su labor cubre la falta o merma de 
mano de obra en el país de acogida. Por su parte, la inmigración irregular, es a la 
que le cae la carga negativa relacionada con la delincuencia, la marginación, la 
explotación o el tráfico de personas por mafias. 
 
 
5. INMIGRACIÓN Y MERCADO LABORAL 
 
Un asunto de profusa preocupación para la población del país receptor es conocer las 
incidencias de la inmigración en el mercado laboral. El modelo migratorio de España 
posee un factor principal y es su naturaleza laboral. La inmigración es garante de una 
parte notable del incremento del empleo registrado en los últimos años y, si se 
pudieran contabilizar a los indocumentados lo sería todavía más. Entre los albores 
del silgo XXI y hasta el 2008, los inmigrantes han ocupado trabajos que los españoles 
rechazaban y, ello ha facultado una movimiento social ascendente entre los 
españoles/as, puesto que pasaron a ocupar categorías más elevadas del mercado 
laboral. En España, país que, como hemos visto, ha aumentado exponencialmente 
su población extranjera en los últimos años, evidencia que la inmigración únicamente 
ha afectado en la especialización. 
 
Para Amuedo-Dorantes y De la Rica (2011), los inmigrantes poseen particularidades 
diferentes a los autóctonos y, en consecuencia, no son sustitutivos en el mercado 
laboral, sino que se concentran, generalmente, en trabajos más manuales y los 
españoles en aquellos con un grado más elevado de sofisticación, de especialización 
y con mejores retribuciones. Es decir, que la población inmigrante ha constituido una 
mano de obra complementaria a la de aquí. En nuestro país, existen muchos estudios 
que han analizado pormenorizadamente el impacto de los inmigrantes en este área 
y se ha llegado a las conclusión que lasoportunidades laborales de los españoles no 
se ven afectadas (Herrarte, Medina y Vicéns 2007; Carrasco, Jimeno y Ortega, 2008). 
Para estos autores, inclusive en un contexto de crecimiento económico como el 
actual, de perfil bajo, son necesarios dichos trabajadores. 
 
Por su parte, los inmigrantes han ocupado los sectores de la agricultura, construcción, 
industria y servicios. Como señala Calavita (2006, p.198) 
 
“La contingencia y la marginalidad implícita en los programas de gobiernos de países 
como los de Europa del Sur dirigidos a los inmigrantes se centran en industrias y 
empleos que no atraen a los trabajadores autóctonos. Implícitamente dejan claro que 
los trabajadores inmigrantes son distintos de la clase trabajadora autóctona.” 
 
Además, el mayor acceso a la formación, la restructuración de los roles de familia 
tradicional, así como, la llegada de inmigrantes, entre otros factores, ha 
incrementado la participación de las españolas en el mercado laboral. En esta línea, 
en el proyecto de investigación “Análisis sobre la Situación Laboral de la Mujer 
Inmigrante en España” llevado a cabo por la OIM en 2015 se señala que: 
 
“Ahora, en este este terreno es necesario subrayar el hecho de que las mujeres 
inmigrantes están concentradas de forma significativa en un sector, como el 
doméstico, que ha permitido que los hogares nativos, y especialmente las mujeres 
nativas de clase media, afectadas tradicionalmente por la misma desigualdad de 
género que les empujaba a hacerse cargo de los trabajos domésticos y de cuidado, 
hayan podido renegociar favorablemente sus tiempos de trabajo doméstico y de ocio, 
y sus trayectorias profesionales. Situación que apunta a un cierto transvase de dichas 
desigualdades hacia las mujeres inmigrantes extracomunitarias” (p.59). 
11 
 
“(…) De esta forma, las mujeres inmigrantes que trabajan como empleadas de hogar 
en condiciones de precariedad se han convertido en el recurso fundamental que tiene 
la sociedad española a la hora de afrontar algo tan esencial como los trabajos de 
reproducción (cuidado de menores, ancianos, dependientes y realización de tareas 
domésticas), dando respuesta a un problema social y financiero colectivo, dónde, 
además, la presencia y el desarrollo del Estado social ha sido escasa” (p.67). 
 
Por otro lado, Medina y Vicéns (2010, p. 38) señalan que: 
 
“La necesidad de trabajadores foráneos, que ha tenido y tendrá España para su 
desarrollo difícilmente puede cuestionarse, pues el envejecimiento de la población y 
las bajas tasas de natalidad anulan toda posibilidad endógena de atender las 
necesidades del mercado laboral.” 
 
