Modernidad_modernizaciones_y_ciencias_so

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MODERNIDAD, MODERNIZACIONES Y CIENCIAS SOCIALES1 
Citar como: Marco Palacios, “Modernidad, modernizaciones y ciencias sociales”, en 
Parábola del liberalismo, Editorial Norma, Bogotá, 1999, pp. 23-77 
 
Los problemas y los argumentos 
 ¿Por qué en el cuadro institucional colombiano son prioritarios los ministerios y entes 
que tienen que ver con la administración macroeconómica? ¿Por qué son relegados los de 
educación, justicia, trabajo y salud? ¿A qué obedece semejante desbalance? Y si de veras se 
trata de un desbalance, ¿cómo se manifiesta en las comunidades académicas de las ciencias 
sociales? ¿qué consecuencias arroja? 2 
 Conforme al sesgo del autor, un historiador profesional, este ensayo pretende atemperar 
la mentalidad de corto plazo que nos agobia a todos, a unos más que a otros, mediante la 
transmisión de un sentido alternativo de ver el mundo en un horizonte temporal más amplio.3 
Las respuestas remiten, en primer lugar, a la simbiosis de saber y poder, sello de la modernidad.4 
Según las clásicas definiciones de Max Weber, el Estado centralizado moderno transforma las 
políticas en acción por intermedio de grupos humanos calificados y organizaciones que deben 
reunir condiciones de racionalidad (procedimental y sustantiva), legalidad y responsabilidad 
administrativa. En este proceso histórico el intelectual deviene en funcionario, y el pensamiento 
crítico en razón burocrática. 5 
 
1 Ponencia presentada dentro de los trabajos de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, de la que 
el autor fue miembro. Apareció inicialmente en Análisis Político, No. 23, Sept-Dic., 1994, págs. 5-
33. Aquí se publica con algunas modificaciones. 
2 Entendemos el término ciencia social como un corpus de conocimientos, problemas y técnicas de 
investigación, todos ellos procesados sistemáticamente y reconocidos y aprobados por una comunidad 
epistémica. Cf. Hacking I., The Taming of Chance, Cambridge, Engl., 1990. 
3 Tal sería la función social asignada al historiador según expresó Elliot J. H., en National and 
Comparative History, an Inaugural Lecture delivered before the University of Oxford on 10 May 1991, 
Oxford, 1991. 
 
4 Véase Bauman Z., Legislators and interpreters on modernity, post-modernity and intellectuals, New 
York, 1987 
5 Para la discusión y aplicación de estos conceptos a Colombia, Cf. Uricoechea F., Modernización y 
desarrollo en Colombia: 1951-1964, Bogotá, 1967. Hartwig R. E., Roads to Reason. Transportation, 
Administration and Colombia, Bogotá, 1990, pp. 24-39. 
 Además de moderno, el Estado colombiano se define democrático, de suerte que en su 
estructura deberían ocupar un lugar prioritario aquellas instituciones a las que acceden los 
ciudadanos en cumplimiento del mandato popular. Simultáneamente y al igual que el resto de 
países latinoamericanos, Colombia enfrenta hoy el desafío de configurar un Estado eficaz.6 
 Este ensayo intenta dilucidar estos grandes problemas en una secuencia que parte de 
breves consideraciones sobre los conceptos de modernidad, modernización, globalización y 
economicismo, y las ilustra con la trayectoria de algunas misiones de expertos, desde la 
Expedición Botánica (1783-1810). Este tema invita a abordar específicamente el problema, 
eminentemente político, de la llamada tecnocracia, y los límites de la reforma del Estado. De 
allí pasamos a considerar un breve contrapunto de las tribus académicas frente al Estado 
colombiano, esbozando algunas actitudes de economistas y sociólogos, derivadas de sus 
respectivos paradigmas kuhnianos, para concluir con la reflexión de la urgencia que tenemos 
los colombianos de fortalecer una cultura del discurso crítico en todos los campos pertinentes 
de las ciencias sociales, y de dar más relieve a disciplinas como la criminología, en el país más 
violento de América Latina. 
 
Modernidad, modernización, globalidad y occidentalización 
 Recuerda Touraine que Europa impuso "el dominio de las élites racionalizadoras y 
modernizadoras sobre el resto del mundo mediante la organización del comercio internacional 
y de las fábricas, así como mediante la colonización... El modernismo es un anti-humanismo 
porque sabe de sobra que la idea del hombre ha estado unida a la del alma, que impone la de 
Dios. El rechazo de toda revelación y de todo principio moral crea un vacío, que es colmado por 
la idea de sociedad, es decir, la de utilidad social. El hombre no es más que un ciudadano. La 
caridad deviene la solidaridad, la consciencia deviene el respeto a las leyes. Los juristas y los 
administradores sustituyen a los profetas".7 
 Aún hoy en día no es raro encontrar el término occidentalización empleado como 
sinónimo de la modernización. Dentro de este marco de referencias eurocéntricas se inscribe 
 
 6 Tal es la expresión propuesta por Grindle M. S., "Sustaining Economic Recovery in Latin America: 
State Capacity, Markets and Politics", in Latin America's Economic Future, Bird G. y Helwege A. (Eds.), 
London, 1994, pp. 303-23. 
 7 Touraine A., Crítica de la modernidad, Madrid, 1993, pp. 49-50. 
buena parte del debate sobre la modernidad. Sin embargo, ¿si la modernidad es la ruptura de lo 
tradicional, habría entonces una pluralidad de sociedades tradicionales y una sola sociedad 
moderna? ¿Es ése el imperativo último de la globalización de nuestros días? Al suponer que 
modernidad es capitalismo y liberalismo, y ante el reciente colapso del comunismo, estaríamos 
ad portas del celebrado "fin de la historia" que anuncia Francis Fukuyana.8 El fin de la historia 
entendido como el fin de la sociedad decretado por Margaret Thatcher en su célebre frase, la 
sociedad no existe. 
 La modernidad, como una noción desgajada del individualismo occidental de los 
siglos XVII y XVIII, es decir, de las revoluciones cartesiana y newtoniana, ha sido criticada 
por su estrechez histórica y civilizatoria. En esta vena hallamos, por ejemplo, el brillante 
ejercicio de Barrington Moore Jr., en que el autor apeló al análisis histórico como un camino 
hacia la claridad. Moore intentó describir la trayectoria de las modernizaciones y sus 
complejas e imprevisibles tramas con la democracia y el autoritarismo. Construyendo una 
amplia variedad de modelos históricos, y desplazándose de Europa al Asia, Moore, acotó 
cuatro rutas posibles de modernización, según hayan sido las alianzas y conflictos entablados 
entre terratenientes, campesinos, y burguesías: 1) La excepcional combinación de 
capitalismo comercial y democracia liberal, cuyos paradigmas son Gran Bretaña, Francia y 
Estados Unidos. 2) La vía capitalista reaccionaria, alemana y japonesa, que pasa por el 
fascismo. 3) La ruta comunista, en sus variedades soviética y china y, 4) el caso de la India, 
que, según él, es “muy débil", porque el gran país asiático no ha sufrido ninguna revolución: 
ni la capitalista desde arriba, como Japón; ni capitalista desde abajo, como Francia; ni 
tampoco una revolución campesina como la China. 
 Con toda franqueza, y desde el prólogo de su controvertida obra, Moore advierte que 
su esquema de cuatro rutas no es aplicable a los "países pequeños" que "dependen económica 
y políticamente de los grandes y poderosos, de suerte que las causas decisivas de su vida 
política se hallan fuera de sus fronteras." Aunque no lo dice explícitamente, el autor parece 
sugerir que, por esta razón, los países latinoamericanos deben quedar por fuera de su mapa.9 
 
 8 Planteamientos de este tipo no permiten conjeturar hasta qué punto sociedades tradicionales, como la 
China, no fueron inmóviles y, por el contrario, antes de enfrentar la occidentalización habrían intentado 
construir estructuras que serían consideradas de tipo moderno en el paradigma occidental. Al respecto 
véase el incisivo ensayo de Will P.-E.,"Chine moderne et sinologie", Annales, Histoire et Sciences 
Sociales, 49 Anné, 1, Jan-Fev 1994, pp. 6-27. 
9 Moore B. Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge, Mass., 1966. Contra esta 
Pero, desde la perspectiva más delimitada de democracia y dictadura, sí hay un buen caso 
iberoamericano puesto que, con muy pocas excepciones, nuestros países se europeizaron 
tempranamente, y la cultura política, al menos en las élites, y sectores medios, puede 
concebirse, con las debidas calificaciones, dentro de algún modelo general a la de Moore. 
 La modernidad es inconcebible sin el sistema mundial o el mercado mundial. Pero, qué 
determina en última instancia: ¿el sistema mundial o las sociedades nacionales? ¿Cómo son las 
interrelaciones de las naciones con el sistema mundial? ¿En qué consiste lo sistémico de éste?10 
La historia nacional hispanoamericana prueba que la evasión a estas cuestiones fundamentales 
llevó a un callejón sin salida.11 Sin acabar de constituir la nación, nos consideramos modernos 
con referencia al conjunto de estructuras, instituciones, concepciones, visiones y sentimientos 
occidentales, provenientes ora de la Independencia de los Estados Unidos, la primera revolución 
anticolonial y libertaria de la historia moderna, ora de la Revolución Francesa que, en un acto 
relativamente breve y sangriento, destruyó las clases dominantes del Antiguo Régimen y su 
Estado, y erigió en su lugar el Estado nacional de ciudadanos iguales ante la ley; o de la llamada 
Revolución Industrial inglesa que desató al Prometeo de la ciencia y la tecnología y que, 
aplicado a la producción, obtuvo incrementos extraordinarios de la productividad, y la 
profundización irreversible en la división social del trabajo.12 
 Siguiendo una idea de Touraine, aquí definimos la modernidad en torno a los atributos 
que debe tener una sociedad, mientras las modernizaciones se refieren a la movilización dirigida 
desde y por el Estado para lograr tales atributos, independientemente de cuáles sean los apoyos 
 
