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La construcción simbólica del cuerpo ausente en casos de desaparición forzada. Vereda La Esperanza, Carmen de Viboral. Katerin García Gómez Trabajo de grado para optar por el título de Antropóloga Asesor: Gabriel Jaime Bustamante Ramírez Facultad Ciencias sociales y Humanas Departamento de Antropología Universidad de Antioquia 2017 2 Agradecimientos Agradecimientos especiales a las personas que de alguna manera hicieron parte en la elaboración de este proyecto, compartiendo su tiempo y su espacio, brindándome su conocimiento, y regalándome su compañía; todo esto fue de gran valor y ayuda en el emprendimiento de este camino que tanto aprendizaje académico y personal me ha dado, y en el camino por alcanzar este escalón en mi vida. Quiero agradecer especialmente a las personas de la Vereda La Esperanza que con tanto amor y confianza me abrieron las puertas de sus espacios, y de sus más entrañables sentires. El aprendizaje de naturaleza académica fue invaluable, pero sobre todo conservo ese conocimiento que me han brindado en relación a la vida. Con ellos visualicé el valor que tienen los lazos, aprendí lo movilizador que puede ser el amor leal, y la potencia que pueden alcanzar los deseos de transformar la aparente realidad. Les agradezco profundamente todo lo dado sin interés alguno, espero en este trabajo poder retribuirles así sea una pequeña parte de lo que me han regalado, este trabajo es de ustedes. Agradezco a mis amigos que siempre han sido compañía y apoyo, en especial a Maria, Laura y Juan Pablo que de alguna manera siempre han estado para mí. Agradezco a Julio por ser compañía transformadora y llena de aprendizaje en mi camino. A mi familia que tanto me han dado, y en especial a mi madre que siempre ha sido mi soporte y mi luz y quien solo ha sabido darme amor. Por último agradecimientos a los profesores que me han aportado con su conocimiento para mi formación profesional, y especialmente a mi asesor, quien sembró en mí la semilla y ha sido alimentador de pasión y de amor por lo que se hace. 3 Tabla de contenidos 1. Introducción …………………………………………………………………….……. 4 2. Un hecho que hizo presencia en toda la nación. La desaparición forzada en Colombia ……………………………………………………………………….…………….... 13 2.1 Sucesos que empiezan a gestarse. El Oriente Antioqueño y la conflictividad naciente ……………………………………………………………………….…….. 21 2.2 La inserción del conflicto armado en la Vereda La Esperanza y sus consecuencias en el territorio ………………………………………………………………………. 26 3. La vida que se va detrás del cuerpo que violentamente sustraen de su entorno social. La desaparición forzada y sus afectaciones ……………………………………......................... 37 3.1 Imposibilidad de realizar ritos funerarios como consecuencia de la falta de certezas, y la ausencia de la corporalidad …………………….……………………….……. 40 3.2 La ramificación de los caminos en la tramitación del dolor producto de la desaparición ……………………………………………………………………….... 46 4. Dotar de presencia al cuerpo ausente mediante su construcción simbólica .......…….. 52 4.1. Narrar la ausencia. Los relatos como conductores de un tiempo compartido…………………………………………………………………………... 56 4.2. Los objetos como materialidad de la ausencia …………………………….…... 60 4.3. La imagen directa y su poder evocador. La fotografía como recurso de la memoria …………………………………………………………………………...... 67 5. La memoria y sus matices ………………………………………………………….... 71 5.1. Memoria familiar como recuerdo que mantiene en pie la vida ………………... 73 5.2. La memoria comunitaria como productora de sentido ………………………… 77 6. Conclusiones ……………………………………………………………………..….. 81 7. Referencias ……………………………………………………………………….….. 85 4 Introducción Más de medio siglo de conflicto armado en Colombia ha sido producto del enfrentamiento de diversos actores armados legales e ilegales, donde guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales han sido los protagonistas, sumando la participación de narcotraficantes, bandas criminales y actores armados diversos quienes también han tomado parte en sus dinámicas. Los hechos desatados han dejado cuantiosas cifras de víctimas dispersas en todo el territorio colombiano, el Registro Único de Víctimas cuenta hasta hoy con el dato de 8.405.265 personas en el país.1 Mecanismos como el desplazamiento forzado, los atentados, la tortura, los asesinatos selectivos, las minas antipersona, la desaparición forzada y el secuestro fueron las modalidades de violencia que se instauraron en los territorios, en la búsqueda de los actores armados de generar ambientes de temor, silenciamiento y desarticulación de los lazos sociales. Sus acciones particulares y el impacto social que generaron, permitieron en su momento, y aún dejan vislumbrar, la necesidad de darle campos explicativos amplios al desarrollo del conflicto, desde los contextos donde este se gestó, los intereses y condiciones que lo originaron y lo mantuvieron, los detonantes de la violencia, las motivaciones particulares de los actores armados, y las consecuencias que a largo plazo dejaron en la sociedad; para esto se hace necesario trascender el enfoque en las cifras y dar una mirada cualitativa a la historia de la época de violencia en Colombia. En la actualidad, debido en gran parte al ambiente impulsado por el proceso de paz llevado a cabo con la guerrilla de las Farc, con un acuerdo firmado en noviembre de 2016, un cambio discursivo en el país empezó a gestarse, el conflicto armado salió del escenario de naturalización donde estaba confinado, y ha abierto caminos para pensarlo y develar sus 1 Cifra que puede ser variable e imprecisa, teniendo en cuenta que quedan por fuera los casos de personas que no han sido registradas oficialmente en este sistema de información y teniendo en cuenta que la base de datos se actualiza constantemente 5 matices. A raíz de esto se ha evidenciado un acercamiento a las víctimas, e incluso a los actores armados, no como cifras, sino como consecuencias y termómetros de un estado de la sociedad, como productos de una historia nacional. Como resultado, entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, encargada de la labor consignada en su nombre, construir la memoria nacional, declaran pasar de un énfasis en las cifras a apostar por nombrar y narrar el conflicto, es decir, por individualizarlo y reconocer a las víctimas afectadas (2016). En este mismo camino, si la mirada procura centrarse en las secuelas y las afectaciones particulares que se desataron a raíz de los hechos, se hace imperioso sobrepasar el énfasis en los actos de sevicia, e incluso dejar de ver los crímenes mismos como meras acciones ejecutadas por un grupo armado, de quien una víctima es la receptora. Estas perspectivas, que han prevalecido en el tratamiento de los hechos victimizantes, impiden penetrar en los impactos que generan, los cuales son tanto de corto alcance, como el dolor producido en el momento de ejecutado el acto, hasta de largo alcance, visibles en las marcas que son compañía constante de una víctima, como la ausencia de un padre, o el recuerdo constante de las atrocidades cometidas. El objetivo con esto es adentrarse en el espectro que develan las particularidades de los hechos, en relación al tipo de crimen y el trasfondo que estos concentran. Particularmente, la modalidad de desaparición forzada fue usada por los actores armados para generar ambientes de silenciamiento, terror y control en la población, dejando tras ello sentimientos particulares relacionados con la naturaleza del crimen, tal como el dolor producido a familiares y círculo social cercano del desaparecido por la ausencia de éste, la angustia por la espera de su retorno, y la desazón por la falta de información y de certezas en 6 relacióna él2. Este tipo de crimen, sus características y consecuencias específicas, permiten vislumbrar la degradación del conflicto armado, y evidenciar cómo un dolor puede ser prolongado mucho más allá del instante mismo en el que el crimen es cometido, permite a su vez traslucir cómo los contextos de violencia generan cambios abruptos en la vida de quienes se ven inmersos en ellos. Sus particularidades serán expuestas en la presente investigación desde el territorio del municipio del Carmen de Viboral, específicamente desde la vereda La Esperanza, la cual fue blanco de una desaparición forzada sistemática de sus habitantes campesinos, en manos de agentes del Estado y paramilitares. Su elección radicó en que allí el fenómeno ha hecho presencia a nivel familiar y comunitario, lo que permitió una mirada amplia para la investigación. Además el proceso comunitario que hay fuertemente consolidado allí, fue esencial en la medida que posibilitó mayores facilidades de acercamiento a la comunidad, y permitió la lectura de los hechos desde las particularidades que se gestan en torno a colectividades de esta naturaleza. La recolección de la información se apoyó en un proceso metodológico etnográfico, el cual consistió en la observación, la interlocución con los sujetos de estudio, y la recolección de información mediante lo que es denominado trabajo de campo, del cual el resultado se empleó como evidencia para la descripción y la comprensión de los hechos. El contacto se realizó con las familias de los 13 desaparecidos que han participado del proceso comunitario gestado allí, se usó como técnica la observación participante, mediante la asistencia a eventos representativos desarrollados en torno al suceso, y asistencia a talleres realizados con ellos en escenarios públicos y comunitarios. De estos familiares se seleccionó a tres mujeres con las que se