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Resumen OBLIGACIONES civiles y COMERCIALES 
 
Daños extra patrimoniales. Acción directa
Los daños extra patrimoniales se refieren a los perjuicios o daños sufridos por una persona que no están relacionados con pérdidas económicas directas, como el dolor, el sufrimiento, la angustia emocional, la pérdida de disfrute de la vida, entre otros. Estos daños también se conocen como daños morales.
En cuanto a la acción directa, en el contexto legal, este término generalmente se refiere a la posibilidad de que una persona afectada por un daño extra patrimonial demande directamente a la aseguradora del responsable del daño, sin tener que esperar a que el responsable sea condenado judicialmente. En este caso, se aplica la Ley de Seguros (Ley N° 17.418) y la jurisprudencia correspondiente.
La acción directa permite que la persona perjudicada obtenga una indemnización más rápida y efectiva, ya que puede reclamar directamente a la aseguradora, que es la entidad responsable de cubrir los daños ocasionados por su asegurado. Esto es especialmente útil en situaciones en las que el responsable no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir la indemnización o en casos en los que la persona responsable no puede ser identificada o localizada.
Es importante destacar que las condiciones y requisitos para ejercer la acción directa pueden variar dependiendo de la legislación vigente y la interpretación judicial en cada caso. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar con un abogado especializado en derecho de seguros y responsabilidad civil para obtener asesoramiento adecuado sobre este tema en Argentina.
 
1.	Accidente de tránsito: Supongamos que una persona sufre lesiones graves y trauma emocional como resultado de un accidente automovilístico causado por otro conductor. En este caso, la persona perjudicada puede presentar una demanda de acción directa contra la compañía de seguros del conductor responsable para buscar una indemnización por los daños extra patrimoniales sufridos.
2.	Responsabilidad civil médica: Si un paciente sufre daños físicos y emocionales debido a una negligencia médica, puede ejercer una acción directa contra la compañía de seguros del profesional de la salud responsable. Esto podría incluir situaciones como errores quirúrgicos, diagnósticos incorrectos o falta de consentimiento informado.
3.	Lesiones laborales: Si un trabajador sufre un accidente en el lugar de trabajo que resulta en lesiones y angustia emocional, puede presentar una acción directa contra la aseguradora del empleador. Esto podría aplicarse a casos de falta de medidas de seguridad adecuadas, equipos defectuosos o negligencia por parte del empleador.
4.	Daño por difamación: Si una persona sufre daños a su reputación y sufre angustia emocional debido a declaraciones difamatorias publicadas o difundidas por otra persona, puede buscar una indemnización a través de una acción directa contra la aseguradora del responsable.
Relación entre la acción civil y la acción criminal.
La relación entre la acción civil y la acción criminal está establecida en el sistema legal y se basa en la distinción entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. 
1.	Acción penal: La acción penal se refiere al proceso legal mediante el cual se busca determinar si una persona ha cometido un delito y, en caso afirmativo, imponerle una pena o sanción penal. Esta acción es llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal, que representa el interés de la sociedad en la persecución del delito.
2.	Acción civil: La acción civil se relaciona con la responsabilidad civil y tiene como objetivo obtener una compensación económica por los daños y perjuicios causados por un acto ilícito. La acción civil es ejercida por la parte perjudicada, conocida como actor civil, y puede ser presentada tanto durante el proceso penal como después de que se haya dictado una sentencia penal.
3.	Independencia de las acciones: La acción civil y la acción penal son independientes entre sí. Esto significa que el resultado de un proceso penal no necesariamente tiene un impacto directo en la acción civil, y viceversa. Incluso si un acusado es absuelto en un proceso penal, aún puede ser considerado responsable civilmente y estar obligado a indemnizar a la víctima.
4.	Estándares de prueba: Los estándares de prueba en los procesos penales y civiles son diferentes. En el ámbito penal, se requiere probar la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable. En cambio, en el ámbito civil, se aplica el estándar de la preponderancia de la evidencia, lo que significa que se debe demostrar que es más probable que no que el acusado sea responsable.
5.	Relación entre las acciones: A pesar de su independencia, es común que la acción civil se base en los resultados de un proceso penal. Por ejemplo, si un acusado es condenado penalmente, la evidencia presentada durante ese proceso puede ser utilizada en la acción civil para respaldar la reclamación de la parte perjudicada.
