DERECHO 1 (9)

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ESTUDIO DE CASO. “EL HOMICIDIO EN VENEZUELA”
INTRODUCCIÓN 
Sobre las tasas de homicidio en Venezuela se ha debatido mucho durante los últimos años. A pesar de la polarización política, las distintas retóricas explicativas sobre el tema parecen no diferenciarse mucho en términos estructurales e ideológicos. 
En las próximas líneas se intentará ofrecer un panorama de los principales debates públicos, análisis y explicaciones sobre los homicidios en este país para, finalmente, plantear la necesidad de tener en cuenta el impacto que el propio Sistema Penal puede tener en su incremento. Dimensión que hasta ahora no ha sido lo suficientemente considerada para la comprensión de estos eventos.
Desde el punto de vista metodológico la presente investigación es documental, por basarse en el análisis de bibliografía, informes especializados y oficiales; monográfica, por la extensión de los temas tratados; teórica, porque versa sobre conceptos y definiciones; de carácter compilatoria y descriptiva, porque requiere una revisión y sistematización de la literatura relacionada con el tema; y de naturaleza crítico-evaluativa, porque pretende realizar valoraciones y reflexiones críticas de sus contenidos durante su desarrollo.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN.
El sicariato no es un homicidio común, puesto que está rodeado de una serie de factores contextuales y sociales que lo hacen especial y diferente a otros. De igual manera, vale referir, que este delito es parte de la violencia moderna, es decir, de aquella donde hay premeditación para cometer un hecho criminal y es un servicio imprescindible para la existencia de organizaciones delictivas, tales como en narcotráfico, el tráfico humano, entre otros.
En la Carta Magna de Venezuela se garantiza a todos los ciudadanos, la protección de la persona, en todos los ámbitos, vale decir, vida, libertad, justicia, seguridad, paz. No obstante, al configurarse el homicidio de personas, esta garantía de derecho a la vida, se ve vulnerada; por ello, el ataque contra el bien jurídico se tipifica como delito en la normativa penal nacional, de allí que el bien que se resguardaría, mediante la tipificación de delito de sicariato, sería la vida, como consecuencia de la penalización de la acción que atenta contra la misma
Se desprende de lo anteriormente esbozado la necesidad de crear políticas públicas contra la violencia organizada, a objeto de construir una sociedad más sana y más segura, con funcionarios más comprometidos y éticos, con un sistema de justicia acorde a las exigencias y problemáticas actuales, con un Estado dispuesto a enfrentar de manera transparente el delito y de convertirse en su más fiel colaborador. 
Asimismo, es menester crear mecanismo que permitan desmontar la creencia de obtener dinero fácil a costa de vidas humanas, y sobre todo acabar con la imagen de haber encontrado una nueva profesión remunerada y prestigiada que proporciona estabilidad económica y estatus social en base a la comercialización de bien jurídico más preciado como es la vida. 
Igualmente, no puede obviarse la aplicación de la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas y organizaciones delictivas, por lo que ha de tomarse conciencia de la existencia y permanencia de las mismas, a objeto de evaluar su amenaza y por ende generar medidas tácticas y estratégicas, de orden político, judicial y policial encaminadas a la persecución y control de este tipo de delincuencia, pero que a su vez incluya la protección del círculo familiar de quien ha sido víctima del delito de sicariato.
REFLEXIÓN
En la actualidad se está viviendo, una seria crisis a nivel de principios, existe un alto margen de deserción educativa, un elevado índice de criminalidad, un auge por el ensañamiento hacia los miembros de la sociedad y en contra de los principios, que deben caracterizarla y eso conlleva a que cada vez, se vayan perdiendo valores éticos y morales, que deben prevalecer en la sociedad, con el fin de promover la armonía, la convivencia social y el fiel cumplimiento de la normativa legal. 
Venezuela ha venido presentando situaciones o crisis desde el punto de vista económico, político y social; este último aspecto envuelve el área de la seguridad ciudadana, la cual constituye una de las primeras responsabilidades del Estado. Así se evidencia en el contenido de algunos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999, los cuales imponen el deber de los órganos de seguridad ciudadana de actuar en corresponsabilidad con la sociedad civil organizada para procurar una mejor seguridad.
