¿Qué pasará ahora que la SCJN ha declarado constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes?

La constitución política de la república mexicana no debe y no puede entenderse como un un concepto independiente de la historia ni como algo superior a la historia por ser la constitución porque, de hecho, la constitución política de los estados unidos mexicanos es el resultado de un conjunto de hechos históricos dentro y fuera de nuestra geografía, por tanto, sin lugar a dudas, puede ser sometida a revisión según los efectos que los acontecimientos tengan para la justicia y el bien común en nuestra sociedad; y aunque pueda sonar obvio, no está de más resaltar que el bien común no está debajo de la justicia ni esta está debajo la constitución, la constitución es para la justicia y el bien común, no al revés.

Ahora bien, particularmente, del tema de la inconstitucionalidad o no de la consulta, así como sus respectivas consecuencias en la sociedad; según he podido comprobar[1], la consulta se limita a preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no en que se lleve un proceso, apegado a la ley, para el esclarecimiento de las decisiones políticas en el pasado, por lo tanto, de ninguna forma, esto significa someter a dictamen popular la inocencia o culpabilidad de los personajes políticos, lo que significaría una grave violación a cualquier principio para la impartición de justicia .

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Por otro lado, y en cuanto a la legitimidad y consecuencias de la consulta sobre la sociedad, me parece, en principio una iniciativa completamente legítima y por tanto constitucional, en tanto, todo servidor público tiene su razón en una organización pública para el cumplimiento de tareas encaminadas a desarrollar el bien común, y si algunas de sus decisiones fueron tomadas al margen o en contra del marco jurídico mexicano, entonces, los ciudadanos tienen todo el derecho de pedir explicaciones al respecto, ojo, explicaciones, aún no se esta hablando de un proceso judicial. Ahora bien, puede resultar que, efectivamente, las decisiones tomadas por ejecutivos pretéritos hayan estado dentro del marco normativo y jurídico mexicano, sin embargo, los ciudadanos pueden no estar satisfechos, y entonces se entra en otro debate donde se reformarían o se establecerían nuevas normas y leyes para los procesos de decisión de los próximos presidentes en algunos o todos los temas de su ámbito. De entrada, a mi me parece, muy sospechoso que un servidor público, tenga la posición que tenga, estuviera protegido ante la ley para no dar explicaciones de sus decisiones, y entonces estaríamos hablando de que puede ser legal, pero no legítimo, y cuando es legal pero ilegítimo, la sociedad no funciona correctamente para desarrollar el bien común, y aparecen casos de "corrupción" porque precisamente no hay coherencia entre la realidad y la organización jurídica.

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Una ley debe ser legítima y para que sea legítima se debe conocer a profundidad la sociedad en la que vivimos, sus características particulares, sus recursos, sus experiencias, etc.. a la luz de un conocimiento de la persona humana, en tanto mexicanos, somos también parte de la familia humana y de la familia hispana que nos hermana con otros pueblos de América, Europa y Asia, y cuando esa experiencia se omite como fuente de nuestra constitución se puede cometer graves errores, ya que como una persona es en cierto modo producto de su historia, lo mismo aplica para las sociedades. Lamentablemente, la constitución política de los estados unidos mexicanos[2], omite gran parte de la historia virreinal, un periodo histórico fundamental en la conformación de nuestra identidad como mexicanos e hispanos, y que sería bueno revisar.

En renacimiento hispano buscamos la transformación de nuestro país para dirigirlo a la culminación de su desarrollo.

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