De acuerdo con cuál sea ésta, es posible deducir lógicas y enmarcamientos. Cinco de las normas no indican autoridad de aplicación, sea por su generalidad o porque aducen a cuestiones tipificadas constitucionalmente (por ejemplo, las modificaciones al Código Penal). De las quince normas que sí especifican su autoridad de aplicación, el grupo principal (6) recae en la órbita de la Secretaría de Comunicaciones, encargada de las redes de telecomunicaciones y el control de las operadoras de telefonía y trasmisión de datos. El otro grupo importante es el de normas cuya autoridad es la Jefatura de Gabinete o la Secretaría de la Gestión Pública (que en algunos tramos de este período ha dependido directamente de la primera). Aquí se trata de las normas vinculadas a la modernización del Estado y el gobierno electrónico (de la Secretaría de la Gestión Pública dependen oficinas como la Oficina Nacional de Tecnología Informática, o el Instituto Nacional de la Administración Pública).