Trabajo Final Análisis de Implementación Políticas Públicas Seguridad y Convivencia Medellín

Vista previa del material en texto

ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN: POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE MEDELLÍN 
CHRISTIAN ROBERTO MAYA CABRERA
			JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ MARRIAGA
PRESENTADO A: JUAN ANTONIO ZORNOZA BONILLA
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
FCHE
2019
INTRODUCCIÓN 
La actual política pública de seguridad y convivencia de Medellín está constituida sobre la descripción de un contexto que presenta desde un marco de planeación las causas de la actual inseguridad en Medellín como resultado de una violencia estructural, la cual se había venido consolidando desde los años 80 y que con el pasar del tiempo coge más fuerza en la ciudad, creando de esta manera las condiciones para el establecimiento de rentas criminales ligadas a control territorial por parte de bandas delincuenciales en distintos lugares y comunas de Medellín, lo que a su vez está ligado a un aumento de la violencia homicida en el área metropolitana. Como consecuencia del fenómeno anteriormente expuesto, se encuentran perjudicadas las comunidades de distintos barrios y comunas de la ciudad donde operan estas bandas criminales a quienes les ha tocado sufrir todo tipo de extorsión, homicidios, desplazamiento forzado intraurbano y constantes balaceras entre bandas. Es en este contexto que se crea la necesidad de hacer una política pública de Seguridad y convivencia, y que llevó a que se comience en el 2012 un proceso de planeación muy riguroso para la creación de dicha política pública , donde aprovechando la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), la Universidad EAFIT y el politólogo Andrés Casas Casas se abre una ventana de oportunidad que permite creer en una solución eficaz del
problema. La seguridad es por tanto un tema de relevancia en la agenda pública de la ciudad que ha logrado posicionarse como un aspecto de agenda de política se ha constituido en Medellín lo que podemos denominar una agenda de políticas públicas en torno a la seguridad y la convivencia.
OBJETIVO.
 En el contexto anteriormente mencionado se hace necesario para el trabajo intenta presentar una serie de alternativas que se deberían tener en cuenta para el cumplimiento objetivo de las metas propuestas; en este orden de ideas, el presente estudio busca hacer un análisis de implementación de la política pública de seguridad y convivencia a fin de identificar sus fallas y debilidades para proponer en segundo lugar una serie de correcciones que desde mi criterio serían útiles a la hora de mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad, crear institucionalidad y reducir las tasas de homicidios, robos y delitos en Medellín. 
AGENDA
La construcción de la agenda, en este caso parte de la consideración de hechos sociales, de
los recursos del Estado en cuanto a atención de la problemática, de los actores sociales
involucrados y sus relaciones de la información disponible sobre esa situación de la vida
social calificada como problema público, de los grupos excluidos de la discusión, de los
opositores, de los grupos de presión en torno al tema y de sus debidas causas. La seguridad es por tanto un tema de relevancia en la agenda pública de la ciudad que ha logrado posicionarse como un aspecto de agenda de política se ha constituido en Medellín lo que podemos denominar una agenda de políticas públicas en torno a la seguridad y la convivencia.
La inseguridad en Medellín, es un tema que siempre ha conllevado su debida importancia,
teniendo en cuenta la violencia que ha permeado la historia en la ciudad. Medellín, desde los
años 80 tuvo uno de los índices de violencia e inseguridad más altos del mundo, en general se
volvió más inseguro con la llegada del narcotráfico, en gran medida con llegada de Pablo
Escobar, que con el paso del tiempo ha creado distintas modalidades de violencia que van
desde el microtráfico, la extorsión generalizada, el contrabando, el tráfico y comercialización
de armas, la trata de personas para la prostitución, la explotación mafiosa del espacio público,
y algunos negocios legales que se mueven con cierta ilegalidad como casinos, chance, paga
diarios, prenderías, entre otros; negocios rentables que desde los años 80, hasta ahora, han
estado en el centro de los enfrentamientos criminales en la ciudad. Sin embargo, el
narcotráfico no fue únicamente el detonante de la violencia pues también muchos otros
factores rondaron esas últimas décadas de siglo XX. Por lo tanto, el problema de inseguridad
municipal responde a una lógica más estructural, es por esta razón que el proceso de
agenciamiento para la creación de la actual política pública de seguridad y convivencia no se
encuentra relacionada con hechos del presente sino que se encuentra inmersa en un contexto
histórico.
 Es en este contexto que se crea la necesidad de hacer una política pública de Seguridad y convivencia, y que llevó a que se comience en el 2012 un proceso de planeación muy riguroso para la creación de dicha política pública , donde aprovechando la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), la Universidad EAFIT y el politólogo Andrés Casas Casas se abre una ventana de oportunidad que permite creer en una solución eficaz del problema.
ESTADO DEL ARTE.
