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imitivos comunistas, que lucharon por la abolición de la propiedad privada y la democracia radical, aleccionaron a los liberales a la hora de elegir sus alianzas. Sin que la divisoria fuera del todo clara, los pronunciamientos militares eran al liberalismo moderado lo que el insurreccionalismo local y las juntas revolucionarias fueron al liberalismo progresista, demócrata y federalista. La emergencia política de los sectores populares y la alianza con los liberales progresistas marcaron los nuevos tiempos. Las revoluciones europeas de 1830 y 1848 habían demostrado que si se quería tumbar a la reacción era ineludible la alianza entre el liberalismo radical y el radicalismo democrático popular que por aquellos años empezaba a cuajar en lo que luego sería el movimiento obrero. Conviene recordar que en estas décadas se produjeron los primeros ataques contra fábricas por parte de jornaleros y obreros. La «destrucción de máquinas» en las textiles alicantinas en 1821 y la quema de la fábrica «El Vapor» de Bonaplata en 1835 signaron los primeros pasos de los movimientos anti-industriales y de la organización obrera. La cuestión social y democrática pesaba cada vez más en los sectores democráticos. Los plenos derechos individuales o el sufragio universal masculino directo resonaban con fuerza. Con el fin de recoger esta expresión y diversidad del nuevo liberalismo radicalizado, se creó el Partido Progresista (1837) y casi al mismo tiempo se aprobó la Ley de Asociaciones (1839), allanando el camino para el primer asociacionismo obrero. En 1840, se creó en Cataluña la primera asociación: la Sociedad de Tejedores. El nuevo marco de libertades, abrió también la posibilidad a un nuevo golpe de timón. Con ese fin nació en 1837 la Sociedad secreta La Federación. Organizada con una Junta Suprema Federal en París y de acuerdo con un esquema de «cantones regionales», su papel en la agitación insurreccional dentro del Partido Progresista resultó crucial. En 1839, se celebraron elecciones municipales; ganó el Partido Progresista. La mayoría municipal progresista era un peligro para el moderantismo. Conviene también recordar que el poder liberal tenía su base en las ciudades y que el pucherazo electoral era una práctica corriente. El liberalismo moderado se veía ahora cuestionado por un partido arraigado en el poder local y que además reclamaba para este mayor protagonismo y autonomía. Poco después, y con la intención de socavar la base progresista, el gobierno moderado aprobó una nueva ley municipal que restaba más poder a los ayuntamientos y con ello permitía inclinar la balanza electoral hacia los moderados. Destruía así el poder progresista en los ayuntamientos que estaban basados en la ley de 1823, restablecida en 1836. La respuesta popular a la nueva ley fue una nueva ola de protesta e insurrección. La ley echaba por tierra el principio básico del liberalismo progresista: el poder local. Tanta era la fuerza y el arraigo de este, que las revueltas, las barricadas, las juntas revolucionarias, en definitiva la amplia demostración de fuerza en pueblos y ciudades, acabó por tumbar al gobierno. La regencia de María Cristina tuvo que dejar el gobierno en manos de la espada progresista, el general Espartero. Este gobernó desde 1840 hasta el alzamiento militar moderado de 1843, encabezado por el general Narváez. La primera prueba de poder progresista duró poco, algo más de tres años. Tras el golpe de Narváez se abrió un periodo de 10 años en el que los moderados recortaron las libertades individuales y se dio continuidad al programa de centralización de las administraciones conducente a la eliminación de la autonomía municipal. El programa del Estado liberal pasaba por un Estado fuerte y centralizado sancionado por las nuevas formas del derecho constitucional, civil, penal, administrativo. El partido progresista debía decantarse, o bien exploraba la vía de la radicalización democrática, y por lo tanto probaba una organización territorial descentralizada, o bien se conformaba con un lugar de oposición dentro la normalidad impuesta por el moderantismo en el reinado de Isabel II. Muchos prefirieron la segunda opción, sobre todo aquellos que apoyaron la caída de Espartero. Pero los vientos de revolución que venían de Europa abrieron el camino a aquellos sectores que querían componer un programa de plenas libertades individuales y colectivas, federalista, republicano, a favor del sufragio universal masculino directo y en el que el municipio y la democracia local jugaran un papel protagónico. Esta opción fue defendida, entre muchos otros, por Jose María Orense, el líder republicano radical que provocó la escisión del partido progresista. En 1849, su iniciativa y la de sus compañeros dio cuerpo a la formación del Partido Demócrata. La escisión demócrata del Partido Progresista fue la primera que abordó seriamente la cuestión federal. Los ecos de las revueltas europeas de 1848 reforzaron la idea de descentralización como fuerza motriz de la revolución democrática. ¡Viva la república federal y democrática! Del primer federalismo democrático al Sexenio revolucionario A partir de 1854, se produjo una importante maduración del radicalismo político español. En este año se produjo el pronunciamiento militar de Vicálvaro encabezado por el general O'Donnell. La inestabilidad política se manifestó en el reavivamiento de las revueltas populares, que a su vez eran tanto el resultado de la crisis financiera y económica, como de la socialización del ideario demócrata entre las clases populares. El desgaste del régimen se hacía cada vez más patente. El nuevo episodio insurreccional encontró en Madrid su principal escenario. Según una tradición ya consolidada, la revuelta popular, en la que se reconocían progresistas y demócratas, se organizó por medio de juntas revolucionarias. Su símbolo, como en el París de 1848, era el poder de las barricadas. De otro lado, la Reina Isabel, junto a los sectores moderados, intentó sin éxito formar un gobierno que sofocara la agitación popular y demócrata. El desenlace se produjo el 19 de julio de 1854, tras dos semanas de convulsión social. En esa fecha se nombró un nuevo gobierno progresista apoyado en el prestigio del general Espartero. Se inauguraba así el Bienio Progresista. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la redacción de una nueva ley municipal. Esta dotaba de mayor autonomía a los municipios. Al mismo tiempo, el gobierno promovió la reorganización de la milicia nacional, la defensa de las libertades civiles, la desamortización civil y convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Los sectores demócratas vieron el momento como una oportunidad para desarrollar un programa de mayor calado social. El programa de máximos incluía el republicanismo, la democracia (sufragio universal masculino) y el federalismo. Por entonces, ya habían llegado a España los influjos del socialismo utópico, articulado en torno al demócrata Fernando Garrido y su defensa del sistema de cooperativas de consumo obrero, así como las ideas federalistas y mutualistas de Pierre Joseph Proudhon que Francisco Pi y Margall había traducido, tanto literalmente de su lengua original, como en términos políticos a través de sus propios ensayos. El rasgo distintivo del partido demócrata residía en su capacidad para asumir las reivindicaciones clásicas de los movimientos populares. Estas reivindicaciones, nunca expresadas en forma de un programa homogéneo y estructurado, fueron sintetizadas en una única idea: la «república democrática y social». A esta se incorporaban elementos anticlericales, un antimilitarismo popular sentido en el rechazo generalizado a las quintas, así como la lucha contra la miseria y por la justicia social —salud, educación, igualdad, derechos del trabajo. En las revueltas de 1854 todos estos elementos, algunos provenientes de la pequeña burguesía demócrata y otros de las reivindicaciones populares, llegaron por fin a confluir. El encuentro se produjo precisamente en torno a la idea federal, opuesta al centralismo mon