Pactoporlaequidadruralyel bienestardelapoblacioncampesina

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Pacto por la equidad rural y el 
bienestar de la población campesina. 
 
Mejorar el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, garantizando el derecho 
de la población campesina a la igualdad material y simbólica; fortaleciendo sus capacidades 
productivas y de acceso a la tierra con el fin de elevar las condiciones para el ejercicio de la 
democracia en la ruralidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NARRATIVA 
 
 
El campesinado es un sujeto de especial protección constitucional, que tiene una identidad 
cultural diferenciada y vive en condiciones de vulnerabilidad que, por lo tanto, tiene 
derecho a contar con políticas públicas con enfoque diferencial que tomen en cuenta esas 
condiciones. Lo anterior es tan claro que el campesinado cuenta con normas 
constitucionales especiales en su favor (arts. 64, 65 y 66 CP) y con todo un Corpus Iuris que 
lo protege en forma especial, como la Corte Constitucional lo ha señalado. Según la 
jurisprudencia constitucional, tal Corpus Iuris del campesinado (Sentencia C-077/17) 
comprende tanto los derechos para implementar una estrategia global de desarrollo rural 
(Sentencia C-021/94) a favor de la población campesina como los derechos que protegen la 
realización del proyecto de vida campesina (Sentencia C-077/17). Igualmente, sentencias 
como la C-536 de 1997 y la C-644 de 2012 han reconocido las condiciones de vulnerabilidad 
y discriminación histórica en que han vivido los campesinos, por lo que la garantía de sus 
derechos debe ser reforzada, catalogando al campo como un bien jurídico de protección 
reforzada y a los campesinos como sujetos también de una protección especial para 
garantizar su subsistencia a partir de su compleja relación con la naturaleza. 
 
La Comisión de Expertos elegida por el Estado colombiano y varias plataformas sociales 
campesinas plantearon que el campesino(a) colombiano es un: Sujeto1 intercultural, que se 
identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza; 
inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no 
remunerado y/o en la venta de su fuerza de trabajo. A pesar de que la anterior definición 
no esté operacionalizada estadísticamente, si es muy útil en tanto insumo conceptual. 
 
Sin embargo, existen numerosos estudios que permitirían un acercamiento focalizado a la 
realidad material de estas poblaciones. Por ejemplo, los resultados del Censo de 2005 
evidenciaron que cerca de 11.3 millones de personas habitan nuestra ruralidad, de las 
cuales 9.3 millones están dedicados a actividades rurales. Así mismo, según los datos de la 
Misión Para la Transformación del Campo cerca del 60% de los municipios que tiene 
Colombia deben considerarse como rurales y existe, fuera de ello, una población rural 
dispersa en el resto de los municipios, con lo cual la población rural representa poco más 
de 30% de la población del país. Por otra parte, muchas de nuestras ciudades intermedias 
e incluso grandes siguen teniendo una relación muy estrecha con las actividades 
agropecuarias. Nuestra “ruralidad” donde habita gran parte de nuestra población 
campesina, debe entenderse entonces como un continuo, que de hecho no desaparece aún 
en nuestras grandes urbes. 
 
 
1 “Sujeto campesino” es una categoría social que incluye a todas las personas, sin distingo de edad, sexo y 
género 
Debido a la historia y geografías heterogéneas de nuestro mundo rural y a las desigualdades 
que han caracterizado el desarrollo regional del país, nuestro campesinado abarca desde 
zonas relativamente desarrolladas y con una fuerte articulación con ciudades grandes e 
intermedias, hasta otras extremadamente pobres, generalmente en las regiones más 
apartadas del país. Abarca también desde zonas (mayoritarias en términos de territorio) 
donde predomina la gran propiedad hasta otras donde se asientan pequeños productores 
e incluso mini y microfundistas. 
 
En consonancia con el sólido marco nacional que establece a la población campesina como 
sujeto de especial protección, y en concordancia con la reciente Declaración de los 
Derechos de los Campesinos y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, 
aprobada en su versión final el 17 de Diciembre del año en curso por la Comisión Tercera 
Asamblea General de Naciones Unidas, el PND continuará con los esfuerzos estatales ya 
realizados en camino de lograr la igualdad material de los derechos de la población 
campesina por medio de 8 líneas estratégicas, a saber: i) acceso, formalización y 
territorialidades campesinas-áreas protegidas; ii) fortalecimiento economía campesina y 
adecuación institucional; iii) acceso a derechos; iv) infraestructura productiva; v) cultivos de 
coca, marihuana y amapola; vi) ambiente y cambio climático; vii) Mujer campesina; y viii) 
jurisdicción agraria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea 1. Acceso, formalización y territorialidades 
campesinas-áreas protegidas 
 
La tenencia de la tierra en Colombia se ha constituido de manera informal, desordenada y 
sin garantías jurídicas. Según el informe de la Misión para la Transformación del Campo “la 
tenencia de la tierra es informal, pues solo el 6 % de los municipios tiene un grado de 
formalidad total o casi-total, mientras que del 94 % restante, un 16 % se encuentra en 
informalidad total o casi total”. Es decir, que una cantidad muy baja de predios tienen una 
identificación completa de información catastral y de registro. 
 
Respecto al acceso, la realidad del campo colombiano es alarmante. El 37,4% de los hogares 
rurales tiene acceso a la tierra y, de estos hogares, el 59% presenta informalidad en la 
propiedad. Según el III Censo Nacional Agropecuario, las Unidades de Producción 
Agropecuaria (UPA) de menos de 0,5 hectáreas representan el 70,4% del total de UPAS y 
ocupan el 2,1% del área censada; en contraste, aquellas con más de 2.000 hectáreas 
participan con el 0,1% del total de las UPAS y abarcan el 70,5% del área censada. 
 
La dotación de tierras y la concepción de la propiedad agraria que se destina para los usos 
agropecuarios, la conservación de recursos naturales y el medio ambiente obliga a que su 
tenencia y aprovechamiento se orienten a la sostenibilidad de los beneficiarios con el fin de 
mejorar las condiciones de vida y bienestar comunitario. 
 
La dimensión territorial como atributo de los campesinos parte del reconocimiento de sus 
diferencias regionales como un elemento esencial en el relacionamiento con el Estado, su 
entorno, sus actividades, la naturaleza y sus decisiones políticas, culturales e institucionales. 
 
 
Objetivo 1 Formalización. 
El gobierno nacional impulsará acciones de formalización de la tierra y clarificación de los 
derechos de propiedad. 
 