 Pedro Medellín aborda el tema del estudio de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad, e interroga acerca de la cohesión que debe existir en los diferentes niveles del gobierno respecto del régimen político. En el caso de la ciudad de Medellín, observamos que la organización jerárquica en las instituciones y entre ellas, sus principios y normas y sus principios funcionales y de estructuración jerárquica del poder, son compatibles con el régimen. Pero históricamente en el país, la fragilidad institucional y la autonomía usurpada de las regiones y especialmente, aquellas que generan mayor tributación al estado central, ha provocado que en cierta medida los gobiernos locales ejerzan un grado de independencia respecto del centro. Mas sin embargo en el fondo las administraciones municipales nunca se han desprendido de las líneas generales emanadas del orden multilateral, cuyos modelos económicos y políticos condicionan el orden nacional. Prueba de ello han sido los programas “sugeridos” como La Operación Colombia en 1961 que se desprende del informe Currie, el Plan de Desarrollo Económico y Social (70-73) en el que participó la OIT y la constante injerencia e imposiciones de organismos multilaterales e incluso de países potencia en específico, como requisito para otorgar créditos, avales, estatus entre otras. Por estas razones resulta pertinente considerar que las causas de la situación de seguridad de la ciudad de Medellín, emanan principalmente de la brecha económica, los reducidos espacios de participación política y la reproducción de las condiciones que perpetúan el atraso social de la ciudad y del país, y que son producto a su vez de las grandes contradicciones estructurales e históricas, impuestas desde la hegemonía dominante del hemisferio. Ninguna política que intente reducir sustancialmente la criminalidad tendrá efecto en la ciudad de Medellín, porque el problema es transversal, vertical y producto de imposiciones generadoras de conflicto.
En la administración de Aníbal Gaviria, se realizó un intento por cambiar el modo en que se formula la política de seguridad, promoviendo la alineación de los planes de desarrollo de sus sucesores a un proyecto superior de largo aliento, que debería orientar los esfuerzos en materia de seguridad hacia objetivos pre establecidos, con el propósito de generar una línea coherente en el tiempo, de la acción institucional para conseguir resultados efectivos. Pero desde el principio de la formulación del proyecto se han cometido los mismos errores históricos, y es que la población que es la que debe participar activamente en la formulación de las políticas, solo fue tomada en cuenta para la realización de experimentos sociales y encuestas, atendiendo asía un enfoque neo institucionalista para la formulación e implementación de la política de seguridad.
 Respecto a la administración de Federico Gutiérrez, concluimos que encaja con la descripción de Pedro Medellín de que “los regímenes sudamericanos son informales institucionalmente, no tienen una línea política constante y los programas se formulan y ejecutan a gusto de los gobiernos y ministros de turno”. Esta afirmación se evidencia en el contraste que se observa al comparar la política de Gaviria, la cual pretende la construcción de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad a través del diálogo y la concertación para facilitar la cooperación ciudadana en la lucha contra la criminalidad, frente a la política de Gutiérrez eminentemente policiva, coercitiva, beligerante y paternalista
ENFOQUE.
Neoinstitucionalismo de redes (Klijn). 
 Como sucede en la mayoría de los neoinstitucionalismos, el de redes tiene una concepción del estado acogida de los postulados de Bob Jessop, es decir concibe al estado como un campo de lucha donde confluyen diversos actores con intereses, pretensiones, posturas y puntos de vista en juego; bajo esta forma de ver el estado, las redes de políticas públicas, forman el contexto en el que tiene lugar el proceso político, representan un intento dentro de la ciencia política para analizar la relación entre el contexto y el proceso en la hechura de políticas. El interés reciente en el concepto de redes puede verse como un intento de ‘contextualizar’ el enfoque de proceso.
 No sólo la hechura de políticas tiene lugar en escenarios en los que hay muchos
actores y ambigüedad en cuanto a las preferencias, información y estrategias
tomadas, sino que también sucede en ciertas redes inter organizacionales de 
naturaleza más duradera. Así, el enfoque de red de políticas públicas comienza
donde acaba el enfoque de proceso. Los problemas, los actores y las
percepciones no son elementos fortuitos en el proceso de políticas, sino que
están conectados con la red inter organizacional en la que esos procesos 
ocurren. Es decir el acoger el neoinstitucionalismo de redes para un análisis de política pública es aceptar que existen otros actores además del estado que deben ser tenidos en cuenta pues no solo influyen en la toma de decisiones sino que también constituyen gran parte de representaciones que se tiene del problema, llegando a ser indispensables para el análisis político.
 
 El analizar la política pública de seguridad y convivencia de Medellín desde el enfoque neoinstitucionalista de redes me permite considerar no solo actores estatales sino también actores paraestatales que de una u otra forma influyen en la seguridad y en la política pública como tal. Al entender que estos actores deben ser tenidos en cuenta puedo analizar a su vez las relaciones entre si mismos y con el estado, lo que me es útil si se tiene en cuenta que uno de los objetivos de esta política es la creación de estatalidad en las comunas que sufren de control territorial, y que considera la creación de estatalidad no solo como la intervención coercitiva sino en la multidisciplinariedad como tal, donde puedan articularse los trabajos de diversas instituciones para lograr una integralidad de la política; de esta manera también al tener en cuenta actores paraestatales (como bandas criminales) se hace posible analizar su comportamiento frente a las diferentes medidas que la administración a tenido para enfrentarlos, en este sentido, se hace evidente que la tendencia de la administración a tratar coercitivamente los temas relacionados a la seguridad resulta siendo inútil. Es por ello que es necesario analizar a este tipo de actores no solo en su relacionamiento con el estado sino en su individualidad y así hace posible análisis como el perfil de los jóvenes que ingresan a las bandas, la estructura de las mismas y su forma de operar.
