La primera consideración que tenemos que hacer es que las Cartas no son leyes ni poseen valor jurídico alguno, aunque sean tenidas en cuenta como posible autoridad moral o actuar como testimonio ético sobre el que confeccionar, eso sí, un corpus legislativo para proteger y amparar el Patrimonio. Igualmente permiten sentar las bases de la actuación de los especialistas y de los restauradores pero sin llegar a ser en modo alguno un “manual”.
El que se considera propiamente como el documento de partida para la restauración de monumentos arquitectónicos fue el texto emanado del Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos reunido en la capital griega en el año 1931, el primero de los celebrados bajo esa denominación, de cuyas conclusiones se extrajeron varios puntos básicos que fueron publicados con un claro afán de proyección internacional y como piedra fundacional de una nueva concepción tanto de la conservación del Patrimonio como de su restauración y rehabilitación, queriendo concretar los criterios específicos que sirvieran para una normalización jurídica al respecto. Le seguiría una serie de textos, entre los que destaca por su autoridad e influencia la llamada Carta de Venecia, que pretenderán continuar su estela o matizar y avanzar por nuevos caminos, algunos de los cuales tendrán carácter y proyección internacional, otros se restringirán a un ámbito europeo y otros serán nacionales, entre los que sobresalen los documentos italianos.