LA CRISIS FINANCIERA DEL ESTADO Tal vez más que por ningún otro motivo, la emergencia de una nueva gobernanza ha sido impulsada por un declive de l...

LA CRISIS FINANCIERA DEL ESTADO Tal vez más que por ningún otro motivo, la emergencia de una nueva gobernanza ha sido impulsada por un declive de las capacidades del Estado, ir su economía. La primera fuente importante de la crisis económica fue el incremento automático del gasto público. Muchos servicios públicos estatales tuvieron que ajustar sus niveles de gasto de forma automática por la inflación. El mismo mecanismo ha sido usado con frecuencia para el sueldo de los empleados públicos. Suprimir los servicios totalmente ha sido tan sólo una opción política en casos extremos, debido a la fuerte oposición del electorado y de la burocracia. Ha sido demasiado obvio para los gobiernos occidentales la cantidad estructural de su gasto público, es decir, no gestionable ni políticamente ni de otra manera a corto plazo. En lugar de ello, la mayoría de los Estados han presentado una reestructuración lenta del gasto público. Esta reestructuración económica ha sido sumamente cara para el Estado; los programas (servicios públicos) que el Estado ya no puede sostener más se han financiado parecieron prohibir más incrementos tributarios (Peters, 1992). Durante los cincuenta y sesenta muchos gobiernos diversificaron su sistema de ingresos, introduciendo impuestos sobre el consumo —el impuesto sobre el valor añadido—. Pero ni siquiera estas estrategias podían ocultar el hecho de que el nivel tributario global estaba alcanzando su máximo efectivo. Ir más allá sería probablemente contraproducente, con la fuga de capital y con mayores incentivos para los ciudadanos para eludir o evadir impuestos. La gestión de la crisis financiera del Estado ha puesto de manifiesto una gran inercia relacionada con el cambio tanto de la estructura de ingresos como de gastos. Otro componente de este problema ha sido el menor apoyo político; la reticencia pública hacia un mayor incremento de los impuestos únicamente es superada por la resistencia a recortes en el gasto público. Desde la perspectiva de la gobernanza, vemos a los gobiernos básicamente incapaces de transformar la economía; los modelos de gasto son políticamente sensibles y administrativamente herméticos, mientras que los impuestos y otros ingresos se deben manejar con una gran prudencia política. Los gobiernos no han sido totalmente inertes. Han comprobado que los impuestos sobre el consumo provocan menos resistencia que los impuestos sobre las rentas y, también, que las tasas y los tributos relacionados con gastos específicos son aceptables para los ciudadanos, pero el Estado aún topa con un escepticismo público sobre incrementar los ingresos. Desde esta perspectiva, no sorprende que la crisis económica haya fomentado el desarrollo de nuevos instrumentos de gobernanza. La gobernanza se ha convertido en una filosofía atractiva y una estrategia política por tres razones principales. En primer lugar, al implicar a actores privados y a intereses organizados en las actividades de prestación de servicios públicos, los gobiernos (estatales y subestatales) han intentado mantener sus niveles de servicios a pesar de las importantes limitaciones presupuestarias. Éste ha sido el caso de diferentes áreas de los servicios sociales públicos, así como de sectores de la cultura y el ocio. El segundo aspecto de la gobernanza que explica su creciente popularidad en tiempos de restricciones presupuestarias reside en su naturaleza participativa, especialmente la inclusión de actores del sector privado y de una mentalidad de gestión en el sector público. Al difuminar la distinción público-privado, los problemas del Estado para gestionar sus asuntos son vistos más como un tema de las funciones y los retos que está afrontando el Estado que como consecuencia de una mala gestión pública. La gobernanza, desde esta perspectiva, se utiliza para «mostrar la cara aceptable de los recortes presupuestarios» (Stoker, 1998b, p. 39). Finalmente, el tercer factor se relaciona con la legitimidad de la producción y prestación de servicios públicos que ha sido atacada durante la crisis económica del Estado. En una era en la que el «gobierno» se ha equiparado cada vez más con una burocracia lenta y un pensamiento político colectivista, la incorporación del pensamiento de la gestión del sector privado y la diversificación de la prestación de los servicios públicos han surgido como una estrategia atractiva. Además, la noción del Estado actuando de común acuerdo con los actores sociales, en vez de imponiéndoles su voluntad, se corresponde bien con el esprit du temps político de los años noventa, orientado al mercado. La crisis económica ha obligado al Estado a ser menos autosuficiente y más inclinado a actuar a través de redes y de otras formas de acción común público-privado. Incapaz de facilitar los recursos financieros y organizacionales necesarios para sostener el nivel previo de servicios públicos, el Estado persigue ahora jugar un papel de coordinador, reuniendo los recursos públicos y privados con un coste directo pequeño para el presupuesto público. La crisis también ha tenido un efecto profundo en el diseño de los servicios públicos; ahora se pone mayor énfasis en la elección de los consumidores y en la diversificación. Finalmente, también debemos pensar en las reformas institucionales y administrativas en este contexto (Peters y Savoie, 1998). La transformación total del sector público desde 1980 es un efecto combinado de una evolución hacia la gobernanza, un rediseño de los servicios públicos y una reforma administrativa que acompañe estos cambios.