Novos Cenários de Controle

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Nuevos escenarios de control 
para una nueva administración 
S U M A R I O 
Presentación 
Emma Ramos Carvajal 
Colaboraciones 
La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
José Antonio Díaz Lago 
El papel de las tecnologías y de la ciudadanía en el presente y futuro del control de la 
gestión pública: nuevas oportunidades para el progreso
Álvaro García Molinero 
La contratación pública para la digitalización: hay que adaptarse al cambio 
Magdalena Cordero Valdavida 
José Carrascosa Moreno 
El control de la contratación pública en una administración en cambio permanente 
Emma Ramos Carvajal 
El control interno sobre los contratos menores 
Juan José Orquín Serrano 
Jesús Ortuño Sánchez 
Fiscalización preventiva: hacia un enfoque proactivo en el control de los fondos 
públicos 
Hansel Arias Ramírez 
Del control permanente masivo al control financiero singularizado 
María del Mar Ramírez Méndez 
Las salvedades en auditoría pública. Responsabilidades tras la COVID-19 y su 
influencia en las cuentas anuales de las administraciones 
Antonio Árias Rodríguez 
Marta Riera López 
Auditoría a la Función de Compliance: tendencias clave a considerar por las 
instituciones de control externo 
Carlos Miguel Gómez Márquez 
El control externo y la prevención de la corrupción 
José Antonio Redondo López 
Manuel José Santana Suárez 
María Pérez Vázquez 
Los Tribunales de Cuentas y la evaluación de las políticas públicas basadas en 
evidencias 
Sebastião Helvecio Ramos de Castro 
Renata Ramos de Castro 
103-(2/2021) 
Presupuesto y Gasto Público 
103-(2/2021) 
Nuevos escenarios de control 
para una nueva administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIPO: 188-20-010-1 
ISSN: 2695-7574 
Depósito Legal: M-21.543-1979 
Elaboración y coordinación: Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 
Secretaría de Redacción: Dirección General de Presupuestos 
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www.ief.es 
Catálogo general de publicaciones oficiales 
http://publicacionesoficiales.boe.es 
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Presupuesto y Gasto Público 
103-(2/2021) 
SUMARIO 
PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Emma Ramos Carvajal 
Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias 
COLABORACIONES 
La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pú-
blica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
José Antonio Díaz Lago 
Cuerpo Técnico de Aduanas 
El papel de las tecnologías y de la ciudadanía en el presente y futuro del 
control de la gestión pública: nuevas oportunidades para el progreso . . . . . . 29 
Álvaro García Molinero 
Interventor/Auditor en el Ministerio de Defensa 
La contratación pública para la digitalización: hay que adaptarse al 
cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Magdalena Cordero Valdavida 
José Carrascosa Moreno 
Tribunal de Cuentas Europeo 
El control de la contratación pública en una administración en cambio per-
manente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Emma Ramos Carvajal 
Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias 
El control interno sobre los contratos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Juan José Orquín Serrano 
Vicesecretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
Jesús Ortuño Sánchez 
Interventor General del Ayuntamiento de Cartagena 
6 Sumario 
Fiscalización preventiva: hacia un enfoque proactivo en el control de los 
fondos públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Hansel Arias Ramírez 
Abogado, Órgano de Control de la Hacienda Pública, Costa Rica 
Doctor por la Universidad de Salamanca 
Del control permanente masivo al control financiero singularizado . . . . . . . . 109 
María del Mar Ramírez Méndez 
Global & Local Audit 
Las salvedades en auditoría pública. Responsabilidades tras la COVID-19 y 
su influencia en las cuentas anuales de las administraciones . . . . . . . . . . . . . . 119 
Antonio Arias Rodríguez 
Técnico de la Universidad de Oviedo 
Profesor asociado de la UCLM 
Doctor por la Universidad de Salamanca 
Marta Riera López 
Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 
Profesora de la UNIR 
Doctora por la Universidad de Salamanca 
Auditoría a la Función de Compliance: tendencias clave a considerar por las 
instituciones de control externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Carlos Miguel Gómez Márquez 
Vicepresidente de Investigación y Normatividad de la Academia Mexicana de Auditoría 
al Desempeño (AMDAD) 
El control externo y la prevención de la corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
José Antonio Redondo López 
Conselleiro maior. Consello de Contas de Galicia 
Manuel José Santana Suárez 
María Pérez Vázquez 
Auditores. Consello de Contas de Galicia 
Los Tribunales de Cuentas y la evaluación de las políticas públicas basadas 
en evidencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
Sebastião Helvecio Ramos de Castro 
Consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerias 
Renata Ramos de Castro 
Consultora Legal en R. Santana Consultoria e Capacitação 
 
 
 
 
 
Presentación 
El compendio de artículos enmarcados bajo el título «Nuevos escenarios de control 
para una nueva administración» pretende arrojar luz y dar respuesta a una serie de cues-
tiones que nos preocupa, en nuestros días. Por ello, nos planteamos, fruto de las caracterís-
ticas de los actuales escenarios económicos y del papel que desempeñan las organizaciones, 
cuestiones tales como: hacia dónde se dirige la Administración; la problemática de los re-
cursos humanos en este sector, como base de la gestión pública; qué tipos de control se 
ejercen en supuestos concretos; o cuáles son los principales riesgos que afectan a la contra-
tación, en general, y a los contratos menores, en particular; así como las principales líneas 
de actuación o de control. 
Para poder bucear en los nuevos escenarios del control ejercido en una Administración 
moderna, que van desde las líneas de actuación tradicionales hasta la gestión y el control de 
los nuevos fondos Next Generation, hemos de comenzar analizando «La evolución econó-
mica y el ajuste de recursos en la Administración». Artículo desarrollado por José Antonio 
Díaz Lago, del Cuerpo Técnico de Aduanas, que pone de manifiesto la necesidad, por un 
lado, de configurar una adecuada dimensión del empleo público; y, por otro, de valorar en 
qué medida el peso del sector público puede contribuir positivamente a la economía. 
Álvaro García Molinero, Interventor Delegado en el Ministerio de Defensa, pone de 
relieve «El papel de las tecnologías y de la ciudadanía en el presente y futuro del control de 
la gestión pública: nuevas oportunidades para el progreso». Con ello se manifiesta cómo las 
nuevas tecnologías han transformado realmente la actividad fiscalizadora. Además, entiende 
que la adaptación a este entorno digital, así como las nuevas vías de colaboración contribui-
rán al éxito o fracaso de las funciones de control. 
En particular, Magdalena Cordero y José Carrascosa Moreno,ambos del Tribunal de 
Cuentas Europeo, profundizan en la digitalización en el ámbito de la contratación pública. 
Su obra «La contratación pública para la digitalización: hay que adaptarse al cambio» con-
sideran al sector público como uno de los motores de la innovación; por lo que, se ha de 
recurrir a modelos de contratación adaptados a las nuevas necesidades. Ese proceso de 
adaptación es la clave del éxito; unido, eso sí, a la modernización de los métodos, al control 
basado en la transparencia, la cooperación interinstitucional y el papel reforzado de los 
responsables. 
En línea con lo anteriormente mencionado, «El control de la contratación pública en 
una Administración en cambio permanente» según analiza Emma Ramos Carvajal del Cuer-
 
 
 
 
 
 
8 Emma Ramos Carvajal 
po Superior de Administradores del Principado de Asturias, nos muestra cómo el control nos 
ayuda a mermar los principales riesgos observados en la contratación pública y a salvaguar-
dar la eficiencia económica de toda licitación pública. 
Juan José Orquín Serrano, Vicesecretario General del Ayuntamiento de Madrid, realiza 
a través del «Control de los contratos menores: una visión de futuro» un análisis del régimen 
actual del control interno sobre los contratos menores e intenta resolver las dudas jurídicas 
suscitadas al respecto, a través del estudio de los pronunciamientos realizados por las dife-
rentes Juntas Consultivas de Contratación. 
A continuación, profundizamos en la «Fiscalización preventiva: hacia un enfoque 
proactivo en el control de los fondos públicos» escrito por el abogado Hansel Arias Ramírez, 
abogado perteneciente al Órgano de Control de la Hacienda Pública de Costa Rica y de 
Renata Ramos de Castro, consultora Legal en R. Santana Consultoria e Capacitação. En él 
nos deleita con el papel jugado por las instituciones de control, que tratan de aportar valor 
público y generar beneficios en la vida de los ciudadanos. Para ello, recurren a un uso ade-
cuado de los mecanismos de control, adaptados a las nuevas exigencias del entorno; pero, 
sin obviar, el necesario enfoque preventivo que se vislumbra en la labor que desarrollan las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Por su parte, María del Mar Ramírez Méndez, de Global & Local Audit, pretende 
realizar un repaso en «Del control permanente masivo al control financiero singularizado», 
con el fin de ejercer un control permanente masivo con alcances amplios. Para ello, profun-
diza en aspectos críticos y sensibles de la gestión financiera, presupuestaria y patrimonial, 
esto es, en el «control financiero singularizado». 
Pasando ya a adentrarnos en la modalidad de la Auditoría Pública nos encontramos con 
Antonio Arias Rodríguez, Técnico de la Universidad de Oviedo y Marta Riera López, del 
Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, que publican 
«Las salvedades en auditoría pública. Responsabilidades tras la COVID-19 y su influencia 
en las cuentas anuales de las Administraciones». En él se realiza una aproximación a los 
efectos económicos derivados de la COVID-19, así como los efectos que ésta ha tenido 
sobre la formulación y auditoría de las cuentas anuales. 
Ahondando en la «Auditoria a la función de compliance: aspectos clave a considerar 
por los órganos de control externo», Carlos Miguel Gómez Márquez, Vicepresidente de 
Promoción y Relaciones de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD) 
aborda las principales características del compliance, así como: su relevancia, por qué re-
sulta importante auditarlo o cuál es la diferencia entre la función de compliance y la función 
de auditoría. 
«El control externo y la prevención de la corrupción» de José Antonio Redondo López, 
Consejero mayor del Consejo de Cuentas de Galicia y de Manuel José Santana Suárez y 
María Pérez Vázquez, Auditores del Consello de Contas de Galicia muestra la preocupación 
por fortalecer los mecanismos de lucha contra el fraude y la corrupción. Para ello, los órga-
nos de control externo (OCEX) tratan de mejorar las funciones clásicas de la auditoría pú-
blica, incidiendo en el diseño de auditorías operativas y en la evaluación de áreas de riesgo; 
 