Evidentemente, el inmigrante regular produce ingresos por cotizar a la Seguridad 
Social de forma análoga a lo que acontece con los españoles. Además, la inmigración 
aparte de los beneficios económicos ha supuesto en una sociedad encaminada hacia 
un envejecimiento apresurado, una aportación positiva en este sentido. De media, 
los extranjeros son más jóvenes y, si bien, a un ritmo menor que antes de la recesión 
económica, favorecen a rebajar la edad media del conjunto de españoles. Aunque 
como apunta la OCDE, la presencia de inmigración joven en un país, si bien, no puede 
dar un giro al envejecimiento, si puede tener efectos directos, especialmente en el 
sistema de pensiones y, como ya se ha referido al mantenimiento de la Seguridad 
Social. 
 
Los efectos de recesión económica que ha vivido España son diferentes para los 
españoles que para los inmigrantes. Los inmigrantes se han acopiado, como se ha 
señalado, en sectores económicos como el de la construcción que han sido golpeados 
con más dureza por la recesión. La pérdida de trabajo ha traído consigo a este 
colectivo varios problemas agregados. La reagrupación familiar con la política 
inmigratoria actual también es inviable si no se tiene trabajo; es preciso tener una 
vivienda y un nivel de ingresos mínimos para que los/as inmigrantes puede solicitarla. 
Un factor característico de la inmigración era las remesas de dinero que envían a sus 
países natales, algo que con la pérdida de trabajo ha disminuido significativamente. 
Del mismo modo que los españoles, el problema de la vivienda hace que se vean 
desamparados frente a los desahucios. 
 
En el contexto económico actual que vive nuestro país, esta situación emplaza a los 
inmigrantes regulares en una situación de incertidumbre puesto que si pierden su 
trabajo podrán tener acceso a las prestaciones por desempleo y renovar su permiso, 
si bien, una vez que termine la prestación, se agregarán a los irregulares, puesto que 
la legislación en este tema no tiene mecanismos para que estos sujetos pueden seguir 
residiendo de forma regular. Además los que no tienen derecho a prestación por 
desempleo, ya sea porque lo han agotado o porque no han cotizado lo suficiente, se 
verán abocados directamente a la irregularidad. Tanto para los ciudadanos en 
situación de irregularidad como para la sociedad de acogida, la situación de 
irregularidad puede suponer consecuencias negativas. Como se hará referencia en lo 
sucesivo, se crea economía sumergida por no poder acceder a un empleo, lo que 
provoca en muchas ocasiones que sean víctimas de sueldos irrisorios o que tengan 
que hacer jornadas laborales exhaustas. Esto al Estado le supone dejar de percibir 
ingresos de su actividad económica. Asimismo, se dificulta y restringe el acceso a los 
servicios sociales y tampoco tienen posibilidad de poder obtener renta mínima de 
inserción u otras ayudas. Esta situación además implica que su integración en la 
sociedad española se complique mucho pudiendo padecer discriminación. 
 
12 
La persona que pasa a ser ilegal ve mermados sus ingresos, su libertad de circulación, 
su derecho laboral o el acceso a una vivienda. Aparte de la tragedia humana que 
implica hallarse en una situación irregular, el incremento de dicha población, 
únicamente provoca contextos de mayor explotación laboral, estigmatización social 
y precarización en un colectivo donde la forma de vida se encuentra en la economía 
informal. Por desgracia, los recursos a los que puede acceder estas personas son 
muy escasos y, prácticamente sólo les queda recurrir a las ayudas del tercer sector. 
La problemática de acceder a los servicios sociales es el motivo por el cual tanto las 
ONGs, como otras organizaciones como Cáritas o Cruz Roja intervienen en este 
colectivo. Normalmente, los servicios que prestan son de intervención social, como 
acogida, asesoramiento jurídico e información y derivación a psicólogos, abogados o 
formación (alfabetización, clases de castellano, cursos, talleres, etc.) 
 
En el último “Informe del Observatorio de la Realidad Social. Informe Cáritas 2013” 
se señala que: 
 
“Aunque los primeros efectos de la crisis económica fueron amortiguados por las 
prestaciones por desempleo y por el apoyo de las familias, el agotamiento de las 
ayudas económicas, la prolongación de las situaciones de desempleo, las políticas de 
ajuste y sus recortes, unido a las dificultades en las familias, han creado un caldo de 
cultivo para la irrupción de una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión 
social con efectos más intensos” (VIII Informe Cáritas, 2013, p.4). 
 
