Nueva Institucionalidad para la Economia Social

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Espacio de Economía Social. IEF-CTA 
 
 “Por una nueva Institucionalidad para la Economía Social y Solidaria” p. 1
 
 
 
 “Por una nueva institucionalidad para la Economía Social y Solidaria” 
Por la construcción colectiva de propuestas normativas que reconozcan y 
potencien a las nuevas experiencias de economía social en nuestro país. 
 
 
Documento de discusión 
para los compañeros de la Central de los Trabajadores Argentinos 
y organizaciones sociales y políticas que promueven el trabajo autogestionado y una economía más justa, 
solidaria y soberana 
 
 
 
Por Inés Arancibia1 
 
La propuesta de trabajo “Por una nueva institucionalidad” está dirigida a los 
compañeros de organizaciones sociales y políticas, universidades, especialistas, a 
legisladores nacionales, provinciales y municipales que estén trabajando en la 
promoción, organización y acompañamiento técnico y jurídico de experiencias de trabajo 
asociativo autogestionado. 
Se trata de encarar la tarea política de construir los marcos normativos necesarios 
para el reconocimiento y desarrollo de las experiencias económicas de trabajo 
autogestivo y asociativo en nuestro país, para que no se prolonguen como meras salidas 
de subsistencia a la crisis, o como experiencias de “economía para pobres”, sino como 
fuentes de trabajo digno y genuino, a la vez que van construyendo nuevas lógicas 
económicas que prioricen el trabajo y no la rentanbilidad del capital. 
Esta tarea implica no solo él relevamiento y elaboración de propuestas técnicas, 
sino fundamentalmente una lucha política por imponer nuevos criterios de 
institucionalidad por sobre los criterios hegemónicos que rigen la economía y el trabajo 
en nuestro país. 
Proponemos los siguientes materiales de discusión, invitando a los compañeros de la 
Central de los Trabajadores Argentinos y demás organizaciones sociales a discutir sus 
fundamentos, objetivos y formas de implementación. 
econosoc@institutocta.org.ar 
 
1 Coordinadora del Espacio de Economía Social del Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), 
Trabajadora Social, Miembro de la Red de Asistencia Técnica de ANTA (Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, FETIA-
CTA), Docente de Trabajo Social de la UBA, Maestranda en Economía Social, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). 
(inesaran@fibertel.com.ar) 
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 “Por una nueva Institucionalidad para la Economía Social y Solidaria” p. 2
 
 
 
1. LA NECESIDAD DE UNA NUEVA “INSTITUCIONALIDAD” PARA LA ECONOMIA 
SOCIAL Y SOLIDARIA 
 
En la coyuntura actual de nuestro país, encarar un proceso de construcción colectiva de una nueva 
institucionalidad para la economía social es necesario porque: 
 - Contribuye al debate público y todavía pendiente sobre las formas de gestión del trabajo, la producción, 
distribución, financiamiento y desarrollo de las actividades de la economía social, y sobre qué definición de 
Economía Social queremos que el Estado la reconozca, legalice y promueva. 
- Nos permite a las organizaciones participantes acumular en articulaciones, al construir este marco a 
partir del debate horizontal con otros actores sociales, políticos, académicos, a pesar de las diferencias 
materiales o de concepción que hay dentro del mismo campo de la economía social y solidaria. 
- Nos permite ir recuperando o resignificando herramientas, como las normas jurídicas, que 
suelen estar divorciadas de la vida cotidiana de los trabajadores, y que suelen ser ignoradas por los 
protagonistas de la economía popular e incluso convertirse en un obstáculo para el desarrollo de actividades 
esenciales para encarar los desafíos cotidianos, lo que condena a la economía social a una injusta 
“informalidad” , es decir, a la exclusión de un marco normativo a su vez injusto y promotor de desigualdades. 
- Suma en el camino, aun insipiente de la construcción de un sujeto político y social, al convocar a 
los distintos partícipes directos, promotores y en particular a las organizaciones y redes a explicitar y consolidar 
valores, reglas y compromisos que pueden fortalecer el tejido entre los distintos espacios. 
- Permite conectar las normas y las políticas públicas con las necesidades actuales de la economía 
social, y abona el terreno para una discusión política sobre el papel que consideramos debe jugar el Estado 
Nacional, Provincial y Municipal en el reconocimiento, promoción y regulación de las formas de trabajo y la 
producción asociativas y autogestionadas. 
- Porque, en la medida en que se vayan consolidando y complejizando las nuevas experiencias de economía 
social y solidaria, se requiriere crear normas jurídicas, dando lugar a proyectos normativos y 
regulatorios desde diversas instancias del Estado. Esta convocatoria puede contribuir a aunar esfuerzos 
y ganar en eficacia social y legitimidad al poner en marcha en un proceso innovativo de construcción social de 
las instituciones de una economía más justa y soberana. 
 
 
¿De qué hablamos cuando hablamos de “institucionalidad” de una “economía 
social”? 
 
Hablar de “Institucionalidad” implica referirnos aquello sobre lo que “se funda”, “se establece” y “se da 
principio”, y es mucho más que referirnos a marcos jurídicos. Para la economía social, se trata de aquellos 
criterios de trabajo, producción, comercialización, etc. que serán reconocidas y sobre las que se 
establecen normas y reglas de funcionamiento, reflejadas en leyes, reglamentaciones e 
instituciones sociales. Es decir, lo que “tiene institucionalidad” será reconocido como parte de lo que está 
permitido hacer en una sociedad, y lo que no, será postergado, perseguido o excluido. 
 
En una época de transformaciones profundas de la economía y la política, y donde los sentidos de la 
construcción social quedan muchas veces marcados por grandes ambigüedades, necesitamos definir y dar a 
conocer con mayor claridad el sentido de las luchas que encaramos. 
 
