IUV - ESyPPs - estado y sociedad

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INSTITUTO UNIVERSITARIO JUAN VUCETICH 
 
(IUV) 
 
 
 
ESTADO,SOCIEDAD Y POLITICAS PUBLICAS EN 
SEGURIDAD 
 
 
 
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CLASE 1 
 
 
El Estado en la sociedad 
Estimadas y estimados estudiantes les damos un cordial saludo de bienvenida 
a la materia Estado, Sociedad y Políticas Públicas de Seguridad, del Instituto 
Universitario Policial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich". 
En esta primera clase, el objetivo es estudiar, debatir y profundizar sobre la 
institución estatal en la regulación de la vida social. Para ello, se presentan tres 
temáticas de aprendizaje: el concepto de Estado, los modelos de la administración 
pública y el surgimiento de los Estados modernos y su contextualización en América 
Latina, en especial, en Argentina. 
Se les proporcionarán lecturas complementarias y videos para que estudien los 
diferentes temas a desarrollar. 
 
El Estado: conceptualización y teorías sobre la institución 
estatal. 
En esta primera clase buscamos describir dos o tres conceptos que en principio 
parece que conocemos todas y todos y utilizamos vagamente a diario en diversas 
conversaciones sobre nuestro trabajo o en discusiones políticas. En esta primera 
clase vamos a pensar con mayor complejidad conceptos como: Estado, Sociedad y 
Dominación. 
Por un lado, cuando nombramos la palabra Estado, nuestro sentido común nos 
lleva inmediatamente a pensar en un conjunto de instituciones burocráticas, 
identificadas muchas veces por la figura de un conjunto de personas que trabajan bajo 
pautas institucionales delimitadas, y que cumplen tareas y funciones de orden público. 
 
 
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De hecho, solemos llamar “burocracia” a ese conjunto –a veces tedioso- de protocolos 
de acción que dichos empleados y/o funcionarios públicos tienen que llevar a cabo. 
Pero vamos a dejar para un poco más adelante este aspecto del Estado, y en 
este primer momento vamos a adentrarnos a observar desde otra perspectiva eso que 
llamamos Estado, y que refiere a la capacidad para regular las relaciones sociales 
dentro de un territorio específico. 
Como se señala en el primer texto propuesto para la lectura de esta clase: 
“Es un error asimilar el Estado al aparato estatal, o al sector público, o al 
conjunto de burocracias públicas. No cabe duda que ellas forman parte del 
Estado, pero no son el Estado en su totalidad. El Estado también es, y no 
menos fundamentalmente, un conjunto de relaciones sociales que establece 
un cierto orden y en última instancia lo respalda con una garantía coactiva 
centralizada, sobre un territorio dado” (O’Donnell, 1993: 167).[1] 
Podríamos decir en este primer momento, que eso que llamamos Estado 
tiene dos caras: por un lado es un conjunto de instituciones burocráticas que lo 
componen legalmente; por otro lado, es conjunto de relaciones sociales que son 
reguladas por él dentro de un territorio, en última instancia, a través de la fuerza. 
 
Estado y Sociedad 
Cuando empezamos a pensar al Estado no sólo como un aparato burocrático 
sino también como instancia de regulación de relaciones sociales, nos encontramos 
inmediatamente con ese otro componente que lo define: la Sociedad. 
Y en este momento debemos también sacarnos de encima los preconceptos 
que se nos vienen a la mente cuando pensamos en “la Sociedad”. Eso que llamamos 
sociedad no es un ente definido, claro y distinto absolutamente del aparato estatal. 
Tampoco es un conjunto de gente. En este momento vamos a pensar a la sociedad 
 
 
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más como un flujo permanente de relaciones entre sujetos; como un entramado 
de vínculos entre voluntades; como una dinámica de circulación de mandos y 
obediencias. 
En estos primeros textos propuestos para esta clase, van a encontrar esta 
primera definición de Estado en relación con la Sociedad: 
“En un sentido ideal abstracto concibo al Estado como una relación social, 
como la instancia política que articula un sistema de dominación social” 
(Oszlak, 2008: 117).[2] 
Como vieron en la Clase Integradora inaugural: “El Estado regula las relaciones 
sociales dentro de un territorio; pero también constituye la instancia política específica 
de dominación, lo que supone la facultad para configurar aspectos sustanciales de la 
vida social”. 
En ese fluir sin fin de vínculos entre voluntades que significa la “vida social”, el 
Estado es una instancia relativamente estable y reconocible de un ente ordenador 
(poder político), que se observa a través de una burocracia, y que puede utilizar la 
violencia física (como garantía en última instancia) para imponer pautas de acción a 
un conjunto de sujetos en un territorio específico. 
Esa imposición de pautas de acción nos lleva a pensar en otro elemento de 
esta definición compleja de Estado, y que refiere a esa relación de poder que 
denominaremos: Dominación. 
 