 
 
 
9 Presentación 
así como, asumiendo nuevas competencias en materia de prevención y lucha contra el 
fraude y corrupción. En concreto, analiza el caso del Consello de Contas de Galicia. 
Cierra el monográfico el artículo de Sebastiao Helvecio Ramos de Castro, Conselhei-
ro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, «Los Tribunales de Cuentas y la 
evaluación de las políticas públicas basadas en evidencias». A través del mismo se analiza 
el cambio de paradigma en la evaluación de las políticas públicas que realizan los Tribuna-
les de Cuentas brasileños como principales representantes del control externo. 
Si bien, no podemos finalizar la presentación de este monográfico sin agradecer a todo 
este elenco de prestigiosos autores su interés por colaborar con la Secretaría General de 
Presupuestos y Gastos, arrojando nuevos temas de pensamiento y debate. 
EMMA RAMOS CARVAJAL 
Cuerpo Superior de Administradores 
del Principado de Asturias 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto y Gasto Público 103/2021: 11-28 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 
© 2021, Instituto de Estudios Fiscales 
La evolución económica y el ajuste de recursos 
en la Administración Pública 
JOSÉ ANTONIO DÍAZ LAGO 
Cuerpo Técnico de Aduanas 
Recibido: Septiembre 2021 
Aceptado: Octubre 2021 
Resumen 
Dos cuestiones actuales sometidas a debate son: en primer lugar, establecer la adecuada dimensión del empleo 
público, con independencia de cual sea la contribución del sector público al desarrollo de la economía, entendien-
do que la búsqueda de la eficiencia y la productividad se puede conseguir con diferentes volúmenes de recursos 
humanos y, en segundo lugar, la necesidad de garantizar el crecimiento económico y valorar en qué medida el peso 
del sector público en la economía puede contribuir positivamente al mismo. Este trabajo pretende hacer una breve 
aproximación a ambas cuestiones, especialmente en referencia a España, aunque con elementos comparativos con 
otras economías. 
Palabras clave: empleo público, crecimiento público, estímulo, austeridad. 
Clasificación JEL: H70, H89. 
Abstract 
There are two questions that are currently being debated: firstly, the question of determining the size of the public 
sector, regardless of what its contribution to the development of the economy might be and understanding that 
efficiency and productivity can be achieved through different volumes of human resources; and, secondly, the 
question of guaranteeing economic growth and assessing to what extent the public sector can contribute positively 
to this goal. This work intends to bring a short introduction about these two questions, referring specifically to the 
Spanish case, and with comparisons with other economies. 
Keywords: public employment, economic growth, stimulus, austerity. 
JEL Classification: H70, H89. 
1. El empleo, en discusión 
Son muchas las variables económicas que globalmente podrían analizarse y que contri-
buyen al sentimiento de perplejidad e incertidumbre que vivimos. La cuestión esencial y más 
notoria, porque afecta a la calidad y cantidad de la economía y, en consecuencia, al bienestar 
de las sociedades, es la evolución del mercado laboral, cuestionando, incluso, la propia natu-
raleza del concepto de trabajo como usualmente se venía concibiendo desde principios del 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 José Antonio Díaz Lago 
siglo XIX. Las razones fundamentales de esta situación son tanto la atonía económica existen-
te (que se ha traducido en una salida lenta y paulatina de la crisis, lastrada, además, por la 
aparición de la pandemia) como las incertidumbres que la acelerada evolución tecnológica ha 
introducido con carácter general. Ambas razones están relacionadas o pueden ser a la vez 
causa y efecto del escenario resultante.Naturalmente, la aparición de la pandemia ha supues-
to un elemento disruptivo que ha incidido negativamente en esta situación. 
Si en el contexto global el escenario es el expuesto, en España las variables del empleo 
son aún más acuciantes. Conocido es que el porcentaje de desempleo en nuestro país es 
todavía alto (y lo era incluso antes de la pandemia) afectando especialmente a jóvenes y 
mujeres y con las más altas tasas de temporalidad de Europa. 
Es cierto que el volumen de economía sumergida es alto en España, por encima del 
20%, con independencia de la fuente que se consulte (el FMI lo sitúa en el 21% y el sindi-
cato Gestha en el 25%) frente a un 7%, por ejemplo, en Alemania, y aunque sin duda este 
es un factor que de alinearse con la media de los estándares europeos corregiría los datos 
de empleo y los haría mejorar, no lo haría en la suficiente medida para eliminar completa-
mente la diferencia entre las tasas de desempleo que usualmente se observan en España y 
las que se producen en otros países del mismo entorno económico. 
En el siguiente Cuadro1 puede observarse, por un lado, la comparación entre la evo-
lución del empleo del Sector Público con respecto a la evolución del empleo total para un 
conjunto de países significativos dentro de las economías occidentales, incluyendo la media 
de países de la OCDE y, por otro lado, la variación del peso del empleo en el sector públi-
co con respecto al empleo total. Todos los datos están referidos al período 2007-2019, y 
resultan significativos porque consideran el año previo al estallido de la crisis de 2008 y no 
incluyen el efecto de la pandemia, que los distorsionaría con un hecho grave en lo sanitario, 
pero cabe pensar que coyuntural desde el punto de vista económico. 
Las conclusiones inmediatas que se pueden extraer del Cuadro 1 se refieren esencial-
mente a España. Del conjunto de países seleccionados es el único que no ha alcanzado, en 
el conjunto de la economía, los valores de empleo total anteriores a la crisis, situándose por 
debajo de la media de la OCDE. Sin embargo, el empleo público en España, contrariamen-
te a lo que ha ocurrido con el empleo en el conjunto del país sí arroja valores positivos; de 
hecho, se sitúa entre los países donde esta evolución tiene este carácter dentro de la muestra 
seleccionada. Consecuentemente, el peso global del empleo público en España sobre el 
empleo total ha crecido muy por encima del observado en el resto de los países incluidos 
en la muestra seleccionada. 
Con respecto a la edad de los empleados públicos, puede observarse en el Cuadro 2 
que España es, con gran diferencia, el país que, en 2020, tiene mayor número de empleados 
públicos, casi la mitad, por encima de 55 años, con un importante crecimiento respecto a 
solo cinco años atrás. Solo el crecimiento de Alemania se aproxima al de España en este 
período y para este rango de edad; sin embargo, en el caso de Alemania se produce una 
disminución del peso total de empleados públicos en el período, contrariamente a lo que 
ocurre en España, donde el porcentaje de empleados públicos crece sobre el total. 
 