última posibilidad un grupo de historiadores latinoamericanistas norteamericanos trabajó, partiendo 
del supuesto que la experiencia histórica de América Latina llenaba los requisitos de generalidad que 
Moore buscaba en las tramas de modernización. No es de extrañar que hayan llegando a conclusiones 
bastante escépticas. Cf. Agrarian Structure & Political Power. Landlord & Peasant in the Making of 
Latin America, Huber E. y Safford F. (Eds.), Pittsburgh y London, 1995 
10 La noción de mercado es problemática. Véase al respecto el esclarecedor artículo de Hirschmann A. 
O., "Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?", Journal of Economic 
Literature, XX, 1982, pp. 1463-1484. Sobre las teorías del sistema mundial véase, Wallerstein I., The 
Modern World System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the 
Sixteenth Century, New York, 1974, y Gunder-Frank A., World Accumulation, 1492-1789. Para una 
crítica sociológica, Cf. Giddens A., Social Theory and Modern Sociology, Cambridge, 1993, pp. 34-36. 
 11 Dejamos apenas esbozada la tesis en "El Estado colombiano y la crisis de la civilización del siglo 
XIX", Palacios M., La delgada corteza de nuestra civilización, Bogotá, 1986, pp. 27-60. 
 12 Véase, entre otros, Moore, Social Origins, Ibídem; Hobsbawm E. J., The Age of Revolution, London, 
1962. Palmer R. R., The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 
1760-1800, New York, 1968. Landes D., The Unbound Prometeus. Technological Change, 1750 to the 
Present, Cambridge, Engl., 1969. Hughes J., Industrialization and Economic History, New York, 1970. 
en la sociedad.13 Por ello pueden emprenderse modernizaciones sin alcanzar la modernidad. 
Desde la perspectiva del fin del siglo XX, es fácil ver el fracaso de la concepción de la sociedad 
racionalizada que interpretó los conflictos propios del trance modernizador como una especie 
de oscurantismo intransigente ante "los progresos de la razón", ante el avance avasallador del 
matrimonio del capital con la ciencia y la tecnología. En el campo político, los siglos XIX y XX 
hicieron evidente la falsedad de la idea de que la administración pública racional y la ética de 
responsabilidad, derivadas de elecciones voluntarias racionales y competitivas, serían 
suficientes para sustituir "el manejo de los hombres" por "la administración de las cosas". 
 Hemos de aceptar, en suma, que sólo excepcionalmente la modernidad fue un proceso 
de expansión continua y autómata de "la razón, el placer y el gusto" conforme a los cánones de 
la Ilustración.14 Los nacionalismos y las revoluciones sociales del siglo XIX contribuyeron a la 
formación del socialismo real del siglo XX. Sistema caracterizado por la simbiosis entre un 
despiadado crecimiento económico que puso como uno de sus pivotes la organización de la 
ciencia, y la violencia del poder burocrático, asumida como organización científica de la 
sociedad. 
 El choque de las lógicas del interés nacional con las lógicas del capitalismo, condujo a 
dos guerras mundiales. Por ello fue tan fugaz el panorama internacionalista y secular que surgió 
de la Segunda Guerra. Pese a la globalización, hoy atestiguamos la vuelta de los nacionalismos, 
las limpiezas étnicas y los fundamentalismos religiosos. 
 El siglo XIX colombiano fue el siglo del proyecto modernizador liberal, enmarcado en 
las supuestas virtudes del mercado mundial. Las élites pudieron dedicarse a formar una nación 
moderna, entendida como nación occidental, culturalmente blanca,15 aunque asentada en el mito 
de la nación mestiza. Una muestra de que no todo salió bien se encuentra en la reciente toma de 
conciencia del pluralismo étnico, consagrado en la Constitución de 1991 como una secuela 
 
13 Touraine A., "Modernidad y especificidades culturales", Revista Internacional de Ciencias Sociales, 
p. 118, París, 1988. 
14 Sobre los orígenes de la modernidad, consultar Mandelbaunm M., The Anatomy of Historical 
Knowledge, New York, 1977 y Kosellek R., Critique and Crisis. Enlightenment and the Parthogenesis 
of Modern Society, Cambridge, Mass, 1988. 
 
 
 15 Ver, Safford F. R., "Race, Integration and Progress: Elite Attitudes and the Indian in Colombia", 
Hispanic American Historical Review, 71, 1, 1991, pp. 1-33; Ureña J., “La idea de heterogeneidad racial 
en el pensamiento colombiano: una mirada histórica”, Análisis Político, N° 22, mayo-agosto de 1994, 
págs. 5-25 
indudable del gaitanismo, y, la consiguiente revalorización de las culturas amerindias y 
afrocolombianas. Aquí tenemos un antídoto para el ideal eurocéntrico y un arma para la 
tolerancia. 
 Ser moderno es formar parte de un orden mundial. Aunque la actual Colombia haya 
sido uno de los reinos coloniales más periféricos de la monarquía española, y durante el gran 
empuje capitalista del siglo XIX y comienzos del actual, haya sido una nación aislada, sus 
hitos están pautados por los cambios del balance de poder internacional, las transformaciones 
en la base tecnológica de la economía mundial, la trayectoria de los sistemas jurídico-
filosóficos, las visiones y formas prevalecientes de organización que afectan lo que debe ser 
una escuela, un hospital, un poema, un burdel, una fábrica, una constitución política. El 
problema a investigar es cómo funcionan en la realidad y cómo se transforman a partir de sus 
paradigmas ideológicos originales. 
La Expedición Botánica: en los orígenes del economicismo 
 El legado que dejaron a la nación colombiana las fallidas reformas borbónicas del siglo 
XVIII, puede resumirse en que los proyectos modernizadores se diseñan, formulan y 
administran desde arriba, y su eje es el desempeño económico. En este economicismo que, a fin 
de cuentas, no es más que unaforma de racionalizar el poder dominante, radican 
simultáneamente causas y expresiones de las crisis periódicas de fragmentación política, 
debilidad institucional y falta de legitimidad estatal. 
 Correlato de las modernizaciones borbónicas, la Expedición Botánica fue el primer 
intento por trasformar las instituciones culturales y el papel del saber y de los sabios del reino. 
En la década de 1770, José Celestino Mutis, médico y antiguo catedrático de física y 
matemáticas del Colegio del Rosario, se volvió empresario minero en las oquedades de la 
Cordillera Central. Su mina era mediocre y, conforme a su formación y temperamento, Mutis 
concluyó que para recuperar la inversión debían introducirse mejoras técnicas derivadas 
directamente de las ciencias naturales. Asumiendo los riesgos, envió un joven neogranadino a 
Europa Central a estudiar mineralogía, docimasia y metalurgia. De vuelta, el pupilo llegó a la 
región de Ibagué, donde estaba la mina de marras, y a los pocos meses renunció súbitamente. 
Defraudado, el empresario declaró que la responsabilidad de formar especialistas debía 
corresponder al Estado, y no a los particulares. 
 Lo que Mutis no captó del todo bien fue que desde 1760 en España se había formulado 
claramente una política estatal en esa dirección y que venía desarrollándose a través de diversos 
programas de investigación y formación de científicos y especialistas. En el último tercio del 
siglo XVIII esta política tocaba las puertas americanas, bajo un signo colonialista moderno y 
con el propósito de que la riqueza americana sirviese para disminuir la creciente brecha 
económica, y por ende científica y técnica, entre España y las grandes potencias europeas. 
 Unos años después de su fracaso empresarial, Mutis aceptó del Virrey Caballero y 
Góngora la dirección de una de las empresas científicas más influyentes de nuestra historia 
nacional, la Expedición Botánica que, como otros proyectos similares en Hispanoamérica y el 
Océano Pacífico, giró alrededor de los programas de modernización borbónica en el frente 
naval, y de las investigaciones botánicas y mineralógicas. Independientemente de la calidad 
científica alcanzada, está muy claro que la Expedición fue un semillero de patriotas y fuente 
intelectual de la conciencia nacional.16 
 En la Expedición subyacen elementos de ese discurso determinista y economicista que 
terminará siendo hegemónico. Su concepción naturalista, orientada a promover el progreso, fue 
una manera de comprender las posibilidades y limitaciones del desarrollo material mediante la 
confección de un inventario de la flora, fauna, minerales, y una descripción precisa del sistema 
geográfico del país. Dicha concepción deja huella en los estudios geográficos del General 
Mosquera, y se destaca en los trabajos de la Comisión Corográfica y sus epígonos, incluyendo 
los de Francisco J. Vergara y Velasco a fines del siglo XIX. De allí surge una tradición, recogida 
en los años de 1930, época de reformas sociales y económicas, como puede apreciarse en la 
publicación de los tomos de la Geografía Económica de la Contraloría. 
 La trayectoria de esta tradición arroja luz sobre la fragilidad de las instituciones 
científicas idóneas para acometer investigaciones sobre la sociedad y su medio natural. Con 
pocas excepciones, como La peregrinación del Alfa de Manuel Ancízar, el aporte científico se 
limitaba a ordenar algunas estadísticas y datos históricos. Ninguno de los geógrafos 
colombianos cuestionó la ideología territorial que venía de la época colonial, según la cual la 
 