Una de las situaciones que más preocupa a la comunidad, es el problema generado por el aumento de la violencia en las relaciones sociales y por el bajo nivel de la prevención y represión de los delitos contra la vida, la integridad física, el patrimonio, siendo producto esto probablemente de la ineficacia de las políticas en materia de prevención de delitos, a pesar de ser esta una de las principales funciones del poder público en la sociedad, puesto que es deber del Estado, proporcionar bienestar, seguridad, defensa y tranquilidad a los hombres y mujeres que habitan determinado territorio.
No obstante, día a día, se producen diversidad de hechos delictivos cargados de violencia, que lejos de ir en vías de erradicarse o al menos controlarse, se hacen más numerosos. Sin embargo, dentro de esos hechos delictivos, se destaca el hecho de privarle la vida a una persona, ya que es el acto máximo de violencia, que tiene implicaciones en la vida de los familiares que sobreviven, ya que el homicidio se concentra en ciudadanos, que generalmente están casados y esta situación afecta a la dinámica familiar y por ende la dinámica social.
DESARROLLO
La inseguridad en Venezuela se ha posicionado durante los últimos años en los primeros lugares de la agenda mediática y, en consecuencia, política del país (Consultores 21, 2010; Keller, 2012; Latinobarómetro, 2013; Datanalisis, 2014; IVAD, 20151), formando parte de la vida cotidiana de los venezolanos. El debate que gira solo en torno a la dimensión subjetiva del fenómeno, si bien es importante para su comprensión, en especial en el proceso de definición de políticas públicas (Ávila, 2012), su análisis por sí solo resulta insuficiente en el contexto venezolano si no se aborda el plano objetivo, es decir, lo que ocurre en la realidad. Esta necesidad se hace aún mayor cuando se ha observado que en Venezuela el delito que se correlaciona más fuertemente con la percepción de inseguridad es el homicidio (Sanjuán, 2013); razón por la cual puede afirmarse que en el caso venezolano la inseguridad es más que una percepción.
Venezuela tiene una de las mayores tasas de homicidio del mundo. Este año la Fiscal General rompió el silencio oficial e informó que para 2015 la tasa llegó a 58 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh) (Ministerio Público, 2016:45). Más allá de las dudas que puedan generar las metodologías empleadas, esta cifra resulta alarmante cuando se contrasta con la tasa mundial de homicidios que para el año 2012 había sido estimada en 6,2 (ONUDD, 2013); en este mismo sentido, la OMS estima que una tasa de 10 puede considerarse ya como una epidemia. Es importante tener en cuenta que la tendencia de los homicidios en América Latina y el Caribe durante la última década también ha sido creciente8, del año 2000 al 2010 ha aumentado en un 11%, con más de un millón de personas fallecidas a causa de la criminalidad violenta (PNUD, 2013). En 2012 un 36% de las víctimas de homicidio las aportó el continente americano. De hecho en 2012, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2013), América Central ocupó el segundo lugar en el ranking de índices más altos de homicidios registrados por subregiones, América del Sur quedó en tercer lugar y el Caribe en el cuarto. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundialde la Salud (2016) coinciden con estos datos estimando la tasa de homicidios regional en 28,5 homicidios por 100.000 habitantes. Se trata de una tasa que cuadruplica la del resto del mundo y es el doble de la de los países en desarrollo de África.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Arias, D. (2012). El sicariato en Costa Rica como una forma de delincuencia organizada, enfoque jurídico penal en relación con el Ordenamiento Jurídico costarricense y posibles propuestas. Trabajo para optar al grado de Magister en Derecho Penal. Universidad de Costa Rica.
Balestrini, M. (2006) Como se Elabora el Proyecto de Investigación. Caracas Servicio Editorial.
Código Penal (2005) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.408, Abril 13, 2005 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Caracas. Gaceta Oficial Nº 36.680 del 30 de diciembre de 1999
Consultores 21 (2010) Encuesta ubica la inseguridad como el principal problema del país. Venezuela: http://informe21
Fernández, P. y Tabares, E. (2013) “Homicidios en Venezuela (CICPC)” En Sentido e impacto del uso de armas de fuego en Venezuela. Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme y Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Granadillo, N. (2009) La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano. Caracas Venezuela. Vadell Hermanos Editores.
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012
Universidad Bicentenaria de Aragua (2015). Manual para la Elaboración, Presentación y Evaluación del trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado. Maracay: Publicación Propia.