13 La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
Cuadro 1 
Evolución variables empleo 
Fuente: Elaboración propia sobre datos OECD Government at a Glance 2021. 
Por otro lado, el porcentaje de empleados públicos con edad inferior a 34 años sitúa a 
España con cifras inferiores al 6% en 2020, lo cual significa que no se está dando una re-
novación adecuada de los empleados públicos en las distintas Administraciones Públicas, si 
consideramos que aproximadamente el 95% de los empleados públicos en España tienen 
más de 34 años y de ese porcentaje prácticamente la mitad, como se ha señalado, supera los 
55 años. 
Dada la relevancia que están adquiriendo de un tiempo a esta parte las políticas de 
genero, y por lo que respecta al porcentaje de mujeres que trabajan en el ámbito público en 
relación al total de empleados en cada rango considerado, se pone de manifiesto que su si-
tuación en España, en el ámbito del sector público y de las distintas instituciones que lo 
conforman, es esencialmente equiparable a la del resto de países desarrollados en los niveles 
que podríamos catalogar como medios o bajos (manager y otros) de la función administra-
tiva; sin embargo, en posiciones de índole superior (senior) los resultados son sorprenden-
14 José Antonio Díaz Lago 
temente mejores en relación a los de la media de la muestra y los de la OCDE, ofreciendo 
los mejores valores junto a Noruega, Suecia, Polonia y Reino Unido. 
Cuadro 2 
Empleos Públicos 
Fuente: Elaboración propia sobre datos OECD Government at a Glance 2021. 
De lo expuesto, resultan algunas consecuencias llamativas: 
— El empleo global de la economía en España no ha alcanzado el nivel previo a la 
crisis de 2008, contrariamente a lo acontecido en el resto de grandes economías 
occidentales. 
— El crecimiento del empleo público en España, en el período 2007/2019, por el 
contrario, es el más importante de la muestra de países considerados. 
— Si bien las políticas de género pueden seguir auspiciándose, el ámbito público en 
España arroja resultados cuantitativos, no solo equiparables sino mejores en algu-
nos rangos que los observados en la mayoría de las economías occidentales. 
— La función pública en España está muy envejecida, lo que es completamente in-
adecuado en un contexto de innovación digital y tecnológica permanente. Las 
circunstancias anteriores requieren adaptación a nuevos modelos de trabajo, for-
mación permanente y capacidad de reciclaje cada pocos años, lo cual, naturalmen-
te y por razones evidentes, es tanto más dificultoso cuanto más se acerca la fina-
lización de la vida laboral. 
 
 
 
 
 
15 La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿Por qué se ha llegado a esta situación en el 
empleo público en España y en que medida influye la misma en el adecuado desempeño de 
las funciones de la Administración? La explicación a esta pregunta la encontramos en el 
Cuadro 3 siguiente en el que se pone de manifiesto el importantísimo incremento del per-
sonal al servicio de las Comunidades Autónomas, que ha crecido casi un 33% en los últimos 
veinte años y, del mismo modo, el aumento del personal al servicio de las Universidades 
Públicas dependientes de las mismas, cuyo personal ha crecido en un porcentaje aún superior 
hasta el 77.56%. 
Los incrementos observados podrían justificarse por el traspaso de competencias des-
de la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas, pero si se considera que el 
sector público dependiente directamente de la Administración del Estado ha descendido solo 
un 9%, las cifras no solo no parecen concordar, sino que están muy distantes. Tomando los 
valores absolutos, la Administración del Estado ha disminuido su personal en el período 
considerado en una cifra algo inferior a cincuenta mil efectivos, mientras que el incremento 
de personal en las CC.AA. y Universidades dependientes de las mismas se eleva a casi 
cuatrocientos veinticinco mil efectivos. 
La cuestión más relevante, sin embargo, es cómo se puede explicar que, con una tan 
importante incorporación de personal al servicio del sector público, la más relevante obser-
vada en términos porcentuales en cualquiera de los países considerados en la muestra y en 
la propia OCDE, es posible que, al mismo tiempo España sea el país con los empleados 
públicos de mayor edad; observábamos más arriba que el 95% está por encima de treinta y 
cuatro años y el 46% está por encima de cincuenta y cinco años. 
La explicación esencial a esta aparente paradoja la encontramos en los modelos de 
provisión: desde hace años se han realizado propuestas de racionalización y dimensiona-
miento del empleo público, en general aludiendo a su necesaria reducción. Los intentos de 
llevarlas a cabo han sido múltiples y reiterados y no hayGobierno que se precie que no haya 
elaborado su plan específico en la materia, incluido el gobierno actual. Estos planes, empe-
ro, suelen quedar debidamente archivados o decorar los estantes de las bibliotecas y su 
aplicación práctica es escasa. El proyecto quizá más ambicioso en este sentido, la Comisión 
para la Reforma de la Administración Pública (CORA), tenía como objetivo primordial la 
reducción de organismos y entes públicos de utilidad y eficacia discutibles; sus conclusiones 
fueron formalmente positivas, basándose en los órganos suprimidos, aunque muchos de ellos 
se limitaron a integrarse en otros órganos y el personal afectado encontró acomodo en otros 
ámbitos de las distintas Administraciones. 
Además de los planes específicos reiteradamente propuestos, las leyes anuales de pre-
supuestos del Estado y de las distintas CC.AA. vienen incluyendo, casi de rutina, limitacio-
nes al incremento de personal y controles sobre el mismo. Puede interpretarse que esta fi-
nalidad sí parece haberse conseguido en el Estado, aunque sería dudoso si se considera que 
también ha habido traspasos competenciales hacia las CC.AA. Donde, desde luego, no se 
ha conseguido reducción alguna es en estas últimas, puesto que en las mismas se ha produ-
cido el importantísimo incremento ya señalado, pudiendo razonarse a la inversa: incremen-
tos competenciales pueden justificar aumentos de personal, pero considerando la evolución 
16 José Antonio Díaz Lago 
Cuadro 3 
Datos empleo AA.PP. España 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Boletín Estadístico de Personal. Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
del empleo público observado en la Administración General del Estado y sus organismos 
dependientes, no por los volúmenes que se han producido. 
No obstante, lo relevante es que esta pugna entre, por un lado, los deseos teóricos de 
racionalización de los organismos públicos y dimensionamiento del empleo público y, por 
otro lado, las presiones y clientelismos desatados en entornos territoriales y administrativos 
más pequeños no ha servido para rejuvenecer la Administración y, al menos, contar con 
personal más idóneo por razones de edad para afrontar los retos de la renovación tecnoló-
gica exponencial. En consecuencia, se ha procedido a contratar personal interino o temporal 
en las CC.AA. (casi el 90% del incremento de empleo público en el período considerado 
corresponde a este tipo de personal, un volumen de más de trescientos cincuenta y ocho mil 
efectivos) generando un problema de primera magnitud y difícil solución que ha alcanzado 
ya a las instituciones comunitarias, que se han pronunciado sobre la cuestión: Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, asunto 726/2019 sentencia 3/6/2021, y a la Justicia Españo-
la: STS 17/2021. 
Desde el punto de vista de la organización y racionalidad del sector público y de las 
distintas administraciones públicas que en España lo conforman podría concluirse que los 
criterios seguidos hasta la fecha no han logrado su propósito esencial. Se ha primado la 
comodidad y la solución inmediata de los problemas de gestión, cuando no los intereses 
corporativos o políticos, sobre la adecuada planificación estratégica. Con ello se ha origina-