 16 Sobre la modernización bajo Carlos III, véanse, Llombart V., "La política económica de Carlos III. 
Fiscalismo, cosmética o estímulo al crecimiento?", Revista de Historia Económica, XII, 1, 1994, pp. 11-
39. Sobre la Nueva Granada, Cf. Pelayo F., "Las actividades mineras de José Celestino Mutis y Juan José 
Elhuyar en Nueva Granada", Revista de Indias, L. 107, 1990, pp. 455-71. Cf. también McFarlane A., 
Colombia before Independence. Economy, Society, and Politics under Bourbon Rule, Cambridge, Engl., 
1993, en particular el capítulo "Science and Sedition", pp. 272-293. 
orientación natural del país era norte-sur, sobre el eje fluvial Magdalena-Cauca, que comunicaba 
el centro andino con el mundo exterior, a través de la Costa Atlántica. No percibieron que tal 
imagen geográfica era una de las consecuencias de la conformación colonial y de la inserción 
al mercado mundial en el siglo XIX a través de “los productos coloniales”: oro, tabaco y café.17 
“El ideal de lo práctico” 
 Según Frank Safford, algunos sectores de las clases altas republicanas, que él llama los 
neo borbones, impulsaron la educación técnica como un medio para alejar a los jóvenes de las 
veleidades de la política, y para abrir su mente a los horizontes de la vida empresarial, 
productiva, racional. A las clases bajas les inculcaría disciplina social y laboral, frugalidad y 
hábitos de ahorro. 
 El objetivo de formar una élite técnica (con recursos privados o públicos, ambos escasos 
en todo caso) proseguiría a lo largo de los dos últimos siglos, y hace parte de la historia 
económica y empresarial y de la historia social e intelectual del país.18 Supone que las nuevas 
generaciones pueden socializarse y entrenarse en los conocimientos más avanzados y en la 
 
 17 Cf Lucena Giraldo M., “¿Filántropos u Oportunistas? Ciencia y Política en los proyectos de Obras 
Públicas del Consulado de Cartagena de Indias, 1795-1810”, Revista de Indias, LII, 1992, Números 
195/196, págs. 627-46. No sobra recordar que algunas porciones de la Jeografía de Felipe Pérez plagiaban 
los manuscritos inéditos de Codazzi que habían sido puestos bajo su cuidado. En la guerra civil de 1859-
61 el gobierno ordenó recoger el único libro hasta entonces publicado por la Comisión, considerado como 
una especie de almanaque subversivo que describía caminos e itinerarios y traía estadísticas detalladas 
sobre "hombres aptos para las armas", en cada población. Al doblar el siglo XIX los estudios y 
publicaciones de los naturalistas y científicos que recorrieron el país desde Humboldt y Boussingault 
hasta Hermann Karsten y Alfed Hettner, o para el caso las investigaciones etnolingüísticas de Jorge 
Isaacs, eran poco conocidos y quedarían a media luz durante algunos decenios más. Otro claro 
antecedente de intervención estatal en la tónica de fortalecer una institucionalidad científica, es la fallida 
reforma al plan de estudios universitarios propuesto en 1774 por Francisco Moreno y Escandón, a raíz 
del vacío dejado por la expulsión de los jesuitas en 1767. El plan contenía críticas moderadas al 
oscurantismo clerical, y una pausada insistencia en el papel central de la universidad pública y de la 
enseñanza de las ciencias naturales. Como se sabe, algunos antiguos discípulos de los jesuitas montaron 
el movimiento de Contrarreforma que se plasmaría exitosamente unos cinco años después. No obstante 
su transitoriedad y fracaso, el carácter moderno del plan de Moreno y Escandón contrasta con la actual 
intolerancia ideológica que, en este campo, va de la mano con el sistemático esfuerzo político e 
ideológico para deslegitimar la educación pública en todos sus niveles, pero principalmente en el 
terciario, o superior. Sobre esta reforma educativa, véanse, Francisco Moreno y Escandón, Indios y 
Mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII, (Melo J. O. Ed.), Bogotá, 1985, pp. 15-18, y 
Silva R., Universidad y Sociedad en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1992, pp. 113-129. 
 
18 Safford F. R., The Ideal of the Practical: Colombia's Struggle to Form a Technical Elite, Austin, Texas, 
1976. 
adquisición de los saberes y habilidades para manejar la tecnología del día, a condición de que 
la educación sea pertinente y de amplia cobertura. Una educaciónadecuada a los valores 
sociales. En el siglo XX, forma élites y civiliza al pueblo, según la aguda expresión de Aline 
Helg.19 Las élites capitalizan su formación, acumulan un capital cultural que las distanciará 
más y más del pueblo.20 Pero, ¿se ha civilizado el pueblo? 
 El ideal de lo práctico conoció límites estructurales de fácil enumeración: atraso 
económico medido por el bajo ingreso por habitante; el reducido tamaño y fragmentación 
geográfica del mercado interno; las bajas densidades de población y su aislamiento; el 
predominio de una intelectualidad entrenada en las letras y el derecho, que no necesitaba 
aventurarse en nuevos campos especializados y continuaba prefiriendo el control del lenguaje y 
de la gente sobre el manejo de las cosas.21 
 El porcentaje de estudiantes matriculados en escuelas primarias fue demasiado bajo a lo 
largo del siglo XIX. Por ejemplo: 1,2% en 1835; 1,5% en 1847 y 3,10% en 1873-74.22 De 
acuerdo con el Censo de población de 1870, sólo el 5.3% de la población en edad escolar atendía 
las escuelas públicas y privadas, de los cuales un poco más de la cuarta parte eran niñas.23 
 El escaso dinamismo de la economía no creó una demanda capaz de inducir el desarrollo 
de las empresas y de las profesiones orientadas por el ideal de lo práctico. Los técnicos debieron 
acudir al patronazgo estatal para obtener empleo. Eso parecen sugerir las hojas de vida de los 
ingenieros del oriente del país de la segunda mitad del siglo XIX, que Safford contrapone a los 
empresariales de la región antioqueña. Quizás una mirada más atenta a los dos grupos permita 
dulcificar un contrapunto tan bien marcado.24 
 
19 Helg A., Civiliser le peuple et former les élites. L'education en Colombie, 1918-1957, París, 1984. 
20 Sobre el concepto de capital cultural Cf., Bourdieu P., "The Forms of Capital", en Richardson J. C., 
(Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York, 1986. 
21Sobre los valores tradicionales de las élites latinoamericanas Cf., Hennesey A., "América Latina", en 
Ionescu & Gellner (compiladores), Populismo, Buenos Aires, 1970. También se puede ver nuestro 
ensayo sobre la cultura cachaca en Palacios M., "La clase más ruidosa", Eco, Revista de la Cultura de 
Occidente 54, diciembre 1982. 
22 Safford, The ideal, Ibídem, cuadros de las págs. 32 y 54 
23 Palacios M., Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, Bogotá, 1995, p. 17 
24 Obregón Torres D., Sociedades Científicas en Colombia. La invención de una tradición, 1858-1936, 
Bogotá, 1992, hace algunas observaciones en este sentido. Algunos describen la politización como una 
especie de subproducto de una cultura política elitista, formalista, divisiva y que gira alrededor del "botín 
presupuestal". La empleomanía sería una especie de extensión republicana de la mentalidad hacendataria, 
heredada de la Colonia. No es el momento de discutir interpretaciones de esta índole que encuentran su 
más completa formulación en Gillén Martínez F., El Poder Político en Colombia, Bogotá, 1975. Guillén 
 Parte integral de esta propuesta fue la educación artesanal y técnica para las clases 
populares, aunque al finalizar el siglo XIX sus resultados eran desalentadores. A pesar del 
predominio agropecuario de la producción, las pocas escuelas de artes y oficios estaban 
localizadas en los principales centros urbanos y requerían inversiones considerables. Ante la 
precariedad del Estado, la indiferencia de los empresarios, y cierta hostilidad de los artesanos 
establecidos, el relevo neo borbónico fue asumido por algunas comunidades religiosas 
masculinas y femeninas que en el período 1890-1950 crearon talleres y centros de aprendizaje 
en varias ciudades. 
 En el campo político, hubo que esperar al pacto constitucional de 1957, que obligó al 
Estado a invertir más recursos presupuestales en la educación, y, simultáneamente, se disiparon 
en el clero los peligros, reales o imaginarios que, tradicionalmente, había atribuido al papel 
estatal en este campo. 
Educación y conflicto religioso 
 Si la Expedición devino en politización vía las ciencias de la naturaleza, la abierta 
politización de la cuestión educativa nació con la república. En los albores republicanos se 
desarrolló una visión secular y liberal, heredera de la Ilustración, que consideraba la educación 
como un bien social básico. Según este informe ejecutivo de 1820, "cada ciudad, cada villa, 
cada parroquia, cada pueblo, debe tener su escuela pagada de los propios o de las contribuciones 
de los vecinos, a quienes asiste una obligación sagrada de propender a la educación e instrucción 
de los hijos que la naturaleza les ha dado... Las ciencias, las artes, la agricultura, la industria, 
progresarán a proporción que las primeras nociones de leer, de escribir y de la aritmética se 
hagan más vulgares".25 
 Se atribuyó a la educación el papel de difusora de los valores políticos del nuevo Estado, 
replanteándose la noción de la tradicional alianza del trono y el altar. No podía ser más 
transparente la filosofía liberal que inspiraba a los fundadores de la república. Justificando la 
 
