eso supone que el conocimiento producido en la “sociedad” (inclusive por instituciones públicas o, cuando no, por investigadores allí formados con recursos públicos), sólo puede llegar a proporcionar un resultado positivo a esta misma “sociedad”, en el caso que sea utilizado por la empresa en la producción de bienes y servicios. Entones, esto debe ocurrir a través de la contratación de fuerza de trabajo, y la generación de plusvalía para los propietarios de los medios de producción, los cuales deben ser adquiridos vía mercado con precios por éste regulados. Coherentemente, su foco sólo podría estar en el actor-empresa. Éste –subsidiado por el Estado– usaría el “capital (conocimiento) social” y contrataría mano de obra cada vez más eficiente, pagando salarios crecientes para producir bienes y servicios cada vez mejores y más baratos. Además, pagaría impuestos que serían revertidos –vía la función de bienestar social del Estado– a los trabajadores, posibilitando buena salud, capacitación para el trabajo, etc. Caso exitoso en su “primer frente de batalla” (Dagnino, 2009), en que sus oponentes son los propios trabajadores –y su meta es la extracción de plusvalía a través de la innovación–, la atención del empresario se dirige a su segundo frente, en que la meta es la competitividad y sus oponentes son los propios colegas no innovadores, a los que él intentará excluir del mercado. El Estado, a través de su política de innovación, al estimular la I&D empresarial y otras actividades innovadoras –como, principalmente la adquisición de maquinaria de equipo–, fomentaría la innovación a nivel nacional. Y así, cada empresario sometido a la competencia inter-capitalista y buscando incorporar otras innovaciones –suponiendo siempre que la extracción de plusvalía relativa sea posible– conduciría a una mayor competitividad en el plano internacional, y propiciaría un aumento del bienestar de sus compatriotas. Las instituciones y mecanismos estatales que promovían la interacción entre los actores públicos y privados que participan de los procesos de I&D, con el fin –declarado al menos– de atender a las necesidades del conjunto de la sociedad, o a metas nacionales, fueron siendo sustituidos –cada vez más– por los que derivan recursos a las empresas directa o indirectamente (vía renuncia fiscal, por ejemplo). Sus propósitos pasaron a ser –cada vez más– la atención a los objetivos que ponían como centrales los actores, hasta entonces francamente dominante en este contexto, la comunidad de investigación y la empresa privada. Esta reformulación del papel del Estado resultó en una despolitización aún mayor de la PCT en la región (Versino, 2006). En el nuevo escenario cabe ahora al Estado y sus instituciones, entre ellas las universidades públicas –directamente o a través de las incubadoras, parques y polos tecnológicos–, proporcionar un ambiente favorable o de espacios adecuados para que interactúen los actores que supuestamente participarían del proceso de innovación (investigadores universitarios y empresarios innovadores). De esta interacción, que supuestamente sería catalizada por la apertura comercial en curso, surgiría la inserción competitiva del país en el mercado internacional. Las demandas por conocimiento científico y tecnológico asociadas a las necesidades sociales, y el logro de los objetivos nacionales –cuya satisfacción cabría al Estado promover– perdieron espacio. En su lugar –como vector de la PCT– los intereses manifestados por el alto clero de la ciencia dura de la universidad, como si fueran los de la empresa privada. En medio de esta transformación, el grueso de la comunidad de investigación que no pertenecía a aquel “alto clero” emprendedor, acentuó su carácter corporativo. Pasó a defender con fervor renovado la ciencia básica, levantando la bandera de la “calidad disciplinaria” y –con nostalgias del pasado– empezó a abogar por el mantenimiento y hasta fortalecimiento del MIOL, para enfrentar a aquellos a que acusaba de defensores de la “privatización blanca” de la universidad, que la estaban subordinando a los intereses del mercado. En los institutos públicos de investigación –subyugados por la presión de la autofinanciación– y en los organismos de fomento y planificación (que tuvieron una disminución de su poder burocrático y recursos disponibles, como los sometidos a la competencia inter-burocrática desatada por la Reforma del Estado), el modelo gerencialista fue impuesto como tabla de salvación. A la orden del dían entraron procesos de