do un incremento de personal que cabría calificar de poco justificado y que contrasta en los 
últimos años con la minoración de empleos en el sector privado. 
En el conjunto de la economía española los problemas más relevantes del mercado de 
trabajo son la economía sumergida, el desempleo juvenil y, sobre todo, la alta temporalidad. 
En las administraciones públicas, especialmente en las territoriales, lo son la elevada media 
de edad de las plantillas y el crecimiento de las interinidades y del personal eventual o 
temporal: en las CC.AA. un 38% del personal de estas es actualmente interino o temporal. 
Considerando el crecimiento exponencial de la digitalización y la necesidad de un reciclaje 
y formación continuos esta situación no es la más adecuada, mientras que la proliferación 
de interinidades y personal temporal señaladas afecta directamente al modelo de Adminis-
tración aséptica y meritocrática y parece retrotraernos en el túnel del tiempo a la época de 
las cesantías, que parecía superada. 
2. Vuelve el debate económico, aunque más moderado y confuso 
La crisis económica que comenzó a finales de la primera década de este siglo pareció 
ir superándose poco a poco durante la segunda década del mismo, si bien con ritmos y ca-
racterísticas diferentes dependiendo de cada país. No obstante, la recuperación nunca tuvo 
la intensidad suficiente para poder afirmar con rotundidad que se había salido de la crisis. 
Las singularidades de la realidad económica de las dos últimas décadas han motivado que, 
de modo evidente, no haya existido desde el comienzo del siglo XX una corriente de pen-
samiento dominante que se adueñara del mainstream económico, como ocurrió con el key-
18 José Antonio Díaz Lago 
nesianismo en los años gloriosos del capitalismo tras la segunda guerra mundial o como 
aconteció posteriormente, a partir de los años ochenta del siglo pasado, con el auge del li-
beralismo económico. 
La razón sustancial que explica esta falta de predominio en el liderazgo de una doctri-
na económica concreta sobre las demás es que mientras que el keynesianismo y el liberalis-
mo económico parecieron acertar (con todos lo matices que, obviamente, se pueden intro-
ducir) en el diagnóstico y aplicación de soluciones efectivas para garantizar la continuidad 
del capitalismo en los momentos históricos en que se impusieron, los tiempos actuales trazan 
un escenario bien distinto. La confusión imperante en nuestros días y las paradojas a afron-
tar son de tal naturaleza que no propician la formulación de medidas claras y, sobre todo, 
que puedan adscribirse a una determinada corriente económica, a una preponderancia de la 
política fiscal o monetaria o a un decantamiento por las políticas de oferta o de demanda. 
Más bien parece ser necesario y acorde a los tiempos utilizar elementos de diferentes escue-
las económicas en una suerte de sincretismo (Blanchard y Summers 2019) que alcanza, 
incluso, a formulaciones marxistas, que tras la caída del muro de Berlín y la apertura de 
China parecían batirse en retirada, pero que ahora, lejos de extinguirse, han retornado con 
fuerza, como ponen de manifiesto las obras de Mason o Piketty, entre otros. 
Considerando lo expuesto, podríamos señalar algunos puntos en los que parece haber 
un acuerdo esencial, que serían los siguientes, refiriéndonos siempre a las economías desa-
rrolladas, ya que otras economías tienen una problemática distinta: 
— Cierto nivel de intervención del sector público en la economía es necesario. 
— La cobertura social que garantice educación, sanidad y ciertos mínimos vitales es 
imprescindible. 
— La globalización de la economía no ha servido para asegurar un acercamiento en 
el nivel de desarrollo entre grupos de países y ha generado situaciones de dominio 
de mercado similares a los monopolios y motiva corrientes migratorias hacia los 
países desarrollados que tensionan su propia estructura social y económica. 
— El empleo se manifiesta como la medida esencial de la capacidad de adaptación 
de las economías a la realidad imperante, mostrándose resistente ante los estímu-
los realizados y sin una recuperación clara, sin perjuicio de la evolución específi-
ca por países. Adicionalmente, se manifiesta un cambio de naturaleza desconocida 
en este terreno: las habilidades, formaciones y estructuras laborales se perciben 
como uno de los retos ineludibles a afrontar, pero con una gran incertidumbre 
respecto a su dirección. 
— Los restos de la digitalización creciente, el impacto sobre el medio ambiente y el 
necesario desarrollo de la economía verde no se discuten en general, aunque sus 
formulaciones son en másde una ocasión confusas y poco claras. 
Persisten también desacuerdos, centrados en los aspectos más doctrinales de las distin-
tas corrientes económicas, aunque sin la virulencia de otros tiempos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
— No existe una conciliación clara sobre la intensidad adecuada de las políticas de 
austeridad, si bien la pandemia parece haber aplazado en parte esta discusión, 
puesto que la necesidad de priorizar las políticas sanitarias y los distintos niveles 
de intensidad de la afectación por países hace complicado llegar a conclusiones 
de índole general, incluso en economías similares. 
— La procedencia de las políticas de estímulo vuelve a estar encima de la mesa y se 
plantea sin tapujos por sus defensores. 
— Aunque el sistema de mercado libre no está en el centro del debate resurgen con 
claridad las propuestas de corte planificador y el intervencionismo del Estado como 
una manera de corregir los problemas económicos y sociales. 
Como se ha dicho, los planteamientos son moderados y en el fondo vuelve a resurgir 
el debate sobre el fin del capitalismo que nunca se ha abandonado, aunque sí aplazado y que 
fue formulado no solo por el socialismo radical sino por insignes economistas ortodoxos: 
desde el propio Schumpeter hasta Joan Robinson y, extremando la interpretación, incluso 
por Paul Samuelson. Solo la ninguneada y minoritaria escuela austriaca se sigue mostrando 
firme en el mantenimiento de posiciones irreductibles en lo que se refiere a la defensa del 
liberalismo, el libre mercado, la mínima intervención gubernamental, la reducción de im-
puestos y la existencia de reglas escasas pero contundentes en materia regulatoria, especial-
mente en los mercados financieros. 
3. El volumen y peso deseable del sector público en la economía 
Aunque el Estado Social y los derechos de los trabajadores se habían venido consoli-
dando desde finales el siglo XIX, la dimensión de los Estados distaba de garantizar la co-
bertura social generalizada frente a situaciones de emergencia, de modo que la drástica si-
tuación social vivida tras la gran depresión de 1927 motivaba desde actuaciones públicas 
heterodoxas de acuerdo a los ideas de aquellos tiempos (new deal) hasta llamadas a la in-
versión pública incluso entre economistas de la Escuela de Chicago, como el propio Fried-
man. Sin embargo, estas ideas contradecían las corrientes económicas ortodoxas imperantes 
y fue el keynesianismo el que dotó de argumentos teóricos a los que pensaban que, sin in-
currir en la intervención total de la economía, era imprescindible en ciertas ocasiones un 
estímulo estatal potente para garantizar un incremento de la demanda y el empleo. Estos 
planteamientos económicos, que no solo eran en aquel momento radicales sino inimaginables 
(L. H. White 2015) dominaron la economía mundial hasta que la estanflación (inflación y 
desempleo combinados) observada durante la crisis del petróleo, pese a que se enseñaba en 
las escuelas económicas (curva de Philips) que era literalmente imposible de darse, se mos-
traba con claridad en el mundo real. 
Sin embargo, los años de keynesianismo y la potenciación de los sectores sindicales y 
sociales han consolidado Estados con una estructura cada vez más potente y con un peso 
mayor en la economía, con peculiaridades dependiendo de cada país, pero con una tenden-
 
