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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES LAS ADQUISICIONES EN EL SECTOR PÚBLICO MEXICANO CASO: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA T E S I N A QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE : LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y A D M I N I S T R A C I Ó N P Ú B L I C A (OPCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) P R E S E N T A : A N T O N I O S Á N C H E Z V A L E N T E DIRECTOR DE TESINA: PROF. JESÚS SALVADOR URIBE TORRES CIUDAD UNIVERSITARIA NOVIEMBRE, 2006 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. DEDICATORIA A mis padres. Por brindarme su amor y cariño, así como la oportunidad de tener una educación para hacer frente a los retos de la vida. A mi esposa Guadalupe y a mis pequeños hijos: Andrea y José Antonio, además de María Fernanda. Por la maravillosa familia que me han dado y por la motivación para superarme y lograr esta meta. A mis demás seres queridos, amigos y maestros. Que en algún momento de mi vida han estado presentes, aportando algo valioso e n m i f o r m a c i ó n c o m o s e r h u m a n o , estudiante y persona. ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 1.1 Estado 6 1.2 Gobierno 10 1.2.1 Forma de Estado y de Gobierno en México 11 1.3 Administración Pública 12 1.4 Reforma de la Administración Pública 15 1.5 Política del Gasto Público 20 1.6 Definición y ámbito de los recursos materiales 21 1.7 Marco legal que regula las Adquisiciones en el Sector Público 22 1.8 El poder de compra del Estado (Las Adquisiciones y su importancia) 25 CAPÍTULO 2: LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONES) 2.1 Antecedentes históricos de la Comisión Nacional del Agua 28 2.2 Objetivos de la Comisión Nacional del Agua 30 2.3 Estructura y funciones de la Comisión Nacional del Agua 31 CAPÍTULO 3: INSTRUMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS QUE REGULAN LAS ADQUISICIONES EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 3.1 Orígenes de las adquisiciones en el Sector Público 35 3.2 Las adquisiciones en el marco de los Tratados de Libre Comercio 38 3.3 Instrumentos normativos 40 3.4 Instrumentos técnico-administrativos para optimizar el uso y administración de los recursos 41 3.5 La Planeación de las Adquisiciones en la Comisión Nacional del Agua 43 3.6 La Programación de las Adquisiciones en la Comisión Nacional del Agua 44 3.7 Modalidades de adquisición en el Sector Público 46 CAPÍTULO 4: EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 4.1 Formación de Comités y Subcomités 49 4.2 Facultades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 51 4.3 Procedimiento de una licitación pública 52 4.4 De los contratos derivados de una licitación pública 59 4.5 Informes 60 CAPÍTULO 5: EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE COMPRA 5.1 El sistema COMPRANET 63 5.2 Origen y desarrollo de COMPRANET 64 5.3 Características y operación de COMPRANET 68 5.4 Beneficios en el uso de COMPRANET 69 CONCLUSIONES 72 BIBLIOGRAFÍA 76 ANEXOS 78 1 INTRODUCCIÓN Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis sobre la forma en que el Gobierno Federal, caso particular la Comisión Nacional del Agua, lleva a cabo las adquisiciones de bienes y servicios para cumplir con el principio constitucional de garant izar para e l Estado las mejores condiciones de contratación. Siendo oportuno señalar que el alcance de la revisión tiene como delimitación el proceso de compras bajo la modalidad de la licitación pública, precisando además que el estudio de caso se circunscribe al análisis normativo y operativo de las adquisiciones en el contexto de la regulación vigente, es decir incluyendo l a s reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2005. El análisis tiene como punto de partida a la Administración Pública Federal, la cual ha tenido que adaptarse a cambios vertiginosos que en los últimos años ha experimentado el mundo entero, donde el desarrollo tecnológico; los avances en la informática y las telecomunicaciones; la globalización de las economías y los liderazgos políticos y económicos; constituyen los nuevos escenarios en los que las personas y las organizaciones interactúan y compiten. El gobierno es el instrumento por medio del cual el Estado logra el desarrollo de la sociedad, el progreso económico y el beneficio social. Para ello es indispensable contar con una administración pública eficiente y con calidad en sus servicios, que permita ser un factor estratégico de competitividad en el país. Es en este sentido que el Gobierno Federal ha desarrollado estrategias que le permiten adaptarse al entorno de competencia y competitividad en el que se desenvuelve su accionar, a efecto de desarrollar eficaz y eficientemente las funciones que le son inherentes y proporcionar a la sociedad los bienes y servicios con la calidad que satisfaga sus necesidades y expectativas. 2 Como consecuencia de lo anterior, las compras del sector público han transitado por un proceso de cambios, en donde ha sido necesario realizar adecuaciones a la legislación y normatividad en función de la transformación del entorno, implementando nuevos esquemas de operación y funcionamiento en las áreas administrativas que llevan a cabo esta tarea, modificando los procedimientos para hacerlos más apropiados y ágiles, así como promoviendo una cultura de transparencia en el ejercicio de los recursos y una efectiva rendición de cuentas a la ciudadanía. La Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en promedio ejerce el 70% del presupuesto total anual que se asigna al sector, como se puede observar en el Calendario Financiero 2006 del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, del cual aproximadamente Tres mil quinientos millones de pesos corresponden al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que para el ejercicio 2006 se encuentra visible en la página de Internet de la propia Comisión. A efecto de apoyar en el cumplimiento de los programas y proyectos encomendados a la Comisión Nacional del Agua, se l levan a cabo contrataciones de bienes y servicios cuya regulación está sustentada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable; siendo la Gerencia de Recursos Materiales la unidad administrativa facultada para realizar estas funciones y brindar la atención a los requerimientos de las áreas sustantivas de la institución. En este contexto, las adquisiciones que realiza la Comisión Nacional del Agua coadyuvan al cumplimiento de una de las funciones esenciales del Estado, ser el principal promotor de la actividad económica del país, siendo el ejercicio del presupuesto, vía las asignaciones destinadas a las compras del sector público, el instrumento a través del cual se ejercita dicha función. De ahí la importancia que representa para la administración pública que las adquisiciones se realicen bajo criteriosde eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. 3 El desarrollo de esta investigación cuyo único objetivo es delinear alternativas de mejoramiento para la Comisión Nacional del Agua, me llevo nueve meses de trabajo arduo que exigió muchas horas de investigación y análisis. Además y con el objeto de sustentar cada palabra plasmada en esta investigación se consultaron numerosas fuentes informativas como libros, páginas electrónicas y archivos oficiales de la dependencia objeto del estudio; la información fue procesada usando técnicas de análisis aprendidas tanto en la etapa académica como en el desarrollo de nuestra profesión; lo cual me permitió obtener datos objetivos, que fueron combinados con mi experiencia laboral, para llegar a resultados sustentables. Bajo estas consideraciones, el análisis del tema en estudio necesariamente tiene que conformarse siguiendo un esquema metodológico cuyo punto de partida sea la revisión del marco teórico-conceptual; por ello, en el primer capítulo se inicia con una amplia exposición de los conceptos de Estado, Gobierno, Administración Pública, las reformas administrativas que han definido la importancia de la función compradora del Estado, así como la política de gasto público que bajo este concepto ejerce el gobierno y el marco legal de las adquisiciones del sector público. Al ser la Comisión Nacional del Agua el objeto de estudio de este trabajo, en el capítulo segundo se hace una descripción de los antecedentes históricos y creación de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se detallan los objetivos que le dan razón de ser, así como las atribuciones y funciones que le confiere la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento Interior de la SEMARNAT; además se indica la estructura orgánica que a nivel central, regional y estatal le permite organizarse para el cumplimiento de sus metas y objetivos. En el capítulo tercero se aborda de manera específica el tema de estudio, tomando en cuenta que las adquisiciones en el sector público representan una función estratégica y esencial en la actuación del