En primera instancia es importante aclarar que las políticas culturales son relativamente nuevas en el panorama de políticas públicas en Colombia, compiten (cuando la palabra debería ser conviven) con otras políticas que apenas están logrando entender la importancia estratégica de la creatividad en la esfera político-económica. Particularmente en Colombia hay 3 momentos especiales en este sentido, la segunda mitad del S. XIX donde hay un intento de construir instituciones culturales que en principio se preocupaban únicamente por las artes tradiciones y lo patrimonial; luego la primera mitad del S. XX donde los movimientos revolucionarios y liberales asumen la cultura (y con ello, sin saberlo aún, la creatividad) como base para la construcción de nación e identidad; y después la segunda mitad del S. XX donde se refuerza la institucionalidad y aparece por fin la denominación ‘políticas culturales’ en el discurso político (Rey, 2010, pág. 23). En este punto inicia una relación tensa de construcción de enunciados y significados culturales enmarcados bajo los lineamientos políticos cuyos puntos clave son dos: primero, el ordenamiento constitucional de 1991 que puso a la cultura como uno de los elementos centrales del concepto de Nación y diversidad, y es además el documento básico de políticas culturales nacionales, donde la cultura es de hecho un elemento estructurante del nuevo orden jurídico de la nación. El segundo es la ley 297 de 1997 que crea el Ministerio de Cultura como “máximo organismo encargado de liderar la formulación de las políticas culturales y de impulsar su ejecución” (Bravo, 2010, pág. 58). De ahí en adelante política y creatividad / cultura han ido estrechando sus vínculos en una relación cuyo principal reto es lograr que la política entienda la naturaleza de la cultura y al revés, para que, en el ejercicio de convivir, no terminen cooptándose.