realizaron entrevistas 2 Sentimientos asociados a este crimen particularmente, que se producen por la desaparición del sujeto, y consecuentemente el vacío de información respecto a su paradero y condición. Estos aspectos se abordarán con mayor precisión en el desarrollo del texto 7 semiestructuradas y a profundidad, abordando desde un escenario más íntimo el fenómeno, para entrever cómo este se manifestaba en el día a día. La elección particular del universo de los sujetos de interlocución, radicó en el interés de observar el fenómeno de la desaparición desde dos lentes en particular, el familiar y el comunitario, lo que permitió entrever diferencias que se marcaban en relación a la naturaleza de los escenarios. Para la recolección de los datos, se usó como herramienta la fotografía para la recopilación de la información, al igual que el diario de campo para consignar el registro de las visitas y los detalles recolectados por medio de la observación, la grabación de las entrevistas, su consiguiente sistematización y categorización por conceptos para consignar y organizar lo referente a la interlocución con los sujetos. Además del proceso etnográfico en campo, se hizo un seguimiento por medios de comunicación y redes sociales, referente a manifestaciones de familiares en alusión a los hechos, y de organizaciones sociales que los han acompañado en el proceso de denuncia y visibilización. De las desapariciones forzadas ocurridas en la vereda La Esperanza, el cuerpo se desprendió como eje central de la investigación, en éste se enfocó la mirada al ser el epicentro del fenómeno, pues es el cuerpo al que arrebataron violentamente de su espacio social, es por la ausencia de éste que la desaparición forzada es definida jurídicamente como la privación de la libertad, el ocultamiento y la falta de información de la víctima directa, es el cuerpo el que familiares reclaman como prueba de realidad del estado en el que se encuentra su pariente, y en definitiva es este la imagen directa del ausente, y desde donde se le reconoce como sujeto. El cuerpo como centro fue la ruta para indagar por las afectaciones que produce su desaparición, y para abordar a cercanía las consecuencias particulares de esta modalidad de violencia, las rupturas que genera, y las dinámicas que se gestan alrededor del crimen, en un intento por comprender el entramado de relaciones y prácticas que se vinculan a eventos traumáticos y contextos de violencia. 8 Para este fin en la presente investigación, la perspectiva antropológica posibilitó entrever dinámicas y problemáticas sociales que se desataron en torno a la desaparición del individuo, considerando que no sólo el cuerpo directamente violentado sufre, sino que todo el entorno social en el que éste estaba inserto es afectado. Para abordarlo de esta manera, se tuvieron en cuenta los hechos sociales específicos que se desencadenaron tras su ausencia, que evidenciaron en su momento, y hasta la actualidad dejan ver, que el dolor individual es a su vez un dolor social, lo que se hizo significativamente evidente en la vereda donde toda una comunidad fue la expuesta a este tipo de violencia. A partir de este enfoque fue posible abordar consecuencia del fenómeno sobrepasando perspectivas como las afectaciones psicológicas y materiales, o la desarticulación de lazos sociales, las cuales han sido el lente predominante en el abordaje de contextos de violencia, y así entrar en el campo de las afectaciones que atraviesan incluso el mundo de lo simbólico y de las representaciones en los casos de desaparición forzada. De esta manera la imposibilidad de ritos funerarios y los consiguientes denominados duelos congelados, fueron las afectaciones en las que se centró la investigación, las cuales han sido atribuidas a este tipo de crimen en particular, y han sido ampliamente abordadas, predominantemente la segunda de ellas, en contextos propios de desaparición por autores en áreas de la psicología como Ileana Diéguez y Olga Lucía Londoño. Sin embargo, teóricos de la antropología que aborden la temática directamente desde la desaparición forzada no fueron hallados, lo que se encontró fue una amplia producción del área respecto a los ritos funerarios y su significación social, temas relacionados con la muerte y los rituales que se dan alrededor del hecho, las significaciones y las funciones de estos a nivel social, y la tramitación del dolor mediante estas prácticas, en autores como Nigel Barley y Louis-Vincent Thomas. Estas consideraciones desde la perspectiva antropológica, fueron marco interpretativo para entender las afectaciones particulares que produjo la desaparición 9 forzada en los habitantes de la vereda La Esperanza. Por otro lado, al considerar que las afectaciones han sido el principal foco desde donde se ha leído el fenómeno, se hizo necesario explorar los diversos mecanismos que los afectados han usado para hacer resistencia y frente al dolor, esto ante presencia de dicho componente de manera significativa en la vereda, y por su relevancia y poca exploración en el abordaje del hecho mismo. Justamente desde este punto la construcción simbólica del cuerpo ausente tomó protagonismo, pues los afectados acuden a dicha acción como una forma de mitigar el dolor, mediante un proceso en el que le dan a la materialidad ausente otros escenarios sociales donde tener presencia, lugares que el individuo ocupaba antes de su desaparición, y que se convirtieron en el soporte y referente para prácticas que buscan confirmar, y conservar su existencia dentro del mundo social al que pertenecía. Desde este punto la investigación buscó indagar y comprender para qué las personas afectadas por la desaparición forzada enfrentan los hechos a través de la construcción simbólica del cuerpo ausente, explorando a su vez por quién construye ese cuerpo ausente, cómo y a través de qué es construido. Para responder a estos interrogantes, la antropologíaproporcionó elementos que posibilitaron adentrarse en las bases desde donde se fundamenta la práctica, abordándola desde su inserción en un contexto social que la condiciona y le da un marco de acción, mediante mecanismos que se inscriben en el plano de lo simbólico y la significación3. Esto fue central para el abordaje de la temática, al permitir acercarse al cuerpo no sólo como materialidad, sino como referencias y representaciones, escenarios que posibilitan darle presencia, sin importar que la corporalidad misma esté ausente. Respecto al abordaje del cuerpo y su simbolismo, este ha sido un tema ampliamente trabajado desde la antropología, aproximándose a él como materialidad atravesada por determinadas 3 Entiéndase como las maneras que se usan para aludir a algo, sin hacer referencia directa al objeto o sujeto mismo. 10 significaciones sociales, como una especie de epicentro del entramado de relaciones que constituyen las diferentes culturas, en autores como Le Breton y Mary Douglas, y desde autores, que si bien son de otras áreas poseen perspectivas útiles para reflexiones antropológicas, como Elsa Bleir, con su trabajo del cuerpo en escenarios de violencia, y Michel Foucault, con sus reflexiones respecto al tema. Si bien, se ha abordado ampliamente la constitución del cuerpo por simbolismos, no se hallaron trabajos en los que hechos referentes a la desaparición forzada fueran leídos desde este lente en particular4, perspectiva que se asumió en la presente investigación, con el fin de vislumbrar cómo la ausencia de la materialidad corporal, desata su construcción desde otras esferas. Para el caso de la vereda La Esperanza, fueron los relatos, los objetos y las fotografías los mecanismos conductores, mediante los cuales se indagó por la construcción del cuerpo del desaparecido en el espacio social al que pertenece. Estos fueron usados particularmente por ser referencias directas al sujeto, por su fuerte carga de subjetividad, y por ser escenarios dotados de una fuerte carga simbólica, de referencia y representación. Consecuente al abordaje de estos componentes como posibilitadores, entrar en el campo de la memoria se hizo imperioso, al ser por intermedio de esta que se posibilita la acción de darle presencia a la ausencia. Particularmente, este ha sido un tema profundamente abordado por autores como Halbwachs, Fuster, Ricoeur, Joel Candau y Elizabeth Jelin, siendo sus consideraciones útiles a la investigación en cuanto a marcos interpretativos, para la comprensión de sus usos particulares en la vereda y propiamente en los casos de desaparición forzada. A pesar de que la memoria ha sido un tema bastante explorado y de gran actualidad, no se encontró que la desaparición forzada haya sido abordada desde este lente en particular, si bien se declara la necesidad de esta como bandera política para las víctimas, referente a la 4 A lo sumo se halló un trabajo de grado de comunicación social, donde planteaba el uso de los objetos como representación del sujeto desaparecido, como un medio de los familiares para construir sentido a sus vidas. En: Tobarda, D & Londoño, E. Detritus, la ausencia pintada. 