 Se formalizarán 4 millones de hectáreas en el cuatrienio con especial énfasis en los 
procesos de sustracción de zonas de reserva forestal, así como en los municipios 
priorizados para el barrido predial y las zonas PDT 
 El Gobierno Nacional en concordancia con el Acuerdo Final de Paz desarrollará los 
mecanismos para la implementación del catastro multipropósito atendiendo los 
siguientes elementos: 
 Medioambiente y Reforma Rural Integral 
 Áreas de Especial Importancia Ambiental (AEIA), especialmente Áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, complejos de páramo y humedales. 
 Capacidad de los predios de generar servicios ecosistémicos en el marco de la 
función ecológica de la propiedad como una oportunidad de desarrollo. 
 Retos ambientales en el postconflicto - Opciones para el Medio Ambiente. 
 En cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de 
Tierras se crearán programas complementarios a los procesos de titulación, en 
relación a proceso de formación y capacitación en reforestación y gestión del agua. 
 Se ampliará la vigencia de la Ley 1448 con el objetivo de que la restituciónde tierras 
sea efectiva y garantice un mayor índice de víctimas restituidas. 
 
Objetivo 2. Acceso. 
Con el objetivo de avanzar en la superación de la pobreza rural y generar condiciones 
favorables para el desarrollo de la vida campesina con dignidad el gobierno nacional 
desarrollara las siguientes acciones de acceso a la tierra rural. 
 
 Será prioridad para el Gobierno Nacional reglamentar la operatividad del Fondo de 
Tierras para garantizar el efectivo desempeño en el acceso tierras. 
 Se expedirá un decreto reglamentario para la resolución de conflictos territoriales 
entre pueblos étnicos y campesinos. 
 Expedición de una resolución para concretar medidas administrativas para el 
fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y la creación de un fondo para 
el fomento de estas. 
 Fortalecer económicamente y el alcance del fondo para Subsidio Integral de Acceso 
a Tierra. 
 Garantizar el reconocimiento jurídico de los Territorios Campesinos 
Agroalimentarios como mecanismo para la defensa de la territorialidad campesina, 
garantizar el abastecimiento interno de alimentos, fomentando su gestión y 
administración por parte del campesinado. 
 
 
Objetivo 3. Territorialidad campesina y áreas protegidas. 
Con el objetivo de que las actividades antrópicas se desarrollen en armonía con los 
ecosistemas, el gobierno nacional impulsará medidas para promover el uso adecuado de 
la tierra de acuerdo a su vocación. 
 
 Se celebrarán contratos de aprovechamiento intransferibles para aquellos 
agricultores familiares que demuestren una ocupación mínima de cinco años de 
tierras ubicadas en zonas de reserva forestal y parques naturales. 
 La propuesta de desarrollo rural debe incluir en su componente de conservación una 
visión integral, cuyos focos sean los sistemas socioambientales con el objetivo de 
dar soluciones integrales. 
 Desarrollar metodologías participativas para las comunidades campesinas en el 
proceso de implementación del Plan Nacional de Zonificación Ambiental en el que 
se prioricen las zonas donde se desarrollan los PDET. 
 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al igual que la Alta Consejería para 
el Postconflicto, deben integrar el Registro Único de Ecosistemas y de Áreas 
ambientales (REEA) y el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) en un 
inventario denominado Registro Único de Áreas de Especial Importancia Ambiental 
(RUAEIA) con el fin de involucrar a las áreas de mayor relevancia de bienes y servicios 
ecosistémicos. Esto con el fin de fortalecer el SINA2 y así reunir las figuras 
ambientales como base para dar cumplimiento a la delimitación de “la frontera 
agropecuaria y al Plan de Zonificación Ambiental Participativa propuesto en el 
Acuerdo Final, contribuyendo a su vez con la actualización del Sistema de 
Información Ambiental de Colombia (SIAC). 
 El gobierno nacional generará un programa nacional con garantías para que los 
campesinos que habiten en áreas protegidas y áreas de especial interés ambiental 
tengan la posibilidad de transformar su producción a alternativas productivas que 
vayan en concordancia con la conservación. 
 Se creará un fondo nacional para la constitución de Zonas de Reserva Campesina y 
Territorios Campesinos Agroalimentarios como mecanismo para el cierre de la 
frontera agropecuaria, según lo estipula la ley 160 de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Sistema Nacional Ambiental: Conjunto de orientaciones, normas actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales orientados hacia el 
desarrollo sostenible (Ley 99 de 1993). 
Línea 2. Fortalecimiento de la economía campesina y 
adecuación institucional 
 
Si bien los sistemas productivos campesinos provienen de profundos arraigos culturales, en 
la actualidad el campesino colombiano es un sujeto multiactivo desde el punto de vista de 
su actividad económica. Si bien existe una estrecha vinculación con la tierra a través de 
actividades agropecuarias, es importante considerar otras actividades rurales que 
construyen con los diversos ecosistemas y con el manejo de la biodiversidad para su 
subsistencia y la de su hogar, además de prácticas productivas distintas a las actividades 
primarias, como son la transformación de los recursos naturales, manufactura de 
artesanías, elaboración de alimentos o bebidas en el hogar, así como la prestación de 
algunos servicios relacionados con el turismo 
 
La economía campesina ha soportado históricamente la alimentación de los colombianos, 
generando divisas con sus exportaciones, así mismo los campesinos se encargan de 
proteger las semillas y la biodiversidad; garantizando la disponibilidad de agua y de materias 
primas para la industria. Es decir, es el soporte de la soberanía alimentaria. Por lo tanto, es 
fundamental potenciar la capacidad del campesino para intervenir exitosamente en 
diferentes frentes de productividad no solamente en función de su subsistencia, sino para 
generar excedentes productivos que le permitan mejorar su calidad de vida y relacionarse 
armónicamente con su entorno natural. 
 
Objetivo 1. Fortalecimiento de la economía campesina 
Se mantendrá el impulso de sistemas productivos campesinos buscando que las familias 
campesinas sean autosuficientes y con capacidad de adaptación a los imprevistos 
económicos y al cambio climático. Igualmente se buscará incentivar la diversificación 
productiva intrapredial desde una visión asociativa y regional. 
 
 El Gobierno debe reconocer que la economía campesina como un modelo que 
le aporta riqueza al país soporta la soberanía alimentaria y garantiza los bienes 
naturales, para el consumo y bienestar de la población colombiana. En tal virtud 
deben expedirse normas que protejan y apoyen su crecimiento. 
 Se expedirán normas tributarias y de asociatividad que faciliten la organización 
de empresas campesinas y asociaciones para la producción. 
 Se fomentará la organización asociativa campesina para proveer los insumos con 
cero impuestos mediante producción propia y compras directas. 
 Se promoverá la producción y el uso de semillas criollas. 
 Se fomentarán los sistemas de riego de montaña con tecnologías apropiadas. 
 Se incentivará la producción de maquinaria, herramientas y aperos para mejorar 
la productividad y mermar el esfuerzo físico de la agricultura campesina. 
 Se promoverá un sistema de compras públicas que garanticen la compra de los 
alimentos a la producción campesina; en la misma dirección se fortalecerán los 
mercados campesinos. 
 Se construirán centros de acopio y distribución de alimentos administrados 
directamente por asociaciones campesinas. 
 Se apoyará el fortalecimiento y fomento de las agroindustrias campesinas, por 
medio de normas y políticas específicas que faciliten su establecimiento y 
crecimiento. 
 