Estado, Sociedad y Dominación Legítima 
 La vinculación entre Estado y Sociedad está mediada por una distribución 
desigual de poder. Cuando en este momento hablamos de “poder” nos referimos a 
una definición de la sociología clásica personificada por Max Weber, que plantea que 
 
 
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el poder es “la capacidad de un sujeto, una organización o un sistema institucional 
completo de lograr la obediencia más allá de toda resistencia”[3]. 
Cuando hablamos de relación de poder, necesariamente hablamos de mando 
y obediencia. Y en este momento es necesario observar con mayor detalle cómo es 
esa obediencia: ¿es con resistencia o con complacencia? 
 A grandes rasgos, cuando una orden es obedecida con complacencia, es decir: 
cuando quien obedece lo hace porque considera válida esa orden y a su vez que quien 
le dio la orden tiene derecho a hacerlo, entonces ese poder es legítimo. 
 Esa relación de mando-obediencia es lo que Weber llama dominación. Y 
cuando esa dominación es considerada válida por quién obedece, es una dominación 
legítima. Y cuando se da una relación de dominación legítima, vamos a estar 
hablando de ejercicio de autoridad. 
Por el momento nos vamos a quedar con estos elementos para el análisis 
complejo del Estado, ya que hay mucho más por desarrollar en cuanto a por qué 
obedece quién obedece, y cómo es el proceso social de construcción de esa 
obediencia. 
Pero con estos pocos elementos ya podemos intuir que la autoridad no proviene 
ni del tono con que se dé una orden, ni de una persona, ni de una situación en sí 
mismas; sino de un complejo sistema de creencias que la rigen y la sostienen. 
Este punto es fundamental, porque, como se señaló en la Clase Integradora: 
“(…) una orden no se sostiene sólo a fuerza de la espada sino que precisa del 
consenso de los gobernados, y porque esa fuerza además debe estar sostenida 
por una creencia en la validez de que cada vez que se recurre a ella es para 
sostener un orden legítimo.” 
 
 
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La institución policial juega un rol central en este proceso de mando-obediencia 
para regular la vida social en el territorio de un Estado. Y es a su vez un elemento más 
en una cadena de relaciones mediadas por el inestable consenso social de ese poder. 
 
Estado (definición compleja) 
A partir de los elementos vistos en este primer momento de la clase, podemos 
retomar una definición compleja de eso que llamamos Estado, que van a encontrar 
en los textos propuestos para este Núcleo Conceptual: 
“(…) podemos afirmar que el Estado es un aspecto de las relaciones sociales 
(O’Donnell, 1977); específicamente, es la instancia política de dominación, 
objetivada en diversas instituciones, que ejerce en forma legítima el monopolio 
de la coerción física en un territorio determinado (Weber, 1992). Tiene por 
objeto garantizar la reproducción de un conjunto de relaciones a las que 
podemos englobar bajo el concepto de matriz político-social, indicando con este 
a las capacidades diferenciales que tienen los distintos actores y grupos 
sociales para la realizaciónde sus intereses (Abal Medina, 2003).[4] 
 En nuestro país, tras las atrocidades cometidas desde el Estado en la última 
Dictadura Cívico-Militar 1976-1983, la “matríz político-social” que continúa al día de 
hoy como consenso claramente mayoritario, es el respeto al Estado de Derecho 
basado en la Constitución Nacional, y el sistema democrático de elección de 
autoridades como medio para canalizar la disputa política, en detrimento de la razón 
de la fuerza. 
 Esta matriz político-social democrática, anclada en el conjunto de derechos y 
libertades de la ciudadanía, y que incluso a través de diversas políticas públicas se 
busca viabilizar, garantizar y ampliar, es el límite de acción de la mera fuerza que 
potencialmente -y por definición- pueden llevar a cabo las burocracias armadas del 
Estado (como la policía en particular, y las FFSS y FFAA en general). 
 