Estado, partiendo de la revisión de los orígenes y evolución de esta importante tarea y la forma en que operan las compras al amparo de las Tratados de Libre Comercio suscritos por 4 nuestro país. Asimismo, se analizan detalladamente los instrumentos normativos, técnicos y administrativos que regulan y dan sustento legal a las adquisiciones del Gobierno Federal y, en particular en la Comisión Nacional del Agua, para cerrar este capítulo con un recorrido normativo y técnico de los distintos tipos de procedimientos que las áreas compradoras implementan al amparo de la legislación aplicable en la materia. En este orden de ideas, y considerando la complejidad e importancia del procedimiento que por excelencia señala la Constitución, se hace necesario dedicar por completo el capítulo cuarto al análisis de la licitación pública, iniciando con la creación de los órganos colegiados denominados Comités de Adquisiciones, cuya función esencial es la de vigilar y supervisar que los procedimientos de contratación se efectúen en forma eficiente, eficaz y en el marco de la normatividad vigente. En la parte siguiente de este capítulo se realiza una revisión a detalle de todas y cada una de las etapas por las que transita el procedimiento licitatorio, desde la convocatoria con sus requisitos y características, pasando por la importante tarea de elaboración de las bases, la junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones; continuando con el proceso de adjudicación y fallo de la licitación, la formulación de los pedidos o contratos con los requisitos mínimos que deben contener; para finalizar con la parte de formulación de informes y su envío a las instancias globalizadoras y fiscalizadoras. Para finalizar, en el capítulo quinto se resalta la importancia que, en la última década, ha tenido el uso de la tecnología de la información en la modernización de las compras gubernamentales, revisando los orígenes y características del sistema COMPRANET, desarrollado por el Gobierno Federal para eficientar y transparentar las contrataciones que realiza, así como para facilitar el acceso de las empresas a las licitaciones que convoca el Estado en sus tres órdenes de gobierno. Se describen los servicios que se obtienen de este sistema y los beneficios que ha significado el uso del mismo, tanto para las dependencias y 5 entidades de la Administración Pública Federal, para las empresas (proveedores y contratistas), como para la sociedad en general. Del análisis realizado en el presente trabajo se evidencian todas y cada una de las necesidades que se requieren para el mejor funcionamiento de la práctica administrativa como: - Priorizar aspectos como la transparencia en los procedimientos de adquisición que realiza el gobierno. - Exponer la importancia que las compras del sector público representan dentro de las tareas del Estado. - Destacar el uso de la tecnología de la información de punta para modernizar los procesos de contratación. - Garantizar un desempeño eficiente, transparente, honesto y ético de los servidores públicos que operan las compras. - Y como estrategia impostergable del gobierno, establecer las acciones que permitan la correcta administración del recurso humano, para contar con servidores públicos profesionales, con la aptitud y actitud necesarias para el desempeño eficiente que demanda la función pública. CAPíTULO 1: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL. Este trabajo de investigación hace necesario conocer el marco conceptual en el que se desenvuelve el quehacer de la función pública, para ello se abordarán los conceptos generales de Estado, Gobierno, Administración Pública y demás elementos que nos permitan ubicar de mejor manera el contexto en el que se desarrollan las adquisiciones en el sector público mexicano, el marco jurídico que las regula y la importancia de éstas en el ejercicio de gobierno. 1.1 Estado La evolución histórica del concepto de Estado tiene como base y fundamento un amplio número de enfoques teóricos y antecedentes epistemológicos, sistematización y ordenamiento del conocimiento inherente al ámbito metodológico de una disciplina. En términos generales la palabra Estado se ha utilizado para identificar el modo de organización política fundamental de la sociedad. La concepción que en la actualidad se tiene de Estado tiene sus orígenes en la Italia de los siglos XVI y XVII; no obstante sus rasgos esenciales han existido desde los tiempos más remotos de la evolución humana. Los estudios que se ha realizado sobre el Estado son amplios, complejos y han sido abordados desde distintos enfoques; tanto en el aspecto político, jurídico y económico. En la perspectiva de algunos autores -apunta Ariel Francais- el análisis del concepto Estado implica considerar la evolución de la sociedad desde el punto de vista económico, es decir, a través de un proceso dialéctico de lucha de clases que va desde la comunidad primitiva (socialismo primitivo), hasta la sociedad comunista, pasando sucesivamente por la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad capitalista y la sociedad socialista.' 1 Francais, Ariel, El Crepúsculo del Estado-Nación: una interpretación en el contexto de la globalización. UNESCO, Gestión de las transformaciones Sociales-MOST. Cuadernos de Debate, W 47, 1998. p. 1 6 Algunos historiadores, juristas y estudiosos de la política, consideran que el término Estado sólo puede ser usado para las formaciones políticas que nacen de la crisis de la sociedad medieval, y no para los ordenamientos anteriores. Por ejemplo, Max Weber establece que" El Estado es una comunidad humana dentro de los límites de un territorio establecido, ya que este es un elementoque lo distingue, la cual reclama para ella -con el triunfo asegurado- el monopolio de la legítima violencia física ( .. ) el Estado moderno es una unidad de dominación, de índole institucional, cuyos fines, con éxito en los resultados, han sido monopolizar como medio de dominación, la legítima violencia física dentro de un territorio, para lo cual ha reunido todos los elementos materiales a disposición de su dirigente, expropiado a todos los funcionarios estamentales, que por derecho propio disponían de ellos y sustituyéndolos con sus propias superioridades jerárquicas" .> Para el marxismo, el Estado es un instrumento de explotación en manos de la clase dominante y la sociedad como una especie de federación de hombres libres e iguales. A este respecto, Norberto Bobbio define al Estado como" La organización política de una sociedad con territorio, derecho, población y soberanía" .3 El Estado generalmente se define como la sociedad civil jurídica y políticamente organizada. En la concepción de Hans Kelsen, uno de los teóricos más lúcidos en el tema, el Estado tiene como elementos constitutivos esenciales el poder público, el territorio y el pueblo' En virtud de lo anterior el concepto Estado, suele usarse en ocasiones como sinónimo de sus componentes o se le confunde con los términos nación y país. Cabe destacar que cuando se alude al término" nación" se subraya uno de los elementos del Estado: la población, mientras que, cuando se hace referencia al vocablo país, se destaca el territorio.5 2Weber, Max. El Político yel Científico, México, FCE, 1994pp. 8-15. 3Sobbio Norberto, Diccionario de Ciencia Político, México, Siglo XXI, 1998. 4 Kelsen Hans, Teoría Pura del Derecho, México, Porrúa, p. 36. 5 Mas Arauja, Manuel, La Política, México, Porrúa, 1998, p. 23. 7 Resulta interesante señalar, en cita de Aurora Arnaiz, que en su acepción formal" el término Estado se integra por: una agrupación humana asentada sobre un territorio. Sobre esta agrupación impera un poder de mando, ya sea la fuerza, ya sea el derecho. El Estado presupone un territorio, sin él podrá haber nación pero no Estado. Implica también gobierno (personas encargadas de realizar los fines políticos de la comunidad y del propio Estado). Y un orden jurídico interno que garantice las libertades individuales y sociales y limite a los gobernantes. Los grandes lineamientos de este Derecho están recogidos en las Constituciones o normas supremas de los Estados" ." Otros autores refieren que el Estado es la forma de ordenación política, jurídica y administrativa de un país en el cual es el representante más significativo y donde ejerce acciones de soberanía y coerción; a él corresponde el monopolio de poder y la dominación sobre el conjunto de individuos asentados en el territorio que le concierne; sus decisiones se basan en leyes y tienen carácter de obligatoriedad general; constituye una forma de dominación territorial; y también se le identifica como unidad soberana de acción y decisión, así como el catalizador y la forma de síntesis más acabada del interés común? En resumen, se puede establecer que el Estado es una población asentada en un territorio determinado, la cual está organizada civil, jurídica y políticamente bajo un gobierno que ejerce el poder público. El Estado moderno en los países civilizados se presenta como un Estado de Derecho, aparece sometido a las normas jurídicas que le señalan cauces para su acción y límites objetivos e infranqueables para sus funciones. Por esta razón, el derecho constituye el deber ser y se sitúa en un terreno de juicios y valores que sirve para definir como ha de comportarse el Estado, para que sus acciones tengan una justificación valorativa. Para los juristas, y conforme a los esquemas constitucionalistas, los elementos constitutivos y esenciales del Estado son. Población, territorio y gobierno. 