La inclusión social requiere entonces, hacer realidad el Estado Social de Derecho establecido desde la Constitución de 1991, que se de su verdadera aplicación, que haya primacía del interés general sobre el particular y respeto por la diferencia, que se reconozca sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona, el reconocimiento por la diversidad étnica, cultural y religiosa y la preservación del ambiente. Así las cosas y en la medida en que se conciba el derecho a un ambiente sano como un derecho humano, la pedagogía ambiental requiere que los esfuerzos de la comunidad se orienten no sólo a consolidar acciones tendientes a racionalizar las relaciones del ser humano con el medio natural o creado. Es menester ocuparse de la problemática humana, de la forma en que el hombre se relaciona con los mismos de su especie, en que transforma el medio circundante para satisfacer sus necesidades y por ende, crea cultura, transmite de generación en generación hábitos y costumbres que terminan no sólo transformando el paisaje, sino excluyendo a los diferentes, a los otros. Por ello, la posibilidad de contribuir en buena medida a solucionar este problema, debe partir de la consolidación de un nuevo ethos y una nueva cultura de la tolerancia, en la cual, la educación tiene que ser reconocida y valorada como un dispositivo clave. Es pertinente entonces, tener claridad con respecto a la concepción de la problemática ambiental desde un enfoque sistémico, así como sustentar el por qué debe dársele la oportunidad a la educación, más que a la normatividad, para que ella se encargue de transformar los valores de preservación y conservación del medio ambiente y con ello, poder hacer efectivo el desarrollo sostenible.