2012. Universidad de Antioquia 11 verdad y la no impunidad, o desde lecturas hechas por teóricos como Maria Teresa Uribe, considerándola como un camino para la tramitación de dolores colectivos, ésta no se ha visto como un mecanismo que posibilite darle presencia social al desaparecido, y adicionalmente tampoco ha sido ampliamente abordada desde una perspectiva simbólica. Justamente, el presente trabajo es la recopilación de diversas teorías, que si bien la mayoría no han sido desarrolladas desde la desaparición forzada propiamente, dan elementos y permiten leer el hecho desde la perspectiva particular que cada lente brinda, posibilitando la comprensión del fenómeno de la vereda desde los diferentes focos teóricos propuestos. El cuerpo simbólico como eje central de los hechos, los duelos congelados y la imposibilidad de los ritos funerarios como principales afectaciones, la construcción del cuerpo ausente a través de los objetos, las fotos y los relatos como medios de representación y de tramitación del dolor, y la memoria como posibilitadora de la acción, fueron el camino conceptual que acompañó a la investigación, en un intento por develar las complejidades que posee el fenómeno de la desaparición forzada, y así a la luz de las teorías desentrañar los hechos sociales que se desataron en la vereda La Esperanza, tras los sucesos ocurridos allí. Es importante tener en cuenta que las concepciones del cuerpo y su componente simbólico y de significación, varían de un grupo humano a otro, y dependen del contexto donde están insertos, por lo tanto, los hechos pueden presentarse de manera singular dependiendo desde donde sean leídos. En este caso la lectura se da desde el lente particular de la desaparición forzada con sus características propias, y desde una comunidad marcadamente religiosa- católica, con tradición campesina, y con un proceso comunitario y político fuertemente establecido. Esto es importante para tener en cuenta que la construcción simbólica del cuerpo ausente en este caso particular, está sujeto a unas variables que la condicionan, y que si bien, no quiere decir que no pueda aplicarse a otros contextos similares, sus formas de manifestarse evidentemente pueden variar. Además, es necesario considerar que la investigación fue un 12 estudio de caso, de corto alcance, lo que pudo haber condicionado que algunos detalles se hubieran pasado por alto. El fin de la presente investigación fue acercarse al conflicto más allá de las cifras, sobrepasar la mirada de los actos de sevicia, y del dolor que estos ambientes producen, buscando ampliar las posibilidades de comprensión, para acercarse cada vez más a la abundancia de matices que estos poseen. Para esto fue esencial el acompañamiento de La Vereda La Esperanza, quienes con su fuerte proceso comunitario y sus voces que se han alzado alto incluso después de 20 años de ocurridos los hechos, posibilitaron que la mirada fuera más allá del dolor, y que esta se posara con mayor énfasis en los caminos que ellos han tomado para hacerle frente, lo que de camino suscitó preguntas respecto a las condiciones que socialmente se le da a las víctimas, para reconciliarse con los hechos y lograr convivir con ellos. La investigación buscó un acercamiento a las particularidades de la desaparición forzada, y buscó explorar caminos para la visibilización de las dimensiones del delito. Todo lo anterior teniendo en cuenta la coexistencia simultánea que manifiesta Veena Das5, entre el ejercicio asociado a la producción de conocimiento, el ejercicio de denuncia y el acompañamiento a las dinámicas de duelo asociadas a los escenarios de dolor. 5 Ver Ortega, A. (2008) Veena Das: sujetos del dolor, agentes de dignidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 13 2. Un hecho que hizo presencia en toda la nación. La desaparición forzada en Colombia Con el fin de entender la desaparición forzada y las particularidades en el caso de la Vereda La Esperanza, se hace necesario hacer un acercamiento al contexto nacional, para enmarcar los inicios de esta práctica, apreciar las cifras nacionales que acompañan a los hechos de la vereda, las motivaciones generales en la perpetración de los hechos, entender a grandes rasgos los marcos jurídicos que las víctimas tienen a disposición para movilizarse, ubicar en un contexto general las particularidades que este crimen posee, y dar una mirada al cómo ha sido tramitado este hecho a nivel nacional. Esto con el fin de dar marcos generales para comprender con la mayor precisión posible, un fenómeno amenor escala, mediante el establecimiento de generalidades que permitan posicionar este hecho particular en unos marcos explicativos amplios, que tuvieron y tienen incidencia directa. Particularmente en el contexto latinoamericano, esta práctica surgió como una estrategia de lucha y supresión de la oposición política, una forma generalizada del tratamiento de las diferencias. La denominación de desaparición forzada hizo referencia originalmente a la práctica que empezó en 1962 en Guatemala, y se extendió a los demás países latinoamericanos durante 1970, 1980 y principios de 1990 (López, 2009, p. 101) convirtiéndose en una estrategia de control político caracterizada por la impunidad, posibilitada por la ausencia de la víctima directa. Estas prácticas fueron llevadas a cabo casi exclusivamente por dictaduras y gobiernos militares en casos como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y El Salvador, amparándose en políticas de seguridad nacional, mediante creación de decretos que permitían detenciones y capturas, que generalmente terminaban en torturas, secuestros, muertes y desapariciones (Duque, Alvis, y Rodríguez, 2013). En Colombia esta modalidad de violencia hizo presencia en el escenario público vinculando 14 con el conflicto armado, con la desaparición de la militante de izquierda Omaira Montoya el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla, hecho que se convirtió en el primer caso denunciado formalmente, y el primero por el que la Procuraduría General de la Nación sancionó a un funcionario (Grupo de memoria Histórica, 2013, p. 59). Este caso en particular vinculó la práctica con la acción de miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, la desaparición forzada ya venía operando en Colombia desde la lucha bipartidista de los años 40, fue con el paso del tiempo que esta se fue generalizando, para ser utilizada como táctica de guerra por parte de los grupos armados, y como método de generación de terror en la población civil (Duque, et al., 2013). Del mismo modo las torturas, los desmembramientos, los cuerpos arrojados al río, las incineraciones en hornos crematorios y las fosas comunes fueron los mecanismos usados por los actores del conflicto, como medio para generar intimidación y a su vez prolongar el sufrimiento6 en aquellos lugares donde hicieron presencia. Con la desaparición forzada, la diferencia de Colombia con otros países Latinoamericanos, es que en este primero no surgió la práctica directamente de una política de Estado de dictadura, sino en un marco de gobiernos civiles y democráticos, pero con una gobernabilidad débil, donde las vías de hecho fueron la solución a conflictos (Duque, et al., 2013). Evidencia de esto fue la implementación de políticas de seguridad y defensa en Colombia en la década de los setentas y los ochentas, articuladas a la declaración de Estados de sitio7, que acompañaron 6 Muchos de los asesinatos selectivos, o de las prácticas mencionadas, fueron usadas para dar a entender que lo mismo podría pasarle a cualquiera como forma de sanción, convirtiéndose en prácticas de control social a través del miedo, creando de paso ambientes de sufrimiento constante y prolongado en el tiempo 7 Promulgado en la constitución de 1886 con el artículo 21, establecido como medida que un presidente puede aplicar en caso de guerra exterior o conmoción interior, dándole al ejecutivo excepcionalidad para establecer el orden público. Esta medida fue influenciada por el ascenso de la Doctrina de Seguridad en el marco de la Guerra Fría y las luchas revolucionarias, con Estados Unidos como potencia mundial, y como articulador de políticas de contención comunista, mediante el concepto de seguridad en términos de defensa militar y seguridad interna, enmarcado esto en la doctrina de Seguridad Nacional y de la Escuela de las Américas (Moreno, 2011). 15 sucesos como el ocurrido el 06 de Septiembre de 1978, cuando César Turbay mediante el Decreto 1923, estableció el Estatuto de Seguridad bajo el argumento de combatir los grupos guerrilleros en Colombia. (Moreno 2011, pp, 6-9). Estas medidas les dieron un poder excesivo a los militares, desencadenando múltiples violaciones de derechos humanos, en una represión excesiva de opositores y activistas, e incluso de la misma población civil. Según el último informe del CNMH antes de estas fechas la desaparición registraba bajos niveles de ocurrencia, pero con una tendencia a cobrar protagonismo, pasó de 7 casos en 1970, a 159 en 1981, se pasó de una desaparición por mes entre 1970-1977, a una cada 4 días entre 1978-1981, y desde ahí esta práctica transitó de la marginalidad a la generalización, con fluctuaciones que llevaban a la declinación, pero sin dejar de ejecutarse (2016, pp. 76-77). Colombia tuvo varios intentos de tipificar el delito legislativamente, pero sólo hasta el 6 de Julio de 2000, tras múltiples casos denunciados, y tras seis intentos fallidos, lo logró mediante la Ley 589, lo que permitió a la vez la creación de la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas, con la coordinación de la Defensoría del Pueblo (Duque, et, al., 2013). Dicho delito quedó tipificado en el decreto bajo el siguiente texto: “Art 268 A- Desaparición forzada El particular que perteneciendo a un grupo armado de la ley someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años, multa de quinientos (500) a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años. “A la misma pena quedaría sometido el servidor público o el particular que actúe bajo la 16 determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior” Actualmente el