6 ArnaizAmigo, Aurora, Estructura del Estado, México, Miguel Ángel Porrúa, 1997, ed. 3a . p. 11. 7 Carrillo Landeros, Ramiro, Metodología y Administración, México, Limusa, 1986. p. 112. 8 El Estado requiere de un territorio para realizar sus fines y extender su poder de dominio, es decir, necesita un lugar para que su población habite y desempeñe sus actividades, cumpliendo con las normas jurídicas establecidas. El territorio es el lugar físico donde reside la población. Abarca además de la superficie terrestre, el subsuelo, la atmósfera y el mar territorial, además comprende la plataforma continental. La población se encuentra constituida por los habitantes de un país, incluso los extranjeros que se hallen de manera temporal. Así, la población es un conjunto de sujetos con obligaciones y derechos establecidos en la Constitución. En algunos países se utiliza el término nación como equivalente de población; por ello, se puede denominar nación al pueblo en sentido natural, la nación es el núcleo constituido por una estirpe, idioma, cultura, religión y especialmente la comunidad del Estado histórico. El gobierno significa el punto central del Estado, cuyas funciones deben estar limitadas jurídicamente. El gobierno en un sentido amplio puede considerarse como el elemento ordenador y coactivo (detenta el poder público), ya que está dotado de un poder soberano a fin de hacer posible el cumplimiento de los fines del Estado. Los fines del Estado en este contexto son los mismos que tienden a justificar al poder, alcanzar mediante la suma y la organización de esfuerzos puestos bajo una sola y misma dirección, todo aquello que escapa a las voluntades personales dispersas y rebasa las finalidades estrictamente individuales. La convivencia humana y la organización social, sin duda, son factores que contribuyen a la defensa y mejoramiento de los individuos siempre que se orienten adecuadamente. Es una de las razones por las que el hombre como individuo se aviene a obedecer al Estado, ya que sólo en el Estado y por medio de él, está en posibilidad de encontrar medios para defender sus intereses y promover su progreso. La protección que ofrece el Estado al individuo, sin embargo, supone el respeto de sus derechos fundamentales como persona, es decir bajo el amparo de un 9 Estado de Derecho, en donde el imperio de la Ley se universaliza y se antepone a cualquier interés particular a fin de garantizar la convivencia humana. 1.2 Gobierno En la antigüedad, se llegó a confundir Estado y gobierno, pues entonces se consideraba que la persona o la institución gobernante era la parte más importante del Estado. Así se aludió a formas de gobierno como sinónimo de formas de organización de la comunidad política entera. Pero cuando en los tiempos modernos la técnica jurídica fue introduciendo los matices y distinciones correspondientes, se llegó a separar claramente al Estado del gobiernos En estos términos se puede señalar que el gobierno no es otra cosa que el Estado en acción, es el medio por el cual ejerce su dominio a un conjunto de individuos asentados en un territorio, con el propósito de lograr de ellos un comportamiento deseado. El gobierno busca condicionar la acción de sus gobernados de acuerdo con los fines del Estado, estableciendo una reglamentación de conducta para regular el accionar de los particulares entre sí y frente a la autoridad constituida, evitando con ello continuos conflictos y que la función gubernamental se efectúe de manera armónica. Para Carrillo Landeros, el gobierno como forma de dirección y organización de las acciones a cargo del Estado tiene la responsabilidad de realizar funciones de índole política: manejo, conservación y consolidación del poder y de naturaleza administrativa: captación de recursos, dotación de servicios, preservación del orden 9 Desde esta perspectiva el gobierno es el conjunto de instituciones públicas que funcionan como aparato a través del cual elEstado ejerce su poder de dominación sobre la sociedad. 8 González Uribe, Héctor, Teoría Política, México, Porrúa, 1998, 12a ed. p. 394. 9 . . Camilo Landeros, op. Cit. p. 115. 10 El gobierno conduce los designios de la sociedad civil y conoce y atiende sus demandas; asimila la problemática de la comunidad y se vincula a ésta, para que a través de sus instrumentos le proporcione bienes y servicios, manifestando el compromiso del Estado con ella. Éste ejerce el poder en la medida que sus instituciones intervienen en la vida de la sociedad. La mediación que por sus instituciones mantiene con la sociedad lo llevan a vincular dos instancias: sociedad y Estado. El gobierno se refiere a la organización del poder ya su control también, ésta organización en los Estados contemporáneos emana de una Constitución, teniendo en ella su fundamento legal, esto se debe al desarrollo en la búsqueda de modelos donde el poder político del Estado encontrará límites. En resumen, se considera que el poder supremo dentro de una sociedad organizada políticamente lo constituye el gobierno. Su responsabilidad es mantener el orden y la seguridad sociales; su única justificación: la de conducir a esa misma sociedad hacia el logro de fines comunes. 1.2.1 Forma de Estado y de gobierno en México El Estado mexicano de acuerdo con la Constitución Política, se singulariza como "una República representativa, democrática y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental" .'0 El régimen de gobierno en el Estado mexicano es de carácter presidencial," toda vez que cumple, entre otros, con los siguientes supuestos: ~ Se reúnen en una sola persona, que es el Presidente de la República, las calidades de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 40. México. 11lbidem, artículo 80. 11 ~ El Presidente de la República nombra y remueve libremente a los funcionarios de primer nivel de la administración pública federal, central y paraestatal y a los numerosos funcionarios de niveles superiores y medios. ~ El Congreso de la Unión no tiene facultad para censurar a los secretarios dependientes del Titular del Poder Ejecutivo ni para hacerlos dimitir, tampoco la tiene respecto de los demás integrantes de la administración pública federal, central y paraestatal. 1.3 Administración Pública Si bien lo administrativo es un hecho tan antiguo como el Estado, no fue sino hasta el siglo XVIII cuando se presenta la diferenciación y singularidad que lo ubica dentro del ámbito gubernamental. El hecho administrativo, desde su origen y hasta el siglo XVII se confundía generalmente con otras funciones gubernamentales, tales como: justicia, economía, finanzas y asuntos políticos en general. De esta manera, cada organización del gobierno desarrollaba actividades plurifuncionales, es decir, realizaba al mismo tiempo actividades administrativas, jurisdiccionales y financieras. El profesor Ricardo Uvalle Serrones señala que" desde sus orígenes europeos la administración es considerada una ciencia social. Puede decirse que es la primera ciencia social del mundo moderno. Sus raíces intelectuales surgidas en el siglo XVIII y consolidadas en el siglo XIX en cuanto a objeto y método de conocimiento, parece que no son suficientes para identificarla como una ciencia ( .. ). La administración pública tiene identidad propia; su objeto de estudio, sus pensadores y obras que la acreditan como una ciencia, una disciplina y una profesión" .'2 La llamada Teoría de la Administración Pública se aboca al estudio de los aspectos administrativos del Estado. A esta le corresponde el análisis de los principios que explican, de manera general, el ser y el devenir de la 12 Uvalle Serrones, Ricardo, Las transformaciones del Estado y la Administración Pública en la sociedad contemporánea, México, edit. IAPEM, 1997, p.35. 