LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA - Joel Manso

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5. LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
Y LA FISCALIDAD DE LAS PRIMERAS DÉCADAS 
DEL MÉXICO INDEPENDIENTE 
Luis f áuregui 
Instituto Mora 
INTRODUCCIÓN 
Según el Ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Alejandro de 
Humboldt, a principios del siglo XIX el virreinato septentrional de las pose-
siones españolas en América era el más rico por sus recursos, por su posición 
favorable para el comercio exterior con Asia y Europa y por su estado de 
civilización. El valor de sus metales, el número de ciudades de dimensiones 
considerables y el tamaño de su població!1 daban a este virreinato las mayo-
res posibilidades de crecimiento en América: Sin embargo, la desigualdad de 
la riqueza, y consecuentemente del poder político, eran elementos importan-
tes que obstaculizaban fuertemente sus potencialidades de progreso. 
Tunto por cuestiones de estructura como de coyuntura, en la primera 
década del siglo XIX la economía novohispana mostró una relativa desacele-
ración respecto al crecimiento de los últimos años del siglo anterior. Ante las 
enormes desigualdades que existían en el espacio colonial, en apenas una 
década se generó una serie de graves descontentos que se agregaron a los del 
pasado. Los acontecimientos políticos ocurridos en la Península Ibérica des-
pués de 1808 añadieron el elemento necesario para el inicio de lo que hoy 
llamamos la rebelión de Independencia. 
En el primer apartado se analiza el comportamiento de la economía 
durante los últimos años de la Nueva España. El ámbito geográfico que se 
considera abarca más o menos lo que hoy es la República Mexicana, aunque 
no se excluyen referencias sobre las posesiones norteñas que se perdieron en 
1848 durante la guerra con Estados Unidos. En el segundo apartado se abor-
dan las secuelas de la Independencia, particularmente desde el punto de 
vista de la fiscalidad. De esta manera, se abordan las necesidades del Estado 
mexicano posindependiente y cómo se financiaron, complementando en 
este sentido el ensayo de Sánchez Santiró incluido en este volumen. El capí-
tulo cierra con algunas conclusiones generales. 
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246 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
1. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA: 
DESARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA 
Empecemos por el determinante poblacional. El espacio novohispano conta-
ba con 6.1 millones de personas: 60% eran indígenas, 22% castas y 18% 
criollos y españoles. La mayor parte de esta población se asentaba en la 
Intendencia de México, seguida de lejos por la de Guadalajara. En la penín-
sula de Yucatán se contaba medio millón de habitantes y en el extenso norte 
había poco menos de 350 000 personas "civilizadas". En aquellos años la 
población estaba equilibrada en términos de género y poco más de la mitad 
era menor de 25 años. 
La Nueva España era vista por la metrópoli como proveedora de mate-
rias primas, específicamente de plata. Este metal se extraía del espacio colo-
nial mediante fuertes exacciones fiscales y préstamos. El proceso por el cual 
se realizaba esta extracción y cómo la Nueva España actuaba como subteso-
rería de la monarquía (tanto en materia de obtención de ingresos como de 
asignación de gastos), se analiza en el magnífico trabajo de Carlos Marichal 
(2007) sobre la bancarrota del Imperio español. 
La plata también salía del virreinato para pagar un cúmulo de importacio-
nes. Y es que entonces la Nueva España acusaba un importante atraso tecno-
lógico respecto a las otras economías atlánticas: todo lo que se extraía de la 
tierra o se fabricaba: (telas, cerámica, bebidas alcohólicas, etc.) era el producto 
del esfuerzo humano, y si había máquinas, éstas operaban esporádicamente 
y de manera experimental. Los caminos eran poco más que brechas que prác-
ticamente dejaban de existir durante la época de lluvias y todo el transporte 
del espacio colonial se hacía en mulas y en alguna que otra carreta. 
Otra causa del atraso era que las instituciones novohispanas no propicia-
ban el progreso económico. La estructura de clases y la presencia de grupos 
privilegiados por la Corona y sus funcionarios desincentivaban todo espíritu 
de empresa. Así, excepto algunas unidades de producción, pocas personas se 
ocupaban de producir para el mercado. Los indios dedicaban sus días a sem-
brar lo que se iban a comer o a colaborar con las labores agropecuarias de sus 
comunidades, de donde se generaban recursos para cuestiones como la fiesta 
anual del santo patrón. Si requerían dinero -para el pago del tributo, por 
ejemplo- fabricaban telas, encargadas y financiadas por el cuerpo de comer-
ciantes de la ciudad de México que, por supuesto, _les pagaba poco. Había 
indios y castas que trabajaban en haciendas; una parte del tiempo la dedica-
ban a sembrar un pedazo de tierra que arrendaban al dueño y otra parte 
trabajaban para el hacendado a cambio de dinero o productos adquiridos en 
la tienda de raya. En la zona de León, en el Bajío, había ranchos y pequeñas 
propiedades que se dedicaban al cultivo comercial, pero a finales del siglo 
xvm muchos habían sido absorbidos por las grandes propiedades agrícolas. 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 247 
Sobre todo en el Bajío, las riquezas generadas por la minería dieron sufi-
cientes recursos para la adquisición de vastas extensiones de tierra, que dedi-
caban su producción al mercado de las ciudades; lo mismo sucedía con las 
propiedades en los fértiles valles circundantes a la ciudad de México. Como 
la mano de obra era barata y la tierra era extensa y fértil, las posibilidades de 
acrecentar una fortuna eran grandes, pero también eran altas las probabilida-
des de que, faltando la mano de obra, un hacendado cayera en la indigencia. 
Esto queda claro si se piensa en los grandes hatos ganaderos que se desplaza-
ban desde el norte hacia el mercado más importante: la ciudad de México. Si 
no había mano de obra que arreara el ganado, éste se quedaba pastando en 
las extensas llanuras del Nuevo Reino de León y Nuevo Santander. 
Una situación similar ocurría con la minería. El óxido de plata era extraí-
do y refinado por trabajadores con la ayuda de la fuerza animal y cualquier 
posibilidad de utilizar la máquina de vapor se consideraba demasiado costosa 
y riesgosa. De la misma manera, los obrajes utilizaban mano de obra y máqui-
nas impulsadas por fuerza humana o animal. El barón de Humboldt decía 
que muchos mineros eran conscientes de lo atrasado de su tecnología, pero 
consideraban que tales innovaciones eran en un pueblo que no 
gustaba de las novedades, de ahí la idea común ,de. que Jos novohispanos de 
principios del siglo XIX apreciaban más lo bello que ·10 útil. 
En estas condiciones, a finales de 181(} c"'ómenzó, en la zona más rica del 
virreinato novohispano, una rebelión que pronto se extendió a prácticamen-
te toda la geografia de aquella posesión española. Al principio, el movimien-
to tuvo tanto momentos álgidos como de relativa paz debido a la fuerte repre-
sión de las autoridades .virreinales. Después del fusilamiento del caudillo 
Morelos a finales de 1815, el movimiento insurgente se convirtió en un con-
junto de guerrillas aisladas, sobre todo en el sur. La alianza en 1821 entre una 
parte del ejército realista y el último bastión insurgente fue motivo de un 
plan político que propuso la pacificación del reino y la independencia res-
pecto a España. Haciendo a un lado las consecuencias políticas, puede decir-
se que la rebelión de Independencia novohispana fue la puntilla de una 
economía que no tenía las condiciones para soportar tal situación de inesta-
bilidad. Los cálculos de los historiadores económicos son elocuentes (véase 
el cuadro 5.1). 
Una visión general muestra que prácticamente todos los indicadores 
tuvieronuna fuerte caída entre 1810 y 1812. A partir de entonces se observa 
una recuperación, que no llegó al final de la segunda década del siglo. Des-
pués de 1816 o 1817 los indicadores cayeron de nuevo, y fue en 1820 cuando 
al parecer volvieron a repuntar levemente. Ante tal evidencia estadística, y 
considerando que la guerra como tal sólo duró cinco años, es oportuno pre-
guntarse: ¿qué provocó caídas tan fuertes en los indicadores económicos de 
la Nueva España? 
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248 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
Cuadro 5.1. Indicadores de la crisis económica, 1800-1820 
Cambio 
1800-1810 1811-1820 porcentual 
Indicador (1) (2) (2)/(1) 
Producción de plata (toneladas) 5538 3120 -43.7 
Volumen del comercio exterior (M +X) 
(millones de pesos) 304.3 180.5 -40.7 
Importaciones (millones de pesos) 140.9 93.3 -33.8 
Exportaciones (millones de pesos) 163.4 87.2 -46.6 
Exportaciones de plata y oro 
(millones de pesos) 124.3 67.3 -45.9 
Acuñación de oro y plata 
(millones de pesos) 226.7 92.7 -59.1 
Oferta monetaria disponible 
(acuñación menos exportaciones 
de oro y plata) 102.4 25.4 -75.2 
Nota: M: Importaciones; X: Exportaciones. 
Fuente: Cárdenas (1999), cuadro l. 