Asimismo, se indica en el informe que ciertos cambios alusivos a políticas sociales 
“tienen consecuencias negativas directas sobre las personas más vulnerables”, 
haciendo referencia al “miedo y estrés en inmigrantes en situación de irregularidad” 
(VIII Informe Cáritas, 2013, p.4). El informe de caritas también reporta que el 
colectivo inmigrante es al que más atiende, junto con el de parados y personas con 
escasa formación académica. Estos datos nos brindan un panorama de las 
características más distintivas de la marginalidad y del riesgo de exclusión social en 
España. 
 
 
6. REFORMA DE LA SANIDAD ESPAÑOLA 
 
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorarla calidad y seguridad de sus 
prestaciones es una de las reformas sanitarias que ha tenido más impacto y que este 
año cumple un lustro. Fue el decreto que introdujo la exclusión de los inmigrantes. 
Hasta entonces el Sistema Nacional de Salud Español (SNS) brindaba una cobertura 
muy amplia y con un gasto más o menos controlado cotejándolo con otros países de 
la UE. 
 
Para justificar esta gran reforma se argumentó, entre otros motivos, la 
insostenibilidad del sistema y ahorro de unos 500 millones de euros, pero tal y como 
recoge el informe: “Los efectos de la exclusión sanitaria en las personas inmigrantes 
más vulnerables” llevado a cabo de la Red Acoge, este decreto “no va acompañado 
de una memoria económica que permita conocer si esa es la cifra en que se calculó 
el gasto sanitario de la población en situación irregular o para el cálculo se tuvieron 
en cuenta otras circunstancias” (Red Acoge 2015, p.12). 
 
Este Real Decreto modificó totalmente el régimen del derecho a la salud en nuestro 
país dejando a los inmigrantes irregulares sin cobertura sanitaria gratuita. Esto 
originó problemas de orden político y/o social. Por ejemplo, ciertas autonomías se 
proclamaron insumisas a dicha exclusión de estas personas y dictaron normativas 
para atenderlas. Los únicos sujetos que no se ven afectados por dicho Decreto son 
13 
los/as menores, aquellos que tengan un estado de salud grave o hayan sufrido un 
accidente y las mujeres embarazadas. 
 
Si bien, el Ministerio de Sanidad ha estimado un ahorro de 1000 al año con el 
establecimiento de dicho decreto, otros análisis y estudios reportan que se producirá 
un incremento del gasto, tanto a medio como largo, plazo como resultado de la falta 
de tratamiento en heterogéneas patologías. Como se ha referido: 
 
“La aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril a una población con una 
enfermedad crónica, transmisible y con evolución habitualmente mortal sin 
tratamiento, como es la infección por VIH/sida, supondrá un ahorro económico muy 
inferior al esperado a corto plazo, por los gastos adicionales que genera e impactará 
negativamente en la salud pública de nuestro país, incrementando la mortalidad por 
sida y la morbilidad por enfermedades transmisibles, aumentando los gastos 
sanitarios a medio-largo plazo, y alejándonos de los objetivos de salud 
internacionalmente asumidos” (Pérez-Molina y Pulido Ortega (2012, p. 472-478). 
 
La reforma, en consecuencia, como señalan estos autores, puede entrañar 
consecuencias muy graves para la salud pública, incrementándose el número de 
patologías y, evidentemente, los gastos que ello supone. La necesidad de cubrir 
completamente el coste de los medicamentes es otro de los efectos que recae sobre 
este colectivo. Varios organismos internacionales, desde la entrada en vigor de este 
decreto, han señalado el retroceso de los derechos de los sujetos inmigrantes en 
nuestro país y el incumplimiento que estamos haciendo en cuestión de Derechos 
Humanos. Ya antes de la promulgación de esta norma, el Comité Europeo de 
Derechos Sociales ya alertó el detrimento en el sistema de salud español entre los 
años 2008 y 2011. 
 
 
7. ECONOMÍA SUMERGIDA/ INFORMAL 
 
Los inmigrantes irregulares, como norma general, cuando llegan a un país se 
incorporan a la economía informal, puesto que trabajan sin contratos y únicamente 
pueden acceder a empleos duros, con una retribución inferior, y muchos de ellos 
denigrantes. A ello se añade, recordemos, que no disponen de las prestaciones 
sociales básicas. 
 