12 administración pública. El ser de la administración pública integra y documenta teóricamente los elementos esenciales que la constituyen; el devenir es su evolución hasta el presente. Omar Guerrero en su obra La Administración Pública en el Estado Capitalista precisa que, "la diferenciación de lo administrativo a partir del concepto de policía, propició que desde 1756 se sentaran las bases para el estudio científico de la Administración Pública como una disciplina independiente. Así lo administrativo fue diferenciado de los ámbitos: político, financiero y económico, como parte del fenómeno estatal en su conjunto" . El autor citado señala también que en el momento histórico y teórico exacto en el cual se define lo administrativo dentro de los asuntos del Estado, se advierte fácilmente en el primer libro escrito sobre Ciencia de la Administración Pública: Principios de Ciencia de la Policía (Grundzatze der Policey-Wissenschaft) de Juan Enrique Von Justi, publicado en 1756. En ese período histórico, el término policía significaba lo que hoy en día entendemos por administración pública. "La administración pública puede considerarse como la acción a través de la cual la universalidad del Estado se individualiza en las particularidades de la sociedad civil. Los actos de la administración pública son actos particulares ejercidos por la sociedad, transformando por ese hecho lo general del Estado en hechos concretos que causan un impacto en los individuos" ." La ciencia de la administración pública ha tenido como constante el proceso de construcción de su objeto de conocimiento a partir de una larga lucha por conservar su identidad y definición. El cultivo teórico de la administración pública ha estado más centrado en la edificación de su objeto, que en el desarrollo y perfeccionamiento de su propia metodología. La administración pública, caracterizada como la actividad del Estado, tiene por objeto fundamental a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. 13Guerrero Orozco, Omar, La Administración Pública en el Estado Capitalista. México, Fontamara, 1986, p.73. 13 " La ciencia de la administración es, en efecto -como apunta Bonnin-, la ciencia de las relaciones entre la comunidad y los individuos, y de los medios de conservación de esas mismas relaciones por la acción de las leyes y de los magistrados sobre las personas y las propiedades, en todo a lo que interesa el o rden social" .14 La administración pública en consecuencia comprende la actividad administrativa que realiza el Estado para concretar sus fines, a través del conjunto de dependencias y entidades que componen la rama ejecutiva del gobierno y de los procedimientos que ellos aplican, así como de las funciones administrativas de otros órganos y organismos del Estado. Las leyes y reglamentos norman la función administrativa y establecen situaciones de carácter general y específico, marcando con precisión los límites y características de las distintas actividades; de esta manera la Administración Pública se ha organizado estableciendo distintos niveles de autoridad y de responsabilidad entre las mismas dependencias y entidades que se encuentran definidos dentro de una estructura centralizada, desconcentrada y descentralizada. La Constitución Política d e los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 90 señala" La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación" .'5 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, estableceel conjunto de normas jurídicas que determinan las formas de organización y reglas de competencia de la administración pública federal centralizada y paraestatal, mediante las cuales el Estado ejerce sus atribuciones. 14 Bonnin, C.J.B. Compendio de los Principios de Administración. Imprenta de José Palacios. Madrid, 1834, pp. 35-36. 15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 90. México. 14 Mediante esta Ley, los órganos de la administración pública con una normatividad específica se dividen en dos grupos, el primero que corresponde a los órganos que integran la administración pública centralizada, organizados por funciones y que está constituido por el conjunto de dependencias directas del titular del Ejecutivo; el segundo, que comprende a los órganos que forman la administración pública paraestatal, que se integra por entidades de acuerdo a la naturaleza de sus funciones económicas y están sectorizadas en la dependencia del Ejecutivo que corresponde al ramo de su competencia. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Administración Pública Centralizada ? Presidencia de la República. ? Secretarías de Estado. ? Departamentos Administrativos ? Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ? Procuraduría General de la República Administración Pública Paraestatal ? Organismos públicos descentralizados. ? Empresas de participación estatal. ? Instituciones nacionales de crédito. ? Organismos auxiliares de crédito. ? Instituciones nacionales de seguros y fianzas. ? Fideicomisos públicos. 1.4 Reforma de la Administración Pública En la década de 1980-1990 se iniciaron una serie de cambios en las estructuras socio-económicas, políticas y culturales, en la mayor parte de los países industrializados y post-industrializados, que afectaron el orden internacional y generalizaron diversas presiones vía los impactos de notables avances tecnológicos. 15 En el lapso señalado se inicio un proceso creciente de globalización, a cuyo influjo, los gobiernos se vieron en la necesidad de integrarse al mismo, a través de la implementación de diversas modalidades como: ~ Reformas políticas, económicas y sociales ~ Redimensionamiento del tamaño de los gobiernos ~ Cambio estructural ~ Instrumentación de modelos de innovación y modernización gubernamental Los gobiernos en los países como el nuestro, se encuentran frente a un desplazamiento o reacomodo en el sistema de legitimidad y sus respectivos paradigmas. Se advierten mayores presiones para asegurar: racionalidad, estabilidad, gobernabilidad y movilidad social, que den coherencia, lógica y sustento al quehacer de los principales actores responsables de la articulación social. En México la administración pública ha experimentado cambios importantes en su estructura y en su forma de funcionar, consecuencia del crecimiento acelerado de la población en algunas ciudades, siendo la pobreza un factor determinante para que un gran número de personas se vean obligadas a abandonar su lugar de origen para dirigirse a las grandes concentraciones urbanas siempre en busca de mejores condiciones de vida, lo que ha ocasionado una mayor demanda de bienes y servicios. Este proceso evolutivo de la sociedad ha propiciado que el Estado aparte de ser ejecutor de leyes y guardián del orden, asuma otras funciones que le impone el orden económico y social, entre las que podemos destacar: seguridad, empleo, transporte, vivienda, educación, salud, medio ambiente, abasto de energía y combustibles. Estas tareas las realiza el Estado a través de la Administración Pública, la cual tiene como objetivo mantener el orden público, satisfacer las necesidades de la población y conducir el desarrollo económico, por lo que requiere un conjunto 16 de estructuras, organismos, personas y recursos que operen de manera organizada y coordinada entre sí para cumplir con esas funciones. La administración pública en México ha estado en constante cambio, en la década de los años cuarenta fue necesario expedir ciertas leyes que marcaron la reorganización y ámbitos de competencia de las dependencias de la Administración Pública; se crearon organismos especiales para apoyar y supervisar las distintas actividades gubernamentales; sin embargo es hasta 1943 que se da un paso importante en la reforma administrativa con la creación de la Comisión Intersecretarial para formular y llevar a cabo un plan de mejoramiento de la Administración Pública, con la cual se pudo constatar que las funciones se enfocaron más en el derecho y en la contabilidad que en la administración. En 1947 se emitió la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, con la que se crearon, entre otras, la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, que fungió como órgano central de organización y métodos, coordinando a las dependencias en sus programas administrativos. Para 1958, esta Ley tuvo algunas reformas para sustituir a la citada dependencia por la Secretaría del Patrimonio Nacional, creándose además la Secretaría de la Presidencia, la primera responsable de promover y coordinar las reformas macro-administrativas a nivel gobierno y la segunda facultada para administrar los recursos materiales de la Federación, lo que redujo ciertas atribuciones en esa materia que tenía a cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el año de 1965 en el seno de la Secretaría de la Presidencia se creó la Comisión de Administración Pública (CAP), a quien se le encomendaron la realización de estudios y la propuesta de medidas que permitieran la adecuación de los medios e instrumentos de acción, con los objetivos trazados en los planes y programas de gobierno. Con esta Comisión se inicio en México el sistema permanente de modernización administrativa. El planteamiento inicial del sistema fue el de vincular la modernización administrativa a la planeación del desarrollo. Y si era conveniente formular un programa de modernización que permitiera el establecimiento de la planeación 17 o formular el plan de desarrollo incorporando el programa de modernización a los objetivos del mismo. El Gobierno Federal se inclinó por establecer primero las bases del programa de modernización administrativa, a fin de contar entre sistemas administrativos con los de información y