Si aspiramos a que la economía social sea parte de la construcción social y política de la Central 
de Trabajadores Argentinos debemos entender, en principio, que la economía social no es un conjunto 
de “características” de tipo “solidarias” o “cooperativas” que podemos encontrar en algunas 
experiencias aisladas. Es decir, no podemos señalar experiencias que sean de “economía social”, y otras 
que no lo sean, solo por el hecho de que se ajusten o no a determinados criterios: solidaridad, asociación, 
cooperación, democracia, reparto de excedentes, etc. 
 
No podríamos hacerlo, en principio, porque sería reducir la “economía social” a un “modelo de gestión interna” 
de emprendimientos económicos, separadas de su contexto, de la trayectoria de sus trabajadores, de la 
articulación entre ellos, de su sentido. Debemos entender, en cambio, fundamentalmente a la 
Economía Social como un proyecto de construcción política. Cuando la economía recupere su 
sentido de “productor” de la sociedad que queremos, una sociedad más justa, solidaria y 
soberana, podremos hablar de que la economía ha vuelto a ser social. Esto solo podrá ser posible a 
través de la acción política colectiva, que devuelva a la economía su papel en la producción de las 
condiciones materiales y simbólicas dignas para todos los miembros de nuestra sociedad. 
 
El proyecto neoliberal, por su parte, también ha sido y es un proyecto político, que pretende autonomizar a la 
economía y naturalizarla, alejándola de la vida cotidiana de los trabajadores y asegurar las ganancias 
extraordinarias de sus principales protagonistas, las empresas multinacionales y el sistema financiero 
especulativo internacional, convirtiendo a la economía en un mecanismo que solo resuelve las 
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necesidades que son “rentables” al gran capital, y postergando aquellas que no pueden 
convertirse en un negocio, en un “nicho” de mercado. 
 
Pero las necesidades de los trabajadores siempre estuvieron en conflicto con el capital. Los quiebres en la 
condición de asalariado (por precarización, subempleo, despido, etc) dejaron lugar a la organización de los 
trabajadores desocupados, y también a la organización del trabajo autogestivo para generar ingreso y resolver 
necesidades cotidianas. Pero “meterse” en promover la economía social debe desafiarnos a encarar procesos 
de: 
- definición colectiva de las necesidades que queremos priorizar en nuestra actividad 
económica, 
- reparto equitativo de excedentes de la actividad, según los criterios definidos por los 
trabajadores, 
- la articulación creciente de las experiencias y su desarrollo, desde los niveles de 
subsistencia hasta producción, comercialización y consumo gran escala, 
- la propiedad y gestión colectiva de los recursos productivos (maquinas, tierra, 
instalaciones, etc.) 
- la organización política que desarrolle lógicas de cooperación y solidaridad en el 
trabajo, tanto dentro de la fábrica o emprendimiento asociativo como en relación a los demás 
trabajadores: empleados asalariados, autogestionados y desocupados. 
 
Se pone en juego, entonces, no solo la recuperación de la capacidad de trabajo de miles de 
trabajadores a los que el mercado les dijo que no eran “utiles”, sino además la reconstrucción de 
solidaridad en la lucha reivindicativa del trabajo asalariado, que puede pelear mejor sus condiciones de 
trabajo cuando se destierra la amenaza permanente de ser expulsado del empleo, y caer “individualmente” en 
el vacío de la desocupación, en la competencia con otros trabajadores, y en la marginación social. 
 
Entonces, solo cuando logremos que la economía vuelva a constituirse en herramienta cotidiana en 
la producción de las condiciones materiales para la vida digna, a partir del trabajo y desde los 
trabajadores, podremos decir que nuestra economía es “social”. 
 
Hoy, sin embargo, lo más común es encontramos con propuestas de desarrollar “experiencias economía 
social”, entendida como emprendimientos aislados, muchos de ellos promovidos por políticas sociales, públicas 
y privadas, a nivel “micro” centradas mayormente en financiamientos y capacitación para 
microemprendimientos y el microcrédito. 
 
 
Creemos, entonces, que no podemos desarrollar y promover emprendimientos productivos basados 
en el trabajo asociado de nuestros compañeros sin luchar, además, por: 
 
 la legitimidad de esas experiencias y por su reconocimiento legal, no si dejar de asumir 
como necesario el debate político sobre los aspectos jurídicos e impositivos vigentes que 
reglamentan la producción, la comercialización y el financiamiento del trabajo asociado. 
 
 La implementacion de políticas “macro” que contengan estas experiencias y les den 
perspectiva de desarrollo e integración a los circuitos de producción y distribución de 
riqueza en las economías regionales y de la economía nacional. 
 
 
Lo legal y lo legítimo 
 
Dar institucionalidad a la economía social es, fundamentalmente, en relación a las experiencias de trabajo y 
producción autogestiva y asociativa, dar reconocimiento a: 
 
- Su definición (qué es y qué no es economía social) 
- Sus características y lógicas de funcionamiento 
- Su sentido, su vinculación con el resto de las otras institucionalidades existentes (el trabajo, la 
producción y la economía) en el país. Es decir, qué rol juega en la economía vigente. 
- Su origen y una proyección a futuro, sus limites 
- Las instituciones necesarias para fortalecerlas y desarrollarlas. 
- La lógica financiera contemplada y las fuentes de financiamiento 
- Sus actores principales 
- La responsabilidad del Estado 
 
 
Muchos de estos aspectos están reflejados leyes y normas escritas, como por ejemplo: 
 
- las leyes y decretos nacionales y provinciales. 
- las reglamentaciones de las leyes. 
- las ordenanzas municipales. 
- las normativas de los Institutos del Estado que regulan cada actividad o rama especifica. 
- las normas impositivas. 
- las competencias de las instituciones públicas 
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Pero no se trata únicamente de leyes escritas, sino también de lo que es reconocido como legítimo. 
Legitimidad a partir de compartir el sentido de las normas, cumplirlas y hacerlas cumplir, a partir del control de 
las instituciones públicas, de la gestión asociada, la participación en el conflicto y la lucha política. Y la única 
forma de garantizar este aspecto es a partir del involucramiento y participación de los actores en la 
discusión, formulación y control de las leyes que rigen nuestras actividades de trabajo y 
producción. 
 