delito de desaparición forzada está tipificado en el código penal bajo el “Título lll Delitos contra la libertad individual y otras garantías” capítulo primero, con un texto similar al anterior, modificando sólo las penas de prisión que pasan a ser de (20) a treinta (30) años, y la multa se modifica de mil (1000) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, la constitución garantiza en el artículo 12 que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes (López, 2009, p.77). Concretamente la desaparición forzada se tipifica jurídicamente como la privación de la libertad, junto con el ocultamiento y la falta de información sobre el desaparecido, ambos actos son sucesivos, siendo el segundo elemento el que condiciona que el delito no sea un secuestro simple, agravado o atenuado, o un homicidio; para lo anterior la situación debe ser mantenida por el autor, lo que hace que la conducta de desaparición forzada se realice hasta que no se tenga información (López, 2009). Justamente con la negativa y la falta de información del paradero de la víctima, se dificulta el ejercicio de los recursos legales y las garantías pertinentes, lo cual los perpetradores buscaban con plena intencionalmente en la ejecución del delito, y lo cual favoreció que este fuera practicado de manera extensa en el territorio, en una búsqueda por la impunidad y el anonimato. Desde el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas (1998) el crimen es clasificado de lesa humanidad, por su condición masiva y/o generalizada y su ejecución conforme a un plan, por su sistematicidad sujeta con fines específicos por parte de quienes ejecutan la práctica. Característica enfatizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, quienes a su vez resaltan el carácter pluriofensivo del delito, al constituirse como17 una violación múltiple y continuada de varios derechos, tales como el derecho a la vida, la dignidad humana, la autonomía y seguridad personal, el derecho a no ser arbitrariamente detenido, al debido proceso, al reconocimiento de la personalidad jurídica ante la ley y a un tratamiento humano de detención, además por el alcance de su impacto que no sólo afecta a quien lo experimenta directamente, sino al entorno social que se vincula con el sujeto. Al mismo tiempo el CNMH resalta su condición de delito de ejecución continua y permanente, ya que este además de la privación de la libertad, se consolida con el ocultamiento de la víctima, la ausencia de información y la sustracción del amparo legal, y mientras dichas conductas sean mantenidas, el crimen está siendo cometido, cesando sólo hasta que se conozca el paradero de la víctima (2016). Estas particularidades en la intencionalidad y en la ejecución del crimen, propiciaron el extenso uso de la desaparición forzada como táctica de guerra en el territorio nacional. Diferentes organizaciones en Colombia han puesto en cifras el fenómeno de la desaparición forzada, el Registro Único de Víctimas tiene en sus bases de datos la cifra de 165.907 personas desaparecidas8, por otro lado el grupo de trabajo de desaparición forzada de la ONU postulaba que en el 2008 Colombia ocupaba el octavo lugar en el mundo con 9760 personas desaparecidas. El Grupo de memoria histórica (2013) en base a datos de Organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, estimaba que el conflicto armado colombiano entre 1958 y 2012 había dejado una cifra de 5.016 casos de desaparición forzada, en un nuevo informe publicado en el 2016 estiman que son 60.630 las personas desaparecidas entre 1970 y 2015. Estas cifras disímiles son evidencia de la problemática que en sí misma posee la desaparición forzada, que debido a los altos niveles de impunidad y al poco reconocimiento social, político, jurídico y público, han dejado vacíos de información para el esclarecimiento de los 8 Fuente consultada en febrero de 2017. El mismo registro hace la salvedad de que la cifra puede variar en el paso del tiempo debido al proceso de depuración de la información y de la base de datos 18 hechos. Yolima Quintero9 señala que por otro lado el propósito de unificar y precisar cifras en torno a los hechos se torna complicado, debido a que muchas de las denuncias anteriores a la tipificación oficial del crimen eran catalogadas como secuestro, al no haber una categoría jurídica que la definiera, por ende, para tipificar delitos de desaparición forzada que fueron procesados bajo esta categoría, ella considera que se haría necesario consultar los registros y a través de la narración identificar si era un caso particular de esta naturaleza. En definitiva, la unificación de las cifras de desaparecidos a lo largo del territorio es de difícil delimitación, pero respecto a las características de las personas que están detrás de los números sí es posible demarcar un patrón definido, el cual responde a la intencionalidad del grupo armado en el momento de desaparecerlos. Según el CNMH este crimen se dirigió en primer lugar contra campesinos y obreros del país, cuando la disputa entre los actores armados se concentró en el control territorial, quienes se vieron en medio del combate contra la insurgencia, siendo tachados como colaboradores de ella. Las Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, los líderes sindicales, la población civil sindicalizada, los estudiantes, militantes y simpatizantes de los partidos de izquierda y sus familiares fueron también fuertemente afectados, al igual que abogados o investigadores judiciales que se ocuparon de las denuncias, como mecanismo usado por los grupos armados para mantener en la impunidad los crímenes. Por otra parte, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, afectaron a jóvenes de zonas vulnerables del país, detenidos ilegalmente, asesinados y hechos pasar como miembros de la insurgencia, con la pretensión de contarlos como guerrilleros dados de baja, ésta es la única práctica conocida en la que el encubrimiento implica la exhibición del cuerpo de la víctima, pero trastocando su identidad (CNMH, 2016). 9 (Entrevista personal, 04 de noviembre, 2016). Trabajadora social, especialista en cultura política, pedagogía en derechos humanos y candidata a magister en educación en derechos humanos. Con experiencia acompañamiento psicosocial, incidencia y gestión política en casos de desaparición forzada. Víctima de desaparición forzada de dos hermanos. 19 Respecto a los perpetradores de los hechos, el Centro de Memoria señala que entre 1970- 1981 los agentes de seguridad del Estado y los paramilitares fueron los principales responsables del delito, usándolo como respuesta contrainsurgente ante el surgimiento de las guerrillas, amparados en la constante declaración de Estados de Excepción10. Entre 1982 y 2005 se señala que la desaparición forzada creció a la par de la expansión paramilitar, convirtiéndose como los principales ejecutores del crimen. La guerrilla en esa época también tuvo una significativa participación en la práctica, con plena intencionalidad, o como consecuencia del secuestro o el reclutamiento forzado. Por último, entre 2006-2015 los grupos armados paramilitares que persistieron después de su desmovilización tuvieron prevalencia como responsables. Por otra parte el narcotráfico, los grupos denominados de limpieza social y delincuencia común y organizada, también tuvieron participación en la ejecución de la práctica; sin embargo a pesar del conocimiento de los perpetradores, no es de extrañar que por la naturaleza misma del crimen, más de la mitad de los casos registrados no tengan autor conocido. Poniéndolo en cifras exactas, de las 60.630 personas desaparecidas, el 51,4% no tiene autor conocido, del porcentaje restante, el 46,1% responde a grupos paramilitares, el 19,9% a las guerrillas, el 8,8% a grupos posdesmovilización, 8% a agentes del Estado, y el 15,9% a grupos armados no identificados (CNMH, 2016, pp, 81-82) Vale hacer la precisión que parte del porcentaje que poseen los paramilitares podría ser compartido por agentes del Estado, quienes en operación conjunta llevaron a cabo desapariciones, y quienes por su silencio intencional y consciente, y con su conocimiento pleno de la práctica sin cumplir eficientemente su deber de protección, tienen cuota de 10 Para definición consultar Constitución Política de Colombia. Artículos 212, 213, 214. 20 complicidad11. Como señala el CNMH, la diversidad de perpetradores y de víctimas, obedece a que su ejecución estuvo sujeta a diversas intencionalidades, que dependían del grupo armado y de los objetivos buscados con su ejecución. En la actualidad el tratamiento legal de los casos de desaparición forzada cobija a los familiares de los desaparecidos, mediante la ley 975 de Julio de 2005 de Justicia y Paz. La inclusión de éstos como víctimas, permite reconocer y visibilizar las afectaciones que a largo alcance tiene la desaparición forzada, no solo en la víctima directa12, sino en aquellos que hacían parte del entorno que él compartía. Son los familiares quienes deben enfrentar una pérdida, acompañada de la incertidumbre por no conocer el paradero ni el estado de su familiar, son ellos quienes deben lidiar con la frustración de un aparato de justicia ineficiente, unos hechos que no son esclarecidos, una verdad a medias, y constantes amenazas por parte de los perpetradores quienes buscan evitar denuncias y silenciar lo ocurrido, son los sobrevivientes de la guerra quienes sufren en el día a día las consecuencias que ésta deja para su vida diaria.11 Incluso en el ¡Basta Ya! de 2013, del Grupo de Memoria Histórica, aunque la cifra de casos de desaparición ha variado significativamente, se consideraba a los miembros de la Fuerza Pública como mayores responsables del crimen. Ver pág. 37. 