El-Plan-Colombia-la-iniciativa-regional-andina-hacia-la-guerra-o-la-concertacion-Richard-Buono

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EL PLAN COLOMBIA I
LA INICIATIVAREGIONAL ANDINA:
;,HACIA LA GUERRA,
O LA CONCERTACION?*
Richard A. Dello Buono, Ph.D.**
INTRODUCCIÓN
Si algo ya queda claro de Ia controversia sobre Plan Colombia/lnicia-
tiva Andina, es que el asunto no es un paquete limitado ai rescate de
una administración colombiana en crisis, sino que constituye una in-
tensificación cualitativa de Ia presencia norteamericana en Ia región
andina. Como opinó el ex-embajador estadounidense Robert White en
el Washington Post a comienzos dei 2000, el Plan Colombia ha sido
pensado como "un plan de contrainsurgencia estratégico, empacado
como un programa contra narcóticos". 1 Varios han analizado Ia bata-
lIa en el Congreso norteamericano sobre Ia aprobación dei presupues-
to dei Plan Colombia bajo Ia administración Clinton, para identificar y
evidenciar los amplios intereses que existen detrás de Ia intervención
norteamericana en Ia región. No hay necesidad de repetir aquí el aná-
lisis sobre estos debates internos de Ia concertación bipartidista de
Washington en lIi formulación dei Plan Colombia.2 En el análisis reali-
zado por el Centro para Ia Política Internacional se plantea que tanto
Ia forma y el contenido dei Plan Colombia, como Ia Iniciativa Andina,
reflejan Ia continuidad y expansión de una serie de intervenciones pre-
vias en Ia región por parte de los Estados Unidos.
En el caso dei Plan Colombia, Bogotá, en su desesperación por
superar Ia grave crisis nacional en que se encuentra el país, ha sido
sistemáticamente forzado a implementar medidas que han contribuido
directamente a Ia ingobernabilidad dei país. Evidentemente, Ia situa-
ción económica en Colombia ha contribui do a Ia agudización dei con-
flicto armado, sobre todo en un contexto donde Ias presiones de Ia
globalización y Ia apertura comercial de los anos 90 han coincidido
* Esta ponencia fue presentada ai Foro Nacional de Análisis de Relaciones Intemacionales en IaCiudad
de Panamá, Panamá en Octubre de 200I.
** Profesor Visitante, Universidad de Panamá. Ciudad de Panamá, República de Panamá
I Véase WHITE, R. E.: "Shades of Vietnam Heading for Trouble inColombia", The WashingtonPost,p.
A23, Washington, EE.UU, 8 de febrero, 2000; .
Véase por ejemplo el análisis disponible en castellano hecho por IPR Colombia, producido porel
Centro para Ia Política Internacional, 2000, en: www.ciponline.org).
A debate
con una caída persistente en Ia rentabilidad de algunas de sus expor-
taciones tradicionales, para producir algunas tensiones sociales
inmanejables dentro Ias estructuras sociales existentes deI país. Cuando
a esto se suman Ias presiones económicas que resultan de Ia campafia
contra el narcotráfico y ellavado de dinero, impulsada principalmente
por Washington, Ia estabilidad social deI país se ve amenazada aI ex-
tremo.
Hoy en día, casi todas Ias ramas de una economía compleja y medi o
misteriosa se encuentran en crisis, aI mismo tiempo que Ia industria
nacional, el sector cafetalero, Ia construcción y otros sectores claves
están coqueteando con Ia quiebra. A pesar de varias campafias para
convencer aI público colombiano de que Ia recuperación se ha inicia-
do, se impone de una manera, cada vez más desesperante, el principio
de realidad de Ia guerra. Ya ha sido calculado que los costos de Ia
guerra contra los insurgentes suman el equivalente deI 10 aI 20 por
ciento deI producto interno bruto anual, golpe que agudiza directamen-
te Ia crisis social de donde surge el conflicto violento, en primer lugar.
En este contexto de una severa crisis social, el Estado colombiano
ha optado por Ia internacionalización de su crisis interna a cambio de
Ia posibilidad de resolver militarmente el desafío aI modelo. El precio
de Ia asistencia norte americana ha sido una observable pérdida de
autonomía en sus políticas, donde el Estado se ve obligado a reformar
su sistema judicial, a aceptar ser un campo de experimentación bioló-
gica para los nuevos agentes de fumigación y ajustar sus actitudes y
políticas internacionales en contra de Ia posibilidad de Ia integración
genuina de Ia región, todo esto para ganar sus nuevos helicópteros,
modernos sistemas de radar y una elevada asesoría técnica para Ia
guerra. La estrategia sigue siendo orientada hacia Ia erradicación de
los insurgentes en lugar de negociar el fin deI conflicto.
Si planteamos entonces que el Plan Colombia ha sido disefiado e
implementado en el contexto histórico de un intervencionismo ante-
rior, aI igual que Ia Iniciativa Andina, es importante mostrar que esas
intervenciones norteamericanas fueron multifacéticas en su naturale-
za. Por eso, vale Ia pena pasar revista a Ias relaciones Estados Uni-
dos-Colombia de una manera más detallada.
ALGUNOSANTECEDENTES
DELPLANCOLOMBIAYLAINICIATIVAANDINA
El Plan Colombia, tal como fue acordado entre Ias administraciones
Pastrana-Clinton, tiene que ser visto como el producto deI último giro
en Ias relaciones Estados Unidos-Colombia, Ias cuáles siempre se han
caracterizado por un complejo amor-odio. De manera más elocuente,
Pardo y Tokatlian3 argumentaron que Ia política exterior colombiana
PARDO, R. y 1. TOKATLIAN: "Teoóa y Práctica de Ias Relaciones Intemacionales: EI Caso de Colom-
bia", Documentos Ocasionales, no. I, Centro de Estudios Internacionales de Ia Universidad de Los
Andes, enero-febrero, 1988.
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Anuario de lntegración Latinoamericana y Caribena
ha vacilado entre el respice polum y Ia respice similia. EI principio
dei respice polum se entiende como una lealtad incondicional aios
Estados Unidos, Ia cual caracterizó Ia postura deI país desde 1913
cuando Colombia reconoció Ia independencia panamefia por Ia firma
dei Tratado Urrutia-Thompson hasta Ia creación de Ia Organización
de Estados Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR) en los afios 40. En los tiempos de respice
similia, en cambio, Colombia ha mirado Ias posibilidades de cultivar
relaciones internacionales más autónomas.
En Ia época deI inicio de Ia Revolución Cubana, Washington esta-
bleció como prioridad contener su influencia radical sobre el resto de
América Latina mediante una política de aislamiento a Cuba en el
hemisferio. Siguiendo los deseos de Washington, el Canciller colom-
biano Turbay Ayala declaró en julio de 1961 que si Cuba insistía en
establecer contactos con el bloque chino-soviético, a pesar de los de-
seos de los países latinoamericanos, "se veda presionado a estudiar
medidas preventivas para salvaguardar Ia seguridad deI continente"4
AI empezar Cuba a establecer vínculos con Ia oposición izquierdista
colombiana, Ia situación culminó rápidamente con el rompimiento de
Ias relaciones entre Colombia y Cuba el 9 de diciembre de 1961, bajo
Ias presiones de los Estados Unidos.
Las presiones regionales de Washington incidieron en Ia decisión
de Ia OEA de expulsar a Cuba en 1964, con el apoyo colombiano. EI
conservador Guillermo León Valencia (1962-66) enfrentó a Ia guerri-
lla colombiana con ayuda norteamericana, aún más abundante por el
énfasis en Ia lucha contra insurgentes durante Ia época de Ia Alianza
para el Progreso.
Durante el gobierno siguiente deI liberal Carlos Lleras Restrepo
(1966-70), Ia tercera administración deI Frente Nacional, Colombia
buscaba más autonomía en sus relaciones externas de acuerdo con su
modelo estructuralista cepalino. Apoyó Ia creación deI Pacto Andino,
buscó una mayor diversificación de sus exportaciones y estableció
vínculos diplomáticos con algunos países socialistas.
Con Ia administración deI conservador Misael Pastrana Borrero
(1970-74), Colombia mantuvo Ia posición a favor de una
reconsideración colectiva por parte de Ia OEA para el reingreso de
Cuba, pero de ninguna manera como un acto unilateral. Durante Ia
administración deI liberal López Michelsen (1974-78), primera admi-
nistración post-Frente Nacional, Colombia profundizó el enfoque de
respice similia, abriendo vínculos diplomáticos con varios países, in-
clusive con Cuba, cuando se restablecieron Ias relaciones el6 de mar-
zo de 1975. La mismaadministración apoyó Ia propuesta deI Nuevo
Orden Económico Internacional (NOEI), Ia lucha por Ia soberanía
panamefia sobre el canal y Ia creación deI Sistema Económico Latino-
americano (SELA).
ALVAREZ,A.: "Cuba-América Latina: el caso de Ias relaciones inter-estatales con Colombia", Cua-
dernosde NuestraAmérica, voI. 7, no. 15, p. 175, Cuba, 1990.
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A debate
Pero Ia administración dei liberal Julio César Turbay Ayala (1978-
82) experimentó condiciones conflictivas internas, enfrentándose con
los sindicatos y Ia guerrilla. Su reacción fue ponerse en una posición
pro-estadounidense, aliándose con Ia administración Reagan y sus po-
líticas hegemónicas sobre América Latina. La administración conde-
nó ai FDR-FMLN de EI Salvador, distanció a Colombia de Ias activi-
dades dei Movimiento de Países No-alineados, y fue el único país de
ia región, fuera de Ia dictadura chilena de Pinochet, que no respaldó a
Argentina en su conflicto con Inglaterra sobre Ias Malvinas. Su admi-
nistración ayudó a bloquear a Cuba, que pugnaba por obtener un puesto
en el Consejo de Seguridad de Ia ONU, y Ias relaciones bilaterales
fueron suspendidas el 23 de marzo de 1981 cuando Bogotá acusó a
Cuba de "intervenciones internas" luego de Ia captura, en Ia zona fron-
teriza con Ecuador, de una columna deI M-19 supuestamente recién
llegada de su entrenamiento en Ia nación caribefia. EI apoyo cubano ai
M-19 fue una acusación entre otras, como Ia supuesta colaboración
de los cubanos en el establecimiento de reclamos nicaragüenses con-
tra Colombia sobre Ia isla de San Andrés.