privatización, alienación de activos adquiridos con recursos públicos para salvar a las corporaciones o beneficiar intereses externos a éstas (en el caso de los institutos de investigación), y procesos de evaluación y control, fomento a la publicidad, etc. (en el caso de los organismos de fomento y planificación). La promesa que esta racionalización hacía –de que, después del período de “destrucción creadora”, las empresas sobrevivientes inducirían a un círculo virtuoso de competitividad y desarrollo económico y social que beneficiaría a todos, inclusive a los actores que tradicionalmente han participado con la PCT– aún no se ha cumplido. Sin embargo, ésta es la argumentación hasta hoy responsable, en los ámbitos en que se toman las decisiones relativas a la política productiva y de C&T, por una especie de resignación. Dejaba poco espacio para algo que no fuera asociado a la búsqueda de la competitividad, mediante la internalización de nuevas tecnologías. Como se señaló anteriormente, esta dinámica y esta política llevaron a un intenso proceso de desnacionalización y desindus- trialización de la economía, y a un aumento en la importación de tecnología. Algo muy distinto a aquel círculo virtuoso que la racionalización de la Teoría de la Innovación previa decía. La PCT pasó a ser orientada por una mezcla de la vieja y mimética concepción lineal ofertista, que sirve a los tradicionales sectores corporativos de la comunidad de investigación, y una concepción eficiente, que sirve a otros sectores de esa misma comunidad –autodenominados pragmáticos y modernos– que intentan cada vez más orientar a la PCT a entender lo que afirman ser el interés de las empresas. La PCT latinoamericana –aún hoy menos influenciada por el modelo lineal de innovación– sigue basada en la idea de que el conocimiento tiene que “pasar” por la empresa privada (que debe utilizar siempre la tecnología más moderna y ser cada vez mas competitiva) para beneficiar a la sociedad. Esto hace que la PCT esté crecientemente orientada –por un lado– al desarrollo en el ámbito público, de actividades de formación de personal y de I&D que atienden al mercado. Y –por otro– a la promoción de empresas de “alta tecnología” que, como se ha demostrado, poseen escasa relevancia para la vida de la mayoría de la población de los países de la región. La contribución de Feenberg y Lacey para unirse al PCT en América Latina Se espera que lo presentado sobre la PCT latinoamericana haya servido para dialogar con los colegas que lo conocían, e inicie a los más nuevos. Se indica a continuación, cómo la contribución de Feenberg y Lacey nos puede ayudar a revisar su marco analítico conceptual y reorientarlo en el sentido que –supongo– quieren los que me acompañaron hasta aquí. Dado que la PCT elaborada en América Latina es, mucho más que en los países centrales, controlada por la comunidad de investigación, la posibilidad de alterarla pasa también mucho más que allí por la modificación de la visión que ésta posee acerca de la C&T (Dagnino, 2007). No parece razonable esperar a que de nuestra escasa e incompleta tela social de actores, incapaz de emitir una señal de relevancia audible por la comunidad de investigación, puedan destacarse actores competentes para incluirse en la agenda de decisiones de los intereses de la mayoría de la población, como justamente lo que se persigue hace tiempo en los países centrales (Dagnino, 2007a). Aquí más que allí, es más sensato aunar esfuerzos para que ocurra un cambio de esta visión basada en el mito de la Neutralidad de la Tecnociencia (Dagnino, 2008ª). Esta visión, que combina las concepciones Instrumental y Determinista –en palabras de Feenberg–, que poseen respectivamente, los segmentos de derecha e izquierda de esta comunidad, se encuentra profundamente arraigada entre los actores involucrados con la PCT, y no puede ser subestimada. El hecho que la enseñanza y la investigación universitarias incorporen esta visión como matriz cognitiva, es que ésta conforme el ethos en el cual la comunidad de investigación es socializada, la vuelve un poderoso elemento unificador que explica el comportamiento indistinto de los segmentos de derecha e izquierda de esta comunidad. De hecho, como se busca explicar en Dagnino e Bragattolli (2009), estos dos segmentos –aunque estén apoyados en el campo de politics y de otras policies por proyectos políticos antagónicos– comparten, en función de la permanencia en el mito de la Neutralidad, el mismo modelo cognitivo respecto de la PCT. Lo que explica, por