Porque también se contribuye a la construcción de institucionalidad cuando las organizaciones y comunidades 
establecen colectivamente lo que puede hacerse, lo que están dispuestos a aceptar, tolerar, acompañar. Por 
eso, importa también trabajar en aquellas pautas de acción construidas y compartidas socialmente sobre lo que 
es aceptado, y que no siempre conciernen al orden jurídico. Muchas veces están basados en valores 
compartidos, como la reciprocidad, la solidaridad (no desisteresada), o la cooperación, cuando se tiene la 
pretensión de involucrar a toda la sociedad. Las costumbres y valores también contribuyen a la 
regulación de la economía y de la sociedad. En este sentido, no toda la institucionalidad se 
garantiza cuando esta traducida en leyes escritas, sino cuando además están “instituidos” en 
nuestros comportamientos cotidianos. 
 
De no se así, lo que termina sucediendo es que las leyes y reglamentaciones que regulan el trabajo, la 
producción y la recaudación, por ejemplo, se convierten en “trabas administrativas” que requieren la 
intervención de los “expertos”. Las normas se vacían de sentido, se convierten en un conjunto de principios 
separados de los objetivos, valores y costumbres de los trabajadores, sus comunidades y organizaciones, pero 
que tarde o temprano tiene que adaptarse a ellas, o obviarlas, quedando en el margen de la ilegalidad. 
 
Es fundamental, entonces, entender a la institucionalidad como parte de una construcción social y 
colectiva, que requiere una fuerte participación social y de los distintos niveles del Estado para instituir las 
transformaciones legítimamente expresadas. 
 
En esta construcción, nos encontramos con otras institucionalidades que se fueron instalando en los 
últimos treinta años, y fueron las herramientas imprescindibles para transformar al estado social vertebrado en 
el trabajo asalariado y la redistribución del ingreso en una “institucionalidad” basada en la concentración de la 
riqueza, la desigualdad, la desocupación y la precarización del trabajo. 
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2. EL TRABAJO AUTOGESTIONADO 
 
Las experiencias de trabajo asociativo y autogestionado son parte de esa lucha. Reconocer las nuevas 
formas de trabajo asociado para la producción autogestiva de bienes y servicios implicafundamentalmente una lucha política por el sentido que se le dé a estas estrategias de los trabajadores, a sus 
particularidades, su vinculación con los trabajadores “formales” asalariados, y a su proyección en el futuro de 
nuestra economía. 
 
El trabajo autogestivo, basado en la asociatividad y la cooperación, está demostrando, con tropiezos y 
dificultades, que es posible producir con otras lógicas, donde lo que regule la actividad económica sea 
la cooperación, la democracia, la ayuda mutua, la propiedad compartida o social, y la solidaridad 
entre compañeros, y donde el fin no es la maximización de las ganancias sino la generación de 
excedentes económicos como medio para garantizar la satisfacción de necesidades legítimas para 
una mejor calidad de vida de todos los trabajadores y el cuidado de nuestro medio ambiente. 
 
Pero hoy, el trabajo autogestionado es en su mayoría un trabajo precario, de baja calidad, sin posibilidad de 
acceso a la seguridad social, y sin posibilidad de ganar calidad en la producción y escala. Y a estos trabajadores 
se les pide que se “formalice”, según leyes que han favorecido la concentración de la riqueza, la evasión fiscal, 
la explotación del trabajo y precarización del trabajo. 
 
Actualmente, las leyes que rigen la actividad económica y del trabajo, construidas por agentes del proyecto 
hegemónico neoliberal en nuestro país en los últimos 30 años, han contribuido en general a: 
 
 Favorecer una economía basada en la valorización financiera y en la concentración del ingreso y de las 
capacidades productivas, mayoritariamente ligadas a intereses extranjeros y transnacionales. 
 Legalizar la destrucción del trabajo productivo, de la industria nacional. 
 Favorecer la evasión fiscal de quienes más se enriquecen. 
 Reconocer legal e impositivamente al trabajador como “un individuo” aislado, que existe en tanto 
“consumidor” más que como trabajador y ciudadano. 
 Precarizar el trabajo, asignándole un lugar en “la economía” como un “costo” que hay que bajar, al 
pretender que el “mercado” regule su “precio” (el salario) y las condiciones de trabajo como si fuera un 
“producto” más. 
 Legalizar la explotación del trabajo, favorecido además por las altas tasas de desocupación. 
 
En este contexto legal, ¿es legitimo pretender, por ejemplo, que se “formalice” el trabajo autogestivo y 
asociativo, y como trabajo “autónomo”, fuera de los convenios colectivos de trabajo, tal cual están dadas los 
marcos legales para el trabajo y la producción? 
 
Es imprescindible que acordemos que no se trata de “emprendedores”, o “autónomos”, o “informales”, para 
desvincular definitivamente a la nueva economía social del trabajo “informal”, de “supervivencia” y “para 
pobres”. Ni siquiera se trata de convertirse en de la noche a la mañana en “cooperativistas”. Se trata de 
trabajadores, asociados para producir bienes o servicios, por lo que la trayectoria de la lucha sindical y los 
conflictos por la recuperación del salario a niveles de la canasta familiar (o salario minimo vital y 
movil) y por la seguridad, protección y dignidad del trabajo asalariado, no deben ser ajenas a las 
aspiraciones de los trabajadores asociados y autogestionados. Esto implicaría, si no, que entendemos 
que hay trabajadores de “primera clase” y de “segunda clase”. La lucha es la misma: por la vida digna de los 
trabajadores, lo que no puede lograrse sin la solidaridad entre toda la clase trabajadora, la conciencia y 
lucha reivindicativa común. 
 