estadística, básicos para la planeación. Para 1971 durante la administración del Presidente Luis Echeverría Alvarez se fijaron las bases operativas de una reforma administrativa, en ese mismo año fue sustituida la CAP por la Dirección General de Estudios Administrativos que tuvo a su cargo continuar con el programa de reformas, contando con la participación de las propias dependencias y entidades públicas. A partir de entonces la Administración Pública inició un nuevo proceso de modernización con el que no sólo se pretendían introducir cambios y adaptar estructuras, procedimientos y personal, sino que, se intentó establecer las bases que condujeran y promovieran tales cambios para estar en condiciones de responder a las necesidades fundamentales del desarrollo económico y social. De 1970 a 1976 se llevó a cabo un "Programa de Modernización Administrativa" que concedía prioridad a la racionalización de los sistemas de apoyo administrativo; este Programa inició con la investigación y análisis de la estructura de la Administración Pública y su funcionamiento, definiéndose las dependencias del Poder Ejecutivo, así como las operaciones en cada sector de actividad, distinguiendo cuales poseían atribuciones normativas, de coordinación y control en los sistemas administrativos comunes y de apoyo. La modernización de la Administración Pública adquirió importancia porque sirvió de base para el funcionamiento del sistema de planeación, vinculándose la planeación administrativa con la planeación económica y social propuesta por laCAP desde 1965. El sistema de planeación se consolidó con las reformas a la Constitución, el artículo 26, establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 18 Es precisamente el proceso de planeación el que motiva la reforma administrativa en México y ésta se orientó, fundamentalmente por la necesidad de adecuar las estructuras, sistemas y métodos administrativos en función de los objetivos que persigue el gobierno. De ahí que al relacionar la planeación global y la planeación administrativa, deben salvarse al respecto una serie de cuestiones prácticas que no se limitan a la coordinación institucional, pues existe la interacción operacional como: la identificación de las necesidades administrativas que surgen de los planes globales, la estructuración de políticas administrativas ajustadas a ellos, la compatibilidad de objetivos administrativos, en función de las metas de la planificación global, la estructuración de los procedimientos para el ajuste del plan administrativo a las modificaciones que la dinámica de aplicación del plan global va suscitando en el mismo. Para el profesor Alejandro Carrillo Castro, es apenas en los últimos treinta años cuando en México se intenta llevar a cabo una reforma administrativa mayor y de fondo, de manera sistemática y programada; señalando que el objetivo de la Reforma Administrativa, fue desde los tiempos de López Portillo, un proceso permanente y sistemático para obtener una respuesta orgánica y apropiada del sector público, en todas sus áreas o niveles en las tareas que tiene encomendadas. '6 No obstante los esfuerzos realizados en esta materia, para México se hace necesario realizar ajustes mayores, reformas y reestructuraciones de fondo, para acelerar el cambio de las estructuras inoperantes con el fin de adecuarlas a las necesidades actuales de la población y de que el Estado cumpla los objetivos y metas que le representa el nuevo siglo, por lo tanto la modernización de la administración pública es un reclamo constante y urgente en estos tiempos de cambio; haciendo necesario además establecer mecanismos para incorporar a la ciudadanía a esta dinámica de cambio. 16 Carrillo Castro, Alejandro, La Reforma Administrativa en México, 2a. edición, octubre, 1980, México, Miguel Ángel Porrúa, p.49. 19 1.5 Política del Gasto Público Como se ha manejado en los puntos anteriores, el Estado y la administración pública deben constituirse en garantes de las condiciones más adecuadas para la defensa de los derechos republicanos. Ello supone la existencia y fortalecimiento de un Estado de derecho que favorezca las condiciones para el crecimiento económico del país, sin detrimento de la universalización del acceso a los servicios públicos, al bienestar y desarrollo equitativo de la población. En este sentido, se vislumbra el perfil de un Estado de Derecho socialmente responsable que asume la rectoría económica, regula y contribuye a la consecución de las necesidades del interés público sin sustituir al mercado o a la iniciativa privada. El logro de los propósitos enunciados, no sería posible sin la colaboración de la sociedad organizada políticamente primero como Estado y luego como gobierno, es decir, con la contribución ciudadana a los gastos públicos de la federación, entidades o municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes ' ? La contribución al gasto público se convierte de esta forma, en una obligación ciudadana y asimismo en un elemento de apoyo fundamental para la consecución del proyecto de nación que establece la Constitución General. En el caso de México, los recursos fiscales referidos se integran por aportaciones de los particulares para fines públicos, vía la carga impositiva determinada en la Ley de Ingresos, en la que se encuentran clasificados como: impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. Si bien las contribuciones de la sociedad no se constituyen en las fuentes únicas de recursos del Estado, la mayoría de ellas ocupan un espacio estratégico en el financiamiento del gasto público. 17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV. México. 20 La naturaleza pública de los recursos con que se financia el gasto que ejerce el gobierno, impone la necesidad de su administración con criterios de transparencia, eficiencia y eficacia, de forma que el uso y destino de los mismos, coincida con los fines para los que han sido previstos, de acuerdo con lo establecido en los Presupuestos de Egresos que se formulan en cada instancia de gobierno. Para cumplir con lo anterior, el gobierno en ejercicio de sus funciones define diversas estrategias y políticas, entre ellas, la política de gasto a través de la cual establece la forma en que utilizará los recursos para el logro de los objetivos de gobierno. El gobierno ejerce su gasto con apego al Plan Nacional de Desarrollo que cada administración elabora al iniciar su gestión y que abarca el periodo que constitucionalmente le corresponde, constituyéndose en un plan sexenal. De este se derivan planes y programas a cargo de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El sector público, a través del gasto, devuelve a la sociedad cantidades que obtiene de ella misma, mediante bienes y servicios tales como: alumbrado público, drenaje, alcantarillado, agua potable, servicios de vigilancia policiaca, salud y limpieza, educación, parques recreativos, obras diversas, comunicaciones, etc. Aunado a ello, el sector público actúa como regulador de la actividad económica del país mediante la emisión de leyes, reglamentos y todas aquellas disposiciones tendientes a regular y fomentar la convivencia armónica de la sociedad. 1.6 Definición y ámbito de los recursos materiales "Los recursos materiales pueden ser definidos como el patrimonio de la institución y están constituidos por los bienes muebles, inmuebles y de consumo que hacen factible la operación de la misma. El elemento de apoyo para la consecución de las metas y objetivos de la administración pública" .'8 18 Guía Técnica para el Análisis y Desarrollo Institucional de las Organizaciones Públicas. Presidencia de la República, Coordinación General de Estudios Administrativos. México, 1981, p. 42 21 Bajo esta perspectiva, la administración de los recursos materiales implica el uso eficiente y racional de estos recursos, a fin de que su destino obedezca a los requerimientos y fines de la institución para el logro de una mayor eficacia, eficiencia y congruencia en su funcionamiento. La asignación de los recursos materiales se realiza con el propósito de apoyar los programas más sustantivos de las dependencias y entidades, hecho que contribuye a la consecución de la misión institucional. En un sentido más amplio de estudio de los recursos materiales, se puede insertar en el enfoque de sistemas. Así, la totalidad se denomina Sistema de Administración de Recursos Materiales. 