PARCIAL DE COMERCIAL (1)

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PARCIAL
EXPLICAR LA ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRADORES.
INTEGRANTES:
ADRIANA CARABALLO GÓMEZ
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
PROGRAMA: DERECHO VIII
JORNADA: NOCTURNO
CARTAGENA DE INDIAS DTC.
2023
1. EXPLICAR LA ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRADORES.
El papel social de la responsabilidad necesita ser explicado aquí. Una demanda colectiva o colectiva en nombre de una empresa lesionada Oportunidades de esfuerzo frente a los administradores que han creado estas consecuencias en el desarrollo de sus gestiones. Las acciones de responsabilidad corporativa tienen carácter contractual y directo. Es contractual porque derivados de una reclamación contra el albacea en el ejercicio de sus derechos Características, la conexión que surge al celebrar un contrato entre una persona jurídica y una empresa. Personal administrativo. Esta es una forma directa porque requiere confirmación de daños.
Aplicado a la unidad de negocio por el administrador. Pero para iniciar las llamadas actividades socialmente responsables, la decisión debe tomarse con anticipación. Una reunión de la junta o socios, lo que resulta en la "remoción" automática de los administradores el acusado. Ante este aspecto, hay que apreciar que no puede ser una decisión arbitraria, es lo que es Esto significa que debe describirse el inicio de las actividades antes mencionadas y la posterior remoción del imputado. es una decisión inteligente. Al respecto, el Tribunal Supremo ha señalado:
“En efecto, si bien los artículos 198, 199, 206, 420 y 425 del Código de Comercio facultan a los órganos directivos de las sociedades a revocar, aún sin que se haya extinguido el término señalado en el contrato, el nombramiento que hayan hecho de los administradores y también de los revisores fiscales, según expresa remisión que hace el segundo de los textos en mención, tal atribución no puede significar jamás una indebida autorización para transgredir los artículos 95 y 333 de la Constitución Política, cuando con esa conducta generan deterioro a los derechos de quienes han contratado de buena fe y cumplieron satisfactoriamente las obligaciones nacidas del respectivo acuerdo. 
La ley, como fluye de lo advertido hasta ahora, pese a que permite el rompimiento unilateral, se opone a que de ese proceder surjan perjuicios a la otra parte, pues si bien es verdad faculta a una de ellas para ejercer tal prerrogativa, igualmente es cierto que no le está autorizado causar daño al contratista, si no ha ocurrido comportamiento indebido de éste, como, por ejemplo, cuando falta a la honradez debida o no asume con inteligencia o con diligencia sus funciones, de suerte que si, a rajatabla, esa revocación se produce, debe ser íntegramente reparado por no ser su conducta causante de la recesión.”
De este modo, es imprescindible anotar que al realizar una lectura del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, no se puede afirmar que a causa de esta disposición, existe en la legislación colombiana, un principio de revocación absoluto ejercido por el órgano social, por el contrario, es necesario que sea una decisión fundada, pues no se puede amparar por el legislador una conducta que resulte ser abusiva o lesiva de derechos sin justificación alguna, de tal modo que el órgano o los socios que incurran en dicha práctica, tendrían que indemnizar los perjuicios que se causen al administrador removido.
En definitiva, la acción aquí estudiada se caracteriza por sus componentes excepcionales, algunos de ellos se encuentran en: el órgano competente para convocar, pues el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 señala que los socios que representen no menos del 20% de las cuotas en que se divida el capital social, así mismo, la nombrada acción posibilita a un administrador, revisor fiscal, acreedores de la compañía o cualquier socio en interés de la sociedad para acudir a la jurisdicción con la intención de lograr el reconocimiento de perjuicios que se ocasionen a la compañía. Lo anteriormente descrito representa una excepción, pues se está legitimando a ciertos sujetos para que ejerciten la citada acción, y bajo los términos del artículo 164 y 442 del Código de Comercio es el representante legal quien tiene la representación judicial de la compañía.
¿Qué es la acción social de responsabilidad contra los administradores?
Una actuación contraria a Derecho, llevada a cabo por quienes son administradores de una entidad mercantil, puede causar daños a terceros, al resto de socios, o a la persona jurídica. En estos casos, los responsables deberán responder personalmente por dicho daño.
Requisitos para exigir responsabilidad social a los administradores
Hecho que la justifica
El procedimiento se puede iniciar cuando un administrador lleve a cabo una acción u omisión en el ejercicio de su cargo que sea antijurídica, incumpliendo una previsión legal o estatutaria.
Además, es necesario que esa acción u omisión haya causado un daño a la sociedad, y que exista una relación causal entre el daño sufrido por la persona jurídica y la conducta llevada a cabo u omitida por el administrador.
Legitimación
El principal legitimado para interponer la acción es la sociedad, puesto que es la que resulta afectada. La junta general puede acordar iniciar el proceso si así lo pide cualquier socio, aunque esta cuestión no esté prevista en el orden del día.
Según la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio o socios que posean participaciones suficientes para convocar una junta general, puede entablar la acción de responsabilidad social si los socios que deben convocar la junta solicitada para este fin, no lo hacen.
De forma subsidiaria, los acreedores de la sociedad pueden entablar la acción si los propios socios no lo hacen. Siempre y cuando el patrimonio social resulte insuficiente para cubrir el importe de las cantidades que se les adeudan.
La controvertida falta de presunción de inocencia
La legislación determina qué, acordado el inicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores, se llevará a cabo de forma inmediata la destitución de los administradores afectados.
Para un sector de la doctrina este precepto plantea algunas dudas en cuanto a su legalidad, puesto que permite sancionar directamente al administrador (arrebatándole su cargo), sin esperar a que se depure su responsabilidad, obviando la presunción de inocencia.
La acción de responsabilidad individual
Dentro del ámbito mercantil también es posible entablar la acción de responsabilidad individual de los administradores. Cuando el daño causado por la acción u omisión del administrador no se produzca al patrimonio social, sino al patrimonio de uno de los socios o de un tercero.