especula sobre el papel del honor de las élites (en su acepción weberiana) en la formación de una 
"mentalidad hacendataria" que, pese al advenimiento del liberalismo representativo, habría cancelado 
cualquier posibilidad de que las ideologías desempeñaran un papel decisivo en la vida política. 
25 Administraciones de Santander, 1820-1825, López Domínguez L. H. (comp.), 5 vols., I, p. 12. A partir 
de estos postulados se desarrolló un concepto de financiamiento que, bajo diferentes modalidades 
administrativas, llega hasta mediados del siglo XX: la educación primaria quedaría a cargo de las 
comunidades locales, mientras que el gobierno nacional asumiría los costos de los niveles secundario y 
universitario. 
incorporación de los colegios-seminarios a la inspección oficial, se apuntó que "no sólo se educa 
a la juventud para el servicio de la Iglesia, sino también del Estado, que no es limitada su 
instrucción al canto llano, a la moral, a la liturgia y a la Sagrada Escritura, como la prescribe el 
Concilio de Trento, sino que se extiende a las ciencias naturales y abstractas, y al estudio de los 
derechos".26 
 En el mundo moderno educación es poder. De ahí que, en el viraje aristocrático y 
conservador de 1828, Bolívar pasara del ideal liberal a la condena de las doctrinas de Bentham, 
preludiando el conflicto por el control del sistema educativo. Rápidamente habría de 
transformarse en conflicto religioso: ¿quién tenía el derecho a trasegar en papel de soberano por 
ese inmenso espacio social que se llama educar: ¿la Iglesia o el Estado? Si la misión de la 
educación era trasmitir la verdad y la moral como Dios manda, ¿quién mejor para “representar 
al pueblo” que la Iglesia? He aquí la paradoja: la Iglesia ha aprendido el lenguaje de la 
Ilustración para hablar de tú a tú con el nuevo Estado republicano. En asuntos de “representación 
popular” ella se proclama más tradicional, más competente, más legítima, mejor organizada. 
 La pobreza, la dispersión de la población y la ruralización de la vida social tornaban 
quimérica la construcción de un sistema universal de educación primaria, exigencia republicana 
desde Condorcet. Pero, ideologías aparte, el sistema se erigía en lugares tan distantes 
culturalmente como Japón, regiones de la futura Alemania y en los Estados Unidos. Cuando los 
radicales lo intentaron en 1870, encontraron los mismos obstáculos de la Colombia bolivariana 
y santanderista: la pobreza de la población, la penuria fiscal y la precariedad administrativa del 
Estado. La tentativa condujo en 1876 a una guerra civil, y la cuestión educativa se inscribió 
irreversiblemente en el conflicto religioso hasta los inicios del Frente Nacional.Enfrascado en una agria disputa con la Iglesia sobre el derecho del Estado a educar, el 
presidente Carlos E. Restrepo (1910-14), un republicano de origen conservador, se amparó en 
una cita de Caballero y Góngora, el arzobispo-virrey. Dijo que el país que entraba al siglo XX 
necesitaba, al igual que en la Colonia, de "sujetos que sepan manejar el cálculo, el compás y la 
regla, más que de quienes entienden y discuten el ente de razón, la primera materia y la forma 
sustancial".27 
 
26 Administraciones, Ibídem., p. 13. 
27 Estas intervenciones de 1912 fueron recogidas en (Restrepo C. E.) Memoria del presidente al 
Congreso, 1914. Bogotá 1914, pp. 18-21. 
Según el censo de 1918, la educación primaria presentaba un cuadro de contrastes 
regionales correlacionado con el grado de desarrollo económico relativo. Pero en todas las regio-
nes, independientemente de su lugar en la escala nacional, la distancia entre la ciudad y el 
campo abrumó a los observadores. En la primera mitad del siglo XX se acentuaron estas 
diferencias regionales. Aun así, contrastaba el mayor interés de los gobiernos seccionales de las 
regiones andinas con la negligencia de los de la Costa Caribe o la fuerte influencia de la Iglesia 
en Antioquia y Caldas; Boyacá y Nariño, con su débil papel en el Valle y la Costa. 
Las tasas de escolaridad de los niños entre cinco y 14 años eran entre dos y cinco veces 
más altas en las capitales departamentales que en el resto de los municipios. Algo similar 
acontecía con los índices de alfabetismo: el promedio nacional estaba en el 32.5%, pero en 
Bogotá, de las niñas entre siete y 14 años, un 55% sabía leer y escribir, mientras que en la 
provincia de Girardot el 15% y apenas un 12% en la provincia cafetera del Tequendama; en los 
altiplanos estos índices solían ser superiores, como en la provincia de Guatavita donde se 
registraba un 25% de alfabetismo. En las provincias más rurales de los Departamentos de la 
Costa Atlántica, Nariño y Boyacá y en las de población predominantemente negra o india, el 
alfabetismo y la escolaridad eran todavía más bajos. Por ello resulta de interés destacar que en 
la pequeña y remota comunidad negra, anglicana y de habla dialectal inglesa de las islas de San 
Andrés y Providencia, los alfabetizados alcanzaban el 62.5%, casi el doble del promedio 
nacional (en Atlántico apenas llegaba al 41%, el 55% en Barranquilla y en Bolívar el 22%, y el 
33% en Cartagena) y superior al de todas las ciudades, incluidas Bogotá (61.5%) y Medellín 
(61.3%). No se tiene un conocimiento adecuado de las causas del temprano desarrollo educativo 
en San Andres; pero en el continente el individualismo agrario y la intensa movilidad geográfica 
estimularon poderosamente la educación.28 
En las capas populares la educación alimentaba las esperanzas de promoción social; 
saber leer y escribir, sumar y restar, presentaba un rostro de la oportunidad digna; una valoración 
positiva de la educación ganaba terreno en todos los grupos sociales. Si bien las élites 
modernizadoras acogían la idea de que la educación representaba una inversión en la formación 
de capital humano, no la concebían en pie de igualdad con la inversión en infraestructura física. 
 
