Discutimos más detenidamente este concepto en el siguiente capítulo. Que es definida en la Declaración como “el estudio interdisciplinario y la práctica del diseño, la implementación y la gestión de tecnologías de la información y la comunicación desarrolladas por las comunidades para resolver sus propios problemas” Este tema, de hecho, fue introducido en las deliberaciones de la Cumbre especialmente por la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad, la administración técnica de Internet (asignación de direcciones IP, identificadores de protocolo, gestión de sistema de dominio y administración de servidores raíz) está a cargo de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una organización sin fines de lucro radicada en California y sujeta a las leyes de ese estado norteamericano. Su funcionamiento, incluso, depende de la delegación de funciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Resulta obvio que este modelo organizativo –que tiene a su cargo las definiciones de rango superior para el funcionamiento de Internet– dista de ofrecer garantías mínimas para la participación de la comunidad internacional, y aún menos de las organizaciones sociales. Sin embargo no fueron los gobiernos los que plantearon con más claridad este tema en la Cumbre. A título de ejemplo se puede mencionar que en el documento preparatorio a la Cumbre elaborado por CEPAL (Comisión Económica para América latina, 2003) no se hace ninguna mención a la problemática. La segunda fase de la CMSI no implicó avances muy importantes respecto a la primera. En los documentos oficiales (“Compromiso de Túnez” y “Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información”) se reafirma el Plan de Acción suscrito en Ginebra, que como se ha dicho privilegia el desarrollo de infraestructuras de acceso. Si bien el Compromiso de Túnez parte del reconocimiento –una vez más– de la libertad de expresión y la libre circulación de información, ideas y conocimientos, como base para la construcción de la Sociedad de la Información, éste fue uno de los temas conflictivos, debido a la elección de la sede, ya que Túnez era10 un país habitualmente denunciado por carencia de libertades de expresión y garantías democráticas por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.11 El objetivo que plantea el Compromiso de Túnez es “el acceso universal, ubicuo, equitativo y accesible a las TIC”, para lo cual se deben realizar inversiones importantes en el desarrollo de infraestructura que busque el cierre de la brecha digital. El documento no es muy detallado respecto a cuestiones menos “duras”, remitiendo a un genérico “desarrollo de las capacidades humanas y la creación de aplicaciones TIC y contenidos digitales en idioma local”. Por otro lado, Túnez se concentró en algunos aspectos de mayor especificidad (mecanismos de financiación de proyectos para colmar la brecha digital, gobernanza de Internet y mecanismos de implementación y seguimiento post-CMSI), a los que se destina la “Agenda para la Sociedad de la Información”. Tampoco en estos aspectos puntuales los resultados estuvieron a tono con las expectativas iniciales. Respecto a la financiación, el eje estuvo en la implementación del Fondo de Solidaridad Digital, una iniciativa del presidente senegalés Abdoulaye Wade que fue inicialmente presentada (y recibió el apoyo) en la Cumbre de Ciudades y autoridades locales Cities e World-Lyon 2003, realizada una semana antes de las sesiones oficiales de la primera etapa de la CMSI. El Fondo se basa en el “principio del 1% de solidaridad digital”, un porcentaje de todas las licitaciones por bienes o servicios relativos a las TIC que debería alimentar un Fondo mundial para financiar proyectos de superación de la brecha digital. El Fondo finalmente se creó, pero la Cumbre no llegó a establecer recomendaciones precisas sobre su aplicación, más allá de la aclaración de su “naturaleza voluntaria”. En consecuencia, su aplicación hasta la fecha ha sido extremadamente limitada.12 Respecto a la gobernanza de Internet, que se convirtió en el tema central de Túnez, la Cumbre tampoco aportó mayores novedades. Si bien se reconoció el principio de que “la gestión internacional de Internet debería ser multilateral, transparente y democrática, y hacerse con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales” (situación que dista del actual monopolio del ICANN), las definiciones sobre esta cuestión fueron derivadas a un Foro para la Gobernanza de Internet, dependiente de la Secretaría General de la ONU. En lo que hace al seguimiento, además de una serie de aspectos operativos, la Agenda enfatiza la necesidad de contar con indicadores claros y de actualización periódica que permitan medir las brechas digitales internacional y doméstica. Entre estos indicadores se mencionan los emanados de la Alianza para medir las TIC para el Desarrollo y los índices de Oportunidades de las TIC y de Oportunidades Digitales. La visión de las organizaciones de la sociedad civil acerca de la etapa Túnez de la CMSI fue, nuevamente, crítica, como queda ya en evidencia en el título del documento emitido con posterioridad a la conclusión de la Cumbre: “Mucho más se pudo haber logrado”. En este documento se señala: • el acceso a Internet debe ser considerado un bien público mundial. Los enfoques de mercado, que predominan en los documentos oficiales de la Cumbre, no siempre son los adecuados para dar solución a las regiones y poblaciones en desventaja. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil reivindican como logros la mención a políticas públicas en los documentos finales; • si bien el Fondo de Solidaridad Digital es una buena idea y sería importante que se generalizara la adhesión al “Principio de Ginebra”, lo cierto es que el hecho de que haya sido establecido con una base voluntaria hace que se vea con preocupación “la falta de compromisos claros por parte de los gobiernos o del sector privado”; • las organizaciones de la sociedad civil muestran su preocupación por la tendencia en los documentos de Túnez a subordinar el derecho a la privacidad a los requerimientos de la seguridad (la lucha contra el cibercrimen, el terrorismo, etc.); • el retraso en la implementación de un mecanismo de gobernanza global de Internet que dependa del sistema de la ONU se ha debido, en última instancia, a que los gobiernos y el sector privado de los países centrales (y especialmente de Estados Unidos) no tienen confianza en el sistema multilateral, algo que resulta preocupante;13 • como se había hecho en el documento de la Sociedad Civil de 2003, éste también destaca el rol del software libre, aunque ahora es más enfático en su argumentación: el software propietario (que es en definitiva el modelo impulsado por la CMSI) “está siempre luchando por la dependencia y la monopolización, ambos perjudiciales para la economía y el desarrollo como un todo”, y • más allá del punto anterior, la Cumbre no ha podido avanzar en las cuestiones más generales relacionadas con el conocimiento libre y las distorsiones que provocan los sistemas de patentamiento cuando, por ejemplo, conocimientos ancestrales de pueblos indígenas son apropiados por empresas foráneas. Al referirse a cuestiones educativas, el documento de las organizaciones de la sociedad civil realiza una reflexión que, con todo, termina teniendo una aplicación bastante más general: Si deseamos que las futuras generaciones entiendan la base real de nuestra era digital, la libertad debe ser preservada para el conocimiento de la humanidad: el Software Libre, el software educativo abierto y libre así como los recursos científicos otorgan poder a las personas para que puedan por si solos decidir sobre sus vidas. Si no, ellos se volverán sólo usuarios y consumidores de las tecnologías de la información, en vez de ser participantes activos y ciudadanos bien informados dentro de la Sociedad de la Información. Cada