Tradicionalmente, la estructura de nuestro país, se ha particularizado por un 
segmento notable de economía sumergida, informal o ilegal, en la cual el trabajo 
remunerado no se declara en la Seguridad social o también puede estarlo pero no 
adecuadamente, como por ejemplo con altas irregulares. Es preciso trabajos de 
campo, que por lo general son muy escasos, para lograr una aproximación al 
conocimiento de estadísticas reales sobre este fenómeno y sus consecuencias. 
 
Una particularidad de la económica española previa a la llegada masiva de 
extranjeros había sido este tipo de economía, la cual, al unísono que faculta abusos 
en las condiciones laborales para múltiples inmigrantes fue la solución temporal hasta 
que encontraban un trabajo formal. Respecto a los irregulares, la mayoría trabajan 
en ella, resultado de la recesión y de la crisis. Además, puede ser un modo más o 
menos permanente de hacer negocio, ya sea por motivos pragmáticos, es decir, para 
mermar los costes o competitivos, cuyo objetivo sería la competencia de productos 
importados o los progresos ideológicos, como por ejemplo, la reacción frente al 
intervencionismo gubernamental, entre otros. 
 
“Ahora bien, a la particular situación de economía sumergida a la que se ve abocado 
el inmigrante ilegal, cabe añadir –recordemos- su estatus de desprotección jurídica 
vinculado al efecto útil de la expulsión: su punto débil, el estigma que le identifica 
14 
como tal. El temor a ser descubierto y expulsado (y lo que ello conlleva) es una 
amenaza constante, lo inocuiza, garantiza no sólo su fragilidad, acentúa, asimismo, 
su docilidad y disponibilidad ante situaciones de explotación laboral” (Pomares, 2015, 
p.164). 
 
El Instituto de Investigación de Economía Aplicada (IAW, por sus siglas en 
alemán) llevó a cabo un estudio conducido por Friedrich Schneider en el que se 
analizaba la economía informal de varios países del mundo; se reportó que 
España se encuentra entre los países con más economía sumergida de la UE y 
que la misma equivale a 180.000 millones de euros, esto es, al 17% del PIB y en 
ella están implicados aproximadamente cuatro millones de empleos. 
 
La economía informal es un elemento de atracción para las personas en situación de 
irregularidad y origina enormes consecuencias negativas que precisan que las 
autoridades competentes establezcan dispositivos y medidas eficientes para su 
erradicación o por lo menos para su disminución. Para este objetivo, es necesario 
analizar las causas que se hallan en el origen de este problema de gran calado y, 
ello, es complejo, pues la economía oculta es resultado de múltiples elementos. En 
definitiva, su mayor o menor existencia estribará en el interés de las instituciones, 
las condiciones económicas o la tolerancia de la sociedad hacia la misma, entre otros 
aspectos. 
 
No cabe duda que si España pretende controlar la inmigración ilegal tendrá que 
establecer medidas eficaces para combatir la contratación ilegal, puesto que es en 
dicha economía sumergida donde se encuentran los extranjeros indocumentados. 
 
 
8. INMIGRACIÓN ILEGAL POR VÍA MARÍTIMA 
 
Por último, hacer una referencia a este tipo de inmigración por su profunda 
repercusión a nivel social y ser una de las grandes preocupaciones de la sociedad 
española. Desde hace unos años, personas en pateras y cayucos están arriesgando 
su vida desde África, un fenómeno que precisa de una inmediata reacción. Si bien, 
en el territorio español, el canal de entrada principal de clandestinos ha sido por avión 
o por las fronteras terrestres y no por vía marítima, la relevancia de este fenómeno 
estriba en elementos cualitativos. Para empezar, es uno de los tipos de migración 
más peligrosos, implica múltiples contextos de emergencia humanitaria, que son 
verdaderos dramas por las muertes que suponen. Dichos fenómenos están 
relacionados, en mayor o menos medida, a redes del crimen organizado que, sin 
ningún tipo de escrúpulos, explotan a los inmigrantes sin papeles ofreciéndoles el 
edén europeo a cambio de sus escasos ahorros en un viaje terrible en todo tipo de 
embarcaciones totalmente inadecuadas. 
 
Este tipo de inmigración ha ido creciendo en interés en la UE y en los Estados 
miembros en los últimos años, a raíz que se han sucedido crisis migratorias en el mar 
que han tenido como consecuencia la agregación de la lucha contra inmigración 
irregular vía marítima en las agendas políticas, hecho en el cual han contribuidoen 
gran medida las de denuncias y presiones de diversas ONG, las dinámicas electorales 
o la opinión pública. Si bien, esta atención ha costado bastante tiempo e 
implicaciones, puesto que el tráfico humano por vía marítima es, como se ha referido, 
menor cuantitativamente y también el problema está mayormente limitado a Italia y 
a España y también la frontera de Turquía con Grecia. Gracias al estupor de la 
sociedad ante este fenómeno y los medios de comunicación han hecho que ya se 
hable con claridad de ello. 
 
