El carácter de proceso, a tenor de lo dicho anteriormente, nos resulta más dudoso. Respecto a la naturaleza del acuerdo, la doctrina entiende que es un verdadero contrato. Ahora bien, este contrato ¿tiene naturaleza civil o procesal?

Guasp sugiere hablar de un contrato de arbitraje.
Barrios de Angelis, repitiendo ciertos pensamientos de Carnelutti, indica que no existe un contrato, propiamente dicho, sino un acuerdo, porque estructuralmente así responde.
Chiovenda observa que puede explicarse como un contrato procesal, porque reglamenta convencionalmente el proceso (v.gr.: pacto de prórroga jurisdiccional) o consigue la renuncia de derechos que se hacen valer mediante aquél.
A igual corriente adscribe Prieto Castro, pero tiene réplica en Palacio, quien sostiene que es un contrato de derecho privado, y —agrega— "tal conclusión no puede ser enervada por el hecho de que cualquiera de las partes lo presente en el proceso como fundamento de una excepción o en razón de que, frente a la actitud renuente de uno de los contratantes, el compromiso deba ser otorgado por el juez. En el primer caso, en efecto, se trata simplemente de un acto procesal de parte, y en el segundo de un contrato privado que se integra con una declaración de voluntad decisoria regida, como tal, por las normas procesales pero que no alcanza a configurar un verdadero contrato procesal".