Se asegurará a todos el acceso al derecho y a los tribunales para la defensa de sus derechos e intereses legalmente protegidos, no pudiendo denegarse la justicia por insuficiencia de medios económicos. Todos tienen derecho, en los términos de la ley, a la información y consulta jurídicas, a la defensa judicial y contar con la presencia de un abogado ante cualquier autoridad. La ley definirá y asegurará la adecuada protección del secreto de justicia. Todos tienen derecho a que una causa en que intervengan sea objeto de decisión en un plazo razonable y mediante un proceso equitativo. Para la defensa de los derechos, libertades y garantías personales, la ley asegurará a los ciudadanos procedimientos judiciales caracterizados por la rapidez y prioridad, con la finalidad de obtener una tutela efectiva y en tiempo útil contra amenazas o violaciones de esos derechos.