Durante Ia administración dei conservador Belisario Betancur
Cuartas (1982-1986), se abrió un diálogo con 10s grupos armados co-
lombianos y se formuló una amnistía, aI mismo tiempo que se
implementaron varias políticas sociales dirigi das a recuperar Ia legiti-
midad perdida por Ia administración anterior. Este era el contexto na-
cional cuando Ia política externa colombiana comenzó a distanciarse
nuevamente de Ia política estadounidense. A propósito, el ingreso de
Colombia ai Movimiento de Países No-alineados en marzo de 1983, Ia
oposición ai tratado de extradición por narcotráfico y elapoyo ai Gru-
po de Contadora en favor de una resolución negociada en los conflic-
tos centroamericanos fueron resultados de Ia administración Betancur.
Aunque los vínculos entre Cuba y Colombia mejoraron, Ias relaciones
diplomáticas no fueron restauradas oficialmente.
Cuando el Presidente Virgilio Barco Vargas (1986-90) comenzó
su gobierno, disefió una política orientada a ser más pragmática en
materia de relaciones exteriores. Colombia fue elegida para el Conse-
jo de Seguridad de Ia ONU en 1988, 10 cual constituyó una clara victo-
ria diplomática de Bogotá. EI mismo afio, Colombia hizo una propuesta
en Ia ONU en apoyo a Cuba contra una campafia para condenar su
actuación en cuanto a derechos humanos. Mientras tanto, Ia adminis-
tración Bush (1989-92) siguió el énfasis de Ia "guerra contra Ias dro-
gas" iniciada durante Ias administraciones Reagan (1981-88), expan-
diendo Ia campafia más allá de Ia interdicción en Ias fronteras. Aquí
comenzó Ia Iniciativa Andina en septiembre de 1989, anunciada por Ia
Administración Bush (el padre) para combatir aios productores de
coca, es decir, Perú, Bolivia y Colombia.
En este nuevo marco, Ia administración de Bush padre logró re-
orientar Ias estructuras de varias agencias federales para que partici-
paran en Ia guerra contra Ias drogas, incluso Ia CIA, que en 1989
anunció que un 25% de sus fuerzas en América Latina estaban ya
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Anuario de Jntegración Latinoamericana y Caribeíia
dedicadas a combatir el narcotráfico. Este Bush, quien anteriormente
fue el jefe de Ia CIA, propuso entonces construir Ia infraestructura
logística para enfrentar aI narcotráfico a través de políticas concretas
dentro de los países productores.5 La Iniciativa Andina de Bush padre
tuvo básicamente los mismos objetivos que Ia Iniciativa Andina de Ia
administración de Bush hijo:
(1) fortalecer Ia capacidad institucional de los gobiernos de Colombia,
Perú y Bolivia para desmantelar Ias organizaciones dedicadas aI
narcotráfico;
(2) aumentar Ia eficacia de los operativos de seguridad contra el tráfi-
co de cocaína, sobre todo con asistencia militar, para facilitar Ia
penetración policial en Ias zonas de difícil acceso;
(3) fortalecer y diversificar Ias economías legítimas de los países
andinos, con el fin de desestimular el cultivo de Ia cocaína.6
Desde el inicio de Ia primera Iniciativa Andina, 10s gobiernos de Ia
región se quejaron de Ias proporciones de su presupuesto dedicadas a
Ia esfera militar. Los presidentes Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori
expusieron públicamente Ia verdadera naturaleza deI problema en el
campo económico. Las embajadas de cada uno de 10s tres países re-
ceptores reclamaron este as unto directamente aI Congreso de los Es-
tados Unidos, como afirmó Pete Kostmayer en sesión de Ia Cámara
de Representantes norteamericana en junio de 1990.7
En el primer afio de 1989, todos los fondos fueron dedicados a Ias
ra nas militar y policial. Luego de los reclamos de los tres países, el
c >mponente de ayuda económica fue sumado, convirtiendo este pa-
'.illete de asistencia económica ortorgado aI comienzo de Ia década de
los 90 en el más grande para Ia región andina desde Ia Alianza para el
Progreso. En fin, Ia Iniciativa planteó entre 1989 y 1994 un total de
2 147 millones de dólares para Ia región, entre Colombia, Perú y Boli-
via, con una mitad dedicada a Ia asistencia militar-policial y a Ia DEA,
y Ia otra mitad en varias formas de asistencia económica.8
En el caso de Colombia, Ia administración Bush padre consideró el
envío de tropas como una opción aunque le faltaba claridad para de-
terminar exactamente cuál debía ser el objeto concreto de Ia interven-
ción. Cuando el candidato presidencial Luís Carlos Galán fue asesina-
do en 1989, el fiscal general Richard Thornburgh, a solicitud de Ia
administración Bush, hizo un sondeo a Ia opinión pública sugiriendo Ia
opción de mandar tropas a territorio colombiano. Fueron tales Ias re-
acciones adversas que Bush afirmó después que el envío de tropas no
había sido considerado como una opción seria.9
WASHINGTON OFFICEOFLATIN AMERICAN AFFARIRS (WOLA): lPeligro inminente? Las FF.
M. de Estados Unidos y Ia guerra contra Ias drogas, p. 47, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1993.
Ibídem, pp. 30-3 I.
WOLA: ob. cit., p. 36.
Ibídem, pp. 32-33.
WOLA: ob. cit., p. 54.
214
A debate
En Ia efervescencia triunfalista después de Ia invasión de Pana-
má, Ia administración Bush disenó un plan de bloqueo aéreo y naval
para detener el flujo de drogas procedente de Colombia. Fue solamen-
te dos semanas después de Ia intervención en Panamá que el Pentá-
gono consultó con Bogotá Ia iniciativa, y Ias fuertes reacciones por
parte de Colombia convencieron a Ia administración Bush de abortar
el plano Entonces Bush mandó un mensaje aI presidente Virgilio Barco
aseverando que cualquier iniciativa nueva se discutiría con él, antes
de ser implementada. Sin embargo, persistieron rumores en círculos
militares de los Estados Unidos y en todo el resto de Ia administración
Bush sobre el posible uso de fuerza militar contra Ias "narco-bases"
en los países andinos, incluso en Colombia.
Con Ia administración Gavíria (1990-94) vi no Ia nueva iniciati va
por parte de Bogotá, de formular una política autónoma donde Colom-
bia pudiera asumir un mayor papel regional. En 1991, Colombia y Cuba
acordaron restablecer Ias relaciones consulares y se logró un acuerdo
para facilitar el comercio entre ambos países. En agosto de 1993, el
presidente Castro llegó a Colombia para reunirse en privado con el
presidente Gavíria; discutieron Ia posibilidad de hacer compras de pe-
tróleo colombiano y prepararon el terreno para el completo restableci-
miento de Ias relaciones bilaterales. Pocos meses después, en octu-
bre, Ia canciller Noemí Sanin anunció que Colombia restablecería re-
laciones diplomáticas enuna normalización completa bilateral, afir-
mando que su Gobierno estaba convencido de que Cuba ya no ofrecía
ayuda a Ia guerrilla colombiana.
Este período de los anos 90 marcó una nueva etapa en Ia estrate-
gia de desarrollo colombiana aI iniciar un claro giro hacia Ia liberaliza-
ción de su economía, enfatizando Ia necesidad de mejorar Ia inserción
deI país en Ia economía mundial. EI comercio exterior pasó a ser Ia
variable determinante de Ia producción nacional y un condicionante
importante deI sector industrial. 10 La política de apertura fue disefia-
da como una estrategia de adecuación deI país a Ias nuevas condicio-
nes que exigía Ia economía internacional, tal como 10 hicieron México
y Chile en sus momentos respectivos. La combinación de ingresos
masivos de divisas procedentes deI narcotráfico coincidió con Ia apa-
rición de nuevas fuentes sustanciales de petróleo en el territorio na-
cional, fortaleciendo el crecimiento y Ia estabilidad de su moneda na-
cional y disminuyendo Ia necesidad de que Colombia entrara en una
apertura radical que hubiera implicado una masiva campana de
privatización, como fue el caso en otros países.
Para Colombia y el presidente Gavíria en particular, no cabe duda
de que Ias políticas autónomas, así como el restablecimiento de relacio-
nes con Cuba fueron una muestra abierta de su convicción de que Co-
lombia podía asumir un papel más importante en los asuntos hemisféricos.
Con pretensiones de obtener Ia Secretaría General de Ia OEA y estan-
10 PUYO, H.: "EI 0-3 YIa Integración", en: ECHAVARRÍA, J.J., H. PUYO YC. DE HART VENOOECHEA:
"EI 0-3: oportunidades y riesgos de Ia integración", Debates de COYllntllraEconómica, no. 31,
FESCOL,marzo,1994.
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Anuario de lntegración Latinoamericana y Caribefía
do Colombia destinada a asumir elliderazgo deI Movimiento de Países
No-alineados, el proceso de "latino americanizar" Ia agenda nacional
ofreció a Gavíria una gran cuota de prestigio para su administración.
De igual manera, Ia administración Gavíria no había dejado de mos-
trar, antes de dejar el poder en 1994, un significativo nivel de coopera-
ción con los Estados Unidos en materia de guerra contra el narcotráfico,
En 1991, Ia prensa norteamericana había revelado, meses después deI
as alto aéreo que mató a Rodríguez Gacha, una figura importante deI
cártel de Medellín, que fuerzas tácticas de los Estados Unidos coopera-
ron con fuerzas colombianas en el hecho.11 Esa cooperación de bajo
perfil tuvo su eco en Ia administración Clinton cuando Pablo Escobar
también fue eliminado por fuerzas colombianas en 1993. EI mismo día
de su muerte, un vocero de Ia CIA anunció a Ia prensa norteamericana
que Ias fuerzas de su agencia ayudaron en Ia exterminación deI líder
más famoso en Ia historia de los cárteles colombianos. Hay algo de
debate sobre hasta qué punto el Gobierno colombiano había solicitado
ayuda de Washington en estas operaciones y hasta qué punto fue im-
puesta de manera extra-constitucional o, por 10 menos, más alIá de Ia
autoridad civil colombiana. EI Gobierno colombiano ha sido muy recep-
tivo a Ia asistencia militar estadounidense para sus fuerzas militares y
de policía, Ia ha aprovechado tanto en Ia lucha contra insurgentes y
guerrilla, como en Ia lucha contra el narcotráfico. Colombia ha sido uno
de los mayores receptores de asesoría militar, incluso de los programas
de entrenamiento en los Estados Unidos como Ia famosa "Escuela de
Ias Américas". Pero algunas dudas persisten acerca de si Ia autoridad
efectiva sobre Ias operaciones de esta naturaleza queda en Ias manos
de Ias autoridades civiles colombianas. En resumen, Ia administración
Gavíria buscó de todas maneras una especie de balance entre el cultivo
de una mayor autonomía en Ia política externa colombiana y Ia necesi-
dad de seguir desarrollando una cooperación con los Estados Unidos,
sobre todo en el comercio, debido a Ia nueva apertura económica.