Objetivo 2. Adecuación institucional para la producción campesina 
Con la intención de fortalecer la pequeña agricultura campesina y la Agricultura Familiar 
Consolidada, se transitará de un enfoque de «asistencia técnica» a uno de «extensión 
agropecuaria» en tanto ésta, además de involucrar apoyos técnicos puntuales para las 
labores agropecuarias, incluye también acciones de generación y transferencia de 
tecnología. De igual manera, se ruralizará la política financiera para el campo, buscando 
que esta responda a las dinámicas y lógicas del sector rural. La mejora en el acceso a 
financiamiento para la población rural y los pequeños agricultores es de vital importancia 
para lograr la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
 
 Se creará una institucionalidad pública para atender específicamente la 
economía campesina en todos sus ámbitos y componentes. 
 Se institucionalizará el sistema de campesino a campesino, para la formación de 
promotores agropecuarios. 
 Se garantizará la asistencia técnica gratuitapara los pequeños propietarios 
campesinos y para sujetos gratuitos de ordenamiento social de la propiedad 
rural. 
 Se debe iniciar un programa de investigación de impactos del cambio climático 
y medidas para su adaptación en las economías campesinas 
 Se crearán líneas de acceso a crédito para la producción campesina con bajos 
intereses. Igualmente se deben fortalecer las iniciativas de ahorro y crédito 
mediante respaldo normativo y capital semilla. 
 Se establecerá una política pública de apoyo a la agroecología fundada en los 
siguientes elementos: el fomento a las escuelas de agroecología; y el 
establecimiento de zonas piloto para la reconversión agroecológica con una 
propuesta integral de apoyo, acompañamiento y seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea 3. Acceso a derechos 
 
El campesinado se encuentra en condiciones de extrema pobreza frente a otros grupos 
poblacionales. La Misión para la Transformación del Campo resalta que existe una brecha 
en materia de pobreza extrema y multidimensional entre las zonas rurales y urbanas, que 
se refleja especialmente en el acceso a determinados derechos y servicios. En efecto, 
continúa la Misión, la clase media alcanza el 11% en comparación con el 39% existente en 
las zonas urbanas, lo que demuestre que el 89% de la población rural es pobre o vulnerable. 
Así mismo, el índice de pobreza multidimensional en centros poblados y zonas rurales 
dispersas fue del 37% en 2017, más del doble del promedio nacional, que es 17% y más de 
3 veces el urbano, que era en ese año 11,4%. 
 
La Encuesta de Calidad de Vida de 2016 también evidencia las brechas entre campo y 
ciudad. Por ejemplo, la cobertura de acueducto en las cabeceras municipales es del 97.5% 
y de 60.1% en la zona rural, y la de alcantarillado es de 93.6% y 17.3% respectivamente. La 
asistencia escolar de personas entre 17 y 24 años 65.4% en las áreas urbanas y 32.2% en la 
rural. 
 
De este modo urge continuar una intervención decidida del Estado en las áreas rurales con 
un alto grado de precariedad y de invisibilidad de las manifestaciones autóctonas de 
nuestro campesinado. En tazón de lo anterior se plantea una actuación buscando el 
reconocimiento de la cultura campesina, la caracterización del Campesinado colombiano; 
así que una mayor eficiencia estatal en ítems tan importantes como educación, salud, 
seguridad social, primera infancia, deporte y recreación. 
 
Objetivo 1. Caracterización del Campesinado colombiano 
En el periodo 2018-2022, el gobierno nacional elaborará una serie de mediciones 
estadísticas que den cuenta de la situación del campesinado en Colombia de manera 
integral. La necesidad de estas mediciones corresponde a diagnósticos del Plan Nacional de 
Desarrollo como la limitada capacidad institucional para mejorar la competitividad 
agropecuaria y las condiciones socioeconómicas de pobladores rurales, frente a lo cual se 
propone el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria y la 
implementación del Plan Estadístico Nacional del sector, en el marco del Pacto por el 
emprendimiento y la productividad y la línea de Campo con Progreso. 
 
 El Estado delimitará el concepto de “campesino” a partir de una visión integral 
del mismo que sirva de base para la formulación de políticas públicas que 
permitan garantizar el derecho a la igualdad de los y las campesinas de 
Colombia. 
 Se tomarán en cuenta los avances logrados en la mesa convocada por el 
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para hacer seguimiento a la 
Sentencia 2028 de 2018, en la que participan el DANE, organizaciones 
campesinas y una comisión de académicos. 
 Durante la vigencia de este Plan Nacional de Desarrollo, el DANE deberá 
incorporar criterios objetivos (como los modos de producción) y de 
autorreconocimiento para la identificación del campesinado en las mediciones 
en que sea pertinente, tales como la Encuesta Nacional Agropecuaria, la 
Encuesta de Calidad de Vida, la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la Encuesta 
de Uso del Tiempo, entre otras. Estos ejercicios servirán de alistamiento y 
pilotaje para una Encuesta Nacional Campesina, que deberá realizarse antes del 
año 2022, así como para la inclusión de la categoría “campesino/campesina” en 
el próximo Censo Poblacional. 
 El gobierno nacional incluirá la categoría “campesino/campesina” en los 
diferentes sistemas de información e indicadores de evaluación de políticas 
públicas. Tal es el caso del Sisbén, los sistemas de información catastral, los 
programas de adjudicación y acceso a tierras, créditos e incentivos 
agropecuarios, entre otros. 
 
Objetivo 2. Educación campesina e intercultural adaptada a nuestros contextos rurales 
Hay un alto grado de analfabetismo en el campo (11,5 por ciento de los mayores de 15 
años), Según el Censo agropecuario el 20% de los niños y jóvenes entre 5 y 16 años no asistió 
a ninguna institución educativa; el 73% está al cuidado de sus padres o de alguien en la casa, 
y solo el 16 por ciento de los menores recibía asistencia a su crianza en un jardín infantil. 
Según el DANE, más de la mitad de los jefes de hogar solo tiene un mínimo grado de 
escolaridad: básica primaria el 59,7%. 
 
El presente PND se acogerá a los Lineamientos de Política Educativa para la población 
campesina consignados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS de Naciones Unidas. 
Lo anterior significará que Colombia buscará implementar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad en los contextos rurales. 
 
