Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos como derechos específicos, tanto a nivel internacional (ONU, OEA, OIT, etc.), como a nivel de diferentes ordenamientos jurídicos internos de países latinoamericanos. El fundamento de este reconocimiento, es precisamente la especificidad cultural de los pueblos indígenas y las peculiares condiciones de fragilidad y amenazas en que se encuentran, lo cual los hace diferentes al resto de los miembros de las sociedades nacionales en que habitan, y que hacen necesaria una protección especial para garantizar su vida. Esto ha sido reconocido de forma expresa en los Convenios Nº 107 y Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección a las poblaciones indígenas y tribales en países independientes. En dichos instrumentos se señala, que son las condiciones sociales, culturales y económicas de estos pueblos las que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, además de estar regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones. A partir de la segunda mitad del presente siglo, los pueblos indígenas han venido reclamando progresivamente el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos como pueblos diferentes y originarios. En los últimos años, se han experimentado notables avances y progresos en su reconocimiento y definición, así como en la formulación de normas que contienen medidas eficaces para su protección. En un primer momento la OIT realizó un primer intento de establecer un conjunto de normas, destinadas a la protección de los pueblos indígenas, las cuales fueron recogidas en el Convenio Nº 107 del año 1957. Posteriormente la OIT promovió una revisión y actualización del Convenio Nº 107, que concluyó con la adopción en 1989 del Convenio Nº 169, el cual contiene verdaderos avances en el reconocimiento de los derechos específicos de los pueblos indígenas, a su autodeterminación interna, a su territorio y al control de las actividades realizadas en los mismos. De igual forma, actualmente está en preparación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la “Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas”, y en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena por la ONU, en Junio de 1993, se reconocieron de forma clara y expresa estos derechos específicos. Cabe destacar también, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó en 1997, la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, que contiene un reconocimiento de los principales derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el continente americano. Dicha Declaración será sometida a discusión en la Asamblea General de la OEA. Partiendo de las demandas exigidas por los pueblos indígenas a diferentes niveles, se puede observar que los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos, es decir, derechos que los reivindican como pueblos de manera histórico-colectiva. En este sentido se ha señalado que “Los derechos que reivindican los pueblos indígenas tienen un carácter colectivo y su reconocimiento por parte de la Constitución y de las leyes regulares implicaría, de jure, un profundo cambio de perspectiva política y cultural en la que están organizados los Estados nacionales hoy día, es decir, tendría efectos trascendentales en un sentido de reorganización estructural.”