En resumen, la relación entre la acción civil y la acción criminal implica que ambas son independientes entre sí. La acción penal se centra en la determinación de la responsabilidad penal y la imposición de sanciones, mientras que la acción civil busca obtener una compensación económica por los daños sufridos. Aunque pueden estar relacionadas, los estándares de prueba y los resultados de los procesos pueden diferir en cada una de ellas.
 
Acción criminal que precede a la civil 
La acción criminal generalmente precede a la acción civil en casos relacionados con delitos. Esto se debe a que la acción penal se refiere a la persecución y sanción de los delitos cometidos contra la sociedad en su conjunto, mientras que la acción civil busca la reparación de los daños y perjuicios causados a un individuo o entidad específica.
En el proceso legal, la acción penal se inicia cuando el Ministerio Público Fiscal o el querellante particular presentan una denuncia o una querella ante el tribunal competente. A partir de ahí, se lleva a cabo una investigación para recopilar pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado.
Durante el proceso penal, se realizan audiencias, se presentan pruebas y se escuchan testimonios para establecer si el acusado es culpable más allá de una duda razonable. Si el tribunal determina la culpabilidad del acusado, se dicta una sentencia penal que puede incluir penas de prisión, multas u otras sanciones.
Una vez que se ha concluido el proceso penal y se ha dictado una sentencia, la parte perjudicada puede iniciar la acción civil para buscar una compensación económica por los daños sufridos. La acción civil se basa en la responsabilidad civil del acusado, que puede surgir del mismo acto delictivo o de las consecuencias del delito.
En resumen, la acción criminal generalmente precede a la acción civil en casos relacionados con delitos. La acción penal se centra en la persecución y sanción de los delitos, mientras que la acción civil busca la reparación de los daños sufridos por la parte perjudicada.
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Causa de la extinción penal
La causa de extinción penal se refiere a los eventos o circunstancias que pueden poner fin a la responsabilidad penal de una persona o a la ejecución de una pena impuesta por un delito. En Argentina, existen varias causas de extinción penal reconocidas por el Código Penal y otras leyes. A continuación, se presentan algunas de las principales causas de extinción penal en Argentina:
1.	Cumplimiento de la pena: Cuando una persona cumple completamente la pena impuesta por el delito cometido, la responsabilidad penal se considera extinguida. El cumplimiento puede incluir el tiempo de prisión, la realización de trabajos comunitarios o el pago de multas, entre otros.
2.	Muerte del imputado: En caso de fallecimiento del imputado, la responsabilidad penal se extingue. Sin embargo, en algunos casos, si el delito causó daños a terceros, los herederos pueden ser responsables civilmente por la indemnización correspondiente.
3.	Prescripción: La prescripción es una causade extinción penal que se produce cuando ha transcurrido un determinado período de tiempo desde la comisión del delito y no se ha iniciado o concluido el proceso penal. La prescripción puede variar dependiendo de la gravedad del delito y se establece en la legislación penal.
Amnistía: La amnistía es una medida excepcional que puede ser decretada por el poder legislativo para perdonar o extinguir la 
4.	responsabilidad penal de ciertos delitos o grupos de personas. La amnistía puede ser total o parcial y se aplica de manera retroactiva.
5.	Indulto: El indulto es otra medida excepcional que puede ser otorgada por el poder ejecutivo para perdonar o reducir la pena impuesta a una persona condenada por un delito. El indulto puede ser individual o colectivo y también se aplica de manera retroactiva.
 Caso fortuito y Teoría de la imprevisión
1.	Caso Fortuito: El caso fortuito, también conocido como fuerza mayor, se refiere a un acontecimiento imprevisible y inevitable que impide el cumplimiento de una obligación. En términos legales, se considera una circunstancia que escapa al control de las partes involucradas y que no se pudo prever o evitar razonablemente. Algunos ejemplos comunes de caso fortuito pueden ser terremotos, inundaciones, guerras u otros eventos similares.
El Código Civil y Comercial establece que cuando se produce un caso fortuito, la obligación queda suspendida durante el tiempo en que persista el evento imprevisto. Esto significa que la parte afectada no será responsable por el incumplimiento temporal de sus obligaciones mientras dure la situación de caso fortuito. Sin embargo, una vez que cesa el caso fortuito, la obligación se reactiva y se espera que las partes cumplan con lo acordado.