 
 
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
En su artículo segundo, la Constitución Política declara que “las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades”. El adecuado cumplimiento de este
mandato constitucional demanda el compromiso de las administraciones municipales, quienes
deberán contribuir a la generación de condiciones aceptables de seguridad y convivencia
ciudadana, por la vía del ejercicio de las competencias jurídicamente atribuidas para tal
efecto. Respetuosa del mandato constitucional, por medio del Plan de Desarrollo 2012-2015
Medellín, un hogar para la vida, la Alcaldía de Medellín asumió como una de sus prioridades
la formulación de la Política Pública Municipal de Seguridad y Convivencia
LINEAMIENTOS 
En cuanto a los lineamientos formulados en la política se destacan 7 unidades temáticas
de obligatoria consideración para gestionar integralmente la seguridad y la convivencia en el
Municipio de Medellín y por esta vía, contribuir a aumentar la capacidad de los ciudadanos y
de sus instituciones para gobernar los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia.
Estos lineamientos son los siguientes: 1) Empoderamiento, rendición de cuentas y control social: Busca la expansión de los recursos y capacidades de los individuos, las organizaciones y las comunidades para influir, controlar y exigir; 2) Transformación social para la construcción de paz: Fomentar el respeto por la vida y la transformación sociocultural a través de una cultura de paz que facilite la resolución pacífica de conflictos; 3) Gestión del conocimiento: Fortalecimiento del proceso que provea datos confiables, técnica y científicamente fundamentados para la toma informada de decisiones, con especial participación del SISC; 4) Competencias, capacitación y formación: Capacitación y formación a comunidad, organismos de seguridad y justicia y a los servidores del Gobierno Municipal; 5) Cooperación, incidencia y transversalización: Generar sinergias entre diversos actores que pongan a disposición su conocimiento, recursos y capacidades de gestión; 6) Tecnología para la seguridad: Herramienta indispensable de un proceso de gestión de conocimiento para una toma de decisiones informada; 7) Justicia: Dinamización en el relacionamiento con los organismos de justicia y la prestación adecuada de los servicios en el territorio a través del sistema de justicia cercana al ciudadano.
INSTRUMENTOS 
En cuanto a los instrumentos se establecen herramientas por medio de las cuales se hacen operativos los lineamientos estratégicos de la Política Pública. Los instrumentos son los siguientes: Plan Municipal de Desarrollo: instrumento privilegiado para garantizar la continuidad de la Política Pública en el mediano y largo plazo; Plan Integral de Seguridad y Convivencia: Principal instrumento para la priorización de problemáticas, estrategias, programas, proyectos y acciones específicas, en articulación con autoridades competentes, para la asignación y ejecución de recursos del FONSET; Plan de prevención: Instrumento de coordinación interinstitucional en perspectiva de prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición: Instrumentos de Territorialización: concreción de todos los instrumentos por medio de intervenciones para atender problemáticas poblacional y territorialmente focalizadas.
ESCENARIOS
Finalmente se establecen unos escenarios de implementación los cuales son seis escenarios fueron priorizados desde la Política Pública para garantizar diferentes niveles de participación en la gestión de la seguridad. los escenarios son los siguientes: Consejo Municipal de Seguridad; Comité Territorial de Orden Público; Comité Municipal de Justicia Transicional; Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres; Comité Local de Gobierno; Consejo de Convivencia y Seguridad.
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN:
Considerando los lineamientos de la política pública como la esencia de la misma, se considera pertinente para el estudio analizar hasta qué puntoestos se han cumplido y han logrado tener éxito a fin de reducir las tasas de homicidios, robos, extorsiones y demás indicadores que nos permiten tener un acercamiento más claro de la realidad en los barrios y comunas de Medellín donde se intenta proporcionarle a las personas las mejores condiciones de seguridad y calidad de vida.
 
1. Lineamiento 1: empoderamiento, rendición de cuentas y control social.
 Mediante el cual se intenta favorecer la construcción de capital social para que de esta manera las comunidades sean partícipes en la mejoría de las condiciones de seguridad y convivencia reconociendo así diversos actores y en especial a dichas comunidades para que sean capaces de contribuir controlar y exigir la rendición de cuentas por parte de las instituciones responsables de garantizar la seguridad y convivencia en Medellín. Correspondiente a las pretensiones de éste primer lineamiento, se encuentran fallas, al intentar dar atribuciones a la ciudadanía que no le corresponden y que son exclusivas del estado, se demuestra la incapacidad del estado de controlar el orden y por consiguiente crear condiciones de seguridad, delegando la competencia de estas a un actor político que de cierta manera es incompetente a la hora de realizar esta función. Pues el garantizar la seguridad y convivencia es una labor de la que solo el estado haciendo uso de su monopolio de la violencia legítima puede proporcionar. Al presentar este lineamiento se evidencia que tenemos un estado incompetente, incapaz de crear orden y ejercer su total soberanía en el territorio.
