La-historia-como-reportaje--FOBAPROA-el-gran-fraude-a-la-Nacion-1995-2010

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 1
 I N D I C E 
 
 
 
INTRODUCCIÓN............................................................................................................... 3 
 
CAPITULO 1.- CRÓNICAS DEL DESASTRE............................................................... 6 
 
CAPITULO 2.- RESCATE SIN FIN.................................................................................10 
 
2.1. VIAJE AL FONDO DEL BARRIL FOBAPROA......................................................10 
2.2. FOBAPROA, BANCO POR BANCO, PESO POR PESO..........................................10 
2.3. PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA.......................15 
2.4. CIFRAS ESCALOFRIANTES ...................................................................................16 
2.5. EL GASTO, SOMETIDO AL FMI Y BM.................................................................. 17 
 
CAPITULO 3.- MANIOBRAS PARA LEGALIZAR EL FRAUDE 
 
3.1. CAMBIOS DE ULTIMA HORA; ORTIZ, EL NEGOCIABLE ................................19 
3.2. SÓLO VETO, NO JUICIO.. ........................................................................................21 
3.3. UNA LARGA MARCHA.............................................................................................23 
3.4. FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN, CONSUMADO..................................................24 
3.5. TODOS A PAGAR......................................................................................................25 
3.6 CARRETADAS DE HACIENDA EN DEFENSA DEL FOBAPROA ........................26 
 
CAPTULO 4.- VIVIR DEL FOBAPROA....................................................................... 28 
 
4.1. PELIGRA BANCA SIN PAGARES; 
 URGE CAPITAL FORANEO: GOMEZ ..................................................................... 28 
4.2. VIVIR DEL FOBAPROA: RANGEL.......................................................................... 31 
 
CAPITULO 5.- FOBAPROA, MAS VIVO QUE NUNCA.............................................33 
 
11.1. LOS BONOS IPAB .................................................................................................... 35 
11.2 . ESCANDALOSOS GASTOS.................................................................................... 36 
11.3. VENTA DE GARAGE .............................................................................................. 37 
11.4. COSTO FISCAL EN AUMENTO.............................................................................. 38 
 
CAPITULO 6.- EL PADRE DEL IPAB...........................................................................39 
 
12.1. LA BANCA ACTUA EN CONTRA DE LOS MEXICANOS..................................40 
12.2. LAS PRESIONES .......................................................................................................42 
12.3 EL “AUTORITARISMO” SOSTUVO A ORTIZ.......................................................44 
 
CONCLUSIONES.............................................................................................................. 46 
 
APÉNDICE I .- INICIATIVAS DEL EJECUTIVO .......................................................48 
 2
 
APÉNDICE II .- GOBIERNO Y PARTIDOS FRENTE AL FOBAPROA ..................50 
 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 52 
 
HEMEROGRAFIA ........................................................................................................... 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 INTRODUCCION 
 
La condición fundamental de la estrategia para reducir la deuda generada por el rescate 
bancario de 1995, que a cifras actualizadas asciende ya a más de un billón 200 mil millones 
de pesos, es que la economía crezca. Sin embargo, dicha condicionante quedó rebasada y 
por mucho, pues este año, por el desplome del Producto Interno Bruto (PIB), prácticamente 
regresaremos a los niveles de endeudamiento que se tenían, justo, a mediados de la década 
de los noventas. 
 Y es que de acuerdo con el plan de refinanciamiento de los pasivos del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sustituto del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa), era que el peso de la deuda fuese perdiendo participación en el PIB, 
siempre y cuando la economía creciera. De ahí que nada más se cubrirían los intereses 
reales de ese endeudamiento. 
En 2009 la deuda volverá a incrementar su participación en el PIB, porque éste se 
achicó y la expectativa es que, al menos hasta después del 2010 se vuelva a tener una ligera 
recuperación. 
 Al cierre del 2008, la deuda del IPAB como proporción del PIB representó 6.15 % 
Para marzo del 2009, ese monto subió a 8.71%, de acuerdo con los propios datos del IPAB, 
y el riesgo es que para finales del año, por la caída de la economía que se estima sea 
superior al 7%, vuelva a estar en niveles de 12% o 14% como proporción del PIB, lo que 
significará que al cabo de casi quince años del rescate bancario estemos exactamente en el 
mismo nivel de deuda que se tenía en ese entonces. 
Con la gran diferencia que se han invertido casi 1.2 billones de pesos al rescate y 
saneamiento de los bancos y sin tener siquiera un auténtico sistema de pagos nacional, 
porque la banca está totalmente extranjerizada y gozando de los beneficios que aún le 
proporciona el gobierno federal, permitiéndole prácticamente todo y cobrando por todo. 
Esa es parte de la herencia que dejó el rescate bancario y el instrumento que se utilizó para 
ello: el Fobaproa. 
La Historia como Reportaje: Fobaproa, el Gran Fraude la Nación, es el producto 
de una serie de investigaciones periodísticas, entrevistas, testimonios y crónicas realizadas 
por el autor entre 1998 y 2002 que revelan datos, cifras, situaciones y anécdotas, la mayoría 
de ellas novedosas, que dibujan cómo fueron en realidad las negociaciones en aquellos 
tiempos en que se trataba de dar una solución al quebranto bancario. 
Se plasma aquí el sentir de sus protagonistas, quienes narran lo que vivieron en esos 
momentos, su actuación, su responsabilidad. Se abordan también algunas de las 
consecuencias para el país de ese episodio en la historia de México. 
Al cabo de casi quince años del capítulo del desastre bancario y con una severa 
crisis económica y financiera a cuestas, se repiten situaciones económicas, sociales y hasta 
políticas, que se vivieron en el país a partir de 1994. 
Entre ellas, el desplome de las actividades productivas, desempleo, caída del ingreso 
y el consumo de las familias, deterioro del poder adquisitivo por la devaluación del peso, 
crisis de gobernabilidad y el quiebre de los partidos político. 
Como parte de esa historia y bajo el más estricto sentido de la investigación 
periodística, abordamos y presentamos de manera cronológica los hechos ocurridos, ocultos 
muchos de ellos, en torno al Fobaproa, considerado como el mayor “fraude a la nación”. 
 4
Luego de esos cuatro años de trabajo periodístico, labor que aún continuamos, el 27 
de junio del 2005, nos encontramos con la noticia de que legalmente se había cerrado el 
caso del rescate bancario en México. 
Sin empacho alguno, Mario Beauregard, en aquelentonces secretario ejecutivo del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo sustituto del Fobaproa, 
informó que había terminado el último capítulo del rescate bancario de 1995, al concretarse 
el intercambio de los pagarés Fobaproa (documentos con los cuales el gobierno pagó a los 
bancos la cartera crediticia en el marco del programa de rescate de 1995) por los nuevos 
bonos IPAB. 
El último intercambio de pagarés lo llevaron a cabo Banamex, BBV Bancomer, 
HSBC y Banorte, que es el caso más revisado del Fobaproa, pero representa sólo la quinta 
parte de toda la deuda que absorbió ese rescate. 
“Para nosotros - dijo el funcionario- sí es un capítulo que está cerrado legalmente, 
sabemos que políticamente es un tema que se va a continuar debatiendo". Y no se equivocó. 
 De esta manera, los bancos entregaron al IPAB los viejos pagarés Fobaproa por 239 
mil millones de pesos que tenían en su poder y que el gobierno se comprometió a pagarles 
con los nuevos bonos que les dio por 128 mil millones de pesos., descontada aquí la cartera 
“chatarra” o incobrable que podrían ir cobrando 
 El intercambio de pagarés viejos por bonos nuevos, redujo en 111 mil millones de 
pesos (46.4% ) la deuda que aún tenia el gobierno con esos bancos al descontarse aquí la 
cartera “chatarra” o incobrable que tenían dichos bancos. Ese intercambio se documentó en 
un contrato que firmaron el IPAB, la Secretaría de Hacienda y Banamex, BBV Bancomer, 
HSBC y Banorte desde el 2004. 
 Los mexicanos llevamos a cuestas el rescate bancario, porque se les pagó a los 
bancos con recursos públicos y recordamos no con satisfacción ni orgullo, sino todo lo 
contrario, las políticas que se adoptaron para tratar de enderezar a la economía en aquellos 
años, dándole todo a los bancos, capitalizándolos y permitiéndoles que su negocio se 
expandiera sin controles, casi, para cobrar prácticamente lo que quisieran en comisiones y 
tarifas y sin aventurarse mucho a prestar, que es su principal negocio, sino a realizar 
inversiones y a intermediar e invertir en valores. 
Al cierre del 2008, por ejemplo, las utilidades de los bancos aunque bajaron 32.15% 
con relación a un año antes, ascendieron a 53 mil 756 millones de pesos. Sus inversiones 
en valores fueron del orden de un billón 509 mil 934 millones de pesos, cifra que 
representó el 30.5% del activo total de la banca. 
Obtuvieron ingresos por el cobro de intereses de 445 mil 422 millones de pesos. 
Por margen financiero, es decir el diferencial entre lo que cobran y pagan de intereses, 
obtuvieron 136 mil 278 millones de pesos, de los cuales 81 mil 631 correspondieron a 
comisiones y tarifas. Más aún, el gasto del IPAB ha significado también una onerosa carga 
para los contribuyentes. 
Según datos de la SHCP, durante la primera década de existencia del IPAB, éste ha 
consumido el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La deuda de ese instituto ha 
representado el 22 % de la deuda pública. 
Entre 1999 y 2008 –según el estado de egresos– el IPAB pagó 579 mil 722 millones 
de intereses por concepto de compra de cartera y saneamiento financiero del Fobaproa. 
Otros 259 mil 003 millones por reconocimiento de pérdidas por los programas de 
saneamiento financiero y compra de cartera. Los recursos asignados a instituciones 
financieras en liquidación o quiebra ascienden a 194 mil 907 millones de pesos. 
 5
En total un billón 033 mil 632 millones de pesos de gasto en 10 años sólo para 
apuntalar al sector bancario, cifra que contrasta y por mucho, con el presupuesto que 
recibió en 2008, por ejemplo, el Programa Oportunidades. 
Dicho programa, principal instrumento de política social del gobierno federal, 
recibió recursos ese año por 38 mil 071 millones de pesos, los cuales fueron distribuidos de 
la siguiente manera: Desarrollo Social, 17 mil 431 millones de pesos; Educación Pública, 
17 mil 350 millones, y Salud, 3 mil 289 millones de pesos. La diferencia entre el gasto del 
rescate bancario y el de programas sociales, está a la vista. 
El interés por abordar este tema tan importante en la vida de los mexicanos, tiene su 
origen desde mediados de la década de los años ochentas, cuando recién concluido nuestro 
plan de estudios, nos enfrentamos a la árdua labor de encontrar trabajo en alguna de las 
redacciones de los distintos medios de comunicación en México. 
En ese entonces, la crisis en los medios informativos en México, sobre todo en 
diarios y revistas, comenzaba a dar sus primeros frutos: los despedidos se contaban por 
cientos y no se creaba ninguna fuente de empleo, no había periódicos, revistas o estaciones 
de radio que contrataran personal y, menos, si no tenían experiencia periodística acreditada. 
 Con la sección de anuncios clasificados en mano de un periódico de la Ciudad de 
México, nos dimos a la tarea de buscar empleo "de lo que fuera" en cualquier medio 
informativo o algo que se le pareciera. Y, en efecto, así fue. 
 Una empresa dedicada al análisis bursátil y financiero estaba solicitando redactores 
y transcriptores –"experiencia no necesaria", decía el anuncio-- para la elaboración de 
informes y presentaciones con los distintos prospectos de clientes, entre los que se contaban 
algunos medios de información interesados en aspectos financieros y económicos. 
 Fue así como se abrió la puerta para que en un día de suerte fuera invitado y 
contratado como reportero de la sección bursátil en la agencia de noticias especializada en 
finanzas que se denominaba Servicio de Información Financiera y Económica. 
 A través de esa empresa se dio la posibilidad de explorar en el mundo de las 
finanzas, la economía y los negocios, así como la capacitación y especialización en esas 
áreas de información. 
Lo que en principio pareció fortuito y como obra de la casualidad, se convirtió en 
un campo bastante interesante y amplio para nuestro desarrollo profesional. 
Estaba en el interés de la población conocer más sobre los aspectos de la economía, 
pues no era para menos luego de las crisis económicas recurrentes que sacudieron a México 
y que a la fecha siguen haciendo mella en el patrimonio de las familias. 
Ya con algo de experiencia en nuestro haber profesional y el ánimo de tener mayor 
presencia y cobertura nos llevó a buscar otros medios de información donde el trabajo que 
realizábamos trascendiera aún más. Siempre cubriendo las "fuentes" de información 
relacionadas con la economía, las finanzas y los negocios. 
De esa forma se abrió la oportunidad de trabajar en revistas como Proceso, Epoca de 
México, Contralínea, Fortuna, Entorno Político, Negocios y Bancos. De igual forma hemos 
ejercido la tarea reporteril en algunos periódicos como Excélsior, Unomásuno y Ovaciones. 
La experiencia periodística en materia de economía y finanzas, nos sirvió para 
incursionar en la radio. De ahí el gran interés por abordar los temas económico financieros 
que afectan a la población. 
 