Es importante destacar que el caso fortuito debe cumplir con ciertos requisitos para que se considere válido, como ser imprevisible, inevitable e independiente de la voluntad de las partes. Además, el evento en cuestión debe ser externo y ajeno a la actividad normal de las partes involucradas.
2.	Teoría de la Imprevisión: La teoría de la imprevisión es un concepto que se utiliza cuando se produce un cambio extraordinario e imprevisible en las circunstancias que rodean a un contrato, lo cual hace que el cumplimiento de las obligaciones se vuelva excesivamente oneroso o injusto para una de las partes. En otras palabras, se refiere a situaciones en las que las condiciones han cambiado de manera significativa y imprevista, lo que hace que el contrato se vuelva desequilibrado o difícil de cumplir.
El Código Civil y Comercial establece que si se presenta un cambio imprevisible y extraordinario de las circunstancias, una de las partes puede solicitar la modificación o rescisión del contrato debido a la teoría de la imprevisión. Para que esto ocurra, deben cumplirse ciertos requisitos, como la existencia de un desequilibrio económico excesivo y la imposibilidad de prever o haber evitado el cambio de circunstancias.
En caso de que se acredite la existencia de la imprevisión, el juez puede decidir modificar las condiciones del contrato para restablecer el equilibrio entre las partes o incluso declarar su resolución. La aplicación de la teoría de la imprevisión depende de la evaluación de cada caso en particular y de la decisión del juez.
Es importante señalar que tanto el caso fortuito como la teoría de la imprevisión son mecanismos legales que buscan proteger a las partes involucradas en contratos cuando se enfrentan a circunstancias imprevistas y excepcionales. Cada caso se analiza individualmente, y la aplicación de estos conceptos puede variar según la interpretación de la ley y las decisiones judiciales.
Mora del acreedor, Consignación judicial y extrajudicial
1.	Mora del acreedor: La mora del acreedor ocurre cuando este último incumple con su obligación de recibir el pago o cumplimiento por parte del deudor. En otras palabras, el acreedor se encuentra en mora cuando no acepta o rechaza injustificadamente el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. La mora del acreedor puede surgir en diferentes tipos de obligaciones, como el pago de una suma de dinero, la entrega de un bien o la prestación de un servicio.
En Argentina, según el Código Civil y Comercial, cuando el acreedor se encuentra en mora, el deudor puede liberarse de su obligación ofreciendo el pago o cumplimiento en tiempo y forma, y depositando el monto debido en un lugar seguro o ante un tercero designado por el juez. Esto se conoce como la oferta de pago con consignación.
2.	Consignación judicial: La consignación judicial es un procedimiento mediante el cual el deudor realiza un depósito del monto debido ante un órgano jurisdiccional competente, como un tribunal, con el fin de liberarse de su obligación cuando el acreedor se encuentra en mora. El deudor debe presentar una demanda de consignación judicial, en la cual solicita al tribunal que admita el depósito y declare liberada su obligación.
El objetivo de la consignación judicial es garantizar que el deudor cumpla con su obligación de pago o cumplimiento, incluso si el acreedor se niega a recibirlo injustificadamente. Una vez que se realiza el depósito, el tribunal examina el caso y, si se cumplen los requisitos legales, emite una resolución que declara la liberación del deudor y ordena la entrega del monto depositado al acreedor.
3.	Consignación extrajudicial: La consignación extrajudicial es un procedimiento similar a la consignación judicial, pero en este caso, el deudor realiza el depósito del monto debido ante un ente administrativo designado por la ley, en lugar de acudir a un tribunal. El objetivo de la consignación extrajudicial es brindar una opción más rápida y menos formalista para liberar al deudor de su obligación en caso de mora del acreedor.
El deudor puede realizar la consignación extrajudicial en instituciones habilitadas para recibir depósitos, como entidades bancarias o el Correo Argentino. El procedimiento requiere que el deudor notifique al acreedor sobre la consignación realizada y le entregue el comprobante correspondiente. Si el acreedor no reclama el monto depositado en un plazo determinado, el deudor queda liberado de su obligación.
La consignación extrajudicial tiene la ventaja de evitar el proceso judicial formal, pero es importante cumplir con los requisitos legales y seguir los procedimientos establecidos por la ley para que sea válida y efectiva.