 Las secretarías de educación de las entidades territoriales, o los organismos que 
hagan sus veces, en coordinación con las Secretarías de Agricultura de las mismas, 
orientarán el establecimiento de Proyectos Institucionales de Educación Campesina 
y Rural. Se incorporará la formación técnica agropecuaria en la educación media 
(décimo y once). 
 La educación rural campesina buscará ajustarse a los entornos agroecológicos, 
socioculturales y económicos en que se encuentran estas poblaciones. Los 
programas de formación deben comprender temas como, por ejemplo, la mejora de 
la productividad, la comercialización y la capacidad para hacer frente a las plagas, 
los patógenos, las perturbaciones del sistema, los efectos de los productos químicos, 
el cambio climático y los fenómenos meteorológicos conexos 
 Los hijos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales 
recibirán una educación acorde con su cultura, y con todos los derechos que figuran 
en los instrumentos de derechos humanos. 
 Colombia fomentará las iniciativas de colaboración equitativas y participativas entre 
el ámbito de la agricultura y el de la ciencia, como las escuelas prácticas para 
agricultores, el fitomejoramiento participativo y los centros de salud vegetal y 
animal, a fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las dificultades inmediatas y 
emergentes a las que se enfrentan los campesinos y otras personas que trabajan en 
las zonas rurales. 
 En el caso de la implementación de la jurisdicción especial sustentada en los 
Decretos Autonómicos (decreto 2333 y decreto 1953 de Octubre 7/2014), se hace 
necesario el conteo de la población tanto indígena como campesina, y la 
caracterización del poblamiento en los territorios a intervenir. Además, toma 
importancia el reto de construir políticas públicas incluyentes y diferenciales para 
garantizar el desarrollo y la salvaguarda de los derechos de las poblaciones 
campesinas que pueden quedar como poblaciones minoritarias en territorios 
declarados indígenas a pesar de no ser jurisdicciones homogéneas. 
 En materia de educación técnica, tecnológica y profesional, el país debe profundizar 
las iniciativas que facilitan el acceso de la población rural tales como: la oferta de 
cursos de formación presencial del SENA; la articulación de la educación media a la 
técnica en los mismos colegios; la oferta de programas de los Centros Regionales de 
Educación Superior (CERES); la construcción de nuevas sedes territorialesde las 
universidades públicas; y los apoyos de sostenimiento a la población vulnerable que 
accede a programas de educación superior y que requieren de su traslado a otro 
lugar de residencia. 
 
Objetivo 3. Aumento de cobertura y calidad de la salud rural 
La desatención en salud cobra miles de vidas de los sectores más vulnerables del sector 
agrario como la niñez, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. 
Los niveles de desnutrición infantil constituyen un asunto alarmante de salud pública. Por 
lo tanto, esta línea de salud busca que la población campesina goce de un derecho real y 
efectivo de salud como respuesta al rezago existente en las zonas rurales. 
 
En este orden de ideas es necesario pasar de una visión en la cual la afiliación al sistema de 
seguridad social garantiza el acceso, a una afiliación en la cual haya seguridad de una oferta 
adecuada e innovadora de servicios. Esto significa desarrollar un modelo dual, que continúe 
con los subsidios a la demanda en los centros urbanos, pero que fortalezca los subsidios a 
la oferta en los municipios rurales y rurales dispersos con alternativas flexibles y móviles, 
con énfasis en promoción y prevención. Estos modelos son fundamentales para eliminar las 
barreras de acceso y acercar la oferta a las familias, especialmente en los municipios más 
dispersos, es decir, donde los servicios de salud deben llegar a la gente en vez de 
meramente esperar que la gente llegue a los servicios. 
 
 Generar participación con las comunidades campesinas con enfoque de derechos 
en sus políticas de salud. 
 Reducción de mortalidad materna e infantil en zonas rurales de difícil acceso. 
 Acompañamiento de equipos interdisciplinarios por el número de habitantes para 
las zonas rurales más vulnerables (Zootecnista, Enfermera, Técnico agrónomo, 
Nutricionista). 
 Se replicará el piloto del modelo de atención flexible en salud en zona rural dispersa 
con énfasis en atención primaria mural y extramural que actualmente lidera el 
Ministerio de Salud en Guainía. 
 Como complemento al enfoque familiar y comunitario, se incrementarán las 
alternativas de atención flexibles, como los puntos de salud móviles, o las redes 
comunitarias según dispersión de la población y características geográficas de los 
municipios. 
 
Objetivo 4. Seguridad social 
La seguridad social del campesinado es una línea fundamental para disminuir su pobreza y 
vulnerabilidad en el campo, como de sus actividades. Debe ser entendida a la luz del 
reconocimiento del campesinado como un sujeto vulnerable y de especial protección 
constitucional, proactivo al desarrollo de la economía campesina y familiar. Pues es 
imperioso abarcarlo en un escenario amplio por fuera de su sola categoría de trabajador 
agropecuario. Dado que sus otras actividades están encaminadas al desarrollo de su cultura 
campesina. Por lo tanto, se considera que las actividades como trabajador rural 
subordinadas a un contrato, proporciona condiciones de exclusión y marginalización del 
campesinado, con base en negar garantías de acceso a tierras y proyectos de desarrollo 
rural de economía campesina, así mismo también al desarraigo de su cultura. 
 
 Es así como la seguridad social debe ser transversal al mejoramiento de las 
condiciones de vida del campo y al desarrollo de una seguridad social con enfoque 
territorial, de género; teniendo en cuenta las labores de cuidado de las mujeres 
campesinas, las cuales deben incluir la dignificación de las labores del campesinado. 
 Para avanzar hacia la integralidad de programas de promoción social, se creará el 
Sistema Nacional de Información y Focalización, el cual centralizará el proceso de 
identificación y selección de los potenciales beneficiarios de los programas dirigidos 
a la población pobre y vulnerable, usando criterios poblacionales y territoriales, con 
base en la Plataforma Única de registro de programas sociales y que estará unido al 
Sistema Nacional de Transferencias, para los programas de complemento de 
ingreso. El Sistema de Información diferenciará las etapas de la focalización, 
separando las funciones de identificación, con un énfasis nacional y de selección y 
asignación, las cuales se harán en territorio y con criterios específicos según cada 
programa. 
 
Objetivo 5. Deporte y recreación 
Nuestro campesinado tiene muchos saberes en torno a la utilización del tiempo libre y el 
deporte que constituyen elementos fundamentales de nuestras culturas campesinas. Son 
muchos los talentos deportivos que son de oriundos de la familia campesina, mucha 
población en condición de discapacidad que no está en registros estatales son también de 
este origen y la herramienta que más cohesiona en las regiones rurales es el deporte y la 
cultura, es el patrimonio inmaterial el que está en posibilidad de rescatar por parte del 
Estado. 
 
 Se creará un Centro de Estudios Deportivos que generará elementos de decisión y 
valoración social, económica, científica y cultural para todos los sectores urbanos y 
rurales, permitiendo cumplir eficientemente la misión y visión de Coldeportes como 
es el caso del deporte y uso del tiempo libre del campesinado. 
 Se fortalecerá la capacidad institucional de las entidades territoriales municipales 
para garantizar los mínimos de la población campesina en deporte. 
 Se formalizarán los procedimientos para la contratación de los coordinadores de 
IMDER bajo criterios de meritocracia. 
 Se crearán los Juegos Deportivos Nacionales Rurales Campesinos, como el máximo 
evento deportivo del país en disciplinas convencionales, olímpicas y de destrezas 
particulares con participación de la sociedad rural, campesinas y se realizara en 
categoría abierta cada dos (2) años una vez expedida el PND 2018-2022, con el 
objeto de promover y fortalecer los procesos de integración y desarrollo deportivo 
del campo colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea 4. Infraestructura Productiva 
 
La adecuación de tierras y el riego aumentan la productividad. Una mayor y mejor 
infraestructura vial reduce los costos de transacción, contribuye al bienestar de la población 
al reducir también los costos de transporte no asociados a la producción agrícola. Por todas 
esas razones, el gasto público en bienes básicos para la agricultura crea beneficios que 
trascienden los de cada uno de los productores y permanecen en el tiempo. Por todo ello, 
si se quiere reorientar y acelerar el desarrollo rural, la financiación de ese gasto debe ser 
considerada prioritaria por el Estado. 
 