 
 6
CAPITULO 1.- CRÓNICA DEL DESASTRE 
 
La gran crisis financiera y económica del México moderno se remonta hasta los inicios de 
los años ochenta, cuando menos. La privatización de la banca en 1982, fue prácticamente la 
culminación de una era del sistema financiero del país. Se dio paso a otras, igual de 
caóticas, que derivaron en la reprivatización de los bancos, primero y luego en la 
extranjerización del sistema de pagos del país. Hoy padecemos las consecuencias y están a 
la vista. 
 La creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), no fue sino 
una derivación de las políticas económicas y financieras que no atinaban a desarrollar un 
verdadero esquema bancario sólido y competitivo *. Presentamos aquí, cronológicamente, 
cómo se fueron tejiendo las políticas en materia bancaria y financiera, la mayoría de ellas 
erróneas, que al cabo de tres década han dado al traste con la economía nacional. 
 
1 de Septiembre de 1982. Nacionalización de la banca. Tras la devaluación del peso (26 a 
47 pesos por dólar), antela insuficiencia de las reservas internacionales del Banco de 
México para hacer frente a la demanda de dólares y la cancelación de créditos a México por 
parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero 
nacional, el gobierno de José López Portillo decretó la expropiación de las instituciones 
bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. La Federación tuvo que desembolsar 
tres billones de pesos (viejos) para adquirir las instituciones de crédito comerciales y 
privadas, cuya deuda ascendía a 25,000 millones de dólares. 
 
1983 Ficorca. Creación del Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario (Ficorca). En 
el marco de la recesión económica derivada de la crisis de 1982, el gobierno de Miguel de 
la Madrid obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal, la deuda externa y 
la actividad productiva. Dichos recursos sirvieron para crear el Ficorca, fondo que se 
empleó para salvar de la quiebra a 20 grandes empresas al asumir pasivos por 12, 000 
millones de dólares mediante garantías del Banco de México (Proceso 1131). Comenzó la 
privatización de empresas paraestatales. 
 
1987 Crack de la Bolsa Mexicana de Valores . Crack de la Bolsa Mexicana de Valores. 
Luego de la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México una banca paralela 
mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión 
cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Para atraer 
capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés para los inversionistas en 
la bolsa a costa de la deuda pública interna y de que la inversión se convirtiera en 
especulativa. La crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el desplome del 
sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar. 
 
1990 Fobaproa. Creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Con el 
antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de 
liquidez del sistema bancario, y tras el anuncio de la desincorporación de las instituciones 
de crédito, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari instituye el Fobaproa, un fondo de 
contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios. Ante posibles crisis 
económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los 
 7
deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría para asumir las 
carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. 
 
1991 Reprivatización de la banca. Reprivatización de la banca. En el marco de la 
desincorporación de empresas del sector público para reducir los gastos de la 
administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo, fueron 
vendidos 18 bancos. De acuerdo con el texto La política económica en México, 1950-1994, 
de los 61,600 millones de pesos obtenidos por la venta de 409 empresas paraestatales 
durante el sexenio salinista, 37,800 millones de pesos provinieron de la venta de bancos. 
 
Diciembre 1994 Crisis económica de 1994-1995. Tras seis años de sostener una lucha a 
ultranza contra la inflación, el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit 
comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación 
desmedida en el marcado de valores. La combinación de estos factores con diversos 
acontecimientos políticos provocaron una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza 
en las tasas interés. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante los 
bancos y se registraron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones 
de crédito. Los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero. 
 
1995 Aplicación del Fobaproa. A finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más 
grave de la historia contemporánea mexicana. Entre otras reacciones, la crisis provocó el 
sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte 
de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a 
créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría 
colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa 
para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el 
dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de 
dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. 
Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de 
Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. 
 
Enero 1995 Procapte. Se creó el Programa de Capitalización Temporal (Procapte) 
mientras culminaban las operaciones para que el Fobaproa absorbiera la cartera vencida a 
los bancos, el gobierno federal recurrió a la creación del Procapte, un instrumento 
alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de 
capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Adicionalmente, la administración 
de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio 
de unidades de inversión (Udis). Según la propia reglamentación del Fobaproa, la 
adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los 
accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos. 
 
1996 Ucabe Creación de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario 
Empresarial (Ucabe). A consecuencia de la crisis de 1994-1995, muchas empresas se 
vieron imposibilitadas de pagar sus deudas, por lo que reestructuraron sus débitos a través 
de la Ucabe, que funcionó con recursos fiscales a instancia de la Secretaría de Hacienda. 
Acorde con datos de la propia dependencia, el Ucabe sirvió de aval para el rescate bancario 
y benefició a 54 empresas por un monto de 9,700 millones de dólares. 
 8
 
Marzo 1998 Iniciativas presidenciales. El Ejecutivo Federal envía al Congreso de la 
Unión un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que reduzca las 
posibilidades de una nueva crisis bancaria, así como para crear mecanismos más eficientes 
de supervisión a las actividad crediticia y facilitar la capitalización de los bancos. Por tanto, 
con el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario, el 
Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade), instancia que 
protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder 
Legislativo en la tarea de supervisar los bancos. 
Asimismo, propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes, 
cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el 
Fobaproa y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval) adquirieran como 
resultado de la crisis. La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a 
ordenar una auditoría al Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de 
dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a 552,000 
millones de dólares. Las iniciativas presidenciales no prosperaría hasta que los legisladores 
obtuvieran el resultado de las auditorías y emitieran un veredicto. 
Las iniciativas son: a) Decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; b) 
Decreto que reforma la Ley del Banco de México; c) Decreto por el que se adiciona la Ley 
del Banco de México; se expide la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 
se reforman las leyes para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de 
Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Mercado de 
Valores, y de Sociedades de Inversión; y d) Decreto por el que se expiden la Ley Federal 
del Fondo de Garantía de Depósitos y la Leyde la Comisión de Recuperación de Bienes, y 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Banco de México, 
de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, para Regular las Agrupaciones 
Financieras y General de Deuda Pública. 
 