Como es bien sabido, la rebelión que inkió en el Bajío en septiembre de 
1810 fue producto de la inestabilidad política que vivía la monarquía españo-
la desde mediados de la década anterior. En lo económico, a la revuelta con-
tribuyó el descontento de la masa campesina que de tiempo atrás venía expe-
rimentando un empeoramiento en sus condiciones de vida. Pero las 
rebeliones requieren de un líder, y ése fue el padre Hidalgo, que también 
guardaba agravios en contra del statu quo de la época, toda vez que él, al igual 
que sus lugartenientes Allende y Aldama, formaba parte de una "élite margi-
nal" que desde hacía varios años padecía dificultades y frustraciones econó-
micas frente a las familias ricas del Bajío, terratenientes que habían acumu-
lado fortunas producto del comercio y la minería. 
La agricultura era la actividad económica más importante del espacio 
colonial conocido en la época como la América septentrional y al que común-
mente se le denomina Nueva España. La insurrección de Hidalgo se planeó 
para diciembre de 1810, una vez levantada la cosecha, pero se adelantó por-
que fue descubierta la conspiración. El Bajío, lo que ahora es Michoacán, la 
zona de Guadalajara y los valles al occidente y norte de la ciudad de México, 
eran zonas agrícolas de alta producción que fueron saqueadas en sus aperos, 
almacenes, archivos, etc. Más grave aún fue que los campesinos, aquéllos 
que trabajaban la tierra con sus manos y uno que otro instrumento, abando-
naron su trabajo para unirse o para combatir la rebelión. Muy variados fue-
ron los motivos por los que los campesinos dejaron las tierras que trabajaban 
y emprendieron la lucha. Las razones económicas no fueron las detonadoras 
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primarias de la insurgencia, pero frente a una fuerte sequía que inició en 
1808 y que aún no cejaba dos años después, las condiciones políticas cayeron 
en terreno fértil para el descontento generalizado. 
La guerra en sí agravó aún más las condiciones económicas del sector 
agrícola y generó una especie de círculo vicioso: la rebelión inicial tuvo efec-
tos negativos sobre la agricultura; la represión realista también los tuvo, la 
respuesta insurgente la afectó de nuevo, y así sucesivamente. Como es lógico 
pensar, la devastación rural fue dispareja. El Bajío sufrió daños importantes, 
ya que fue una zona de guerra casi total, lo mismo puede decirse de Michoacán 
y algunas partes entre Zacatecas y Durango y la región de Guadalajara. Tudas 
zonas muy fértiles cuya decadencia agrícola se convirtió en desabasto de las 
ciudades más importantes, como México, Querétaro, León, Salamanca, Gua-
najuato, Valladolid y Guadalajara. 
Otras zonas, en mayor o menor medida se vieron afectadas directa o 
indirectamente por la guerra. Las haciendas, los ranchos y aun las propieda-
des comunales perdieron sus brazos y escasos aperos que utilizaban para la 
siembra y que ahora les servían como arma para defenderse. Las exacciones 
militares (legales y no) empobrecieron a las poblaciones y unidades de pro-
ducción. Los hacendados, y quienes pudieron, se desplazaron a las ciudades. 
El conde de Pérez Gálvez relató en 1816 lo que veía en la zona entre Durango 
y Zacatecas: "todo ... produce un tono de exasperación angustiosa, [todos] se 
ven tropezándose unos con otros y vagantes, pensativos, en un profundo 
abatimiento ... son miserables que ... ni qué comer tienen" (citado en Van 
Young, 2006: 166-167). 
En los valles centrales de Oaxaca, los indios se negaban a trabajar fuera 
de las tierras que les daban de comer, por miedo a que los militares les roba-
ran sus bueyes y aperos de labranza. La escasez de mano de obra llevó a la 
decadencia de la agricultura comercial. Muchas regiones que antes eran 
agrícolamente prósperas en Puebla, Cuernavaca y Michoacán, por ejemplo, 
se vieron afectadas por la rebelión, ya fuera por la pérdida de brazos que 
trabajaban la tierra, ya por las fuertes exacciones que el orden virreinal 
impuso a hacendados y rancheros, ya por la ruptura de una relación de 
sumisión del campesino respecto a patrón-hacendado. Se debe agregar, por 
otro lado, el impacto que tuvieron sobre la agricultura la inseguridad genera-
lizada y la decadencia de la minería, la cual además provocó una alarmante 
escasez de dinero. 
En cuanto a los caminos, dos circunstancias se presentaron simultánea-
mente. Por una parte, es conocido que muchos arrieros se unieron al movi-
miento insurgente, lo que no sólo dificultó el transporte de mercancías sino 
que llevó a la escasez de mulas, un problema que se agravó cuando el ejérci-
to realista confiscó estos animales. En segundo lugar, importantes vías de 
comunicación, como la que iba de México a Veracruz, fueron tomadas por 
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250 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
tropas rebeldes que prohibían el paso o cobraban fuertes cantidades para 
franquearlo. 
Ciertamente, la obstrucción del transporte tuvo efectos en la agricultura, 
aun cuando es probable que fuera el sector menos afectado pues, dada su 
relación peso-valor, resultaba poco redituable su traslado a largas distancias. 
Lo que sí se afectó fuertemente fue al abasto de mercancías, sobre todo 
importadas, a distintas zonas del virreinato. En 1811, el comandante de las 
Provincias Internas de Occidente se quejaba de que por la insurrección se 
había detenido el abasto de ciertos productos a zonas tan alejadas como Chi-
huahua. En contraposición, también se vio afectado el transporte de materias 
primas al centro provenientes del norte y occidente. 
La minería se vio afectada por el bloqueo de la ruta México-Veracruz, por 
donde ingresaban al espacio colonial muchas mercancías importadas, entre 
las cuales las más valiosas eran las destinadas a este sector, y de éstas la más 
importante era el azogue, material imprescindible para transformar el óxido 
de plata en metal. Al menos hasta 1816, la situación era igualmente grave en 
los caminos que llevaban de la ciudad de México a Querétaro y de aquélla a 
Tuluca, pues desabastecía del ingrediente a los minerales del Bajío, norte y 
occidente del virreinato. Para paliar el problema se decidió establecer una 
ruta que iba desde Altamira (en el actual estado de Tumaulipas) hasta San 
Luis Potosí (que en ciertos momentos sustituyó a la ciudad de México como 
almacén general de depósito de azogues) y de ahí a Zacatecas, Durango, Gua-
dalajara, etc.La situación parecía corregirse, pero no se contaba con el des-
orden institucional que tanto la guerra interna virreinal como la que se lidia-
ba en España provocaban en la distribución, por parte del tribunal y 
diputaciones territoriales de minería, del azogue. Al menos hasta 1814, en 
varias ocasiones fuertes cantidades del ingrediente provenientes de España 
fueron detenidas por los comerciantes de Veracruz que especularon con el 
mismo, ante la imposibilidad de actuar tanto de las autoridades reales como 
virreinales. 
Es probable que no terminara esta práctica especulativa de los veracru-
zanos¡ de hecho, la liberalización del estanco por decreto de las Cortes de 
Cádiz de 1811 permitió que algunos mineros se proveyeran de azogue prove-
niente de otros países. Empero, el problema del abasto continuó durante 
todos los años de la guerra, lo que significó la elevación de los costos de pro-
ducción de la actividad minera. Debe agregarse que esta situación se dio en 
prácticamente todos los insumos que requería la actividad: sal, pólvora, sali-
tre, etc. Las autoridades virreinales hicieron esfuerzos por controlar los pre-
cios, pero fueron inútiles en vista de la pérdida de control institucional impe-
rante en aquellos años. 
Con todo y los problemas que significó para los mineros la elevación de 
los costos de sus insumos, la dificultad más grave tuvo que ver con el factor 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 251 
más importante: la mano de obra. Y es que la población trabajadora de las 
zonas mineras fue reclutada por los ejércitos tanto insurgentes como realis-
tas. Por ejemplo, en zonas como la de Tuxco la formación de las milicias 
provinciales (grupos de realistas organizados para la defensa contra la rebe-
lión) echó mano de los operarios de las minas. Los que no participaron en 
estos grupos huyeron a las ciudades o se unieron a la causa insurgente. Los 
dueños de las minas se quejaban ante las autoridades virreinales por actos 
como la leva practicada sobre los trabajadores especializados: la respuesta 
era que el problema no lo provocaban los ejércitos del rey sino los rebeldes. 
La realidad era que los militares realistas obligaban a los trabajadores de las 
minas a que se dedicaran a las labores defensivas, a pesar de que tenían órde-
nes de levantar sólo a vagos y ociosos. La situación llegó al grado de que 
hasta los estudiantes del Colegio de Minería fueron reclutados para la defen-
sa del reino. 
Frente a una minería que apenas se sostenía en vista del elevado costo 
de producir o de recuperar aquellos socavones que se colapsaron o quedaron 
inundados, en la mayoría de los casos sólo quedó el recurso de la regatonería, 
práctica de los operarios mineros o gambusinos que lograron huir de la leva 
y que se dedicaron a trabajar en pequeña escala lo que quedaba de las minas. 
No había otro camino para l¡;i otrora rica actividad. La guerra, la inestabilidad 
política del Imperio y la dependencia de la actividad minera del favor prove-
niente del gobierno -"favor• que se manifestaba en una política regulacio-
nista de los costos de producción minera- llevaron a su resquebrajamiento. 
Además habría que considerar el impacto que todos estos elementos tuvieron 
sobre el sistema de crédito con el que funcionaban ésta y otras actividades 
económicas virreinales. 