 
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 Como se señaló en la Clase Integradora: 
“Solo después de esta nefasta experiencia (de la última Dictadura) los 
argentinos comprendimos el enorme valor de la democracia como forma de 
vida civil y método de conformación de gobiernos, pero sobre todo el valor del 
Estado de derecho como condición de una vida donde la vigencia de la Ley es 
garantía de un orden social legítimo.” 
 El sistema de representación Democrática, basado en el Estado de Derecho, 
es hoy la forma de dominación legítima dentro del territorio del Estado argentino y es 
la Constitución Nacional la Carta Magna que regula, administra, habilita y limita, el 
ejercicio legal de la violencia de las instituciones del Estado, entre ellas, las 
instituciones policiales. Por lo tanto, cuando hablamos de Estado de Derecho en el 
marco de sociedades democráticas, en esencia nos referimos a una irrestricta 
subordinación de toda acción u omisión llevada adelante por el propio Estado a través 
de sus instituciones, con respecto a la normativa legal vigente, siendo la Constitución 
Nacional, la Ley Suprema o Ley Fundamental, por encima de todas ellas. 
En este sentido, como mecanismo de regulación, control y sanción del ejercicio 
de la violencia del Estado, el art 75 de la Constitución Nacional, otorga jerarquía 
constitucional a distintos tratados internacionales para la protección y garantía de los 
Derechos Humanos. Entre ellos podemos Nombrar: 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 La Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 
 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
 
 
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 La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. 
 La Convención sobre los Derechos del Niño. 
 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores. 
Estos tratados no derogan ningún artículo de la Constitución, sino que son 
complementarios de todos los derechos y garantías constitucionales. 
 
Las capacidades estatales 
El Estado, en su doble carácter de relación social y aparato institucional, 
dispone de un conjunto de propiedades o capacidades que justamente son las que 
determinan la condición estatal. Oszlak introduce el concepto de “estatidad” para 
hacer referencia a que lejos de constituir un acto espontáneo o deliberado, el 
surgimiento del Estado se corresponde con un proceso formativo en que un “sistema 
de dominación social ha adquirido el conjunto de propiedades –expresado en esa 
capacidad de articulación y reproducción de relaciones sociales– que definen la 
existencia de un Estado” (Oszlak, 2008: 122). 
Desde esta perspectiva, los atributos estatales son fruto de un proceso gradual 
y por tanto, en cada momento histórico presentan un distinto nivel de desarrollo. Las 
propiedades que definen la existencia de un Estado son la capacidad de: 
➔ Externalizar su poder, es decir, la posibilidad de obtener reconocimiento como 
unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales; 
➔ Institucionalizar su autoridad, entendida como la imposición de una estructura 
de relaciones de poder que garantice el monopolio de los medios organizados 
de coerción; 
 
 
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➔ Diferenciar su control, referida a la posibilidad de contar con un conjunto de 
instituciones profesionalizadas que puedan extraer recursos de la sociedad en 
forma legítima y controlada centralmente y 
➔ Internalizar una identidad colectiva, a partir de la creación de símbolos 
generadores de pertenencia y solidaridad que refuerzan los mecanismos de 
dominación (Oszlak, 2008). 
Estas propiedades, además de permitir aprehender el complejo proceso de 
formación de los Estados-nación, resultan pertinentes para explicar su evolución, 
teniendo en cuenta que el Estado “no es un concepto estático sino por el contrario 
dinámico que ha sufrido y sufre transformaciones posibles de ser identificadas 
históricamente” (Abal Medina, 2003: 1). 
 
 
 
 
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Modelos de Administración Pública 
A lo largo del tiempo, en función de las transformaciones sociales, económicas 
y políticas, y de las cambiantes necesidades y demandas imperantes en la sociedad, 
se han sucedido distintos tipos de estructuras administrativas. Sin embargo, fue recién 
a principios del siglo XX que la administración pública, como teoría y como práctica, 
comenzó a ser formalizada (Hughes, 2003). A continuación, describiremos los tres 
modelos de administración siguiendo el texto del autor Juan Manuel Abal Medina 
(2012) “Manual de la nueva administración pública en Argentina”. 
 