Julio 1998. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, accede a que el Congreso analice 
las operaciones realizadas en el Fobaproa, mientras los legisladores acuerdan citar a altos 
funcionarios y exfuncionarios públicos, empresarios y banqueros para esclarecer supuestos 
fraudes antes y durante el rescate bancario. Con el documento "Fobaproa: El gran atentado 
contra la economía. Alternativas para impedirlo", el Partido de la Revolución Democrática 
reafirma su negativa a convertir en deuda pública las pasivos del Fobaproa, exige castigo a 
funcionarios y empresarios que incurrieron en malos manejos, apoyar sólo a pequeños y 
medianos ahorradores, restringir inversión extranjera y fijar un mecanismo permanente de 
supervisión a los bancos. 
 
4 de Agosto de 1998. La lista del PRD. El PRD divulga una lista con los nombres de los 
principales beneficiarios del Fobaproa ante acusaciones de violación al secreto bancario por 
parte de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de 
Gobernación. El presidente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, 
sostuvo que es "inconstitucional" que se pretenda transformar en deuda pública los débitos 
de empresarios y banqueros. 
 
 9
20 de agosto de 1998. Propuesta del PAN. Con la certeza de que la crisis bancaria de 
1994, además de obedecer a factores externos a la economía mexicana, se debió a la 
"ineficacia y corrupción" en la administración de los bancos, el PAN lanzó su propuesta 
para solucionar el tema del Fobaproa. Con el documento "Propuestas de solución integral a 
la crisis bancaria" el PAN propuso la creación de un Instituto para el Seguro de Depósitos 
Bancarios, organismo supervisado por el Congreso para respaldar el dinero de los 
ahorradores, para recuperar los activos en poder del Fobaproa. De igual forma, avaló la 
práctica de una auditoría del Fondo para detectar posibles irregularidades durante el rescate 
bancario, privilegiar la protección de pequeños y medianos ahorradores, maximizar la 
cobranza de cartera vencida en poder del Fondo y castigar a aquellos funcionarios que 
hicieron mal uso de la administración de las instituciones de crédito. 
 
28 de Agosto de 1998. La propuesta del PRI. Que la deuda pública del Fobaproa se reduzca 
30%, que los bancos asuman el porcentaje de riesgo al que se comprometieron en la compra 
de cartera; descuento de hasta 45% para deudores hipotecarios y de hasta 60% a 
productores pesqueros y agropecuarios; reducir hasta en 45% las dudas de pequeñas y 
medianas empresas y luz verde a la auditoría al rescate financiero por parte de la Cámara de 
Diputados. Estas son las alternativas sugeridas por el tricolor que incluyen una exigencia 
para que los delincuentes de "cuello blanco" no tengan derecho a la libertad bajo fianza y 
crear un instrumento más riguroso de supervisión bancaria para evitar sucesivas crisis 
financieras. 
 
14 de septiembre de 1998. Acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para 
reformar el sistema financiero. Al cumplirse seis meses de que el presidente Ernesto Zedillo 
enviara al Congreso el paquete de iniciativas de ley para reestructurar el sistema bancario, 
lapso en el cual el debate parlamentario estuvo suspendido por iniciativa de los partidos de 
oposición, quienes consideraron pertinente esclarecer previamente las operaciones del 
Fobaproa, los líderes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PRI, PT y PVEM 
acordaron junto con los secretarios de Hacienda y Gobernación firmar un "acuerdo marco" 
para sacar adelante las propuestas presidenciales. 
El documento contemplaba: crear mecanismos de supervisión más eficientes sobre 
la actividad crediticia, estudiar la legalidad de las operaciones del Fobaproa, establecer un 
marco jurídico para evitar nuevas crisis financieras, castigar a quienes se hayan beneficiado 
o hayan permitido alguna ilegalidad en las operaciones del salvamento bancario, abatir 
costos del quebranto financiero, apoyar a pequeños y medianos deudores y buscar la mayor 
equidad en la distribución de los costos del rescate. 
 
* Revista Crónica Legislativa. No.2. Marzo - Septiembre 1998. Cámara de Diputados. 
 
 
 
 
 10
CAPITULO 2.- RESCATE SIN FIN 
 
2.1.- VIAJE AL FONDO DEL BARRIL FOBAPROA * 
 
La primera intención del gobierno con la creación del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa), fue rescatar a los bancos que habían perdido todo su capital –la 
mayoría de las veces por malos manejos de sus dueños- y, con ello, asegurarle su dinero a 
los depositantes. La segunda, ayudarles con la compra de cartera vencida para ponerlos a 
flote y alejarlos del riesgo de la insolvencia. 
 Era tan grande el quebranto económico, como necesaria la inyección de recursos 
multimillonarios. De lo contrario, cualquier ahorrador se hubiera encontrado ventanillas 
cerradas al intentar retirar su dinero. 
En el camino se gestaron irregularidades graves, tanto como las cometidas por 
varios directivos de bancos. Al conocerse la intención del gobierno federal de obtener el 
aval del Congreso de la Unión para que los recursos aplicados por el Fobaproa sean para 
convertirlos en deuda pública, empezó a saberse del caudal de corrupción, favoritismos, 
discrecionalidad y robo descarado , que caracterizó a buena parte de las operaciones. 
De cara al debate final sobre el futuro del Fobaproa, al menos como se esperaba 
ocurriría pronto en la Cámara de Diputados, detallamos de manera resumida en su 
momento, como no se había hecho antes, cómo se destinaron los apoyos, banco por banco. 
Es tan sólo un tramo del complejo y cuestionado quehacer del Fobaproa, que habla por sí 
solo. 
En la práctica, cinco fueron los mecanismos empleados para el rescate bancario 
iniciado en 1995: el programa de capitalización temporal, la apertura a la inversión 
extranjera de bancos pequeños y medianos, intervención de instituciones insolventes, 
programa de compra de cartera y la adecuación de los criterios contables a estándares 
internacionales –esta última condición establecida dentro del TLC para que la banca 
extranjera pudiera invertir en las instituciones crediticias mexicanas, y entró en vigor cinco 
años antes de lo previsto, para evitar el caos que se hubiera creado si el público hubiera 
decidido retirar su dinero de los bancos con problemas financieros. 
Esa era una parte del problema del Fobaproa. La otra, es la discusión de hacia dónde 
o hacia quiénes se destinaron esos recursos o cómo se creó una deuda por 552 mil millones 
de pesos de la banca que finalmente fue desembolso del gobierno con cargo al Fobaproa. 
Por lo pronto, había un acuerdo elemental de que nadie quería solapar ilícitos. 
Como quiera que sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público poseía ya una cartera en 
la que estaban incluidos 440 mil créditos vencidos en poder del Fobaproa. 
 
2.2.- FOBAPROA, BANCO POR BANCO, PESO POR PESO 
 
Entre 1994 y 1998, el gobierno federal ha realizado diversas operaciones financieras –desde 
líneas de crédito, aportaciones de capital, compra de cartera vencida hasta la intervención 
gerencial- a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para evitar el 
quebranto del sistema bancario. 
Dichas operaciones han sido descritas por las autoridades en el Resumen Ejecutivo 
de las Operaciones del Fobaproa: 
 11
Para apoyar y tomar el control de los bancos en que se han detectado 
irregularidades. Aportando el capital y tomando el control de la sociedad cuando las 
instituciones financieras no pueden hacer frente a sus compromisos con ahorradores. 
Saneando los bancos para luego proceder a su venta. 
En todos estos procesos, el gobierno federal se ha convertido en el aval mediante el 
otorgamiento de pagarés que se emitena favor de los bancos, pero que devengan intereses 
cuyo costo asumen las autoridades financieras. 
En orden cronológico, estas son las acciones que ha emprendido el gobierno federal 
a raíz de la crisis de 1994 en el sistema bancario: 
 
Banco Obrero 
 
El 17 de noviembre de 1994, la asamblea de accionistas reconoció las pérdidas de la 
sociedad, calculadas en 120 mil millones de pesos. Para resolver esta situación, el Fobaproa 
realizó una aportación de capital, un mes después, de 750 millones de pesos. 
De conformidad con las autoridades financieras, el 31 de diciembre de ese mismo 
año, Banco Obrero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Fobaproa 
acordaron que el gobierno federal adquiriría cartera vencida de la institución por 2 mil 500 
millones de pesos, y obligaciones de pago por mil 162 millones de pesos y 117 millones de 
dólares, a plazo de diez años con la obligación solidaria del gobierno federal. 
El 26 de marzo de 1997, Banco Obrero vendió a Banca Afirme su red de sucursales 
(25) por las cuales obtuvo 30 millones 495 mil pesos, y del mobiliario y equipo otros 17 
millones. 
 
