Sin embargo, la transformación del espacio público no implica desmantelamiento del Estado, sino que más bien que éste ha asumido las pautas del Estado activador schumpeteriano135, en el sentido que sólo ejercen su poder para hacer efectivo el funcionamiento de la institución del mercado y sin interferir en él136. Esto supone que la reducción del Estado es menos importante que el cambio en sus metas, sus límites y su complejidad. Pero la afirmación de que el Estado no ha desaparecido sino que se ha transformado inspira, para Olias de Lima (2001), a algunos una seria desconfianza hacia lo que puede estimarse como una nueva versión del viejo Estado administrativo. Referido a Estados Unidos, Olias de Lima, en la línea de Durrant (1998), considera que este cambio ha traído de la mano las siguientes dos sorprendentes paradojas: 1) los programas públicos no han contraído el Estado, lo han extendido hasta límites desconocidos con anterioridad; 2) la autoridad se ha difundido, más que restringido. La autoridad ha pasado de la esfera pública al mercado y a la sociedad civil. Estaríamos, a juicio de este autor, ante nuevas formas de ejercicio del poder que no por ello sería menos tentacular y omnipresente. En cierta manera se podría decir que la Administración coopta el mercado extendiendo su aparato administrativo a la esfera privada. Esto es lo que permite hablar de un Estado Neoadministrativo. Etxezarreta (2001: 32) plantea que el Estado Neoadministrativo es necesario para: 1) legitimar modelos de política económica favorables al capital internacionalizado (competitividad, programas de ajuste con modelos neoliberales, liberalización y desregulación, …) y facilitar la obtención de excedentes en el ámbito interno, como las privatizaciones y la absorción de las prestaciones sociales; 2) controlar a la fuerza de trabajo; 3) dominar las reacciones sociales a la marginación y a la exclusión, ya que la globalización engendra un fraccionamiento social y territorial. Ello puede conducir a crear conflictos que pongan en cuestión el orden social. Es preciso que el Estado proporcione una red de salvaguarda (subsidios sociales mínimos que se contradicen con la austeridad en el gasto público); 4) como vehículo de las instituciones internacionales a las que legitiman. Los Estados plantean la necesidad de estar integrados en las mismas y facilitan a éstas la dirección de toda la política económica: FMI, OCDE, UE, etc.; 5) como instrumento de defensa para las fracciones del capital en la guerra económica mundial, por ejemplo, la UE frente a EE.UU y Japón. En suma, “el papel que cumplen los Estados en la era de la globalización/regionalización probablemente es una mezcla de gobierno de las empresas con una incipiente transnacionalización de los Estados. Los Estados no desaparecen, sino que ajustan su papel a la nueva conformación de la economía mundial. Los Estados actuales intervienen en forma acusadísima en sus economías respectivas apoyando la operación de los capitales a nivel mundial”. En definitiva, en este contexto es donde opera el movimiento de reforma de la Administración Pública que trae a colación una visión más económica y gerencial de la Administración137, y es que, en su nunca acabada lucha por el beneficio y en condiciones de competencia fuertemente intensificada, el capital busca expandirse no sólo territorialmente sino penetrar en todos los aspectos de la vida que hasta ahora no habían sido sometidos o habían logrado eludir su dominio. El capital trata de encontrar nuevos campos de actuación y aprovecharse de aquellos espacios que, por diversas circunstancias, habían escapado a su control. Así, “se convierten cada vez más en mercancía aspectos de la vida cotidiana (ocio, relaciones personales), la ciencia, la técnica y la cultura. Especialmente, el capital transnacionalizado va a tratar de recuperar aquellos espacios que había ocupado la intervención pública, en particular los servicios sociales. No se puede interpretar el discurso actual acerca de la privatización de las empresas públicas y la crisis del Estado del bienestar sin percibir que en sus líneas esenciales no es más que el intento del capital privado de ocupar las parcelas que pueden ser rentables del amplio ámbito de la actuación pública. El capital privado profundiza en todos los ámbitos, globaliza cada vez más su actuación no sólo en el ámbito espacial sino en su totalidad, tendiendo a convertir lo más posible de la vida en mercancía” (Etxezarreta, 2001: 29). La Administración Pública, en estas condiciones, ha de posicionarse ventajosamente y hacerlo con eficacia en mercados agresivamente competitivos y en redes financieras internacionales, y ello bajo el supuesto neoclásico de que lo que se dibuja en el horizonte es una sociedad en la que los individuos e instituciones se comportan racionalmente en la persecución de sus intereses. En este horizonte, todas aquellas instancias que median entre los individuos y sus relaciones económicas, han de actuar a efectos de optimizar la eficiencia del sistema productivo. Al respecto, se afirma que la organización taylorista-burocrática del trabajo y el Estado del Bienestar constituyen un rígido corsé que reduce la eficiencia del sistema productivo. Para mejorar esta eficiencia hay que aumentar la rentabilidad de la inversión, que a su vez aparece vinculada tanto a factores que implican la estabilidad monetaria como a la reducción de costes. En este marco, "el pleno empleo aparece como una condición no funcional para el crecimiento económico. La secuencia de esta argumentación señala que el pleno empleo refuerza la capacidad de negociación del trabajo, uno de cuyos efectos es la subida de salarios. Esto afecta tanto a la estabilidad monetaria, en la medida en que se desatan tensiones inflacionistas, como a la tendencia a la reducción de costes. En este contexto se recurre a la noción de tasa natural de desempleo, en la que se alude a la existencia de niveles de empleo que no produzcan inflación ni supongan un crecimiento de los costes" (Bilbao, 1999: 241). La reducción de costes se ha convertido en una obsesión de las empresas, ya que detrás del coste se encuentran los precios y, por tanto, la capacidad competitiva138. De hecho, la crisis de la década de 1970 demostró que el coste no depende simplemente de factores externos, sino que los costes se generan dentro de la empresa, por una ineficiente utilización de los recursos propios. Estos recursos son organizativos y humanos. En cuanto a los recursos organizativos, las empresas insisten en: 1) la reducción de la mano de obra indirecta, por lo que se apuesta por la reducción y simplificación de las categorías de trabajadores y por la disminución drástica o supresión de todos aquellos que no añadan valor a la producción o al servicio que se presta; 2) la organización del proceso de producción de manera que disminuya tanto el tiempo de duración de una operación, cuanto el tiempo que lleva el proceso de fabricación o de prestación de un servicio; 3) la reducción de la duración del Lead-Time, es decir, qué tiempo cuesta producir un bien o servicio; 4) la utilización racional de los recursos materiales. Solamente debe utilizarse el material requerido para cada producción, la carga de las máquinas ha de ajustarse a las demandas de la producción y a la capacidad del trabajo, de forma que no esté funcionando inútilmente y que tampoco esté parada; 5) la filosofía del Cero Defectos, que depende de la organización de la empresa, de la tecnología que utiliza, de las condiciones de trabajo, del ritmo de producción impuesto en la línea; 6) la especialización o outsourcing. Las empresas tienden a centrar su actividad en aquello que les es propio y dejan progresivamente actividades a otras empresas que pueden hacer lo mismo, a mejor precio y con calidad certificada. Las empresas reducen sus costes