Por otro lado, es preciso reconocer que los marcos jurídicos que reglamentan a la economía social 
tradicional (cooperativas, mutuales y asociaciones civiles, fundamentalmente) contribuyen en muchos 
aspectos pero no resuelven en todos los casos las complejidades de un campo de experiencias e 
innovaciones muy heterogéneas y en constante transformación. 
 
Necesitamos construir un marco normativo que recupere las herramientas de la tradición sindical 
y cooperativa, que reconozca y resuelva las necesidades de las nuevas experiencias de trabajo 
asociado, para que puedan convertirse en nuevos agentes económicos colectivos con potencial de 
desarrollo local y regional, y motores de un desarrollo económico integral y centrado en el trabajo 
digno y genuino, cooperativo y solidario. Y que garantice que no se condene a la Economía Social a 
ser eternamente un “sector” separado del resto de la actividad económica, o “economía para 
pobres”. 
 
 
 
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3. DOCUMENTOS DISPARADORES 
 
a. “Las formas jurídicas para el trabajo y la producción asociada” 
Por Claudia Alvarez e Inés Arancibia2 
Las cooperativas, mutuales y asociaciones en general son las formas institucionales de asociación tradicionalES 
que se identifican como formas jurídicas, desde los orígenes de la economía social. Su constitución legal 
representa no solo una forma de gestión cooperativa del trabajo y la producción, sino que en sus fundamentos 
incluyen los objetivos de aportar a un movimiento social para la transformación de las condiciones económicas 
y sociales generales, más allá de la cada experiencia en particular. 
Cada vez más nos encontramos con formas organizativas que, más allá de la forma jurídica asumida (mutual, 
cooperativa, asociación civil, etc.) se caracterizan por estar basadas en: 
 
 Autogestión en la organización del trabajo productivo. 
 Trabajo asociado y no asalariado, (sin relaciones patrón-empleado). 
 Democracia interna en la toma de decisiones sobre qué y como producir bienes o servicios (para la 
venta o el autoconsumo) 
 Reparto equitativo de los excedentes. 
 Solidaridad y reiversión con el ámbito local. 
 Cuidado del medio ambiente y entorno social. 
 Propiedad colectiva de los recursos. 
 
En nuestro país, las distintas experiencias asociativas de trabajo y producción, que se multiplicaron en forma 
vertiginosa unas, y que cobraron mayor visibilidad otras, a partir de la crisis del 2001 en nuestro país, 
constituyen un campo heterogéneo y rico tanto en avances, frustraciones y creatividad en la organización y 
gestión de las distintas las actividades que encaran: recuperación de fábricas y empresas, autogestión de 
emprendimientos productivos, de servicios públicos recuperados, servicios gestionados por instituciones con el 
objeto de la mejora de la calidad de vida de las poblaciones mas vulnerables (bancos sociales, servicios a la 
producción, etc.) de actividades tanto mercantiles como no mercantiles de variado calibre y magnitud, 
Aunque no existen datos estadísticos ciertos sobre la totalidad de estas experiencias, es innegable que se esta 
poniendo a prueba, con avances y retrocesos, y en forma muy heterogénea, las capacidades autogestivas de 
los trabajadores, cuya trayectoria laboral y experiencia organizativa es muy heterogenia, y en muchos casos, 
signada por la precarización, la pobreza y marginalidad. 
Cuando la necesidad de formalizar estas experiencias se hace inevitable, la tradición cooperativa y mutual en 
nuestro país han dejado una vasta gama de experiencias para el aprendizaje, y sus marcos jurídicos existentes 
un camino allanado para muchas de ellas. Pero justamente por la heterogeneidad, la versatilidad de las 
experiencias, nos muestra que no puede pasarse en forma automática de un modelo de organización del 
trabajo a otro. Algunas de las resistencias que caracterizan a muchas de las experiencias de trabajo 
autogestionado recientes, son, entre otros: 
- Vigencia del modelo de trabajo “patrón-empleado” arraigado en la conciencia de muchos 
trabajadores. 
- Insuficiente conocimiento de los derechos laborales e incluso de los derechos ciudadanos. 
- Falta de tradición y experiencia en el trabajo asociativo 
- provienen de organizaciones territoriales o comunitarias con una modalidad de organización del 
trabajo más o menos consolidada,basada en la militancia, el trabajo voluntario, la organización 
de beneficiarios de planes sociales, etc. 
- trabajadores y sus familias con niveles de ingreso por debajo de la línea de pobreza y de 
indigencia, y con acceso deficiente a niveles dignos de salud, vivienda y educación. 
 
Siendo que la cooperativa, por ejemplo, casi la única forma jurídica existente para el trabajo asociado, muchas 
veces sucede que se fuerza a asumir un “corset” jurídico que no siempre responde al funcionamiento, intereses 
y necesidades de los trabajadores. 
Claro está que no es esa la única dificultad. Los marcos regulatorios del cooperativismo han sido forzados a 
adecuarse a una economía de mercado, casi asimilándolas a muchas de ellas a pequeñas o grandes empresas 
capitalistas, por lo que muchas de sus exigencias normativas se alejan aún más de la posibilidad de contener 
acabadamente no sólo a las pequeñas experiencias autogestivas de la economía social y solidaria, sino también 
a muchas de las empresas o fábricas recuperadas. 
 
Este escenario presenta entonces necesidades y dificultades que aparecen en la “nueva” economía social, para 
adecuar o generar nuevos marcos normativos que no desvirtúen los principios y valores asociativos, así como a 
sus mecanismos de gestión, en una opción forzada para todas las prácticas de trabajo asociado y autogestivo, 
sino en un diálogo y aprendizaje entre las tradición cooperativa y la búsqueda de nuevas formas 
jurídicas complementarias o especificas. 
 