28 Esta sección se basa en datos del Censo de población de 1918, en diversos informes estadísticos de 
la Contraloría de las décadas de 1920 y 1930, y en Helg, Civileser le peuple, Ibídem. 
Como la social, la pirámide educativa presentaba una base amplia y un ápice diminuto. 
La selección establecida entre un grado de educación y otro, entre el nivel primario y el 
secundario y entre este y el universitario encuentra una mejor explicación en la desigualdad de 
oportunidades que en la desigualdad de talentos o vocaciones. El dominio institucional de la 
Iglesia introdujo el filtro adicional de la ilegitimidad, más acentuada entre las capas populares 
de las regiones de clima cálido y en las de predominio negro y mulato. 
Las tasas de alfabetización femenina eran ligeramente superiores a las masculinas en 
Antioquia y Caldas en claro contraste con Boyacá, Nariño y Cauca. La expansión del comercio, 
los servicios y la industria fabril requerían una población mejor educada. En Medellín, por 
ejemplo, aunque el analfabetismo femenino superaba al masculino, en las industrias de hilados 
y tejidos y de cigarrillos y en las trilladoras de café, donde predominaba la mano de obra de 
mujeres, en su mayoría jóvenes y solteras, los índices de alfabetismo eran elevados. En las 
fábricas estaban por encima del 90% después de 1916 y en las trilladoras del 60% después de 
1918. Las comarcas campesinas artesanales de Santander, Boyacá y Nariño, hacían un claro 
contraste con el promedio Departamental: allí el alfabetismo femenino era más alto que el 
masculino. Debemos recordar que tanto en 1870 como en 1912 las mujeres representaban el 
70% del artesanado nacional. En las comarcas rurales artesanales, y aun en ciertas ciudades de 
tradicional artesana como Vélez, centro de los "bocadillos veleños", las mujeres disfrutaban una 
posición económica relativamente independiente, y se registraba un elevado índice femenino 
bajo la categoría ocupacional "patrones". 
En las veredas la deserción escolar era más generalizada que en las cabeceras 
municipales y en las ciudades, dado el papel de los niños en algunas faenas agrícolas, y de las 
distancias, a veces enormes entre las casas y las pocas escuelas. En consecuencia, una propor-
ción considerable de la población aprendió a leer o a leer y escribir bajo la tutela materna. 
Al comenzar la tercera década del siglo menos del 2% de los estudiantes inscritos 
terminaba la educación primaria, (todos ellos en las escuelas urbanas, puesto que en el campo 
sólo se enseñaba hasta el tercer grado) con opción para proseguir la secundaria "clásica", o 
"comercial". La mayoría de los estudiantes de secundaria, independientemente del tipo de 
colegio, provenía de las clases medias y altas. En 1923 los 30 mil estudiantes de secundaria 
representaban el 7% de los matriculados en primaria; el porcentaje de la matrícula femenina ya 
alcanzaba el 46% del total, aunque, hasta 1920, todas las secundarias femeninas eran dirigidas 
por religiosas. Puesto que las mujeres no ingresaban a la universidad, la secundaria (incompleta) 
les ayudaría a ser buenas esposas y madres. 
El desarrollo educativo bajo los regímenes conservadores se desviaba imperceptible-
mente de los grandes objetivos formalmente trazados y aún la misma educación religiosa sufría 
los embates de la secularización. Hasta la década de 1930 los colegios oficiales más prestigiosos 
e importantes fueron regentados por comunidades religiosas. Sin embargo, desde 1920 
aproximadamente fue más visible la preocupación del Partido Liberal por fundar instituciones 
educativas en todos los niveles. El cuasi-monopolio de las congregaciones eclesiásticas, 
particularmente en la educación secundaria y superior provocó resquemores. Así, la plataforma 
programática emitida en 1917 por la "Coalición Progresista" en respaldo de la candidatura 
presidencial de Guillermo Valencia, integrada por Liberales, Republicanos y Conservadores, 
dirigidos respectivamente por Benjamín Herrera y los futuros presidentes Eduardo Santos 
(1938-42) y Laureano Gómez (1950-53) consignó que la enseñanza de la historia de Colombia 
debía quedar exclusivamente a cargo de profesores colombianos. Esto en clara alusión a los 
planteles religiosos en que la proporción de profesores europeos era todavía muy alta. 
En la campaña electoral de 1929 algunos obispos y párrocos recordarían esta afrenta de 
Valencia y entonces lo acusarían de complicidad con las logias masónicas. La Convención 
Liberal de Ibagué de 1922 autorizó la creación de la Universidad Libre, que pronto abriría un 
colegio de secundaria y la deMedellín de 1924 invitó a los copartidarios a "retirar a sus hijos de 
los institutos eclesiásticos... y a procurar la fundación de planteles donde quede desterrada la 
influencia clerical y sectaria." 
Es difícil evaluar la acogida de esta directriz puesto que los valores políticos y sociales 
básicos se trasmitían por la familia, mientras que la educación formal sólo podía conseguirse 
por medio del sistema educativo. Las familias Liberales de las élites de provincia, por ejemplo, 
no tenían otra alternativa que matricular a sus hijos en instituciones religiosas. La Iglesia, 
empero, no podía copar todo el sistema. En las principales capitales comenzaron a proliferar 
secundarias privadas laicas y escuelas de comercio que, con pocas excepciones, eran empresas 
familiares de ex-maestros, de bajo nivel académico, explotadoras de las aspiraciones de 
educación y ascenso de las clases medias de modestos recursos. Hacia 1930 el estudio de 
algunos grados de secundaria era un requisito mínimo para obtener reconocimiento social. 
Verdaderos precursores de los actuales garajes universitarios que se propagan como cucarrones 
después de la lluvia en la capital colombiana. 
Subrayemos otra ruptura de matiz cultural entre la regeneración y el conservatismo de 
los primeros treinta años del siglo XX: el paso del hispanismo al afrancesamiento. En la 
educación de las elites el fenómeno no puede explicarse simplemente porque, con la excepción 
de los jesuitas, salesianos y dominicos, las principales comunidades religiosas que coparon el 
campo fuesen francesas (Los Hermanos Cristianos, las Hermanas del Sagrado Corazón, las 
Franciscanas o las de la Presentación). En las Facultades de la Universidad Nacional también 
predominaron las "escuelas" francesas. Los juristas formados entre 1910 y 1930 y que tuvieron 
inmensa influencia durante los gobiernos liberales (Darío Echandía, Eduardo Zuleta, Jorge 
Eliécer Gaitán, Carlos Lozano) se enorgullecían de ser calificados epígonos de los maestros 
franceses del derecho Civil y del Derecho Público o de los italianos de la escuela positivista del 
Derecho Penal. En la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que desde 
su fundación seguía a pie juntillas el currículo y las concepciones francesas sobre salud y 
enfermedad, el enfermo, la función y organización de los hospitales, éstas fueron reforzadas con 
la misión de tres profesores franceses, A. Latarjet, L. Tavernier y P. Durand quienes la pusieron 
al día en la reforma de 1930-31. 
La educación, se la entienda como parte de la administración pública o como sistema de 
difusión de valores, creencias y saberes, ha ofrecido un campo privilegiado a las pugnas 
partidistas y a las orientaciones valorativas características del período nacional. El control 
ideológico del sistema educativo está en el corazón de la secularización colombiana y sigue la 
cronología política: impulsada por los radicales, frenada por la Regeneración y los gobiernos 
Conservadores, reactivada por la república Liberal y en retroceso desde el 9 de abril de 1948 
hasta los albores del Frente Nacional. La educación ocupa un lugar estratégico en la movilidad 
social; en el crecimiento económico de largo plazo; en la socialización y resocialización. 
Según un informe oficial de 1936, el 90% de las escuelas oficiales no llenaban los 
requisitos mínimos de higiene; el 63% de la población en edad escolar no podía recibir 
educación por carencia de aulas y maestros; de los diez mil maestros, cerca de la mitad no tenía 
calificación alguna para enseñar y, en general, sus sueldos eran miserables. La reforma 
constitucional de aquel año se desarrolló legalmente mediante el establecimiento de un currículo 
obligatorio en todas las secundarias públicas o privadas; la resurrección del sistema nacional de 
inspectores de la época de Marroquín que tampoco pudo implementarse del todo en la 
administración de Olaya y que en esta quedaría delegada en las oficinas de inspección 
Departamentales; el fortalecimiento de un sistema oficial de colegios nacionales de secundaria 
que reclamaba sus orígenes en la administración del general Santander, y de escuelas normales 
que seguían la filosofía de la primera misión alemana de 1870, el impulso a la educación 
nocturna y la creación de un sistema de escuelas vocacionales rurales, complementarias, que 
intentaban enseñar un oficio a los estudiantes que hubieren aprobado la primaria. En la 
educación superior el gobierno de López modernizó la Universidad Nacional, y creó la Escuela 
Normal Superior. Política tildada de "comunista" por la Iglesia y los conservadores. Para estos 
la reforma violaba la libertad de enseñanza; para algunos pedagogos liberales moderados, erigía 
una centralización burocrática innecesaria. Esta tendencia centralizadora tuvo una respuesta 
inmediata en el magisterio, y en algunas ciudades promovió los sindicatos de educadores, rápida 
y hábilmente cooptados por el régimen político, y que serían hostigados hasta desaparecer o 
cambiar de bandera entre 1948 y 1958. 
Si en los municipios y aún en las regiones la lucha partidista comenzaba por el control 
directo de los empleos de maestros, en la inestable cúpula estatal se libraba una lucha por 
alcanzar el objetivo de una educación universal y laica, y por consolidar una mayoría electoral. 
Comercio exterior y eficiencia técnica 
 En este punto debe recalcarse el carácter periférico de la modernización económica 
colombiana. Periférica en cuanto que el motor del crecimiento económico no fue, ni ha sido, la 
continua promoción y adaptación al cambio tecnológico, sino las ventajas comparativas 
derivadas de las exportaciones de unas cuantas materias primas, dirigidas a unos pocos 
mercados.29 El crecimiento inducido por este tipo de integración agroexportadora al mercado 
mundial, relegó la importancia de universalizar la educación primaria: ni la minería de oro, ni 
el tabaco, ni la caficultura, requerían mano de obra calificada. La economía premiaba la liquidez 
 
29 A este respecto véanse, entre otros, Ocampo J. A., Colombia y la economía mundial, 1830-1910, 
Bogotá, 1984. Bejarano J. A., El régimen agrario: de la economía exportadora a la economía industrial, 
Bogotá, 1979 y Palacios M. El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política, 
segunda edición, México y Bogotá, 1983. 
monetaria y la diversificación de activos, en pocas palabras, al buen comerciante.30 Tal 
economía dejó en los márgenes la incorporación científico-tecnológica y ofrecía una base 
restringida solo al desarrollo de la ingeniería. Estos márgenes quedaron en el mejoramiento de 
una precaria y desordenada infraestructura de transportes, financiada y controlada por 
capitalistas extranjeros, adecuada al modelo regionalista agroexportador, que creó una modesta 
base de estímulos a los ingenieros colombianos. 
 En vista de la inexistencia de una administración pública moderna; del predominio de 
los intereses del patrimonialismo localista y regionalista sobre la racionalidad económica y 
técnica, y, de la escasez permanente de recursos financieros, a las puertas del siglo XXI los 
colombianos continuamos enfrentando problemas que en Europa y Estados Unidos se 
resolvieron en el siglo XIX y comienzos del XX: los transportes (vías, ferrocarriles, túneles, 
puentes, asfaltos, instalaciones portuarias, plantas de generación y redes de distribución de 
electricidad), la dotación de infraestructuras urbanas desde metros hasta acueductos, el 
desarrollo de la metalurgia y metalmecánica, la producción industrial de fertilizantes y derivados 
del petróleo, entre otros.31 
 
Misiones extranjeras 
 Las misiones de expertos extranjeros han marcado las pautas ideológicas de las 
modernizaciones colombianas. Refuerzan el ideal de la modernización desde arriba, y se 
acoplan al ambiente paternalista delas élites colombianas. Dan nicho y enormes alas a grupos 
sin responsabilidad política que sustituyen a los partidos y al Congreso y, desde la burocracia 
estatal, definen nociones de interés público en nombre de la razón y de una racionalidad técnica 
 