Se ha llegado a sugerir que la desigualdad del ingreso en América Latina 
es un fenómeno del siglo XX¡ sin embargo, muchos estudios de historia econó-
mica muestran con claridad que en el caso de la Nueva España la política del 
Estado español desde la segunda mitad del siglo XVIII generó desigualdades y 
una fuerte concentración de la riqueza. Esto permite señalar que la creciente 
desconfianza que se dio entre los más ricos del espacio colonial durante los 
años de la guerra de Independencia, motivó una importante disminución del 
crédito que, dadas las características monetarias e institucionales del virreina-
to, tuvo fuertes efectos negativos en la actividad económica. Esta situación 
tuvo un efecto aún más pernicioso sobre aquella economía que desde las últi-
mas décadas del siglo xvm venía experimentando una fuerte fuga de capita-
les, tanto por la vía de préstamos a la Corona como por la extracción privada 
de numerario, así como por la llamada Consolidación de Vales Reales de 1804. 
La conflagración de 1810 ahuyentó a más capitalistas que, a partir de entonces 
y hasta fines de la dominación española, exportaron sus caudales a otras par-
tes del mundo atlántico. Los que mantuvieron dinero en suelo novohispano 
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252 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
debieron continuar extendiendo fuertes préstamos al gobierno virreinal. Y si 
bien muchos de éstos y sus réditos, resultaron impagos, se detecta una mayor 
orientación de la actividad crediticia hacia el mantenimiento del régimen 
más que a la recuperación de la actividad económica. 
Un elemento importante a considerar por los inversionistas mineros era 
el requerimiento legal de transformar en moneda la plata en pasta que salía 
de las haciendas de beneficio. Este proceso implicaba que la Casa de Moneda 
de la ciudad de México comprara el metal en pasta a los mineros y proporcio-
nara, de manera inmediata, su equivalente legal en moneda. Para ello la ceca 
debía contar con un fondo de monedas de plata que beneficiara de forma 
inmediata a los mineros o a los •aviadores" que servían de intermediarios 
entre aquéllos y la Casa de Moneda. El proceso significaba que todos los 
mineros, ya fueran de lugares tan cercanos a la capital virreinal como Real 
de Monte o tan lejanos como Chihuahua, debían acudir a ésta para convertir 
su plata y de paso pagar los impuestos correspondientes sobre la producción 
del metal. El sistema funcionaba pero implicaba riesgos importantes, así 
como elevados costos de transportación de los metales. Para 1809 la política 
imperial de echar mano de todos los recursos virreinales para el financia-
miento de sus guerras habja reducido considerablemente el fondo dotal. A 
fines de esa década y en los años siguientes, los mineros debían esperar 
semanas y meses para recibir su plata convertida en moneda. 
Esta situación, y la creciente inseguridad de los caminos debido a la 
rebelión, agravó la centenaria escasez de moneda en diversas ciudades de la 
Nueva España, sobre todo en las más alejadas de la capital. Ante la necesidad 
de mantener en funcionamiento la actividad económica local, a los pocos 
meses de haber iniciado el movimiento de Hidalgo, se habilitaron, sin auto-
rización virreinal, casas provisionales de moneda en Chihuahua, Zacatecas, 
Sombrerete, Guadalajara y Guanajuato. Con el paso de los años, las necesida-
des militares del ejército realista en esas regiones hicieron útiles estas fábri-
cas, lo que llevó a su legalización a fines de 1816. La situación de hecho, y la 
posterior formalización de las casas de moneda provinciales, provocó la ira 
de los funcionarios de la ceca de la capital, que elaboraron una serie de pro-
testas en las que los argumentos principales fueron la pérdida de recursos 
que con la medida sufriría la Real Hacienda virreinal y la mala calidad de las 
monedas locales. La necesidad de moneda en las distintas regiones de la 
Nueva España pudo más que las quejas de los funcionarios capitalinos. El 
resultado fue una mayor autonomía de las regiones, aspecto que, como suce-
dió con otros recursos de la Corona, posteriormente estableció los lineamien-
tos económicos del primer federalismo mexicano. 
El trabajo de la Casa de Moneda de la ciudad de México no se detuvo, 
pues continuó la conversión de la plata de los reales mineros cercanos¡ casos 
notorios fueron los de Tuxco, Angangueo y Oaxaca. A lo largo de la llamada 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 253 
guerra de Independencia, la acuñación de la ceca de México experimentó 
una abrupta caída inicial para después mostrar un comportamiento cíclico 
hasta 1821, cuando volvió a decaer; el nivel de acuñación de 1810 no se volvió 
alcanzar sino muchos años después. No obstante, las cifras de acuñación de 
esa Casa de Moneda son sólo indicadores aproximados de la tendencia de la 
producción de plata. 
La escasez de moneda era grave y los documentos de la década de 1810 
recogen el daño económico que provocaba esta situación en el espacio colo-
nial. Es probable que la creación de casas de moneda provinciales paliara el 
problema inmediato, pero de ninguna manera resolvió esta situación que 
prevaleció por muchos años más. Sin embargo, la realidad es que buena parte 
de la economía novohispana de la época vivía de actividades que no pasaban 
por el mercado, es decir, la mayor parte de la gente consumía lo que producía 
y rara vez acudía al mercado, y cuando lo hacía recurría al trueque, lo que en 
cualquier caso hacía al dinero innecesario. La escasa población de las ciuda-
des que trabajaba a cambio de alguna forma de salario probablemente recibía 
pesos, mismos que, por la escasez de moneda fraccionaria, debía feriar en 
una serie de seudomonedas, los llamados tlacos, que le permitían adquirir 
los productos en la pulpería que los emitía. El autoconsumo, el trueque y los 
mercados restringidos por la presencia de seudomonedas permiten caracte-
rizar a la economía novohispana como preponderantemente "natural". 
La guerra de independencia española, frente a la invasión napoleónica 
de 1808, significó una sangría adicional para la Real Hacienda de la Nueva 
España, pues de sus cajas debía salir una parte importante del financiamien-
to para la lucha contra las tropas napoleónicas. Y no sólo eso, además de los 
gastos de la administración del aparato gubernamental, el erario virreinal 
debía hacer frente a diversos compromisos como la provisión de recursos a 
los situados militares en el norte del espacio colonial, el Caribe, la península 
de Yucatán e incluso Filipinas (véase el capítulo de Carlos Marichal en esta 
obra). Con todos estos compromisos las autoridades financieras de la Améri-
ca Septentrional se vieron en serios aprietos cuando, en los meses inmedia-
tamente posteriores al grito de Dolores, el movimiento de Hidalgo creció 
hasta formar un contingente importante de población, amén de otros brotes 
de descontento en Oaxaca, Puebla, Veracruz y hasta en la lejana Tuxas. A las 
obligaciones regulares y extraordinarias se agregó la necesidad de organizar 
la defensa del statu quo del virreinato más rico de la América española. 
El historiador Herbert Klein (1998) señala que a fines del siglo XVIII la 
población de la Nueva España soportaba más impuestos que otras regiones 
del mundo atlántico. Una evidencia histórica de ello es la afirmación en 1811 
del comandante general de los ejércitos realistas en el virreinato, Félix María 
Calleja, de que el descontento se debía a la escasez de numerario, a la mono-
polización peninsular de cargos de importancia, a las restricciones comercia-
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254 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
les y a la excesiva carga fiscal. Las causas de la guerra eran sin duda más 
profundas; sin embargo, un indicador de que las contribuciones estaban pre-
sentes en los reclamos de la rebelión fue que el propio Hidalgo garantizó a 
sus seguidores indígenas la eliminación del tnbuto y otras cargas fiscales. De 
manera similar, el asunto ya había sido reconocido, desde antes de que 
comenzara la conflagración, por las autoridades virreinales, quienes habían 
hecho un tímido intento por eliminar las contribuciones indígenas. La medi-
da no se aplicó por justicia o para aplacar la rebelión, sino para integrar a 
indios, negros y castas al sistema alcabalatorio, frente al cual siempre habían 
gozado de múltiples exenciones. Es probable que la eliminación del tnbuto 
por parte de las autoridades virreinales respondiera a la necesidad de obte-
ner más recursos originados de impuestos relativamente menos costosos, 
como la alcabala. 
En los hechos, los insurgentes no tuvieron la oportunidad de eliminar 
los tributos, o al menos no completamente¡ cuando se vieron presionados 
por recursos aplicaron una forma de capitación que no dependió ya más de 
la condición de indígena, negro o casta, sino del hecho de ser hombre mayor 
de 16 y menor de 60 años. Serrano Ortega (2007) señala que el origen princi-
pal de los recursos insurgentes provino de las llamadas "fincas nacionales", 
haciendas y ranchos confiscados a los enemigos de la causa, y de las alcaba-
las. Respecto a este último gravamen, este autor apunta que los rebeldes 
buscaron reducir las tasas de contribución con el alegato de que era un 
impuesto muy gravoso para algunas actividades de los indios. La realidad era 
que en las zonas ocupadas buscaban evidenciar que las medidas fiscales rea-
listas eran más gravosas que las insurgentes, y así hacerse de adeptos a la 
causa. En cualquier caso, la medida no fue muy efectiva para los rebeldes, 
toda vez que por necesidad tuvieron que mantener estos impuestos indirec-
tos en muchas partes. Seguramente esta fue la práctica común en todas las 
zonas insurgentes; se buscaba eliminar cargas, integrar a los indios al sistema 
fiscal generalizado, eliminar privilegios y zonas de exclusividad fiscal. Sin 
embargo, las realidades del campo de batalla llevaron a mantener la situa-
ción tributaria de manera muy similar a la que por aquellos días dictaba el 
bando realista. 