2Educadora y Maestranda en Economía Social MAES-UNGS, Espacio de Economía Social de la CTA, aclaudia@fibertel.com.ar; 
econosoc@cta.org.ar 
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Las nuevas formas asociativas, si no `pueden formalizarse como cooperativas, se las considera fuera del 
sistema legal, por lo que son “informales”, es decir, “ilegales”. Además, se las priva de derechos básicos para 
el desarrollo de sus actividades. Un ejemplo concreto, es el obstáculo en el acceso al crédito, seguro de 
trabajo, cobertura de salud, aportes previsionales. Pero no sólo esto, sino que además de esta “precariedad 
laboral” también son sujetos de clausuras, prohibición de la actividad, como así también pedidos de coimas, 
usuras, etc. 
 
En este marco, nos preguntamos: ¿Existe una “nueva” economía social? ¿cuáles serían sus rasgos distintivos? 
Apuntamos, entonces, a relevar aquellos aspectos organizativos que merecen un reconocimiento 
legal para un mejor desarrollo de las nuevas experiencias de trabajo autogestivo y asociativo. 
 
¿Cuales son los principales aspectos que deberían adecuarse de las formas jurídicas existentes 
para la economía social (cooperativas, mutuales y asociaciones civiles) para contener mejor a las 
nuevas experiencias de la economía social? 
 
 
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b. “Normas para la producción y comercialización asociada desde 
emprendimientos de economía social”. 
Por Vanesa Repetto3 
 
En la Argentina estamos en presencia de más de un 70% de la actividades económicas fuera de la legalidad 
sin embargo son actividades imprescindibles para satisfacer necesidades elementales de miles de familias. En 
muchos casos, las nuevas experiencias provienen de sectores de autoempleo precarios, que encubren 
problemas estructurales de ocupación y que por sus condiciones de vida muchos de ellos se encuentran dentro 
de la franja de población con necesidades básicas insatisfechas y/o por ingresos debajo de la línea de pobreza. 
Las formas tradicionales de producir y comercializar no se adecuan a las lógicas de estas expresiones ya que la 
legislación existente ampara esquemas fundamentalmente empresariales de comercialización y producción. 
 
Sabemos, que por diversas razones (tecnológicas, sociales, culturales, etc.) muchas expresiones de la economía 
social difícilmente logran sobrevivir en los mercados competitivos. Ahora bien aunque no logren insertarse en el 
sistema económico, igualmente pueden producir bienes útiles para la vida. Sus capacidades están allí (también 
sus necesidades), pero el sistema no las “emplea”, y esta falta de empleo provoca la falta de dinero. La 
creación de mercados en donde estas producciones puedan realizarse permite la valorización de estas 
capacidades productivas. 
 
 
Qué producir y cómo comercializar en base en nuestras necesidades 
 
La manera de organizar la producción, decidir qué producir, cómo y dónde, las formas de distribución de 
responsabilidades, la forma de vender de distribuir y de repartir los excedentes; los hábitos costumbres, 
habilidades y has “rituales” son imprescindibles a la hora de pensar como plasmar la nueva institucionalidad en 
acciones de ley. 
 
Es a partir de las verdaderas y genuinas necesidades de los trabajadores que se deben ir construyendo 
vías de producción y comercialización asociativa y autogestionada. Esto, a partir de impulsar 
espacios participativos que legitimen esas las necesidades, (qué necesidades y cómo satisfacerlas) 
analizando cuales son los recursos que tenemos para organizar la producción y distribución de los bienes y 
servicios de nuestras economías, y asegurándonos que los marcos jurídicos sean fieles a aquellas prácticas. 
 
Es decir, qué producir y como comercializar son definiciones que deben ir de la mano, antes de 
iniciar el proceso de organización de la producción autogestiva, pero no se trata solamente de 
hacer un estudio de “marketing” como lo hacen las empresas, tanto las grandes como las “micro” 
empresas. Recordemos que lo que se denomina “el mercado” (es decir, las empresas y los grupos económicos 
concentrados, con regulaciones estatales hechas a su medida) produce y distribuye los bienes que satisfacen 
necesidades que considera “rentables”, y en lugares que le permiten obtener el margen de ganancia esperado, 
dejando muchas necesidades y localidades con necesidades postergadas. 
 
No debiera ser éste el criterio que prime en las estrategias de comercialización de las 
organizaciones de trabajo autogestionado. Se trata en cambio de que esas estrategias estén 
íntimamente relacionadas con las necesidades locales, según lo que los trabajadores han 
consideran prioritarias y relevantes. Cuando lo que se produce no forma parte de las verdaderas 
necesidades de la comunidad el proceso de comercialización se vuelve mas complejo, llevando a la frustración y 
a la situación recurrente de los emprendimientos asociativos de “no saber qué hacer” con lo producido. Tener 
en cuenta estos aspectos puede servirnos para guiar nuestras decisiones sobre qué necesitamos producir 
para el desarrollo de las familias de los trabajadores, sus localidades y nuestras organizaciones. 
 
 
La institucionalidad necesaria 
Los marcos jurídicos que reconozcan y den identidad a estas experiencias de producción y comercialización, 
deben: 
 
 Propender a la desaparición de las barreras que impiden el desarrollo de la actividad de las unidades 
de producción de una economía social y solidaria. (reconocimiento legal, reforma fiscal, simplificación 
de trámites, etc.) . 
 Disminuir la tensión que existe entre la realidad (practicas no reconocidas por la legislación que en 
realidad son las que le aseguran el sustento a miles de familias) y la ley ya que ésta va siempre atrás 
de la realidad, que es, uno de los conflictos que tiene la Ciencia del Derecho.5 
 Evidenciar la obligación indelegable del estado con la promoción, desarrollo y fortalecimiento de las 
actividades de las unidades productivas de la economía social (que por un lado promueve pero por el 
otro lado persigue o excluye de la legislación4). 
 