Banca Cremi 
 
El 26 de enero de 1995, Fobaproa otorgó a Banca Cremi un crédito simple –en efectivo- 
por dos mil 808 millones de pesos, y abrió otro crédito por 600 millones. En este caso, y 
considerando que el fondo es propietario de la mayoría de los títulos representativos del 
capital social del banco, no fue necesario ningún tipo de aval. 
Para cubrir pérdidas del banco, el fondo otorgó recursos para su capitalización del 
orden de dos mil 773 millones de pesos. 
En agosto de 1996, Banca Cremi vendió a Banco Bilbao Vizcaya su red de 
sucursales (160), por las cuales obtuvo 107 millones de pesos y 27 millones más por 
mobiliario y equipo. 
 
Banco Unión 
 
Con fecha 26 de enero de 1995, Fobaproa otorgó un crédito simple a Banco Unión por 
7 mil millones de pesos. Tres semanas después otorga otro crédito simple por 9 mil 200 
millones. Con cargo a la segunda línea de créditos se cubrió la Primera. 
El 19 de abril del mismo año, Banco Unión vende a Banca Promex su red de 
sucursales (160), por las cuales obtiene 78 millones de pesos y 109 millones más por el 
mobiliario y equipo. 
 12
 
Banpaís 
 
Inicialmente, el 18 de mayo de 1995 Fobaproa le otorga un crédito simple a este banco por 
700 millones de pesos, crédito que finalmente se amplió a ocho mil millones de pesos. 
A partir dl 25 de enero de 1996, la CNBV, Fobaproa y Banpaís, acuerdan iniciar el 
saneamiento y reestructuración del banco, para lo cual deciden que el fondo aporte 17 mil 
754 millones de pesos para cubrir pérdidas netas de la institución por 16 mil 726 millones. 
El 29 de febrero de 1996, Fobaproa contrató los servicios de Rothschild México 
para vender Banpaís. El 29 de agosto de 1997, Grupo Financiero Banorte y Banco 
Mercantil del Norte presentaron su propuesta para la adquisición de acciones de Banpaís. 
El primero de diciembre de 1997 Banorte adquiere 81% de los títulos 
representativos de Banpaís, propiedad de Fobaproa, por un precio de 678 millones de pesos. 
 
Banco de Oriente 
 
El 18 de octubre de 1995, y en asamblea de accionistas, Fobaproa adquiere 99.398 por 
ciento de las acciones de este banco por una cantidad de 447 millones de pesos. El 18 de 
diciembre del mismo año, Fobaproa le otorga un crédito simple a Banco Oriente por dos 
mil millones de pesos, sin aval, dado que Fobaproa era el propietario de la mayoría de los 
títulos representativos de capital social. 
Más tarde, el 6 de agosto de 1996, Banco Oriente vendió a Bilbao Vizcaya su red de 
sucursales (160), por las que obtuvo 21 millones de pesos y tres millones 600 mil más por 
el mobiliario y equipo. 
 
Grupo Financiero y Banco Inverlat 
 
El 22 de diciembre de 1995, Fobaproa otorgó a Banco Inverlat un crédito simple por 6 mil 
500 millones de pesos, cuya garantía de pago estuvo respaldada por 99% de los títulos 
representativos del capital social de la institución. 
Cuatro meses después –el 30 de abril de 1996- el Grupo Financiero del mismo 
nombre reconoció pérdidas por 12 mil 75 millones de pesos, que al restarle las partidas 
positivas del capital contable dejó un quebranto pendiente de pago por nueve mil 951 
millones de pesos. El Fobaroa aportó los recursos para absorber esta pérdida, más 2 mil 
344 millones para elevar el capital social pagado del grupo. 
Las pérdidas en el banco por 10 mil 13 millones de pesos, además de mil 444 
millones que también se reconocieron el 30 de abril de 1996, fueron cubiertas por los 
accionistas con los recursos que antes el Fobaproa había entregado al Grupo Financiero 
para su capitalización. 
El 26 de julio de 1996, Fobaproa vendió a Bank of Nova Scotia 10 por ciento de 
Banco Inverlat, por el cual la institución canadiense pagó más de 31 millones de dólares, 
además de adquirir obligaciones subordinadas por 143 millones 750 mil dólares, que podrá 
convertir en acciones de las series A y B, en marzo del año 2000. 
Por su parte, en la operación de compra-venta, el Fobaproa se comprometió a cubrir 
los requerimientos de liquidez del banco hasta el 31 de marzo del año 2000, y a mantener 
un índice de capitalización de 9 por ciento durante el periodo comprendido entre el 31 de 
 13
marzo de 1996 y el 31 de diciembre de 1999, y de 8 por ciento al 31 de marzo del año 
2000. Para ello, el Fobaproa canalizó recursos hasta el cierre de 1997 por 23 mil 981 
millones de pesos. 
 
Banco Interestatal 
 
En torno a los recursos destinados a este banco, la información es muy escueta. El 23 de 
enero de 1996, Fobaproa concedió a Banco Interestatal un crédito por 350 millones de 
pesos a cambio de una garantía de 100 por ciento del capital social pagado de la institución 
financiera. 
El 26 de mayo de 1997, Banco Interestatal vendió a Banco del Atlántico su red de 
sucursales (22) con todo y pasivos, por lo que, a modo de compensación, Banco Interestatal 
otorgó un titilo de crédito a su cargo por 481 millones de pesos y pagó 14.6 millones de 
dólares. El precio del inmueble fue de 665 mil pesos, y el mobiliario y equipo, de seis 
millones. 
 
Banco Mexicano 
 
El rescate a esta institución comenzó el 24 de octubre de 1996, cundo el español Banco 
Santander manifestó su interés por adquirir el Grupo Financiero Inverméxico, propietario 
de Banco Mexicano. 
Dentro del esquema acordado entre el gobierno y Banco Santander, se incluyeron 
apoyos destinados a sanear a Banco Mexicano y garantías para minimizar el riesgo de que 
se presentaran problemas en la institución. 
Así, para reforzar la liquidez, evitar escasez de fondos , asumir flujos de los créditos 
de mala calidad –seleccionados por Santander- y adquirir la totalidad de acciones de Cintra 
(Aeroméxico y Mexicana de Aviación) que poseía Banco Mexicano, Fobaproa destinó a 
este último un total de 24 mil 320 millones de pesos. 
 
Banco Capital 
 
El 10 de octubre de 1996 otorgó a esta institución un crédito simple por 2 mil 500 millones 
de pesos a cambio de una garantía de 100 % del capital social pagado del banco, del Grupo 
Financiero Capital y de las entidades financieras de su propiedad, como Arrendadora 
Capital, Factoraje Capital, Afianzadora Capital, Servicios Capital e Inmobiliaria Capital. 
La disposición del rédito se hizo en dos partidas de mil 250 millones de pesos cada 
una, el 18 y 21 de octubre del mismo año. 
 
Banco del Centro 
 
El saneamiento y venta del Banco del Centro se inició el 16 de enero de 1997, luego de que 
el 31 de octubre de 1996 los accionistas reconocieron pérdidas por nueve mil 662 pesos. 
Ante esto, Fobaproa canalizó recursos por 10 mil 459 millones, para subsanar el quebranto 
y para ubicar el capital socal pagado en 836.7 millones de pesos. 
En asamblea de accionistas, el 30 de junio de 1997, Grupo Financiero Banorte 
acordó comprar a Fobaproa 99.9 % del capital de Bancen en 729.9 millones de pesos, pero 
siguiendo el proceso de saneamiento, el gobierno federal se obligó a cubrir los flujos14
derivados de recuperación y cobranza de cartera, para lo cual destinó en mayo pasado mil 
155 millones de pesos. 
Además como contraprestación por las cantidades y demás bienes y derechos que 
reciba Bancen –como consecuencia de la administración, recuperación y cobranza de 
diversos créditos seleccionados- Fobaproa asumió obligaciones de pago hasta por 705.5 
millones de pesos, a un plazo de 10 años. 
 
Banco del Sureste 
 
El 30 de septiembre de 1997, Fobaproa dio un crédito simple a Banco del Sureste por 520 
millones de pesos, garantizado por 100 % del capital social pagado de la institución. 
Más tarde, Banco Internacional absorbió –en una fusión- a Banco del Sureste, 
operación por la que el primero pagó 132 millones de pesos. 
 
Confía 
 
El 28 de enero de 1998, el gobierno federal –a través de Fobaproa- autorizó a Confía un 
préstamo por 600 millones de pesos. La garantía para el crédito fue 100% del capital social 
pagado al banco. 
Un mes después, en asamblea de accionistas se dieron a conocer pérdidas por 25 mil 
259 millones de pesos. Fobaproa cubrió este quebranto y sumó mil 275 millones al capital 
social, cantidad que el banco requería para recobrar su estabilidad. 
Antes, el 27 de agosto de 1997, Citibank anunció la compra de Confía en mil 275 
millones de pesos, que se calculó como el valor en los libros, más una prima de 45 millones 
de dólares. Dicha venta se formalizó el 11 de mayo de este año. 
 
Banco del Atlántico 
 
La capitalización de este banco inició el 27 de marzo pasado cuando en asamblea de 
accionistas se manifestaron pérdidas por 5 mil 100 millones de pesos. Para resarcir a la 
institución, Fobaproa destinó 6 mil 600 millones de pesos. 
El 23 de diciembre de 1997, Grupo Financiero Bital inició sus gestiones para 
fusionarse con Banco del Atlántico, el cual conservará las subsidiarias del primero, excepto 
en la participación de Afore Atlántico-Promex. 
Grupo Financiero Bital se obligó a pagar a Fobaproa pro dicha fusión mil 800 
millones de pesos. 
 