12 Entiéndase como aquella en la que recae directamente la acción victimizante 21 2.1 Sucesos que empiezan a gestarse. El Oriente Antioqueño y la conflictividad naciente. Lo ocurrido en La Esperanza está precedido por una historia de conflictividad que empezó a gestarse en la región del Oriente Antioqueño, y que desató circunstancias que posibilitaron que la vereda se viera inmersa en medio del conflicto armado. Un breve recorrido por la región, permitirá develar las bases históricas de los hechos ocurridos en la vereda, para entender con más claridad cómo los hechos iniciaron y qué componentes lo posibilitaron, entrever cómo fue la incursión de determinados actores armados en la Vereda, y vislumbrar por qué su ubicación geográfica fue determinante en lo ocurrido, además de traslucir la herencia de movilización política que tiene la vereda, por los procesos que hicieron eco en la región, y que pueden ser base al proceso comunitario que hay establecido allí. El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en la que está dividido el departamento de Antioquia, y ha sido uno de los territorios más afectados por la desaparición forzada (CNMH, 2016). Propiamente la conflictividad en la región, como señala Clara García13, comenzó con unos procesos económicos, sociales y políticos en los sesentas, que buscaban insertar al Oriente en una economía regional y nacional, con la mira de expandir la industria centrada en el Valle de Aburrá y ejecutar proyectos nacionales de electrificación y comunicación vial (2011), allí llevaron a cabo megaproyectos de infraestructura, tales como centrales hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba y la zona franca de Rionegro. Esta expansión, sin embargo, se concentró en unos municipios específicos, lo cual generó una brecha de desigualdad socioeconómica y política entre el altiplano industrializado y urbanizado, denominado como Oriente cercano con municipios como Rionegro y Marinilla, y 13 Cinep-Odecofi. Instituto de Estudios Regionales. (2011). Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008. 22 una zona periférica del oriente lejano, con municipios como San Luis y San Rafael (García, 2011), adicionalmente los proyectos de infraestructura afectaron de forma directa a los municipios que fueron atravesados por ellos. Todo esto a su vez llevó a que la economía de la región se urbanizara y tercerizara, en contravía a la tradicional economía campesina de la región, provocando a su paso una reconfiguración y cambio de la vocación productiva del territorio y de las actividades de sus habitantes. Como respuesta a todos estos cambios, y sus consecuentes afectaciones, autoridades públicas impulsaron asambleas municipales de alcaldes, elaborando un pliego de necesidades regionales a la luz de las problemáticas e inconformidades que se estaban presentando. Esto se hizo visible tanto en los discursos de los funcionarios que lo difundieron, como en las comunidades mismas que empezaron a integrarlo a sus demandas, desde ahí fue que la región empezó a pensarse íntegramente desde las reconfiguraciones nacientes (García, 2011). Propiamente en los 80’s bajo el interés de administrar los recursos de la región, el gobierno creó la Corporación de Desarrollo Regional Rionegro-Nare (Cornare), la cual a partir de las diferencias socio-espaciales de cada municipio, los agrupó por subregiones, quedando en las divisiones de “Altiplano”14, “Embalses”15, “Bosques”16 y “Páramos”17. Justamente, estas distinciones se convirtieron en las categorías para ejecutar las políticas públicas, y de paso las categorías desde donde la población civil empezó a ubicar sus municipios, unificar y referenciar sus peticiones y distinguirse entre sí, identificación que incluso es visible hasta la actualidad. Así, con Cornare el Estado produjo región en su connotación territorial, pero a su vez creó una manera de pensar y actuar en el territorio mismo (García, 2011, p. 34, 50). Gracias a estos procesos y configuraciones particulares, si en los 60’s y 70’s la región 14 Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente 15 Alejandría, Concepción, El PEñol, Granada, Guatapé, San Carlos, San Rafael 16 Cocorná, San Francisco, San Luis 17 Sonsón, Nariño, Argelia, Abejorral 23 permanecía como una sumatoria de pequeñas localidades, los dos Orientes, el cercano y el lejano, empezaron a involucrarse por igual en el plano de la resistencia, lo que confluyó en el nacimiento en los 80’s, de un movimiento cívico de carácter regional, que impulsó una movilización cívica contra la política de Estado en diversos puntos cardinales. Desde ahí el Oriente Antioqueño se constituyó con mayor fuerza, como una unidad socioespacial de identificación social y política, y se asumió como un solo territorio propio, creando propuestas colectivas en torno a él.18 (García, 2011) Sin embargo, el Movimiento cívico del Oriente fue duramente atacado durante su accionar en esos mismos años, con el asesinato de sus integrantes y dirigentes cívicos, cerrando el ciclo de protestas del movimiento con el asesinato del líder cívico Ramón Emilio Arcila el 29 de diciembre de 1989, candidato a la alcaldía de Marinilla. Estos hechos debilitaron la lucha de los líderes y permitió a la clase dominante seguir direccionando los proyectos allí, justamente las acciones contra ellos fueron una estrategia de represión a líderes cívicos, y a personas estigmatizadas como afines a la insurgencia. Tras el debilitamiento del movimiento, en los 90’s nació la Asamblea Provincial Constituyente, la cual buscó recomponer y cohesionar liderazgos desaparecidos, sin que fueran acalladas por las armas (PNUD, 2011). Y es que el legado del movimiento cívico persistió en el tiempo, tanto así que en cuatro años de movilización social forjó un sentido de lugar que aún se conserva en la memoria colectiva de los habitantes de la región, de los líderes sobrevivientes, y hasta de integrantes del ELN que acreditan pertenencia a ese Oriente, atribuyendo su decisión de conformar las filas del grupo armado, ante decepción por la paralización de cualquier alternativa política por 18 El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (2010) Oriente Antioqueño, análisis de conflictividad, recalca que dichas fueron una suma de inconformidades por la implementación de decisiones inconclusas que ponían en evidencia una histórica exclusión política, y hacia latente la inequidad del manejo de los recursos. El detonante, según el informe, fue la pretensión del Estado de cobrar impuestos de valorización de energía, ante lo cual la comunidad reaccionó negativamente 24 presencia paramilitar. Según el PNUD19, este hecho tiene implicaciones aún en los procesos político-sociales del presente, por los lazos de solidaridad creados en su momento y que aún perduran, y por la impresión dejada de que los problemas sociales pueden ser enfrentados colectivamente ( 2011), ejemplo de esto son los procesos comunitarios fuertemente consolidados en la actualidad, como los que se dan alrededor de temas sobre el manejo de los recursos naturales, o referentes a sucesos en la época de la violencia, como es el caso de la Vereda La Esperanza, o de los municipios de San Rafael y San Carlos20. Particularmente las dinámicas del conflicto armado también se hicieron evidentes en la conflictividad naciente en laregión, los grupos armados cobraron protagonismo en la violencia contra los movimientos cívicos, la cual se vio aumentada considerablemente por la presencia de estos. Justo a partir de esta época se evidenció un aumento de sus acciones, pues en los 60’s estos no ocupaban un lugar central en la confrontación armada, a pesar de que tenían algunos asentamientos guerrilleros en la región. El ELN era el grupo con mayor presencia en el territorio, el cual se alimentó de la indignación por el exterminio del movimiento cívico en los 80’s. Las FARC tuvo protagonismo tiempo después, y el EPL hizo presencia en la región marginalmente. Las FARC estaban en la región desde los 70’s, en un repliegue de uno de sus frentes que venía desde Urabá buscando refugio en la zona de embalses, para 1982 ya estaban presentes sus frentes 9 y 47 allí (PNUD, 2011). En la región el conflicto armado ascendió entre 1997 y 2007, cuando grupos guerrilleros del ELN se expandieron desde los alrededores de los municipios de Embalses y San Luis, hacia el conjunto perteneciente del oriente lejano, con las subregiones de embalses, bosques y 19 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia 20 Estos municipios fueron fuertemente afectados en la época del conflicto, y ha adelantado comunitariamente procesos de memoria, reparación y visibilización en relación a los hechos ocurridos. 