Se abre entonces un proceso de transformaciones que se expresa en los indicadores de crecimiento macroeconómicos, marcadamente positivos. Durante el período de gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) el PBI alcanzó un crecimiento anual de alrededor de un 9%, mientras que la desocupación fue descendiendo hasta llegar a un 8,5% en 2007. En suma, la principal característica de esta nueva etapa fue la primacía que se le dio a la política por encima de la racionalidad económica. Esto se manifestó en la política económica estableciendo un tipo de cambio real competitivo que permitió recuperar niveles de producción industrial que se habían perdido, con la consecuente generación de nuevos puestos de trabajo genuino. A nivel regional, aquello significó la alineación con los gobiernos latinoamericanos antineoliberales. Asimismo, orientó la construcción de un conjunto de disposiciones y discursos que vuelven a posicionar el lugar de lo público, el trabajo como forma de expresión de la dignidad humana que, junto con la educación, fueron las claves por donde se intentó la integración social. En este proceso, además, se buscó integrar en el desarrollo de políticas a la sociedad civil, que se había ido politizando en la resistencia al neoliberalismo, ampliando los márgenes de la estatalidad (Petz, 2010; Trinchero y Petz, 2014). En el plano educativo, las medidas estuvieron direccionadas a avanzar en un corpus legal tendiente a garantizar los derechos educativos y a reorganizar el devastado sistema educativo nacional que dejara el neoconservadurismo como herencia. Se establecieron sendas articulaciones entre la educación, el trabajo y la producción, se atendió a la integralidad de la formación básica de todos los argentinos y se recuperó la política en la planificación del sistema por sobre la gestión administradora de recursos (Marengo y Giordano, 2013). Hugo Trinchero, Ivanna Petz y María Cecilia Scaglia36 En el año 2003 el presupuesto del ministerio era de 14.500 millones de pesos que equivalían al 3,86% del PBI nacional. En el año 2012 llegaba a los 140.611 millones de pesos, lo que implicaba en ese momento el 6,5% del PBI nacional. La vocación de convertir esta tendencia en política a largo plazo se expresó en la Ley de Financiamiento Educativo 26.075 (LFE), que en diciembre de 2005 estableció la meta del 6% de inversión del PBI en materia de educación, ciencia y tecnología para el año 2010. Un año más tarde, la Ley de Educación Nacional 26206 (LEN) fue más allá, estableciendo que ese porcentaje deberá ser destinado exclusivamente a educación, con un presupuesto propio para ciencia y tecnología. En la universidad, el período 1997-2006 se vio atravesado por un fuerte crecimiento de la matrícula estudiantil; estudiar se convirtió en una actividad refugio en tiempos de desempleo. Conjuntamente con los recortes presupuestarios de los años noventa, se fueron generando procesos de demanda colectiva también en el ámbito universitario, en torno de la ampliación y regularización de los planteles docentes. Este proceso de crecimiento desordenado puso de manifiesto la necesidad de sostener la calidad de la producción frente a los embates de la oleada privatizadora. Masividad (que supone el no arancelamiento) y calidad fueron un imperativo y una bandera del movimiento universitario que acompañó las luchas sociales en lo más álgido de la crisis. Por entonces, quienes participábamos de la asignatura, de los equipos de investigación y de extensión, nos vimos compelidos a ser también protagonistas en nuestros propios espacios institucionales. Se forman en el año 1998 sendas listas de profesores y graduados, que impugnan las formas tradicionales de construcción política en la universidad, hasta ese momento hegemonizada por la Franja Morada Antropología económica 37 y otros agrupamientos afines. Dichas listas ganan la representación minoritaria de sus claustros en la Facultad de Filosofía y Letras. Este fue el puntapié inicial para ganar la gestión de la facultad en el año 2002, cuando asume el vicedecanato el titular de la materia Hugo Trinchero, y se comienzan a buscar cauces institucionales para proponer otra forma de relacionamiento entre la academia y la sociedad. A partir del gobierno de Néstor Kirchner, las políticas de redistribución del ingreso impactan favorablemente en los salarios de docentes e investigadores, jerarquizándose la producción científica y tecnológica. A tono con nuestros posicionamientos, el nuevo gobierno impulsa una línea de financiamiento a la extensión universitaria planteada en clave de articulación social, que potenció fuertemente las incipientes experiencias de extensión universitaria bajo esta concepción. Ya hacia fines de este período, en el año 2006, el espacio político interclaustro del que participan activamente el grueso de los docentes de la materia, gana las elecciones en los claustros de profesores y graduados y esto posibilita la elección de Trinchero (profesor titular de la asignatura) como decano de la facultad, inaugurando así dos períodos de gestión que se proyectarán hasta el año 2014. Esta construcción política, en sintonía con el nuevo gobierno nacional y popular permitió potenciar los proyectos de vinculación territorial que se detallarán en el período subsiguiente. En lo que refiere estrictamente a la producción antropológica, si bien los ámbitos académicos fueron reacios a atender la dimensión de la crisis del modelo de acumulación y sus nefastas consecuencias, finalmente y luego de fecundos debates se comenzaron a producir importantes trabajos sobre estos procesos. El aporte de quienes venían trabajando desde el campo de la antropología económica respecto del lugar del investigador Hugo Trinchero, Ivanna Petz y María Cecilia Scaglia38 y de la necesidad de implicarse en las luchas políticas de su tiempo, contribuyó notablemente en la constitución de una nueva agenda de problemas de investigación, más acorde a las necesidades de la etapa. Desde fines de los noventa, se empieza a reflexionar en torno del surgimiento y la acción de nuevos sujetos colectivos, las demandas territoriales y las relaciones interétnicas. Se buscaba analizar los procesos de redefinición de territorios y etnicidades tomando como perspectiva analítica la noción de Formación Social de Fronteras. Dicha noción permitió analizar las múltiples formas en que se expresan las relaciones entre las fronteras políticas, los frentes de expansión agraria y la producción de sujetos sociales en diversos ámbitos. Además, remitir las situaciones de fronteras hacia la noción señalada habilita a reflexionar sobre las fronteras políticas y económicas (y su anverso, los procesos económicos y políticos de la integración) en el contexto de renovadas formas de regulación sobre la dinámica de la acumulación por parte de los estados (en sus distintos niveles: nacionales, provinciales y municipales). Se trabajaba fuertemente a partir de la hipótesis que la dinámica límite/conexión, constitutiva de todo proceso transfronterizo adquiere interesantes niveles explicativos cuando se centra en las formas y procesos de relacionamiento entre capital y trabajo. Es decir, que las relaciones sociales de producción pretenden garantizar una específica hegemonía del capital sobre los procesos de trabajo y reproducción de la vida “preexistentes”, intentando refuncionalizarlos parcialmente (aunque generando permanentemente renovadas contradicciones) hacia formas particulares de transferencia de valor. Se analizaron las transformaciones operadas en estructuras agrarias regionales (expansión de la frontera agraria incluyendo la explotación hidrocarburífera), con relación a los diseños de polít