 
 
20 José Antonio Díaz Lago 
cia global clara. Tanto es así que al tomar las riendas de la ideología económica dominante, 
en los años ochenta del siglo pasado, los economistas partidarios de las políticas de oferta, 
presuntamente radicales del liberalismo, resultaron ser en su mayoría más bien tory wets, 
esto es conservadores moderados poco partidarios de aplicar cirugías extremas en la econo-
mía o de recortar drásticamente el sector público; incluso se mostraron partidarios de ma-
yores regulaciones en el ámbito financiero, especialmente a partir de 2008 o en el sector 
medioambiental (Krugman 2009). 
Las sociedades occidentales se han acostumbrado a las coberturas sociales; tanto las 
crisis de más calado como las pequeñas crisis cíclicas en los últimos setenta años se han 
solventado con la entrada en acción de los estabilizadores automáticos y la cobertura social 
otorgada por los Estados. La combinación de la expansión de la riqueza económica y el 
incremento paulatino del modo de vida en los países occidentales, junto a la conciencia 
global de la ciudadanía y la actividad desarrolladla por las potentes organizaciones sindica-
les no permiten fácilmente un cuestionamiento apreciable de la dimensión del sector públi-
co, lo que por otra parte y como hemos visto dista de darse en las distintas corrientes eco-
nómicas, al menos en su aplicación práctica. 
Se ha podido constatar el fracaso de los países del bloque comunista, que tuvo su hito 
emblemático tras derribarse el muro de Berlín, y es un hecho evidente que el modelo comu-
nista no ha funcionado históricamente en otros países, así como que el crecimiento expo-
nencial de la economía china solo se ha podido producir tras aplicar medidas de apertura y 
permitir la liberalización de ámbitos económicos específicos (aun con el férreo control po-
lítico que persiste). 
Sin embargo, la ralentización del crecimiento en las economías occidentales y la exis-
tencia dentro de estas de países con un potente sector público, como los escandinavos, 
vuelven a poner de actualidad el debate sobre la dimensión adecuada del sector público y 
su contribución al desarrollo económico. ¿Puede entonces establecerse alguna relación entre 
tamaño del sector público y empleo asociado al mismo con el crecimiento económico, aun-
que exija después un análisis sobre otras condiciones políticas o sociales en los países en 
los que parece haber tenido éxito? 
Para hacer una breve aproximación a esta cuestión partiremos de datos macroeconó-
micos concretos, referidos al período 2007-2019, por las razones ya expuestas más arriba, 
y trataremos de llegar en primer lugar a algunas conclusiones extraídas de los propios datos, 
para pasar posteriormente a realizar alguna observación deductiva al margen de estos. 
En el Cuadro 4 siguiente se establece una correlación lineal entre los datos para el 
período 2007/2019 del grupo de países tomados en la muestra y considerados suficiente-
mente representativos: por un lado se consideran el incremento del PIB y crecimiento de la 
renta per cápita (tomados en ambos casos como comparativa de los valores absolutos de los 
períodos considerados) y, por otro lado, se incluyen los incrementos de ingresos públicos y 
de gasto público, considerados en este caso como cálculo de la media de los incrementos 
anuales en ambos casos. 
21 La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
Cuadro 4 
Correlación de variables macroeconómicas 
Fuente: Elaboración propia, s/OCDE (Government at a glance 2021) y World Bank (indicadores de desarrollo 
mundial 2021). 
22 José Antonio Díaz Lago 
Las conclusiones que se extraen del Cuadro 4 anterior, para el conjunto de la muestra 
se ofrecen a continuación: 
a) Existe, para el conjunto de la muestra total, una correlación positiva entre el cre-
cimiento del gasto público y el resto de las variables consideradas, que podría 
ordenarse por su grado de interdependencia (que sería máxima para valores =1): 
 — Crecimiento gasto público per cápita/ crecimiento PIB 0,84. 
 — Crecimiento gasto público per cápita / crecimiento ingresos públicos per cá-
pita 0,77. 
 — Crecimiento gasto público per cápita / crecimiento renta per cápita 0,58. 
b) Por su parte un crecimiento positivo del PIB arroja igualmente una correlación 
positiva: 
 — Crecimiento PIB/ crecimiento ingresos públicos per cápita 0,86. 
 — Crecimiento PIB/ crecimiento renta per cápita. 0,73. 
c) Un crecimiento de los ingresos públicos establece igualmente una relación direc-
ta con la renta percápita: 
 — Crecimiento ingresos públicos per cápita/ crecimiento renta per cápita 0,71. 
d) Si en lugar de utilizar la totalidad de la muestra utilizamos exclusivamente la de 
los cinco países cuyo PIB ha crecido menos en el período considerado, los resul-
tados siguen ofreciendo una interdependencia directa, pero varían. Son los siguien-
tes: 
 — Crecimiento gasto público per cápita / crecimiento PIB 0,79. 
 — Crecimiento gasto público per cápita / crecimiento ingresos públicos per cá-
pita 0,05. 
 — Crecimiento gasto público per cápita / crecimiento renta per cápita –0,03. 
 La aparición de un resultado negativo en la relación Crecimiento gasto públi-
co/ crecimiento renta per cápita parece indicar una dependencia inversa, muy leve, 
pero que pudiera indicar problemas de equidad en la distribución y prioridades del 
gasto público. El resto de las relaciones observadas en este planteamiento son las 
siguientes, positivas, lo que indica una relación directa, pero inferiores a las de la 
muestra general: 
 — Crecimiento PIB/ crecimiento ingresos públicos per cápita 0,57. 
 — Crecimiento PIB/ crecimiento renta per cápita. 0,49. 
 — Crecimiento ingresos públicos per cápita/ crecimiento renta per cápita 0,99. 
e) Del mismo modo que se han seleccionado los cinco países de la muestra con 
menor crecimiento del PIB en el período considerado si la comparación se hace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
con los cinco países de la muestra con mayor crecimiento del PIB en el período 
los valores que se obtienen son los siguientes: 
— Crecimiento gasto público per cápita / crecimiento PIB 0,83. 
— Crecimiento gasto público per cápita / crecimiento ingresos públicos per cá-
pita 0,89. 
— Crecimiento gasto público per cápita / crecimiento renta per cápita 0,44. 
— Crecimiento PIB/ crecimiento ingresos públicos per cápita 0,85. 
— Crecimiento PIB/ crecimiento renta per cápita. 0,61. 
— Crecimiento ingresos públicos/ crecimiento renta per cápita 0,55. 
Para este conjunto de países la relación que se establece es más directa, sin observar 
valor negativo alguno, lo que es indicativo de que el mero crecimiento del gasto público per 
cápita no conlleva necesariamente un desarrollo económico y una adecuada redistribución 
de rentas, sino que debe ir acompañado de medidas adicionales relacionadas con la innova-
ción, diversificación y capacidad de introducir complejidad en los sectores económicos. Este 
hecho se puede observar en el Cuadro 5 siguiente en el que se establece el coeficiente de 
correlación de España con el conjunto de países considerados en la muestra, en este caso 
para los valores relativos a deuda, inversión y gasto público como valor porcentual del PIB 
(no como incremento de este en relación a la renta per cápita). Es fácil observar que se da 
una relación directa —en mayor o menor medida— de España con respecto a la media de 
la OCDE y de la mayor parte de los países considerados en la muestra, con excepción de 
algunos de los países más dinámicos como Suecia, Noruega y Alemania, con los que se da 
una correlación inversa respecto a las variables consideradas. 
Por otro lado, si se calcula el coeficiente de correlación de la variación del porcentaje 
de gasto público en el período 2007-2019 en relación al crecimiento del PIB en el mismo 
período se obtiene un valor cercano a cero lo que significa que la contribución del sector 
privado al crecimiento del PIB no ha sido inferior a la del sector público considerada en 
valores absolutos, aunque el incremento de gasto per cápita si pueda establecer una relación 
directa con el crecimiento del PIB. Es decir, incrementos de población requieren incremen-
tos del gasto público para garantizar el mantenimiento de los niveles asistenciales para las 
funciones sociales, pero es más dudoso que una política de estímulo a ultranza tenga más 
efecto en el crecimiento de la economía que la iniciativa privada en condiciones de compe-
titividad y diversificación. 
Puede deducirse que la diversidad económica es un elemento determinante del desa-
rrollo económico, ya que otorga opciones eludiendo la dependencia de sectores específicos. 
La Universidad de Harvard publica anualmente el Atlas of economic complexity, que en 2021 
constata el rápido avance de las economías asiáticas como China o Corea del Sur, que se 
sitúan ya entre las veinte primeras en complejidad económica, cuando hace veinticinco años 
no lo estaban. España, continúa perdiendo posiciones, situándose en el puesto 32. De las 
economías incluidas en la muestra de este trabajo, Alemania y Suecia siguen en los puestos 
24 José Antonio Díaz Lago 
Cuadro 5 
Correlación variables Deuda, Gasto Público e Inversión 
Fuente: Elaboración propia, s/OCDE (Government at a glance 2021) y World Bank (indicadores de desarrollo 
mundial 2021). 
25 La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
de cabeza, no así Noruega (caso especial con gran dependencia de la industria del petróleo) 
ni Francia, Italia o Reino Unido, precisamente los países con los que España muestra más 
correlación, y un elemento de reflexión para las economías europeas. 
4. La dimensión del empleo público 
Si relacionamos los parámetros de empleo con las variables macroeconómicas los re-
sultados que se observan, recogidos en el Cuadro 6 siguiente, son heterogéneos, de modo 
que, en general, puede establecerse que el crecimiento del empleo público presenta ambiva-
lencias, como pone de manifiesto que las correlaciones que se establecen son directas e 
inversas. Sintéticamente, los datos más destacados serían los siguientes: 
a) Para el conjunto de la muestra se obtiene: 
 — El incremento del porcentaje de empleo público respecto al empleo total tiene 
en la muestra global considerada una relación inversa, aunque débil y arroja, 
por tanto, resultados negativos. 
 — Todos los valores que se obtienen derivados del incremento de empleados 
públicos por encima de 55 años tienen efecto directamente inverso sobre la 
evolución del PIB y la renta per cápita. 
 — El incre mento del empleo público, como variable absoluta globalmente con-
siderada, tiene una relación directa positiva para la creación de empleo, pero 
de carácter débil. 
b) Para las muestras selectivas en grupos de cinco países, según su mayor o menor 
crecimiento del PIB en la muestra considerada se observan algunas diferencias: 
 — El incremento de empleo público tiene una relación directa positiva muy acu-
sada dirigida al crecimiento económico en los países de menor crecimiento del 
PIB, pero muy débil, casi neutra en los países de mayor crecimiento. 
 — El incremento del porcentaje de empleo público respecto al empleo total tiene 
una relación directa positiva en los países con menor crecimiento del PIB, pero 
inversa en los países con mayor crecimiento del PIB. 
26 José Antonio Díaz Lago 
Cuadro 6 
Correlación variables empleo/variables económicas 
Fuente: Elaboración propia, fuente OCDE (Government at a glance 2021) y World Bank (indicadores de desarro-
llo mundial 2021). 
 