30 Esta hipótesis parece más verificable y plausible que la del carácter intrínsecamente especulativo en 
la economía exportadora del siglo XIX, tal como la fórmula Ocampo, Colombia y la economía, Ibídem, 
pp. 61-4. 
31 Al escribir estas líneas en 1994 se produjo el colapso de un precario puente sobre el río Ariari que dejó 
incomunicada una de las despensas agropecuarias del interior del país. Este hecho testimonia la 
antigüedad, atraso y debilidad de nuestra infraestructura de transportes. A primera vista la 
responsabilidad recae sobre el ministro o el gobierno nacional de turno. De hecho, implica un extendido 
sistema de patronazgo, desidia y corrupción administrativa, que obliga preguntarse ¿Cuántas veces han 
pagado los contribuyentes colombianos su inadecuada red vial nacional, desde que se planeó en 1931 
hasta la fecha? Esta es, evidentemente, una de las preguntas por la responsabilidad política: ¿Cómo puede 
ser democrático un Estado que no rinde cuentas a los ciudadanos? Véase Hartwig, Roads to Reason, 
Ibídem. 
que bien pronto cobra un hálito sacro y misterioso. Se apela a ellas para centralizar las decisiones 
y legitimar la redistribución del poder económico y social. 
 La cohabitación de los gobiernos con las misiones de expertos extranjeros, los efectos 
de largo plazo de las medidas recomendadas y adoptadas, esperan el análisis.32 
Independientemente de su relativo éxito, de la resistencia interna que enfrentaron, del impacto 
en la formación de especialistas colombianos, el técnico extranjero está más allá de toda 
sospecha: no prevarica con los intereses regionales y politiqueros. 
 En la década de 1920 las misiones respaldaron el proyecto de modernización estatal al 
servicio de la expansión de una economía agroexportadora que exigía mejorar la infraestructura 
física y desarrollar las instituciones financieras. Tres décadas después, estos dos aspectos serían 
prioritarios en los diagnósticos y recomendaciones de la Misión del Banco Mundial que arribó 
al país en el segundo semestre de 1949 dirigida por L. Currie. 
 Su informe, Bases de un programa de Fomento para Colombia, publicado en 1950, el 
de la CEPAL, El Desarrollo Económico de Colombia 1957, -que analiza el período 1925-1953- 
y el de la Misión Economía Humanismo del padre Louis Lebret, Estudio sobre las condiciones 
del desarrollo en Colombia, 1958, influyeron en la opinión pública, ampliaron el horizonte de 
los enfoques económicos y sociológicos y enseñaron nuevos métodos de análisis y recopilación 
de información. Sus diagnósticos mostraban qué tanto se había transformado Colombia desde 
la Primera Guerra Mundial y cuánto debía transformarse para ser un país moderno. Aportaron 
los vocablos desarrollo económico y economía del desarrollo, que se volverían moneda 
corriente en los planes de estudios de la universidad, en la literatura oficial y en la conversación. 
El Banco Mundial y la CEPAL tendrían, además influencia en el diseño de políticas de expertos 
colombianos. El contrapunto de las visiones, modelos y recetas de estas dos instituciones 
internacionales alimentó el debate público. De allí en adelante, las misiones fueron un asunto de 
rutina. 
 La Misión del Banco Mundial llegó al país cuando la violencia estaba alcanzando su 
clímax y al mismo tiempo se consolidaban políticamente los intereses industriales del desarrollo 
 
 32 En este campo es excepcional la experiencia de Currie L. quien dejó una importante contribución 
en Evaluación de la asesoría económica a los países en desarrollo: el caso colombiano, Bogotá, 1984. 
Sobre Currie, es de obligada lectura el trabajo de Sandilands R. J., The life and Political Economy of 
Lauchlin Currie. New Dealer, Presidential Adviser and Development Economist, Durham and London, 
1990. 
hacia adentro.33 El nacionalismo económico inherente a este tipo de modelos es uno de los 
tópicos de la literatura especializada. Los gobernantes de turno debieron atender las 
recomendaciones del Banco en cuanto a política monetaria, cambiaria y fiscal, o, como Rojas 
Pinilla, sufrir las consecuencias del cese del flujo de préstamos. No obstante, había márgenes 
como lo muestran la construcción de Acerías Paz de Río, en contravía de las recomendaciones 
del Banco Mundial, y el desafío público lanzado por el Presidente Carlos Lleras al Fondo 
Monetario Internacional, en 1966. 
 
Índices de modernización educativa 
 Al igual que la mayoría de países latinoamericanos, en los últimos cincuenta años 
Colombia ha experimentado profundos cambios en sus estructuras sociales y económicas con 
efectos en los valores y actitudes de la población. El país está mucho menos aislado del mundo, 
y los colombianos más integrados a una matriz cultural gestada y reproducida por los medios 
de comunicación social, en particular la radio y la televisión.34 
 Desde 1950 la población se triplicó; aumentó la esperanza de vida al nacer, y en 1993 
más de la mitad de la población era menor de 24 años. La mujer ingresó masivamente a los 
niveles secundario y terciario de la educación, y ya supera el 50 por ciento de las matrículas. 
También ingresó al mercado laboral formal, mostrando tasas de crecimiento muy superiores a 
las masculinas. 
 El tránsito de la sociedad rural a la urbana señala el cambio social por antonomasia de 
la segunda mitad del siglo XX colombiano. La población urbana pasó del 40% (1951) al 70% 
(1993). Si en 1950 Colombia todavía podía definirse como un mosaico regional, en 1970 ya era 
un país de ciudades, más integradas entre sí que con su hinterland agrario. Las migraciones 
fueron el principal factor del crecimiento urbano después de 1940. 
 
33 Sobre el ascenso de los industriales Cf. Sáenz-Rovner E., "The Industrialists and Politics in Colombia, 
1945-1950", Ph D. Diss, Brandeis University, 1992. 
34 Un estimulante libro de ensayos, Televisión y Melodrama, Martín-Barbero J. y Muñoz S. 
(Coordinadores), Bogotá, 1992 plantea que, a través de la telenovela, "la televisión como ninguna otra 
institución en América Latina, está aprendiendo a 'practicar' la posmodernidad, esto es, recuperar las 
anacronías al interior de un discurso que revuelve las más nuevas tecnologías audiovisuales con los 
dispositivos de narración y reconocimiento más tradicionales, e inclusive arcaicos", p. 13. 
 En estos procesos de cambio social subyace el dinamismo económico que puede 
expresarse en este dato: de 1925 a 1990 el tamaño de la economía nacional, descontada la 
inflación, se multiplicó 17 veces, al tiempo que el ingreso por habitante se cuadruplicó. Sin 
embargo, los niveles de desigualdad social no han disminuido apreciablemente. Todos estos 
cambios afectaron y continúan afectando instituciones sociales fundamentales como la familia, 
la Iglesia, la escuela o el sistema de justicia. 
 Como un ejemplo de estos cambios consideremos brevemente la educación. La oferta 
educativa, en todos los niveles, se amplió y descendió la vergonzosa tasa de analfabetismo de 
1951, del 39 por ciento al 12 por ciento en 1993. La demanda creció más rápido, de suerte que 
el desfase es todavía formidable: en 1985-89 terminó la primaria apenas el 57 por ciento de los 
niños que iniciaron el ciclo y en 1989 solamente el 86 por ciento de la población en edad escolar 
pudo matricularse en este nivel. Aunque aumenta la brecha entre regiones (el patético rezago de 
la Costa Atlántica, por ejemplo) y entre la ciudad y el campo, disminuyó un poco la que media 
entre la matrícula primaria y la secundaria. 
 El incremento de la ofertaeducativa no siguió el patrón secuencial de consolidar primero 
una educación primaria universal, erigir una secundaria masiva y desarrollar sobre ellas el 
sistema universitario. El comportamiento de la matrícula según niveles, refleja mejor la 
estratificación social que las llamadas políticas educativas. De este modo, al finalizar la década 
de 1970 la escolaridad promedio de la población alcanzó un pico de 8.1 años, para caer en la 
década siguiente. Algo parecido ocurrió con la cobertura de la escuela primaria que aumentó 
hasta 1978, para luego declinar, aunque se recuperó ligeramente a fines de los años ochenta. 
 Los especialistas atribuyen estas caídas al ajuste fiscal de 1984-86. Según el 
Departamento Nacional de Planeación, la desaceleración en la expansión educativa ocurría 
precisamente cuando la desigualdad en el acceso al sistema escolar era, después de la India, la 
peor del mundo.35 
 A pesar de su crecimiento, la escolaridad en la educación media exhibe una de las tasas 
más bajas para países de similar grado de desarrollo económico. La superior creció más 
rápidamente que los dos niveles previos. El principal factor de expansión del nivel terciario ha 
 
 35 Departamento Nacional de Planeación, Plan de apertura educativa 1991-1994. Mimeo MEN-DNP-
UDS-DEC-2518, marzo, 1991. Citado en Duarte Agudelo J. H., Education in Colombia During the 
1980s: Plans and Achievements. M. Sc. Thesis in Public Policy in Latin America, University of Oxford, 
1992, p. 6. 
sido la oferta privada en carreras nocturnas y de bajo costo por estudiante (derecho, economía, 
administración). Las tasas de escolaridad de este nivel pasaron de un 1.6 por ciento en 1960, a 
un 14 por ciento en 1993. Sin embargo, desde la década de 1960 se diagnosticó que la 
universidad empezaba a agotarse como medio de movilidad social.36 
 Al concluir el siglo XX en Colombia no se ha consolidado un sistema masivo de 
educación. Los porcentajes de la población que alcanzan a terminar la secundaria, un buen 
índice de una sociedad moderna, son todavía demasiado bajos: el 31 por ciento de los niños que 
inicia el ciclo escolar, porcentaje que bajaría más en relación con la cohorte de niños en edad 
escolar. La educación colombiana sigue exhibiendo un perfil dual en que un subsector estatal 
brinda educación primaria y secundaria de mala calidad. 
 En estas condiciones, y puesto que la educación continúa visualizándose como un 
medio de acceso privilegiado al sector moderno de la economía37, cualquier familia que esté en 
posibilidad económica de pagar educación de mejor calidad, lo hace. Es decir, el Estado 
colombiano no ha conseguido realizar el ideal democrático de ofrecer educación de buena 
calidad a toda la población, en cumplimiento de uno de sus deberes básicos y como método de 
integrar la sociedad y la nación desde el aula. En consecuencia, la oferta educativa privada no 
es supletoria de la estatal, sino una alternativa real.38 
 Aquí conviene disipar la idea de que la educación privada no cumple un papel esencial 
en la preservación de una sociedad democrática. Por el contrario, la educación privada permite 
que, una vez que el Estado esté en condiciones de garantizar educación de buena calidad a todos, 
las familias puedan escoger otros planteles por razones de preferencia, ideología, conveniencia, 
creencias religiosas. Se trata de la libertad de escoger. El titular legítimo de este derecho debe 
ser la familia, no el plantel, como suele ocurrir entre nosotros. 
 En todo caso, los sociólogos desertaron o fueron expulsados de temáticas cruciales como 
ésta y el vacío vino a ser llenado por expertos en economía educativa. Ante el déficit educativo 
en primaria y el alto costo para subsanarlo, se oye con más frecuencia el argumento de que el 
sistema de precios debe jugar un papel más activo en la asignación de recursos a la educación, 
 