Muchos cambios de importancia se originaron en la metrópoli. A pesar 
de casi dos años de invasión napoleónica, quedaron establecidas en el puerto 
de Cádiz las Cortes que definirían formalmente el cambio ideológico que se 
venía dando en todo el mundo atlántico desde el siglo anterior. Las discusio-
nes que llevaron a la Constitución de 1812 y las leyes aledañas reflejan la 
forma de pensar de los hombres de la época tanto en España como en Amé-
rica. En el ámbito fiscal se generalizaron diversas ideas que no eran del todo 
nuevas pero que venían con un nuevo espíritu; por ejemplo, las ideas sobre 
el establecimiento de las contnbuciones directas, la eliminación de los mono-
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 255 
polios y privilegios fiscales y los efectos perniciosos de las alcabalas sobre el 
mercado, llevaban en sí la concepción de eficiencia económica, pero tam-
bién de equilibrio. Esto era más claro en el ámbito de los impuestos: todos 
debían pagarlos, cada uno de acuerdo con sus posibilidades¡ sólo se debían 
pagar al Estado (de ahí que la Iglesia comenzara a perder este tipo de prerro-
gativas), y nadie podía quedar exento por cuestiones de clase, raza o condi-
ción social. 
Aunque extremadamente desigual, la Nueva España era un virreinato 
muy rico, con familias muy acaudaladas y grupos de poder fuertemente 
arraigados en la sociedad. Este hecho, aunado a la situación de guerra que se 
vivió desde fines de 1810, determinó en parte que las reformas propuestas 
por el Congreso en Cádiz no se aplicaran completamente. Por otro lado, en 
algunas partes las contnbuciones directas aplicadas por el Congreso gaditano 
fueron rechazadas porque fueron aplicadas por una figura política, el virrey, 
anacrónica para el pensamiento fiscal liberal que proponía que sólo la repre-
sentación nacional podía establecer cargas sobre la sociedad. En donde sí se 
recaudó este tipo de impuestos fue allí donde su aplicación era más o menos 
sencilla y el contnbuyente no se podíaocultar, como sucedía en las ciudades. 
El restablecimiento de la forma de gobierno absolutista en 1814 no eliminó 
estos impuestos de raigambre liberal, puesto que el gobierno virreinal apro-
vechó que la población ya los conocía para continuar aplicándolos. 
En la mayoría de los casos las reformas liberales que se discutían en 
ambos lados del Atlántico quedaron en proyecto. En la América septentrio-
nal, esta situación se dio no sólo por el estallido de lo que hoy llamamos 
guerra de Independencia, sino por la presencia de poderosos grupos -comer-
ciantes, mineros, terratenientes, etc.- que defendieron los privilegios logra-
dos en años anteriores. Se observa así una relativa pérdida de poder por parte 
de las instituciones virreinales, lo que llevó a la aparición de grupos regiona-
les que no sólo defendieron intereses particulares, sino que exigieron para 
sus localidades recursos que anteriormente absorbía la ciudad de México. 
Estos nuevos grupos compitieron con las viejas corporaciones, lo que llevó a 
una reconfiguración del poder económico a favor de las oligarquías provin-
ciales, lo que en muchos sentidos marcó el profundo regionalismo que expe-
rimentó el país en las primeras décadas del periodo independiente. 
El ejemplo más elocuente de este fraccionamiento del poder económico 
lo ofrece el comportamiento de los recursos fiscales que las provincias debían 
remitir a la ciudad de México. Según un análisis de John ThPaske (1998), en 
los años previos a la rebelión, las tesorerías provinciales debían entregar sus 
excedentes a la ciudad de México para que esta tesorería los distnbuyera en 
los gastos propios de gobierno. A partir de 1811-1812, y con la excusa de que 
los caminos eran inseguros y no se podían enviar caudales, las tesorerías en 
las provincias decidieron gastar el dinero en la localidad, lo que no sólo sig-
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256 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXI.CO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
nificó un golpe para las finanzas de la capital virreinal, e incluso para la 
tesorería de Madrid, sino para todo el sistema imperial de gastos situados en 
el Caribe, el norte de Nueva España y la península de Yucatán. 
El hecho de que las provincias alegaran que no remitían sus excedentes 
fiscales por la inseguridad de los caminos fue un mero pretexto; la realidad 
era que debían dedicar fuertes cantidades a defender sus territorios contra 
las incursiones guerrilleras de los insurgentes. Las localidades no decidieron 
estos gastos de forma totalmente voluntaria, sino que resultaron de un plan 
militar diseñado por el comandante realista Félix María Calleja en 1811, el 
cual obligaba a los pueblos a que organizaran juntas para que decidieran 
cómo iban a obtener recursos para la defensa de sus territorios. En la mayo-
ría de los casos, se determinó que los pueblos aportaran en dinero y en espe-
cie para el sostenimiento de las milicias locales. Por cierto, de estos grupos 
militares se formó el ejército que finalmente consumaría la Independencia. 
El comercio exterior de los últimos años de Nueva España responde a la 
política española implementada en las postrimerías del siglo xvm. El estable-
cimiento de los consulados de comerciantes de Veracruz y de Guadalajara en 
1795, en parte con el objetivo de disminuir el poder que había adquirido el 
grupo de mercaderes de la ciudad de México, terminó creando dos poderes 
regionales muy consolidados y exitosos. Esto resulta de las características del 
mercantilismo español, que permitía a los miembros de estas corporaciones 
grandes oportunidades de hacer negocio y riqueza. Con algunas excepciones 
regionales, en el caso de la Nueva España destaca la obligación de que todas 
las importaciones europeas debían salir de un puerto español y llegar exclu-
sivamente a Veracruz. Por su parte, las exportaciones debían salir de este 
puerto y dirigirse a España o a algún puerto hispanoamericano. Podría pen-
sarse que estas restricciones significaron problemas de abasto para la Nueva 
España en tiempos de crisis comercial, como durante el periodo de las gue-
rras imperiales. Pero cuando esto sucedió, se recurrió al comercio en barcos 
con bandera de países neutrales, lo cual salvaba el abasto del virreinato y 
daba salida a caudales mexicanos destinados a países que habían prestado a 
la Corona española o que por su condición neutral podían comerciar con sus 
posesiones americanas. 
Durante el periodo del comercio neutral que comenzó en 1797, y que 
siguió de manera esporádica hasta la Independencia, inicia el proceso que 
terminó con el mercantilismo español en la América septentrional. Con base 
en las dos restricciones comerciales señaladas, el comercio hacia Veracruz 
dejó de "salir" exclusivamente de España, pues a fines de la primera década 
del XIX, otras regiones americanas tuvieron la autorización de importar (y 
reexportar) manufacturas europeas. Destaca en este sentido el puerto de La 
Habana que prácticamente "robó" una parte de la hegemonía comercial del 
puerto de Veracruz. Tumbién se debe señalar la habilitación del puerto de 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 257 
Campeche que permitió el abastecimiento de la península de Yucatán y de 
Thmpico que, con todas sus limitaciones, se unió a los puertos que importa-
ban y reexportaban productos europeos. Por el lado del océano Pacífico, el fin 
de las actividades comerciales del galeón de Manila permitió la entrada, legal 
e ilegal, de productos europeos provenientes de Panamá por el puerto de San 
Blas. Estas "entradas", habilitadas legalmente desde fines del siglo xvm, faci-
litaron el abasto a diversas regiones del espacio colonial y eventualmente 
generaron riquezas y poder para las oligarquías regionales. 
En todo caso, continuaron las importaciones por el puerto jarocho, aun-
que en algunos momentos las realidades de la rebelión emancipadora novo-
hispana obligaron a la utilización de puertos aledaños como Tuxpan y Alvara-
do-Tlacotalpan. De esta forma, a partir de 1810 se observa una pronunciada 
caída en las importaciones que llegará a su mínimo dos años después. Entre 
1812 y 1815 aumentan las importaciones, para posteriormente volver a caer 
en 1818. En general, en los últimos 11 años de la Nueva España las importacio-
nes decayeron en una tercera parte con respecto a la primera década del siglo. 
La gran mayoría de estas importaciones provenía de España, aunque en reali-
dad se trataba de productos europeos, pues la infraestructura productiva espa-
ñola se hallaba en aquellos años muy afectada por sus dificultades internas. 
Las exportaciones, que fueron fundamentalmente de metales preciosos 
y algo de grana cochinilla, muestran también una tendencia decreciente a 
partir de 1809, cuyo nivel fue inusualmente elevado en vista de que se nor-
malizó el comercio después de la casi suspensión de los años de la segunda 
guerra naval con Inglaterra (1805-1808). Como en todos los indicadores, des-
pués de este año los datos muestran una precipitada caída hasta 1812, como 
producto de los movimientos de Independencia. A partir de entonces se 
observa un ligero repunte para después continuar con el decremento hasta 
los últimos dos años del virreinato, que apuntan a una reversión de la ten-
dencia. Mucho más que las importaciones, las exportaciones de Nueva Espa-
ña en sus últimos 11 años muestran una considerable disminución (de casi la 
mitad) respecto al periodo 1800-1810. 