27 La evolución económica y el ajuste de recursos en la Administración Pública 
5. Conclusiones 
El objetivo del trabajo era realizar una breve aproximación a la problemática del empleo 
y del tamaño idóneo del sector público, de carácter fundamentalmente descriptivo. No obs-
tante, se apuntan algunas conclusiones: 
— La evolución del empleo público en España, fundamentalmente en las Comunida-
des Autónomas, ha venido creciendo de modo aparentemente poco controlado. 
Además, la falta de planificación y de sustitución ordenada del personal ha deri-
vado en un acusado envejecimiento del personal al servicio del sector público, sin 
parangón en Europa. Adicionalmente, la generación de bolsas muy importantes de 
interinidad y temporalidad suponen un serio problema, no solo por la búsqueda de 
una solución a la situacióncreada, sino por el deterioro de la calidad de la función 
pública. 
— Distintas voces han manifestado la conveniencia de variar los niveles de acceso 
en la Administración, eludiendo los planteamientos memorísticos y adecuando las 
pruebas a las habilidades requeridas actualmente: capacidad expositiva, adaptación 
al cambio, competencias digitales, etc. Sin embargo, es indudable que el acervo 
de conocimientos en las distintas áreas sigue siendo necesario, por lo que de algún 
modo debe ponerse en valor. En consecuencia, parece que debe establecerse una 
relación entre nuevos modos de acceso, más adecuados a los tiempos presentes, 
con la necesaria equidad de estos y con el objetivo de seleccionar al personal más 
capacitado posible. 
— Aunque un nivel determina do de gasto público destinado a la creación de empleo 
tiene una relación directa positiva sobre el empleo global, esta es de carácter débil, 
mientras que si la creación de empleo público es sustitutiva de la creación de 
empleo privado la relación sigue siendo igualmente débil, pero es de relación in-
versa, o negativa. Esto parece sugerir que las políticas de incentivación de empleo 
público no generan resultados globales apreciables ni en el crecimiento económi-
co ni en el empleo total, aunque pueden resultar ventajosas para quienes se bene-
ficien de ellas, desde el punto de vista personal o político. 
— Las proyecciones económicas basadas en expectativas racionales y en modelos 
predictivos derivados de las mismas son más cuestionables que nunca, incluso a 
la hora de trazar meras tendencias. Ello es debido a que los cambios sociales y 
económicos propiciados por el desarrollo tecnológico exponencial hace que los 
mecanismos de análisis efectuados sobre experiencias pasadas, aunque sean inme-
diatas, no son del todo fiables. En consecuencia, los planteamientos más seguros 
son los que recurren a los principios más generales aplicables a cualquier proceso: 
transparencia, capacidad de innovación, adaptación a los cambios y formación 
global. 
— La dicotomía más/menos sector público no está totalmente obsoleta, pero no pa-
rece la más adecuada para analizar la realidad actual. Como caso paradigmático, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 José Antonio Díaz Lago 
el estatismo de los países escandinavos se compatibiliza con políticas públicas de 
transparencia, responsabilidad y exigencia de resultados, en un modelo que no es 
fácilmente trasladable a otros países con condiciones sociales distintas. Además, 
la contribución del sector público al PIB en estos países no implica una justifica-
ción del incremento de empleo público, sino lo contrario, externalización de ser-
vicios prestados al sector público por empresas privadas. 
— La economía de libre mercado y los planteamientos más tendentes a un interven-
cionismo público parece, al menos en las economías occidentales con un fuerte 
nivel de protección social, que deben buscar un punto de encuentro y de simbiosis 
de los aspectos más compatibles de las mismas. La formación, el conocimiento, 
el saber, intelectual y tecnológico será lo que determinará la capacidad de avance 
y desarrollo de cada sociedad y del empleo como valor determinante de la inte-
gración de las personas en la misma. 
6. Bibliografía 
Bermúdez, C. (2014). «La racionalidad en la formación de expectativas». Revista de Economía Insti-
tucional, vol. 16, pp. 83-97. 
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Boletín Estadístico de Personal. Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
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Harvard University. Atlas of economic complexity (accesible en red). 
Krugman, P. (2010). La era de las expectativas limitadas. Edit. Ariel. 
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Piketty, T. (2021). Viva el socialismo. Deusto-Grupo Planeta. 
Ramio, C. (2016). «El Estado en el año 2050, entre la decadencia y el esplendor». Revista CLAD. 
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Sowell, T. (2019). Discrimination and disparities. Edit. Hachette. 
Skidelsky, R. y Fraccaroli, N. (2017). Austerity or Stimulus. Edit. Palgrave McMillan. Cham. 
White, L. H. (2015). El choque de ideas económicas. Edit. Antoni Bosch. 
The World Bank. Open data (disponible en red). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto y Gasto Público 103/2021: 29-42 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 
© 2021, Instituto de Estudios Fiscales 
El papel de las tecnologías y de la ciudadanía 
en el presente y futuro del control de la gestión pública: 
nuevas oportunidades para el progreso 
ÁLVARO GARCÍA MOLINERO 
Interventor/Auditor en el Ministerio de Defensa 
Recibido: Septiembre 2021 
Aceptado: Octubre 2021 
Resumen 
La aparición de nuevas tecnologías ha supuesto una verdadera transformación del ejercicio de la actividad fiscali-
zadora. Si bien es cierto que este proceso de integración de nuevas herramientas informáticas requiere un tiempo 
de adaptación, nadie pone en duda hoy las innumerables ventajas que las mismas ofrecen. Así mismo debemos 
también abrirnos a la posibilidad de generar nuevos cauces de participación a una ciudadanía cada vez más infor-
mada e interesada en conocer cómo funcionan los servicios públicos. La adaptación a este nuevo entorno digital y 
la apertura a nuevos canales de colaboración determinarán el éxito o fracaso de los entes de control. 
Palabras clave: Control interno, fiscalización, nuevas tecnologías, participación ciudadana, auditoría. 
Clasificación JEL: M41, M42. 
Abstract 
The appearance of new technologies has meant a transformation in the exercise of the audit activity. Although this 
process of integrating new IT tools requires some time to adapt and no one today questions the countless advan-
tages they offer. We must also open ourselves to the possibility of generating new channels of participation for an 
increasingly informed citizenry interested in knowing how public services work. Adapting to this new digital en-
vironment and opening to new channels of collaboration will determine the success or failure of control entities. 
Key words: Internal control, auditing, new technologies, citizen participation. 
JEL Classification: M41, M42. 
Introducción 
Con el presente trabajo se pretende realizar un estudio sobre la necesidad de que las 
tareas de control de la actividad económico-financiera del Estado en el actual marco de 
administración electrónica se realicen con una adecuada combinación de personas y las 
tecnologías. Durante los últimos años, con el avance imparable de las nuevas tecnologías y 
 
 
 
 
 
 
 
30 Álvaro García Molinero 
la necesidad de dar una respuesta óptima a la ciudadanía, como principal destinataria de la 
información sobre los resultados derivados de la gestión pública y su control, se ha hecho 
patente la necesidad de que las tareas que conforman el control de la actividad económi-
co-financiera del Estado vaya en sintonía con la evolución de estas tecnologías y con el 
posible reconocimiento de un nuevo rol a la ciudadanía a la hora de acometer las distintas 
actuaciones de fiscalización. 
Para ello, es preciso adaptar los roles y la capacitación del personal encargado de llevar 
a término tan importantes funciones en este nuevo entorno. Lo que nos demuestra la realidad 
en la que vivimos es que este entorno está sujeto a un permanente cambio (evolución) y 
demanda una adaptación rápida y continua de todos los agentes que intervienen en las tareas 
que engloba la gestión pública y de los que ejercen el control de la misma. 
1. El control de la actividad económico-financiera en un contexto 
de administración electrónica. La perspectiva de las nuevas 
tecnologías, con sus oportunidades y sus riesgos 
Los objetivos de control enumerados en la normativa presupuestaria y de los órganos 
encargados del control externode la gestión económico-financiera del sector público pueden 
quedar resumidos en: 
a) Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión 
objeto del control. 
b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su 
fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones 
aplicables, deba formar cada órgano o entidad. 
c) Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de 
acuerdo con los principios de buena gestión financiera (triple «e»: economía, 
eficacia y eficiencia). 
d) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los órganos gestores (fines 
institucionales). 
Ciertamente, la realización de un control absoluto, del 100% de toda la gestión reali-
zada se antoja imposible. Por ello, la normativa de desarrollo ha ido enfocando la función 
de control sobre la base de dos elementos fundamentales: el análisis de riesgos como factor 
elemental a la hora de planificar y ejecutar las actuaciones de control y la aplicación de las 
tecnologías existentes con el objetivo de promover la mejora de los resultados obtenidos 
del control en términos de eficacia y eficiencia. 
En este punto conviene recordar que las labores de supervisión y de continua vigilan-
cia de la gestión no es únicamente del órgano de control o fiscalizador, sino que como 
primera defensa y como máximo responsable se encuentra el órgano gestor. Para aproximar 
 
31 El papel de las tecnologías y de la ciudadanía en el presente y futuro del control de la gestión pública 
este concepto, la INTOSAI, en su Guía para las normas de control interno del sector públi-
co (INTOSAI GOV 9100), señala: 
«El control interno es un proceso integral dinámico que se adapta constantemente a los 
cambios que enfrenta la organización. La gerencia y el personal de todo nivel tienen que estar 
involucrados en este proceso para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad razonable del 
logro de la misión de la institución y de los objetivos generales». 
De esta afirmación se pueden extraer dos ideas importantes que, además, pueden ex-
trapolarse también al control externo: 
— El control de la actividad económico-financiera como un proceso integral (que 
comprende todos los elementos o aspectos), y que además tiene que ser dinámico 
(movible, ajustable). 
— Todo el personal que participa en este control tiene que estar preparado y capa-
citado para poder responder a las nuevas necesidades, o riesgos, que puedan 
surgir al objeto de que se pueda asegurar que se logran los objetivos de la organi-
zación y que se actúa de acuerdo con la MISIÓN (razón de ser de la organización) 
de cada organización o ente público. 
Una vez asentado el marco normativo del control interno, podemos plantearnos una 
pequeña reflexión sobre el ejercicio de este control en términos ya mencionados de eficacia 
y eficiencia. El propio Tribunal de Cuentas de España (TCu) en sus Normas de Fiscalización, 
aprobadas por el Pleno el 23 de diciembre de 2013, modificadas por Acuerdo del Pleno de 
29 de octubre de 2015, señaló lo siguiente: 
«Un sistema de control interno se entenderá adecuado cuando, con unos costes razonables 
e inferiores a los beneficios que reporte su existencia, proporcione suficiente seguridad de que 
cubre los siguientes objetivos: salvaguardar los activos o recursos de la entidad, otorgar fiabi-
lidad a los registros contables y garantizar el funcionamiento de la organización de acuerdo 
con la normativa de aplicación y con los principios de buena gestión». 
Destaca esta afirmación de este órgano tan relevante en el sentido de que introduce un 
elemento de análisis coste/beneficio. Es decir, el control será adecuado y eficaz cuando se 
logre cumplir con los objetivos señalados a un coste asumible dados los recursos existentes. 
Es la materialización del siguiente principio: «No vale el control por el control», por tanto, 
busquemos la economía de medios y la mejora de la eficiencia en nuestras labores de control. 
Aunque como ya ha sido señalado el primer órgano encargado de ejercer el control 
interno es el propio gestor, como máximo responsable de la actividad de gestión pública a 
ellos encomendada, los órganos de control propiamente dichos, y así determinados en la 
normativa presupuestaria, debemos plantearnos, al menos, las siguientes reflexiones: 
— ¿En nuestro modelo actual estamos realizando un adecuado control atendiendo a 
todos estos objetivos que plantea y exige la normativa presupuestaria? ¿Resulta 
eficaz y eficiente nuestra labor de control? ¿En qué aspectos podemos mejorar? 
— ¿Estamos preparados para afrontar las labores de fiscalizació n en un nuevo marco/ 
entorno de administración digital? Veamos en este contexto la nueva realidad: data 
 
