Preocupados con el incumplimiento del principio constitucional de la razonable duración del proceso, al comienzo del siglo XXI Brasil y España, a ejemplo de la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo, pasaron a realizar investigaciones con la finalidad de obtener datos estadísticos que les indiquen caminos para reducir la lentitud procesal y sus procesos puedan ser concluidos en tiempo aceptable. Las investigaciones realizadas desde entonces tienen como uno de los principales objetivos ofrecer informaciones para que sea posible hacer las reformas judiciales y procesales necesarias, en base a datos estadísticos, lo que hasta entonces no ocurría.