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CARTOGRAFIA SOCIAL 
Aspectos metodológicos y de contexto de la cartografía social en la 
zona insular del Caribe Colombiano 
 Por: Daniel H Nadal1 
 
 
 
 
¿Cómo llegar a una idea común de territorio? ¿Cómo trabajar con una propuesta conjunta de 
territorialidad para fortalecer los procesos organizativos de las comunidades? ¿Cómo defender 
la autonomía de cada proyecto colectivo? Estas preguntas identifican algunas de las cuestiones 
claves que han de ser resueltas al abordar procesos cartográficos comunitarios. 
 
En este sentido, la apropiación y defensa del territorio que vienen ejerciendo los Consejos 
Comunitarios del Caribe en Cartagena plantean interesantes espacios de trabajo desde los que 
ensayar y construir nuevas herramientas. Abordar problemáticas y aprendizajes sobre la 
tenencia, ordenamiento y manejo de territorios colectivos en el Caribe permite plantear 
diferentes estructuras para proyectar una idea de territorio a partir de sistemas cartográficos y 
procesos de mapeo social participativo. 
 
El acompañamiento del Observatorio de Territorios Étnicos a estos procesos organizativos ha 
permitido crear un marco común desde el cual entender la importancia de la cartografía en 
 
1
 Profesor-Investigador del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Universidad Javeriana 
daniel.nadal@gmail.com 
mailto:daniel.nadal@gmail.com
 
 
 
 
 
iniciativas colectivas de defensa del territorio. Este proyecto de acompañamiento aborda dos 
cuestiones principales: la elaboración de Sistemas específicos de Cartografía Social; y el ensayo 
de una propuesta de redescubrimiento y apropiación de la Territorialidad. 
 
A partir de estas iniciativas se abren opciones de continuidad, pequeñas alternativas de futuro 
que implican la proyección necesaria hacia la elaboración de Diagnósticos Estratégicos que 
recogen y amplían el carácter estructural y el profundo significado de Proyectos de Vida y 
Planes de uso y manejo que vienen proyectando las comunidades. Situaciones e iniciativas que 
en todo caso abordan indefectiblemente la construcción de una idea común de territorio y el 
reconocimiento de un proyecto integral de comunidad. 
 
 
[Sistemas de cartografía social: proyectos de construcción comunitaria] 
 
Es escasa la interacción teórica entre procesos de reconocimiento comunitario y espacio que 
ubica a la cartografía como argumento proyectual. Generalmente el espacio se aborda como 
una asociación natural entre análisis básicos y la necesidad de ubicar a las comunidades en 
determinados lugares a partir de un enfoque convencional de la idea de territorio. 
 
“Desde el Observatorio de Territorios Étnicos, se entiende que los mapas son artefactos políticos 
y de poder en sí mismos, además de ser una categoría articuladora de otros problemas, como el 
territorio y la diferencia. Por lo que resulta importante trabajar con una cartografía que tenga 
como propósito y como estrategia política visibilizar una “identidad territorializada” colectiva. 
Bajo este punto de vista, la cartografía social no puede ser tomada como una simple técnica que 
ayuda a describir contextos físicos o sociales y que puede acompañar diagnósticos. La 
cartografía resultante de ejercicios comunitarios es, ante todo, una práctica afirmativa del lugar 
y de los derechos de estas comunidades, especialmente cuando se abordan regiones donde se 
compite con estrategias y procesos de desplazamiento y despojo.” Johana Herrera [2012] 
 
Por otro lado, como los conflictos son variables y las identidades de las comunidades son 
dinámicas, resulta importante trabajar con sistemas cartográficos que eludan conclusiones 
precipitadas o estáticas. La cartografía social aparece como uno de los recursos más efectivos 
para caracterizar e interiorizar el territorio, y abordar con garantías de éxito los procesos de 
afirmación comunitarios. 
 