El comportamiento de las variables de comercio exterior muestra una 
economía fuertemente dependiente de las importaciones, pagadas sobre 
todo con plata. Por otro lado, el sustancial decremento del valor de las expor-
taciones podría llevar a la conclusión de que durante la guerra de Indepen-
dencia no hubo fuga de capitales. Sin embargo, la realidad es quesí la hubo 
y fue considerable. Las estadísticas de Veracruz no lo muestran, pero los tes-
timonios cualitativos lo señalan reiteradamente. Ello en realidad significa 
que fuertes cantidades de plata salieron por otros puertos de manera ilegal. 
Su destino, por cierto, no necesariamente fue España. 
México comenzó su vida independiente en condiciones económicas muy 
desfavorables. El país poseía un territorio enorme: la antigua Nueva España 
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258 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
con las Provincias Internas del Norte, la península de Yucatán y, por algunos 
meses, la capitanía de Guatemala; tenía una población reducida y concentra-
da en la zona central del país; una economía basada fundamentalmente en 
la agricultura; una actividad minera que requería fuertes inversiones para 
salir del abandono. Había pocos capitales con qué echar a andar ésta y otras 
actividades manufactureras, y las instituciones eran viejas y poco orientadas 
al crecimiento económico y a la defensa de los derechos de propiedad; y los 
grupos regionales reclamaban sus posiciones logradas durante la guerra. Por 
otra parte, las naciones europeas no reconocían la independencia del nuevo 
país y España amenazaba con la reconquista. No había gobierno: el libertador 
Iturbide formó una junta que pronto fue copada por intereses militares, ecle-
siásticos y burocráticos. Cómo se financiaron éste y los gobiernos que siguie-
ron es el tema de la siguiente sección. 
2. LAs SECUELAS DE LA INDEPENDENCIA. 
Los EGRESOS y LOS INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL MEXICANO 
Durante prácticamente todo el siglo xx, se ha tenido la idea de que en las 
primeras décadas de vida independiente, México fue un completo desorden 
en el ámbito financiero. Cierto es que se enfrentaron varios contratiempos 
como resultado de las dificultades para la formación del Estado, algunos tan 
graves como la pérdida de la zona norteña, despoblada y poco vigilada desde 
los últimos tiempos coloniales. Sin embargo, se debe considerar que los pri-
meros hombres de gobierno enfrentaron condicionantes que hicieron dificil 
la construcción financiera del nuevo país. Ante un contexto internacional 
incierto, los nuevos gobiernos debieron atender e a su modo y según el pen-
samiento de la época) las demandas de los grupos sociales: burócratas, ejér-
cito, oligarquías regionales, comerciantes extranjeros, etcétera. 
La gráfica 5.1 proporciona una visión general de las prioridades de gasto 
de los gobiernos entre la Independencia y los años inmediatamente posterio-
res a la guerra con Estados Unidos. 
Como se aprecia, en este periodo los gastos más elevados fueron los des-
tinados al mantenimiento de la estructura militar, seguidos por una serie de 
cuentas denominadas "gastos de hacienda", que si bien incluye sueldos y 
pensiones del ministerio de Hacienda, también incorpora un importante 
conjunto de "ramos accidentales" que no son otra cosa que el pago de intere-
ses y capital a un grupo de prestamistas conocidos en la época como "agiotis-
tas" (Thnenbaum, 1986). Los "ramos accidentales" también son un ejemplo 
claro del desorden en las cuentas del gobierno general de la época, pues 
incorporaban erogaciones que debían "caer" en ramos "normales"; por ejem-
plo, algunos gastos del Ministerio de Marina eran consignados en estas cuen-
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Fuente: Memoria (1870). 
LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 259 
Gráfica 5.1. Estructura de los gastos 
del gobierno general mexicano, 1822-1855 
l'lacienda 
36% 
tas aglutinadoras, un problema administrativo-contable de los primeros 
gobiernos mexicanos que deberá ser investigado en el futuro. 
Entre 1825 (cuando las cuentas son más claras, al menos en su visión 
global) y 1855 los gastos anuales promedio del gobierno general mexicano 
ascendieron a 19.5 millones de pesos, lo que, según investigaciones recien-
tes, constituía 7.5% de la producción interna de la economía. Ello se ase-
meja a cifras similares de otros países y muestra ex post el reducido efecto 
del gasto gubernamental en la economía, consecuencia de un mercado 
interno aún no integrado, múltiples economías de autosubsistencia y esca-
sez monetaria. 
Como se puede predecir, y así lo muestra la gráfica 5.2, a lo largo de los 
años los egresos del gobierno general estuvieron determinados por los acon-
tecimientos políticos. A simple vista, y en general, los años del centralismo 
(1836-1 846 y 1853-1855) fueron más "costosos" que los del federalismo, lo 
cual muestra fundamentalmente una realidad contable, en el sentido que fue 
durante una parte importante de este periodo que las finanzas estatales pasa-
ron a ser registradas por el gobierno general. Un análisis más detallado de las 
cuentas muestra que durante el centralismo los gastos más elevados fueron 
los llamados "gastos de hacienda", es decir, el pago de deudas y los llamados 
"ramos accidentales", con su elevada proporción de cuentas aglutinadoras. Si 
bien la información cualitativa muestra un aumento importante en el gasto 
militar, particularmente durante los años cuarenta y cincuenta, el predomi-
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260 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
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Gráfica 5.2. Evolución de ingresos, gastos y déficits 
del gobierno general mexicano, 1822-1855 
- Ingreso --- Gasto - Deficit 
.. . ............. . 
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Fuente: Memoria ( 1870). 
nio de las cifras "originadas" en el Ministerio de Hacienda sugiere un mayor 
desorden en las cuentas del gobierno general. 
Desde la perspectiva de todo el periodo (1821-1855), los recursos anuales 
promedio para financiar tales gastos ascendieron a 13.5 millones de pesos. Si 
la cifra anterior se contrasta con los gastos, que en términos globales ascen-
dieron a un promedio anual de 19.5 millones de pesos, es evidente la presen-
cia estructural de un déficit anual promedio de 6 millones de pesos. Existie-
ron razones políticas y económicas por las cuales se incurrió en este déficit. 
Aquí es importante el análisis de los ingresos que se obtuvieron para finan-
ciar los gastos ya descritos, así como la forma de cubrir el déficit. 
Una visión del periodo comprendido entre la consumación de la Indepen- · 
dencia (1821) y el triunfo de la Revolución de Ayutla (1855), nos muestra que 
en esas tres y media décadas se dio primero un crecimiento de los ingresos 
hasta 1843 y luego una disminución que llega a 1860; un ciclo completo que 
tiene su explicación en diversos aspectos. Primeramente, los años de la guerra 
de Independencia (1810-1821) significaron un colapso importante de los ingre-
sos que registraba la ciudad de México como capital virreinal. De hecho, Mar-
cello Carmagnani (1998) mostró que los recursos registrados en un año pro-
medio entre 1810 y 1815 no se volverían a ver sino hasta finales del siglo XIX. 
El incremento total de ingresos hasta 1843 es una muestra clara de la 
capacidad del nuevo Estado para iniciar su recuperación. Sin embargo, la 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 261 
afirmación requiere un matiz, pues dicha recuperación, y la caída de los años 
posteriores, no estuvo exenta de ciertas características íntimamente ligadas 
con la forma de gobierno, la cual experimentó tres modificaciones durante el 
periodo. 
2.1. El erario mexicano 
en la PrimeraRepública federal (1824-1835) 
La capacidad de recuperación financiera del gobierno general después de la 
Independencia fue, debe reconocerse, muy limitada. Esto se explica, por una 
parte, por el proceso de "descentralización" fiscal que se venía dando de facto 
desde el periodo de la guerra de Independencia y, por la otra, debido a las 
desgravaciones iniciales determinadas por el libertador Iturbide. La limita-
ción también encuentra su razón de ser en el pacto federal -o más bien 
confedera!- implementado en 1824 y que tiene su explicación fiscal en la 
repartición de rentas entre estados y federación. La división de los recursos 
públicos ordinarios que se dio en la segunda mitad de 1824 dejó al gobierno 
federal con pocos ingresos y muchos gastos, como el ejército y el servicio de 
las deudas externas e internas. 
Esta fórmula fue, como comentan Carmagnani y Marichal (2001 ), fuente 
de conflicto entre estados y federación durante varias décadas. La pugna, 
empero, no se suscitó por lo que hoy llamaríamos "concurrencia fiscal" sino 
que más bien se debió al pobre desempeño de la economía mexicana que, 
salvo en contadas excepciones regionales, sencillamente no dio recursos 
públicos suficientes ni para uno ni para otros. En un ambiente de inexperien-
cia administrativa e indefinición reglamentaria, la "repartición" de figuras 
fiscales de 1824 de hecho fraccionó el eficiente aparato fiscal construido por 
los borbones. 
Durante la Primera República, los ingresos provenientes del comercio 
exterior fueron la fuente de recursos más importante de la federación, aun-
que durante todo el periodo exhibieron una severa inestabilidad. Y es que, no 
obstante que el valor del comercio internacional también se recuperó respec-
to a la etapa de guerra, las primeras décadas del periodo independiente no 
mostraron cambios profundos en el patrón comercial con respecto a la Colo-
nia¡ se importaban manufacturas, sobre todo textiles, y se exportaba plata. El 
valor internacional de este metal fue favorable, pero aun así parece que la 
cuenta corriente registró un saldo negativo. 