 
2. Lineamiento 2: Gestión del Conocimiento. Fortalecimiento del proceso que provea datos confiables, técnica y científicamente fundamentados para la toma informada de decisiones, con especial participación del SISC. Efectivamente, se cumple tal cual como se plantea este lineamiento, el SISC es la herramienta que permite ver cada situación en relación con la seguridad, se presenta diariamente en forma de boletín público, mostrando en sus datos, mediciones en cifras de hurtos en sus diferentes modalidades, asesinatos, el lugar y la fecha exacta además, se muestra el número de estos flagelos por cada comuna de la ciudad y el foco bajo el cual se produjeron, así como el comparativo por día, mes y año Sin embargo, no se cumple a cabalidad el lineamiento, puesto que este SISC si bien dice ser de carácter público según la misma alcaldía, no está disponible para la descarga del usuario, inclusive para analizar esta política pública nos topamos con el inconveniente de que no es posible acceder a él por ningún método, entonces no ayuda a la toma informada de decisiones puesto no hay acceso.
3. Lineamiento 3: Transformación social para la construcción de paz.
 La política nos habla de la pertinencia de las medidas de reparación en el marco de la justicia transicional, y que la Alcaldía avanzará en estrategias de garantías de no repetición; al respecto podemos rescatar el tema de atención a las víctimas del conflicto, en lo que respecta a la recepción de denuncias, pero no se compadece, en el tema de reparación o restablecimiento de derechos de las mismas, pues vemos cómo a lo largo de la investigación, que muchas de las víctimas no alcanzan a denunciar, porque no hay una oficina de atención cerca al lugar de residencia de las víctimas, o no tienen la solvencia económica para desplazarse a municipios donde existan oficinas de atención a las víctimas, y si logran llegar a una de ellas, no alcanzan a ser atendidas por el alto flujo de víctimas por día, en segundo lugar el tema de atención integral, podemos decir, que solo llega hasta la instauración de la denuncia, porque no hay presupuesto para la reparación por vía administrativa, en ese sentido la política se queda corta, pese a que su indicador de atención a las víctimas se cumpla a medias. Igualmente nos habla de una acción preventiva, cosa que tampoco se cumple, pues parte de las estrategias van más encaminadas a prácticas securitarias, que un modelo integral de proyectos deliberativos con participación social, para el fortalecimiento de medidas enfocadas a los derechos humanos, que tanto se necesitan en una ciudad desigual e inequitativa como es Medellín y que en suma es el detonante de la violencia y de la comisión de delitos. Lo que se ve aquí es una incapacidad por cumplir el objetivo real de la Política Pública como lo es la prevención temprana y el restablecimiento de derechos, no se están restableciendo derechos, antes la administración se los está llevando por delante, enfocándose en lo punitivo y menos en los derechos.
4. Lineamiento 4: Generación de competencias y formación para la gestión de la 
seguridad y la convivencia.
Nos habla de la necesidad de formar y capacitar a todos y cada uno de los corresponsables de la política para hacer frente a la complejidad de los problemas de seguridad y convivencia; al respecto podemos decir que no se cumplen, toda vez que los miembros de la fuerza pública que son los actores que interactúan directamente con la población, no conocen las leyes o las malinterpretan, como es el caso del nuevo Código de Policía, donde se han dedicado a multar a la ciudadanía por hechos tan cotidianos como el de comprar una empanada, o el de correr al interior de un centro comercial, cosa que fue censurada por algunos magistrados de la corte constitucional que se han pronunciado diciendo que la policía ha malinterpretado la norma.
5. Lineamiento 5: Cooperación, incidencia y transversalización. 
 
Bajo este lineamiento se acepta la incidencia en la política pública del sector privado, estableciendo así la convergencia de diversos actores especializados en temas de seguridad, de tal forma que apoyen la formulación, evaluación, seguimiento y ejecución de la política pública de manera tal que a través de las acciones desarrolladas en el marco de la política pública, se generen sinergias entre diversos actores que pongan a disposición su conocimiento, recursos y capacidades de gestión, para contribuir al fortalecimiento de los lazos entre la sociedad civil y el Estado, y asegurar una cooperación eficiente con organismos internacionales, actores del nivel local, departamental y nacional. En este orden de ideas se considera que el quinto lineamiento es el que más ha logrado obtener índices de eficacia y eficiencia favorables y que de cierto modo se ha cumplido y ha colaborado disminuyendo los índices de inseguridad en Medellín, proporcionando a base de un trabajo conjunto de estado y actores políticos competentes una interacción orientada a un consenso negociado que facilita la formación de una política, que en el momento de su aplicación encuentre más aceptación que resistencia.
6. Lineamiento 6: Tecnologías para la seguridad. Para esto, se implementarán soluciones tecnológicas que garanticen la confluencia de información proveniente de las diversas bases de datos, aplicativos y sistemas de información que se considere pertinentes para la gestión de las problemáticas que afectan la seguridad y la convivencia. Una de los instrumentos de ese lineamiento era la implementación de cámaras de video-vigilancia para combatir los hurtos, distribuidas en la ciudad. Sin embargo, el 66% de las denuncias registradas se concentraron en 4 comunas: La Candelaria con 35% ; Laureles-Estadio con 12% ; Belén con 7%. Sin embargo eso no es lo que sorprende, sorprende más el hecho de que en esas 4 zonas están ubicadas más del 60% de las cámaras de seguridad que hay en Medellín. (Ver anexos).