 36 Cf. Rama G. W., El Sistema Universitario en Colombia, Bogotá, 1970. 
 37 Arnove R. F., Education Policies of the National Front en R. A. Berry et. al. (Eds.) Politics of 
Compromise, Coalition Government in Colombia, New Brunswick, N.J., 1980, pp. 381-411. 
 38 Facundo Díaz A., Crecimiento y desarrollo educativo en Colombia: Análisis del sector educativo, 
1958-1993, Misión CED, 1994. 
principalmente en los niveles secundario y postsecundario. Por tanto, que debe reducirse el papel 
del Estado en este campo. Un buen ejemplo de esta alternativa es la reforma constitucional 
propuesta por Fujimori, y aprobada en referéndum por los peruanos. 
 Este argumento olvida que los beneficios de la educación se distribuyen no sólo entre 
los estudiantes sino a la sociedad en su conjunto. La compra de servicios educativos de buena 
calidad, sobre todo en el nivel universitario, deja por fuera a los jóvenes pobres. Puesto que la 
educación ayuda a determinar el ingreso individual futuro, si se deja actuar tan sólo al mercado, 
aumentará la desigualdad.39 
 Los problemas centrales radican en los nexos entre los sistemas educativos y las 
estructuras sociales, en la debilidad de la educación para integrar la sociedad colombiana, en la 
brecha creciente entre el ideal meritocrático y las formas reales que asume la polarización social. 
Esos son los temas que deben ocupar el centro del debate público. Sin ofrecer un espacio 
institucional idóneo e independiente a las comunidades académicas que se ocupan de ellos, 
continuaremos con políticas politiqueras, desinformadas, erráticas e impulsados por la fuerza 
inercial de burocracias estatales anquilosadas y sindicalismos anacrónicos. 
 
Economicismo blindado 
 Es sintomático que uno de los resultados más significativos de una coyuntura política 
calificada de avance hacia la democracia (el proceso de la Constituyente y la Constitución de 
1991), haya sido el fortalecimiento del economicismo. Episodio que revela cómo una camarilla 
construyó ideológicamente una crisis nacional buscando una salida coyuntural.40 
 Si este origen desde arriba, de la nueva institucionalidad recuerda el del Frente Nacional, 
lo mismo puede predicarse de su desarrollo posterior. El proyecto de democratización y 
modernización de las instituciones fue quedando reducido a la aplicación ortodoxa, y con 
premura autoritaria, de la llamada reestructuración económica: liberalización, privatización y 
 
 39 Colclough C., “Who Should Learn to Pay? An Assesment of Neo-Liberal Approaches to Education 
Policy”, Colclouhg C. and Manor J. (Eds.) States or Markets? Neo-Liberalism and the Development 
Policy Debate, Oxford, 1991, pp. 197-213. 
 40 El papel de la "crisis nacional" en la implementación de reformas es analizado en Grindle M. S. and 
Thomas J. W. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of Reform in Developing 
Countries, Baltimore, 1991. En esta obra se considera que la reforma de 1966-68 emprendida por el 
gobierno de Carlos Lleras y que fortaleció la planeación como un elemento central de la política estatal, 
cabe en el esquema de "politics as usual", aunque fue un caso exitoso. 
descentralización fiscal. El sesgo voluntarista es notable: se confundió el concepto de 
liberalización comercial con el imperio del laissez-faire como ideología de Estado. Al final de 
su mandato, Gaviria pareció entender que más Estado y más mercado no era una fórmula 
contradictoria como asumió en los primeros tres y medio años de gobierno. Es decir que la 
liberalización económica requería la creación de instituciones modernas. 
 Tardíamente empezó a comprenderse que la liberalización comercial exige más Estado: 
"los análisis de las economías abiertas más exitosas del mundo, (de Europa y Asia) revelan un 
mayor parecido con los actuales sistemas socialistas que con la economía de mercado de la 
república liberal de AdamSmith"41. Un principio bien experimentado en Colombia: ¿cómo 
dejar de considerar la idoneidad alcanzada en más de medio siglo por las instituciones cafeteras 
colombianas?42 
 Sin embargo, desde mediados de los años 80 ganaba fuerza la idea de que se estaba 
exagerando en la crítica al Estado desarrollista. Un análisis más cuidadoso de las experiencias 
de los tigres asiáticos obligaba a la cautela. Por ejemplo, en un plano más concreto debió 
reconocerse que la base de la competitividad económica en los escenarios mundiales, provenía 
de la industria y de la capacidad empresarial y tecnológica desarrollada en la fase de sustitución 
 
 41 Bates R. H., Beyond the Miracle of the Market. The Political Economy of Agrarian Development 
in Kenya, New York, 1989, pp. 1-10. 
 42 La historia de la liberalización comercial comienza en la década de 1970. Entonces el Banco 
Mundial urgía "repensar y reformar Estado". La convocatoria tuvo efectos fulminantes en América 
Latina. Los grandes centros de difusión del modelo de industrialización sustitutiva y de sus doctrinas, 
(Argentina, Brasil, México y Chile) enfrentaban una profunda crisis estatal, originada en la deuda externa 
y en el consiguiente "ajuste fiscal". En algunos casos la crisis deslegitimizó las dictaduras militares, pero 
los nuevos gobiernos elegidos por el voto popular debieron enfrentar las consecuencias del ajuste. En 
este contexto, las "fallas del mercado" que en las décadas de 1950 y 1960 constituyeron el foco analítico 
y fundamento de las políticas económicas, (por ejemplo, el deterioro de los términos de intercambio para 
las materias primas en el comercio mundial) se convirtieron en las "Fallas del Estado”. Los "Estados 
desarrollistas" de las décadas de 1940-70 fueron acusados de desestimular y distorcionar el uso 
productivo de recursos públicos y privados. Como prueba de la mala administración macroeconómica, 
del exceso regulatorio y de la proclividad redistributiva, (el populismo económico), se adujeron los altos 
niveles de endeudamiento externo y los gigantescos déficits fiscales que le habían echado a perder la 
década a la América Latina, según la expresión de entonces. El Estado aparecía culpable del 
estancamiento y del franco deterioro económico, además de ser la fuente suprema de corrupción e 
ineficiencias. En consecuencia, debía darse la vía al mercado mediante la liberalización, (comercio 
exterior, inversión extranjera, y sector financiero), la privatización (todo tipo de empresas y bancos 
estatales, fondos de la seguridad social y algunos servicios) y la descentralización fiscal. Para ello el 
Estado debía redimensionarse, es decir, achicarse y perder funciones. Véase, Grindle M. S., "Sustaining 
Economic Recovery in Latin America: State Capacity, Markets and Politics", in Latin America's 
Economic Future, Bird G. and Helwege A. (Eds.), London, 1994, pp. 304-7. 
de importaciones. El problema que se planteaba era cómo crear instituciones adecuadas a la 
reconversión industrial en el contexto de la globalización. 
 El reconocimiento de las exageraciones en la crítica al Estado desarrollista partió de un 
hecho elemental: las políticas estatales suelen ser decisivas para que un país logre el crecimiento 
económico sostenido. Este requiere un doble reconocimiento previo: primero, que solamente 
las instituciones estatales pueden definir las reglas del juego de las organizaciones económicas, 
es decir, las condiciones mínimas de promulgación y aplicación del orden jurídico (los derechos 
de propiedad independientemente de cómo se definan éstos, la certidumbre de quien paga y 
quien recibe los costos en una transacción) dentro del cual transcurre la competencia económica 
entre las firmas.43 Segundo, que las políticas no se diseñan y ejecutan en un vacío social y que 
no pueden resultar de la aplicación de un modelo de equilibrio general, trazado en un tablero.44 
Por el contrario, aquellas que afectan intereses básicos (los derechos de propiedad por ejemplo) 
no pueden ser modificadas sino después de una transacción política, de un proceso de 
negociaciones en que tienen la iniciativa los intereses mejor organizados y mejor articulados a 
los políticos, a la prensa y a quienes en últimas toman las decisiones. 
 Por último, sólo el Estado puede manejar la macroeconomía, invertir en cierto tipo de 
infraestructura (como la educación en todos sus niveles o la salud pública) y responder a los 
problemas de desempleo, injusticia social y pobreza que, de no ser atendidos, crean inestabilidad 
y afectan la gobernabilidad.45 
 