La cartografía aparece como una táctica política, como una acción. Pero desde su capacidad 
para revelar aspectos no evidentes del territorio, aparece también como el arte de encontrar 
 
 
 
 
 
algo. En palabras de Brian Holmes [2005]: “encontrar un lugar, encontrar al otro o simplemente 
encontrar la utopía”. En cierto modo, es el arte de reunir a la gente: de encontrarse a uno 
mismo en una realidad compartida con otros. Esta idea abre la oportunidad de abrir espacios 
de encuentro y establece la necesidad de definir recursos y estructuras básicas para habilitar 
estos lugares. La cartografía pasa por ser una interpretación de la realidad, un filtro de 
información. Trabajar a partir de aproximaciones cartográficas permite sentar las bases de un 
conocimiento profundo de la problemática que se ha de abordar y del perfil, inquietudes y 
sentimientos de la comunidad. Precisamente en este sentido construir un mapa es construir un 
lugar compartido: un lugar donde se puede intervenir conjuntamente porque se ha acordado 
una idea de territorio y un modo de habitar común. 
 
Se pasa de una interpretación de la realidad a una transferencia de necesidades espaciales y de 
planeamiento: elementos visibles (recursos, tierra, sociedad, amenazas) elementos ocultos 
(conflictos, militarización, colaboraciones solidarias) o elementos imaginarios (deseos, sueños, 
miedos, utopías). Lo que implica procesos de hibridación y transferencia de datos técnicos y 
humanos simultáneamente. Obviamente, es necesario trabajar a partir de sistemas inclusivos y 
flexibles de mapeado, lo que lleva hacia trabajos participativos y liderados por las comunidades 
como opción alternativa a los sistemas de mapeado o fichas sociales que derivan de los 
sistemas oficiales, en gran medida ineficaces o simplemente inexistentes. 
 
No escapa en este orden de cosas la cartografía contemporánea cargada de tintes políticos, que 
intenta incorporar representaciones territoriales superpuestas, cada una representando un 
aspecto independiente y aislado del resto de variables significativas. Estos sistemas obvian 
sistemáticamente características territoriales esenciales de los mapas oficiales en detrimento 
de los derechos fundamentales que asisten a las comunidades, con intención de afirmar planes 
estratégicos institucionales de clara orientación económica y empresarial. Esta situación es 
similar a lo que resulta en la práctica del mapeo social. Cuando las comunidades realizan su 
propia cartografía, no pretenden retratar un espacio físico, sino afirmar sus formas de vida. 
Hablamos, por tanto, de estrategias cartográficas que pueden determinar la viabilidad de un 
determinado modelo social y por lo tanto de un ejercicio determinado de derechos y modos de 
vida. Lo que confirma la importancia y la validez de la cartografía social en procesos de 
reivindicación social y política por el derecho al territorio. 
 
En este escenario, los ejercicios de mapeo social han implicado para organizaciones y 
comunidades un ejercicio de memoria y de recuperación de las historias de desplazamiento, 
retorno y afirmación, así como una toma de conciencia sobre la gestión de recursos naturales y 
manejo del ecosistema y de documentación de los canales de gestión de sistemas de propiedad 
 
 
 
 
 
y titulación individual y colectiva. Esto no siempre se ha reflejado en los sistemas de cartografía 
social, ya que políticamente es necesario modificar las categorías convencionales con las que se 
reconocen y se gestionan los territorios de comunidades afro en proceso de afirmación 
territorial. 
De cualquier modo, los mapeos comunitarios y los datos obtenidos no son un fin en sí mismos: 
hacen parte fundamental en la sucesión de etapas que estructuran los procesos largos y 
complejos de autodeterminación, máxime si se fija el objetivo de generar cambios sociales 
profundos que permitan desarrollos dignos e inclusivos. 
 
Se trata por tanto de dar el salto de la informalidad a laformalidad, rompiendo la dicotomía tan 
errónea y extendida que enfrenta la propiedad formal y la ocupación informal. La tenencia 
debe estar asegurada para garantizar el reconocimiento de la comunidad: un reconocimiento al 
espacio documentado a través de sus mapas, uniendo las percepciones internas y externas de 
su problemática. La cartografía permite el reconocimiento externo de la comunidad, y garantiza 
al mismo tiempo el reconocimiento interno de las familias que forman la comunidad. 
 