Banca Serfín 
 
Con fecha 30 de julio de 1995, Fobaproa adquirió cartera de este banco por 4 mil 900 
millones de pesos, con el objeto de mejorar su capitalización, liquidez y gestión. Diez 
meses después volvió a comprar cartera por 19 mil 968 millones, aunque esa adquisición se 
registró retroactivamente al 31 de enero de 1996, con fecha valor 2 de enero de 1996. 
El 20 de junio de 1996, Serfín recibió un crédito por 360 millones de dólares que le 
otorgó ING Bank, con lo que se afectaron las acciones ordinarias de la serie A y B. El 
adeudo fue transferido a Fobaproa vía Banco Obrero. Once días después, Fobaproa pagó en 
 15
efectivo la cantidad de 2 mil 646.4 millones por la afectación de derechos sobre créditos 
hipotecarios que tenía Serfín en el llamado “Esquema Meseta”. 
En ese mismo mes, Grupo Financiero Serfín emitió obligaciones subordinadas, 
convertibles forzosamente en acciones de la serie B, por la cantidad de 290 millones de 
dólares que adquirió temporalmente J.P. Morgan Securities Ltd, que tenía derecho a 
recomprar Fobaproa. 
Este se comprometió a pagar a J.P. Morgan una “comisión de éxito” en caso de que 
las obligaciones subordinadas y las acciones fueran vendidas a un tercero. Sin embargo, el 
9 de octubre de 1997 ejerció su opción de compra de las obligaciones en un precio de 319 
mil 20.7 millones de dólares. 
Antes, el 23 de diciembre de 1996, acordó adquirir de Serfín valores de renta fija 
por la cantidad de 923 mil 790.2 millones de pesos. Ese mismo día, el Fobaproa se obligó a 
pagar 274.3 millones de dólares por la adquisición de instrumentos de deuda externa y 
derechos de crédito a cargo del gobierno federal. 
Esta operación se agregó a la que realizó por la compra de derechos derivados del 
crédito que le adeuda el Fideicomiso de la Central Termoeléctrica de Topolobampo, por la 
cantidad de 161.7 millones. 
El primero de enero de 1997, adquirió cartera hipotecaria de Serfín por 10 mil 300 
millones de pesos. Tres meses después, el fondo pagó a Serfín 6 mil 943 millones por 
concepto de sus créditos carreteros, más los intereses generados. 
Todos estos apoyos sirvieron para que el Hong Kong Shangai Bank se decidiera a 
invertir 174 millones de dólares en Bonos Brady, cantidad con la cual compró 19.9 por 
ciento del capital social del Grupo Financiero Serfín. 
Adicional a esta inversión –y como pare de los acuerdos con el banco chino, para 
proteger el capital social del mencionado grupo financiero- Fobaproa pagó acciones 
emitidas por el grupo por un monto de 152 millones de pesos y adquirió obligaciones por 
mil 475.5 millones. 
 
2.3.- PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA 
 
Dentro de los mecanismos empleados por el gobierno federal en el rescate bancario, destaca 
el de compra de cartera, que pretendió dar incentivos a los accionistas para incrementar el 
capital social de las instituciones crediticias. 
Mediante este mecanismo, el Fobaproa adquirió el derecho a recibir los recursos 
precedentes de la administración, cobrar los diversos créditos otorgados por los once 
bancos que participaron en este programa: Banco Bilbao Vizcaya-Probursa, Serfín, 
Promex, Atlántico, Internacional, Bancrecer, Banoro, Banorte, Banamex, Bancomer y 
Confía. 
Cada uno de estos bancos se comprometió ante el Fobaproa a entregar los “flujo” de 
la cartera designada a un fideicomiso constituido al efecto en la propia institución. 
Quedaron señalados como fideicomisarios el Fobaproa y la sociedad controladora a la que 
perteneciera el banco. 
Por otra parte, en los contratos relativos se estableció un procedimiento de revisión 
de las reservas y provisiones consideradas en un inicio para determinar el importe de la 
contraprestación a cargo del Fobaproa por el derecho a recibir los “flujos”. Este importe fue 
equivalente al monto de la cartera neta. 
 16
Los documentos de pago suscritos por el Fobaproa tienen un vencimiento a 10 años. 
El gobierno federal otorgó su garantía respecto a dichos documentos, y al vencimiento de 
éstos los bancos participantes condonarán, en beneficio del Fobaproa y el gobierno, un 
importe equivalente a un porcentaje del valor de los documentos de pago. Eso se conoce 
como mecanismo de participación de pérdidas, que en promedio fijó en 25 %. 
Legalmente, los créditos designados permanecen en el patrimonio de la institución 
y, en consecuencia, el banco participante continúa siendo responsable de la administración 
de dichos créditos. 
Conforme a los acuerdos con las autoridades financieras, diversos bancos que ya 
participaban en el programa general, se obligaron a realizar nuevos aumentos a su capital 
social y el Fobaproa se obligó a adquirir “flujos” de créditos adicionales a su cartera. 
 
2.4.- CIFRAS ESCALOFRIANTES 
 
En la medida en que crecía la discusión sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) y su posible transformación –con miras a tener “borrón y cuenta nueva” por 
parte del gobierno, como lo afirmaban algunos legisladores- las cifras sobre las operaciones 
financieras que tuvo ese fondo en el rescate de los bancos, son más reveladoras y 
escalofriantes. 
| De acuerdo con un estudio presentado en aquel entonces por el Colegio Nacional de 
Economistas, el Fobaproa poseía a mediados de 1998 activos por más de 25 mil 800 
millones de dólares, y los pasivos ascienden a 65 mil millones. 
Es decir, existía una diferencia de aproximadamente 40 mil millones de dólares, por 
una pérdida que desde este momento el gobierno federal ya asumió –en definitiva, se 
transferirá en los próximos años a los contribuyentes- y que es parte del llamado costo 
fiscal. 
Con el movimiento de “cuentas de orden”, como le ha llamado José Ángel Gurría a 
la transformación de los pasivos del Fobaproa a deuda pública interna, cada uno de los 95 
millones de mexicanos deberá 9 mil 143 pesos –poco más de mil dólares- lo cual se tendría 
que cubrir paulatinamente, con sus respectivos intereses. 
Para realizar el rescate se utilizaron dosesquemas. Uno, a través de la compra de 
carteras dentro de un programa de capitalización. Los favorecidos fueron los bancos que 
optaron por buscar nuevos recursos y a los que el Fobaproa benefició con la fórmula del 
dos por uno, es decir, por cada dos pesos de compra de cartera, los accionistas o socios de 
los bancos debían aportar un peso de capital nuevo. 
En realidad, la relación de ayuda a los bancos pasó a depender del diagnóstico que 
realizó la Secretaría de Hacienda, y de esta manera algunos bancos se vieron más 
beneficiados con este esquema, pues su relación fue de tres a uno, cinco a uno y hasta de 
nueve a uno, como fue el caso del hoy Banco Santander Mexicano. Con este mecanismo, 
los banqueros tenían la oportunidad de mantener el control de sus instituciones. 
El otro esquema, llamado de saneamiento consistió en determinar que algunos 
bancos no podían continuar operando por su grave estado financiero. Se procedió a limpiar 
las finanzas, intervenirlos y venderlos a nuevos accionistas, principalmente extranjeros. 
Así, el nuevo esquema bancario en México comprende una veintena de instituciones 
foráneas y sólo menos de la mitad son nacionales. 
De esta forma, el gobierno federal, vía Fobaproa, posía una cartera en la que están 
incluidos 440 mil créditos, con un valor de 552 mil 500 millones de pesos (65 mil 200 
 17
millones de dólares a precios de aquel entonces), de los cuales 70 por ciento se empleó en 
programas específicos de capitalización. 
El Fobaproa administraba esos 440 créditos, de los cuales 330 mil son mayores a 50 
millones de pesos y representan 27 por ciento del monto total y comprenden en su mayoría 
empresas de inmuebles. 
De acuerdo con el estudio del Colegio Nacional de Economistas, la aprobación del 
paquete financiero y la transformación de Fobaproa traería como consecuencia que la deuda 
interna del gobierno federal tuviera un crecimiento de 300 por ciento, al pasar de 301 mil 
364 millones de pesos, a 905 mil 978 millones. 
Con estas cifras el saldo total de la deuda pública –tanto interna como externa- 
aumentaría 50 por ciento, equivalente a 42.1 por ciento del Producto Interno Bruto. 
La transformación de los pasivos del Fobaproa a deuda pública interna, traería 
consigo que el pago de intereses –con simple cambio- se elevara a casi 185 por ciento, lo 
que significaría pagar poco más de 19 mil millones de dólares, cifra que representa casi 6 
por ciento del PIB, con lo cual el gobierno tendría que destinar 27.1 por ciento de su gasto 
pata cubrir los réditos. 
 