 
 43 Según la teoría de la firme (Coase) los costos de transacción son la base de su existencia. Si la 
información y la aplicación de la ley a los contratos no tuvieran costos, serían superfluas las 
organizaciones económicas. Ergo, la firma, como organización que internaliza los costos de transacción, 
supone un Estado capaz de aplicar la ley. Para el análisis de este punto véase desde la perspectiva de la 
historia económica, Cf. North D. C., Intitutions, Instituional Change and Economic Performance, 
Cambridge Engl., 1990. 
44 Para una versión más matizada de este asunto véanse, Grindle and Thomas, Public Choices, Ibídem. 
45 Es cierto que Colombia no prosiguió una trayectoria tan nítida como la de los Estados desarrollistas 
latinoamericanos citados. Modalidades específicas de su desarrollo histórico, y en particular las 
condiciones estructurales (socioeconómicas y regionales) de la oferta cafetera, y la 
institucionalización de un mercado cafetero internacional altamente intervenido y regulado hasta 
1989, brindaron a la economía colombiana un cordón de seguridad suficientemente amplio. En los 
años 1945-75 el Estado pudo evadir los extremos del crecimiento hacia adentro y en los de 1975 a 
1990 los del crecimiento hacia afuera. Las causas de la estabilidad (y conservadurismo) de las 
políticas económicas obedecen a factores estructurales e históricos. Instituciones clave como por 
ejemplo el Banco Central y el gremio cafetero nacieron inmunes a la pugna bipartidista. 
Economistas y tecnócratas 
 Desde una perspectiva de modernidades y modernizaciones inconclusas, la 
interpretación del cambio social ofrece un amplio espectro, desde la idea de Juan Linz del 
divorcio entre la modernización social y económica y el arcaísmo de las instituciones políticas, 
cuyo más claro exponente es, en nuestra bibliografía, Jonathan Hartlyn46, hasta la idea de Daniel 
Pécaut,47 de que las burguesías cafetera e industrial copan el Estado al punto de impedirle 
autonomía, haciéndolo más débil y vulnerable. Este problema también puede enunciarse como 
el de un Estado deforme, estructuralmente desequilibrado. El fenómeno reviste mayor agudeza 
en cuanto los actores sociales que emergieron de las transformaciones sociales del siglo XX, se 
encontraron ante un bloqueo de representación política, cada vez más conflictivo con sus 
aspiraciones y expectativas. Esto se puso en evidencia después de 1948 cuando se cancelaron 
autoritaria y violentamente los procesos de expansión de la ciudadanía luego de tres décadas de 
movilización política y social. 
 Desde los mismos orígenes del Frente Nacional, surgieron como propósitos nacionales 
la superación del autoritarismo y de la violencia política; la institucionalización gradual de la 
participación ciudadana y el pluralismo político. Pero tales proyectos estaban atrapados en las 
lógicas del control oligárquico y de la guerra fría. Esto significó exclusión popular de las 
decisiones centrales del Estado, y prácticas de represión de las disidencias políticas, de 
contención y cooptación de los sectores populares y de las clases medias emergentes, mediante 
la ampliación de las redes de patronazgo y clientelismo, paliativos a la reconstrucción del 
camino hacia la ciudadanía.En este contexto, la reestructuración económica y la reforma de Estado nos remiten a la 
importancia de la cuestión tecnocrática. No cabe duda de la importancia del componente técnico 
idóneo en el manejo macroeconómico colombiano. Por ejemplo, el ajuste de 1984-86 -una 
masiva devaluación que no produjo ni inflación, ni recesión, y una severa contención de los 
salarios del sector público, replicado en los salarios del sector privado, que no produjo paros 
nacionales trágicos- se cita internacionalmente como un buen ejemplo de administración 
 
 46 Hartlyn J., The Politics of Coalition Rule in Colombia, New York, 1988. 
 47 Pécaut D., Orden y violencia en Colombia, 1930-54, 2 vols., Bogotá, 1987. 
macroeconómica.48 En todo caso puede contrastarse con la devaluación de 1962 para ver los 
frutos del aprendizaje tecnocrático. 
 Si el conocimiento económico fue indispensable para afianzar el modelo de sustitución 
de importaciones, los tímidos ensayos de liberalización de las décadas de 1970 y 1980 y la 
reciente reestructuración económica lo hacen más pertinente, y ya no sólo para el sector estatal.49 
 La tecnocracia colombiana ni tiene ni ha tenido un poder comparable al de la chilena o 
la mexicana. El caso chileno presenta una masa crítica de doctores en economía que, además de 
mantener espíritu de cuerpo, proponen a la sociedad una visión coherente y comprensiva. Los 
Chicago Boys fueron 30 economistas que terminaron exitosamente sus doctorados en la 
Universidad de Chicago, donde se convirtieron en incondicionales de Milton Friedmann. 
Marginados de "la revolución en libertad" de Frei (1964-70) y mucho más del "camino al 
socialismo" de Allende (1970-73), se fabricaron un nicho bajo "la revolución silenciosa", la 
dictadura de Pinochet, (1973-89), a la que proveyeron de un discurso racional y técnico. A las 
enseñanzas monetaristas de Friedmann, añadieron la receta de Hayek afirmando que los partidos 
y los sindicatos que habían gobernado Chile no representaban el pueblo. El régimen pinochetista 
se prestaba para experimentos de ingeniería social montados sobre tales premisas, y pocos 
anticiparon que se estaba abriendo el camino a la tecnocratización. 50 
 Los economistas chilenos de alto nivel que no encontraron la muerte, el exilio o las 
cárceles, perdieron sus contratos con las universidades o con las instituciones del Estado. 
Monjes estructuralistas, desde modestos centros de investigación se dedicaron a estudiar 
pacientemente las políticas económicas y alternativas de ingeniería social. CIEPLAN fue su 
principal refugio. El retorno de la democracia los llevaría a las posiciones burocráticas ocupadas 
por los Chicago Boys. Aparte de compartir un saber profesional, estos dos grupos tecnocráticos 
exhiben una vocación y un estilo modernizadores. 
 
 
 48 Véase por ejemplo Thorp R., Economic Managment and Economic Development in Peru and 
Colombia, London, 1991, pp. 183-90. 
 49 Echeverri Perico R., "El desarrollo del conocimiento económico y su institucionalización desde el 
Frente Nacional hasta nuestros días". Misión CED, 1994. 
 50 Sería fascinante emprender en Colombia un estudio similar al de Silva P., "Technocrats and Politics 
in Chile: From Chicago Boys to the CIEPLAN Monks", Journal of Latin American Studies, vol. 23, 
1991, Part. 2, pp. 385-410. Sobre México, ver, entre otros, Camp R. A., "The Political Technocrat in 
Mexico and the Survival of the Political System", Latin American Research Review, XX, 1, 1985, pp. 
97-118. 
El PhD.: ¿valor de uso o valor de cambio? 
 La base de una tecnocracia colombiana de alto nivel es reducida. Por ejemplo, hasta 
marzo de 1994 tan sólo 47 colombianos habían obtenido el doctorado en economía en 
universidades norteamericanas, una gran proporción de los cuales lo había hecho en economía 
agraria.51 Su valor político reside muy poco en la capacidad técnica formal -que evidentemente 
es competitiva en el ámbito latinoamericano y sigue mejorando- y más en la habilitación del 
papel de profetas sin responsabilidad social. Para los políticos son un equivalente funcional del 
experto extranjero. 
 Con excepciones, el reclutamiento de los altos cuadros administrativos en el área 
económica se da en Colombia en función de la conexión social (entablada en los bancos 
universitarios) o por el entronque familiar, es decir, parte de la disponibilidad de capital cultural 
heredado. En la medida en que la educación formal se vuelve un requisito, este adquiere la forma 
de capital educativo: dime dónde estudiaste y te diré quién eres.52 Esta es la base de la estrategia 
educativa de quienes aspiran a formar parte de la nueva policy elite, conformada por grupos 
unificados por un saber profesional, entrenamiento, valores sociales, y una visión economicista 
apta para formularse en opciones de política. 
 El éxito de la actual fase de modernización dependerá entonces de equipos de 
economistas, administradores, ingenieros industriales, politólogos y abogados de alto nivel que 
ya copan los nodos centrales. Su reclutamiento se hará más en las universidades e institutos de 
investigación de prestigio social, entre los altos ejecutivos del sector privado y en los 
organismos internacionales53. No cabe duda que la oferta de economistas, administradores e 
ingenieros industriales que demanda la gestión estatal es satisfactoria, pese a la desigual calidad 
de las 180 carreras aprobadas en esas tres áreas. (1993) 
 Su imagen se ha visto favorecida por el desempeño global de la economía en la década 
de 1980, más positivo que en la mayoría de países latinoamericanos.54 
 
 51 Llamamos arbitrariamente de "alto nivel" a los economistas que han obtenido doctorados. No a los 
llamados "candidatos al PH. D". Estos candidatos no cumplieron con un requisito básico: demostrar que 
tienen capacidad investigativa propia. Nuestros estimativos se basan en el Dissertation Abstracts on Disc 
del University Microfilm, UMI. 
 52 Bourdieau, "The Forms of Cultural Capital", Ibídem., y "Les trois etats du capital culturel", Actes 
de la Recherche en Sciences Sociales, 30, pp. 3-6. 
 53 Para el concepto de "Policy elite", Cf. Grindle and Thomas, Public Choices, Ibídem. 
 54 En esa “década perdida”, en Colombia se deterioraron algunos índices sociales, como las tasas de 
escolaridad en el nivel primario, aunque, según parece, mejoró la participación de los salarios en el PIB, 
 
El supuesto neoliberalismo colombiano 
 Rezagado de los principales países latinoamericanos, el Estado colombiano se embarcó 
desde 1988 en la vía de la revolución conservadora que, particularmente bajo la administración 
Gaviria, demostró el desinterés en construir instituciones. Más bien, como prueba el acoso a la 
Federación Nacional de Cafeteros, se trató de destruirlas. Como pocas veces en nuestra historia 
las decisiones estratégicas de economía se centralizaron férreamente alrededor de un mini 
gabinete presidencial dominado por economistas, (curiosamente faltaron los expertos en 
políticas públicas), y se defendieron con un celo estaliniano que hizo pensar en la emergencia 
de un pensamiento oficial. 
 El pragmatismo fue inocultable. A este respecto se menciona el proceso de 
negociaciones con los narcotraficantes (que desplazó del lugar prioritario acordado por la misma 
constitución a la negociación con las guerrillas) "para crear condiciones adecuadas al desarrollo 
de la libre empresa" desestabilizada por la violencia. Aquí se echaron por la borda principios 
fundamentales de la ética política y se optó por transar con los asesinos de Luis Carlos Galán55. 
Lo que no se entendió en el dogma gavirista fue que, aunque cruciales, los problemas de gestión 
y capacidad técnica y administrativa no son los más importantes de una reforma estatal