25 páramos. Junto a esta expansión y la respuesta del Estado para combatirlos, la presencia de grupos paramilitares con su estrategia contrainsurgente aumentó, marcando el inicio de un conflicto con una fuerte crisis humanitaria regional (García, 2011). El periodo más intenso del conflicto se presentó a partir del 2000 durante cinco años siguientes, donde al tiempo que disminuían las acciones del ELN, las de las FARC presentaban un aumento, con enfrentamiento contra el Ejército Nacional, constituyéndose aquellos como actores protagónicos. En esta época en la batalla por acabar con el control de la guerrilla en la región, se dio un relevo entre las Fuerzas Armadas estatales y los paramilitares, quienes hicieron presencia desde grupos como la Accu de Carlos Castaño, las autodefensas del Magdalena Medio, los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Inicialmente el dominio paramilitar en el altiplano y la zona de embalses, estaba controlado por el Bloque Metro, y San Luis, San Francisco y Cocorná, por las Autodefensas del Magdalena Medio, lideradas por Ramón Isaza y su yerno McGiver21 (García, 2011) Como señala Clara García, estos cambios en el protagonismo de los actores armados, las confrontaciones internas tanto de guerrilleros como de paramilitares, y el contraste entre sus lógicas territoriales, evidencian una geografía del poder regional, producto de la manera diferente cómo interactúan las lógicas de los actores armados, con la dinámica de la configuración del territorio. La confrontación producto del interés de integrar la región a la economía del Valle de Aburrá y del país, y la presencia de grupos armados con su interés de control territorial, son los componentes que acompañan la historia del conflicto armado en la región. 21 Según el informe del PNUD, el Oriente sufrió la presencia paramilitar a partir de las masacres en San Rafael, San Luis, San Carlos y en la Vereda La Esperanza del Carmen de Viboral 26 2.2 La inserción del conflicto armado en la Vereda La Esperanza y sus consecuencias en el territorio Si bien El Carmen de Viboral, lugar donde está ubicada la vereda, en comparación a otros municipios de la región fue uno de los menos afectados por el conflicto armado, al no haber sido central en el interés de los actores armados por el control territorial, este de igual forma tuvo su cuota de afectaciones. Hechos que fueron producto de la época de violencia, se hicieron latentes en las veredas más alejadas del casco urbano, las cuales por su ubicación geográfica estratégica, fuera por su función como corredores con otros municipios, o por su lejanía misma, favorecieron la presencia de grupos armados, y los consecuentes eventos que con ellos se presentaban. Tal fue el caso de veredas como La Honda, la cual fue fuertemente golpeada con acciones como desplazamientos, asesinatos y minas anti-persona, siendo su ubicación geográfica un factor determinante para lo sucedido, ya que por su territorio se facilitaba el cruce hacia la autopista Medellín-Bogotá y por consiguiente la llegada hasta el Magdalena Medio. El caso de La Esperanza fue similar, su ubicación fue determinante para ser blanco en los intereses de los actores armados, pues la vereda está a los costados de la autopista Medellín- Bogotá, y tiene cercanía con los municipios que fueron blanco del enfrentamiento de los grupos, que si bien ésta es jurisdicción del Carmen, está más próxima a municipios que son la vertiente hacia el Magdalena Medio Antioqueño22, y que además fueron las rutas por donde salían y entraban todas las mercancías a Antioquia. Específicamente la desaparición forzada en el Carmen de Viboral hizo presencia a lo largo de su territorio, en el “Estudio análisis demográfico” de la Alcaldía del municipio de septiembre del 2014, registraban un 2% de desapariciones forzadas frente a demás hechos victimizantes, 22 Tales como Guatapé, El peñol, San Rafael, San Carlos, Cocorná, San Luis y San Francisco 27 con un total de 200 personas desaparecidas en el municipio, frente a otros hechos como el desplazamiento forzado que ocupaba un 71,6% con 7208, u homicidios con un 23,4% con 2359 personas. En su “Plan municipal para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado” tienen registro de que en 42 de sus 55 veredas ocurrieron desapariciones forzadas, al igual que en su zona urbana. Sin embargo, en el proceso de recolección de la información no se hallaron bases de datos unificadas o fuentes directas donde pudiera desmenuzarse la información, no se encontraron datos detallados de las personas desaparecidas, ni de los perpetradores de los hechos, ni con exactitud los períodos del conflicto en el municipio. Como mucho en referencia a la época de violencia, se encontraron trabajos con datos muy generales, contextualizado en investigaciones de otros territorios, o del Oriente Antioqueño propiamente, con un enfoque al conflicto armado en general, no centrado en la desaparición; en referencias en publicaciones como “Ni siquiera 18 años de olvido agotaron la fe de la Honda” en el periódico el colombiano, por José Fernando Serna23, o trabajos de grado como “Allá está mi tierra entre montañas” de Marisol Gómez para optar por título de comunicadora social, además de diversas publicaciones en la página de Verdad Abierta24. En cuanto a otros escenarios no académicos, han habido procesos de reparación y tratamiento del conflicto, desde acciones por parte de organizaciones como Conciudadanía25, pero no tienen un reconocimiento público amplio en el municipio, para estas acciones ejecutadas en veredas del municipio, se haría necesario una investigación más amplia. Trabajos en referencia a la época del conflicto armado en el municipio no son abundantes, y aún menos con el enfoque de la desaparición forzada, adicionalmente y como consecuencia, 23 23 de Junio de 2015, http://www.elcolombiano.com/antioquia/ni-siquiera-18-anos-de-olvido- agotaron-la-fe-de-la-honda-XI2183055 24 Medio de información con énfasis en el conflicto armado colombiano: http://www.verdadabierta. com/ 25 Organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro, que promueve la participación ciudadana para la construcción de territorios reconciliados y en paz 28 las pocas cifrasque se encuentran no son precisas ni detalladas. Por otro lado, la Vereda La Esperanza es un contraste en relación al resto de su territorio, allí se han hecho cuantiosos trabajos de reconstrucción de los hechos, y diversos procesos de visibilización, lo que quizá podría explicarse por su cercanía con los municipios más afectados en el Oriente, y porque la desaparición masiva de los campesinos ocurrida allí se convirtió en un hito en la región. La vereda se encuentra ubicada sobre la autopista Medellín-Bogotá, entre Doradal y El Santuario, cercana al municipio de Cocorná, su posición estratégica, y su ubicación en zonas ricas en recursos, propició que fuera blanco de los actores armados, en su disputa por el control territorial y de los recursos. Según reseñas de la vereda, fueron Pedro Giraldo y Eliseo Castaño sus fundadores26, ellos llegaron a habitar este territorio que anteriormente se llamaba Úrsula, pero que Pedro renombró en 1932 como La Esperanza. Él mismo dio el predio para la construcción de la escuela fundada en 1920, y que en 1973 fue reemplazada por una nueva instalación, donada por la federación de cafeteros del municipio y la comunidad. En 1932 se construyó la capilla Santa Cruz, que hasta la actualidad se encuentra a orillas de la autopista, y ya para 1928 la vereda estaba organizada en 20 familias. El territorio de la vereda se compone de tierras levemente planas, hasta pendientes largas y cañones, producto de su ubicación entre montañas, que además hace que su paisaje esté compuesto por cantidad de matorrales, que sus habitantes caminan con total conocimiento y confianza. Su territorio es abundante en nacimiento de aguas, está atravesado por el río Cocorná, y las quebradas La Hundida, El Viadal, La Cadavid, La Florida y La Cascada, lugares que han sido centrales para la comunidad en cuanto a fuentes de subsistencia y espacios de reunión y ocio. 26 Ver bibliografía 29 La riqueza de la vereda también se traduce en su abundancia de variedad de plantas, que han servido incluso, para que personas de la comunidad curen todo tipo de enfermedades con ellas. Los animales que allí se encuentran han sido fuente de alimento para ellos, que aunque en los últimos años la ley les haya establecido restricciones, las guaguas con su delicioso sabor a carne de cerdo, y los gurres con su cuero duro para atravesar por el machete, han convertido la caza en toda una hazaña y bendición. Todo el territorio de la vereda está cubierto por gran diversidad de árboles, flora y animales que la comunidad ha usado de un modo u otro para su provecho. Toda esta riqueza de recursos, y las posibilidades que les brindaba las particularidades de su territorio, los pobladores las aprovecharon para su sostenimiento, y para construir un estilo de vida en torno a él. Para subsistir cultivaban caña, café y achira, que transportaban en mulas un tramo, y luego en carro hasta los municipios más cercanos, como Cocorná, Marinilla, y el Santuario, mientras el tiempo libre lo usaban para jugar por sus caminos, visitar a sus vecinos, aprender a nadar contra las corrientes de los ríos y recorrer cada tramo que compone las montañas. Pero para la comunidad la construcción de la nueva autopista en los 70’s generó un cambio significativo, sobre todo en su vida productiva, pues la forma de transportarse y de comunicarse con otros municipios cambió, y como consecuencia la manera de impulsar sus actividades económicas. También su vida diaria tuvo una transformación, con la llegada frecuente de visitantes a las cascadas, los rostros desconocidos empezaron a ser parte del paisaje, y el aumento de la militarización en la región fue motivo de encuentros frecuentes con el ejército en los caminos, pues la instalación de bases militares estuvieron desde el corregimiento de Doradal en el municipio de Puerto Triunfo, hasta el municipio de Santuario por toda la autopista, generando una significativa presencia de estos. En parte gracias a la construcción de la autopista, la vereda gradualmente fue pasando de una 30 vocación productiva campesina a actividades de otra naturaleza, sus habitantes empezaron a ser parte de la mano de obra de empresas de