Queda claro que Ia administración Samper (1994-98) comenzó con
Ia intención de mantener el perfil de su autonomía en relaciones exte-
riores, a Ia vez que podría mejorar los vínculos con los Estados Uni-
dos, mediante una mayor cooperación en Ia esfera de Ias políticas
antinarcóticos. Sin embargo, Samper tuvo problemas desde el inicio
cuando eI día siguiente a su victoria electoral, Pastrana, como candi-
dato conservador vencido, declaró a Ia prensa norteamericana que Ia
campaõa de Samper había ganado con el apoyo de narco-fondos.
Durante todo el resto de su mandato, Samper cayó progresivamente
en escándalos que mostraban poco a poco Ia magnitud de Ia corrup-
ción que permeaba el Estado colombiano. Ya existe una literatura con-
siderable sobre Ia crisis política de Ia época samperista 12. Por su par-
I I WOLA: ob. cit., p. 65.
12 Para una revisión de una docena de libros destacados acerca de Iacrisis de Samper cfr.: DUGAS,1.C.:
"Drugs, Lies, and Audiotape: The Samper Crisis in Colombia," Latin American Research Review, vol.
36, no. 2, pp. 157-174, EE.UU., 2001.
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A debate
te, Ia posición de Washington durante Ia época de 1994 a 1996 estaba
lejos de ser coherente. Por un lado, Ia administración Clinton hablaba
sobre el gobierno de Samper como si éste fuera un "David peleando
con el Goliat" de los cárteles. En su discurso ante Ia Asamblea Gene-
ral de Ia ONU, Clinton habló de Ia exitosa cooperación entre Colom-
bia y los Estados Unidos para "reprimir aIos cárteles de Ia cocaí-
na" .13Luego, en diciembre, Clinton expresó su gratitud a Colombia en
una carta dirigi da a Samper por el apoyo mostrado en Ia guerra contra
Ia droga. Por otro lado, un informe hecho por Ia DEA en noviembre de
1994 ya había advertido que Ia apertura colombiana prometía hacer ai
país aún más vulnerable aIos narcotraficantes, particularmente si el
Gobierno no adoptaba medidas para reducir el impacto de los narco-
dólares en Ia economía. EI informe argumenta que Ias privatizaciones
en Ias instituciones financieras han hecho más fácil que nunca ellava-
do de narco-ganancias. Según Ia DEA, el flujo de dinero ilícito había
revaluado artificialmente el peso colombiano, dando como resultado el
crecimiento de Ias importaciones por ser más baratas, mientras que
Ias exportaciones legítimas sufrían. EI Gobierno colombiano reaccio-
nó fuertemente frente aI informe, acusando a Ia agencia norteameri-
cana de no haber presentado ninguna evidencia para sustentar sus
conclusiones y exigió que tuviera más cuidado con Ia preparación de
documentos de ese tipo. .
En abril de 1995, una propuesta legislativa fue presentada en el
Senado de 10s Estados Unidos por los senadores republicanos Helms y
Mack con el propósito de imponer algunas sanciones contra Colom-
bia. La propuesta de ley (S.681, Congreso 104, primera sesión), titula-
da "Narcotics National Emergency Sanctions Act of 1995", identificó
a Colombia como Ia base internacional de los cárteles de narcóticos,
responsable de, por 10 menos, el 80 por ciento de Ia cocaína que ingre-
sa a los Estados Unidos, además de ser productor de heroína y mari-
huana. EI documento acusó aI Gobierno de Colombia de no tomar ac-
ciones significativas en 1994 para desmantelar los cárteles ni comba-
tir Ia influencia dei narcotráfico sobre el sistema político en Colombia.
Declaró que había impunidad para los narcotraficantes y que el siste-
ma judicial en Colombia era inefectivo. También mantuvo que Ia co-
rrupción e influencias generadas por el narcotráfico llegaban hasta el
Congreso y Ia Presidencia colombianos.
Por 10 tanto, Ia propuesta de ley planteó dar término a Ia ayuda
bilateral para el desarrollo, el apoyo económico, los créditos comer-
ciales y de transacciones, y Ias ventas de implementos militares. La
Secretaría dei Tesoro hubiera sido obligada a votar en contra de cual-
quier préstamo de Ias agencias multilaterales y Colombia hubiera sido
excluida de cualquier categoría de preferencia comercial, incluso dei
Acta de Preferencia Comercial Andina, así como de cualquier foro de
negociaciones sobre acuerdos de libre comercio. Aunque Ia legisla-13 IRELA: "Colombia: el desafío a Ia gobemabilidad", Dossier no. 56, Instituto de Relaciones Europeo-
Latinoamericanas, mano, 1996.
217
I .
Anuario de lntegración Latinoamericana y Caribefia
ción propuesta tuvo pocas perspectivas de aprobación, logró mostrar
Ias crecientes fuerzas políticas dentro deI Partido Republicano, cada
vez más contrarias aI Gobierno colombiano. Frente a esta creciente
presión en el Congreso, Ia administración empezó a endurecer su lí-
nea contra Samper para no aparecer débil frente Ias iniciativas de los
republicanos. Poco a poco, Ias declaraciones estadounidenses evolu-
cionaron abiertamente en contra de Samper, orientadas a presionar su
renuncia.
La situación bilateral tuvo aparentemente una breve mejoría cuan-
do Ias autoridades colombianas anunciaron que Gilberto Rodríguez
Orejuela, acusado de ser ellíder deI cártel de Cali, fue arrestado en
junio de 1995. El mismo Senador Helms declaró:
"La detención deI Gilberto Rodríguez Orejuela constituye el pri-
mer paso hacia el desmantelamiento deI cártel de Cali. Es mi
esperanza que Colombia haya asumido por fin en serio el com-
promiso de aplastar aios cárteles. Si ahora Colombia juzga y
castiga a Rodríguez Orejuela aI máximo posible bajo Ia ley, será
una muestra clara de que Colombia ya está en buen camino. Si
Colombia prosigue Ia persecución de los demás líderes deI cártel
de Cali, como ha dicho que es su intención, y luego cumple con
todo el resto de Ias promesas que el presidente Samper ha he-
cho a los Estados Unidos, incluso su compromiso de investigar
de una manera seria Ia narco-corrupción en el Gobierno colom-
biano, crecerá enormemente el respeto hacia Colombia." 14
El comienzo deI afio 1996 trajo nuevos alegatos contra Samper y
Ia fuga de Ia cárcel de José Santacruz Londofio. Todo eso coincidió
con el inicio de un afio electoral en los Estados Unidos. La crisis de
Ias relaciones bilaterales entró así en Ias dinámicas internas de Ia ad-
ministración Clinton en el marco de su enfrentamiento electoral con el
Partido Republicano que controlaba aI Congreso estadounidense. En
febrero, otra propuesta de ley fue introducida en el Senado estadouni-
dense (l04th CONGRESS 2d Session S. 1560: "To require Colom-
bia to meet anti-narcotics performance standards for continued
assistance and to require a report on the counter-narcotics efforts
ofColombia "). La ley hubiera requerido que el Presidente estadouni-
dense certificara ante el Congreso que el Gobierno colombiano:
a) ha reducido constante y sustancialmente el flujo de narcóticos ile-
gales hacia los Estados Unidos por arrestos de narcotraficantes,
erradicación de cultivos e interdicción de envíos;
b) mejorado sus procesos judiciales en Colombia aI elevar Ias penas
para narcotraficantes, eliminar sentencias negociadas, eliminar Ias
facilidades dadas a los presos que siguen manejando sus operacio-
nes de narcotráfico desde Ia cárcel y confiscado Ias propiedades
de los que se han enriquecido con el narcotráfico.
14 HELMS. J.: "Helms Issues Statement on Colombia' ArrestofCali Cartel Drug Lord", United States
Senate, Committee on Foreign Relations,junio 12, 1995.
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A debate
Esta serie de propuestas de leyes caracterizaba bien Ia campafia
deI Partido Republicano para mostrar que Ia administración Clinton
había sido demasiado "débil" ante el narcotráfico. A Ia vez, el conte-
nido de Ia legislación propuesta indica que el Congreso ya estaba de-
batiendo Ia legitimidad deI Gobierno colombiano. Por su parte, Clinton
ya tenía establecidas una serie de medidas disefiadas para presionar a
Bogotá con vistas a una cooperación más estrecha con Washington.
Sobre todo, utilizaba varios mecanismos económicos que actuaban sobre
los intereses de Colombia en su nueva apertura. Por ejemplo, Was-
hington comenzó a justificar nuevos aranceles unilaterales sobre Ias
importaciones colombianas por razones ecológicas. Algunas medidas
fueron impuestas sobre Ias exportaciones colombianas de flores, atún,
langostinos y carbón, a Ias que se les imputó no a1canzar los estándares
norteamericanos. En estos casos, los colombianos no tenían facilidad
de recursos para enfrentar Ias acusaciones. 15
En 1994, Colombia y Costa Rica habían apoyado a los países
caribefios en su lucha por el mantenimiento de precios preferentes en
el mercado de Ia Unión Europea. Washington argumentó que el hecho
era injusto para Ias empresas transnacionales basadas en Estados
Unidos y respondió con amenazas contra ambos países. Detrás de Ias
quejas estaban Ias empresas Chiquita, Dole y Ia Asociación de Ia In-
dustria Bananera Hawaiana, basadas en los Estados Unidos, cuyos
intereses en el mercado europeo hubieran sido afectados.16 En el caso
colombiano, los Estados Unidos amenazaron con restringir Ias impor-
taciones de flores en el mercado estadounidense.
Cuando en marzo de 1994 fue firmado un acuerdo con Ia Unión
Europea, a Colombia se le garantizó una parte de Ia cuota bananera
de 2.1 millones toneladas. El Gobierno de los Estados Unidos reaccio-
nó contra el acuerdo, argumentando que constituía una violación deI
libre comercio. I? El senador Robert Dole, un pre-candidato presiden-
cial por el Partido Republicano, propuso una nueva legislación para
excluir a Costa Rica y a Colombia de los beneficios de Ia Iniciativa de
Ia Cuenca deI Caribe (ICC) y el GATT. Aunque no tenía perspectivas
de ganar Ia aprobación, Dole mandó una sefial a sus benefactores
electorales en Ia industria bananera, como Ia empresa Chiquita. ha-
ciendo notar que su elección como presidente podría ser muy lucrati-
va para Ia industria y problemática para Colombia.18
La presión comenzó a crecer y Arturo Marulanda Ramírez, el
embajador colombiano en Ia Unión Europea, expresó su preocupación
15 RODRÍGUEZ, M.: "Restricciones comerciales por consideraciones ambientales: flores, atún, langos-
tinos, carbón", Estrategia Econômica y Financiera, pp. 23-24, Colombia, 14 de noviembre, 1994.