7. Lineamiento 7: Justicia. podemos ver los niveles de intervención sobre los cuales se debe construir una agenda de trabajo desde la Administración Municipal. De un lado, la dinamización en el relacionamiento con los organismos de justicia con dependencia funcional del nivel nacional, y de otro, competencia natural de las alcaldías municipales, la prestación adecuada de los servicios de justicia en el territorio a través del sistema de justicia cercana al ciudadano y la implementación de mecanismosalternativos de solución de conflictos. Sin embargo,estos componentes no se llevan a cabo en la práctica de una manera efectiva. Vemos cómo se solucionan los problemas de una forma mediática, sin generar un mayor impacto en la sociedad
. Bajo este lineamiento podemos ver los niveles de intervención sobre los cuales se debe construir una agenda de trabajo desde la Administración Municipal. De un lado, la dinamización en el relacionamiento con los organismos de justicia con dependencia funcional del nivel nacional, y de otro, competencia natural de las alcaldías municipales, la prestación adecuada de los servicios de justicia en el territorio a través del sistema de justicia cercana al ciudadano y la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Sin embargo,estos componentes no se llevan a cabo en la práctica de una manera efectiva. Vemos cómo se solucionan los problemas de una forma mediática, sin generar un mayor impacto en la sociedad.
PROPUESTA: MEJORAS A LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
 
 Una vez analizados cada uno de los lineamientos de la Política Pública, y los problemas que se presentan es pertinente proponer en este punto del trabajo algunas alternativas de solución que desde nuestra perspectiva ayuden a mejorar la política pública de seguridad y convivencia. Para ello consideramos cambiar el enfoque coercitivo que tiene la política pública el cual ha sido recurrente en todas las administraciones que la han implementado, por un enfoque más orientado a la inversión social que logre complementar las diversas estrategias ya presentes en la política referentes a la desarticulación de bandas delincuenciales, de esta manera se intentará romper con las brechas sociales y las diferencias inequitativas de oportunidades para los jóvenes en la ciudad, permitiendo así que el estado llegue a los diferentes barrios y comunas hoy controlados por actores paraestatales donde pueda proporcionar no solo seguridad sino también salud, educación, empleo, vida digna y oportunidades a sus ciudadanos, suministrando le entonces un enfoque a la política de seguridad basado en la integralidad, que contribuya a la creación de institucionalidad en los sectores marginales, cambiando de esta manera no solo la vida de las personas sino el régimen imperante en la ciudad que en la actualidad es de obediencia endeble. 
 Respecto al primer lineamiento de la política pública, como lo mencionamos anteriormente es innecesario y en cierta manera perjudicial porque se le encargan funciones a la ciudadanía que no son competencia de ellas sino exclusivamente del estado, es por esta razón que decidimos quitar este lineamiento de la política y reemplazarlo con un lineamiento que se ha denominado “acompañamiento y proyección juvenil” con el cual se busca poner fin al problema de control territorial en Medellín y que hasta cierto punto sea útil como estrategia de desarticulación de bandas criminales. Este lineamiento estará respaldado por una serie de programas en los que se encuentra la creación de institutos que brinden educación técnica y profesional en las zonas afectadas por el fenómeno de las bandas delincuenciales y con la colaboración de un equipo multidisciplinar de psicólogos, trabajadores sociales, académicos y demás profesionales que diagnostiquen el perfil de los jóvenes que están ingresando a las bandas criminales y entre ellos puedan generar estrategias que cambien el imaginario colectivo de las próximas generaciones dándoles las oportunidades y los instrumentos necesarios para que puedan proyectar y gobernar sus destinos personales y encaminar su futuro aparte de la ya común tendencia de adherirse a una banda criminal.
En cuanto al segundo al lineamiento, como se expresó anteriormente, el lineamiento si se cumple pero no en su totalidad, está bien que el SISC genere boletines diarios y presente diversos datos orientados a analizar el flagelo de la inseguridad en la ciudad y sus componentes. Sin embargo no es totalmente efectivo si el acceso a esos boletines está denegado, lo que se propone es que no se cambien los métodos para su difusión puesto que son los más efectivos como la solicitud por vía e-mail a quien quiera dicha información a través de la misma Secretaría de Seguridad, sino que debe otorgarse más apropiación por parte de la Alcaldía así como la Secretaría para que dinamicen y actualicen dichas tecnologías para que la ciudadanía tenga acceso total a dicho SISC y así se oriente efectivamente a la toma de decisiones informada con la misma ciudadanía como partícipe.
En relación al lineamiento “Transformación social para la construcción de paz”.