municipios cercanos, o a enfocar sus labores en los lavados de carros a los costados de la carretera; y aunque su tradición campesina no se haya esfumado del todo, con sus pequeñas parcelas de cultivos sembradas a los alrededores de las casas, o el cuidado de vacas y gallinas sobre todo para consumo personal, ésta dejó de ser centralidad en sus actividades económicas para la subsistencia. Pero éste cambio no sólo fue consecuencia de las dinámicas que trajo consigo la autopista, con sus posibilidades de mayor movilidad hacia otros municipios, o con el impulso de actividades relacionadas con el aumento de visitantes al lugar, sino que a su vez fue acompañado de eventos que tuvieron relación e impulsaron una transformación en la vida de los habitantes, al verse inmersos en un ambiente de violencia que estaba gestándose en la región. Cuando la vereda empezó a ser parte de las lógicas del conflicto, las noches de cantos y de ver las estrellas acostados en medio de la autopista cuando ésta no era tan transitada, empezaron a ser interrumpidas por el sonido de las balas, y por las ráfagas vistas de una montaña a otra, producto de los enfrentamientos entre los actores armados. Así mismo la quema de automóviles en la autopista, y el encuentro con guerrilla, ejército y paramilitares por los caminos se convirtió en paisaje común, y poco a poco el ambiente de violencia fue provocando sentimientos de temor, que confluyeron en el abandono de las tierras, producto de la huida, o un inevitable abandono por la muerte de quien las cultivaba. En cuanto a los actores armados que lo provocaron, en La Esperanza ya había presencia de guerrilleros del ELN antes del escalamiento del conflicto, pero sus acciones no tenían mucha relevancia, fue la paulatina llegada de diferentes grupos armados, como las FARC, los Paramilitares, y la Fuerza Pública, los que trajeron para la vereda un ambiente de terror ante su disputa por el poder. Sus acciones se vieron reflejadas en secuestros, quema de vehículos, paros armados, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres, torturas, 31 enfrentamientos entre el ejército y la insurgencia, y tratos crueles hacia la población, que se sumaban a la estigmatización por parte de la fuerza pública hacia la comunidad como colaboradores de la guerrilla. Esta estigmatización produjo frecuentes encuentros con el ejército, sobre todo con líderes comunitarios, que llevaban a amenazas e intimidaciones por parte de ejército y paramilitares con afirmaciones como “(es mejor que se) estuviera callado que de pronto se le llenaba la boca de moscos”, sumándole restricciones a la libre movilidad en el territorio, pues cada movimiento para ellos era sospecho. Si bien era cierto que personas de la región se habían enlistado a la guerrilla motivados por las problemáticas que se presentaron allí, los señalamientos a los habitantes de la vereda eran sin fundamento y basados en prejuicios y señalamientos, ellos eran campesinos inmersos en un enfrentamiento entre tres actores del conflicto. Aunque estos sucesos ya venían causando gran molestia en la comunidad, con muertes y desapariciones de sus integrantes, el suceso que se instauró como superación de todo lo conocido, y como acontecimientos que partió su historia en dos, fue la desaparición sistemática de sus campesinos en 1996, época en la que se presenta el escalamiento del crimen a nivel nacional, el cual después de haber tenido un decrecimiento de 1991 a 1995, a partir de 1996 hasta 2005 da una explosión “desbordando todo lo conocido hasta ese momento”, siendo el Oriente Antioqueño una de las regiones más afectadaspor este tipo de violencia (CNMH, 2016) Este hecho marcó la vida de cada habitante que vivió en carne propia los sucesos, y que sintió de forma particular sus consecuencias, por eso cada uno tiene una forma propia de narrar lo sucedido en referencia a su historia. Doña Aurora por su parte lo hace desde la desaparición de uno de sus hermanos, y para referirse a él comienza por su matrimonio como hilo conductor del relato, recordando que después de ella casarse, su hermano Octavio aún tenía la 32 costumbre de visitarla casi todos los días en busca de “que alguna cosita le diera yo acá, cualquier cosita, que aunque la situación económica estaba muy dura uno levantando a los niños, cualquier cosita resultaba pa’ darle” (Entrevista, 08 de Agosto de 2016). El 09 de Julio, día de su desaparición no había sido la excepción. Octavio había salido de su casa diciéndole a su esposa Florinda que iría al pueblo en busca de su hermano Juan Carlos, promotor de salud, quien había tenido encontrones con el ejército de cuenta de ser tachado como colaborador de la guerrilla, debido a su labor comunitaria en la vereda, y quien había sido desaparecido días antes en la capilla mientras dictaba catequesis a unos niños, Octavio pensó que quizá allí podría encontrar información sobre él. Pero antes de coger transporte hacia Cocorná, hizo una parada en la casa de su hermana Aurora ubicada a un costado de la autopista, y después de tomarse la sopa con agua panela de sobremesa reglamentaria, salió a la carretera por la jaula que lo llevaría al casco urbano, pero mientras esperaba en su reemplazo pasaron tres camionetas, y lo subieron a “dar una declaracioncita”. Desde ahí no se ha vuelto a tener información sobre él, ni su hermano. El mismo día que desaparecieron a Octavio, doña Flor, otra de sus hermanas, recuerda que hombres armados llegaron a su casa, y de ahí se llevaron a su esposo montaña abajo, de quien tampoco se ha vuelto a tener información. El relato de estas mujeres se entreteje con el recuerdo de lo difícil que fue enfrentar tal hecho, Florinda dice que cuando su hermano fue a avisarle que a su esposo Octavio se lo habían llevado de la autopista los paramilitares, la impresión no lo dejaba hablar, era una imposibilidad de verbalizar un hecho para el que ellos no tenían nombre ni emociones conocidas, cuando su hermano logró ponerlo en palabras y comunicárselo, la primera reacción de ella fue la negación, luego vino el llanto. Para Flor, el dolor que sentía, el embarazo de su quinta hija y el cuidado de otros cuatro hijos pequeños, no fueron impedimento para ir a denunciar al día siguiente. Así mismo como estas mujeres tuvieron que enfrentarse a un acontecimiento de tal impacto 33 emocional, varias familias de la vereda pasaron por la misma situación, el primer episodio de la desaparición forzada sistemática se dio el 21 de junio de 1996 a las 7:30 de la noche, con la detención de dos campesinos por parte de miembros del grupo paramilitar del Magdalena Medio dirigido por Ramón Isaza. A partir de ahí la racha de desapariciones continuó, siendo alternada por paramilitares y miembros de la fuerza pública, o en operación conjunta. Estas estuvieron igualmente acompañadas de otras acciones intimidantes, como la que tuvo lugar el 26 de junio cuando soldados de la Fuerza de Tarea Águila del ejército, llegaron a una de las viviendas de la vereda, y dispararon contra ella con armamento M60, desde la una de la mañana hasta aproximadamente las cuatro de la madrugada, argumentando que la casa estaba llena de guerrilla y que por eso había sido destrozada. Incluso personas no pertenecientes a la vereda, pero que estaban vinculadas con lo sucedido, fueron blanco de las ofensivas, siendo el caso del personero del municipio del Carmen, Helí Gómez, quien fue asesinado en el casco urbano por sus denuncias ante medios de comunicación de los grupos paramilitares y del ejército como responsables de las desapariciones en el municipio, sobre todo en la vereda La Esperanza, cuestionando la indiferencia de los grupos militares y la impunidad latente. El 27 de diciembre se presentó la última desaparición en manos de los paramilitares, pero a pesar de haber parado en la vereda, estas siguieron teniendo eco en la comunidad, muchas de las familias se desplazaron poco a poco de allí a raíz de lo acontecido, y adicionalmente en el 2000 se dieron dos desplazamientos forzados masivos, producto de amenazas del grupo paramilitar liderado por Ramón Isaza, en una búsqueda por silenciarlos. Niños, hombres y mujeres fueron víctimas de lo acontecido, unos por ser líderes de la vereda y potenciales sospechosos, otros por haber denunciado ante autoridades lo sucedido, y otros por el sólo hecho de ser campesinos, que según los perpetradores, los convertía en ayudantes de los grupos insurgentes, y en justificado blanco de sus acciones victimizantes. 