1.7 Marco legal que regula las Adquisiciones en el Sector Público Existen diversas disposiciones generales que regulan la organización de la administración pública y su competencia en materia de adquisiciones, así como disposiciones específicas que dan un sentido integral al marco regulatorio de las adquisiciones en el sector público. al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Los artículos de la Constitución que tienen efecto en las adquisiciones que realiza el gobierno son diversos; de manera específica es el artículo 134 constitucional el que establece los criterios generales para su ejercicio. A partir de esta disposición fundamental se derivala normatividad complementaria en esta materia. Con fines didácticos, a continuación se transcribe el texto constitucional vigente: MANDATO CONSTITUCIONAL DEL ARTíCULO 134 Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 22 Las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de los recursos económicos federales se sujetará a las bases de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Esta Ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y para estatal. En ella se determinan las atribuciones de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, y los fideicomisos públicos. c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Esta Ley entró en vigor apenas el 10 de abril de 2006, derogando la anterior Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75,126,127 Y 134 de la Constitución, 23 en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Establece que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. d) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Esta Ley fue reformada y adicionada el 7 de julio de 2005, según publicación en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: 1. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; n. Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría General de la República; IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. e) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Esta Ley se publicó en el D.O.F. el 13 de marzo de 2002 y tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de: 24 1. Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; n. Las obligaciones en el servicio público; III. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público; IV. Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y V. El registro patrimonial de los servidores públicos. Por otra parte, son sujetos de dicha Ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales. Como se puede observar, el marco normativo que regula las adquisiciones del sector público es amplio y diverso. La enumeración de las disposiciones mencionadas en los numerales anteriores, muestra el universo normativo que es necesario consultar para abordar con especificidad la materia. Dicho universo se expresa en distintas disposiciones normativas de menor jerarquía jurídica como: reglamentos, códigos, decretos, acuerdos, manuales, normas técnicas y/o de operación, circulares, entre otras; disposiciones que por las características y alcances del presente trabajo serán abordadas, en lo que toca, en el capítulo tercero. 1.8 El poder de compra del Estado (Las Adquisiciones y su importancia) En el logro de metas y objetivos para satisfacer las necesidades de la sociedad, el Estado realiza un complejo número de funciones a través de los órganos de gobierno en los términos y ámbitos de competencia establecidos en la Constitución y sus leyes reglamentarias. El gobierno para el debido cumplimiento de sus funciones requiere de la más amplia variedad de bienes y servicios, necesidad que se cubre a través de las adquisiciones del sector público en ejercicio del gasto público. Las compras gubernamentales constituyen en el mundo uno de los renglones de gasto de mayor envergadura. Basta mencionar que, de acuerdo con estimaciones del la Organización Mundial de Comercio (OMC), las compras gubernamentales del mundo ascienden a un billón de dólares al año y en 25 algunos de los estados de la comunidad internacional llegan a constituir más del diez por ciento del producto interno bruto.'9 México no es la excepción, de acuerdo a informes de la Secretaría de la Función Pública, con datos registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, el Gobierno Federal destina anualmente entre el 25 y 30% del Presupuesto de Egresos de la Federación a los procesos de contratación. Estos procesos se realizan a través de alrededor de 20 mil licitaciones públicas anuales y un número indeterminado de concursos por invitación restringida, en las que participan más de 3 mil unidades compradoras de la Administración Pública Federal 20 Estas cifras destacan la i m p ortancia y magnitud de las compras gubernamentales en el mundo y en caso particular de México, resaltando sin duda el poder de compra que tiene el Estado mediante el ejercicio del gasto público, como elemento de apoyo para el desarrollo de las funciones publicas y con fines de satisfacción de las necesidades sociales. Pese a las sumas millonarias que son destinadas al gasto público, las disciplinas administrativas mostraban poco interés en esta importante función de la administración. Las compras se consideraban como una tarea de menor importancia, delegada a los niveles jerárquicos inferiores de la estructura administrativa. Hoy se reevalúa la función de las Adquisiciones porque se reconoce el impacto que tienen en la economía y por su calidad de instrumentopara orientar los procesos de industrialización y de comercialización. La dimensión y magnitud del poder de compra del Estado evidencian la importancia estratégica que tienen los programas de modernización y desarrollo administrativo, y en particular la revisión objetiva y profunda del sistema de recursos materiales de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal. 19 Jaso García Carlos. Act-Seminario: Las Compras del Sector Público en el Marco de los Tratados de Libre Comercio y las leyes de Adquisiciones y Obras Públicas. México. INAP 2001 20 Dirección URL http://web.compranet.gob.mx/ayudas/generaIAnformacion.html 26 A nadie escapa el hecho de que, la adecuada realización de las funciones que tienen encomendadas estas instancias y la correcta asignación de recursos requieren del suministro de bienes y servicios en términos de oportunidad, lugar, calidad y precio más bajo posible. Una vez que se ha ubicado y descrito el contexto teórico-conceptual en el que se desenvuelven las adquisiciones del sector público, así como revisado el marco normativo que regula las acciones que tiene que ver con esta materia, resulta procedente avanzar hacia la siguiente etapa de este trabajo, que aborda la estructura, objetivos y funciones de la Comisión Nacional del Agua, dependencia en donde se ubica el objeto de estudio: Las Adquisiciones en el Sector Público. Siendo necesario iniciar con una mención de los antecedentes históricos que dieron origen a la creación de este órgano administrativo desconcentrado y son sus principios fundamentales. 27 CAPíTULO 2: LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONES). El marco de acción establecido por la actual administración a través del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, define dentro de sus estrategias: Promover la Productividad del Sector Público, Crear Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad, así como Promover el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, especialmente la eficiencia en el uso del agua y la energía. La Comisión Nacional del Agua se constituye como el órgano facultado para dar unidad, congruencia y dirección a las acciones en materia de agua en sus diferentes usos, teniendo como visión" ser un órgano normativo, con alto grado de excelencia técnica y promotor de la participación de la sociedad y los usuarios organizados en la administración del agua". 2.1 Antecedentes históricos de la Comisión Nacional del Agua Conforme a información que publica la Comisión Nacional del Agua en su página de Internet, el antecedente más remoto de la actual institución lo constituye el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio creado el 22 de abril de 1853, que tenía a su cargo entre otras, las funciones de fomento agropecuario, a las cuales se incorpora más tarde la función de irrigación. "Propiamente el antecedente orgánico de la Comisión Nacional del Agua, se ubica en el año de 1921 cuando se crea dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento, la Dirección de Irrigación, a la que se asignan las funciones de organización del servicio hidrológico, el estudio de grandes proyectos de irrigación, así como la construcción y operación de las obras de riego". "La Ley sobre Irrigación en Aguas Federales del 9 de enero de 1926, dio origen a la Comisión Nacional de Irrigación, que siguió dependiendo de la Secretaría de Agricultura y Fomento.,,21 21 Dirección UR L hUp://procesoshi droagricolas.cna.gob .mxIPECTRA2001/site/sgih .asp?i d=2 28 "Mediante reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10. de enero de 1947, se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos y tuvo como atribuciones principales, las de la Comisión Nacional de Irrigación, excepto las relacionadas con los distritos de riego y conservación de suelos, que las siguió desempeñando la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Con fundamento en el artículo 10 de la citada Ley y mediante acuerdos y decretos presidenciales, las Direcciones de Aguas, Ingeniería Sanitaria y de Obras Hidráulicas, que dependían respectivamente de las Secretarías de: Agricultura y