México comenzó su vida independiente con un arancel que cobraba un 
derecho general de importación de 25% sobre el valor de las mercancías. 
Luego, en 1824, se creó un derecho de internación de 15% sobre el mismo 
valor. Así estuvieron las cosas hasta el arancel de finales de 1827, en donde la 
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262 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
tasa de derechos de importación se elevó sustancialmente e a 40%) y a cambio 
se prometió al contribuyente eliminar el derecho de internación. Hasta fina-
les de los años veinte, esta política trajo incrementos en los recursos; luego se 
observa una disminución como resultado de la propia concepción del segun-
do arancel y una fiscalización deficiente. Como consecuencia de ambos ele-
mentos aumentó el contrabando. En la primera mitad de la década siguiente, 
los ingresos del comercio exterior se recuperaron, excepto por la caída provo-
cada por la revolución de 1832, por la costumbre de los opositores del gobier-
no de tomar los recursos de las aduanas para financiar la rebelión. 
En 1824 se transfirieron a los estados de la república, entre otros, los 
impuestos a la minería, las contnbuciones directas y los recursos de las adua-
nas internas conocidos como alcabalas (cuadro 5.2). En el primer caso, es 
probable que el reparto sólo beneficiara palpablemente a estados con fuertes 
actividades extractivas. Por ejemplo Zacatecas, la entidad más rica de aquella 
confederación, decidió no innovar en lo fiscal pues no lo requería, lo que 
contrasta con Guanajuato, que durante la guerra vio destruidas sus minas 
más grandes y optó por un cambio fiscal importante. 
Cuadro 5.2. Reparto de rentas entre los estados y la federación, 
según decreto del 4 de agosto de 1824 
Federación 
Aduanas marítimas y fronterizas 
Derecho de internación de 150/o 
Rentas del estanco de tabaco, 
en su fase agrícola y las ventas de la fábrica 
de tabacos de la ciudad de México 
Pólvora 
Correos 
Lotería 
Salinas 
Alcabala del tabaco en las zonas de su cosecha 
Rentas de los territorios de la federación 
Bienes de la Inquisición y temporalidades 
Contingente 
Estados1 
Diezmos eclesiásticos 
Derechos sobre la producción minera 
Derechos de las casas de moneda estatales 
Derechos del pulque, mezcal y aguardiente 
Contribución directa de 1823 
Ventas de tabaco de las fábricas estatales 
Capitación 
Alcabalas 
1 Como la fiscalidad de los estados fue creada por exclusión, i.e., "Las rentas que no están incluidas en los 
artículos anteriores pertenecen a los estados"; la lista de rentas varía de un estado a otro. 
Fuente: Sánchez (2009), capítulo 111. 
En vista de que en el decreto de agosto de 1824 fueron asignadas a los 
estados, las llamadas contribuciones directas, que habían sido creadas por la 
Constitución de Cádiz siguiendo el criterio de uniformidad, igualdad y pro-
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 263 
porcionalidad, varias entidades adoptaron ésta fórmula con el afán de moder-
nizar sus estructuras tributarias. Los gobiernos de Jalisco y el Estado de 
México intentaron vivir de estos impuestos modernos, pero en los años trein-
ta la oposición terrateniente echó abajo el intento. Los estados con fuerte 
presencia indígena (Chiapas, Oaxaca y Yucatán) recurrieron a un tipo de 
contribución directa (la capitación1) que, con algunas variantes, resultó en 
una reedición del tributo indígena. 
La fuente neta de recursos públicos más importante de los estados fue-
ron las alcabalas. Éstos y otros impuestos "indirectos" recientemente los ha 
analizado Ernest Sánchez Santiró (2009). Sus descubrimientos más impor-
tantes muestran que si al principio la mayoría de los estados no tenía muy 
claro cuál sería la base de su fiscalidad, entre los años 1830 y 1835 la base 
de prácticamente todos eran las alcabalas. Debe señalarse que -en ocasio-
nes con discusiones que citaban a los economistas europeos de la época-
estos derechos, ya en posesión de los estados, experimentaron las modifica-
ciones que imponía la forma de gobierno confederada, tanto en términos del 
número de suelos alcabalatorios como de una especie de "proteccionismo" de 
unas entidades respecto a otras. 
La federación también dependía de los impuestos al comercio interno. 
Primero la fuente provino de las alcabalas, específicamente la de la ciudad 
de México, que en 1826 fue "arrebatada" al Estado de México para crear el 
Distrito Federal. Después de 1830 apareció una contribución denominada 
"derecho de consumo", aplicada en toda la República a la comercialización de 
las mercancías extranjeras. El gobierno general acusó cierto inmovilismo fis-
cal durante la primera parte del federalismo, resultado de sus esperanzas casi 
atávicas en la renta del tabaco. No fue sino hasta finales de la década de 1820 
que se observa un movimiento en la fiscalidad, el cual se dio por la vía de 
esta renta y de las contribuciones directas de corte liberal. 
Como se observa en el cuadro 5.2, con el reparto de rentas, el viejo estan-
co del tabaco se asignó tanto a los estados como a la federación. La asigna-
ción de esta renta, que durante la Colonia fue muy redituable para la Real 
Hacienda, se debió fundamentalmente a la presión de las oligarquías regio-
nales por una parte del "pastel" que significaban sus recursos. Los estados 
hicieron todo por sacarle ganancia a la renta: combatieron el contrabando, 
establecieron fábricas en las capitales y aplicaron medidas proteccionistas 
contra la importación de tabaco de otras entidades. Se puede afirmar que en 
1 En las primeras décadas del periodo independiente, la capitación fue un impuesto que 
se aplicó a todos los hombres mayoresde 18 años y de forma independiente de sus ingresos. La 
capitación rescata el principio de igualdad en el pago del impuesto pero elimina toda aspira-
ción de proporcionalidad (Serrano Ortega, 2007). Aplicar la capitación en las entidades con una 
gran población indígena resultaba conveniente para las autoridades, pues se trataba de una 
carga ya conocida, en la forma de tributo, desde tiempos coloniales. 
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264 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
aquellos años el mercado de tabaco se fraccionó en cada uno de los estados 
de la República. La mala aplicación de estas medidas llevó a que la renta no 
generara los recursos esperados, y pronto se acumularon las deudas de los 
estados a la federación por la provisión de tabaco. Para 1829 la renta del taba-
co se hallaba en bancarrota y el gobierno de Vicente Guerrero, muy presio-
nado ante la posible invasión de España, concedió a un grupo de empresarios 
el derecho de venderlo en todo el país. Los estados protestaron, lo que en 
buena parte explica la caída del régimen, pero todo fue inútil pues tres años 
después el gobierno renovó el contrato a los empresarios, liberando práctica-
mente la totalidad del otrora estanco. De nueva cuenta, los estados protesta-
ron. Esta presión, aunada a la rebelión de Santa Anna de 1832 en contra del 
gobierno de Bustamante, sí tuvo efectos a favor de los estados. El gobierno 
liberal de Santa Anna-Gómez Farías de 1833 volvió a liberar el estanco. Esta 
vez algunas legislaturas de los estados, cooptadas por liberales, apoyaron la 
medida; otras no lo hicieron, lo que provocó un caos mayúsculo con las con-
secuencias de contrabando e ilegalidad. Después de un breve movimiento a 
favor de los estados en 1834, el establecimiento de la forma de gobierno cen-
tralista el año siguiente "nacionalizó" la renta, lo que permitió al gobierno 
general arrendarla a los empresarios en detrimento de la postura de las oli-
garquías estatales. 
Aparte de las posiciones a favor o en contra de los monopolios, la renta 
del tabaco muestra la pugna entre los estados y la federación que se dio 
durante aquel periodo que los historiadores han denominado "confedera!". 
Esta diferencia se hace particularmente patente en el caso de un impuesto 
creado en el decreto de reparto de rentas de agosto de 1824, denominado 
"contingente". Este gravamen, que debía pagar cada estado de la República de 
acuerdo con un conjunto de indicadores sobre su capacidad económica, 
seguía el principio señalado en su nombre, es decir, era contingente al déficit 
que cada año enfrentara la federación. La idea no era mala, pues compensa-
ba los gastos generales del gobierno nacional (deuda y ejército permanente). 
Sin embargo, por dificultades económicas, desde un principio la mayoría de 
los estados estuvo incapacitada para hacer frente a la cantidad de contingen-
te que le correspondía. Esta situación presionó mucho a la federación, que se 
hallaba muy debilitada por la incapacidad de generar recursos para los esta-
dos. Se implementaron reformas a favor de éstos, tanto de carácter adminis-
trativo como respecto a la cantidad que cada uno debía pagar, pero todo fue 
inútil. Con excepción de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Nuevo León, el 
resto de las entidades no pudo pagar su compromiso con la federación. Cier-
to es que en 1832 la situación política se tornó complicada, lo que obligó a los 
estados a financiar una parte de la defensa de orden establecido, con lo cual 
es seguro (aunque no existen datos) que se compensaron muchas de las deu-
das generadas en años anteriores. 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 265 
Una de las razones por las que el gobierno general no pudo recibir la 
totalidad del contingente responde a la situación económica del país en sus 
primeros 15 años de existencia. El asunto se trata en otro capítulo de este 
volumen. Aquí se debe destacar el aspecto relacionado con la relativa debili-
dad del gobierno general frente a los intereses de los estados. Y es que, quizá 
como resultado de una negociación política orientada a evitar la división del 
antiguo virreinato, aquel primer confederalismo fiscal adoptó un esquema 
de reparto de impuestos entre estados y federación, lo que impidió que ésta 
última interviniera fiscalmente en la actividad económica de las personas 
(excepto en el caso del Distrito y Territorios Federales), y cuando mucho 
logró gravar la economía de los estados. La situación se hizo evidente cuando 
en 1829 el Ministerio de Hacienda pretendió gravar a los habitantes de los 
estados por la vía de una contribución directa federal. Inmediatamente sur-
gió la oposición a que el gobierno interviniera en los erarios estatales por la 
vía de un impuesto a las personas. La medida, argumentaban, significaba 
"uniformar a la República•, que en la época significaba la antípoda del fede-
ralismo: una república central. 