 
3 Lic. En Administración, Maestranda en Economía Social UNGS, Área de Economía Social de la Universidadde Luján vvrepetto@yahoo.com; 
economíasocial@unlu.edu.ar 
4 Nos referimos a los actuales programas de financiamiento Nacional como ser el Programa Nacional Manos a la Obra en cualquiera de sus 
formas. 
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En el marco de una nueva Institucionalidad de la Economía Social nos proponemos refundar y dar sentido a las 
nuevas prácticas para que se instale una nueva concepción de producción y comercialización de bienes 
y servicios capaces de satisfacer la necesidades de toda la comunidad, como parte de un proyecto 
de desarrollo democrático desde lo local y regional. 
 
Principales obstáculos y competencias jurisdiccionales 
Las principales dificultades detectadas en cuanto a la Producción y Comercialización, residen en: 
 Las habilitaciones para el funcionamiento: El permiso para desarrollar la actividad, ya sea 
producción o comercialización o ambas, tiene exigencias difíciles de cumplir por parte de los 
emprendimientos de la economía social, entre otras podemos mencionar: costo elevado (imposible de 
cubrir por los emprendedores), poseen demoras con respecto a su aprobación , exigencia de otros 
tramites que también presentan dificultades, etc. 
 Los impuestos y tasas para funcionar: La carga tributaria es elevada en lo que respecta a los 
impuestos Nacionales, Provinciales y tasas Municipales y existen pocas exenciones que les alivien la 
carga. 
 Las certificaciones de calidad: Las mismas obedecen un orden lógico para una economía de 
mercado capitalista (por sus exigencias y su costo), es imprescindible tener normas de calidad pero 
siempre que las mismas sean accesibles a TODOS los actores, y que permitan integrar a nuevos 
mercados, en vez de excluirlos o “estigmatizarlos”. 
 El reconocimiento jurídico, la inscripción, etc. que permite “facturar” para la venta de los 
productos o servicios: La informalidad no permite que los emprendedores puedan comercializar con su 
correspondiente factura, esta situación les limita en muchos casos la magnitud de sus ventas , la 
tranquilidad a la hora de comercializar y la posibilidad de trasladar su mercadería sin riesgos de que se 
decomise. 
 Acceso al mercado: La comercialización de la economía social se ve dificultada por las condiciones 
de accesibilidad al mercado formal, los traslados , los costos de inscripciones, los requisitos pedidos, 
etc., que entre otros dificultan el acceso. Creemos por esto que, s bien es importante pensar en 
mercados alternativos que puedan generar nuevas relaciones de intercambio mas vinculadas con 
las necesidades de la comunidad o del sector, no debemos dejar de perseguir la articulación con los 
otros mercados, sabiendo que se trata de una disputa por su lógica de funcionamiento 
(búsqueda siempre del menor costo con mayor beneficio, competencia desleal, “nichos” de mercado, 
búsqueda prioritaria de rentabilidad y ganancias extraordinarias, etc.) 
 Acceso al crédito: El financiamiento de los emprendimientos esta limitado por la informalidad que 
existe en la producción, y los financiamientos existentes son de poco dinero (en el caso de la Banca 
social), con demoras excesivas en su otorgamiento, a nivel “micro” y con excesivas tasas de interés. 
 Seguridad Social: La mayoría de los trabajadores de los emprendimientos de la economía social se 
encuentran sin ningún tipo de seguridad social como ser cobertura médica, aporte jubilatorio, ART, 
etc. 
 Capacitación y Asistencia técnica: el apoyo ofrecido en este sentido a los emprendimientos desde 
diferentes ámbitos pocas veces se adapta a la necesidad real de los mismos, con respecto a la 
temática, la metodología, los lugares de dictado, la duración , es necesario tener en cuenta que tipo de 
apoyo es necesario y el mismo debe ser un acompañamiento constante y no esporádico respondiendo 
a los fines de un programa determinado.5 
Si bien estas dificultades enumeradas no son todas las concernientes a estos temas (producción y 
comercialización), debemos darnos un espacio de reflexión conjunta donde consensuemos aquellas que no 
pueden quedar fuera de esta nueva institucionalidad buscada, para poder hacer propuestas normativas que 
aporten en este aspecto, esto nos lleva a la necesidad de conocer como se reglamentan las normas que 
generan estas dificultades, por esto se torna necesario, distinguir los niveles de competencia a los que 
corresponde cada tema. 
Por ejemplo, un primer acercamiento puede resumirse en el siguiente cuadro: 
 
Nacional Provincial Municipal 
Leyes Nacionales de Promoción del sector 
Leyes Impositivas Nacionales 
Leyes de regulación de la actividad 
 
Leyes Provinciales de Promoción del sector 
Certificaciones Bromatológicas 
Impuestos Provinciales (Ingresos Brutos) 
Normas de seguridad 
 
Habilitaciones y permisos 
Tasas Municipales (Seguridad e higiene, 
etc.) 
 
 
Nos proponemos relevar, analizar y debatir en torno a: 
 
5 Nos referimos a los distintos programas que ofrecen tutorías que no se adecuan a las necesidades de los emprendimientos y se adecuan 
en realidad a las modalidades de rendición de los programas que los financian. 
Manqui
Resaltar
Espacio de Economía Social. IEF-CTA 
 
 “Por una nueva Institucionalidad para la Economía Social y Solidaria” p. 10
¿Cuáles son las principales demandas y urgencias en relación a las normas para 
producción y comercialización para emprendimientos autogestivos de trabajo? 
¿Cuáles deben estar contemplados en una Ley Marco a Nivel Nacional, en las Leyes 
Provinciales y ordenanzas municipales? 
 