Se propone que la administración debe centrarse únicamente en mostrar cifras del número de personas víctimas de los flagelos de la inseguridad y exponerlos como personas atendidas (Ver anexos), sino que deben enfocarse en mostrar cumplimiento a ese lineamiento, deben exponer que efectivamente están reparando a todas las víctimas que ponen denuncias, para esto deben mejorar su estructura institucional, por ejemplo, ya que en cuanto a los centros que disponen para poner las denuncias son escasos y muy alejados para las comunidades que aunque hacen parte del área metropolitana están muy alejadas de estos centros, puesto que cómo hace una persona que viva por ejemplo en San Cristóbal para poner un denuncio ya sea de desplazamiento o cualquiera que sea si el centro de denuncia está en pleno corazón de la ciudad. Y aquí entra en juego otro asunto, en realidad aparte de que están escasos y lejanos, los fichos que se entregan por personas son muy reducidos por el tiempo de atención tan corto que brindan, entonces hay mucha gente que se queda sin denunciar ante esos centros, por lo que el RUV quien es uno de los que recoge la información de todas las víctimas en el país no puede registrarlos en su base de datos para su posterior reparación. Entonces se propone dinamizar todo la estructura institucional, no solo creando más centros para la atención y reparación, sino implementar una plataforma digital en la cual cada persona tenga acceso a ella, y llevar brigadas para complementar con capacitación y así lograr realmente una verdadera transformación social.
 
El lineamiento “Generación de competencias y formación para la gestión de la seguridad y la convivencia”.
 De otra parte, las mujeres que son objeto de maltrato y violencia intrafamiliar, no conocen el protocolo para la instauración de las denuncias, por falta de información de los funcionarios encargados que en la mayoría de los casos, son producto de favores políticos y no de una licitación pública por méritos, eso por poner algunos ejemplos, pero la falta de formación en competencias para mediar en la política de seguridad y convivencia por parte de los corresponsables de la política es cada vez mayor, en ese sentido la política no cumple con el objetivo propuesto. En este sentido, el hecho de que los miembros de la policía esten multando a quien coma una empanada, por más cómico que parezca, es un claro ejemplo de la poca capacitación que se ofrece a todo el cuerpo de esta institución, sin embargo, el desconocimiento de la norma y el hecho que dentro de las instituciones se presenten ciertas actitudes que responden más a intereses individuales que colectivos son hechos que se le salen de las manos a la política y que poco tienen que ver con el tema de seguridad, por la misma razón resulta innecesario que la política pública tome medidas al respecto pues no es de su competencia y el solucionarlo poco o nada ayuda a la creación de estatalidad o a acabar con el problema de inseguridad que presenta Medellín; es por esta razón que se hace pertinente cambiar este lineamiento y reemplazarlo por otro más acorde a los objetivos y necesario para la construcción de estatalidad en la ciudad, el lineamiento que propongo lo he denominado “Desarticulación criminal y reinserción social” y consiste en una estrategia de resocialización liderada por un conjunto de institucionesarticuladas que coherentemente con el nuevo lineamiento 1 de la política configuren una red de mecanismos para la construcción de estatalidad; si bien el primer lineamiento es una apuesta para prevenir que los jóvenes ingresen a las bandas criminales, este lineamiento de desarticulación criminal y reinserción social busca sacar a los jóvenes de dichas bandas constituyendo una potente arma para la desarticulación de las mismas. Con el apoyo de inder, alianzas público-privadas y demás organismos estatales e instituciones se crearán espacios educativos, deportivos, y laborales para que sean utilizados principalmente por jóvenes quienes decidan retirarse de las bandas criminales y continuar con su vida fuera de ellas por el camino de la legalidad; para estos jóvenes la política creará 4 tipos de programas, educativos, laborales, culturales y deportivos que les brinden la opción de elegir entre 4 alternativas de reintegrarse a la sociedad.
Programa educativo: Se darán becas estudiantiles en educación técnica y profesional a los jóvenes que decidan dejar las bandas criminales quienes también tendrán apoyo psicológico que les ayude a encaminar nuevamente sus vidas y acabar con los rezagos que les dejaron en su experiencia en las bandas criminales
Programa laboral: Se van a crear talleres y cooperativas de trabajo donde sean los jóvenes quienes decidan en qué oficio se quieren desempeñar, una vez ellos decidan el trabajo que quieren realizar, la administración les facilitará su capacitación, así como también la búsqueda de nichos de mercado que demanden su trabajo. 
Programa Cultural: Se impulsarán colectivos de arte, teatro, musica y demas actividades relacionadas para apoyar el talento de un sinnúmero de jóvenes que por condiciones de olvido estatal no han logrado perseguir ni cumplir sus sueños.
Programa Deportivo: Con el apoyo del inder se crearán escuelas de los deportes más practicados por los jóvenes en las comunas, así como también se crearán espacios deportivos para el entrenamiento de los mismos. A los jóvenes que decidan dejar las bandas criminales se los entregará gratuitamente con entrenadores de calidad que les den la posibilidad de llegar a los grandes equipos del deporte profesional. 
 
Para el lineamiento de “Tecnología para la seguridad”.