Esto permite a cada persona y a la comunidad ubicarse en el lugar y recuperar desde allí la 
memoria colectiva, su historia, sus vivencias y el significado del territorio. La cartografía permite 
su uso como instrumento para planificar estrategias de defensa y sostenibilidad en el territorio, 
tanto desde la apropiación simbólica y material del territorio cotidiano, como de aquel que 
constituye su recurso colectivo vital. Por otro lado, los ejercicios de mapeo refuerzan la 
cohesión de la comunidad: los procesos de cartografía generan objetivos comunes que 
trascienden los intereses individuales, lo que afianza su concepción en procesos de intercambio 
y negociación, estableciendo una cohesión y confianza comunitaria. De manera específica, los 
procesos de cartografía participativa permiten abordar procesos paralelos de formación y 
educación, clarificando y compartiendo información cualitativa, y ofreciendo la oportunidad de 
construir una comunidad reforzada e informada capaz de identificar y resolver ambigüedades, y 
de abordar procesos de consolidación y ubicación espacial. 
 
El intercambio de información cartográfica permite el intercambio interno de información en 
procesos de proyecto, pero también habilita el intercambio de datos precisos con las 
instituciones e interlocutores oficiales. La superposición de información sensible e información 
precisa puede ser usada para cuantificar la extensión de cada una de las cuestiones que van a 
ser abordadas. 
 
 
 
 
 
 
La construcción de mapas sociales en las comunidades a partir de la elaboración de información 
local, incorpora cuestiones relacionadas con la construcción y protección de la memoria, con los 
sistemas de explotación de recursos naturales, con la distribución y localización de amenazas, lo 
que invalida la consideración de la cartografía y de los levantamientos de mapas como sistemas 
de trabajo especializado. Las estrategias y los sistemas de mapeado se mueven sobre procesos 
colaborativos, de carácter horizontal y abierto, con el propósito de contribuir eficazmente a 
consolidar las dinámicas internas de las comunidades. 
 
De este modo los sistemas cartográficos dejan de ser ejercicios simples de levantamientos 
geométricos georreferenciados desde el momento en que hacen referencia al proceso, a la 
acción política que lleva a la elaboración de mapas con intención de intervenir sobre la acción y 
los sistemas de representación institucionales o convencionales de un territorio específico. 
 
Tengamos en cuenta que los derechos y conflictos que se tratan en las comunidades son 
complejos, y aún hoy, bajo la perspectiva de un escenario de paz, las comunidades en procesos 
de afirmación y reclamación territorial siguen formando parte de las geografías de la violencia 
armada y de presiones que derivan del desarrollo agroindustrial, minero y turístico, que 
constituyen motivo de amenazas paramilitares y violencia ilegítima. Inevitablemente las 
metodologías de análisis espacial, mapeo social y sistemas cartográficos deben incluir estas 
problemáticas como parte de la construcción y defensa del territorio. Estas referencias son 
indispensables tanto en el planteamiento de proyectos como en los escenarios de interlocución 
y negociación a nivel institucional. 
 
 
[Pedagogía del territorio: una producción colectiva] 
 
Al abordar la construcción de los procesos comunitarios se propone una idea de pedagogía 
entendida como proceso de descubrimiento compartido. Los procesos pedagógicos son 
experiencias abiertas que parten de una investigación humanista y humanizadora para abrir las 
puertas de un intercambio participativo. Lo que permite cierta construcción simbólica del 
territorio, una construcción comunitaria que permite conocer y construir un conocimiento 
integral del territorio, definiendo el valor del espacio y de las relaciones sociales y 
antropológicas que lo estructuran. Al trabajar en la definición de estos modelos y alternativas 
estratégicas, se puede concluir el valor de la pedagogía en tanto que fortalecimiento de 
vínculos y de presencia comunitaria de cara a procesos compartidos. 
 
 
 
 
 
 
A su vez, la apuesta contemporánea por una educación social que defienda los procesos 
democráticos ciudadanos y la transferencia hacia la formación propia y específica de las 
comunidades, resulta mediada y amenazada por el avance recursivo de la oferta mercantilista 
de las academias. Cuestiones como el territorio o los procesos afirmativos de comunidades 
civiles deberían quedar recogidas en las planificaciones e incidir al mismo tiempo sobre 
escenarios locales, y sobre problemáticas cotidianas de familias y comunidades. La divergencia 
entre necesidades formativas y ofertas educativas de comunidades desplazadas, en situaciones 
de conflicto, o de comunidades en procesos de autodeterminación y los recursos que dedican 
actualmente las instituciones responsables es crítica y exige mayor atención y apuestas más 
creativas. 
 