2.5.- EL GASTO, SOMETIDO AL FMI Y BM** 
 
Ante el compromiso asumido por el gobierno federal con los organismos financieros 
internacionales –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano 
de Desarrollo, principalmente–, como condición para los apoyos crediticios que hicieron 
posible poner el "blindaje" a la economía, el rescate de la banca estaba marcado como una 
prioridad fundamental en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2000, que 
presentó el jueves 11de noviembre del 1999 el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. 
En efecto, de un año a otro el presupuesto que se pretendía destinar para seguir 
atendiendo las "necesidades" de financiamiento de la deuda adquirida con los bancos 
tendría un crecimiento de 40%, sólo para cubrirles intereses derivados de los pagarés 
Fobaproa. 
Esto, como parte de la compra de cartera crediticia que ha hecho posible que esas 
instituciones sorteen la crisis económica que les aqueja desde 1995 y, pese a ello, aún no 
han logrado salir del "hoyo". 
De 1999 al año 2000, las transferencias presupuestarias para ese fin pasaban de 25 
mil millones de pesos a 35 mil millones, mientras que el presupuesto para el combate a la 
pobreza sólo tenía un incremento de 8.4%, en relación con el que se fijó para este año. 
Sin embargo, las necesidades de capital del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB) –organismo que sustituyó al Fobaproa y que se encarga desde 1998 del 
rescate bancario–, no pararon ahí. Requerirá un total de 59 mil 500 millones de pesos. 
Además de la partida presupuestal que se fija, los recursos provendrán de la venta 
de activos que lleve a cabo al instituto, estimado en unos 20 mil millones, y unos 4 mil 500 
millones los aportarán los bancos por concepto de cuotas. 
De hecho, el Banco Mundial autorizó hacia mediados de noviembre de 1999 una 
primera línea de crédito por mil 700 millones de dólares, de los cuales 500 millones fueron 
destinados para el rescate de la banca. Esos recursos estaban considerados dentro del techo 
de endeudamiento por 3 mil 500 millones de dólares que solicitó el Ejecutivo al Congreso 
de la Unión para el año 2000. 
 18
Definidas, pues, estaban las prioridades del presupuesto general para el año 2000, en 
línea con el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, que desde el 15 de junio 
de 1999 fue enviado al FMI por el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, y Guillermo 
Ortiz, gobernador del Banco de México. 
En ese documento –base para amarrar el paquete financiero del "blindaje 
económico"–, el gobierno se compromete a fortalecer y consolidar el sistema bancario, 
rehabilitando financieramente los bancos y promoviendo más la participación extranjera en 
el país. Y así ha sido. 
Alejandro Nadal, coordinador del programa de Investigación sobre Ciencia y 
Tecnología de El Colegio de México, apuntó en ese entonces que los recursos del Banco 
Mundial permitirían al gobierno desviar recursos fiscales para el IPAB. De esta manera "se 
asignarían recursos al IPAB sin sacrificar gasto social, pues se estaría en un año de 
elecciones. Se tenía que conciliar el IPAB, es fundamental en el programa y en la 
transición.. 
De esta manera y sobre la base de un gasto total de un billón 187 mil 189 millones 
de pesos que se ejercerían; reducciones al Impuesto Sobre la Renta de las empresas; 
creación de un impuesto local que podrán aplicar de manera voluntaria los gobiernos 
estatales y municipales, y mayor transferencia de dinero para continuar el rescate bancario, 
el gobierno federal pretende seguir impulsando el desarrollo el próximo año, "no con fines 
electorales, sino privilegiando el gasto social". 
El programa de gasto del año 2000 –"crucial" lo definió el secretario de Hacienda– 
es "realista" está en línea con los objetivos de política económica trazados, según afirmó el 
funcionario en la Cámara de Diputados, a donde acudió el jueves 11 de noviembre de 1999 
para entregar el proyecto de Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos, la Miscelánea 
Fiscal y los Criterios Generales de Política Económica que regirán el próximo año. 
Dicho programa, dijo, pretendía dotar al país de mayor infraestructura social, como 
educación, salud y combate a la pobreza. 
El gasto neto del gobierno federal representa un incremento real de 4.5% en relación 
con el de este año, y es equivalente a 22.7% del Producto Interno Bruto (PIB). 
De ese presupuesto, el rubro de combate a la pobreza absorberá 52 mil 884 millones 
de pesos (4.47% del total), en tanto que para cubrir el costo financiero de la deuda pública –
interna y externa–, incluida la del IPAB, se gastarán 201 mil 515.1 millones, es decir, casi 
20% del presupuesto global. 
Los porcentajes de incremento fijados para cada uno de los rubros en materia social 
marcan las prioridades del programa de egresos del gobierno federal: 
Educación, 7.9%; salud, 6.4%; seguridad social, 4.9%; capacitación laboral, 8.7%, y 
combate a la pobreza, 8.4%. 
Gurría hizo un llamado a los legisladores a mantener la confianza de que no habrá 
una crisis económica durante el cambio de administración, y les pidió "mantener el paso y 
no relajar el esfuerzo", pues ello permitirá "iniciar el próximo gobierno con perspectivas 
alentadoras". 
El funcionario compareció cinco después, martes 16 de noviembre de 1999, ante el 
pleno de la Cámara de Diputados, para explicar con detalle el paquete económico para el 
2000.Fue ahí, pero un año antes, cuando quedó sellado su fututo político como 
precandidato presidencial del PRI. 
* Revista Epoca No. 368/ 22-6-98 
** Proceso No. 1202 / 15-11- 99 
 19
CAPITULO 3.- MANIOBRAS PARA LEGALIZAR EL FRAUDE 
 
3.1.- CAMBIOS DE ULTIMA HORA; ORTIZ, EL NEGOCIABLE * 
 
De la oficina del diputado panista Fauzi Hamdam Amad, presidente de la Comisión de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, salieron dos 
anteproyectos de dictamen sobre la iniciativa de Ley de Protección al Ahorro Bancario 
presentada por el PAN. 
Uno de ellos avalaba casi íntegramente la iniciativa del PAN, que desechaba la 
inclusión de Guillermo Ortiz Martínez, en aquel entonces gobernador del Banco de México, 
como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro 
Bancario, organismo que podría sustituir al Fobaproa, y el rechazo a consolidar como 
deuda pública los pasivos del fondo. 
El otro, elaborado un día después, ya no anteponía a Guillermo Ortiz como 
condición para destrabar el asunto y se suavizaba el problema de los pasivos. 
Se había negociado con el gobierno modificar los artículos 75, 76, segundo y quinto 
transitorio de la iniciativa presentada por el PAN. 
El primer proyecto de dictamen, elaborado el miércoles 2 de diciembre del 2008, 
por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, que presidía el 
priísta Angel Aceves Saucedo**, insistía en la condicionante de que los actuales titulares, 
tanto de la Secretaría de Hacienda, como del Banco de México y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), no fueran integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB. 
Según argumentaba el PAN en la exposición de motivos de su iniciativa, no pueden 
pertenecer al nuevo instituto quienes participaron en las "operaciones inconstitucionales e 
ilegales", que dieron lugar a la compra de cartera de los bancos. 
Sin embargo, 24 horas después fue modificado el artículo segundo transitorio del 
primer proyecto en lo relacionado con los funcionarios que formarían la Junta de Gobierno 
del instituto. 
La noche del jueves 3 de diciembre de 1998, el diputado Fauzi Hamdan informó que 
la posición de su partido estaba firme en cuanto a la renuncia de Guillermo Ortiz al Banco 
de México y que no se aceptaría ninguna modificación a la iniciativa de ley. Se retomaría, 
entonces, el primer proyecto de dictamen. La iniciativa panista preveía en su artículo 76: 
"La Junta de Gobierno estará integrada por el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, el gobernador del Banco de México y el presidente de la Comisión (Nacional 
Bancaria y de Valores), quienes designarán, respectivamente, un vocal suplente, así como 
cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes 
de los miembros del Senado presentes en la sesión respectiva o, en sus recesos, por la 
misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión." 
En el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se cambió el orden 
del articulado de la iniciativa y ese punto quedó en el artículo 75, que a la letra dice: 
"La Junta de Gobierno estará integrada por un representante de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un representante del Banco de México y un representante de la 
Comisión, quienes designarán, respectivamente, un vocal suplente..." 
El artículo segundo transitorio del texto original de la iniciativa, establece: 
"El Ejecutivo Federal y la Cámara de Senadores, o en su caso, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, llevarán a cabo las acciones necesarias para que la 
designación y aprobación de los vocales de la Junta de Gobierno a que se refiere el artículo 
 20
76 de la ley, la instalación de la propia Junta, así como la designación del secretario 
Ejecutivo, se formalicen dentro de los 45 días hábiles posteriores al inicio de vigencia de 
esta ley. 
"Ninguna persona que haya participado en la administración del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro o como representante del Fiduciario del Fideicomiso respectivo, 
miembro de su Comité Técnico, o funcionario o apoderado de dicho Fondo, podrá ser 
integrante de la Junta de Gobierno... ni secretario Ejecutivo." 
El segundo proyecto de dictamen eliminó esa dedicatoria, modificando radicalmente 
el segundo párrafo, que es el centro de la controversia y debate para destrabar la 
negociación sobre el Fobaproa. 
La redacción del segundo párrafo en dicho proyecto fue planteado así: "... respecto 
de los vocales que por primera vez proponga el Ejecutivo federal a la aprobación de la 
Cámara de Senadores, sus periodos de gestión vencerán los días 31 de diciembre de los 
años 2001, 2002, 2003 y 2004... En su propuesta, el Ejecutivo Federal señalará cuál de los 
periodos corresponderá a cada vocal". 
De esta manera, los funcionarios impugnados podrían o no ser titulares de la Junta 
de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario: con nombrar a un 
representante sería suficiente para librar el obstáculo y ya no habría sentido en su renuncia. 
En el artículo quinto transitorio de la iniciativa de ley que presentó el PAN, se 
plantea lo siguiente: 
"...No se reconocen como pasivos de deuda pública las operaciones celebradas por 
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro en la ejecución de los programas de 
saneamiento financiero y de capitalización y compra de cartera, en consecuencia, los avales 
y la obligaciones solidarias otorgadas por el Gobierno Federal en los pagarés y en los 
contratos correspondientes, no se reconocen como deuda pública. 
"El Fondo Bancario de Protección al Ahorro permanecerá administrando las 
operaciones que previamente haya celebrado, hasta en tanto se concluyan las auditorías 
ordenadas por la Cámara de Diputados...". 
Modificado radicalmente en el segundo proyecto de dictamen, ese artículo transitorio se 
redactó así: 
"...El Fondo Bancario de Protección al Ahorro permanecerá en operación, hasta por 
seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley, con el único objeto de administrar las 
operaciones del programa de capitalización conocido como compra de cartera, a fin de que 
se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados... 
"En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales, el Instituto, 
mediante resolución de la Junta de Gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los 
mismos a las instituciones, mismas que deberán designar otros activos por un monto 
equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del Instituto. En caso contrario, éste 
reducirá el monto respectivo de la garantía o instrumento de pago respectivo." O sea, se 
eliminó la parte en que no se reconocen como deuda pública los pasivos del Fobaproa. Y 
ante las nuevas modificaciones, el debate continuó a la siguiente semana . 
Aunque el pueblo pagará grandes cuentas del Fobaproa, Acción Nacional dijo que 
"gana México" En su arreglo con el gobierno, el PAN claudicó en la defensa de la 
Constitución y en su demanda de echar a Ortiz . 
 