De acuerdo con el DNP, la red de carreteras del país cuenta con 214.946 km, de los cuales 
17.423 km corresponden a red primaria, 43.327 km a la red vial secundaria y 141.945 km a 
la red vial terciaria. Esta se distribuye, a su vez, en 27.577 km a cargo del Instituto Nacional 
de Vías (Invías), 13.959 km son administrados por 21 departamentos del país y 100.409 km 
están bajo responsabilidad de los municipios; los 12.251 km restantes son de particulares. 
 
Otra área de gran atraso en infraestructura es, sin duda, la de riego y regulación de 
corrientes de agua. El país carece incluso de una evaluación clara de las necesidades, que 
se ha hecho evidente con los problemas que generan las inundaciones en años recientes. 
 
Los programas de desarrollo rural tendrán como beneficiarios a las comunidades locales y 
a él o los municipios que conformen un territorio. En función de sus objetivos de desarrollo 
productivo, proveerán bienes públicos relacionados con la producción, agregación de valor, 
comercialización (centros de acopio, distritos de riego, centros de asistencia técnica, 
información y apoyo empresarial, etc.) y, en general, todo lo referido a inversiones y 
capacidades para dinamizar la economía del territorio y para hacerla más incluyente. 
 
 
Objetivo 1. Vías para fortalecer la pequeña producción y la seguridad alimentaria 
La falta de infraestructura de transporte es una de lascausas del rezago de amplias regiones 
y zonas rurales. Muchas son las razones para que ello sea así, ya que la conectividad que 
esa infraestructura posibilita entre las zonas rurales en donde tiene lugar la producción 
agropecuaria y los centros de acopio o comercialización de esa producción reduce los costos 
de transporte de los productos finales, de los insumos y de los otros bienes. Además, esa 
infraestructura incrementa los encadenamientos de esa producción con la de otros bienes 
y servicios y contribuye al bienestar de la población al facilitarle el acceso a servicios como 
la educación, y la salud. Es posible advertir que, en este campo, el país requiere un gran 
salto en materia de vías territoriales (secundarias y terciarias). 
 
 Respecto a las vías terciarias, donde el atraso es considerable, se establecerá en el 
corto plazo normativas e incentivos para que el mantenimiento y mejoramiento 
tenga un enfoque activo y no reactivo, y obedezca a criterios técnicos, económicos 
y sociales. 
 El PND acogerá los retos que la Misión para la Transformación del Campo se trazó 
en una ventana de mediano plazo. De acuerdo con la Misión de aquí a 15 años el 
país pasará de un 6% de vías terciarias pavimentadas actualmente a un 22%, y se 
reducirán las vías en tierra de 24% a 0%. Además, se espera que todas las vías 
pavimentadas queden en buen estado. 
 El presupuesto de inversión en vías terciarias aumentará del 0,3% al 0,5% del PIB y 
debe contar con un esquema de cofinanciación (72% en promedio a cargo de la 
Nación) que tendrá en cuenta la capacidad de los municipios (aportes menores de 
los municipios más pobres) e incentivará la participación de los entes territoriales 
(incluyendo con recursos de regalías). 
 
Objetivo 2. Adecuación de tierras (riego y drenaje). 
Una de las grandes limitaciones que afrontan los campesinos para mejorar su actividad 
productiva y su calidad de vida es la relacionada con la disponibilidad y manejo del agua en 
sus parcelas o fincas. La falta de infraestructura de riego dificulta la diversificación y la 
tecnificación de su producción. La falta de drenajes adecuados conlleva a la pérdida de sus 
cosechas en períodos lluviosos. Las obras de adecuación de tierras que se han adelantado 
en el país tienen numerosas falencias. La mayoría de los distritos de pequeña irrigación, 
específicamente orientados a atender agricultura familiar o campesina, están 
abandonados. Adicionalmente, el país no ha hecho un esfuerzo importante en el desarrollo 
de tecnologías para la captura, almacenamiento, distribución y aplicación del agua para 
irrigación con estrategias de bajo costo de recolección, almacenamiento, conducción y 
utilización del agua para riego. 
 
La adecuación de tierras, entendida como la prevención de inundaciones, la regulación 
hídrica, el drenaje y el riego para la producción agrícola. La prevención de las inundaciones, 
la regulación hídrica y el drenaje de grandes extensiones son actividades que por su 
naturaleza producen beneficios a grupos relativamente grandes de productores y 
campesinos. Por ello, y porque tienen características de bienes públicos, éstas deben ser 
actividades a cargo del Estado y que se financien con recursos de los presupuestos públicos. 
 
 El Estado dará apoyos directos a los campesinos para que desarrollen proyectos de 
riego de carácter asociativo. 
 Los distritos pequeños, así ́ como los mecanismos económicos de captura, 
almacenamiento y utilización del agua, y las estrategias de retención del agua en el 
suelo, hacen parte de la estrategia de inclusión productiva y agricultura familiar y se 
financiaran a través del Fondo de Desarrollo Rural 
 
 
 
 
 
 
Línea 5. Cultivos de coca, marihuana y amapola 
 
Colombia es considerado uno de los países más biodiversos por su alto endemismo y por la 
concentración de especies sin parangón en el mundo entero. Los ecosistemas estratégicos 
del país garantizan los bienes y servicios ambientales necesarios para el bienestar social y 
el desarrollo económico de la nación. El incremento y expansión de los cultivos de uso ilícito 
incide en la desaparición de los cultivos tradicionales, o la desaparición del sistema de 
bosque en las zonas de frontera agrícola. Pese a la ausencia de estudios oficiales con 
mediciones detalladas de la presencia de cultivos de uso ilícito en ecosistemas estratégicos 
(zonas de reserva forestal, parques naturales y territorios colectivos), se sabe que en las 
áreas en las cuales la biodiversidad corre mayor riesgo, como resultado de actividades 
antrópicas, tienen fuerte presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. En 
consecuencia, afrontan una doble presión: la de los cultivos y la de las operaciones 
indiscriminadas de aspersión aérea con glifosato. 
 
La reducción sostenible de los cultivos declarados ilícitos será una consecuencia del 
cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones y de su presencia constante e 
integral en los territorios, implementando la reforma rural integral para la transformación 
de los territorios, superando un enfoque restrictivo anclado en la apuesta por la seguridad. 
 
Objetivo 1: Crear las condiciones para formalizar la tenencia de la tierra. 
El crecimiento y la expansión de los cultivos coca, amapola y marihuana se relaciona 
íntimamente con problemáticas rurales estructurales, como la falta de acceso, uso y 
formalización de la tierra, pobreza, incapacidad del Estado de proveer bienes y servicios a 
sectores de la población rural, y de acceso a mercados. 
 