) 6 BUSSEY,1.:"ColombianRoseGrowersWinTradeRuling",MiamiHerald,pp. 1C,4C,7 demarzo,
EE.UU., 1995.
) 7 Ibídem.
) 8 ALVAREZ,O.: "La disputa Costa Rica-Dole", Financiero, p. 11,23-29 de octubre, Colombia, 1995;
MAGGS, 1.. "Dole May Use Budget Bill to Strip Colombia ofTrade Benefits", Joumal ofCommerce,
pp.1A,8A,EE.UU.,5deoctubre,1995.
219
Anuario de Integración Latinoamericana y Caribena
respecto a Ia imposición de sanciones que los Estados Unidos aplica-
rían, en revancha, a Colombia.19 Sin embargo, Ia crisis sólo se resol-
vió cuando Colombia, junto a Costa Rica, concedió a Ia empresa
transnacional Chiquita una parte significativa de su cuota con Ia Unión
Europea.20
Otro conflicto surgió cuando Ias nuevas provisiones anti-dumping
impulsadas por los Estados Unidos en los acuerdos formulados en Ia
Ronda Uruguaya deI GATT fueron aplicadas a Colombia, produciendo
nuevas restricciones a Ias importaciones de flores colombianas en el
mercado estadounidense. Las empresas de flores expresaron mucha
preocupación por Ias medidas, dado que el mercado estadounidense
significó un impulso principal en el crecimiento rápido de esa dinámica
industria no-tradicional. María Isabel Patín, presidenta de Ia Asocia-
ción Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES), re-
accionó afirmando que Ias medidas fueron injustas y declaró en una
entrevista con Ia prensa colombiana que una de sus prioridades princi-
pales sería desarrollar nuevos mercados más allá de los Estados Uni-
dOS.21De todas formas, Colombia utilizó algunos recursos ante Ia Co-
misión de Comercio Internacional y Ia apelación tuvo êxito el 3 de
marzo de 1995, cuando Ia Comisión decidió que Ia competencia co-
lombiana en el mercado norteamericano no era injusta. Los aranceles
punitivos contra Ias importaciones de flores colombianas fueron elimi-
nados y Ia decisión fue calificada por ASOCOLFLORES como Ia vi c-
toria más grande en Ia historia de Ia industria de Ias flores.22 Sin em-
bargo, Ia presión sobre Colombia seguía desarrollándose área tras área.
En Ia industria de Ia aviación, un informe realizado porIa Administra-
ción Federal de Aviación estadounidense en mayo de 1995, criticó a
Ias empresas colombianas Avianca y Aces por los peligros asociados
con el deficiente inglês que hablaban los pilotos colombianos. En octu-
bre de 1995, Colombia fue degradada por Ia Administración de Avia-
ción Federal estadounidense de Ia categoría uno a Ia categoría dos. AI
permanecer Colombia en esta categoría, sus aerolíneas no podían in-
crementar Ia capacidad de cupo de pasajeros mientras que Ias
aerolíneas norteamericanas American y Continental seguían mejoran-
do sus posiciones en el mercado colombiano.
La medida también fue supuestamente justificada por otros pro-
blemas relacionados con el sistema de seguridad e inspecciones en el
aeropuerto internacional de Bogotá. En el mismo sentido, Ias autorida-
des colombianas fueron advertidas sobre Ia posibilidad de ser degra-
dados a una categoría tres, Ia cual hubiera suspendido los vuelos entre
los dos países. A todas Ias empresas que administran vuelos entre
19 MARULANDA, A.: "Acuerdo bananero es sólido", El Tiempo, p. 3b, 8 de abril, Colombia 1995.
2 o LAEB: "Agribusiness: Bananas", Latin American Economy and Business, p. 25, Inglaterra, febrero,
1996.
2I GÓMEZ, J.: "Crecerá el castigo a cIaveles y pompones colombianos", El Tiempo, p. 8A, Colombia,27
de mano, 1995.
22 BUSSEY,1.:ob. cil.
220
A debate
ambos países se les requirió entregar una advertencia escrita a cada
pasajero informando que el aeropuerto internacional El Dorado no re-
unía los estándares internacionales de seguridad.23 En julio de 1996, Ia
persistencia deI conflicto se manifestó en discusiones bilaterales so-
bre Ia posibilidad de negar Ia ruta directa de Avianca a Nueva York, a
pesar de que Ias cifras mostraban que tras este acoso, Ias aerolíneas
norteamericanas ya habían alcanzado en Colombia el 52% deI merca-
do de pasajeros y el 54% deI mercado de carga.24
Otro ejemplo de Ias presiones tuvo que ver con el NAFTA
(TLCAN) Y Ias dificultades que Colombia comenzaba a tener para
avanzar en sus deseos de ponerse en elllamado "carril rápido" en su
incorporación aI acuerdo. El embajador norteamericano dijo en una
entrevista enjulio de 1995 que "Colombia se descuidó" en términos de
su planteamiento de entrar aI Tratado de Libre Comercio. Expresó Ia
opinión de que Colombia podría incorporarse en el tratado, quizás en
1998, si se movía rápidamente para adoptar una nueva legislación que
liberalizara aún más sus políticas comerciales e implementara Ia prác-
tica de no-discriminación entre inversionistas extranjeros y naciona-
les.25 Pero, en otras declaraciones, el embajador mencionó otros te-
mas como Ia aproximación deI país a Cuba y sus relaciones con el
movimiento NOAL. En última instancia, el rechazo de Ia inclusión de
Colombia en el TLCAN fue más bien sintomático de Ias malas relacio-
nes bilaterales que ya se habían obtenido.
Quizás Ias medidas más agresivas contra Colombia por parte de Ia
administración Clinton fueron Ia descertificación deI país en marzo de
1996 y Ia cancelación de Ia visa deI presidente Samper en julio de
1996. Ambas medidas fueron precedidas por un lento proceso de ame-
nazas y una constante presentación de oportunidades para cooperar
más con Washington. El proceso de descertificación empezó en fe-
brero de 1995. En esa oportunidad Ia administración Clinton certificó
Colombia, pero como uno de seis países que ganaban su certificación
por "razones de interés nacional", no por cumplir con Ias expectativas
estadounidenses sobre Ia lucha contra el narcotráfico. Aunque Ia de-
terminación presidencial No. 95-15 citó varios éxitos colombianos con-
tra el narcotráfico, también declaró que sus esfuerzos no fueron sufi-
cientes para ganar Ia certificación por su propio mérito. En fin, Co-
lombia fue certificaba, según Washington, sólo para evitar los riesgos
de producir un incremento en el ya gran flujo de drogas, que una inte-
rrupción de Ia cooperación entre Estados Unidos y ese país hubiera
tenido. Según el documento presidencial, el corte de Ia ayuda bilateral
hubiera impedido Ia compra de un sistema de radar estadounidense
que requería financiamiento deI Import-Export Bank. Además, el veto
estadounidense contra préstamos multilaterales podía tener efectos
23 REED, T.: "Bogota Airport a Security Risk, FAA Warns Passengers", Miami Herald, pp. 1C, 3C,
Miami,EE.UU., 28 de septiembre, 1995.
24 MACIAS, A.: "Colombia busca 'exorcismo' aéreo", El Tiempo, p. 5c, Colombia, 14de julio, 1996.
25 FRECHETIE, M.: "Colombia se descuido", El Tiempo, p. IOB, 10 dejulio, Colombia, 1995.
221
Anuario de lntegración Latinoamericana y Caribefia
muy negativos en Ia economía colombiana, los cuáles hubieran impe-
dido Ias políticas de erradicación e intercepción de narcóticos. El do-
cumento, también argumentaba que una descertificación hubiera pro-
vocado un aumento de posiciones "nacionalistas" que abogarían por el
término de Ia cooperación deI Gobierno con los Estados Unidos.
Un analista prominente argumentó que esta política estadouniden-
se tuvo éxito en forzar aI Gobierno colombiano a asumir una línea más
dura contra el narcotráfico. La estrategia utilizada contra Ia adminis-
tración Samper podría ser considerada como una "diplomacia coerci-
tiva".26 Según un comentario publicado en una revista colombiana, Ia
posibilidad de que Ia administración Clinton descertificara a Colombia
fue disminuida por una campaiía exitosa por parte deI Gobierno co-
lombiano, dedicada a convencer a Washington de que Ia administra-
ción Samper seguiría desarrollando una estrategia de erradicación de
cultivos ilícitos. El canciller Rodrigo Pardo llegó a Washington para
acompaiíar aI embajador colombiano Carlos Lleras de Ia Fuente en
una serie de visitas a congresistas norteamericanos.27
Todos los esfuerzos que Ia administración Samper hizo no fueron
suficientes para impedir Ia decisión que tomó Washington un aiío des-
pués, cuando Ia administración Clinton anunció en marzo Ia
descertificación de Colombia. Durante los meses previos a Ia
descertificación, el embajador estadounidense Myles Frechette había
aprovechado para hacer Ia máxima presión en el debate interno de
Colombia, en una especie de intervención diplomática que tiene pocos
precedentes. A finales de enero de 1995, el embajador anunció que
iba a ser difícil certificar a Colombia según su récord en 1994 contra
el narcotráfico, dejando entrever Ia posibilidad de integrar a Colombia
a los países de Ia "lista negra" de los Estados Unidos, que incluía a
Siria, Irán y Burma.28 En febrero de 1995, criticó públicamente aI
Gobierno colombiano por sus limitados esfuerzos en el combate aI
narcotráfico.29 La profunda crisis que afectó a Ia administración
Samper fue el factor que dejó a Ia administración Clinton, ya en plena
campaiía presidencial, con poco margen para enfrentar a los republi-
canos con respecto a sus políticas hacia Colombia. En respuesta a Ia
medida de Ia descertificación, Bogotá expresó su gran indignación
con Ia decisión de Washington y comenzó una campaiía intensiva para
influir sobre el Congreso norteamericano para Ia no-aplicación de Ias
sanciones económicas destinadas a acompaiíar Ia descertificación.
Fuera de Colombia, aparecieron muchas críticas de Ia medida uni-
lateral estadounidense contra el país. La Comisión Interamericana de
Política Antiestupefacientes, agrupación de expertos estadounidenses
y latinoamericanos, calificó Ia decisión como algo degradante y con-
26 TOKLATlAN, J.: "En Washington están de fiesta", E1TIempo, p. 5B, Colombia, 27 de agosto,1995.
27 SEMANA: "En mi casa mando yo", Semana, pp. 28-29,14-21 de febrero, 1995.
28 SEMANA: ob. cit.
29 LATIN AMERlCAN WEEKLY REPORT. "Colombia: Relations with US Reach New Low," Latin American
Weekly Report, p. 69, EE.UU., 16 de febrero, 1995.