Espacio de Economía Social. IEF-CTA 
 
 “Por una nueva Institucionalidad para la Economía Social y Solidaria” p. 11
 
 
c. “Finanzas solidarias al servicio de los trabajadores” 6 
Ruth Muñoz7 
Desde este eje de trabajo apuntamos a aportar elementos que enriquezcan la discusión, el análisis y la 
elaboración de propuestas sobre lo que algunos denominan como “finanzas solidarias”, con el convencimiento 
de que debemos apostar a consolidar unas finanzas que se propongan lograr el mejoramiento 
permanente de las condiciones de vida de la población, el fortalecimiento de las capacidades del 
trabajo asociativo y la autonomía de las organizaciones económicas de los trabajadores. 
Para ello consideramos necesario un acercamiento al tema a partir de identificar tanto las particularidades 
económicas (“técnicas”) como las políticas a fin de que, a través de la acción política democrática, 
disputemos el sentido a la economía en general y de las finanzas en particular, para convertirlas en una 
herramienta de distribución de la riqueza y de la construcción de otra economía que esté al 
servicio de los trabajadores y sus organizaciones, y no al revés. 
A continuación se presenta la temática a través de una breve descripción del sistema financiero nacional en su 
situación actual, luego se muestra la particular relación entre las finanzas y la ESyS y se plantean algunas 
inquietudes sobre las microfinanzas (que incluyen al microcrédito) que es la propuesta candente en la esfera 
política actual, por parte de muchos actores sociales de nuestro país. Finalmente, enunciamos lo que 
consideramos deberían ser las principales líneas de trabajo del eje “finanzas y ESyS” en la movida “Por una 
nueva institucionalidad para la ESyS”. 
También se pone a consideración por todos los interesados a sumarse en este eje de trabajo, un material de 
discusión, donde se profundiza esta presentación (disponible en: www.institutocta.org.ar) 
 
El Sistema Financiero Argentino 
Durante la última dictadura militar se implementó la Ley de Entidades Financieras (N° 21.526/77) que aún hoy 
permanece prácticamente intacta. Este marco regulatorio, junto con la política prudencial recrudecida a partir 
del efecto Tequila a mediados de los ’90, las normas de Basilea y Basilea plus, la crisis de la convertibilidad,etc. 
llevaron a que el sistema financiero argentino sea muy concentrado, extranjerizado y sufriera 
cambios drásticos de objetivos. 
Entre otros factores, todo esto lleva a que el racionamiento de los servicios financieros en nuestro país 
sea muy alto. Se estima que aproximadamente un 30% de la población económicamente activa es atendida por 
el sistema financiero mientras que el 70% restante debe acudir al sistema informal. Para el año 2000, la banca 
informal alcanzaba el 48% de los recursos financieros totales donde, muchas veces, los principios que rigen 
tienden a la usura. Por último, a un basto sector de la población argentina le queda la opción del 
autofinanciamiento o recurrir a los magros excedentes de la familia, los compañeros, los vecinos, etc., a fin de 
poder satisfacer las necesidades de manejo de la liquidez y los riesgos de las actividades socioeconómicas y de 
la vida en general. 
 
6 Este documento es una de las expresiones del trabajo multiactoral “Por una nueva institucionalidad para la Economía Social y Solidaria”. 
Pretende aportar a la discusión sobre la necesidad de construir un nuevo marco regulatorio político e institucional para el financiamiento de 
las experiencias de economía social y solidaria en la Argentina actual. Recoge elementos del trabajo realizado en “Alcance de las 
microfinanzas para el desarrollo local. Análisis desde la perspectiva de dos programas de microcrédito del Conurbano Bonaerense”, Tesis 
de Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento (en instancia de evaluación por los miembros del 
Jurado Examinador). Se agradece su reproducción total o parcial citando la fuente 
7 Economista (FCE-UBA), Maestranda en Economía Social (UNGS), miembro del Espacio de Economía Social (IEF-CTA); e-mail: 
ruth.muoz@fibertel.com.ar 
Manqui
Resaltar
Espacio de Economía Social. IEF-CTA 
 
 “Por una nueva Institucionalidad para la Economía Social y Solidaria” p. 12
 
Las Finanzas y la Economía Social y Solidaria: algunas particularidades 
 
Las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones de la ESyS son: 
- el aporte de trabajo y capital de sus miembros; 
- los ingresos por la venta de bienes o servicios; 
- los subsidios del Estado; 
- las donaciones de organizaciones privadas y de particulares del entorno en el que se desarrollan. 
De esta forma, han innovado y generado el fenómeno conocido como “hibridismo”, debido a que se financian 
a partir de distintas fuentes, con distintas lógicas a la vez, en tensión permanente con el Estado y el 
Mercado. 
Si consideramos el racionamiento de los servicios financieros al que recién se hacía referencia “para la 
población económicamente activa, en general”, se agrava en el caso de las iniciativas de la ESyS en particular, 
por diversas cuestiones, la principal es que dichas iniciativas son bastante atípicas en términos de los análisis 
tradicionales de riesgos y aparecen como “muy riesgosas” a la hora de ser analizadas como sujeto de crédito. 
Esto es así por, al menos, las siguientes razones (Lebossé, 1998): 
- Sus principios operativos, basados en la democracia interna y la responsabilidad y experiencia colectivas, 
ofrece a los banqueros un panorama muy diferente a la figura del prestatario ideal (el empresario 
multitalento, dueño y administrador de su negocio); 
- La estructura de ingresos hace que los banqueros levanten sus cejas en lo que hace al tema de la 
viabilidad de largo plazo. Esto es especialmente cierto en el caso en que los ingresos provengan, en 
parte, de la venta de bienes o servicios y otra gran parte de subsidios del Estado (por ser servicios dirigidos 
a la comunidad). Esto hace que la estructura presupuestaria sea siempre riesgosa, en función de los 
cambios de la política del gobierno de turno; 
- Su baja capitalización y, frecuentemente, las estrategias de ganancias modestas, las hace parecer 
muy frágiles ante el mínimo cambio económico. Más aún, debido a su naturaleza colectiva, los beneficios 
generalmente son distribuidos entre los miembros como salarios o reducción en los precios y mejoras en 
los servicios; 
- Las garantías que tienen son limitadas debido a que mantienen muy pocos activos negociables. 
 