El Modelo Burocrático 
El modelo “burocrático” se consolida entre fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Surgió en gran medida como respuesta a las falencias evidenciadas por la 
administración pre burocrática que había caracterizado a la organización estatal 
durante todo el período previo al surgimiento de los Estados-nación. El modo en que 
estaba estructurado el Estado resultaba obsoleto e ineficiente frente a las nuevas 
demandas y necesidades de una sociedad en pleno proceso de transformación. Tales 
 
 
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circunstancias condujeron a una profunda reestructuración en el ordenamiento estatal, 
por medio de la cual la lealtad personal comenzó a ser suplantada por las reglas 
impersonales y la legalidad. La eficiencia, la eficacia, la imparcialidad, la honestidad, 
el interés público, se convirtieron en los rasgos deseables para la edificación de una 
nueva forma de administrar el Estado. 
Sin embargo, el modelo burocrático evidenció una serie de problemas y 
falencias que hacia fines del siglo XX resultaron difíciles de sobrellevar: “surgieron 
problemas como la rigidez orgánica, la inflexibilidad funcional, el aumento desmedido 
de funcionarios, la asimetría de responsabilidades y una marcada reducción en la 
capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades de la ciudadanía” (Atrio 
y Piccone, 2008: 179). Tales razones motivaron a la mayoría de los países a 
emprender ambiciosos programas de reforma administrativa, guiados por nuevas 
concepciones sobre la administración pública. En muchos casos, estos programas de 
reforma del funcionamiento estatal vinieron acompañados de un objetivo, declarado o 
no, de reducir el propio rol del Estado en la vida social. 
 
La Nueva Gestión Pública (NGP) 
Este modelo fue desarrollado primeramente en Estados Unidos y en Gran 
Bretaña durante la década de 1980. Su visión general es la de orientar a la 
administración pública por los valores y las técnicas del sector privado. Establece que 
las relaciones jerárquicas tradicionales de la burocracia sean reemplazadas por 
contratos flexibles; los organismos públicos pasen a competir entre sí y con 
organizaciones privadas para la prestaciónde servicios (de los cuales los ciudadanos 
son “consumidores”) y se establecen incentivos para elevar la productividad de los 
trabajadores, como las remuneraciones según desempeño (Hughes, 2003; Pollitt y 
Boukaert, 2011; Kettl, 2000). 
 
 
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Las versiones más “duras” de la NGP buscan generar una redefinición del 
propio ámbito de actuación del Estado, cuyo tamaño buscaba reducir mediante 
privatizaciones y descentralización. La contraparte de este proceso es el crecimiento 
del mercado y la privatización de lo público. En estas versiones, las consecuencias de 
la aplicación de la NGP no se limitan a la esfera de la administración pública, ya que 
también implican modificaciones sustantivas respecto de la frontera entre la sociedad 
y el Estado. 
La aplicación de la NGP, principalmente en su versión más extrema, motivó 
una serie de problemas en su afán por dinamizar y flexibilizar la gestión 
gubernamental, a saber: 
● Discrecionalidad por parte de los funcionarios en la fijación de los objetivos y 
en la toma de decisiones 
● Falta de coordinación y trabajo conjunto entre las áreas 
● Excesiva fragmentación de la administración pública en unidades con sus 
propios objetivos 
● Pérdida de coherencia en el accionar estatal 
 
El modelo de la Gobernanza 
En los últimos años, han surgido en la administración pública nuevos conceptos 
como “gobernanza”, “gobierno conjunto”, “totalidad de gobierno” o “gobierno en red” 
(Christensen y Laegreid, 2006; Goldsmith y Eggers, 2004; Goldsmith y Kettl, 2009), 
que expresan la necesidad de modificar los mecanismos de coordinación social 
imperantes. Estas nuevas perspectivas afirman la necesidad de involucrar a una 
amplia gama de actores no estatales para garantizar la satisfacción de las demandas 
ciudadanas. El enfoque de la gobernanza (governance en su término en inglés) surgió, 
al igual que el modelo de la nueva gestión pública, en contraposición con la rigidez 
característica del modelo burocrático tradicional. 
 