222
A debate
traproducente para Ia cooperación intrahemisférica.30 Las reacciones
a Ia descertificación tampoco fueron muy positivas en Europa. EI Par-
lamento Europeo emitió una reacción oficial:
"EI Parlamento Europeo (PE),en consideración de Ia descertifica-
ción de Colombia, resultado de Ia guerra contra Ias drogas promovida
por el Gobierno de Estados Unidos, seõala que este tipo de medidas
está estableciendo graves limitaciones aI desarrollo de Colombia. EI
Parlamento Europeo estima que Ia población en general ha padecido
Ia guerra contra Ias drogas y no debería tener que hacer frente a nue-
vas calamidades. AI mismo tiempo, el Parlamento Europeo afirma que
Ia Unión Europea se opone a Ias medidas que van en detrimento deI
desarrollo de los pueblos y deI acervo deI derecho internacional, con-
siderando que esta medida unilateral sólo aborda un aspecto deI pro-
blema de Ias drogas, aI limitar Ia oferta sin ocuparse de Ia cuestión dei
consumo de drogas. EI Parlamento Europeo expresa su preocupación
por el hecho de que estas medidas tengan efectos nocivos sobre Ia
población de Colombia y pide ai Gobierno colombiano que siga luchan-
do contra Ias drogas y Ia violencia en su país".31
Muchos analistas pensaron que el peor momento en Ias relaciones
bilaterales con Estados Unidos fue el anuncio de Ia descertificación
de Colombia. Pero, en realidad, Ias sanciones quedaron pendi entes
según el poder discrecional de Ia Administración. Parece irónico que
pocas semanas después de Ia descertificación, el Secretario de Co-
mercio estadounidense estuviera en Colombia, expresando su deseo
de que los Estados Unidos fortalecieran sus relaciones comerciales
con Colombia. Esa fue Ia seõal de que los efectos de Ia descertificación
podrían ser mitigados y revertidos en el próximo aõo si Colombia 10-
graba resolver "el problema de Samper".
En principio, Ia descertificación sólo abrió Ia posibilidad para Ia
aplicación de sanciones comerciales más serias a Colombia en térmi-
nos de una alteración aios aranceles preferentes que este país man-
tiene con los Estados Unidos bajo Ia Ley de Preferencias Andinas
(ATPA), algo que Washington había decidido posponer indefinidamen-
te. Tampoco fue de tanto impacto Ia eliminación de Ia ayuda económi-
ca a Colombia, dado que casi toda ella estaba dedicada a Ia lucha
contra el narcotráfico y, por 10 tanto, no era afectada. Aunque el veto
estadounidense en Ias agencias multilaterales era más preocupante en
términos de los recursos que el país podía recibir, por ejemplo, dei
BID, tampoco tuvo un impacto tan inmediato. En fin, Ia descertificación
tuvo una tremenda significación simbólica debido a Ia amenaza de que
podía ser seguida por medidas más concretas y punitivas.
La descertificación es un instrumento orientado a orquestar cam-
bios específicos en los asuntos internos de otros países. Es muy difícil
30 IRELA. La cooperación en Ia lucha contra Ia droga: iniciativas europeas y latino americanas, p.9,
Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, Dossier no. 55, octubre, 1995.
31 IRELA: "Colombia: el desafío a Ia gobernabilidad", p. 76, Dossier no. 56, Instituto de Relaciones
Europeo-Latinoamericanas, marzo, 1996.
223
A/mario de lntegración Latinoamericana y Caribena
interpretarIo de otra manera, en vista de Ia poca inversión de dinero que
Washington ha otorgado en ayuda bilateral para enfrentar el problema
dei narcotráfico, además de Ia gran complicidad que tienen los Estados
Unidos como el país de mayor demanda para Ia droga. Los presidentes
andinos respaldaron este punto de vista cuando se reunieron poco des-
pués de Ia descertificación, declarando en el acta final de su VII Con-
sejo Presidencial que "Ia lucha contra Ias drogas debe seguir sobre Ia
base de Ia responsabilidad compartida y Ia no-injerencia en los asuntos
internos de cada país".32 Está claro que Ias presiones norteamericanas
afectaban Ia capacidad de Bogotá para desarrollar Ia autonomía en sus
relaciones exteriores hacia sus países vecinos. Washington utilizó Ia
posición establecida por Bogotá frente a Ia reinserción de Cuba en Ia
región para penalizar sus iniciativas diplomáticas. Cuando Estados Uni-
dos organizó Ia Cumbre de Ias Américas en 1994, el canciller colombia-
no Rodrigo Pardo GarcÍa-Pefia dijo ante Ia prensa colombiana que Co-
10mb ia "entendió" Ia razón por Ia que Cuba no recibió una invitación,
pero que Ia posición de Colombia sigue siendo Ia de no-interferencia en
los asuntos internos de otros países. En mayo de 1995, el Canciller
colombiano pidió aI embajador estadounidense que tuviera más respeto
por Ia política exterior soberana de Colombia, después de que el emba-
jador había declarado que Washington no veía de una manera favorable
el acercamiento colombiano a Cuba ni su liderazgo en los NOAL.33 EI
26 deI mismo mes, el Gobierno colombiano advirtió a Robert Gelbard,
Secretario Adjunto de Narcotráfico de Estados Unidos, sobre Ias res-
tricciones fijadas con relación a Ia permanencia de Ia DEA en el país,
un hecho mal recibido por Washington.34
Las incesantes intervenciones de Ia diplomacia estadounidense y
de sus agencias, c,omo Ia DEA, en los asuntos internos de Colombia
contribuyeron aI deterioro de relaciones entre Ias dos naciones, por el
propósito de presionar un cambio en Ia actitud de Bogotá. Cuando en
1995 el ministro deI interior Horacio Serpa acusó a Washington de
estar involucrado en una conspiración contra Ia administración Samper
-una alegación mas o menos obvia- Washington reaccionó a su decla-
ración con mucha indignación, aprovechando Ia ocasión para criticar
a Ia administración colombiana, de manera tal que se entendi era que
Washington hubiera podido ser más duro ante Ia involucración colom-
biana en el narcotráfico. En septiembre de 1995, un atentado contra Ia
vida deI abogado personal de Samper fracasó, pero le sirvió aI minis-
tro Serpa para acusar a Washington de estar involucrado en el hecho
por medio de Ia DEA. Ahí, Washington asumió una posición de incre-
dulidad, reaccionando de una manera fuerte e insistiendo ante Bogotá
para que acabara con tales acusaciones.
En Ia prensa colombiana, había varias preocupaciones sobre el
liderazgo de Colombia en el Movimiento de Países No-alineados, afir-
32 Ibídem, p. 49.
33 RESTREPO, I. A. ed.: Síntesis: Anuario social, político y económico de Colombia, p. 209, Tercer
Mundo Editores, Bogotá, Colombia, 1996-2000.
3 4 Ibídem.
224
A debate
mando que, en Ia búsqueda de una diversificación de sus relaciones
internacionales, era preferible no hacer más antagónicas Ias relaciones
con los Estados Unidos.35 Esta crisis de relaciones entre Colombia y los
Estados Unidos tocó aI fondo cuando en julio de 1996, Ia administración
Clinton canceló Ia visa estadounidense deI presidente Samper como una
fuerte sefial de oposición a su permanencia en el cargo. La reacción
popular ante Ia medida fue de una indignación masiva, que obligó aIos
políticos colombianos a responder con protestas de varias formas. Los
efectos fueron sentidos muy fuertemente entre los empresarios colom-
bianos quienes a través de su Consejo Gremial Nacional hicieron "un
llamado a Ia sensatez" ante el riesgo de que fueran impu estas más san-
ciones económicas sobre el país.36 Entre Ias sanciones posibles figura-
ban: pérdida de los beneficios arancelarios concedidos a Colombia bajo
Ia Ley de Preferencias Andinas (ATPA) y el Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP); restricciones bancarias entre entidades colombia-
nas y estadounidenses; interrupciones de los servicios de aerolíneas
colombianas hacia y de los Estados Unidos.
Entre Ias áreas más afectadas por tales medidas estarían Ias
aerolíneas colombianas, Ia industria de Ias flores, por el fuerte impac-
to en sus exportaciones, y los sectores de comercio y bancario, que
serían afectados por restricciones de transacciones y el aumento de Ia
tasa de intereses causado por Ia incertidumbre política, que a su vez
afectaría fuertemente a Ia industria de Ia construcción que ya estaba
dando síntomas de recesión.
En fin, el deterioro de relaciones fue parte de una estrategia con-
certada por Washington para disminuir Ia autonomía de Ias políticas
externas de Colombia, influenciar los resultados de Ias siguientes elec-
ciones haciaese camino y condicionar un giro deI país hacia Ia coope-
ración con Washington en su disefio para Ia región andina. Estados
Unidos necesitaba que estas iniciativas procedieran de los mismos
colombianos. EI instrumento para este giro fue Ia nueva administra-
ción Pastrana y ellogro de esta reordenación de Ias políticas de Co-
lombia se ha evidenciado en el contenido deI Plan Colombia.
Cuando Andrés Pastrana inauguró su administración (1998-2002)
con un fuerte discurso sobre su intención de cercar a Washington, los
avances de los insurgentes en el campo militar eran casi constantes.
EI paquete de propuestas eventualmente presentado por Pastrana fue
el Plan Colombia colombiano, el símbolo de su nueva estrategia, don-
de quiso expresar los términos deI acercamiento con Washington des-
pués deI deterioro sufrido por Ias relaciones bajo Ia administración
Samper. Cada derrota deI ejército colombiano en el campo se convir-
tió irónicamente en un recurso clave para Pastrana en su justificación
de Ia necesidad de aprestar Ia campafia de Ia narco-guerrilla, y su
argumentación fue bien recibida por los esfuerzos pro-intervencionistas
en Washington.