* Proceso No. 1153/ 7-12-98 
** Fallecido en La Habana, Cuba, en 2008, fue el primer presidente de la Condusef. 
 21
3.2.- SÓLO VETO, NO JUICIO * 
 
Al cabo de 10 meses de una obcecada exigencia de que Guillermo Ortiz renunciara a su 
cargo de gobernador del Banco de México, el PAN claudicó. 
Ni se va Ortiz ni queda resuelta la inconstitucionalidad e ilegalidad del Fobaproa ni 
los ciudadanos dejarán de pagar el costo del rescate financiero ni existe certeza de que las 
auditorías a ese fideicomiso –en proceso de liquidación– arrojen responsabilidades penales, 
administrativas o políticas. 
Ante el beneplácito del PRI y la censura del PRD, el PAN afirma, sin embargo, que 
tuvo la razón y le ahorró más sacrificios al país. Con el arreglo pactado con el gobierno, 
proclamó, "gana la gente y gana México". 
 Todavía minutos antes de que se hiciera público que el gobierno y la bancada priísta 
en laCámara de Diputados aceptaban en parte las propuesta del PAN, el viernes 11 de 
diciembre de 1998, los panistas alardeaban que habían logrado su propósito de vetar a Ortiz 
como uno de los siete integrantes de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, organismo que sustituirá al Fobaproa. 
Pese a que la víspera los priístas habían filtrado a periodistas que Ortiz se 
mantendría en el cargo, si bien inhabilitado para ocupar su asiento en la junta de gobierno, 
el coordinador de la bancada panista, Carlos Medina, declaró que el funcionario caería. 
"Yo no miento, porque es parte de la formación que me dieron mis padres y de mi 
religión", había dicho cerca de las 15:00 horas de ese viernes. Y todavía a las 20:40, cuando 
salió hacia la sede nacional de su partido, proclamó: 
"Dado que el gobierno y el PRI aceptaron todas nuestras exigencias, (el proyecto de 
dictamen que las contenía) va para adelante." Pero cuando ese proyecto fue presentado en 
la Comisión de Hacienda, se supo la verdad que desilvanó el discurso panista. 
El dictamen, aprobado conjuntamente con los votos del PRI y del PAN, veta a Ortiz 
y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo 
Fernández García, para formar parte de la junta de gobierno del Instituto, pero deja a su 
propia decisión permanecer en el cargo de gobernador del Banco de México. 
Según el acuerdo, la junta de gobierno estará integrada por el secretario de 
Hacienda, el gobernador del Banco de México, el presidente de la CNBV, y cuatro vocales 
que serán designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes del 
Senado, y en sus recesos por la misma proporción de integrantes de la Comisión 
Permanente. 
Pero la fracción tercera del 2º artículo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro 
establece, con obvia dedicatoria a Ortiz y a Fernández, que no podrán formar parte de la 
junta de gobierno del Instituto las personas que hayan sido secretarios de Hacienda, 
gobernador del Banco de México y presidente de la CNBV, y por tanto miembros del 
Comité Técnico del Fobaproa, en el periodo 1995-97. 
Se salvaba solamente el secretario de Hacienda, José Angel Gurría; pues al aprobarse la 
creación del Instituto, entonces, podría operar la junta de gobierno con el quórum 
reglamentario, cinco de siete de sus miembros, pese a la ausencia de Ortiz y Fernández, 
como lo reconoció en su momento Juan Miguel Alcántara Soria, uno de los principales 
negociadores panistas con el gobierno. 
 
 
* Proceso No. 1154/ 14-14-98 
 22
 
Aclaró, sin embargo, que ambos estarían "acorralados", aunque no quieran 
renunciar. "Si no se quieren ir, el desgaste de ellos y la incapacidad de las instituciones que 
ambos representan (para operar) los orillará a renunciar. No sé si será en una semana, en 
tres días o tres quincenas. Algún día". 
–¿O sea que pueden seguir ocupando sus oficinas? 
–Por algún tiempo, sí. 
Alcántara arguyó en ese entonces: "Ortiz está sentado en el banquillo, ante la 
opinión pública, como principal responsable de la crisis bancaria, después del propio 
presidente Zedillo", pero reconoce que será el propio exsecretario de Hacienda quien 
tomará, "por elemental vergüenza y decoro", la decisión de renunciar. Pero aclara: 
"También entendemos que debe haber formas y tiempos, que en política hay que 
tener siempre en cuenta, para que opere su propia decisión". 
El diputado Santiago Creel, otro de los negociadores con el gobierno, reconoció que 
la "irreductible" demanda del PAN de no aprobar la sustitución del Fobaproa por su 
propuesto Instituto si no renunciaba Ortiz, no fue tal, ya que el proyecto sólo lo inhabilitaba 
para formar parte de la junta de gobierno. 
–¿Ortiz podrá seguir en el Banco de México? 
–Eso ya se verá. 
Y aunque el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro establece que en la junta 
de gobierno el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda y el presidente 
de la CNBV podrán nombrar suplentes, Creel asegura que ni en ese caso Ortiz y Fernández 
podrán estar representados. 
–Pero Ortiz seguirá siendo gobernador del Banco de México. 
–Eso ya dependerá de él mismo. 
El reconocimiento de los panistas en el sentido de que será Ortiz el que decida si 
renuncia o no, contrastó con lo que habían declarado sobre todo en la última semana. 
El miércoles 9 de diciembre de 1998, Medina convocó a una conferencia de prensa 
para presentar su propuesta de Ley de Ingresos, a la que asistieron la mayoría de los 
miembros de la bancada. Y ahí dijo que la decisión de resolver el problema del Fobaproa y 
la renuncia de Ortiz estaba en la cancha del gobierno. 
Al día siguiente, también en una rueda de prensa –que se convirtió en una suerte de 
mitin con aplausos a su líder y silvatinas a los reporteros–, Medina ratificó su posición 
sobre Ortiz: "El segundo transitorio es irreductible". 
La inconsistencia del PAN apareció desde la elaboración del proyecto de dictamen 
que finalmente fue aprobado la noche del viernes 11 por los diputados PRI y PAN en la 
Comisión de Hacienda. 
El 27 de noviembre se comenzó a redactar ese proyecto en las oficinas de la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que presidía Fauzi Hamdan, 
y se empezó a circular entre los diputados panistas el martes 3 de diciembre. 
En ese documento todavía había congruencia con la iniciativa de Ley de Protección 
al Ahorro, presentada por Hamdan el 19 de noviembre, en el sentido de que no se 
reconocerían como deuda pública los pasivos del Fobaproa; sin embargo, en su artículo 76 
establecía que la junta de gobierno del Instituto no estaría integrada, necesariamente, por 
los titulares de Hacienda, Banco de México y la CNBV. Bastaba con que nombraran un 
representante, con lo que se contravenía la iniciativa original. 
El artículo 2º transitorio, sin embargo, se mantenía. 
 23
Un día después, otro proyecto de dictamen –también elaborado en la oficina de 
Hamdan, eliminaba por completo este veto. 
 Finalmente, lo aprobado el viernes 11 de diciembre de 1998 dejó el asunto de la 
renuncia a la consideración de Ortiz y de Fernández, aunque en privado los panistas 
aseguraban que existía un acuerdo "de alto nivel" para que rodaran sus cabezas, una vez 
que en enero de 1999 la Comisión Permanente, por mayoría calificada, eligiera a los cuatro 
vocales. 
 