En la elaboración de alternativas que permitan confirmar algunas de estas expectativas de 
pedagogía territorial, ha de preverse que las características y formas de planificación 
participativa pueden variar en función de las dinámicas y problemáticas de cada Consejo 
Comunitario: desde la legitimización de los procesos nominales en los que una asociación, 
corporación o unidad institucional actúa en nombre de la comunidad, pasando por sistemas 
consultivos en los que se oferta la posibilidad de participar de manera no vinculante aportando 
una opinión, hasta procesos instrumentales o sistemas representativos en los que se permite 
una cuota de participación política dentro de un sistema organizado previamente. Ahora bien, 
la eficacia de cualquier propuesta, en términos de toma de decisiones e implantación de 
soluciones, es transformadora única y exclusivamente cuando se produce la alianza entre 
actores diferentes, que permiten un consenso en la construcción del territorio, análisis 
conjuntos y desarrollo de planes colaborativos. 
 
Llegado este punto conviene puntualizar que desde la pedagogía, que no es otra cosa que un 
trabajo de descubrimiento en común, no se abordan cuestiones de toma de decisión ni se 
desarrollan los sistemas de ejecución, que forman parte de diferentes tácticas y estrategias de 
acción, sino que se trabaja sobre los sistemas de construcción y valoración de alternativas. La 
valoración participativa permite identificar necesidades y prioridades de la comunidad, 
participar en la búsqueda de soluciones, y obtener acuerdos que afectan al desarrollo de 
proyectos y a la planificación de acciones comunitarias. Estos enfoques innovadores distinguen 
precisamente entre los sistemas de valoración participativa, que no son herramientas de toma 
de decisión, de los proyectos de intervención. 
 
Cuando hablamos de la importancia de la pedagogía del territorio, el objetivo principal de las 
estrategias de desarrollo comunitario se centra en ofrecer un acuerdo sobre la idea de 
territorio, estrategias, planes de acción y mecanismos de seguimiento. Permitiendo una 
 
 
 
 
 
comprensión precisa de necesidades y prioridades, coordinación y coherencia de los 
planteamientos de proyectos y esfuerzos de intervinientes, desarrollo y fortalecimiento de 
mecanismos consultivos y participativos, así como la consideración de una gama más amplia de 
soluciones que las abordadasen planificación y proyectos convencionales. 
 
La revisión de estos sistemas lleva a definir estrategias que superponen proyectos de base 
periódica, intervenciones y acciones periódicas e intensas, con proyectos de base continuada, 
sistemas formativos y participativos continuados de baja intensidad. Desde esta construcción 
comunitaria, la eficacia del proceso se multiplica si los resultados afectan al mismo tiempo las 
vidas diarias de las personas y los proyectos de futuro de la comunidad: los mecanismos han de 
ser relevantes y adecuados a la escala y finalidad de la intervención. 
 
Tanto en la construcción comunitaria como en la planificación de acciones y proyectos, la 
conformación de las ciudades y en general de las políticas urbanas se ha caracterizado por la 
insistencia recurrente de las fuerzas empresariales a apropiarse de los recursos naturales y 
despojar el territorio, lo que ha supuesto el deterioro progresivo y alarmante de la calidad del 
hábitat y el atropello sistemático de los derechos humanos de las comunidades campesinas, 
afrodescendientes o indígenas. Según explica Davis [2008], la paradoja permanente del sistema 
de vida contemporáneo, y el desarrollo de una visión estrictamente urbana del crecimiento 
económico de las naciones, está protagonizando una catástrofe ecológica: La gravedad de esta 
situación resulta crítica si se tiene en cuenta la profunda falta de conocimiento de la dimensión 
no lineal del territorio, lo cual debería implicar la revisión y reestructuración urgente de los 
sistemas de configuración urbana, especialmente desde los sistemas de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, y de los sistemas de pedagogía territorial hacia una nueva dirección 
que atienda nuevos análisis y aproximaciones desde ámbitos transdisciplinares como ecología, 
derechos humanos, sociología o antropología, entre otros. 
 