35 CELlS, F.: "Hora cero para los NOAL", El Tiempo, p. 7a, secoA, 15 de octubre, Colombia, 1995.
36 EL TIEMPO: "La semanaen pocas palabras", El Tiempo, p. Sc, Colombia, 14 dejulio, 1996.
225
Anuario de lntegración Latinoamericana y Caribena
LA REACCIÓNREGIONALFRENTEAL PLANCOLOMBIA
A los países vecinos de Colombia les preocupa que Ia ofensiva militar
en el Sur de Colombia pueda resultar en un desplazamiento masivo de
refugiados y cultivos ilícitos en sus territorios, 10 cual implica también
el incremento de Ia violencia. Voceros de Brasil, Ecuador, Panamá,
Perú y Venezuela han manifestado estas preocupaciones en varias
oportunidades. Por su lado, el Departamento de Estado norteamerica-
no ha reconocido abiertamente esta tendencia y Ia utiliza para justifi-
car Ia regionalización deI proceso por Ia Iniciativa Andina, en Ia cual
los países vecinos ganarán una parte mayor deI paquete de fondos
dedicados a Ia región.
En Ia mejor tradición de Ia búsqueda de soluciones regionales den-
tro deI área, Ia involucración de Brasil, Cuba, México y Venezuela en
el proceso de Ias negociaciones de paz refleja una oposición a Ia cre-
ciente militarización de Ia región. México ha sido el más callado en
este aspecto, pero todos se han mostrado opuestos a una intervención
militar estadounidense más amplia en Ia región. Brasil y México son
dos países en busca deI modo de elevar su perfil político en Ia región
como contrapeso aI aumento en Ia involucración de EE. UU. México
y Venezuela son, con Colombia, los miembros deI G-3, que representó
casi 2.5 mil millones de dólares en comercio en 2000, por 10 cual,
comparten el interés de contener el conflicto por razones económicas.
Brasil había manifestado sus reservas serias justo antes de Ia visi-
ta de Clinton en agosto de 2000, aI expresar que el Plan representaba
una amenaza para su seguridad nacional. EI presidente Cardoso indi-
có que 12 mil efectivos fueron mandados a Ia región fronteriza con
Colombia como un medío de seguridad, pero finalmente él mismo indi-
có que Brasil respaldaría el Plano DeI Plan Colombia, se han dedicado
a Brasil 3.5 millones de dólares para mejorar su capacidad de recolec-
ción de información en Ia cuenca amazónica y su sistema nacional de
detección por radar, más algunos barcos para Ia intercepción de dro-
gas en sus ríos y en el mar.
Ecuador y Perú, después de Ia fuga deI ex-presidente Fujimori,
han sido los dos países que más han apoyado el Plan Colombia. Ecua-
dor ha declarado que teme el incremento de refugiados, Ia entrada de
Ia violencia en sus territorios y desplazamiento deI cultivo de coca
hacia él. Aunque todos los países vecinos comparten estas preocupa-
ciones, Ecuador podría ser el menos capaz de enfrentar Ia situación.
Las inestabilidades políticas, comenzando con Ia destitución deI
presidente Bucaram en 1997 y deI presidente Mahuad en 2000, ambos
a causa de Ias protestas masivas de los ecuatorianos, junto con Ia
inflación económica y Ia subsiguiente dolarización de Ia economía,
con alto desempleo, han traído como resultado altos niveles de des-
contento y una migración económica interna por parte de los
desempleados. Las provincias norteõas de Ecuador son Ias que han
sido afectadas de modo más inmediato por Ia crisis colombiana. Con
el Plan de Contingencia que fue implementado se trató de crear algu-
226
A debate
nos centros de refugio para suministrar servicios básicos alimentarios
y de salud. La intensificación de los combates en Putumayo ha produ-
cido no solamente el cruce de Ia frontera por refugiados colombianos,
sino también el desplazamiento de ecuatorianos de Ia zona fronteriza,
mayoritariamente de comunidades indígenas.
Con Ia aceptación de Ia base militar estadounidense en Manta,
Ecuador mostró que no es neutral en el conflicto. Lamentablemente,
si el conflicto se intensifica, el país tendrá que dedicar una porción
más grande de sus recursos a Ia defensa, en una coyuntura económica
bastante apretada.
También, Ias fumigaciones en Colombia presentan el peligro de
que Ias sustancias químicas contaminen el aire y el agua en Ia zona
fronteriza ecuatoriana, provocando danos a los habitantes y ai sistema
agrícola, un efecto que ya ha sido confirmado por algunas ONG
ecológistas de Ecuador.
Además, se supone que cualquier éxito deI programa de erradica-
ción en Colombia va a intensificar de una manera dramática Ia pre-
sión para que se cultive nuevamente Ia coca en Ecuador. En los pri-
meros meses de 200 I, tres sitios de procesamiento de coca fueron
descubiertos en territorio ecuatoriano, mostrando que el efecto es com-
plejo. AI lado de esto, ya se ve que Ias provinc~as que tienen fronteras
con Colombia son Ias que poseen Ias tas as de homicidio más altas en
el país.
A mediados deI mes de enero de 200 I, una poderosa organización
narcodelicti va que venía operando desde hace dos afios en el Ecua-
dor, con conexiones en Colombia, Perú y Bélgica, fue desmantelada
por agentes de Ia Jefatura Antinarcóticos deI Guayas ai detener a 20
de sus miembros, entre colombianos y ecuatorianos. Las autoridades
descubrieron dos laboratorios clandestinos en Ias provincias deI Guayas
y Zamora Chinchipe y decomisaron un total de 69 320 gramos de clor-
hidrato de cocaína. EI coronel Abraham Correa Loachamín, jefe deI
IV Distrito de Policía, manifestó que el descubrimiento de laborato-
rios clandestinos en el país revela que, a consecuencia de Ia ejecución
dei Plan Colombia, se están instalando en el Ecuador Ias organizacio-
nes de narcotraficantes colombianos.
La estabilidad de los países vecinos, principalmente Ecuador, tam-
bién estaría amenazada por el desplazamiento de Ia guerra colombia-
na. Las noticias de un enfrentamiento entre miembros de grupos ar-
mados colombianos han aparecido varias veces y lIaman Ia atención
de Ia prensa internacional sobre Ias consecuencias de Ia aplicación dei
Plan Colombia. En un editorial, el diario norteamericano "The New
York Times" advirtió que "un desplazamiento de Ia guerra: de Colom-
bia" podría ..exacerbar" los problemas que afrontan los vecinos de
ese país. Por 10 que advierte Ia necesidad de que Estados Unidos
implemente un plan regional, que ayude "a los vecinos de Colombia a
fortalecer su polida, sus cortes y poder mantener a'lejados aios cam-
pesinos de los sembrados de coca. (..) El desplazamiento de Ia guerra
de Colombia podría amenazar gradualmente Ia estabilidad de sus veci-
227
...
Anuario de Integración Latinoamericana y Caribeiia
nos", que sufren de por sí múltiples problemas, como Ia crisis econó-
mica ecuatoriana, sefialó el diario.37
El secretario general de comunicación Alfredo Negrete Talenti,
anunció en febrero de 2001 que ante Ias amenazas de presuntos
paramilitares colombianos en contra de los habitantes deI sector de
Cascales, provincia de Sucumbios, miembros de Ia fuerza pública ecua-
toriana redoblaron Ias medidas deseguridad en este sector fronterizo
con Colombia. Un comandante general de Ia Fuerza Aérea Ecuatoria-
na (FAE), Oswaldo Domínguez, reveló que Ias Fuerzas Armadas tu-
vieron conocimiento de Ia formación de nuevos grupos subversivos en
el país y tiene evidencia de su vinculación con Ias Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) de Colombia. Domínguez aI re-
ferirse a una publicación deI diario "El Espectador", de Colombia, de-
claró que "Ias FARC están apoyando organizaciones guerrilleras en
proceso de formación en Ecuador, como el Frente Armado Revolucio-
nario deI Ecuador (FARE), y Ias Juventudes Revolucionarias".38
En abril, 2001, se reunió Ia mesa de diálogo entre representantes
de Ias organizaciones indígenas y el Gobierno donde se tocaron los
puntos más importantes sobre el Plan Colombia. Elliderazgo de los
indígenas planteó Ia necesidad de definir acciones urgentes para solu-
cionar el drama de los desplazados internos y que Ecuador se declare
neutral frente el conflicto en Colombia.
En el foro internacional "Impactos de Ia Militarización en Zonas
de Frontera" de abril de 2001, algunas delegaciones internacionales
discutieron Ias consecuencias de Ia lucha antidrogas de Estados Uni-
dos. Participaron cocaleros bolivianos y peruanos, organizadores de
Ias comunidades de indios y negros y activistas de derechos humanos.
La declaración que surgió deI evento mantiene que "Ia aplicación dei
Plan Colombia y su consecuente militarización responde a intereses
geopolíticos y económicos de Estados Unidos y otros países, con Ia
implementación de bases militares en Ecuador, El Salvador, Costa Rica
y Puerto Rico". 39 Se mencionó que una de Ias consecuencias de Ia
militarización es el incremento deI comercio ilegal de armas y el re-
clutamiento forzado de indígenas y negros. En fin, declararon que el
Plan Colombia corresponde a un esquema que pretende controlar los
recursos naturales de Ia región aI costo deI perjuicio de los habitantes
de Ia zona.
Hacia el final de abril de 2001, unos campesinos ecuatorianos de
Ias zonas fronterizas con Colombia anunciaron su intención de pre-
sentar una demanda contra el Gobierno nacional por los impactos am-
bientales provocados por Ias fumigaciones en territorio colombiano.
Según informó José Castillo, presidente deI Frente de Organizaciones
37 NYT: "Dangerous Plans for Colombia", The New York Times, NY, EE. UU., 13de febrero de 2000.
38 LAKE, EU J., " Bush changing plan to fight drugs in Colombia", Countrywatch, 16de marzode 200I,
en: www.countrywatch.com.
39 COMISIONANDlNADEJURISTAS:CronologiaAndina:Ecuador,22de abrilde2001,en:http://
www.cajpe.org.pe.
228
A debate
Campesinas de Sucumbi os, Ias fumigaciones para erradicar los culti-
vos de coca, que forman parte dei Plan Colombia, están perjudicando
los sembrados de los agricultores ecuatorianos que habitan junto ai río
San Miguel, en Ia frontera con colombiano-ecuatoriana.
En mayo, Ia conferencia "Impactos dei Plan Colombia en Ecuador
y Alternativas de Solución", evento que fue coordinado por Ia Subco-
misión Parlamentaria dei Plan Colombia y Ia Asamblea Permanente
de los Derechos Humanos (APDH), apuntó que los efectos dei Plan
Colombia en Ecuador se resumen en desplazados, secuestros, ajustes
de cuentas, inestabilidad social, económica y política en Ias zonas fron-
terizas, así como problemas ambientales.40
En julio de 2001, Ia provincia dei Carchi se dec1aró en alerta ante
Ia presencia de grupos armados y delincuentes que extorsionan aios
empresarios y comerciantes de Ia zona. Fue hecho un llamado ai pre-
sidente Noboa para que sea testigo de Ias amenazas, que han vuelto a
ser cotidianas desde Ia aplicación deI Plan Colombia.