 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en coordinación con la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) fortalecerán el programa gratuito de 
formalización masiva de la propiedad rural y de adjudicación de tierras, en beneficio 
de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. El programa incluirá medidas 
específicas para facilitar el acceso a las mujeres rurales y sus asociaciones. 
 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) implementará un programa 
de subsidio integral para la compra de tierras en beneficio de los campesinos sin 
tierra o con tierra insuficiente, en las zonas con mayor presencia de cultivos de coca, 
amapola y marihuana. Este contara con medidas específicas para facilitar el acceso 
a las mujeres rurales y sus asociaciones. 
 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en un plazo no superior a 
tres (3) años finalizará el plan de zonificación ambiental que, entre otras, delimitará 
la frontera agrícola y las áreas que por su importancia ecológica requieren un 
manejo especial. Las comunidades rurales asentadas en las áreas que requieren un 
manejo ambiental especial de acuerdo al plan de zonificación, serán incluidas de 
manera concertada, en los programas y planes de desarrollo campesino para la 
conservación, creados de manera coordinada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR), los cuales contaran con acompañamiento técnico agropecuario y 
económico para la reconversión productiva y la recuperación comunitaria de 
bosques. 
 
Objetivo 2: Superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas 
vinculadas al cultivo de coca, amapola y marihuana. 
La mayoría de quienes tienen esos cultivos, lo hacen porque no tienen otras alternativas de 
subsistencia y muchas veces son víctimas de la represión del Estado que quiere erradicarlos 
y, a la vez, de la violencia de actores criminales involucrados en la producción y tráfico de 
drogas y violencia generalizada, entre otras. La producción de coca, amapola y marihuana 
constituye un fenómeno complejo, en el que el aumento de las áreas cultivadas viene 
acompañado por un deterioro general de la gobernabilidad, la seguridad, del tejido social, 
y de las oportunidades de integración económica para el desarrollo. 
 
 Con el propósito de facilitar el tránsito de los campesinos vinculados a los cultivos 
de coca, amapola ymarihuana hacia economías legales, el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), entregará en su totalidad el 
esquema de medidas de asistencia y apoyo contemplados en el Plan de atención 
inmediata y en el PNIS, a las comunidades rurales y familias campesinas inscritas a 
través de la suscripción de pactos colectivos y/o contratos individuales para la 
sustitución, obtendrán 
 El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 
reestructurara los planes integrales de desarrollo municipales, en los territorios con 
presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana, los cuales se reorientaran hacia 
la sustitución voluntaria y la reconversión económica del conjunto de la región, para 
ello, se construirán e implementaran de manera concertada con las comunidades 
campesinas, y de acuerdo a las particularidades de cada región proyectos que 
incluyan actividades agrícolas, pecuarias, ecoturismo, artesanales y otras de interés 
comunitario, que generen alternativas de ingreso para las comunidades campesinas. 
Una vez se haya logrado la estabilización de los proyectos productivos sustitutos, 
constituyéndose en una alternativa segura y sostenible de subsistencia para los 
campesinos, se realizará la erradicación de las matas de amapola, coca, y marihuana. 
 Los planes integrales de desarrollo municipales facilitarán la articulación territorial 
de las estrategias de vivienda, educación y conectividad rural, para ello se asegurará 
que las comunidades, familias y personas inscritas en el PNIS accederán a los 
programas y planes contemplados en cada una de estas estrategias. 
 El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las universidades públicas 
y el Sena diseñaran e implementaran una línea de investigación y formación rural 
comunitaria para el desarrollo de emprendimientos basados en usos potenciales de 
las plantas declaradas ilícitas y permitir aprovechar su potencial para usos 
tradicionales, médicos, nutricionales y científicos, agroindustriales, asegurando que 
los beneficios lleguen a las poblaciones involucradas en su cultivo y de modo que 
puedan generar desarrollo industrial con valor agregado para el país. 
 El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las universidades públicas 
y el Sena diseñaran e implementaran una línea de formación rural comunitaria para 
el desarrollo de circuitos productivos de economía solidaria. 
 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Educación Nacional y sus 
entidades técnicas adscritas, garantizaran que los procesos de sustitución cuenten 
con apoyo técnico que fortalezca las capacidades instaladas en los territorios y 
empodere a las organizaciones locales, incluyendo a las organizaciones de mujeres 
rurales. 
 Se implementarán programas de seguros de cosechas y subsidio integral para el 
desarrollo de proyectos productivos y actividades sustitutas de los cultivos de coca, 
amapola y marihuana. 
 
Objetivo 3: Construcción de paz y trasformación territorial para la sustitución definitiva 
de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana. 
La agenda adoptada históricamente en el país contra las drogas ilícitas ha enfatizado el uso 
de la fuerza sobre los cultivos de uso ilícito y la criminalización de los campesinos 
cultivadores, sin lograr resultados importantes en la disminución de la oferta. En los 
municipios más afectados por estos cultivos el 65% de las personas viven con necesidades 
básicas insatisfechas. Por lo tanto, se requiere un cambio de enfoque, que estructure una 
respuesta que atienda asertivamente las causas estructurales de la presencia y aumento de 
los cultivos declarados ilícitos, como, la pobreza rural, la incapacidad del Estado de proveer 
bienes y servicios a sectores de la población rural, la falta de acceso, uso y formalización de 
la tierra y de acceso a mercados. 
 
 Se tramitará una reforma al marco normativo actual, que permita la renuncia de 
manera transitoria al ejercicio de la acción penal, la extinción de la sanción penal, la 
extinción de la pena o la aplicación del principio de oportunidad, con el objetivo de 
dotar de garantías los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de coca, 
amapola y marihuana. 
 En virtud del principio de precaución se suspenderán las acciones de aspersión aérea 
y terrestre de compuestos químicos que puedan afectar la salud y el ambiente. 
 En las zonas en donde se adelanta el PNIS y en donde las comunidades campesinas 
han manifestado su voluntad de iniciar de procesos de sustitución voluntaria de 
cultivos de coca, amapola y marihuana no se adelantarán acciones de erradicación 
forzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea 6. Campesinado, ambiente y cambio climático 
 
Los campesinos se encuentran en territorios fundamentalmente rurales donde habitan 
hombres, mujeres y niños, quienes a través de sus diferentes maneras de apropiar el 
entorno obtienen productos e ingresos con los cuales procuran su subsistencia; los cuales 
son base también para la construcción de redes y relaciones con su comunidad. Por lo 
anterior, la vida campesina se constituye en una red de relaciones sociales expresadas 
territorialmente en comunidades, veredas, corregimientos, minas, playones, entre otros y 
se desarrolla en relaciones con los ecosistemas configurando la diversidad de comunidades 
campesinas. 
 