Según Sassen [2010], la economía mundial actual y los procesos de globalización 
contemporáneos han alterado los sistemas relacionales que definen el espacio público y que 
activan el espacio urbano. El Homo Urban Sapiens del siglo XXI no está siendo capaz de integrar 
la complejidad de relaciones que se configuran a partir del territorio. Dentro de este marco, 
algunas comunidades en proceso de afirmación territorial aparecen localizadas como 
emplazamientos vitales para las redes financieras y tecnológicas, pasando a formar parte de 
una red internacional de lugares estratégicos, y configurando una nueva cartografía 
empresarial de carácter centralista que relaciona y engloba numerosos países. Obviamente 
estos flujos y estrategias no reparan sobre las condiciones y derechos de las comunidades 
implicadas. Así, del mismo modo que dentro de los crecimientos urbanos surgen nuevos 
 
 
 
 
 
espacios de exclusión, a escala territorial muchas comunidades aparecen desprotegidas o 
marginadas. 
Todo este proceso esconde el distanciamiento del Estado sobre funciones y responsabilidades 
económicas, sociales y políticas relevantes, a pesar de la destrucción y desarticulación de 
tejidos sociales y redes de subsistencia elementales, y el incremento continuo de la pobreza y la 
desprotección de las comunidades frente a derechos fundamentales. 
 
Desconcierta constatar que el avance en las políticas institucionales tiende a reforzar y ampliar 
los mecanismos de control económico o militar y las sanciones sobre sectores deprimidos 
mediante programas que eluden afrontar las responsabilidades básicas, en primer lugar, y en 
segundo lugar obvian los problemas reales de más grave calado como los atentados contra los 
derechos humanos, amenazas, desplazamientos forzados, cultivos y tráficos ilegales, y 
corrupción, verdaderos atentados contra cualquier estado democrático que acentúan la 
exclusión de comunidades civiles que reclaman sus derechos. 
 
Las experiencias de pedagogía territorial vinculadas a las dinámicas que se exponen han sido 
tratadas de diversas maneras recientemente, aunque casi todos los casos se han centrado en 
ámbitos de formación académica, reduciendo la posibilidad de concretar modelos reales de 
intervención que superen las actuales contradicciones en los modelos de gestión territorial. La 
reflexión propuesta subraya la importancia de recordar que la formación y participación en 
procesos territoriales inclusivos no se basa en la capacidad de ofertar una serie de 
conocimientos o disciplinas, sino en la posibilidad de colaborar de manera activa en las 
prácticas de afirmación que las comunidades proponen. De alguna manera, adquieren 
importancia las investigaciones que permiten arrojar alguna luz sobre el futuro, efectos y 
complejidad asociada a los espacios de afirmación civil de los últimos años, intentando asumir 
la necesidad de reconstruir la realidad de los espacios y territorios de comunidades reclamantes. 
Sin embargo las iniciativas locales no han sido valoradas como procedimientos que necesitan 
recursos especializados con un fortalecimiento pedagógico horizontal. Esto es, a nivel 
institucional se hace necesario explorar las vías necesarias para desarrollar una política del 
suelo que permita la identificación de las comunidades y el reconocimiento del territorio a 
partir de sistemas de planificación participativa. 
 
Estos procesos pedagógicos, además, deben producir resultados con frecuencia: es necesario 
tener un mapa de ruta consensuado definiendo objetivos claros para cada fase, y estableciendo 
los ámbitos de intervención, ya sean comunitarios, locales, municipales o estatales, previendo 
estrategias integrales y procesos integradores. 
 
 
 
 
 
 
Las opciones para abordar una pedagogía del territorio bajo esta perspectiva son diversas: 
Implican definir sistemas de intervención estableciendo una conciencia del territorio, por un 
lado, y una conciencia de los derechos derivados del mismo, por otro. Montar unidades de 
coordinación, intercambiar información previa, planificar talleres de intercambio, capacitación 
o trabajo, establecer mecanismos que permitan la representación de todas las partes 
implicadas, incorporar ideas, desarrollar opciones políticas, generar expectativas, plantear 
asuntos técnicos e identificar problemas específicos, elaborar planes de acciones, grupos de 
trabajo concretos, desarrollar herramientas de comunicación que mantengan a las 
comunidades involucradas. 
 
Todas estas manifestaciones de procesos colaborativos, sumadas a las propias de la formación 
individual y comunitaria, significan la apropiación de dinámicas y propuestas comunitarias. 
Desde aquí, la pedagogía territorial interviene y facilita el desarrollo de políticas sociales y 
culturales de carácter transversal, unidas a través de los planteamientos de la población, 
potenciando el conocimiento e interés social, ampliando los procesos democráticos de base, y 
en definitiva, propiciando la construcción de un territorio, unos recursos y unos derechos para 
todos. En algún sentido, abriendo la formación y el derecho a la vida, desde y por los derechos 
humanos. 
 