 
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Dentro del modelo de la gobernanza han emergido distintas posiciones 
respecto del rol que debe tener el Estado, en el marco del trabajo en redes, en el 
diseño e implementación de las políticas públicas. Mientras para algunos el Estado 
sigue siendo un actor central en tanto que regula y controla los productos de las redes 
que promueve, para otros debe ser desplazado como instancia fundamental de 
coordinación (Peters y Pierre, 2005). Consideramos que esta última postura puede 
traer aparejados dos serios problemas: uno vinculado con la efectiva implementación 
de las políticas y otro con la equidad de las mismas. En este sentido, las capacidades 
del Estado (en cuanto a su extensión territorial, legal y sus recursos financieros así 
como humanos) junto con las garantías que ofrece un gobierno elegido 
democráticamente para representar los intereses de todos los ciudadanos, permiten 
afirmar que resulta indispensable que el Estado retenga una posición central, aunque 
no necesariamente exclusiva, en los procesos de elaboración de políticas públicas. 
 
 
 
 
 
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Breve caracterización histórica del surgimiento de los 
Estados modernos y su contextualización en América 
Latina, en especial, en Argentina. 
Cada una de los atributos que definen la existencia de un estado nación, así 
como las capacidades de la institucionalidad estatal, el paradigma bajo el cual se 
considera la relación entre estado y sociedad y la manera de vincularse con el 
ciudadano fue mutando a lo largo del tiempo. 
En el caso particular de nuestro país, una vez superada el periodo de guerras 
civiles con posterioridad a la declaratoria de independencia, y principalmente luego de 
la sanción de la constitución nacional en 1853, se fue dando un proceso paulatino 
donde la emergencia de una autoridad gubernamental central en cabeza del 
presidente de la nación permitió la formación progresiva del Estado argentino, 
destacando la unidad territorial y la institucionalización de una instancia política de 
dominación. 
Siguiendo la bibliografía propuesta para la unidad, se pueden distinguir tres 
tipos de estado en Argentina. En primer lugar, el propio de la inserción de nuestro país 
en el concierto de las naciones, asumiendo un rol específico como proveedor de 
materias primas a escala mundial y que se denominará Estado Liberal. Luego, una 
configuración estatal que empieza a asumir nuevas funciones, recursos y 
obligaciones, que tendrá un rol predominante en la asignación de los factores de 
producción en el marco de un nuevo paradigma económico dominante como fue el 
modelo keynesiano y, por último, un tercer modelo, denominado neoliberal que 
asumirá características que acompañará la transnacionalización de las actividades 
económicas, la financiarización de las relaciones económicas internacionales y el 
auge de un nuevo “saber convencional” basado principalmente en el libre mercado y 
el retiro del Estado. 
 
 
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Entre 1880 y 1930 quedó configurado a nivel mundial un nuevo esquema de 
división del trabajo, en el cual los países periféricos, entre ellos Argentina, debían 
proveer materias primas a los países industrializados del centro (principalmente 
Inglaterra). En el marco de este proceso, hacia 1880 se consolidaron de manera 
definitiva las tendencias para la emergencia del Estado nacional, a partir de la 
asunción de Julio A. Roca como presidente de la Nación. 
En este periodo gradualmente se da la incorporación por parte del Estado de 
una variedad de atributos o capacidades que en conjunto definen su condición de 
“estatidad”: principalmente, la formación de un aparato de seguridad otorgó al poder 
central el monopolio legítimo de la violencia frente a toda disidencia interior o peligro 
exterior. Además, el Estado buscó cooptar otros espacios de la sociedad civil, 
secularizando su administración en pos de afianzar una identidad colectiva: la 
construcción de un relato histórico sobre los hechos que desencadenaron en la 
independencia nacional, el establecimiento de la educación gratuita, laica y obligatoria 
(ley N° 1420), la creación del Registro Civil y la sanción de la Ley del Matrimonio Civil 
son ejemplos que ratifican este rumbo. Menos destacado, pero también estratégico 
para afianzar una unidad nacional gubernamental, fue la sanción de la ley N° 1130 de 
unificación monetaria en 1881, mediante la cual se logró por primera vez tener un 
único signo monetario aceptado en cada rincón del territorio nacional. 
El Estado que se formó a partir de 1880 era liberal, su misión principal era 
garantizar la ampliación de relaciones capitalistas de producción, y se encontraba 
estrechamente condicionado por los sectores dominantes (vinculados directa o 
indirectamente con el negocio agroexportador). 
 