A todo esto hay que plantearse ¿realmente sirve la estrategia? Algo está fallando en esta estrategia, porque los delitos siguen en aumento. O las cámaras no funcionan las 24 horas, o el disco de almacenamiento es limitado, o hay alguna falla humana en el uso de esta tecnología puesto que se sabe que el personal de esta dependencia rota mucho. En este sentido, se propone establecer una especie de organización con carácter veedor, preferiblemente de la misma ciudadanía y respaldada en esta que permita ejercer control a la institución en este caso la policía nal, para verificar de este modo, si efectivamente se está capacitando adecuadamente al personal de esta dependencia para el correcto manejo de las cámaras, así como también hacer un estudio más detallado sobre la ciudad, puesto que se sabe que muchas de esas cámaras dispuestas se encuentran en lugares equivocados o se limitan en cobertura a ciertos sectores y no a la amplia zona urbana de la ciudad
En cuanto al lineamiento de “Justicia” .
Bajo este lineamiento no puede ignorarse que una de las raíces del problema es la frustración. No podemos apuntarle a una justicia únicamente punitiva, como lo plantea este lineamiento, que entienda que construir más cárceles no es una apuesta correcta a largo plazo. Hay que cambiar la manera en que se priorizan los delitos y aprovechar las penas alternativas para atender rápidamente las ofensas menores. Si permitimos que los ciudadanos pierdan la fe en la justicia, las consecuencias seguirán siendo nefastas como lo soy hoy en día. Muchos crímenes quedan en la impunidad y las cifras siguen en aumento de delitos siguen en aumento. 
No sé debe ver la justicia en ámbito institucional como una manera de cumplir cifras, para cumplir con ciertos objetivos. Se debe realizar un seguimiento real y efectivo acerca de las denuncias que se realicen, una restauración tanto a las víctimas como a los victimarios. Y realizar una prevención efectiva, para disminuir la criminalidad en la ciudad, apuntar a la educación con una forma efectiva de reducción índices de delitos a largo plazo.
CONCLUSIONES
Las soluciones requeridas para resolver el problema de la violencia son múltiples; no existe una solución única que sea aplicable a todos los casos. Las distintas propuestas se pueden dividir en dos grandes grupos: a) las acciones dirigidas a controlar la violencia, cuyo enfoque suele ser apoyado por la criminología y la perspectiva judicial; y b)las acciones dirigidas a prevenirla, que han sido apoyadas por la epidemiología y la salud pública (BID, 1999).
Estos enfoques suelen considerarse como posiciones opuestas. Para solucionar el crimen violento, la primera busca la solución en más policías y prisiones, la segunda en el combate a la pobreza. En algunos países industrializados, los datos indican que la prevención puede llegar a ser más eficiente que las políticas de control (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999).
En América Latina suelen predominar los programas de control al igual que en algunos países industrializados, y sólo recientemente en estos países se han implementado las acciones de prevención.
Prevención:
Prevención estructural: comprende medidas a largo plazo de prevención estructural. Implican la reducción de la pobreza y la desigualdad, modificar los incentivos laborales y el acceso al mercado de trabajo y limitar la probabilidad de conductas violentas. Es importante que los jóvenes en situación de pobreza tengan oportunidades económicas para evitar que sigan siendo víctimas y agentes de la violencia social. Otras acciones incluyen prevenir el fácil acceso a las armas de fuego, alcohol y drogas (BID, 1999).
Prevención social: se refiere a acciones que actúan sobre los grupos de alto riesgo para disminuir la probabilidad de que se conviertan en victimarios o agentes de violencia. Estas actividades se dirigen a la atención pre y posparto de las madres en situación de pobreza u otro riesgo, al desarrollo infantil, a los jóvenes con problemas para terminar sus estudios de secundaria, etcétera.
La prevención social reduce las probabilidades de convertirse en víctima potencial por medio de la reducción de oportunidades, logrando que el crimen violento se haga más difícil, más riesgoso o menos ventajoso (BID, 1999).
Prevención puntual: se centra en un número reducido de factores de riesgo de la violencia, como el control de armas o programas dirigidos a grupos de alto riesgo, a zonas o territorios (BID, 1999).
Prevención integral: actúa sobre un conjunto de factores de riesgo, debido a que la violencia es un fenómeno multicausal y debe ser atacada con un conjunto de medidas tanto en el ámbito de prevención como de control (BID, 1999).
Prevención primaria, secundaria y terciaria: la prevención primaria va dirigida a reducir los factores de riesgo y a aumentar los factores de protección en diversos grupos de población (mujeres adultas, escolares en secundaria). La prevención secundaria se centra en grupos de alto riesgo de desarrollar conductas violentas (jóvenes en situación de desventaja social y económica). La prevención terciaria trabaja con individuos que han sido víctimas o han manifestado conductas violentas, para evitar que coincidan (BID, 1999).
En suma, la integralidad de la que habla la política de seguridad y convivencia, se refiere una mezcla de prácticas securitarias, pero la verdadera integralidad, debe ser con proyectos conjuntos de prevención y control.
BIBLIOGRAFÍA
Medellín. (2015). Acuerdo Municipal N.° 021 De 2015 (septiembre 4) Por medio del cual se 
aprueba la Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. 
Medellín: Concejo de Medellín.
Romero, D. (2004). Políticas públicas y seguridad ciudadana: laviolencia como problema 
público. Estudios Fronterizos, 4, 8. Recuperado el 9 de abril de 2019 de:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612003000200
001
Roth, A.(Ed). (2010). Enfoques para el análisis de políticas Públicas. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia.