[Diagnósticos estratégicos: procesos de transformación individual y colectiva] 
 
Proyectar con las comunidades dentro de este marco implica definir objetivos comunes, 
desarrollar esquemas de trabajo colectivo, revisar y definir los procesos de gobernanza y 
transferencia de responsabilidades, y establecer plataformas comunes de intercambio. 
 
Reconocer la simultaneidad de procesos que surgen desde el individuo y desde la comunidad es 
un trabajo arduo y fundamental. La comunidad está formada de manera dinámica por los 
individuos que participan de ella, pero en ningún momento se puede optar por soluciones 
estándares o de compromiso. Las prácticas colaborativas implican procesos donde el 
conocimiento no es segmentable porque perdería el valor de la diversidad. La formación del 
individuo en estas dinámicas y la integración de cada aporte personalconllevan la consolidación 
de la comunidad. Esto es, el progreso de la comunidad implica el progreso personal. Lo que 
articula a las estrategias de intervención con procesos de acción planificados. Son sistemas con 
un profundo potencial transformador, donde el valor reside en la capacidad de la inteligencia 
colectiva para desarrollar proyectos completos e incentivar un uso comunitario de estas nuevas 
estructuras. 
 
 
 
 
 
 
Estas comunidades de práctica permiten desarrollar sistemas de proyecto continuos y abiertos, 
donde la acción colectiva define cuestiones capitales con respecto al uso del territorio y de la 
infraestructura habitacional básica, que afectan tanto al sentido último de los derechos 
fundamentales que les asisten, como a los procesos que deben responder por la defensa y 
garantía de los mismos. 
 
Pierre Lévy [1997] habla de la afirmación de los procesos como "espacio de conocimiento" en 
donde el valor del encuentro en las comunidades no depende tanto de la formación profesional 
o estrato social, como de la posibilidad de intercambiar saberes y experiencias vitales. Lo que 
implica la viabilidad de configurar un espacio de alto significado ético, claramente inclusivo, que 
permite un esfuerzo solidario en la creación de espacios de afirmación social, de viviendas 
dignas, de infraestructuras eficaces, de procesos de asentamiento con derechos reconocidos, 
sistemas de participación institucional responsables y eficaces, así como la inclusión en 
propuestas participativas de investigación y gestión de recursos que respondan a intereses y 
necesidades legítimos. 
 
La importancia en el reconocimiento de estos procesos individuales y comunitarios es la 
necesidad de cerrar la brecha entre los especialistas y las comunidades, derivada de la 
especialización y la segmentación del conocimiento. Entendamos que perpetuar este modelo 
tecnificado o academicista tiende a excluir a las comunidades del debate institucional sobre 
asuntos centrales que están relacionados con condiciones y proyectos vitales, lo que finalmente 
debilita los mismos procesos de retorno, afirmación y reclamación de justicia social, que deben 
ser alimentados desde el intercambio de experiencias, ideas y opiniones. 
 
Este modo de intervenir ha dado lugar, entre otros, a la creación de lo que Gibbons [1997] ha 
definido como conocimiento socialmente distribuido, lo que supone que la identificación de los 
problemas, la edición de diagnósticos, y la planificación de estrategias se hace provocando la 
reunión y debate entre técnicos, comunidad y representantes institucionales coordinados a 
partir de redes colaborativas. Este sistema alternativo de trabajo amplía las posibilidades 
representativas y participativas de las comunidades tanto en la afirmación y reconocimiento de 
derechos humanos como en la definición de políticas territoriales, permitiendo que se 
consoliden como políticas públicas, por oposición a las propuestas más generalizadas, de 
carácter técnico y excluyente. 
 
Se potencian y se desarrollan herramientas, prácticas y abordajes utilizados en el ámbito de la 
planificación y gestión comunitaria. Precisando la capacidad de las comunidades para 
evolucionar, tanto por medio de mecanismos de diferenciación y afirmación como de 
 
 
 
 
 
innovación, integración, y colaboración. De algún modo, resulta posible afirmar que los 
instrumentos de colaboración construyen conocimiento colectivo. Afirmación que nos llevaría a 
preguntar ¿qué tiene que suceder, cómo han de diseñarse los procesos comunitarios, o bien 
qué factores deben existir, para que se produzca y sea eficaz este conocimiento colectivo? 
Tendríamos que considerar a partir de estas premisas la necesidad de producir una inquietud 
personal, una red interactiva y un medio de visibilización. 
 