Es por ello, que el territorio se entiende como un espacio socialmente construido por sus 
habitantes, quienes desarrollan allí la mayor parte de su vida política, económica y social. 
En este espacio confluyen relaciones sociales, una historia compartida, la identidad y 
diversidad cultural y étnica, así como instituciones, una estructura ecológica y productiva 
similar. Es así como un territorio no necesariamente es un espacio geográfico delimitado en 
términos políticos y administrativos. En consecuencia, los territorios campesinos se definen 
y se caracterizan en el marco de su relación con el espacio físico en el que vive el campesino 
y el conjunto de interacciones sociales, económicas, históricas y culturales que establece. 
En tal medida es posible decir que el espacio propiamente rural exhibe una creciente 
interacción con los espacios urbanos y viceversa. 
En este sentido, los campesinos se ubican tanto en zonas rurales como en las urbanas, sin 
perjuicio de que la mayor parte del tiempo que dedican a su trabajo se desarrolla en el 
campo; se desenvuelven en espacios que hacen parte de su territorio como red 
fundamental de supervivencia. 
 
Bajo el anterior contexto, los campesinos colombianos han desarrollado a través de la 
historia diversas interacciones antrópicas que les permiten asumir desde anclajes 
espirituales sus diversas relaciones con la naturaleza. Esto a hecho que se vayan 
construyendo unas relaciones de respeto y reciprocidad entre hombre y naturaleza que es 
la base de la sobrevivencia de los seres humanos en el planeta. Por lo tanto las 
intervenciones de megaproyectos extractivistas, minero energéticos y patentes de la vida; 
son amenazas que hoy enfrentan los territorios campesinos. Por eso se debe establecer 
acciones ambientales para garantizar una convivencia en armonía con su entorno. 
 
Objetivo 1. Educación ambiental 
 Se crearán programas de formación ambiental en planeación del entorno, manejo 
de agua, suelo, vegetación y residuos sólidos de la mano de cada municipio. 
 
Objetivo 2. Predios locales protegidos para el agua y la diversidad biológica. 
 Se elevarán elevar las Tasas por Uso de Agua (TUA) para usuarios de acueductos de 
medios y altos ingresos y el sector industrial y extractivo no conectado a acueductos. 
 Se propone que el 60-70% del recaudo por TUA, con los incrementos planteados, se 
invierta en las cuencas donde se genera el servicio y la totalidad del incremento en 
el recaudo proveniente del sector agropecuario. Las fuentes de agua de los acueductos y sistemas de riego de comunidades 
campesinas deben ser adquiridos por el Estado colombiano y entregados en 
protección a los habitantes de la localidad para su restauración vegetal y protección. 
 
Objetivo 3. Agua y acueductos comunitarios. 
 El mantenimiento del agua, en cantidad y calidad adecuadas, se sustentará en 
tecnologías eficientes, modernas y tradicionales. Esto requerirá mejorar la 
infraestructura obsoleta en los sistemas de abastecimiento y disminuir los 
agroquímicos, favoreciendo el uso de insumos orgánicos. En el marco de la 
agricultura familiar se debe promover el desarrollo de modelos productivos basados 
en la agroecología. 
 Los acueductos de las zonas rurales deben ser comunitarios y sus nacimientos, 
cuencas y microcuencas no deben ser privatizadas. Debe existir un programa de 
mejoramiento y fortalecimiento administrativo de los acueductos comunitarios 
veredales. 
 
Objetivo 4. Adaptación al cambio climático. 
El cambio climático es el fenómeno natural de mayores impactos en el comportamiento de 
los seres vivos tanto vegetales como animales. Es quien regula los periodos de lluvia y sequia 
con cambios en los tiempos y en las temperaturas. Esto generará impactos fisiológicos y 
seguramente genéticos de las especies, trayendo consigo crisis de adaptación que 
seguramente aseguran la migración del campesinado. 
 
 Se debe generar programas de investigación aplicada para el manejo de agua y 
adaptación de semillas nativas para la alimentación. 
 Se debe generar tecnologías para la conservación, preparación de comida para 
humanos y animales para periodos largos de sequía como se van a presentar. 
 Se deben diseñar sistemas productivos, fincas e instalaciones que permitan resistir 
los periodos de sequía y de lluvia prolongados. 
 Para superar el enfoque de uso del suelo, que desconoce sus atributos 
estructurantes y vocación, la planificación ambiental se fortalecerá, teniendo en 
cuenta las diferencias regionales y los factores de vulnerabilidad al cambio climático 
que pueden desencadenar mayor degradación 
 
Objetivo 5. Consultas populares frente a megaproyectos. 
 Donde se tramiten licencias ambientales para la construcción de proyectos, 
mineros, energéticos y de hidrocarburos se deben hacer y respetar los resultados de 
las consultas populares. 
 
 
 
Línea 7. Mujer campesina 
 
En Colombia se estima que el número de campesinos es aproximadamente 10.5 millones y 
la mitad son mujeres. En la última década aumentó casi a un 28% la participación de las 
mujeres como cabeza de hogar en el campo. El 24% del total de trabajadores de las 
unidades de producción agrícola permanente son mujeres. Las cifras anteriores son un 
reflejo de la violencia que enfrentan las áreas rurales, que afecta sobre todo a los hombres 
y que tiene como efecto que las mujeres se queden al frente de las familias. Por lo tanto, 
las mujeres campesinas enfrentan condiciones más agudas de pobreza y violencia 
intrafamiliar. 
 
La Misión para la Transformación del Campo señala que la situación de las mujeres rurales 
es peor que la de los hombres rurales y la de las mujeres urbanas. Según el Tercer Censo 
Nacional Agropecuario, el 12.6% de las mujeres rurales mayores de 15 años son analfabetas 
frente al 12.4% de los varones. Sumado a esto, las mujeres rurales tienen menores y peores 
oportunidades de trabajo remunerado debido a, entre otros, una carga excesiva de tareas 
de cuidado sin remuneración ni reconocimiento. De hecho, la Encuesta Nacional del Uso del 
Tiempo (ENUT) precisa que las mujeres en Colombia dedican a diario un promedio de 7 
horas 23 minutos a las labores del cuidado no remuneradas; mientras, en el campo, las 
mujeres rurales dedican aproximadamente 8 horas 12 minutos 
 
De igual manera la posesión de los títulos de propiedad de la tierra rural en cabeza de 
mujeres es bastante incierta, pero se asume que es muy inferior al de su contraparte 
masculina. Por lo tanto el que las mujeres campesinas cuenten con un título de propiedad, 
para poder lograr mejores condiciones, no solo en cuanto a las decisiones de uso que se 
toman sobre los predios, también, sobre otros ámbitos de la vida, como por ejemplo: en 
qué se usa el capital económico construido a partir del trabajo en la parcela, cómo se toman 
las decisiones familiares, las posibilidades de participación política, las decisiones en cuanto 
a las relaciones de pareja, entre otras. De manera que, contar con un título de propiedad 
no solo impacta la autonomía económica de las mujeres, también otros escenarios donde 
la autonomía, como toma de decisión con condiciones para sostenerla, pueda verse 
ejercida. 
 