Klijn, E. H. (1998). Redes de políticas públicas: una visión general. Managing Complex Networks, Sage, London, http://revista-redes. rediris. es, Wwebredes/textos/Complex. pdf, 18.
ANEXOS
.ENFOQUES
De forma sintética, lasswell propuso que las ciencias de la política debían distinguirse de las
investigaciones realizadas por otras disciplinas por tres características:
1. ser una actividad investigativa hacia la resolución de los problemas. así, los problemas
de políticas deben ser entendidos como situados en un contexto específico que debe
ser tenido en cuenta en el análisis, en el uso de los métodos y en las recomendaciones
emitidas.
2. ser multidisciplinar en sus enfoques. Esto debido a que cualquier problema social o
político es una composición de múltiples elementos que no corresponde a ninguna
disciplina en particular.
3. Ser claramente normativa u “orientada por valores “ en particular para lasswell, la
disciplina debe ser orientada por los valores democráticos y el respeto a la dignidad
humana.
Enfoque Secuencial
El primer marco conceptual, el más popular, el más influyente, sigue siendo sin duda el
modelo clásico del ciclo de política o modelo secuencial, inicialmente sugerido por Lasswell
(1956), y luego desarrollado por Jones (1970). Permitió lanzar el análisis de política pública
como un campo académico específico. Por lo regular, la política pública se presenta como un
objeto de análisis que puede ser subdividido en varias etapas que se pueden estudiar
separadamente.
Esta política pública de seguridad y convivencia del municipio de Medellín se enmarca
dentro de este enfoque secuencial, toda vez que continúa con el ciclo de vida de las políticas
públicas como se deja ver el acuerdo 021 del 2015, donde dentro de su justificación dice
“Asumir la gestión de la seguridad y convivencia impone el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de una política pública que aborde la problemática en un escenario
participativo e interinstitucional y reconozca la complejidad de un contexto con las dinámicas
de violencia que se verifican en el Municipio de Medellín”
● Asi mismo, el acuerdo deja ver como se van sucediendo las diferentes estadios, como
por ejemplo en la Etapa de Gestación, con el surgimiento e identificación del
problema de seguridad y convivencia en el Municipio de Medellín, y que después de
su génesis, es considerado como un problema coyuntural que debe ser tenido en
cuenta en la agenda pública; ya en su Etapa de diseño hace un análisis del problema,
se analizan también las posibles soluciones, se nota que hubo un estudio de
factibilidad, se dan recomendaciones de política pública, seguidamente viene un plan
de acción, luego en la Etapa de Implementación , vemos que se han tomado
decisiones, se han asignado presupuestos, se le otorga un marco normativo y se asigna
la ejecución a las diferentes agencias gubernamentales, y vemos que a la fecha ya se
vienen evaluado los indicadores de gestión, de los cuales, pese a mantener un
presupuesto significativo, no sale muy bien librado
Enfoque Neoinstitucional
El enfoque neoinstitucional, se centra en el estudio del papel de las instituciones,
considerándolas como un determinante esencial de los comportamientos individuales, de la
acción colectiva, y por lo tanto, de las políticas públicas.
La política pública de seguridad y convivencia en el municipio de Medellín, es proclive a
integrar la institucionalidad pública y privada para su desarrollo en cada una de sus etapas,
como queda demostrado en el acuerdo 021 de 2015 en el cual han participado :
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Universidad
Eafit, Policía Nacional-EVAL, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Fiscalía
General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF), Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Observatorio de
Seguridad Humana, Instituto de Estudios Regionales (INER), Universidad de Antioquia,
Personería de Medellín, Medellín Cómo Vamos, Instituto Popular de Capacitación (IPC)-,
Corporación Región, Fundación Ideas para la Paz, Secretarías de Gobierno y Derechos
Humanos, de las Mujeres, de Salud , de Juventud y de seguridad de la Alcaldía de Medellín.
Se atribuye con frecuencia a March y Olson (1984-1989), el mérito de haber puesto en
evidencia la importancia de las instituciones en la actividad política, con la publicación de su
obra “ redescubriendo la instituciones”, según estos autores, (1997), “ las reglas y los
entendimientos generados por las instituciones, son las que dan marco al pensamiento,
restringen las interpretaciones, y dan forma a la acción.
Enfoques tradicionales:
Estos enfoque se apoyan en teorías objetivistas, que hacen énfasis en los factores objetivos
medibles, se han implementado desde los años 60 y 70, como es el caso de las teorías de la
elección racional, public choice y de los principios de la economía neoclásica.
La política pública de seguridad y convivencia del municipio de Medellín, en la medida que
sigue asignando presupuestos a políticas de administraciones pasadas en la misma línea de
seguridad, se enmarca también en los enfoques incrementalistas, que parten de políticas que
ya están, que están funcionando y que se pueden mejorar; así mismo diríamos que esta
política de Seguridad y Convivencia, en la medida que utiliza indicadores, que actúa en torno
a ellos, se enmarca en la teoría de la elección racional.
GRÁFICAS
*Boletín diario del SISC.