El diagnostico estratégico parte del estudio del territorio, del hábitat de la comunidad, de su 
situación cultural, social, pautas de adaptación, patologías sociales asociadas, actitudes en 
relación al problema específico y a la solicitud de afirmación expresada. Asume la comprensión 
psicosocial y del funcionamiento de la persona y de la comunidad con respecto a su situación, 
su capacidad, sus posibilidades y la utilización de los recursos naturales, sociales y políticos. Es 
un proceso continuo, flexible, que está en permanente evolución. Es importante poder 
distinguir lo superfluo de lo importante en cada una de las fases de proyecto, desde la 
valoración de la situación de conflicto y síntesis de la problemática, definiendo causas y 
desencadenantes de cada proceso, hasta llegar a determinar cuáles son los elementos 
individuales, familiares y comunitarios capaces de modificar la situación de principio para abrir 
vías de consolidación. Este trabajo es un proceso complejo que superpone la investigación, 
documentación, propuesta y revisión de opciones. 
 
A partir de la construcción simbólica del territorio, se despliegan diferentes instrumentos para 
diagnosticar: 
 
DAFO participativos (matrices de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades], 
flujogramas, talleres de innovación social, ejercicios de socialización de cartografía, mapas de 
redes, o reelaboración de la cartografía producida. La superposición de Mapas tradicionales 
(técnicos, informativos) y Mapas sociales (comunitarios, interpretativos) permite trazar un 
diagnóstico de partida a partir de la cartografía social: Mapas de conflicto que exponen 
situaciones problemáticas, Mapas de redes que reflejan actores y movimientos, y Mapas de 
recursos que describen el equilibrio de fuerzas. Los mapas de conflicto exponen situaciones 
problemáticas, experiencias, y situaciones visibles o silenciadas. Los mapas de redes expresan 
las relaciones entre actores y sus vínculos con los conflictos (afinidad, cercanía, indiferencia u 
oposición) reflejando si se trata de vínculos fuertes, débiles, confrontaciones, o inexistentes. 
Reflejar la intensidad y los tipos de vínculos ofrece posibilidades de establecer perspectivas 
relacionales, posicionales o conjuntos de acción. Los mapas de recursos recogen medios 
materiales, infraestructuras, posibilidades económicas, medios humanos, y permiten descubrir 
la disponibilidad o carencia de medios, y por lo tanto posibilidades de intervención. 
 
 
 
 
 
 
Elaborar un diagnóstico estratégico a partir de este trabajo implica sintetizar, interpretar y 
evaluar tanto la problemática sobre la que se prevé intervenir, como sobre la viabilidad y 
opciones de los proyectos y procesos comunitarios. Estos sistemas suponen al mismo tiempo 
un proceso de análisis y síntesis, una visión estratégica que sirve como guía de intervención. 
 
Las ventajas de este trabajo significan la reducción de la información, filtrando la importancia y 
viabilidad de objetivos, la facilidad de visualización, análisis intuitivo, y el trabajo dentro de un 
proceso educativo dinámico. A partir de aquí, el reto está en integrar investigación, educación y 
acción. Este sistema es un Proceso, no una solución en sí misma, que debe resultar en mapas 
propositivos y de intervención, superando las fases descriptivas y analíticas. Es capital conseguir 
respuestas eficaces que impliquen a la comunidad. 
 
Ha de remarcarse que estos procesos necesitan una comprensión y definición común y clara de 
objetivos. La reformulación de vínculos y sistemas no puede derivar en indefiniciones, sino que 
debe multiplicar los criterios de proyecto. Así todo, la flexibilidad y el tiempo de respuesta son 
factores cruciales, por lo que deben variar los interlocutores, las organizaciones implicadas, y 
diversificar los sistemas de financiación. 
 
Dentro de este esquema de producción, la responsabilidad política y social impregna el proceso 
de afirmación de manera integral. Lo que confirma la proyección de las estrategias de 
planificación e intervención hacia escenariosque no pueden ser contestados exclusivamente en 
términos técnicos o científicos, sino que deben redundar en una propuesta integral, en la que 
los procesos cartográficos quedan inmersos como elementos de intervención de una relevancia 
incuestionable. 
 
 
 
 
 
 
 
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