 
 
 
32 Álvaro García Molinero 
analytics, data mining, big data o la Inteligencia Artificial, automatización de 
procesos, etc. 
Estos recursos han venido para quedarse y ayudarán notablemente a realizar un control 
eficaz (consecución de objetivos de control) y eficiente (logro de objetivos con un conside-
rable menor número de recursos financieros, humanos, materiales…), posibilitando cumplir 
con los objetivos de control propuestos en la normativa presupuestaria. 
Es necesario poner sobre la mesa todos aquellos aspectos que van a incidir en el ne-
cesario cambio de mentalidad, entendido como el cambio cultural que consiste en la evolu-
ción de un modelo tradicional a un modelo innovador/vanguardista más acorde a las cir-
cunstancias actuales y que verdaderamente permitan ejecutar, en tiempo y forma, un control 
amplio posibilitado por las herramientas TIC y focalizado en las principales áreas de riesgo 
detectadas en el ente auditado. 
En este marco de reflexión, podemos traer a colación lo señalado por el Tribunal de 
Cuentas Europeo en un interesante ejemplar monográfico (Journal del 1/2020) en colabora-
ción con personal experto del entorno digital: 
«La necesidad de mantenerse al día con los avances tecnológicos es algo que la profesión 
de auditoría interna no puede permitirse ignorar. La gran velocidad del cambio significa que 
tenemos que anticiparnos, planificar y reaccionar de formas que muchos hubieran encontrado 
inimaginables hace tan solo unos años. 
Tenemos que aprovechar esas herramientas y tecnologías que nos permitan evaluar mejor 
no solo los riesgos a los que se enfrenta la Comisión en este entorno cada vez más desafiante, 
sino también los controles establecidos para mitigarlos. Sin embargo, también necesitamos el 
talento y las habilidades adecuados para hacer esto en un mercado muy competitivo (…)». 
Vemos ahora ya no solo la importancia de contar con las nuevas tecnologías disponibles, 
sino que también es necesario que las personas que participan o pueden participar (también 
otro tipo de personal especializado en otras materias) en las actuaciones de control se nutran 
de nuevos conocimientos, destrezas y habilidades en un entorno claramente diferente al 
existente hasta no hace muchas fechas. 
La formación y perfeccionamiento del personal controlador son, por tanto, elementos 
que no deben ser olvidados y deben constituir un pilar básico en la estrategia general defi-
nida en la propia dirección de los órganos de control. A la extensión/dispersión normativa 
(modificaciones incluidas) y al amplio espectro de materias que pueden ser objeto de control 
debemos añadir la exigencia de tener que «aprender» a manejarnos con estas herramientas 
informáticas. 
La oportunidad para avanzar, para ser más eficientes está ahí. Ya podemos disponer de 
las herramientas necesarias para automatizar, para reducir cargas burocráticas, para agilizar 
los procesos internos. Es en este entorno informatizado donde podemos y debemos mover-
nos, solo queda aprovechar estas oportunidades. 
Para lograr este objetivo surge la necesidad de confiar el control a equipos multidis-
ciplinares en los que estén presente personal con otro tipode conocimientos distintos a los 
 
 
 
33 El papel de las tecnologías y de la ciudadanía en el presente y futuro del control de la gestión pública 
requeridos tradicionalmente para el ejercicio de la auditoría o del control de la gestión 
económica (analistas de datos, especialistas TIC etc.). Precisamente los recursos humanos 
representan una de las mayores limitaciones que se puede presentar en las entidades de 
control, por ello es trascendental abordar una estrategia que tenga en cuenta estas necesi-
dades. 
Disponer del capital humano necesario y capacitado para explotar el potencial de dicho 
desarrollo tecnológico, basado en la complejidad de los sistemas informáticos, necesitará de 
equipos técnicos totalmente dedicados a dar soporte a la plataforma, a nivel de infraestruc-
tura y para el tratamiento de la información mediante el conocimiento de técnicas, procesos 
y metodologías para interpretar y sacar valor de los datos. 
1.1. Riesgos existentes o emergentes en un ámbito de administración 
electrónica y de nuevas tecnologías. La importancia de las auditorías 
de sistemas y procedimientos 
No cabe duda de que el actual marco existente, con la implantación (aún por mejorar) 
de una administración electrónica y con unas tecnologías cada vez más potentes, y que 
ofrecen unos recursos potencialmente ilimitados, debemos tener en cuenta también los po-
sibles riesgos que pueden surgir cuando procedemos a realizar actuaciones de control en un 
entorno digital e informatizado. 
Como ya hemos señalado, la eficacia y eficiencia en estas labores de fiscalización será 
mayor (análisis masivo de datos, automatización, análisis de riesgos, mejora en el proceso 
de toma de decisiones, lucha contra el fraude y corrupción, etc.) pero claramente estos me-
dios pueden resultar perniciosos si son inadecuadamente utilizados (por ejemplo, llegar a 
conclusiones equivocadas), o bien, ser susceptibles de riesgos, tales como los relativos a la 
ciberseguridad, de las propias deficiencias que puedan plantear los sistemas de gestión y/o 
de información (económica, contable, etc.) etc. 
Por este motivo, la incorporación de las tecnologías a nuestras tareas rutinarias debe 
llevar aparejada la planificación y ejecución de un mayor número de auditorías relacionadas 
con este entorno digital y electrónico (ej., auditorías de sistemas de información). 
1.2. ¿Qué nos pueden aportar las nuevas tecnologías? 
Entre las principales ventajas que pueden aportar las tecnologías podemos destacar las 
siguientes: 
— Mayor capacidad para el análisis de datos: Esto posibilita que podamos dejar de 
lado la necesidad de acudir al muestreo, pudiendo analizar toda la población (uni-
verso) y evitando así incurrir en posibles incidencias o errores a la hora de extra-
polar los resultados. Asimismo, con el adecuado desarrollo de las tecnologías 
aplicables al campo del control, la certeza en las conclusiones alcanzadas será 
 
 
 
34 Álvaro García Molinero 
mayor, favoreciendo una corrección óptima de las irregularidades o ineficiencias 
detectadas a través del conjunto de medidas correctoras aplicadas por el gestor. 
— Mayor comprensión de la actividad desarrollada por el ente público: el volumen 
de información procesada y debidamente tratada permite conocer con mayor pro-
fundidad y precisión el conjunto de las actividades que son desarrolladas por una 
determinada entidad. Permite identificar a los responsables, sus procedimientos o 
el conjunto de procesos internos llevados a cabo. Este es el punto de partida para 
detectar posteriormente irregularidades, ineficiencias, puntos de mejora, en resu-
men, sus áreas de actividad relevantes. 
— Permite identificar adecuadamente las áreas de riesgo: las herramientas informá-
ticas deben ser desarrollados al objeto de posibilitar la identificación de aquellos 
aspectos de la gestión que se consideran más relevantes atendiendo a la actividad 
del ente público, sus objetivos y fines institucionales, sus operaciones y procesos 
internos más habituales, etc. 
— Proporcionan valor añadido al trabajo desempeñado: se debe buscar la forma de 
aportar valor al trabajo que rutinariamente se viene desempeñando. Las herramien-
tas informáticas posibilitan, sin lugar a duda, un mayor alcance de control y de 
análisis y permiten concentrar esfuerzos del personal humano en otras tareas/ 
ámbitos que de otra forma seria imposible abordar. 
— Permite automatizar determinadas tareas de control (revisión): tanto la necesidad 
de realizar adecuados análisis de riesgos como de apostar por la automatización 
de determinados procedimientos de control son factores de especial consideración 
e importancia. En la búsqueda permanente por obtener la mejor relación coste/ 
beneficio se debe optar por la posibilidad de adaptar los controles a los proce-
dimientos objeto de control que se hayan instrumentado y formalizado en resolu-
ciones o actos a través de actuaciones administrativas automatizadas (1) (LGP, 
art. 142.2), o que del propio origen y/o naturaleza electrónica de la documentación 
objeto verificación permite una automatización de las propias actuaciones de 
control. 
— Mejorar el proceso de transparencia y rendición de cuentas: mediante un uso ade-
cuado de las herramientas informáticas se posibilita la elaboración de informes de 
control que permitan su entendimiento generalizado por todos sus destinatarios 
(destacar que los ciudadanos son siempre parte interesada (2)). 
2. La perspectiva del personal humano en las tareas de fiscalización. 
El nuevo papel (rol) de la ciudadanía 
Aparte del control público ejercido por el Parlamento, el Poder Judicial o por las au-
toridades administrativas, no debemos olvidar el control social, entendido como aquel 
control ejercido por instituciones o personas ajenas a la propia esfera administrativa. Además, 
 
