De acuerdo con lo investigado, la solución más sensata que se puede desarrollar es la existencia de una regulación por parte del Estado para el reconocimiento de los costos ambientales, acompañada de medidas que brinden incentivos a las entidades que conservan, y análogamente sanciones o tasas retributivas más altas para aquellas que no lo hacen. Esto quiere decir, ir más allá de la idea de que “el que contamina paga” sino también impulsar la idea “El que conserva cobra”, bajo un canal de transferencia de recursos o incentivos que esté regulado por el Estado.