No obstante, en la ficción de la construcción de la vida social regida por el derecho penal se acentúa cada vez más la necesidad de protección medi...

No obstante, en la ficción de la construcción de la vida social regida por el derecho penal se acentúa cada vez más la necesidad de protección mediante el castigo, incluso, de la eliminación de los otros, extraños, extranjeros, enemigos en orden a mantener la paz. No obstante, Pastor advierte que: Desde el derecho penal no se puede hacer casi nada para evitar la guerra, los atentados suicidas, las masacres o las violaciones masivas de los derechos humanos. Esta tarea corresponde a otras instancias sociales distintas de la pena. Sólo podremos afirmar que, una vez producido un delito, entonces debemos aplicar un Derecho penal liberal, el único posible, a todo sospechoso y a todo autor, quienes deberán ser tratados como imputado y como condenado, y no como amigo ni como enemigo, con independencia de que respeto de ellos se puedan alcanzar o no expresamente las funciones de la pena […] El principio de última ratio, conocido caracteristicum del sistema penal, supone que quien acude al Derecho penal para prevenir hechos gravísimos (¡también la comunidad internacional!) antes debe agotar todas las medidas no punitivas posibles para alcanzar el mismo objetivo. Pero en el caso de guerras y agresiones masivas o suicidas, más que el Derecho penal, que llega tarde y mal, interesa lo que se puede hacer antes, y que no sea penal. Tal como lo ha desarrollado Ferrajoli, siguiendo la notable idea de Habermas acerca de la “política interna del mundo” es preciso no sólo la adopción de medidas de seguridad y castigo frente a las graves amenazas, sino, antes bien, una política del mundo “capaz de afrontar otros problemas vitales del planeta: la pobreza, el hambre, las enfermedades y las guerras que afligen a más de la mitad del género humano” (2006, p. 507-509).

c. Colombia en transición: Tensiones entre el castigo y la impunidad