Clausula Penal
tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de una obligación establecida en un contrato. Esta cláusula establece que en caso de incumplimiento por parte de una de las partes, se deberá pagar una suma de dinero determinada como compensación por los daños y perjuicios ocasionados.
La cláusula penal puede ser establecida de forma expresa o tácita en el contrato, y su finalidad principal es establecer una indemnización anticipada en caso de incumplimiento, evitando así la necesidad de acudir a un proceso judicial para determinar los daños reales sufridos.
En cuanto a su naturaleza, la cláusula penal puede tener dos formas: penal compensatoria o penal moratoria. La cláusula penal compensatoria tiene como propósito indemnizar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento, mientras que la cláusula penal moratoria busca establecer un monto adicional como incentivo para el cumplimiento en el plazo establecido.
Es importante destacar que la cláusula penal debe ser razonable y proporcional a los daños previsibles en caso de incumplimiento. Si se considera que la suma establecida en la cláusula penal es excesiva o desproporcionada, los tribunales pueden reducirla en virtud de la equidad.
En caso de incumplimiento por parte de una de las partes, la parte afectada puede hacer valer la cláusula penal para exigir el pago de la suma establecida. Sin embargo, también existe la posibilidad de solicitar la indemnización por daños y perjuicios reales en caso de que estos superen la suma prevista en la cláusula penal.
En resumen, la cláusula penal en Argentina es una herramienta que se utilizaen contratos civiles y comerciales para establecer una indemnización anticipada en caso de incumplimiento de una obligación. Puede tener forma compensatoria o moratoria, y su objetivo principal es asegurar el cumplimiento del contrato y compensar los daños sufridos.
Obligaciones de dar cosa cierta.
Las obligaciones de dar cosa cierta son aquellas en las que una persona se compromete a entregar una cosa específica y determinada a otra persona. En este tipo de obligaciones, la cosa objeto de la obligación debe ser individualizada y identificable de manera precisa.
Características principales de las obligaciones de dar cosa cierta:
1.	Cosa determinada: La obligación debe recaer sobre una cosa específica que pueda ser identificada de manera clara y precisa. No se puede cumplir la obligación simplemente entregando una cosa similar o equivalente.
2.	Individualización: La cosa debe ser descrita de manera suficiente para poder distinguirla de otras. Esto puede incluir características físicas, marca, número de serie, o cualquier otro elemento que permita su identificación.
3.	Transferencia de propiedad: Con el cumplimiento de la obligación, se produce la transferencia de propiedad de la cosa del deudor al acreedor. Una vez entregada la cosa, el acreedor se convierte en propietario de la misma.
4.	Riesgo de la cosa: El riesgo de pérdida o deterioro de la cosa recae sobre el deudor hasta que se realice la entrega. Esto significa que si la cosa se daña o se pierde antes de la entrega, el deudor será responsable y deberá responder por los daños.
Es importante tener en cuenta que, en caso de incumplimiento de una obligación de dar cosa cierta, el acreedor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación, es decir, solicitar que se entregue la cosa específica. En caso de que esto no sea posible, el acreedor puede pedir la resolución del contrato y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
En resumen, las obligaciones de dar cosa cierta son aquellas en las que se establece la entrega de una cosa específica y determinada. Estas obligaciones implican la transferencia de propiedad y el riesgo de la cosa recae sobre el deudor hasta la entrega. En caso de incumplimiento, el acreedor puede exigir el cumplimiento o solicitar una indemnización por los daños sufridos. 
Obligaciones simplemente mancomunadas. Solidarias y Concurrentes.
Las obligaciones simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes son diferentes formas en las que varias personas pueden asumir una obligación conjuntamente. 
1.	Obligaciones simplemente mancomunadas: En este tipo de obligaciones, cada deudor responde únicamente por su parte proporcional de la deuda. Esto significa que cada deudor es responsable de cumplir con una parte específica de la obligación, y el acreedor solo puede exigir a cada deudor su parte correspondiente. Si uno de los deudores no cumple con su parte, los demás deudores no están obligados a cubrir su porción.
2.	Obligaciones solidarias: En las obligaciones solidarias, cada uno de los deudores se compromete a cumplir con la totalidad de la obligación. Esto significa que el acreedor puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la obligación. Si uno de los deudores no cumple, los demás deudores pueden ser requeridos para cubrir su parte correspondiente. Además, si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda, puede reclamar a los demás su parte proporcional.