EI mismo mes, una comisión dei Congreso Nacional de Ecuador
solicitó a varias universidades efectuar un estudio en Ia zona fronteri-
za con Colombia, con el fin de determinar los efectos reales de Ias
fumigaciones que han sido realizadas en ese país. Dada Ia alta inci-
dencia de quejas en Ia región, el Congreso propuso establecer un sis-
tema de monitoreo y evaluación de Ia zona, para que el Gobierno na-
cional pueda medir Ia magnitud de Ias afectacíones y preparar un re-
clamo de indemnización para los agricultores y campesinos afectados.
La comisión explícitamente recomendó que el Gobierno nacional toma
una posición neutral con respecto a Plan Colombia.
EI 23 de julio de 2001 Ias autoridades de Ia provincia de Carchi
solicitaron ai Gobierno ecuatoriano que revisara el contenido de los
convenios bilaterales de migración y comercio con Colombia para evi-
tar Ias infiltraciones recurrentes de elementos armados de ese país en
territorio ecuatoriano. La idea fue buscar Ia manera de restringir el
paso en varios sectores. Previamente, estas autoridades habían solici-
tado ai Gobierno que estableciera un dialogo con Ias FARC, 10 que fue
rechazado por el Gobierno de Ecuador, que ha mantenido que el Esta-
do colombiano es el poder soberano para conversar sobre los asuntos
entre los dos países.
En marzo de 2001, el Secretario de Estado, Colin Powell indicó
que Ia región andina era considerada una preocupación para Ios EE. DU.
en Ia Iucha contra el narcotráfico. Cuando el Congreso norteamerica-
no anunció en julio de 2001 que eI presupuesto de Ia Iniciati va Andina
había sido aprobado con menos fondos de Ios que Ia administración
Bush había propuesto, el Gobierno ecuatoriano comenzó a solicitar a
Washington que no se redujera su parte. Las bases de Centros Opera-
tivos Avanzados en Manta, Ecuador, junto con Ias de Ias islas de los
Antillas Holandesas y EI Salvador, constituyen el reemplazo de Ia Base
40 COMISION ANDINA DE JURISTAS: Cronología Andina: Ecuador, 12de mayo de 2001, en: http://
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Alluario de Integración Latinoamericana y Caribeiia
Howard de Panamá. Los fondos dei Plan Colombia fueron dedicados
en Ecuador a crear y mejorar nuevos puntos de control en Ia frontera
con Colombia, y mejorar Ia infraestructura para inteligencia y comuni-
caciones entre Ia polida y los militares en Ia zona fronteriza ai Norte
dei país. En Ia costa, Ia seguridad de los puertos y puntos de inspec-
ción también recibieron fondos.
Según el Departamento de Defensa norteamericano, Ias Fuerzas
Armadas de los EE. UU. entrenaron a 681 ecuatorianos en 1999, prin-
cipalmente de Ia polida y Ias Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Aseso-
res norteamericanos también fueron activos en misiones de entrena-
miento dedicadas a Ias operaciones antinarcóticos en 1999 y seguían
en acción en 2000. Los fondos dei Plan Colombia también fueron uti-
lizados para renovar algunas instalaciones de Ia base de Manta, donde
10s norteamericanos tienen acceso a facilidades en sus operaciones
antinarcóticos.
Hacia el final de enero de 2001, fue evidente en Ecuador un
cuestionamiento sobre el convenio para Ia utilización de Ia base aérea
en Manta. Se convocó un Tribunal Constitucional para que Ias Fuer-
zas Armadas Ecuatorianas pudieran explicar Ia justificación dei con-
venio. EI general René Vargas Passos, ex-jefe deI Comando Conjunto
de Ias FF. AA, dec1aró que es necesario revisar este convenio, "ya
que es un peligro muy grande para Ia seguridad nacional, Ia tranquili-
dad y Ia vida de muchos ecuatorianos". Según él, el Plan Colombia
incluye los elementos para erradicar los cultivos de coca, pero su asunto
principal es exterminar Ia insurgencia colombiana y esto iba a tener
unas implicaciones importantes para Ecuador.41
A pesar de estas dec1araciones, el jefe dei Comando Sur de Ias
Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Peter Pace, negó abiertamente
durante una visita a Ia base de Manta que ésta tuviera algo que ver
con Ias operaciones militares en Colombia. Cuando una delegación de
senadores norteamericanos, encabezada por el senador John McCain,
visitó Ia base en febrero de 2001, McCain afirmó que el Plan Colom-
bia está dedicado a impedir el narcotráfico y no a combatir a los insur-
gentes de ningún país, aunque hizo notar que Ia guerrilla obtiene sus
ingresos dei narcotráfico. Pero, de igual manera,el ex-comandante de
Ia polida ecuatoriana Jorge Villarroel dec1aró que el Plan Colombia
ya había tenido algunas consecuencias serias para el país, citando el
desplazamiento de comunidades indígenas por presión de grupos ar-
mados, Ia aparición de algunos laboratorios de procesamiento de dro-
ga en Subumbios, Ias extorsiones en Carchi y el secuestro de extranje-
ros en Pompeya.
En Bolivia, los fondos dei Plan Colombia sostienen los programas
de interdicción y aportan un monto inferior para los programas de de-
sarrollo alternativo. También hubo financiamiento para el programa
nacional de erradicación de los cultivos de coca en el Este deI país.
4 I COMlSlON ANDlNA DE JURISTAS, Cronologia Andina: Ecuador, 18de enero de 2001, en: hltp:/I
www.cajpe.org.pe.
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1
A debate
La interdicción comprende Ia renovación de Ias facilidades fronteri-
zas y los puntos de control e inspección, más entrenamiento para los
pilotos de helicópteros, repuestos para aviones, barcos y helicópteros
de transporte, vehículos y entrenamiento en Ia reforma deI sector judi-
cial. Con fondos deI Departamento de Defensa de EE.UU., iba a co-
menzar en 2000 Ia construcción de tres bases militares para Ias opera-
ciones contra narcóticos deI Ejército Boliviano. EI Comando Sur nor-
teamericano también intentó a aportar Ia construcción de varias faci-
lidades para mantener una presencia militar boliviana en áreas donde
Ias operaciones de erradicación han terminado, pero Ias protestas
masivas por parte de los campesinos afectados por Ia campafia de
erradicación forzaron el abandono de Ias construcciones.
Cuando Hugo Banzer asumió Ia Presidencia pro tempore de Ia
Comunidad Andina de Naciones, indicó que su gestión haría todo 10
posible para cooperar con Ia Iniciativa Andina (IRA) y el Plan Colom-
bia en Ia lucha contra el narcotráfico.
En Perú, los fondos deI Plan Colombia fueron dedicados a Ia com-
pra de nuevos helicópteros para Ia Polida Nacional Peruana con el fin
de reemplazar sus viejos helicópteros rusos. Los fondos además apor-
taron cuatro afios de repuestos y entrenamiento de pilotos y mecáni-
cos para los helicópteros. También fue financiada Ia infraestructura
para Ia patrulla y control de los ríos por Ia noche donde hay flujos deI
narcotráfico.
EI eiltrenamiento militar por parte de Ias fuerzas armadas norte-
americanas fue sustancial en 1999, con alrededor de mil peruanos en-
trenados, aunque en 2000 y 2001, hubo unas interrupciones relaciona-
das con Ias restricciones deI Congreso, que obligaron a Ias fuerzas
armadas norteamericanas a certificar que hubo progreso en Ia restau-
ración democrática en el país. Después de Ias nuevas elecciones y
ante Ia cooperación de Ia nueva administración, se anticipó que el
entrenamiento se restablecería de nuevo.
EI acceso aI petróleo de Venezuela constituye unas de Ias amena-
zas más importantes aIos intereses estratégicos de los EE. UU. A
pesar de eso, Ias duras criticas hacia el Plan Colombia por parte de Ia
administración de Hugo Chávez han limitado Ia involucración norte-
americana en ese país. Desde 1999, el gobierno venezolano ha negado
los pedidos de los norteamericanos para utilizar el espacio aéreo de
Venezuela para sus operaciones de inteligencia y interdicción. Según
el Comando Sur, en 34 de 37 episodios entre mayo de 1999 y febrero
de 2000 durante los cua1es Ias fuerzas norteamericanas estuvieron
persiguiendo los aviones sospechosos, el Gobierno impidió e1 acceso a
sus territorios.
A1gunos fondos fueron utilizados para Ia capacitación técnica de
Ia Polida y Ia Guardia Nacional de Venezuela en el campo de Ia refor-
ma judicial y Ia formación de políticas para reducir el consumo de
droga.
Temprano en 2001, Ia Defensoría deI Pueblo reforzó su presencia
institucional en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, debido
231
Anuario de lntegración Latinoamericana y Caribeíia
aIaimplementacióndeI Plan Colombia, por parte deI vecino país, 10
que hace presumir el agravamiento de algunos problemas en Ias regio-
nes fronterizas e incluso posibles violaciones de los derechos huma-
nos. La información Ia suministró el defensor deI pueblo, Germán
Mundaraín, quien indicó que "allí -en Ias zonas limítrofes- se están
produciendo desplazamientos humanos que hacen suponer Ia violación
de los derechos humanos, pues podrían penetrar en nuestro territorio
paramilitares, enviados deI ejército colombiano, refugiados, y, por qué
no decirlo, de Ia guerrilla. Esa acción de emergencia supone un au-
mento deI número de delegados en esas zonas, ya que Ias delegacio-
nes de Ia Defensoría no pueden corresponder con un criterio político-
territorial, sino más bien dependen de Ia base poblacional y de Ia can-
tidad de conflictos existentes".
En 2001, Ia Asamblea Naciona~ de Venezuela aprobó una estrate-
gia para enfrentar los retos representados por el Plan Colombia. In-
cluyó los siguientes elementos:
1. Estudiar un proyecto de inversiones que permita elevar los niveles
de seguridad y calidad de vida en Ia frontera.
2. Revisar el plan de Inversión en Ia FAN.
3. Reactivar Ias comisiones binacionales con Colombia en todos los
órdenes.
4. Exhortar aI Ejecutivo a implementar un plan de contingencia na-
cional para atender y analizar los efectos dei Plan Colombia.
5. Que Ia Asamblea Nacional solicite a Ias comisiones de Política
Interior, Política Exterior, Defensa, Ambiente y Finanzas que se
aboquen a desarrollar estos cuatro acuerdos marco. EI debate se
suscitó en el Parlameq.to en momentos en que senadores estado-
unidenses proponen desde Ecuador ampliar el Plan Colombia a toda
Ia región con una estrategia más global, que han bautizado como
Plan América.