 
 
 
 
35 El papel de las tecnologías y de la ciudadanía en el presente y futuro del control de la gestión pública 
no podemos obviar que estamos ante un derecho constitucionalmente reconocido en nuestra 
Carta Magna (Art. 23.1): 
«Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». 
En los últimos años, las exigencias impuestas por las distintas legislaciones en cuanto 
a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas han aumentado considerablemen-
te. Los ciudadanos son cada vez más conocedores de lo que pasa en la vida pública, en esto 
ayuda considerablemente la fuerza divulgativa que ostentan los medios de comunicación. El 
legislador es sabedor de estas necesidades, por ello se han ido dando pasos en la mejora del 
proceso de rendición de cuentas y de transparencia de la gestión realizada, especialmente, 
en lo que atañe a la materia económico-financiera. 
La participación ciudadana en los órganos de control puede ser entendida como el 
proceso mediante el cual las preocupaciones, necesidades y valores de la ciudadanía se in-
corporan en la toma de decisiones de los citados órganos. Esta relación debe basarse, en la 
medida de lo posible, en una comunicación e interacción bidireccional, con el objetivo ge-
neral de tomar mejores decisiones que cuentan con el apoyo público y, por tanto, legitiman 
en mayor medida los resultados que estos entes pueden alcanzar. 
En lo que a participación ciudadana se refiere, existen en el contexto internacional 
varios países o entidades superiores fiscalizadoras que son claros protagonistas en cuanto al 
compromiso adquirido y al esfuerzo realizado a la hora de hacer «colaboradores necesarios» 
a la ciudadanía en la actividad fiscalizadora de las citadas entidades y en los distintos pro-
cesos en que se concreta sus actuaciones de control en sus distintas fases. 
Atendiendo a los resultados obtenidos al «Diagnóstico de la implementación de los 
indicadores de impacto de las buenas prácticas de participación ciudadanade los miembros 
del Comisión Técnica de Participación Ciudadana de la OLACEFS, del año 2017». Esta 
participación ha puesto de manifiesto los siguientes hallazgos (3): 
1. Planificación de las fiscalizaciones/auditorías: la colaboración ciudadana pro-
viene principalmente de la denuncia ciudadana (canales de denuncia). 
2. Identidad institucional y estrategia: han sido incorporados varios servicios en 
los propios órganos de control a partir de recomendaciones de la ciudadanía. 
3. Demanda de participación: se aceptan y registran las diversas solicitudes por 
parte de la ciudadanía, así como la evolución de las denuncias interpuestas por la 
sociedad civil. 
4. Posicionamiento público e imagen institucional: creación de canales de comu-
nicación para promocionar las estrategias de participación ciudadana, incluyendo 
las redes sociales y herramientas de información. 
5. Lucha contra la corrupción y creación de una cultura de control: al objeto de 
identificar la aportación de la ciudadanía en la recuperación de las cantidades 
donde han existido irregularidades reconocidas en los informes de auditoría. 
 
 
36 Álvaro García Molinero 
En cuanto a las posibles dimensiones de participación ciudadana en el ámbito del 
control de la gestión económico-financiera podemos distinguir: 
— Relación unidireccional: marco donde se da cumplimiento a las exigencias de 
transparencia y rendición de cuentas. El ciudadano como sujeto receptor de la 
información derivada de la gestión pública y su control. Implica ofrecer a la ciu-
dadanía información equilibrada y objetiva para ayudar en la comprensión del 
problema, de las alternativas, las oportunidades y las soluciones. Esta relación 
podrá ser de mayor o menor intensidad en función del objetivo pretendido, por 
ejemplo, permitiendo cierto feedback procedente de los ciudadanos (encuestas de 
satisfacción). 
— Relación bidireccional: significa ir un paso más allá, implica aliarse con la ciu-
dadanía en todo o en parte del proceso de toma de decisiones (empoderamiento 
ciudadano). En este caso, pasamos de un ciudadano como sujeto pasivo, receptor 
de información, a un sujeto mucho más relevante y activo. 
Estos resultados ponen de manifiesto que pueden existir diferentes grados de madurez 
de participación ciudadana. Atendiendo a un posible modelo de madurez donde quede re-
presentado de una mayor a menor el nivel de intensidad participativa (Figura 1): 
Figura 1 
Modelo de madurez de participación ciudadana 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
37 El papel de las tecnologías y de la ciudadanía en el presente y futuro del control de la gestión pública 
Implicación: necesidad de asimilar de la normativa estatal sobre transparencia y buen 
gobierno a lo previsto en determinadas normas de carácter autonómico o local en la medida 
en que en esta última normativa señalada ya se recogen vías de participación. Algunos 
ejemplos donde se reconoce este derecho: 
— Ley 7/2017, de 27 de diciem bre, de participación ciudadana de Andalucía (art. 9) 
o la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobier-
no y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (arts. 43 y ss.). 
— Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de fomento a la participación ciudadana 
(art. 8). 
— Ley 8/2015, de 25 de marz o, de Transparencia de la Actividad Pública y Partici-
pación Ciudadana de Aragón (art. 42). 
— Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Cas-
tilla y León (art. 16). 
Llegados a este punto podemos preguntarnos lo siguiente: 
¿Cómo se debe asegurar y facilitar la participación de los ciudadanos en las activi-
dades de control? — En definitiva, garantizando un proceso organizado y bien definido para 
la participación ciudadana, que no sea algo que sucede por accidente ni por casualidad. La 
claridad y sencillez del proceso de participación es clave. Esto pasa por facilitar: 
— Adecuados cauces de acceso a la información, sin filtros y con la correcta atención 
profesional para canalizar o, en su caso, reconducir los planteamientos ciudadanos 
al entorno técnico de las actuaciones de auditoría. 
— Reconocer al ciudadano un determinado rol en la actividad fiscalizadora y en al-
guna o todas sus fases (sujeto activo-sujeto pasivo). La relevancia que puede tener 
esta participación en cada una de las fases de auditoría puede variar de una audi-
toría respecto a otras. Por ejemplo: en algunos ámbitos determinantes la informa-
ción respecto a una materia puede ser más decisiva a la hora de obtener evidencia 
que para promover una nueva actuación de control. 
— Garantizar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo. Es decir, que exista 
un mecanismo eficaz en marcha para comunicar a los participantes cómo su con-
tribución ha influido en las decisiones del órgano fiscalizador y en los resultados 
materiales obtenidos (ámbito prospectivo de la participación). 
2.1. La participación ciudadana en el caso de los órganos de control interno 
y externo de España. Novedades en el marco europeo: propuesta 
de modelo participativo en la Cour des Comptes (Francia) 
En nuestro país no tenemos una tradición arraigada en lo que se refiere a la posibilidad 
de los ciudadanos para incidir de una forma activa en la propuesta y ejecución de actuacio-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 Álvaro García Molinero 
nes de control sobre materias o asuntos de especial interés o relevancia para el conjunto de 
la ciudadanía. Por lo general, la iniciativa para determinar la estrategia de control o las ac-
tuaciones concretas de control parte del propio órgano fiscalizador o del poder legislativo 
correspondiente. Pues bien, como ya ha sido anticipado anteriormente, los ciudadanos, por 
el mayor y mejor conocimiento que tienen de lo público, les convierte en un activo que 
puede resultar decisivo a la hora de promover nuevas actuaciones o nuevos enfoques de 
control. 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
El principal canal de participación ciudadana se ha materializado en materia de 
coordinación antifraude a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude como 
órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses finan-
cieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF). Su ámbito queda limitado a la posibilidad de poner en 
conocimiento de este servicio de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregu-
laridad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a fondos proceden-
tes de la Unión Europea (comunicación de información sobre fraudes o irregularidades 
que afecten a fondos europeos). 
Tribunal de Cuentas de España 
El Capítulo IV, del Título IV, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas (LOFTCu), contiene un relevante artículo (art. 32) en el que se señala 
lo siguiente, concretamente en su apartado 2.º: 
«No se dará curso por el Tribunal de Cuentas a ninguna petición de fiscalización que no 
provenga de las instancias a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982». 
Pues bien, este artículo 45 dispone: 
«Los procedimientos para el ejercicio de la función fiscalizadora se impulsarán de oficio 
en todos sus trámites. La iniciativa corresponde al propio Tribunal, a las Cortes Generales y, 
en su ámbito, a las Asambleas Legislativas u otros órganos representativos análogos que se 
constituyan en las Comunidades Autónomas». 
De una lectura completa de ambos preceptos parece inviable la posibilidad de iniciar 
o impulsar actividades de fiscalización por parte de otros agentes distintos de los estric-
tamente relacionados en el art 45 de la LOTCu, como sería el caso de la participación 
ciudadana. El propio Tribunal ha puesto de manifiesto esta limitación señalando que, si 
la solicitud no proviene de las instancias previstas en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
2/1982, de 12 de