3.3.- UNA LARGA MARCHA 
 
El tamaño del escándalo que produjo el Fobaproa fue creciendo desde que, en marzo de 
1998, el presidente Zedillo envió a la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas de ley 
para regular la actividad financiera. En un artículo transitorio, solicitaba la consolidación 
como deuda pública de los pasivos del Fobaproa que, al 28 de febrero, ascendían a 552 mil 
300 millones de pesos. 
Antes de esa fecha, como lo reconoció el propio Hamdan en entrevista con este 
reportero, sólo los deudores bancarios agrupados en El Barzón se habían percatado del 
tamaño del boquete económico que se gestó a raíz del rescate del sistema financiero que 
originó el colapso de diciembre de 1994. 
Crispadas las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo desde la instalación de la 
Cámara de Diputados, el Fobaproa –entre otros elementos– obligó a que desde el 27 de 
abril de ese año se iniciaran reuniones entre diputados, senadores y altos funcionarios. El 
PRD se separó de esas juntas unilateralmente. 
La presión que ejercieron los empresarios y los banqueros, y el presidente Ernesto 
Zedillo, para que los legisladores resolvieran el asunto del Fobaproa derivó en octubre en 
un aparente acuerdo entre el gobierno y el PAN, pero finalmente abortó ante las severas 
acusaciones del líder nacional perredista, Andrés Manuel López Obrador, quien en dos 
ocasiones documentó numerosas operaciones fraudulentas cometidas al amparo del rescate 
bancario. 
Y el PAN, al comenzar la semana pasada, había decidido cancelar cualquier arreglo 
con el gobierno, ante la urgencia de discutir y aprobar el paquete financieropara el próximo 
año, presentado por el Ejecutivo y repudiado, de manera unánime, por todos los sectores 
del país. 
Pese a que el PAN, en apariencia se mantenía inflexible, el jueves 10 de diciembre 
del 1998, se produjo gran parte del arreglo que se concretó un día después. El miércoles, 
Gurría había anunciado que, en uno o dos días, quedaría resuelto el Fobaproa. 
La febril actividad de los legisladores se inició temprano el jueves, cuando la mesa 
directiva de la Comisión de Hacienda fue convocada a la Subsecretaría de Ingresos, ubicada 
en el Centro de la Ciudad. 
Abortada la reunión tres horas después, presuntamente por la ausencia del perredista 
Alfonso Ramírez Cuéllar, que alegó no haber sido convocado, panistas y priístas se 
trasladaron al Club de Banqueros, donde los esperaban el procurador fiscal, Ismael Gómez 
Gordillo; Jorge Alcocer, subsecretario de Gobernación (ex perredista y ex militante del 
Partido Socialista Unido de México PSUM); Javier Arrigunaga, director del Fobaproa, y 
Fauzi Hamdan. Posteriormente se les unió el subsecretario de Hacienda, Santiago Levy. 
Durante casi seis horas, los legisladores y funcionarios discutieron los términos de 
la iniciativa panista, y cuando caía la noche llegaron a San Lázaro. Se desataron las 
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especulaciones, mediante la filtración del PRI, desde el despacho de Arturo Núñez, en el 
sentido de que estaba resuelto el problema. 
Arrigunaga declaró, en el Club de Banqueros, que el traslado del grupo negociador 
obedecía a que ya estaba "consensuada" la iniciativa panista. 
Y dio los detalles, que el viernes por la noche el PAN hizo públicos y que, como lo 
adelantó la víspera el funcionario, en efecto la solución no estaba condicionada a la 
inmediata renuncia de Ortiz. 
El acuerdo prevé un programa de apoyo a deudores, que ha sido una de las 
principales demandas para, inclusive, reactivar el crédito. La estimación, hasta el viernes 
11, era destinar 50 mil millones de pesos para reducir hasta en 50% el monto de los 
créditos. 
 
3.4.- FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN, CONSUMADO 
 
El "fraude a la Constitución", como llamó Fauzi Hamdan a las operaciones del Fobaproa 
para endeudarse y emitir pagarés con el aval del gobierno, pero sin autorización del 
Congreso, finalmente se consumó. 
En la iniciativa panista se reconocen los pasivos del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro como deuda pública y los absorberá el Instituto para la Protección del Ahorro 
Bancario; con ello se legalizarán dichas operaciones. 
El texto de la iniciativa, establece, sin embargo, "que sólo podrán ser asumidas las 
obligaciones derivadas de las operaciones de venta de cartera efectuadas por los bancos, 
hasta que hayan sido realizadas las auditorías acordadas para tal efecto, siempre y cuando 
no hayan sido resultado de actos ilegales". 
El PAN había establecido en su iniciativa de ley –antes de que fuera dictaminada– 
que no se reconocerían como deuda pública los pasivos derivados de las operaciones 
celebradas por el Fobaproa en la ejecución de los programas de saneamiento financiero y de 
capitalización y compra de cartera. Y así había insistido en cada una de las versiones de su 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, desde mediados de noviembre. En consecuencia –
agregaba la iniciativa– los avales y las obligaciones solidarias otorgadas por el gobierno 
federal en los pagarés y en los contratos correspondientes no se reconocen como deuda 
pública. 
Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, en el documento denominado "Estrategia Integral Fobaproa", planteó la 
inconstitucionalidad de las operaciones de ese fondo, porque los pasivos son "deuda nula de 
pleno derecho". 
Explicó en aquel entonces –agosto de este año– que el gobierno federal no tiene 
facultades para contraer débitos sin autorización del Congreso. 
Señalaba que la deuda fue contraída por Martín Werner, subsecretario de Hacienda, 
pese a que se trata de facultades indelegables, y las operaciones se efectuaron con 
discrecionalidad y falta de transparencia. 
En lo jurídico, concluye el documento de Hamdan, el Fobaproa representa un 
"fraude a la Constitución"; la mayor parte de los 552 mil 300 millones de pesos en pasivos 
constituyen una "deuda nula de pleno derecho"; los beneficiarios son los dueños de bancos, 
empresarios y grandes consorcios, y se debe proceder, mediante juicio político, en contra de 
los funcionarios que manejaron dicho fondo. 
 25
La fracción VIII del artículo 73 de la Constitución, fundamento jurídico que utilizó 
el PAN para rebatir a las autoridades, es clara respecto de la deuda que puede contratar el 
gobierno federal. Establece que el Congreso de la Unión dará las bases sobre las cuales el 
Ejecutivo podrá celebrar empréstito sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismos 
préstamos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. 
Agrega el precepto constitucional que ningún empréstito podrá celebrarse sino para 
la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. 
El mismo texto legal considera tres salvedades para contratar préstamos, que 
difieren del objeto para el cual el Fobaproa asumió los cuantiosos pasivos bancarios: Los 
que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los 
que se contratan durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República que 
conllevan a la suspensión temporal de las garantías individuales. 
Hasta el mediodía del viernes 11, el argumento panista para no reconocer como 
deuda pública los pasivos del Fobaproa estaba sustentado en ese artículo constitucional. El 
cambio fue radical. 
Aunque ahora sólo se legalizarán los pasivos derivados de las operaciones lícitas del 
Fobaproa, que serán absorbidos por el instituto que sustituirá al fideicomiso –lo cual se 
determinará una vez concluidas las auditorías ordenadas por el Congreso–, se asumen los 
pasivos directamente. 
Habían transcurrido casi diez meses desde que se comenzó a debatir el Fobaproa y 
los diputados siempre se quejaron de que las autoridades no les proporcionaron la 
información suficiente para el análisis sus operaciones financieras. 
En entrevista, la diputada perredista Dolores Padierna afirmó que la negativa de la 
Secretaría de Hacienda a dar más datos sobre los expedientes del Fobaproa fue una 
estrategia que le permitió "maquillar con holgura" las cifras y hacer aparecer como legales 
la mayoría de las operaciones. 
 
3.5.- TODOS A PAGAR 
 
La iniciativa panista no cambió la pretensión gubernamental de hacer que la población 
pagara los pasivos del Fobaproa. Desde que se inició el debate, apenas recibido por la 
Cámara de Diputados, en marzo del 1998, el paquete financiero, el PAN señaló que la 
propuesta del Ejecutivo de convertir en deuda pública los pasivos "significaría una 
extraordinaria carga para el pueblo mexicano", además de que es "inmoral". Fue la 
constante en su discurso. 
Sin embargo, los esquemas de reasignación del costo fiscal y de reducción de éste, 
planteados en la iniciativa discutida y aprobada el sábado 12 en el pleno de la Cámara, no 
eximen a la población de ser la que, a fin de cuentas, pague los platos rotos. 
En efecto, la estrategia panista, según explicó el diputado del PRD Alfonso Ramírez 
Cuéllar, establecía tres fuentes para la disminución del costo del Fobaproa. Una es la 
contratación de créditos de organismos financieros internacionales, particularmente el 
Banco Mundial, que serían canalizados al sustituto del Fobaproa mediante Nacional 
Financiera. Es decir, será el gobierno quien asuma esa nueva deuda, que deberá pagar con 
dinero de los contribuyentes. 
Otra fuente de disminución del costo del Fobaproa será mediante créditos del Banco 
de México para financiar la reestructuración y/o condonación de pasivos acumulados en el 
 26
fondo. Es decir, bajo el riesgo de afectar los balances del banco central –cuyos excedentes 
de operación podrían destinarse