Un contexto internacional económico distinto implicó, una vez finalizada la 
primer guerra mundial, pero fundamentalmente luego de la crisis internacional de 1929 
la revisión del paradigma de crecimiento económico hasta el momento hegemónico: 
la confianza en el beneficio mutuo de las relaciones económicas internacionales fue 
 
 
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reemplazado por mayores restricciones al comercio internacional y el ascenso de 
medidas proteccionistas; se cuestionó el rol del mercado como mecanismo 
preferencial para la asignación de recursos dentro de cada país así como la 
rigurosidad de los objetivos fiscales y monetarios propios del modelo liberal. El crack 
de 1929 como crisis económica de alcance global exigió nuevas respuestas por parte 
de las entidades gubernamentales, y las respuestas a los interrogantes de cómo 
crecer y con qué factores provino de la emergente teoría keynesiana, desarrollada en 
Gran Bretaña, y adoptada por los Estados Unidos desde 1932. 
En definitiva, las consecuencias financieras y económicas abrieron paso a un 
nuevo modelo de desarrollo donde el estado a través de políticas monetariasy fiscales 
expansivas, debía funcionar como un actor contracíclico. Este “saber convencional” 
sería dominante, con matices, retrocesos y avances, hasta mediados de los años 70. 
Argentina no fue la excepción, y también influenciado por las características de 
las relaciones internacionales económicas y políticas entre países propias del periodo 
de entreguerras, el Estado amplió su ámbito de actuación y sus competencias: se 
convirtió en el principal proveedor de bienes y servicios públicos, participó en forma 
directa e indirecta en la producción de bienes estratégicos para el desarrollo del país, 
y pasó a controlar y regular el mercado cambiario, el sistema financiero y el comercio 
exterior. 
Así, entre 1930 y 1976, las transformaciones en la estructura estatal se 
produjeron a partir de la instauración de dos nuevas lógicas: la del Estado keynesiano 
y la del Estado de bienestar. Lo cierto es que al haberse dado en forma simultánea, 
en conjunto generaron un marcado desarrollo del aparato burocrático estatal, que 
potenció la tercera propiedad de estatidad: diferenciar su control. Durante esta etapa 
además, la política adquiere una importancia superlativa y el Estado pasa a ser un 
actor fundamental para el desarrollo. De esta época data la creación del Banco Central 
(1935), la conformación de las Juntas Reguladoras (carnes, granos, productos 
regionales), disueltas en los años 90, la constitución de las grandes empresas públicas 
(Ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado) y la puesta en marcha de un 
 
 
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modelo económico de crecimiento basado en la sustitución de importaciones, a partir 
del cual el sector industrial contó con apoyo directo del Estado, buscando consolidar 
un entramado de empresas nacionales que, con matices, ofreció un sendero de 
crecimiento basado en el mercado interno, la producción de manufacturas y una 
distribución más equitativa del ingreso. 
Sin embargo, esta experiencia de Estado de Bienestar keynesiano donde la 
actuación estatal no se circunscribió meramente al plano económico-productivo sino 
que cumplió un importante papel en la esfera social, encontró dificultades para 
sostenerse por acumulacion de inconsistencias sociales y economicas, pero 
principalmente por la emergencia de un contexto de mundialización y globalización de 
la economía marcado por el ascenso de las operaciones financieras a escala global. 
El esquema con eje en el Estado-nación se venía progresivamente erosionando 
por la consolidación de actividades económicas transnacionales, tales como las 
sociedades offshore, y la internacionalización de los procesos productivos. Estos 
procesos erosionaron la autonomía estatal y su capacidad de actuación. 
En Argentina, numerosos hechos evidenciaron durante la década de 1990 la 
erosión del poder y autonomía estatal, o en términos de Oszlak, la incapacidad de 
externalizar e internalizar su autoridad. A partir de 1976 se configura el modelo de 
Estado Neoliberal, y se expresó mediante la adopción de un régimen de desregulación 
financiera, la apertura a capitales extranjeros, el abandono de un patrón de 
acumulación basado en el sector industrial para fomentar la mejora en la 
competitividad vía reducción de trabas a la importación, y modificó totalmente el 
concierto económico y social y la importancia relativa de los sectores sociales, 
productivos y estatales. 
Sumado a ello, el fuerte crecimiento de la deuda externa, proceso consolidado 
durante los años 90, la privatización de las empresas públicas y del sistema jubilatorio 
contribuyeron a generar una delicada situación donde a las tradicionales dificultades 
fiscales del estado arrastradas de fines de los 60 y los años 70, se le sumaba una 
 