A fin de evitar que la hegemonía actual siga castigando con su miopía a las iniciativas de la ESyS, debemos 
enfrentar el desafío de difundir estas particularidades, de ser capaces de mostrar su eficacia y eficiencia y de 
lograr que su utilidad social sea reconocida, por ejemplo, exigiendo que estas particularidades sean 
consideradas a la hora de su financiación. 
Actualmente en Argentina pueden identificarse al menos tres propuestas que dicen considerar la 
problemática de las finanzas y la ESyS: 
- la oferta por parte de organizaciones de la economía social tradicional, principalmente a través del 
cooperativismo financiero y algunas mutuales; 
- la política pública básicamente a través del Plan Manos a la Obra; 
- el microcrédito 
De todas, consideramos que en esta presentación la que amerita especial atención es esta última, debido a que 
es la que más atención está recibiendo (en parte, porque organismos internacionales como el Banco Mundial 
lograron que las Naciones Unidas declaren al 2005 como “el año del microcrédito”) y, consideramos, está 
distrayendo del foco principal atención. 
Manqui
Resaltar
Espacio de Economía Social. IEF-CTA 
 
 “Por una nueva Institucionalidad para la Economía Social y Solidaria” p. 13
Microcrédito y Microfinanzas 
Las microfinanzas abarcan muchos servicios financieros de pequeña escala (el microcrédito, el microdepósito, el 
microseguro, etc.). Hasta el momento, el único desarrollado en Argentina es el microcrédito. 
Lo ”micro” es uno de los principales obstáculos entre la ESyS y las microfinanzas porque los criterios 
estadístico-descriptivos (la figura del autoempleado, “microempresas de hasta 5 empleados”, etc. …) no son de 
utilidad para la ESyS. Ella engloba tanto a una empresa recuperada con 200 trabajadores como a una unidad 
doméstica que toma la forma de emprendimiento mercantil para generar ingresos y poder reproducirse. Es más 
bien la lógica (reproducción de la vida y, una vez pasado este umbral, mejora en las condiciones de vida) y la 
forma (democrática, participativa, etc.) de hacer las cosas lo que define a la ESyS. 
Además, el mundo visto desde las microfinanzas, es un mundo lleno de microempresarios con posibilidades de 
ser grandes algún día pero que, mientras tanto, son chiquitos y necesitan de sus servicios, por los que deben 
pagar muy caro. Esto suele condenar a que trabajadores individuales, “¿¿¿¿¿microempresarios????”, y sus 
familias, no salgan de niveles de vida que apenas alcanzan para la reproducción física. 
En países como los nuestros puede darse que la ESyS nazca de la supervivencia pero para salir de ella. La 
ESyS no sólo enfrenta las necesidades a través de colectivos que se van organizando, enredando con 
otros, etc., también se permite ser utópica, soñar, tener grandes aspiraciones y lograrlas a través de la 
acción política. 
Por último, hay que estar atentos y vigilantes. Si bien en algunos casos el microcrédito es otorgado 
por organizaciones con buena voluntad y no para hacer negocio y puede ser útil por un tiempo 
siempre que de lugar a procesos más complejos: puede que estemos trabajando para una mayor 
desregulación financiera. El discurso de alivio de la pobreza en muchos casos ha dado legitimidad para lograr 
mayor liberalización de los mercados financieros, eliminando techos a las tasas de interés “que impiden 
cobrar un interés lo suficientemente alto como para cubrir los altos costos de prestarle a los 
pobres”. Se trata de difundir la creencia de que las microfinanzas son una herramienta útil para salir de la 
pobreza cuando, en realidad, a lo largo de todo el mundo el conocimiento sobre este impacto es parcial y 
conflictivo. 
 
Algunos caminos a explorar en conjuntoPara democratizar el uso de los servicios financieros y ponerlos al servicio de la ESyS y la sociedad toda, 
creemos que es necesario revisar críticamente lo que actualmente existe y reconfigurarlo junto a otras formas 
de hacer finanzas a fin de lograr poner a las personas en el centro del modelo de desarrollo, luchando por otra 
economía y otra sociedad. 
En una coyuntura en que el crédito para los pobres ha vuelto a ser un negocio para el capital financiero, los 
trabajadores se convirtieron en un nicho cautivo de usureros, compañías financieras y bancos privatizados que 
se enriquecen a costa del esfuerzo ajeno. Es necesario, entonces, aportar a la elaboración de 
propuestas de herramientas financieras orientadas a construcción de otra economía y, a través de 
ella, una mayor soberanía de los trabajadores. 
Entendemos que se trata pensar nueva “institucionalidad” que fortalezca mecanismos de financiamiento de 
experiencias de trabajo autogestivo y asociativo que, desde la organización de los trabajadores, apuesten hacia 
la construcción de una nueva economía basada en el trabajo y en la cooperación entre los trabajadores. 
Hablamos, entonces, de experiencias que nos son “micro”, “aisladas”, y “de pobres para pobres”. 
En ese marco, proponemos empezar a trabajar en las siguientes líneas: 
- Realizar diagnósticos sobre la situación actual y la complejidad de la relación entre las 
finanzas y la ESyS 
- Identificar y analizar críticamente las experiencias y propuestas actualmente existentes en el 
país 
- Elaborar criterios que debieran tener en cuenta las propuestas públicas y privadas orientadas 
a financiar la ESyS y la forma de evaluar la performance 
 
 
Seguiremos sumándonos con nuestra participación en las iniciativas colectivas de los trabajadores 
y convocamos a articularnos y romper con la fragmentación, en el camino de construir, a través de 
la acción política y la fuerza colectiva, las herramientas económicas y financieras que hagan 
realidad la mejora en el bienestar de la clase trabajadora en nuestro país, convencidos de que el 
marco estratégico de la ESyS es una excelente propuesta que puede cobijar a las mayorías. 
 
 
 
 
Espacio de Economía Social. IEF-CTA 
 
 “Por una nueva Institucionalidad para la Economía Social y Solidaria” p. 14
Espacio de Economía Social, IEF-CTA 
econosoc@institutocta.org.ar 
Julio 2005