2.2. La hacienda pública de México 
en la Primera República central (1835-1846) 
El federalismo fiscal que "repartió" las rentas, como se describe en el cuadro 
5.2, consolidó el desmembramiento fiscal que se venía generando desde la 
guerra de Independencia. Cuando se proyectó la fiscalidad de esta forma de 
gobierno, se estimó que los ingresos aduanales, el contingente y en general 
la recuperación económica serían suficientes para sostener al gobierno fede-
ral. Sin embargo, ninguna de estas proyecciones se cumplió. Cuando a fines 
de la década de 1820 se hicieron presentes las dificultades políticas, se comen-
zó a discutir la posibilidad de "unir" política y fiscalmente a la República. 
Después de un periodo de ajuste legal y administrativo en el que los 
estados se convirtieron en departamentos, las legislaturas estatales en asam-
bleas departamentales y los gobernadores pasaron a depender directamente 
del presidente de la República, la coyuntura de Tuxas fue instrumental para 
iniciar el cambio en la práctica fiscal. En el verano de 1836 se aplicó en Méxi-
co el primer paquete fiscal con pretensiones de fundar en las contribuciones 
directas la masa de ingresos públicos del erario mexicano. Con todo y sus 
limitaciones, este conjunto de gravámenes sobre diversos aspectos de la 
riqueza y del ingreso de las personas, tuvo aplicación generalizada, a diferen-
cia de lo que sucedió en 1829, cuando todo había quedado en proyecto. 
Se tenía la esperanza de eliminar las alcabalas una vez que las contribu-
ciones directas rindieran los recursos suficientes. Sin embargo, un año des-
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266 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
pués, las aduanas marítimas y de frontera así como las alcabalas continuaban 
siendo los soportes principales de la hacienda nacional. Las contribuciones 
directas apenas alcanzaban una décima parte del total de recursos; esto ade-
más incluía las contribuciones personales (una especie de tributo pero con 
otro nombre) que se cobraban en los departamentos de Yucatán, Chiapas, 
Tubasco y Oaxaca. 
Con motivo del bloqueo francés conocido como "la guerra de los paste-
les", en 1838 se volvió a intentar poner en práctica otro paquete de contnbu-
ciones directas el cual tuvo resultados similares al anterior. Dos eran los pro-
blemas que presentaban este tipo de contribuciones. Por una parte, y no 
obstante que se equiparaba a las alcabalas y otros impuestos indirectos inter-
nos con el atraso, el pasado español, y con todo lo antieconómico, las autori-
dades nunca se encargaron de "preparar" la aplicación de las contribuciones 
directas. Así, siempre se aplicaron sin suficientes datos estadísticos y con 
recaudadores incompetentes. Una vez aplicadas debían enfrentarsea la opo-
sición de los contribuyentes, sobre todo de los propietarios. Situación más 
grave, señalada por Sánchez Santiró (2009), es que, en el caso de las cargas 
a la propiedad rural y urbana, ni siquiera se definía con claridad el sujeto 
fiscal, es decir, se dictaban nuevos gravámenes pero no se decía quién los 
debía pagar: ¿los individuos?, ¿las corporaciones?, ¿quién en las corporacio-
nes? Ante una serie de contribuyentes como la Iglesia, establecimientos 
sociales, las propiedades comunales, tierras de repartimiento, etc., sólo que-
daba una salida: la excepción. ¿Y cómo se hizo frente a los recursos que no 
se obtuvieron por tantas exenciones?-Aplicando impuestos -muy impopu-
lares- a los campesinos, específicamente las capitaciones y las "contribucio-
nes personales". 
En parte para paliar el descontento contra los impuestos directos, en 
parte como una medida modernizadora, los conjuntos de contribuciones 
directas aplicados en la segunda mitad de los años treinta, fueron acompaña-
dos de reformas importantes en las contnbuciones indirectas. Por ejemplo, se 
eliminó el derecho de extracción que en tiempos dificiles aplicaran algunos 
estados a sus productos. Por otro lado, también se redujo la alcabala a produc-
tos de consumo básico y a los textiles. Esto último respondía a una política de 
fomento característica del régimen de Anastasio Bustamante, que además 
continuó con el proteccionismo a las manufacturas textiles nacionales. El 
arancel de 1837 es levemente menos proteccionista que su antecesor de 1827; 
la diferencia es que el de los años treinta define de manera clara cómo debían 
operar las aduanas marítimas y fronterizas. Este ordenamiento fue un impor-
tante salto cualitativo en la administración de las finanzas del gobierno. Su 
promulgación en marzo de 1837 responde a un proceso de construcción de 
las instituciones del Estado mexicano, pero también obedece a situaciones 
coyunturales como el aumento del contrabando. En este sentido, la Pauta de 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 267 
Comisos de ese año endureció fuertemente la vigilancia y el control de la 
circulación fraudulenta de mercancías; por otro lado, el incremento de trámi-
tes que trajo aparejado, generó gran inquietud entre los comerciantes. 
El disgusto frente a la Pauta de Comisos se convirtió en abierto descon-
tento cuando, ante el fracaso recaudatorio de los paquetes fiscales de 1836 y 
1838, la menor recaudación que resultó del arancel de 1837 y del aumento 
del contrabando, el Congreso incrementó fuertemente el derecho de consu-
mo, gravamen sobre el valor de las mercancías extranjeras que se cobraba en 
el puerto de importación y de nuevo si salía de éste rumbo a los departamen-
tos. La medida respondía a la fuerte elevación de los gastos debido al intento 
por recuperar Tuxas y otras dotaciones al gasto militar. 
La protesta contra el derecho de consumo llevó al fracaso del incremen-
to en su tasa, aunque a fin de cuentas el gravamen dio dinero que, por tratar-
se de bienes de demanda relativamente más elástica, en parte debieron pagar 
los comerciantes. Ante este fracaso, el gobierno de Bustamante decidió en 
1841 aplicar una edición nueva del paquete de contribuciones directas de 
1836 y 1838. Al conjunto de gravámenes que incluían los paquetes anterio-
res, se agregó un derecho de capitación que se podría llamar •graduada según 
el rango de ingresos". Este gravamen y un conjunto de agravios políticos pro-
vocaron que de nueva cuenta se desestabilizara la situación política del país 
lo que, después de un tímido intento por corregir la situación, llevó al derro-
camiento del gobierno de Bustamante. En esta caída también tuvieron que 
ver los empresarios del tabaco. Este grupo vio decaer sus utilidades desde 
que se le diera la concesión de la renta en 1839, y había buscado un nuevo 
contrato pero al mismo tiempo generó demasiadas enemistades políticas. 
Así, ante la imposibilidad de lograr el nuevo contrato durante el mandato de 
Bustamante, optó por apoyar el ascenso de Santa Anna a la presidencia. 
Los años que siguieron y hasta 1844 son los de la dictadura ejercida por 
Santa Anna quien, ante el fuerte sesgo militar que impuso a este periodo por 
su empecinamiento por recuperar Thxas y por la secesión de Yucatán, deci-
dió echar mano de cuanto gravamen, directo o indirecto, estaba a su disposi-
ción. En el ámbito de las contnbuciones directas, en 1842 su gobierno "regre-
só" a la capitación, pero esta vez la aplicó de forma general y pareja; fue una 
reedición del tributo colonial, que pagaban los indios, pero ahora impuesto a 
todos los varones entre 18 y 65 años. José Antonio Serrano (2007) señala que 
con esta medida el gobierno se pronunciaba por la igualdad y la uniformidad, 
pero abandonaba todo indicio de proporcionalidad. Con esta reedición de la 
capitación, el gobierno santanista aplicó el paquete de contribuciones direc-
tas más completo de todo el siglo. 
Asimismo, ese gobierno reformó las alcabalas, respecto al desorden que 
habían mostrado durante el federalismo y que no había podido corregirse 
durante el primer periodo centralista. Así, se redujeron y uniformaron las 
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268 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
tasas, también se disminuyó el número de aduanas internas, pero se incre-
mentó el número de productos gravados, en específico, los productos de con-
sumo básico de la población. Según Sánchez Santiró (2009), la recaudación 
por concepto de contnbuciones directas, en particular la capitación, aumentó 
en 1842 y 1843 y se redujo ligeramente en el año siguiente. Muy por encima 
de estas recaudaciones, los ingresos de las alcabalas reformadas aumentaron 
considerablemente. El sistema fiscal durante la llamada "segunda república 
central" se hizo más regresivo. 