 
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abultada carga de deuda externa que limitaban, erosionaba, las capacidades 
estatales. 
De la mano del nuevo cambio de paradigma de crecimiento económico y el 
retiro del Estado de funciones asistenciales, de producción de servicios públicos y de 
apoyo a la producción se agravaron las condiciones sociales: el aumento de 
desigualdad, la pérdida de participación de los trabajadores en el ingreso nacional y 
la pauperización del mercado laboral caracterizaron la década completa de adopción 
del régimen neoliberal. 
La pérdida de legitimidad del Estado puso en evidencia la incapacidad de 
institucionalizar su autoridad, lo que se vinculó estrechamente con la dificultad estatal 
para afrontar problemáticas de índole global, promover un crecimiento económico 
sostenido y garantizar condiciones dignas de vida para el conjunto de la población. 
Mientras el mercado se convirtió en el mecanismo por excelencia de asignación de 
recursos dentro de la sociedad, fueron puestos en duda los atributos fundamentales 
del Estado argentino. 
 
Finalmente, luego de la eclosión del régimen de la convertibilidad y el estallido 
social del 2001, hay un fortalecimiento en tres dimensiones del estado: en primer lugar, 
al menos hasta 2009, mejores resultados en términos de balance comercial y cierta 
disciplina fiscal permitieron que el Estado recobre la capacidad de externalizar su 
poder. Además, se evidencia una mayor capacidad por parte del Estado para 
fortalecer su autoridad como actor fundamental en el diseño de las políticas públicas, 
siendo el eje central del debate y la ejecución de planes estratégicos que partiendo de 
recursos existentes pueda generar crecimiento con inclusión social. Por último, se ha 
observado el desarrollo de políticas tendientes a fortalecer su capacidad de acción y 
de control. En este sentido, lejos del ajuste y achicamiento del Estado que primó en 
los noventa, durante los últimos años el criterio rector fue el de modernizar y 
profesionalizar su estructura, a través de la institucionalización del empleo público y 
 
 
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la implementación de distintas innovaciones de gestión que tiendan tanto a 
incrementar las características “weberianas” de la administración como el logro de 
resultados en las políticas y programas públicos. 
En la actualidad, el Estado no es el único actor de las políticas públicas. Pero 
eso no implica reducir el Estado o achicar sus funciones. 
Las funciones que el Estado ha recuperado, en el marco de un proceso 
complejo y aún abierto, son las indispensables para lograr una sociedad pujante y 
socialmente inclusiva. 
 
 
 
 
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Lecturas y material didáctico 
● ABAL MEDINA, Juan Manuel (2012) “El Estado”; en Abal Medina, J. M. y 
Cao, Horacio (comps) Manual de la nueva administración pública argentina, 
Ariel, Buenos Aires. 
● Video sobre la formación del Estado Argentino: Canal Encuentro 
https://www.youtube.com/watch?v=OGLXaW2RsrQ 
● Video de apoyo histórico Academia Play El nacimiento del Estado Moderno 
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k 
 
 
 
[1] Cita tomada del primer texto propuesto para la lectura de esta clase: ABAL 
MEDINA, Juan Manuel (2012) “El Estado”; en Abal Medina, J. M. y Cao, Horacio 
(comps) Manual de la nueva administración pública argentina, Ariel, Buenos Aires. 
[2] Cita tomada del primer texto propuesto para la lectura de esta clase: ABAL 
MEDINA, Juan Manuel (2012) “El Estado”; en Abal Medina, J. M. y Cao, Horacio 
(comps) Manual de la nueva administración pública argentina, Ariel, Buenos Aires. 
[3] Clase Integradora del Núcleo Conceptual 1. 
[4] ABAL MEDINA, Juan Manuel (2012) “El Estado”; en Abal Medina, J. M. y Cao, 
Horacio (comps) Manual de la nueva administración pública argentina, Ariel, Buenos 
Aires.(p.36) 
 
 
 
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