Objetivo 1. La mujer rural como sujeto central de la política pública agraria. 
Los miembros del hogar campesino, en especial las mujeres, realizan labores productivas, 
domésticas y de cuidado no remunerado, que son esenciales para la reproducción de las 
familias y las comunidades, así como para la generación de riqueza en el país. 
 
 Se reglamentará e implementará la ley 1413 de 2010 (economía del cuidado) de 
manera que no solo se dé apoyo, igualmente diferenciado, para crédito, asistencia 
técnica, maquinaria y proyectos productos, sino que se reconozca dicha economía 
como productiva. 
 Se reglamentará y volverá operativa la Ley 731, bajo un enfoque intersectorial, 
abordando todos los ámbitos de su competencia (producción, educación, salud, 
tierra y participación política). 
 
Objetivo 2. Promoción de los derechos y prevención de la violencia 
Aunque las mujeres se encuentran organizadas alrededor de la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, el camino por recorrer hacia el logro de estos ideales es 
aún enorme. 
 
 Se combatirá de manera decidida la altísima prevalencia de la violencia contra las 
mujeres, los niños y las niñas, buscando disminuir las tasas de violencia sexual, física 
y psicológica. 
 Se apoyará sistemáticamente el liderazgo femenino en las comunidades rurales por 
medio del desarrollo de actividades que ayuden a mejorar la autoestima, los 
cuidados del cuerpo, la esencia de ser mujeres y el reconocimiento del cuerpo como 
el principal territorio donde habitamos para hacerlo respetar, exigir sus derechos y 
lograr transformaciones para prevenir la violencia intrafamiliar. 
 
Objetivo 3. Participación política de las mujeres campesinas 
El liderazgo femenino en las comunidades rurales es sistemáticamente amenazado por la 
sociedad tradicional y patriarcal que cuestiona las capacidades de realización y desempeño 
de las mujeres en escenarios públicos, promueve la violencia y la discriminación, asignando 
a las mujeres el espacio doméstico, impone códigos de conducta que son factor de exclusión 
y discriminación, sancionando a aquellas que, desde una posición autónoma, intentan 
transgredirlos. 
 
 Además de reforzar la identidad campesina de las mujeres, se retroalimentarán sus 
conocimientos con aportes técnicos y políticos para subsistir y permanecer en el 
territorio desde su esencia femenina. Se buscará generar en las mujeres cambios 
en sí mismas, que valoren y reconozcan sus cualidades, ser más críticas frente a sus 
vidas y generando discusiones frente a los diferentes problemas de la familia y la 
comunidad dando así la oportunidad de ampliar los ámbitos de interacción e 
inclusive ocupar espacios de decisión, y generar reconocimiento, liderazgo en las 
mujeres en los diferentes escenarios donde ellas han sido recurrentemente 
relegadas. 
 Se generarán alternativas que les permita aportar a la economía de sus familias, las 
comunidades, y en el mismo desarrollo rural. Desde ese punto de vista y conscientes 
además, que la dependencia económica es generadora de violencias contra las 
mujeres, se busca diseñar propuestas productivas, que les generen recursos 
económicos a las mujeres. 
 
 
Objetivo 4. Salud Sexual y Reproductiva. 
Se masificará el reconocimiento de los derechossexuales y reproductivos de la población 
en general, con especial atención de los de las mujeres, trabajando el tema de manera 
integral, en lo posible involucrando las instituciones educativas. 
 
 
 
Línea 8. Jurisdicción agraria 
 
Nuestros conflictos territoriales han guardado una estrecha relación con las disputas por el 
acceso a la tierra. En nuestro país los conflictos por la tierra han sido mediados a través de 
reglamentaciones, en las que se visto competencias entre actores económicamente fuertes 
frente a otros con recurso escasos. 
 
Sin embargo, de manera complementaria, a la ya clásica lucha por la tierra, el modelo de 
estado multicultural implementado en Colombia ha incentivado las subjetividades étnicas, 
afrodescendientes e indígenas; así como un sistema diferencial de derechos. Esta situación 
en la ruralidad colombiana se ha vuelto potencialmente conflictiva en tanto enfrenta una 
diversidad de concepciones, trayectorias, principios de organización del territorio y de 
percepciones en torno a lo público. 
 
Así mismo las anteriores problemáticas se producen en un contexto de pobreza y exclusión 
social que exacerba las tensiones por la competencia de espacios de representación y de 
acceso a derechos diferenciados entre poblaciones organizadas en torno a intereses por el 
acceso a la tierra, o alrededor de elementos étnico-culturales. Esta situación se torna 
urgente de resolver si se considera que, en diferentes lugares del país, las poblaciones 
rurales habían mantenido históricamente un uso compartido del territorio. Sin embargo, 
conviene resaltar que, si bien el acceso diferencial a derechos entre las poblaciones 
segmentadas identitariamente es un aspecto relevante en el análisis, el principal vector de 
conflicto interétnico no es la autonomía territorial y los derechos a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes garantizados por la Constitución de 1991, sino más bien una estructura 
profundamente arraigada de concentración de la propiedad en el país. 
 
Frente a los anteriores elementos se hace necesario una nueva institucionalidad que tenga 
en cuenta que los conflictos por la tierra (y su judicialización) presentan características 
diferentes a aquellos que ocurren en las ciudades. Es necesario evitar que los elementos 
que caracterizan los litigios relacionados con la propiedad se trasladen de la jurisdicción civil 
a la agraria sin una revisión crítica de sus efectos en este nuevo espacio. 
 
Objetivo 1. Establecimiento de la jurisdicción agraria 
La jurisdicción Agraria buscará garantizar la protección efectiva de los derechos de 
propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y 
uso de la tierra; y, en general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo 
mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la 
resolución de conflictos 
 
 Con el propósito de establecer mecanismos para la resolución de controversias 
rurales el Gobierno modificará la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración 
de Justicia) con el fin de crear una Jurisdicción Agraria. Dicha jurisdicción se 
sustentará en el principio de gratuidad a los procedimientos de carácter agrario y se 
implementará dentro de las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso 
administrativo. 
 La jurisdicción agraria definirá las reglas jurisdiccionales del proceso agrario y rural; 
brindará autonomía a la especialidad agraria y rural frente a la civil, laboral y 
contencioso administrativa; permitirá ratificar las decisiones tomadas en sede 
administrativa sobre los bienes ubicados en zonas rurales; y, constituirá un fuero de 
atracción en asuntos de naturaleza agraria o rural. 
 La Jurisdicción Agraria en concordancia con el Decreto 902 reglamentará un nuevo 
tipo de proceso declarativo que dirime las controversias cuando el objeto de litigio 
se encuentra ubicado en suelo rural. 
 La Jurisdicción Agraria se traducirá en la creación de salas agrarias y rurales en los 
tribunales superiores de distrito judicial y en los tribunales administrativos, junto 
con un órgano de cierre en cada jurisdicción, que serían la Sala de Casación Agraria 
y Rural de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Sexta del Consejo de Estado.