La ley pone especial atención en dos puntos concretos: el consentimiento del afectado y la seguridad de los datos. En cuanto al consentimiento, se ...

La ley pone especial atención en dos puntos concretos: el consentimiento del afectado y la seguridad de los datos. En cuanto al consentimiento, se prevé que «los interesados a los que se les soliciten los datos personales deberán ser previamente informados de manera precisa e inequívoca de la existencia de un fichero de datos, de la finalidad de las mismas y de los destinatarios de la información» (LOPD, 1999: 43089). La ley también incluye la obligatoriedad de informar al sujeto que ceda los datos de detalles como las consecuencias de la obtención de datos y la identidad y dirección del responsable del tratamiento, entre otras disposiciones. En cuanto a la seguridad de los datos de carácter personal, la ley prevé que se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. La LOPD determina que el ciudadano tiene una serie de derechos reconocidos respecto a la gestión de sus datos personales, que se resumen en los conceptos del derecho al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de esa información en el fichero que la contiene. La Agencia de Protección de Datos o sus homólogos autonómicos (órganos independientes de las administraciones públicas) reciben las reclamaciones de los ciudadanos y se encargan de garantizar esos derechos, además de determinar las indemnizaciones pertinentes en cada caso. Generalmente, el Tribunal Constitucional tiende a dar una posición preferente a la libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales del mismo rango (como el de protección de la privacidad y los datos personales), siempre que los datos comunicados se consideren de relevancia pública y sean veraces. Sin embargo, tales derechos han quedado obsoletos porque la naturaleza de los ficheros en la red es muy distinta y cambia al mismo ritmo que lo hacen las redes. En el contexto de Internet, las ocasiones en que los ciudadanos ceden sus datos se han multiplicado y van más allá de contratos laborales, comerciales u otro tipo de documentación administrativa. Las redes sociales e Internet en general plantean una problemática específica, sobre todo por la enorme capacidad de los datos de multiplicarse y la indexación de éstos en los motores de búsqueda. Los usuarios tienen mucha facilidad a dar su consentimiento en la cesión de los datos personales, pero aunque el tratamiento de los datos esté legitimado en origen, ello no excluye que deben garantizarse, a solicitud del titular, el ejercicio de los derechos que la LOPD les reconoce (Rallo, 2010). Rallo cita una ley más reciente, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que ya anticipaba en cierta forma una serie de nuevas fórmulas legales para los servicios de búsqueda, y apunta que «los prestadores de servicio de intermediación no son, en principio, responsables de los contenidos informativos a los que facilita el acceso, pero debe eliminarlos o impedir dicho acceso a requerimiento de un órgano competente que cuestione su licitud». Es decir, que un ciudadano español tiene derecho a reclamar ante la Agencia de Protección de Datos que se retire determinada información de un motor de búsqueda como, por ejemplo, un número de teléfono o una fotografía. Pero habrá que tener en cuenta que el buscador puede tener indexados estos datos a través de varias páginas y eso dificulta especialmente su borrado completo. Esto es precisamente lo que llevó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a reclamar a Google la eliminación de datos de varios ciudadanos que denunciaban que el buscador llevaba a información de carácter personal y sin relevancia pública que querían eliminar. Uno de los casos se elevó a la Audiencia Nacional, que determinó a favor del ciudadano, pero Google recurrió hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (El País, 29/6/2013). La discusión entre Google y la justicia europea llegó a un punto de inflexión recientemente (mayo 2014) cuando el Tribunal de Justicia del a UE sentenció a favor de un usuario que pedía retirar un enlace de Google que contenía información privada, es decir, ejercer su derecho al olvido. El ciudadano español hace años que mantenía una lucha, primero con el medio de comunicación que aún tenía publicada tal información personal y después con Google, que llevó el caso a la Audiencia Nacional y posteriormente al tribunal europeo, que falló a favor del usuario. Contra todo pronóstico y ante la perplejidad de la empresa, el tribunal consideró que «Google es responsable de las informaciones que enlaza porque, sin el motor de búsqueda, tales informaciones serían mucho más difíciles de localizar». Los buscadores funcionan como una especie de altavoz de datos insignificantes y pasados pero, según el tribunal pueden afectar «significativamente» los derechos fundamentales respecto a la vida privada y la protección de los datos pesronales. Hasta esta sentencia, la discusión sobre el papel de los motores de búsqueda (no sólo Google, también Yahoo o Bing) en la difusión de datos no había tenido una resolución tan directa, por lo que probablemente se adoptará como una medida de tipo legal. El tribunal aseguró que, a partir de esa sentencia, cualquier ciudadano que, tecleando su nombre, quisiera retirar algun enlace de los buscadores, podría dirigirse directamente a éstos y exigir su eliminación. La decisión mantiene el debate abierto sobre la capacidad de censura que pueden tener los usuarios respecto a sus propias informaciones y la limitación que este hecho supone a la libertad de expresión en la red. Este es uno de los más de 100 casos que gestiona la Audiencia Nacional y demuestran la poca efectividad de la legislación hasta ahora vigente frente a un motor de búsqueda como Google, que indexa una gran cantidad de datos de personas físicas y jurídicas, pero no está sujeto como empresa a las leyes españolas y, además, es un intermediario. Muchos de los casos que trata la AEPD se refieren a sentencias del Boletín Oficial del Estado (BOE) referentes a un caso personal, amparadas por el Tribunal Constitucional para reproducir tales sentencias en Internet, que Google tiene indexadas. Y es que el contenido de la LOPD y de otras leyes como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) prevé ciertas obligaciones y derechos que en ocasiones pueden entrar en conflicto con la actividad de Google16, en el marco de la libertad de expresión e información prevista por la Constitución norteamericana y teniendo en cuenta que las denuncias se interponen contra Google Spain cuando en