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Asimismo, cuando se establecen restricciones cuantitativas a las importaciones de bienes se crea un mercado de permisos o licencias de importación. Esos permisos provocan un traslado de renta desde los importadores hacia aquellos que autorizan la importación (i.e. que otorgan el permiso). Dado que dichos recursos se añaden al precio del producto, es el consumidor quien termina pagando el costo de la restricción cuantitativa, deteriorándose por lo tanto el nivel de bienestar de la sociedad. Además de lo anterior, el uso de recursos en cabildeo -para obtener las licencias- distrae recursos que se pudieron haber invertido en actividades más productivas, las cuales contribuirían con el aumento de la capacidad de crecimiento de la economía. En ese sentido, se puede concluir que el sistema de cuotas también reduce el nivel de eficiencia de los recursos utilizados en la economía, disminuyendo por tanto las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. En ausencia de apertura el consumidor es el gran perdedor. Además de consumir productos de baja calidad (no deseados), el consumidor traspasa su renta al dueño del capital de la industria protegida, lo que empeora aún más la diferencia entre los más pobres y los dueños del capital. Se ha estimado que el costo para el 10% más pobre de los dominicanos derivado de la protección de la producción nacional de algunos productos comestibles, se sitúa en alrededor de RD$ 328 millones (de pesos de 1992). Ese monto representa un 21% de su gasto total. Esto es equivalente a decir que el proteccionismo - sobre algunos renglones alimenticios- provocó que el consumidor se empobreciera en un 21%. Todo lo anterior permite recomendar la adopción de una política comercial consistente con una mayor apertura del mercado nacional y con la promoción de la competencia interna. Es recomendable que el esquema de apertura tenga como fin la integración unilateral, pues esta ha probado ser más efectiva en términos de eficiencia. Una política como esta implicaría un aumento de la tasa de retomo tanto del capital como de la fuerza laboral, así como reduciría el precio promedio de ios bienes, aumentando el bienestar del consumidor. Reformas estructurales: Clave de la efíciencia redistríbutiva El proceso de reformas económicas iniciado en la República Dominicana a finales de 1990 se encuentra totalmente estancado. Para continuar la lucha en pro de una mejora en la distribución de la renta es necesario seguir ejecutando un gran conjunto de reformas pendientes y profundizar las ya iniciadas. En primer lugar, una estructura impositiva basada en impuestos no distorsionantes sobre las decisiones de inversión y consumo sería la más compatible con la profundización de la reforma arancelaria. En este sentido, el aumento lo más recomendable es incrementar la participación del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ^ y de algunos impuestos selectivos al consumo. Lo anterior debe ser una combinación tanto de una reducción en la participación de los impuestos sobre la renta (vía la reducción de la tasa de impuesto a personas físicas y morales), un incremento de la tasa y la base del ITBIS y los impuestos selectivos y la modernización de la Administración Tributaria. La reforma tributaria deberá realizarse tomando en consideración la presión tributaria necesaria para satisfacer lo programado en el presupuesto público. Pero, dicha programación debe reflejar las necesidades sociales y basarse en los criterios de efíciencia y racionalidad. Se ha estimado que en los próximos años la presión tributaria debería situarse en un 20% como porcentaje del PIB''. La reforma presupuestaria, por su parte, deberá utilizar mecanismos que faciliten las transferencias a los programas sociales de una forma transparente y no discriminante. Además de las reformas económicas anteriores, es imprescindible eliminar las barreras institucionales que impiden iniciar un proceso de crecimiento económico sostenido. Una de las principales barreras es la debilidad del régimen de propiedad. Generalmente, esa debilidad es acompañada de un sistema judicial que no permite resolver los conflictos contractuales entre los agentes económicos de una forma transparente. Hasta que la República Dominicana no mejore su régimen de propiedad y modernice su Estado - incluido el sistema judicial- no se forjarán las condiciones para dar el salto hacia un estado de desarrollo superior al actual. En este sentido, el imperio de la ley es una condición indispensable para el buen desempeño económico. Más ahorro para invertir La estrecha relación entre el aumento de la relación capital/mano de obra revela la importancia de elevar el nivel de ahorro

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História Vicente Riva PalacioVicente Riva Palacio

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