En febrero de 200 I, el ministro de Defensa, José Vicente Rangel,
anunció Ia nueva construcción de una base aérea estratégica en
Guasdualito, dedicada a reforzar Ia presencia militar en Ia zona de
frontera con Colombia. Afirmó también que el caso de los desplaza-
dos es un tema permanente mientras haya una situación de violencia
en Colombia y exista esa amenaza aunque no se concrete. Respecto
aI Plan Colombia y Ia posibilidad de que Venezuela hubiera aprove-
chado dicha coyuntura para mejorar el equipamiento de Ia Fuerza Ar-
mada Nacional, Rangel aseguró que el problema es que dicho plan fue
planificado a espaldas de los países vecinos.
En marzo de 200 I, Venezuela manifestó su interés en recibir Ia
ayuda social para Ia lucha antidrogas que los Estados Unidos propone
a los países andinos.
Panamá es otro país donde existen muchas preocupaciones sobre
el desplazamiento causado por el conflicto. Panamá recibió $4 millo-
nes para crear una policía técnica judicial con el objetivo de apoyar
Ias patrullas marítimas y los controles fronterizos.
232
A debate
Chile también ha manifestado sus preocupaciones. En abril de 2001,
voceros de Ia polida chilena dec1araron que el Plan Colombia tendrá
un impacto negativo para Chile, debido aI incremento deI tráfico de
drogas por nuevas rutas utilizadas para reorientar el flujo de narcóti-
cos hacia los Estados Unidos y Europa. Dos meses después, en junio,
fueron decomisados 16 kilos y medio de heroína colombiana en el ae-
ropuerto Arturo Merino Benítez. Este es considerado el decomiso más
grande registrado en Ia historia policial chilena. Según expertos
antinarcóticos, dicho decomiso consolida a Chile en el contexto de Ias
nuevas rutas internacionales de tráfico de esta sustancia. La polida
ha detectado una creciente diversificación de los envíos con el fin de
burlar los cada vez más estrictos controles impuestos en esos países,
intensificados con Ia aplicación deI Plan Colombia y el conjunto de
acciones de asistencia antidrogas de EE. UU. en esa nación.
A MANERADECONCLUSIÓN
El Plan Colombia/La Iniciativa Andina están basados en una política
que busca poner Ia agenda andina en toto en Ias manos deI Pentágono.
La militarización de Ia región desarrolla el mecanismo para controlar
una variedad de escenarios que podrían desarrollarse en contra de los
intereses de Washington en su esquema hemisférico.La seguridad
nacional de los EE. UU. así conceptuada va completamente en contra
de los intereses de Ia región, donde Ia violencia, el desplazamiento, Ia
contaminación ecológica, Ia inestabilidad política y Ia reubicación de
los flujos deI narcotráfico amenazan el desarrollo sostenible y Ia inte-
gración genuina de los países andinos.
En este contexto, 10 que queda a los países es Ia competencia por
los fondos extranjeros que están dirigidos en contra de sus intereses y
una integración cada vez más completa en el complejo militar deI po-
der hegemónico deI hemisférico. La región se compromete a una gue-
rra impuesta desde afuera contra un enemigo que debe su existencia
aI mercado de los países consumidores. Washington asegura su posi-
ción en Ia competencia global, donde su plan es garantizar su acceso a
los bienes estratégicos de su traspatio y a Ia seguridad de sus merca-
dos en el Sur, cada vez más abiertos como resultado de los procesos
globalizadores que impulsa el Norte.
Como esta ponencia ha argumentado, el Plan Colombia forma par-
te de una historia contradictoria en Ias relaciones entre Estados Uni-
dos y esa nación. En Ias ultimas décadas, países como Colombia tu-
vieron que repensar y modificar sus estrategias de desarrollo de acuer-
do con Ia necesidad de enfrentar Ias presiones procedentes de Ia
globalización. Para Colombia, ese proceso fue sustancialmente com-
plicado por el peso adicional de manejar Ias relaciones erráticas que
siempre ha tenido con los EE. UU. En su esencia, Ia primera Iniciativa
Andina fue un plan totalmente unilateral, hecho por parte deI primer
país consumidor en el mundo. Después de los anos 90, fue evidente
que Ia política norte americana contemplaba cada vez más los medios
233
Alluario de Illtegración Latilloamericalla y Caribeiia
de intervención militar en Colombia y esto constituyó un factor
condicionante de considerable importancia en Ia formulación de Ia pro-
puesta dei Plan Colombia.
La crisis política de Ia administración Samper logró amenazar Ia
gobernabilidad dei país. En este contexto, Ias intervenciones norte-
americanas sirvieron para alimentar aún más Ias presiones sobre el
Estado, provocando una cierta incoherencia en sus políticas y debili-
tando conscientemente Ia estabilidad política dei país. La primera in-
dicación de problemas serios en su doble estrategia se manifestó cuando
10s Estados Unidos rechazaron Ia propuesta de Colombia de incorpo-
rarse en el llamado carril rápido para ser el próximo socio deI TLC,
escogiendo a Chile en su lugar. La consumación dei proceso para estig-
matizar ai país fue Ia descertificación de Colombia en 1996 aI no
haber logrado impresionar a Washington con su compromiso de lu-
char contra el narcotráfico. En fin, el "narco-poder" ha sido suma-
mente problemático para 10s Estados Unidos en Ia medida en que
queda fuera de su regulación y actúa contra sus intereses
hegemónicos. Cada vez más entonces, Washington ha tomado accio-
nes contra cualquier país que no actúa en contra ai narcotráfico en
Ia manera e intensidad que ellos exigen. Con sus políticas de "certi-
ficación", los países receptores se encuentran amenazados con un
paquete de medidas orientadas a castigar a todos los estados que
ellos consideran como insuficientemente "cooperativos". A partir de
1995, este estigma de ser "descertificado" fue aplicado a Colombia,
de modo parcial en ese afio por una aprobación de facto, y de una
manera más completa en 1996, imponiendo Ia sombra de fuertes san-
ciones económicas, pendi entes de ejecución para el momento en que
Washington determinara que tendrían el máximo efecto dafiino sobre
Ia administración Samper.
Hay que decir que Ia práctica de recibir narco-fondos no era nada
nueva y habían sido hechas muchas acusaciones contra otros políticos
colombianos antes de Samper, inclusive sobre Pastrana mismo. De
hecho, existían acusaciones de que otras figuras en Ia región habían
recibido narco-fondos en sus campafias, como el dictador Fujimori por
ejemplo, todo ello sin provocar ninguna reacción de Ia magnitud que
experimentó Samper. En resumen, es evidente que Washington tuvo
otras razones para su decisión de asumir una posición antagónica con
Ia administración Samper, una actitud que cambiaría rápidamente con
Ia victoria electoral dei conservador Pastrana.
Después dei fin dei gobierno de Samper, Ia administración Clinton
se hizo Ias paces rápidamente con Pastrana, recibiendo por su consi-
deración su propuesta de recuperar y expandir Ias relaciones de co-
operación en Ias esferas económica y militar. La restauración dei Tra-
tado de Extradición ayudó a Clinton a ganar el apoyo bipartidista para
aprobar el Plan Colombia en 2000, aunque no en Ia versión propuesta
por Pastrana. La administración Bush no solamente siguió Ia política
Clinton sino que rápidamente expresó su intención de extenderla a
toda Ia región andina.
234
A debate
La regionalización deI conflicto. igual que en Ia América Central
de los afios 80. representa Ia novísima ola de lucha contra insurgentes
que se fue desarrollado a partir de los comienzos de Ia Guerra Fría. y
ahora muestra que su objetivo siempre ha sido igual. Si Ia
vietnamización buscaba una victoria total y resultó en Ia "pérdida" de
casi todo el Sudeste asiático. Ia estrategia militar post- Vietnam co-
rresponde más aI modelo centroamericano. Como argumenta Petras42,
Ia idea es hacer imposible un triunfo militar de Ias fuerzas insurgentes
izquierdistas. reprimiéndolas militarmente en Ias zonas donde tienen
fuerza. y obligándolas a participar en los acuerdos de paz para que se
reincorporen en Ias políticas electorales, donde los mecanismos con-
vencionales de control operan para impedir su participación política
efectiva. De esa manera fue que Washington eliminó deI panorama
centroamericano Ias amenazas de los movimientos radicales y sus plan-
teamientos alternativos deI desarrollo.
Si bien hay un amplio margen de debate sobre hasta que punto Ias
FARC tienen una base popular en términos políticos de Ia izquierda,
también no cabe duda que Ia mayoría de los analistas afuera y espe-
cialmente adentro de Colombia 10 niegan. Washington ha optado por e!
discurso deI narco-guerilla en Ia preparación deI terreno político para
Ia intensificación de Ia guerra, dado que hay poco apoyo en los EE. UU.
para una campafia convencional de lucha contra insurgentes en Co-
lombia. Por razones domésticas, ha sido difícil hasta ahora para Was-
hington plantear sus intereses reales en términos de Ia necesidad de
garantizar su acceso aI petróleo y el control territorial estratégico de!
Norte de América deI Sur hasta el Panamá. sobre todo ante Ias ame-
nazas de una radicalización de Ia región que comenzando por Vene-
zuela. se extendiera a Colombia y Ecuador, donde Ias corri entes de
oposición son cada vez más problemáticas. Si se junta el resentimien-
to de los campesinos de Bolivia sobre Ia política de erradicación de
los cultivos de coca. con algunos elementos parecidos en el Perú. uno
percibe Ia posibilidad de una variedad de desafíos que van en contra
de los intereses norteamericanos en el medio y largo plazo en Ia re-
gión. En fin. el riesgo mayor se halla en un enfrentamiento aI modelo
dominante deI neoliberalismo.
Las dinámicas en Colombia han combinado todos estos factores
durante largo tiempo y por eso. es relativamente fácil destacar cómo
los intereses norteamericanos que favorecieron Ias intervenciones de
Clinton en lugares como Haití. podían también aceptar Ia necesidad
de esta "intervención buena" en Colombia. Todos los elementos deI
panorama norteamericano se encontraban en favor de esta tendencia.
Por supuesto, los que promulgan Ia línea dura contra el narcotráfico
estaban de acuerdo. También. los sectores tradicionales que apoyan Ia
venta de armas en cualquier contexto se mostraron entusiastas con Ia
perspectiva de una intervención fuerte en Ia región. Con esa correla-
ción de intereses políticos, Clinton podía asegurar e! apoyo bipartidista
~2 PETRAS, J.: "The Imperial Counter-offensive",