garantizar los cambios propuestos”. En torno a los imperativos de inserción competitiva en una economía global y a los objetivos basados en la equi...

garantizar los cambios propuestos”. En torno a los imperativos de inserción competitiva en una economía global y a los objetivos basados en la equidad35; en la reducción de la pobreza en un contexto de fragmentación social y en el marco de los proceso de reforma del estado, se han diseñado nuevas formas de gobierno y de gestión de los sistemas educativos. En el campo educativo las políticas de descentralización así como la concesión de mayor autonomía a las instituciones educativas han hegemonizado gran parte de los debates en materia de reforma centrados en la gestión de la educación (Feldfeber, 2006). Sin embargo, las proclamas gubernamentales apologéticas de la descentralización y la autonomía educativas, se vieron limitadas por un proceso paralelo y paulatino de recentralización en manos del Estado nacional entre cuyos principales indicadores puede mencionarse la creación de la Red de Formación Docente Continua, la elaboración de los Contenidos Básicos Comunes (CBC), los criterios de las pruebas de calidad, etc. Estos dispositivos de regulación implementados por los gobiernos centrales se dieron de manera concomitante con un proceso de transferencia de responsabilidad de los resultados obtenidos a los sujetos y las instituciones escolares. En otras palabras, se descentralizaron los medios para la obtención de objetivos estipulados desde las instancias centrales del Estado, que previamente fueron acordados con los organismos internacionales de crédito (BM, FMI, entre otros). De este modo, adoptando las recomendaciones de actores externos a la sociedad argentina sin tener en cuenta las características de esta última, y desconociendo los reclamos de los propios actores del sistema, la reforma educativa asumió una notoria racionalidad tecnocrática en el marco de las políticas reformistas de los años ’90.