3.	Obligaciones concurrentes: En este caso, existen varios acreedores y cada uno de ellos puede exigir el cumplimiento de la totalidad de la obligación. Sin embargo, la deuda no se divide entre los acreedores, sino que cada uno tiene el derecho de reclamar la totalidad de la obligación. Si el deudor cumple con uno de los acreedores, se libera de su obligación respecto a ese acreedor, pero aún puede ser requerido por los demás acreedores para cumplir con la parte que les corresponde.
Es importante tener en cuenta que la naturaleza de las obligaciones (mancomunadas, solidarias o concurrentes) puede ser establecida por ley o mediante un acuerdo entre las partes. También es posible que una obligación sea solidaria entre algunos de los deudores y simplemente mancomunada entre otros, lo que se conoce como obligación mixta.
En resumen, las obligaciones simplemente mancomunadas implican que cada deudor es responsable de una parte proporcional de la deuda, mientras que en las obligaciones solidarias cada deudor responde por la totalidad de la obligación. Por otro lado, en las obligaciones concurrentes cada acreedor puede exigir la totalidad de la deuda. La naturaleza de la obligación puede ser establecida por ley o por acuerdo entre las partes.
Obligaciones de DAR Dinero
 
Obligaciones de dar dinero. Intereses. Anatocismo. Obligaciones de valor.
Las obligaciones de dar dinero son aquellas en las que una parte se compromete a entregar una suma específica de dinero a otra parte. En Argentina, estas obligaciones están reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación.
En cuanto a los intereses, cuando se establece una obligación de dar dinero, generalmente se acuerda el pago de intereses adicionales sobre el monto principal. Los intereses son la compensación económica que se paga por el uso del dinero prestado o por el retraso en el pago de una deuda. La tasa de interés puede ser fijada por las partes en el contrato, o en su defecto, se aplicará la tasa establecida por la ley.
El anatocismo se refiere al cobro de intereses sobre los intereses acumulados y no pagados en una deuda. En Argentina, el anatocismo está prohibido por la ley. Esto significa que no se pueden cobrar intereses sobre los intereses vencidos y no pagados, evitando así la acumulación de intereses compuestos.
En cuanto a las obligaciones de valor, se refieren a las obligaciones en las que la entrega no es una suma de dinero, sino un bien o una prestación de servicios. Estas obligaciones pueden ser específicas, como entregar un objeto determinado, o genéricas, donde se debe entregar una cantidad de bienes o servicios de una cierta calidad.
1.	Responsabilidad del principal por los actos del dependiente: En el ámbito de las obligaciones civiles y comerciales, se reconoce la responsabilidad del principal por los actos realizados por sus dependientes. De acuerdo con el Código Civil y Comercial de la Nación, el principal es responsable por los daños causados por el dependiente en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas. Esta responsabilidad se basa en el principio de la responsabilidad por hecho ajeno.
Es importante destacar que la responsabilidad del principal está sujeta a ciertos requisitos, como la existencia de una relación de dependencia entre el principal y el dependiente, que el dependiente haya actuado dentro del ámbito de sus funciones y que el daño haya sido causado en el ejercicio de dichas funciones.
2.	Responsabilidad de los padres por los actos de los hijos: En Argentina, los padres también pueden ser responsables por los actos ilícitos de sus hijos menores de edad. Según el Código Civil y Comercial, los padres tienen la obligación de velar por sus hijos y responderán por los daños causados por estos cuando no ejerzan adecuadamente el deber de custodia y educación.
La responsabilidad de los padres se basa en la teoría de la responsabilidad parental, que establece que los padres son responsables de los actos de sus hijos mientras estos se encuentren bajo su patria potestad o guarda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los padres no serán responsables si pueden probar que han ejercido la debida diligencia en el cuidado y educación de sus hijos, o si el daño se produjo a pesar de haber tomado todas las precauciones razonables.
En resumen, tanto en el caso de la responsabilidad del principal por los actos del dependiente como en la responsabilidad de los padres por los actos de los hijos, la legislación argentina reconoce la posibilidad de imputar responsabilidad a una persona por los actos ilícitos de otra en el ámbitode las obligaciones civiles y comerciales. Sin embargo, es recomendable consultar con un profesional del derecho para obtener asesoramiento legal específico sobre situaciones particulares.