La situación de los impuestos al comercio exterior no era mejor. El aran-
cel de 1842 había marcado una importante liberalización de los derechos de 
importación, 25% general sobre el valor de las importaciones. En términos 
recaudatorios, nada peor que liberar algo y poco tiempo después "cambiar de 
opinión" al respecto. Sin duda por la necesidad de financiar los crecientes 
gastos militares y para pagar algunas deudas, el arancel de 1843 regresó al 
nivel anterior y se impusieron otras cargas que desde años antes habían des-
aparecido. 
Por otro lado, la dictadura de Santa Anna, la de la Constitución de las 
Bases Orgánicas de 1843, expidió un conjunto de impuestos extraordinarios, 
levas militares y, de nuevo, una reedición del paquete de contnbuciones 
directas de 1842. La situación se tornó insostenible; se trataba de un dictador 
que se confecciona su propia constitución pero que es el primero en violarla. 
A finales de 1844 el Congreso removió a Santa Anna de la presidencia. Para 
entonces, y no obstante que el presidente José Joaquín de Herrera desman-
teló lo que había hecho su antecesor, el erario mexicano había perdido todo 
viso de sistema y regularidad administrativa. La situación, apuntaba el minis-
tro Luis de la Rosa en 1845, resultaba de la costumbre de dictar una ley fiscal 
y luego desecharla sin siquiera esperar a saber si daba o no frutos. 
2.3. La restauración del federalismo 
y la pérdida del rumbo (1848-1855) 
La afirmación del ministro de Hacienda en 1845 tuvo poco o ningún efecto 
en la situación, pues de un plumazo se "regresaron" las contribuciones direc-
tas a los departamentos y se restablecieron las exenciones a las alcabalas, y 
por tanto la multiplicidad de tasas. Esto no hubiera significado sino otro cam-
bio, como los que se venían dando desde hacía dos décadas. La diferencia es 
que a mediados de 1846 inició la guerra con Estados Unidos. 
Los historiadores concuerdan en que el restablecimientode la forma de 
gobierno federal en septiembre de 1846 representó en términos fiscales un 
aspecto determinante para que México no pudiera hacer frente con dignidad 
al invasor norteamericano. Y es que aparte de la ocupación de Veracruz y 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 269 
Mazatlán por la armada del país vecino, casi simultáneamente se repartieron 
las rentas entre estados y federación. La restauración del federalismo buscó 
evitar la problemática que se había presentado en 1824; esto es, se dio capa-
cidad al gobierno general para el cobro de las contribuciones directas a los 
habitantes de las entidades. En el mismo espíritu de cambio, a fines de 1846 
se decretó la eliminación de las alcabalas, una abolición que, ante la oposi-
ción, no se llegó a aplicar de manera generalizada, aunque algunos estados 
de la república y la ciudad de México iniciaron el proceso de eliminación de 
sus aduanas interiores. 
1bdo el conjunto de circunstancias que vivió México después de la gue-
rra con Estados Unidos, así como las medidas fiscales adoptadas, llevaron a 
que el erario general cayera en déficits cada vez más profundos; déficits que, 
a diferencia de lo que sucedió en los años treinta y cuarenta, se explican por 
la estrepitosa caída en los ingresos. Los gastos, por su parte, continuaron muy 
elevados. 
Con motivo del desplazamiento de la frontera hacia el sur, se hicieron 
evidentes las diferencias entre México y Estados Unidos, lo que incrementó 
aún más el contrabando. Para disminuirlo se decretó un arancel más liberal 
que el restrictivo de 1845; el resultado fue que se redujeron los ingresos por 
comercio exterior pero no se logró frenar el contrabando. Por otro lado, la 
ciudad de México mantuvo las disposiciones que adoptara durante la ocupa-
ción del ejército norteamericano, destacando la eliminación de las alcabalas, 
lo que restó recursos al gobierno federal y a la propia ciudad. El contingente 
pagado por los estados fue aún menor que el correspondiente al periodo 
1824-1835. Esto se explica por la maltrecha economía regional y porque el 
gobierno federal compensó con su exención a aquellas entidades que elimi-
naron sus alcabalas. Algunos estados, por cierto, aplicaron el esquema de 
contingentes hacia el interior de sus territorios; el Estado de México empren-
dió con éxito el camino de las contribuciones directas. En el ámbito federal, 
estos últimos gravámenes aportaron recursos, sobre todo en la ciudad de 
México, pero fueron menores que las recaudaciones durante el centralismo. 
A principios de los años cincuenta el erario mexicano no tenía esperan-
za. Se intentó todo tipo de experimentos; desde la creación de nuevos impues-
tos federales, hasta la venta del territorio y la suspensión de pagos de deuda, 
pero todo fue imposible. Se buscó atacar el problema por la vía de la reduc-
ción drástica de los gastos, pero su aplicación no dio resultado. En enero de 
1853 terminó la forma de gobierno federada para dar entrada a una nueva 
dictadura comandada por Antonio López de Santa Anna. Desafortunadamen-
te, los datos de este periodo son muy escasos y parciales. Se sabe que el gasto 
militar se incrementó y de forma desordenada. Por otro lado, el gobierno 
santanista volvió al esquema que había aplicado una década atrás: restable-
ció las alcabalas, con las exenciones a bienes básicos, y aplicó nuevamente el 
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270 DE LA ÉPOCA BORBÓNICA AL MÉXICO INDEPENDIENTE, 1760-1850 
esquema de contnbuciones directas, aunque no se restableció la capitación. 
En materia de comercio exterior se liberaron algunos derechos a la importa-
ción de algunos textiles, en atención al sustento económico de ese régimen 
por parte de comerciantes nacionales y extranjeros. 
El periodo termina con una serie de acontecimientos que no sólo signi-
ficaron la puesta en práctica de un conjunto de lineamientos liberales, sino 
que también marcan el inicio del periodo de mayor inestabilidad política del 
siglo: la guerra civil de los tres años y la intervención francesa. Las contnbu-
ciones directas se siguieron aplicando en los estados de la República y en 
algunos ayuntamientos hasta el siglo XX. Las alcabalas fueron eliminadas de 
jure en la Constitución de 1857, pero de facto en su mayoría desaparecieron a 
finales del siglo XIX. Los aranceles se hicieron más liberales, pero no se corri-
gió la tramitología del comercio exterior. En cuanto a las cuentas del gobier-
no general, en los años cincuenta comienza una severa atonía que sólo daría 
muestras de recuperación hasta principios de la década de 1880. 
2.4. Un comentario sobre el financiamiento del déficit 
Como se apuntó, en promedio el déficit al que se enfrentó el gobierno gene-
ral mexicano ascendía a más o menos 6 millones de pesos anuales. Indepen-
dientemente de esta cifra, el déficit estuvo presente durante todo el periodo 
de estudio. Ante las necesidades de echar a andar la nueva nación y viendo 
que los ingresos eran insuficientes, las autoridades mexicanas solicitaron 
préstamos a los merchant bankers ingleses. El producto de estos préstamos, 
muy onerosos para México, apoyó el cambio administrativo que significó la 
adopción del federalismo. Por cuestiones de carácter administrativo y políti-
co, este cambio, como ya se ha visto, no representó un aumento sustancial 
de recursos ni para la federación ni para la mayoría de los estados. De hecho, 
antes de que siquiera se pensara en modificar el sistema de gobierno o inclu-
so la primera administración federalista, el gobierno se vio imposibilitado a 
hacer frente a los compromisos de la deuda inglesa; más aún, se vio obligado 
a solicitar dinero prestado a los comerciantes residentes en la ciudad de 
México. Éstos percibían que prestarle al gobierno era un negocio con muy 
altos riesgos; por lo mismo, cobraban réditos sumamente elevados y exigían 
el pago en tiempos muy breves, de ahí el nombre de agiotistas. De acuerdo 
con David Walker (1991), las necesidades del erario general lo llevaron a 
ofrecer a estos prestamistas múltiples oportunidades de enriquecimiento, 
ante la imposibilidad de hacerlo en otras actividades económicas o en el 
exterior. 
El problema de Tuxas, el bloqueo de Veracruz por los franceses en 1838 
y en general la militarización del espacio nacional provocaron que el déficit 
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LA ECONOMÍA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 271 
de las cuentas públicas creciera durante las repúblicas centralistas (véase la 
gráfica 5.2). Fue también en estos años cuando más creció la deuda del 
gobierno con prestamistas internos, así como con burócratas y la sociedad en 
general por la vía de la emisión de moneda de cobre. 
En cuanto a la deuda inglesa, los historiadores muestran que en varias 
ocasiones los negociadores mexicanos lograron arreglos ventajosos para el 
país, sólo para volver a caer en el impago como resultado de la inestabilidad 
política y la corrupción de los agentes mexicanos encargados del pago de 
estas deudas. Aparte de estos asuntos que desprestigiaban al país, el gobierno 
mexicano casi siempre mostró voluntad para honrar sus deudas; de ahí que 
incluso ofreciera a los acreedores tierras texanas, transacción que por la 
situación política de aquella región no se pudo concretar. Por otro lado, los 15 
millones de dólares que Estados Unidos dio a México por el territorio perdido 
en la guerra -y que también fue presa de funcionarios y personajes corrup-
tos- fue destinado por el gobierno general a cuestiones urgentes, pero tam-
bién al pago de la deuda inglesa. 
La guerra con el vecino del norte llevó al gobierno a recurrir a nuevos 
préstamos. La diferencia es que esta vez se