 
 
15 
9. CONCLUSIONES 
 
La crisis económica y financiera ha repercutido en prácticamente en la totalidad de 
los países desarrollados y España ha sido uno de los países donde más calado ha 
tenido. Las desigualdades sociales y empobrecimiento de la población son dos efectos 
de la crisis económica y está afectando a las condiciones de vida de la población 
autóctona y, especialmente, a los inmigrantes. La tasa de paro es un indicador muy 
significativo del contexto en el que vivimos y, especialmente, afecta a este último 
colectivo. En el plano social, la inmigración y, muy especialmente, la irregular ha de 
hacer frente a múltiples consecuencias negativas en las condiciones de vida que 
durante los últimos años se han ido acentuando, tal es el caso de la pobreza y la 
marginalidad. 
 
De los datos analizados podemos extraer que en España, donde se han obtenido 
cuotas muy elevadas de inmigración equiparándolas con otros países de la UE, se ha 
originado un proceso migratorio muy intenso y rápido. Esto ha llevado a España como 
sociedad receptora de inmigrante a una serie de cambios sociales que, sin duda, han 
implicado múltiples desafíos referentes a la integración social en la diversidad, 
articulación de la convivencia o la garantía de derechos básicos. Se puede aseverar 
que la inmigración en España ha supuesto el principal elemento del cambio social. Ya 
en el 2003, Carmen Alcaide expresidenta del INE señaló en su libro “La sociedad 
española tras 25 años de Constitución” que la inmigración era el segundo cambio 
más profundo que nuestro país había experimentado desde los últimos años del siglo 
XX (INE, 2003). 
 
En el análisis de la eficiencia de las heterogéneas políticas migratorias se establece 
la idea de que el control de fronteras no resulta el mecanismo más apropiado o el 
único para eludir la inmigración ilegal. Para los países con fronteras permeables como 
España, el control de las llegadas de personas atañe grandes problemas y también 
el peligro de desviar muchos recursos que producen escasos resultados. Además, el 
incremento del stock de inmigrantes irregulares en un país por los problemas de 
volver a entrar es otro de los efectos indeseados. 
 
Las políticas migratorias, en nuestra opinión, han de ser proactivas, es decir, 
fomentar los beneficios de la inmigración ya referidos y mermar sus menoscabos 
también comentados en este artículo. Si bien, es un vasto problema y no existen 
soluciones milagrosas creemos que es necesario que en la sociedad española, una 
sociedad transformada por la inmigración, funcionen los mecanismos de igualdad y 
no discriminación en cualquier ámbito (económico, social, político y/o cultural) y que 
los organismos competentes tracen líneas de actuación, replanteándose algunas 
medidas existentes. Hemos de seguir trabajando con el cometido de conseguir la 
total garantía de derechos de todo individuo. 
 
No se sabe el papel que la inmigración irregular tendrá en España de aquí unos años, 
si bien, estaría bien cuestionarnos si la reactivación económica supondrá asimismo 
de nuevo la viciosa relación entre inmigración ilegal y economía sumergida. Ello 
dependerá de múltiples factores entre otros de del papel del Gobierno y también de 
la sociedad frente a este tipo de economía. 
 
Es necesario regular lo máximo posible la inmigración ilegal, sin embargo, también 
es sumamente urgente que los países establezcan mejores condiciones de vida y 
produzcan incentivos a su población, así como encontrar el modo de terminar con el 
tráfico de seres humano y con todo ello mermar el número de personas que tienen 
que dejar su país muchas veces sin quererlo. 
 
En España, la inmigración es un fenómeno relativamente nuevo y la inmigración 
irregular una pieza de este fenómeno migratorio, por ello, se tendrán que llevar a 
16 
cabo mecanismos y programas que la encaucen hacia una dirección positiva. 
Analizarlas y tratarlas desde una perspectiva más sociológica y menos numérica 
podría ser un primer paso para tal cometido. Así como, concienciar a los y las 
españolas que los inmigrantes irregulares no son una amenaza y que debemos luchar 
para que se cumpla la Declaración Universal de los Derechos Humanos en esta 
materia. 
 
17 
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