Ganadería, de Salubridad y Asistencia y de Comunicaciones y Obras Públicas, pasaron a depender de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuyas facultades y funciones quedaron establecidas en el artículo 12 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, el 24 de diciembre de 1958; así como en la Ley Federal de Aguas de fecha 11 de enero de 1972. Las Secretarías de Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos, quedaron fusionadas al expedirse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entró en vigor el 10. de enero de 1977, dando origen a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de enero de 1989 se crea la Comisión Nacional del Agua, en calidad de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. La creación de la Comisión Nacional del Agua obedeció a la necesidad de concentrar en un solo órgano administrativo, la administración integral del agua y el cuidado de la conservación de su calidad, así como la planeación, construcción, operación y conservación de las obras hidráulicas del país".22 En el cumplimiento de estos propósitos se sustentan los cambios que ha experimentado la Institución y que han incrementado sus responsabilidades, 22 Dirección UR L hUp://procesoshi droagricolas.cna.gob .mxIPECTRA2001/site/sgih .asp?i d=2 29 como el asumir la dirección de la operación de los distritos de riego y propiciar su transferencia a los usuarios; así como la asignación y ejercicio de diversas facultades en materia de recaudación. "Para fortalecer el funcionamiento de la Comisión Nacional del Agua, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de abril de 1991, se dispone la creación de su Consejo Técnico, que al ser integrado por los titulares de las principales dependencias involucradas en la política hidráulica, ha constituido para la Comisión, una instancia de apoyo invaluable para avanzar en el cumplimiento de los propósitos que le dieron origen. Mediante decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a la que se asigna entre otros, el despacho de los asuntos relativos a formular y condicionar la política nacional en materia de aguas, con ello la Comisión Nacional del Agua, se incorporó a esta nueva dependencia,,23 Con el decreto de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, en el artículo 32 Bis, se definió esta dependencia como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conservando sus atribuciones con relación a la administración, uso, regulación y aprovechamiento sustentable de las aguas nacionales, lo cual a su vez quedo establecido en su Reglamento Interior publicado el 4 de junio de 2001. 2.2 Objetivos de la Comisión Nacional del Agua La misión de "administrar y preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso", así como la visión a la que aspira la Comisión Nacional del Agua de" ser un órgano normativo con 23 Dirección URL hUp:l/procesoshidroagricolas.cn a.gob .mxIPECTRA2001/site/sgih .asp ?id=2 30 alto grado de excelencia técnica y promotor de la participación de la sociedad y de los usuarios organizados en la administración del agua", han hecho necesaria la readecuación de su estructura orgánica, de esta manera el Reglamento Interiorde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado el 21 de enero de 2003, establece las atribuciones y los órganos en los cuales recaen las mismas. Como resultado de un trabajo de planeación estratégica dentro de la institución, se elaboró el Programa Nacional Hidráulico, determinándose 6 objetivos para coadyuvar en el cumplimiento de la misión, estos son: l. Fomentar la producción agrícola con base en el uso eficiente del agua, para liberar volúmenes a otros usos. 2. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 3. Lograr el uso sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 4. Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico. 5. Consolidar la participación de los usuarios en el manejo del agua, y promover la cultura de su buen uso. 6. Disminuir los riesgos de inundaciones y los efectos de las sequías. 2.3 Estructura y funciones de la Comisión Nacional del Agua Para cumplir con su propósito esencial, la Comisión Nacional del Agua se divide operativamente en tres grandes áreas: ~ Oficinas Centrales ~ Gerencias Regionales ~ Gerencias Estatales La sede de Oficinas Centrales está en la ciudad de México y dentro de sus acciones principales se encuentran: apoyar a las Gerencias Regionales y Estatales en la realización de sus acciones necesarias para lograr el uso sustentable del agua en cada región del país, establecer la política y 31 estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y vigilar su aplicación, concertar con los organismos financieros nacionales e internacionales los créditos que requiere el sector hidráulico, establecer los programas para apoyar a los municipios en el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades y comunidades rurales y para promover el uso eficiente del agua en riego y la industria. "Oficinas Centrales también establece la política de recaudación y fiscalización en materia de derechos de agua y permisos de descargas, coordina las modificaciones que se requieran a la Ley de Aguas Nacionales y apoya su aplicación en el país, elabora las normas en materia hidráulica, opera el servicio meteorológico nacional, mantiene sólida y fructífera la relación con el H. Congreso de la Unión, atiende los medios de comunicación nacionales y se vincula con las dependencias federales para trabajar en forma conjunta en acciones que benefician al sector hidráulico. Las Gerencia Regionales son las responsables de administrar y preservar las aguas nacionales en cada una de las trece regiones hidrológico-administrativas en que se ha dividido el país. Las regiones y sus sedes son: 1. Península de Baja California (Mexicali, Baja California) II. Noroeste (Hermosillo, Sonora) III. Pacífico Norte (Culiacán, Sinaloa) IV. Balsas (Cuernavaca, Morelos) V. Pacífico Sur (Oaxaca, Oaxaca) VI. Río Bravo (Monterrey, Nuevo León) VII. Cuencas Centrales del Norte (Torreón, Coahuila) VIII. Lerma Santiago Pacífico (Guadalajara, Jalisco) IX. Golfo Norte (Ciudad Victoria, Tamaulipas) X. Golfo Centro (Jalapa, Veracruz) XI. Frontera Sur (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) XII. Península de Yucatán (Mérida, Yucatán) XIII. Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala (México, D.F.)"24 24 Dirección URL http://www.cna.gob.mx/eCNAlEspaniol/GeneraIAlistoriaCNA.htm 32 Las Gerencias Regionalesjuegan un papel estratégico para la insti tución, ya que tienen a su cargo aplicar la razón misma de ser de la Comisión Nacional del Agua en cada región del país Realizan tareas básicas que se describen en la Ley de Aguas Nacionales yen Reglamento Interior de la Secretaría de Med io Ambiente y Recursos Naturales; además son el vínculo con los t itulares de las entidades federativas donde se ubican A su vez las Gerencias Estatales tienen la import an te labor de aplicar las políticas, estrategias, programas y acciones de la Comisión Nacional del Agua en cada uno de los estados de la república A continuación se muestra como está estructurada orgánicamente la Comisión Nacional del Agua en la actualidad Es la Subdirección General de A dmi n ist raci ón , a través de la Gerencia de Recursos Materiales, el área que tiene la responsabilidad de administrar eficaz y eficientem ente los servici os y recursos mat eriales que apoyan el cumplimiento de las funciones sustantivas de la insti tución, por ello resultaba necesario realizar este breve recorrido por los antecedentes históricos, obj etivo y estructura de la Comisión Nacional del Agua, con el propósito de ubicar y delimitar el área de estudio, que son las adquisiciones que realiza este órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Por su parte, la Subdirección General de Administración, de la que depende orgánicamente la Gerencia de Recursos Materiales, está estructurada de la siguiente forma GENERAL ADMINISTRACiÓN RECURSOS MATERIALES Una vez descritas las razones que dieron origen a la creación de la Comisión Nacional del Agua, desde sus antecedentes más cercanos a partir de la posrevolución hasta nuestros días, en que se constituye como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de M edio Ambiente y Recursos Naturales; así como revisados los objetivos de la institución, la estructura orgánica y las funciones que desarrolla para el cumplimiento de estos Es menester analizar los orígenes de las adquisiciones en el sector público y de manera específica como se sustentan las compras en el área de estudio CAPíTULO 3: INSTRUMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRA TlVOS QUE REGULAN LAS ADQUISICIONES EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. Antes de abordar el tema de este capítulo y de analizar los distintos instrumentos normativos que regulan las adquisiciones en la Comisión Nacional del Agua, resulta oportuno hacer un recorrido histórico de la manera en que ha ido evolucionando la reglamentación para hacer más eficiente el procedimiento de compras gubernamentales y adaptarlo a los cambios que la administración pública de nuestro país experimentó en las últimas décadas, así como ubicarlo en el contexto de la globalización y de los acuerdos regionales que México ha llevado a cabo para abrir zonas de libre comercio en beneficio de la libre circulación de bienes y servicios entre los países y mejorar significativamente las condiciones de competencia comercial. 