34 Pero en la vereda no sólo fue víctima el sujeto que desaparecieron, sino todo aquel que tuvo, y tiene aún, que soportar el dolor constante que produce recordar lo acontecido, aquellos que deben vivir con la sensación que deja la conciencia de un acontecimiento que ha roto el rumbo de sus vidas. Doña Florinda recuerda que después de la desaparición de su esposo, durante mucho tiempo creyó ver una lucecita asomada en el verdor de los matorrales de la montaña, con la ilusión de que él asomara de repente, para ella como para muchos otros familiares, esta espera no ha cesado hasta hoy, como si la ilusión de que la vida se recompusiera y volviera a su estado original, mantuviera aún viva. La reacción de los habitantes de La Esperanza ante los hechos ocurridos, como comunidad y como familia, fue la denuncia en diferentes entidades, como la Policía y la Personería, tanto del Carmen y de Cocorná, el juzgado, la Fiscalía, la oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Organismos de Derechos Humanos etc., pero muchos de los que denunciaron y entregaron los testimonios que daban cuenta del actuar conjunto de ejército y paramilitares, fueron tiempo después desaparecidos o asesinados. Comunitariamente son diversas las denuncias interpuestas, y amplios los recursos que han usado en busca de información de sus familiares, ellos han acudido a la Unidad Nacional de derechos humanos de la Fiscalía, han hecho demandas de reparación ante justicia contenciosa administrativa, han participado en audiencias del Congreso de la república reclamando por un debido proceso, y tienen proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la cual tuvieron audiencia el 21 y 22 de Junio de 2016 en Costa Rica. Además de la lucha jurídica, la comunidad de la vereda ha apostado por todo un proceso de visibilización, que ha contado con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, 35 principalmente de la Corporación Jurídica Libertad27, la cual los ha acompañado en todo el proceso jurídico; otros movimientos sociales como hijo e hijas por la memoria y contra la impunidad y Movice28, han mediado sus iniciativas a través de medios de comunicación, de denuncias públicas, de participación en eventos relacionados a los crímenes cometidos y conmemoraciones realizadas casi anualmente. La primera de las conmemoraciones se realizó el 16 de noviembre de 1996 mediante un acto público donde se pedía el regreso de los campesinos desaparecidos, llamado “Recuperar la esperanza para La Esperanza”, el segundo acto público llamado “Resistir en La Esperanza tras una década de impunidad” realizado el 12 de agosto de 2006, a partir del cual empezaron a realizar eventos más regularmente. Pero a pesar de todas sus iniciativas, la comunidad no ha recibido la verdad que tanto han buscado, lo máximo que han recibido son declaraciones parciales por parte de Ramón Isaza, en audiencias en el marco de Justicia y Paz, o en entrevistas realizadas por periodistas,donde efectivamente confirma la realización de operativos en la vereda por parte del grupo que él tenía a cargo. En 1997 al periodista Hollman Morris le afirmó que los campesinos habían sido asesinados, lo cual luego desmintió ante insistencia del Monseñor Flavio Calle quien acompañaba a la comunidad en el proceso, de que diera información sobre el paradero de los cuerpos. En diferentes declaraciones Ramón Isaza también ha afirmado que quedaron tirados en combates, cuando estos eran campesinos no integrantes de grupos armados, o que fueron arrojados a los ríos Samaná, Calderas y Magdalena, en otra ocasión junto a otros postulados afirmaron que los habían tenido amarrados y vendados en busca de sacarles información, y luego habían sido asesinados. En las audiencias de Justicia y Paz han señalado como responsables a militares que se encuentran muertos, y así mismo otros postulados de las 27 Organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, la representación de víctimas de crímenes de Estado, el acompañamiento en procesos organizativos populares y de defensa en el territorio y en la reconstrucción de la memoria histórica. 28 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 36 Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se limitan a aceptar las responsabilidades, sin señalar involucrados de la fuerza pública. Las personas de la vereda de La Esperanza aún reclaman la verdad, pues todas estas declaraciones parciales y, en voz de ellos, contradictorias, no le merman la incertidumbre producida, adicionalmente el cuerpo de sus seres queridos aún se encuentra ausente, lo cual ratifica para ellos la falsedad de las declaraciones de los responsables. Ellos en este camino aún siguen reclamando la justicia que se ha quedado paralizada, justamente el proceso adelantado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una denuncia contra el Estado, por una investigación penal que aún no ha llegado a la identificación de los responsables de los hechos, el juicio hasta el momento sólo se ha abierto contra Ramón Isaza y el Mayor del ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, pero tampoco se ha tomado ninguna decisión de fondo. Son 20 años en el que el caso aún sigue en la impunidad, y mientras tanto las familias siguen pidiendo por justicia y verdad, que en muchas ocasiones se traduce en encontrar la materialidad de sus familiares, sus cuerpos29. 29 La historia de la vereda, fue una reconstrucción desde artículos sobre eventos, cartillas elaboradas con la CJL, noticias de los hechos, recolección de información en los eventos y entrevistas realizadas en el trabajo de campo. Para consultar fuentes remitirse al apartado Bibliografía 37 3. La vida que se va detrás del cuerpo que violentamente sustraen de su entorno social. La desaparición forzada y sus afectaciones. Años han pasado después de lo ocurrido en la vereda, e incluso así el paso del conflicto todavía palpita en el corazón de sus montañas, sus caminos aún contienen las historias de lo acontecido allí, y de paso conservan el recuerdo de sus tiempos pasados, en una especie de contraste de lo que era la vida y lo que empezó a ser con la llegada de la violencia allí. Y es que aún las tierras conservan el olor del café que en un tiempo pasado copaba sus faldas, y el arraigo de sus habitantes por ese espacio que fue fuente de trabajo, y oportunidad para construir una familia, se hace todavía presente en las palabras que incluso hoy usan para referirse a la vereda, esa que es evocación de sus tiempos venturosos, pero que también guarda en sus caminos la esencia que dejó el paso del conflicto, pues recorrer sus tierras es caminar los miedos que aún se esconden tras el espesor de sus matorrales, y escuchar los susurros que acompañan los caminos que recorrieron aquellos que ya no están. Precisamente, en la vereda La Esperanza hablar de sus familiares desaparecidos es hablar de una ruptura de la palabra pasado, ésta se bifurca entre la añoranza de un tiempo donde las preocupaciones se concentraban en cultivar la tierra y la crianza de los hijos, a otra cargada de una angustia producto de una forma de vida que fue arrebatada, y ante la que no se tenía intención de renunciar. Para ellos hablar de quien fue extraído violentamente de su comunidad, es hablar del dolor que produjo y aún produce el abandono de la vida, de esa que en la época de la violencia los grupos armados se llevaron, y de paso la de ellos mismos, que se fue tras su desaparecido con todo lo que los unía. De ese dolor que sienten no sólo dan fidelidad las palabras, ni la narración es la única forma de expresarlo, pues en su momento el cuerpo también tomó parte, 38 y físicamente se manifestó, los familiares experimentaron pérdidas de memoria, caídas de cabello, gastritis crónicas, muertes por pena moral y enfermedades incluso incurables, que se convirtieron en el medio por el cual el dolor brotó de su enclaustramiento, y que hasta el día de hoy dan cuenta de su sufrimiento. Todo este dolor producto de los hechos, lo vivieron, y aún lo viven, aquellos hijos que no conocieron a sus padres porque estaban muy pequeños o incluso no alcanzaron a nacer, o aquellos hijos que los conocieron pero que sólo conservan recuerdos borrosos, lo padecen las madres que se obligaron a volverse ausentes en algún momento, y que les tocó privar de una presencia más a sus hijos, pues ante pérdida de sus esposos debieron trabajar extensas horas para hacerse cargo de sus familias, lo padecen padres que no esperaron que uno de sus hijos se marchara antes que ellos, al igual que hermanos y hermanas, familiares y conocidos, que ante vínculo con el desaparecido, sienten el vacío de su ausencia. Pero qué es lo que hace que sus ausencias desintegren de tal modo las vidas de quienes compartían con ellos, qué razón hay para que este sufrimiento se instaure tan adentro en las entrañas, que incluso después de 20 años el dolor se sienta con tal fuerza, para que las lágrimas aún broten tras su evocación, qué es acaso lo que provoca que el arrebato del cuerpo desestabilice el entorno social donde este estaba inserto y donde participaba activamente. Cuando los familiares hablan del cuerpo de su familiar, no sólo lo refieren como la materialidad evidente que lo compone, y que es su imagen directa, sino que hacen alusión a todo un universo de manías, preferencias, temperamentos y particularidades que son su imagen y subjetividad, y a su vez refieren a otro universo de sueños, anhelos, ilusiones y planes construidos en torno a él, que hacen parte de todas las significaciones sociales que lo definen y lo componen (Díaz, 2003). En Doña Aurora eso de que el cuerpo es más que materialidad está claro, para ella el cuerpo de sus hermanos es “el templo de sus espíritus” (Entrevista 08 de Julio de 2016), de todo un universo social que los definen y los representan. 39 Y son justo esos universos que los componen, los que crean ese vínculo particular, y especialmente establecido en bases sólidas con su espacio social, que les permite a los familiares referirse a ese cuerpo como padre, madre, hermano, vecino y campesino, son esas significaciones las que hacen que el sujeto forme parte integrante de su núcleo, mediante el establecimiento de unas relaciones de mutua dependencia. Esta relación la definen por todas las sensaciones, significaciones, subjetividades, emocionalidades, valores, costumbres, ideas e incluso prácticas que familiares han depositado en él, y que le han dado al cuerpo de su familiar un carácter de tejedor de historias y de sueños que nacen y confluyen en él; es justo desde esta construcción cultural del cuerpo y gracias a ella, que éste puede existir socialmente más allá de la materia
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