3.1 Orígenes de las adquisiciones en el Sector Público Es a partir de la época del Presidente Plutarco Elías Calles que en México se empiezan a normar las compras gubernamentales. Estas normas se han ido perfeccionando en atención a la complejidad en la forma de adquirir bienes y servicios por parte del gobierno con los particulares. Los primeros intentos se dieron en 1926 con la aparición de un reglamento, donde se establece la participación de la Contraloría en materia de contratos y compras. Para 1933 se emite un segundo reglamento que en su artículo 27 señalaba" los pedidos (compras) se adjudicarán al cotizador que ofrezca mejores condiciones por lo que toca a precio, calidad de los artículos, plazo para el pago, facilidades de entrega y demás circunstancias ventajosas" 25 El Reglamento de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal del 4 de septiembre de 1936, mencionaba que la Oficina Central de Inspección Fiscal debía revisar los proyectos de convocatorias de obras públicas, así como intervenir en las compras que efectuaran las dependencias del Ejecutivo Federal. 25 López-Elias, José Pedro, Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, 1999. p. 35. 35 " El 2 de febrero de 1944, el Presidente Ávila Camacho expide un Decreto que reglamenta las compras para las dependencias del Ejecutivo Federal, aquí se habla por primera vez de "concursos", estos deberían celebrarse mediante convocatoria y publicarse en dos periódicos, también se señalaba, que la cotizaciones se presentaran en un sobre cerrado y lacrado; manifiesta la apertura de sobres, como un acto solemne y el establecimiento de una garantía de cumplimiento de contrato. Asimismo, se dividieron las compras en tres categorías, por su monto" 26 En continuidad a lo anterior, para diciembre de 1965 la Ley de Inspección de Adquisiciones señaló la obligatoriedad de inscribirse en el Padrón de Proveedores del Gobierno Federal, que controlaba la Secretaría de Patrimonio Nacional para poder vender a cualquier dependencia o entidad Federal. Esta Ley sufrió modificación en mayo de 1972, señalando en su artículo 8° que los pedidos o contratos de adquisiciones, se consideraban autorizados si se ajustaban a los siguientes procedimientos: compras consolidadas, contratos de suministro por periodos fijos, concursos y pedidos negociados, previa investigación de fuentes de suministro. Es a finales de la década de los 70' que la Ley se perfeccionópara adaptarse a los nuevos tiempos, denominándose Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública; con ella se establecieron los criterios, lineamientos y políticas que deberían observar las dependencias, órganos desconcentrados y entidades para adquirir bienes y servicios, por medio de un procedimiento de licitación pública al mejor precio y eficiencia, que coadyuve a la buena gestión de la administración pública, aumentando la eficiencia y rendimiento de los bienes y servicios adquiridos, al tiempo de disponer de un mecanismo integral, transparente, de fácil auditoria y amplia rendición de cuentas sobre todas las contrataciones y sus procesos, para que el gobierno pueda disponer de bienes, arrendamientos o servicios en el menor costo y con la mayor oportunidad. 26 López-Elias, José Pedro, Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, 1999. p. 36. 36 En octubre de 1980 por medio de la Norma de Concursos, por primera vez se reglamentó la licitación pública en nuestro país, aunque sólo se refirió a las adquisiciones y se le denominó impropiamente concurso. El 30 de diciembre de 1980, la Ley de Obras Públicas es la primera que utiliza el término" licitación pública" , ya que el artículo 30 señalaba que" los contratos de obra pública se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas ... ". Así pues, se utilizó el término" concurso" para las adquisiciones y" licitación pública" para las obras públicas. El 29 de noviembre de 1982, aparecen las Normas Generales para la Adquisición de Mercancías, Materias Primas y Bienes Muebles que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. El 27 de diciembre del mismo año, se eleva a rango constitucional la licitación pública (artículo 134). Para el siguiente año se contó con las Primeras Normas Complementarias sobre Adquisiciones y Almacenes (11 de julio de 1983). Es en febrero de 1985 cuando se da un gran avance en la regulación sobre las adquisiciones del gobierno, con la emisión de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, en la que ya se contemplan los casos de excepción a la licitación pública; su reglamentación aparece hasta el13 de febrero de 1990. Como parte de las negociaciones que hizo el gobierno de México con los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 1° de enero de 1994 entró en vigor la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en la que se recogieron prácticamente todas las disposiciones, que conforme al Capítulo X, Compras del Sector Público del Tratado, resultaban de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, particularmente en cuanto a plazos y requisitos generales de las convocatorias y bases de licitación. Esta Ley reguló los procedimientos de contratación, adquisiciones y de obras públicas hasta el 5 de marzo de 2000, fecha en que fue abrogada por la 37 entrada en vigor de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual fue reformada el 7 de julio de 2005 y vigente hasta nuestros días. 3.2 Las adquisiciones en el marco de los Tratados de Libre Comercio El artículo 133 Constitucional es el que le da a los tratados el carácter de Ley Suprema en México, el Congreso de la Unión expidió el 2 de enero de 1992 la Ley sobre la Celebración de Tratados. Con base en esta Ley, el Gobierno de México firmó en diciembre de 1992 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, primer acuerdo regional para crear una zona de libre comercio, celebrado con los Gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y del Canadá, entrando en vigor el 10 de enero de 1994. Los objetivos del TLCAN, expresados en sus principios y reglas son los siguientes: a. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las Partes; b. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; c. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; d. Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las Partes; e. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y f. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 27 El TLCAN incluye un capítulo específico para las" Compras del Sector Público", otorgándosele el carácter de obligatoriedad de acuerdo a lo dispuesto por el 27 Dirección URL http://www .n afta-sec-al e-.orglDefau ItSiteAn dex_s .aspx? Detai 1I 0=648 38 artículo 4° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las características principales se mencionan a continuación: ~ Las adquisiciones del sector incluyen las compras de bienes y la contratación de servicios, inclusive los de obra pública, que realicen las dependencias de los gobiernos federales o estatales, de cualquiera de los países firmantes. ~ La aplicación de este capítulo está sujeta a que el valor de los contratos iguale o supere el valor de los umbrales definidos, los que se calcularán y ajustarán de acuerdo a la tasa inflacionaria de los Estados Unidos según lo dispuesto en el Anexo 1001.1 c. ~ Se establecen tres procedimientos de licitaciones: 1) licitación abierta; 2) licitación selectiva, y 3) licitación restringida. ~ La difusión de las convocatorias de las licitaciones se debe hacer a través de la publicación en los principales diarios de circulación nacional o en el Diario Oficial de la Federación, siendo esta última opción la que aplica en la actualidad. ~ Se señalan los requisitos de las bases de las licitaciones. ~ Se mencionan las características de la presentación, recepción y apertura de ofertas. ~ Se permite la presentación de ofertas por télex, telegrama, telefacsímil u otros medios de transmisión electrónica. ~ Obligación de publicar el fallo en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 72 días siguientes a la adjudicación. ~ Establece procedimientos de impugnación en las licitaciones. ~ En cuanto al suministro de información se señala que cada Parte publicará sin demora cualquier ley, reglamentación, jurisprudencia, resolución administrativa de aplicación general y cualquier procedimiento, incluso las cláusulas contractuales modelo relativas a las compras del sector público comprendidas en dicho capítulo,
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